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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00605-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00605-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre invocados por Germán Vargas Lleras, en relación con la expresión «construye jurídicamente un camino prohibido por la constitución», por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Por consiguiente, ORDENAR al señor Presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de esta providencia, rectifique la declaración rendida el 3 de diciembre de 2024, en la intervención pública que realizó en el Archipiélago de San Andrés Islas, teniendo en cuenta que, no cuenta con pruebas que permitan afirmar que German Vargas Lleras se encuentra construyendo jurídicamente un camino prohibido por la constitución para que el Presidente no culmine su periodo presidencial, la rectificación se deberá dar en las mismas condiciones y a través de los mismos medios en las que efectuó la declaración. TERCERO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00605-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero de Estado: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-00605-001
Demandante : Germán Vargas Lleras
Demandado : Presidente de la República
Acción : Tutela
Derechos : Honra y buen nombre
Tema : Solicitud de retractación
Decisión : Sentencia de primera instancia – se accede parcialmente

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Germán Vargas Lleras contra del señor Presidente de la República,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la honra y buen
nombre.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y,
finalmente, se resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

La demanda de tutela.

Germán Vargas Lleras, quien actúa por medio de apoderado, interpuso el presente
recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la honra y buen nombre, presuntamente vulnerados por el señor
Presidente de la República.

En consecuencia, solicitó «se ORDENE al señor Gustavo Francisco Petro Urrego,
Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones efectuadas en [su]
contra [el 3 de diciembre de 2024 en la intervención pública que realizó en el

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00605-00
Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Presidente de la República

Archipiélago de San Andrés Islas] […], en las mismas condiciones y a través de los
mismos medios en las que las efectuó».

Hechos2.

Relata el actor que, el 3 de diciembre de 2024 el señor Presidente de la República,
en la intervención pública que realizó en el Archipiélago de San Andrés Islas,
afirmó que: «Vargas Lleras, en el Consejo Nacional Electoral a ver como se
construye jurídicamente un camino prohibido por la constitución», para
remover su mandato popular, lo cual, no corresponde a la realidad.

Que, por lo anterior, el 10 de diciembre de 2024, mediante oficio EXT24-00195131
solicitó al Presidente la correspondiente retractación, frente a lo cual, el 23 de
enero de 2025, con oficio OFI24-00250720/GFPU 13150001, el «Asesor del
Grupo de Atención a la Ciudadanía” de la Presidencia de la República, le indicó
que “tanto [él] como el señor presidente de la República son personas de amplio
reconocimiento nacional, y dos actores políticos con posturas divergentes, por lo
que se trata de personas expuestas a un escrutinio público más exigente y que
deben estar dispuestas a enfrentar críticas y cuestionamientos».

Aduce que, «[l]a información que ha divulgado el Presidente GUSTAVO
FRANCISCO PETRO URREGO falta a la verdad, es decir, es falsa, razón por la
cual se vulner[aron] gravemente [sus] derechos fundamentales al buen nombre y
honra, puesto que […] en el presente caso no se evidencia el mínimo esfuerzo en
ser verificad[a], principalmente considerando que”: (i) “no tiene ningún tipo de
participación en el Consejo Nacional Electoral, corporación colegiada que
constitucionalmente hace parte de los organismos electorales, que gozan de
autonomía e independencia dentro del orden público”; y (ii) “[l]as investigaciones
que realiza [dicha entidad] son de carácter administrativo, y sus decisiones además
de respetar la garantía del debido proceso son susceptible de control judicial ante
el Contencioso Administrativo».

II. TRÁMITE PROCESAL

Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 7 de
febrero de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se ordenó

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
2

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Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Presidente de la República

notificar al señor Presidente de la República, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestación de la acción.

2.1.1 La Presidencia de la República3 se opuso a la prosperidad de las
pretensiones de este mecanismo constitucional, comoquiera que «se estructura a
partir de una lectura fragmentada, descontextualizada, sesgada y estrictamente
personal de las palabras utilizadas por el Señor presidente de la República en el
marco de su intervención en la clausura del “IV Foro Abierto de Ciencias de América
Latina y el Caribe, CILAC 2024”, y que son cuestionadas por el actor, otorgándoles
un contenido y alcance que no es el que surge de su texto sino de una valoración
[…] subjetiva, en claro desconocimiento, además, de las precisiones y aclaraciones
que respecto de las mismas se formularon en el escrito del 23 de enero de 2025
como respuesta a la solicitud de rectificación».

