Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00593-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00593-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00593-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00593-00
Accionante: Amelia Margarita Caicedo Simanca
Autoridad: Tribunal Administrativo del Atlántico y otro
Asunto: Acción de Tutela
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
SUBSIDIARIEDAD-No se agotaron los medios de defensa procedentes.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Amelia Margarita Caicedo
Simanca contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Barranquilla.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 5 de febrero de 2025, Amelia Margarita Caicedo Simanca, a través de apoderado
judicial, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de su derecho
fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C, al
haber tramitado el proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que interpuso el señor Orlando Antonio Osorio Narváez contra la
Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones 1 , sin haberla vinculado
como litisconsorte necesario.
La accionante solicita que se dejen sin efectos todas las actuaciones surtidas en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho mencionado, incluyendo las
sentencias de primera2 y segunda instancia3, se ordene al Juzgado accionado que
1 Rad. No. 88001-33-33-008-2021-00010-00.
2 Proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Barranquilla el 24 de agosto de 2023.
3 Proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral C el 14 de marzo de 2024.
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la vincule a dicho proceso y, finalmente, que se ordene a Colpensiones dejar sin
efectos la Resolución SUB 193894, que otorgó pensión de sobrevivientes al señor
Osorio Narváez en cumplimiento del fallo de nulidad y restablecimiento del derecho
que culminó el proceso al que no fue vinculada.
2. Hechos relevantes
Amelia Margarita Caicedo Simanca es hija de de la señora Valentina del Rosario
Simanca Ortiz(quepd), quien falleció el 6 de enero de 2017 y gozaba de una pensión
de vejez otorgada por Colpensiones desde 2014. El 15 de noviembre de 2017, la
Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico determinó que la accionante
contaba con un 51.95% de Pérdida de Capacidad Laboral, por lo cual ella solicitó la
pensión sustitutiva en su calidad de hija en estado de invalidez. Sin embargo,
Colpensiones negó esta solicitud mediante la Resolución No. SUB 97736 del 12 de
abril de 2018, decisión que fue confirmada en segunda instancia.
Mientras la accionante reclamaba su pensión sustitutiva, Colpensiones reconoció
una pensión de sobrevivientes a favor de Orlando Antonio Osorio Narváez, en
calidad de compañero permanente de la fallecida Valentina del Rosario Simanca
Ortiz. La accionante denunció disciplinariamente por fraude a los funcionarios
involucrados en este reconocimiento, lo que llevó a Colpensiones a revocar la
pensión otorgada a Osorio Narváez mediante resolución SUB 214467 del 9 de
agosto de 2019.
Amelia Margarita Caicedo Simanca presentó una demanda ordinaria laboral contra
Colpensiones, buscando el reconocimiento de la pensión sustitutiva de vejez. Dicha
demanda fue rechazada, presentada nuevamente y, finalmente admitida en el
Juzgado 07 Laboral del Circuito de Cartagena, que resolvió vincular al señor Orlando
Antonio Osorio Narváez como litisconsorte necesario.
En cambio, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla
admitió una demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por Osorio Narváez contra la revocatoria de su resolución, pero decidió
no vincular a Amelia Margarita Caicedo Simanca como litisconsorte necesario. Así
pues, el 24 de agosto de 2023, ese juzgado declaró la nulidad de la resolución.
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Accionante: Amelia Margarita Caicedo Simanca
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Apelada esa decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral
C confirmó la decisión del a quo en sentencia del 14 de marzo de 2024.
La accionante sostiene que se enteró de las providencias enjuiciadas y, en general,
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Orlando Antonio Osorio Álvarez, el pasado 31 de octubre de 2024, con ocasión de la
contestación de la demanda que allegó Colpensiones en el proceso ordinario
promovido por la accionante.
3. Fundamentos de la solicitud
La accionante sostiene que, al omitir su vinculación como litisconsorte necesario, las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto procedimental. En
consecuencia, violaron su derecho al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, porque los efectos de la decisión tomada en el proceso del señor Osorio
afecta directamente los intereses de la accionante.