Que, «[l]as declaraciones del presidente de la República hacen parte de una crítica
política al accionante y a la posición que tanto él, como el partido al que pertenece
han manifestado y hecho públicas sobre las facultades que le han sido reconocidas
al CNE, como autoridad administrativa, para investigar funcionarios de elección
popular; manifestaciones que, por su propia naturaleza, se circunscriben al ámbito
del debate político entre actores con alto reconocimiento».

Agregó que, «[n]o es la primera ocasión que el mismo [demandante] acude al
mecanismo extraordinario de la acción de tutela, con un claro y evidente uso
estratégico del sistema legal y las instituciones judiciales para perseguir, desgastar
o neutralizar a adversarios políticos, económicos o sociales».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.

3
Índices 00008 y 00009 de Samai.
3

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3.2 Problema jurídico.

Se debe determinar la posible vulneración de los derechos fundamentales a la
honra y el buen nombre del accionante, a raíz de las afirmaciones del señor
Presidente de la República el 3 de diciembre de 2024 en el “IV Foro Abierto de
Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC 2024”, en el Archipiélago de San
Andrés Islas."

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: i)
Procedencia de la tutela para proteger los derechos fundamentales a la honra y el
buen nombre; ii) la jurisprudencia sobre los derechos al buen nombre, la honra y la
libertad de expresión; y iii) la solución al problema jurídico del caso.

3.2.1 Cuestión previa

Inicialmente la Sala, reconoce la importancia de los mecanismos de protección
judicial, como la acción de tutela, para asegurar la salvaguarda de los derechos
fundamentales de todos los ciudadanos; sin embargo, se observa una creciente
tendencia a judicializar la esfera política, trasladando controversias que
tradicionalmente se resolvían en el ámbito del debate político a los estrados
judiciales.

Esta judicialización excesiva de debate político, contribuye a la congestión judicial
que enfrenta nuestro país, por tal motivo, se hace un respetuoso llamado para que,
los actores políticos de todo orden, resuelvan sus conflictos con altura, respeto a
los derechos fundamentales y a los principios democráticos consagrados en la
Carta Política.

Ahora bien, como quiera que, la pretensión principal de la acción de tutela es la
rectificación de lo expresado por el señor Presidente el 3 de diciembre de 2024 en
el “IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe, CILAC 2024”, en el
Archipiélago de San Andrés Islas", esta decisión, solo desarrollará el artículo 20
Constitucional, ello, dado que el accionante considera que, se han vulnerado sus
derechos como consecuencia de la expresión de una opinión carente de
justificación fáctica real y sin criterio de razonabilidad, más no los tipos penales de
injuria y calumnia, que si bien, se erigen como restricciones a la libertad de
4

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expresión, estos delitos, en caso de configurarse, deben ser ventilados en otra
jurisdicción.

3.2.2 La procedencia de la tutela para proteger los derechos fundamentales a
la honra y buen nombre.

Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que, no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de
ideas, al existir otros mecanismos de defensa judicial que resulten más eficaces
para la protección reclamada, se debe recurrir a ellos antes de pretender el amparo
por vía de tutela. Con dicha regla el constituyente buscó que esta acción no
desplace los mecanismos específicos de defensa previstos en la correspondiente
regulación común.4

Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico.5 Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas

4
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
5
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

5

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a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia.6

En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:

«(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en
este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales,
sino que se convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo
de desconocerse el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole
que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo».7

No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos
del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no
es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia
de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los
postulados constitucionales, caso en el cual, la Carta prevé la procedencia
excepcional de la tutela.

El primer evento se presenta cuando, el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que, la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a
la luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización
de los derechos sobre las consideraciones de índole formal.8

La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado.9

En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que,
cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que, existe un
medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez

6
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
7
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
8
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
9
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
6

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constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:

«(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad»10.

Cabe precisar que, cuando se depreca el amparo de los derechos fundamentales
a la honra y buen nombre como en el presente caso, la Corte Constitucional en
sentencia SU-420 de 201911 indicó que, ello solo procede una vez se superen los
requisitos de procedibilidad de: legitimación en la causa por activa y pasiva,
inmediatez, subsidiariedad y relevancia constitucional.

En ese orden de ideas, en el sub lite se observa que:

(i) El actor se encuentra legitimado en la causa por activa, al ser el receptor de la
afirmación elevada por el señor Presidente de la República el 3 de diciembre de
2024, en la intervención pública que realizó en el Archipiélago de San Andrés Islas
y quien, como consecuencia de lo anterior, depreca el amparo de sus derechos
fundamentales a la honra y buen nombre; así mismo, se evidencia que el señor
Presidente de la República está legitimado en la causa por pasiva, en la medida en
que, fue quien emitió la aludida declaración que ahora es objeto de reproche.

(ii) El requisito de inmediatez se satisface, por cuanto el evento en el que el señor
Presidente de la República profirió dicho comunicado ocurrió el 3 de diciembre de
2024, frente al cual, el accionante solicitó retractación el 10 de diciembre de 2024
y, cuya respuesta desfavorable fue emitida el 23 de enero de 2025 y la solicitud de
amparo se presentó el 5 de febrero siguiente, es decir, dentro de un término
prudencial (13 días).

(iii) El presupuesto de subsidiariedad se cumple, comoquiera que, respecto del
comentario calificado como vulnerador de las garantías superiores del demandante
se solicitó retractación, la cual, fue resuelta de manera negativa. Además, es un

10
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
11
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
7

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mecanismo célere y eficaz para el restablecimiento de los derechos a la honra y al
buen nombre, en el caso que, estas hayan sido vulneradas con las afirmaciones
del máximo dignatario12.

(iv) El asunto planteado comporta relevancia constitucional, dado que, la acción de
tutela proporciona una protección más amplia, en tanto permite que el juez analice
la posible violación de los derechos alegados por la parte actora, frente a
afirmaciones que no necesariamente se tipifiquen como injuriosas o calumniosas.

En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala expondrá lo que
nuestro ordenamiento jurídico ha considerado sobre los derechos al buen nombre,
honra y libertad de expresión.

3.2.3. Los derechos a la honra, al buen nombre y la libertad de expresión.

Respecto a los derechos a la honra y buen nombre, la Corte Constitucional en
sentencia SU-274 de 19 de junio de 201913, señaló:

«Los derechos a la honra y al buen nombre. Reiteración de jurisprudencia

27. El artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que:
“Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

En igual sentido, el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica”, dispone que “1. Toda persona tiene derecho al
respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de
injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio
o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación (…)”
(Resaltado fuera de texto).

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 17
señala: “1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su
familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación
(…)”.

28. A la par de los instrumentos internacionales señalados, el artículo 2º de la Carta
Política establece como un deber del Estado la garantía de protección de todos los
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y
libertades; asimismo, el artículo 21 consagra la honra como un derecho fundamental,
el cual es inviolable, según lo indicado en el artículo 42 Superior 14.

12
Corte Constitucional, Sentencia T-593 de 2017
13
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
“Por el cual se modifica el período de los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles”.
14
Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la
decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. || El Estado y
la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e
inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables (…).
8

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29. La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha referido a la honra como la
estimación o deferencia con que cada persona debe ser tenida por los demás miembros
de la colectividad, en razón de su dignidad humana. En palabras de esta Corporación:
“[e]s por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar
el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y
garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la
colectividad”15.

Dado su alcance, este derecho resulta vulnerado tanto por la difusión de información
errónea como por la emisión de opiniones tendenciosas que producen daño moral
tangible a su titular16. Sin embargo, la Corte ha sostenido que “no todo concepto o
expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como imputación
deshonrosa”, puesto que las afirmaciones que se expresen deben tener la virtualidad
de “generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende en
ningún caso de la impresión personal que le pueda causar al ofendido alguna expresión
proferida en su contra en el curso de una polémica pública, como tampoco de la
interpretación que éste tenga de ella, sino del margen razonable de objetividad que
lesione el núcleo esencial del derecho”17.