Considera que ella es la titular de la acreencia pensional en disputa, ya que ella fue
quien convivió con su madre hasta su muerte y no quien se ha hecho a la pensión
de sobreviviente. Así pues, considera que sus intereses como «hija inválida» de su
madre se han visto afectados contrario a lo resuelto por el Juez Administrativo, que
consideró que no era necesaria su vinculación, dado que la situación pensional de la
accionante fue resuelta por otros actos administrativos, cuya legalidad no fue
cuestionada en el medio de control.
4. Trámite procesal
El 10 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, a la Administradora Colombiana de
Pensiones-Colpensiones y a Orlando Antonio Osorio Narváez, como terceros
interesados. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y se
publicó la providencia en la página web de esta Corporación. Igualmente, se solicitó
al juzgado accionado enviar copia digital del expediente del medio de control.
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Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El juzgado remitió el expediente electrónico, rindió informe sobre los hechos de la
tutela y se opuso al amparo, manifestando que su fallo nunca discutió los derechos
pensionales, sino que observó que había una orden judicial anterior, en el marco de
una acción de lesividad iniciada por Colpensiones, para que se mantuviera vigente
la resolución que otorgó la pensión al señor Osorio Narváez. Manifestó el a quo que
por eso se declaró la nulidad de la resolución que revocaba ese otorgamiento. Por
su parte, el magistrado ponente de la sentencia de segunda instancia rindió informe
sobre los hechos y se opuso a la acción4. Solicita que se declare la improcedencia
del amparo, con base en el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
En igual sentido se pronuncia Colpensiones, manifestando que no hay derecho de
petición pendiente de resolver a la accionante.
II. CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Barranquilla, por no haber vinculado a la accionante como litisconsorte necesaria en
el proceso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho iniciado
por Orlando Antonio Osorio Narváez en contra de la Resolución SUB 214467 del 09
de agosto de 2019, expedida por Colpensiones y emitir sentencias del 14 de marzo
de 2024 y 23 de agosto de 2023, respectivamente.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.
4 SAMAI, índice 10.
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La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental5. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela6.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Subsidiariedad
El inciso tercero del artículo 86 de la Constitución y el artículo 6.1 del Decreto 2591
de 1991 prevén que la acción de tutela no procede cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta
regla tiene dos excepciones: i) el empleo de la acción de tutela como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o ii) cuando los medios de defensa
no sean idóneos ni eficaces para superar la amenaza o vulneración de los derechos
fundamentales invocados7.
Si existen otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para
solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados,
5 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 Ibidem.
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-026 de 2021. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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se debe recurrir a ellos y no a la acción de tutela. En consecuencia, una persona que
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que debe conocer dentro del marco estructural de la
administración de justicia, de un determinado asunto radicado bajo su competencia8.
Este requisito general de las acciones de tutela se hace más exigente cuando el
objeto de la acción es una providencia judicial. Así, se ha establecido que los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios son, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de derechos fundamentales9
Caso concreto
La tutela interpuesta por Amelia Margarita Caicedo Simanca será declarada
improcedente, porque no se satisface el requisito de subsidiariedad desarrollado en
los párrafos precedentes.
La Sala nota que los argumentos de la accionante se circunscriben a controvertir el
auto del 30 de abril de 2021, expedido por el Juez Octavo Administrativo del Circuito
de Barranquilla, que decidió no tenerla por vinculada como litisconsorte. Esto, dado
que el juez encontró que
en este momento procesal no es necesario [sic] la vinculación de la señora
AMELIA MARGARITA CAICEDO SIMANCA en calidad de Litis consorcio
necesario […], pues, su situación jurídica con COLPENSIONES fue decidida
a través de actos administrativos, diferentes a los que definen la situación
del aquí demandante ORLANDO ANTONIO OSORIO NARVAEZ, los cuales
no hacen parte en este medio de control.
En ese sentido, se observa que la accionante nunca alegó la necesidad de su
vinculación como litisconsorte ante la jurisdicción contenciosa, antes de acudir a la
acción de tutela. En ese sentido, la Sala advierte lo dispuesto en el numeral 8 del
8 Corte Constitucional. Sentencia T-373 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Betancur.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-026 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; se citan, entre otras, las
sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de
2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo
Schlesinger.