Bien es cierto que la dimensión del amor propio puede justificar el acudimiento a
acciones penales, disciplinarias e incluso civiles, porque evidentemente quien se siente
agredido posee la garantía de accionar y en esa medida las autoridades deben prestar
atención a sus quejas, imprimiéndoles el trámite de rigor. Pero la dimensión del daño
real o potencial depende de un cúmulo de valoraciones ex post que realiza quien tiene
la misión de evaluar en un contexto general, la situación concreta de los contendientes.
Es claro que quien se siente lesionado en su integridad moral ante opiniones o
informaciones ajenas, tiene todo el derecho de acudir ante las autoridades respectivas,
para que se le restañe en algún modo la dignidad afectada e incluso, para que se le
repare económicamente si fuere el caso.

30. De otra parte, el artículo 15 de la Carta Política garantiza el derecho al buen nombre
en los siguientes términos: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal
y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar (…)”.

Esta garantía ha sido entendida como “la reputación, o el concepto que de una persona
tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir
como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o
tendenciosas”18. En ese sentido, constituye “uno de los más valiosos elementos del
patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada
persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”19.

La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin justificación ni
causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -bien sea
de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación de masas-
informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto público que se tiene del
individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el prestigio o la confianza de los que
disfruta del entorno social en cuyo medio actúa, o cuando en cualquier forma se
manipula la opinión general para desdibujar su imagen”20.

Entonces, aunque el derecho a la honra guarda una relación de interdependencia
material con el derecho al buen nombre, se diferencian en que, mientras el primero
responde a la apreciación que se tiene de la persona a partir de su propia personalidad

15
Sentencia T-411 de 1995.
16
Sentencia T-022 de 2017.
17
Sentencia T-714 de 2010, siguiendo la providencia C-392 de 2002.
18
Sentencia C-489 de 2002. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
19
Sentencia T-977 de 1999. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
20
Sentencia T-471 de 1994.

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y comportamientos privados directamente ligados a ella, el segundo se refiere a la
apreciación que se tiene del sujeto por asuntos relacionales ligados a la conducta que
observa en su desempeño dentro de la sociedad21.

En palabras de esta Corporación: “tratándose de la honra, la relación con la dignidad
humana es estrecha, en la medida en que involucra tanto la consideración de la
persona (en su valor propio), como la valoración de las conductas más íntimas (no
cubiertas por la intimidad personal y familiar). El buen nombre, por su parte, también
tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a
la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la
proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”22.

31. En definitiva, los derechos a la honra y el buen nombre ostentan tanto en
instrumentos internacionales como en el ordenamiento constitucional interno, un
reconocimiento expreso. El primero, que busca garantizar la adecuada consideración
o valoración de una persona frente a los demás miembros de la sociedad, ante la
difusión de información errónea o la emisión de opiniones tendenciosas que producen
daño moral tangible a su titular. El segundo, dirigido a proteger la reputación o el
concepto que de un sujeto tienen las demás personas, ante expresiones ofensivas e
injuriosas, o la propagación de informaciones falsas o erróneas que distorsionen dicho
concepto». (Énfasis propio).

Y, en sentencia SU-420 de 12 de septiembre de 201923 explicó:

«104. En efecto, el artículo 15 superior establece que “todas las personas tienen
derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe
respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y
rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en
archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación
de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.
(...)”.

Por su parte, el derecho a la honra se deriva como fin esencial del Estado conforme al
artículo 2º constitucional24 y fue regulado en el artículo 21 ejusdem que prescribe: “Se
garantiza el derecho a la honra. La ley señalará la forma de su protección”.

105. La honra ha sido reconocida por este Tribunal como la estimación o deferencia
con que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad, en
razón a su dignidad humana25, de manera que se erige como “derecho que debe ser
protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la
sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de
las personas dentro de la colectividad”26.

De conformidad con su alcance, este derecho resulta vulnerado cuando se expresan
opiniones que producen daño moral tangible a su titular 27, en razón a que “no todo
concepto o expresión mortificante para el amor propio puede ser considerada como
imputación deshonrosa’, puesto que para ser visualizadas como tales, las afirmaciones
que se expresen deben tener la virtualidad de ‘generar un daño en el patrimonio moral

21
Sentencia C-452 de 2016. Cfr. Sentencia T-022 de 2017.
22
Sentencia T-050 de 2016.
23
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
24
Artículo 2 C. Pol.: “Con fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia
nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida,
honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado
y de los particulares.” (Negrilla fuera de texto original).
25
Sentencia T-015 de 2015.
26
Sentencia T-411 de 1995.
27
Sentencia T-022 de 2017. Cfr. sentencias T-714 de 2010 y C-392 de 2002.