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artículo 133 del Código General del Proceso, aplicable a los trámites contencioso-
administrativos por la remisión expresa del artículo 208 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo:
Artículo 133: El proceso será nulo, en todo o en parte:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio
de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás
personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes,
o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes,
cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio
Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley
debió ser citado.
Este numeral da cuenta de que lo que se alega en esta oportunidad -que se la dejó
de convocar cuando era litisconsorte necesaria- constituye causal de nulidad
procesal, que se debió alegar en el proceso ordinario o, si se ha proferido sentencia,
a través del recurso extraordinario de revisión, como lo permite el artículo 134 del
mismo estatuto10.
Para la Sala, la accionante no solo contaba con el recurso de nulidad si no que contra
la sentencia del juez contencioso administrativo de conocimiento tenía a su
disposición el recurso extraordinario de revisión para formular los reproches que
plantea en sede de tutela. En efecto, el artículo 248 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA- dispone que dicho
recurso procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y
subsecciones de la Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, por los
tribunales administrativos y por los jueces administrativos. El artículo 250.5 del
CPACA establece como causal de revisión la nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.
De manera reciente, la Corporación ha establecido que la referida causal de revisión
se configura por la estructuración de alguna de las causales de nulidad contenidas
10 «Artículo 134: […] La nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento en legal
forma, o la originada en la sentencia contra la cual no proceda recurso, podrá también alegarse en la diligencia
de entrega o como excepción en la ejecución de la sentencia, o mediante el recurso de revisión, si no se pudo
alegar por la parte en las anteriores oportunidades. […]».
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en el artículo 133 CGP como es la indebida integración del contradictorio o por
afectaciones sustanciales al debido proceso11.
Asimismo, la Corte Constitucional se ha referido respecto a la finalidad del recurso
extraordinario de revisión, en los siguientes términos: «(…) responde a que se
enmiende los errores o ilicitudes cometidas en la expedición de las sentencias
ejecutoriadas, y se restituya el derecho al afectado a través de una nueva providencia
fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento
jurídico.»12
Así las cosas, es al juez natural del asunto a quien le corresponde pronunciarse
respecto de la admisibilidad o no del recurso extraordinario de revisión y quien debe
realizar la debida valoración de la argumentación que exponga el demandante para
justificar la vulneración al debido proceso con base en la indebida integración del
contradictorio al haberla excluido del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Además, es ante esa autoridad que se deberá poner de presente que
conoció del proceso de nulidad solamente hasta la contestación de la demanda
allegada por Colpensiones, ya proferidas las sentencias de primera y segunda
instancia. Por lo anterior no le es dable al juez de tutela proferir una decisión que
desplace el análisis que le corresponde realizar al juez natural de la causa. Sobre
ello, ha dicho la Corte:
Así, en principio, el ciudadano debe esperar a que la autoridad judicial
competente se pronuncie de fondo acerca de la procedencia o no de la
causal de revisión, ya que dicho mecanismo constituye un medio de defensa
judicial idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales de
la accionante. Por consiguiente, la acción de revisión que habrá de surtirse
ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, constituye
el escenario natural donde se pueden ventilar las circunstancias reseñadas
en la acción de tutela bajo las causales taxativamente previstas en la
legislación procesal, aportar las pruebas que considere necesarias y brindar
los elementos de juicio indispensables para demostrar que efectivamente al
momento de dictarse sentencia que considera atentatoria de sus derechos
fundamentales13.
11 Consejo de Estado-Sala Especial de Decisión No. 14, sentencia del 15 de abril de 2024, Rad. 11001-03-15-
000-2020-04942-00; Sala Especial de Decisión No. 26, sentencia del 30 de octubre de 2023, Rad. 11001-03-15-
000-2022-02265-00.
12 Corte Constitucional, sentencia T-553 de 2012. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva [Fundamento jurídico 9.1].
13 Corte Constitucional, sentencia T-291 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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Accionante: Amelia Margarita Caicedo Simanca
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En consecuencia, acción de tutela es improcedente porque existe otro medio de
defensa judicial y no está acreditada la existencia de un perjuicio irremediable. En
virtud de lo anterior, así la declarará porque no cumple con el requisito de
subsidiariedad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de Amelia Margarita
Caicedo Simanca contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Barranquilla.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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