10

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del sujeto y su gravedad no depende en ningún caso de la impresión personal que le
pueda causar al ofendido alguna expresión proferida en su contra en el curso de una
polémica pública, como tampoco de la interpretación que éste tenga de ella, sino del
margen razonable de objetividad que lesione el núcleo esencial del derecho” 28.

106. El derecho al buen nombre ha sido entendido como la reputación o la imagen
que de una persona tienen los demás miembros de la comunidad y, además, constituye
el derecho a que no se presenten expresiones ofensivas, oprobiosas, denigrantes,
falsas o tendenciosas que generen detrimento de su buen crédito o la pérdida del
respeto de su imagen personal. De otro lado, la Corte ha explicado que guarda una
relación de interdependencia material con el derecho a la honra, de manera que la
afectación de uno de ellos, generalmente concibe vulneración del otro.

Su desconocimiento se presenta cuando se difunde información falsa o errónea, o se
afecta la reputación o el concepto de una persona como consecuencia de expresiones
ofensivas o injuriosas, lo que conlleva adicionalmente la transgresión de su dignidad
humana29.

107. La titularidad de este derecho también ha sido reconocida a las personas jurídicas.
En sede de control abstracto este Tribunal ha determinado que “los derechos a la honra
y al buen nombre también son predicables de las personas jurídicas, pero con un
ámbito mucho más restringido que el que se predica de los individuos. Esto debido a
que dichos entes pueden ver afectada su reputación o prestigio, el cual si bien no tiene
la misma naturaleza subjetiva del derecho fundamental de los individuos, sí es un bien
jurídico susceptible de ser protegido, esencialmente desde un punto de vista
patrimonial”30.

En tal sentido, según la jurisprudencia la referida protección recae sobre el denominado
“good will”, esto es, “el derecho al buen nombre de una persona jurídica y que puede
ser estimado pecuniariamente”31. Al respecto, se ha decantado que “en la medida en
que las personas jurídicas no pueden ser declaradas penalmente responsables, esto
también excluye que sean consideradas como víctimas en el caso de afectación a su
honra y al buen nombre. Esto, por supuesto, sin perjuicio de la justiciabilidad del daño
a la reputación de las personas jurídicas, la cual puede ser lograda por otros medios
diferentes a la responsabilidad penal”32.

Si bien la Corte ha señalado que a las personas jurídicas se les excluye la posibilidad
de reclamar penalmente las afectaciones a los derechos a la honra y al buen nombre33,
ello no es óbice para que su justiciabilidad se logre por medios judiciales diferentes
(supra f.j. 68)».

De acuerdo con lo anterior, el derecho a la honra se entiende como la estimación y
el respeto que una persona merece dentro de la sociedad, basado en su dignidad
humana intrínseca. Este derecho protege a los individuos de ataques que
menoscaben su valor personal, ya sea mediante la difusión de información errónea
o la emisión de opiniones tendenciosas que causen un daño moral tangible. En
esencia, la honra salvaguarda la percepción que la persona tiene de sí misma y la

28
Sentencia C-392 de 2002.
29
Ibídem.
30
Sentencia C-452 de 2016.
31
Ibídem.
32
Ibídem.
33
En sentencia C-452 de 2016, se precisó que “las personas jurídicas no son en nuestro régimen sujetos activos de tipos
penales, conclusión de la cual a su vez se desprende que no pueden ser sujetos pasivos del tipo penal de calumnia, por
comportar éste la imputación de una conducta típica que no puede ser ejecutada por un sujeto jurídico de esta naturaleza,
mientras que sí pueden por principio ser sujeto pasivo de otros tipos penales como aquellos cuyo bien jurídico protegido es
el del patrimonio económico”.
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consideración que los demás deben tener hacia ella, en relación con su integridad
personal y sus comportamientos.

Por otro lado, el derecho al buen nombre se refiere a la reputación y al concepto
que los demás tienen de una persona en el ámbito social. Este derecho protege
contra la difusión de información falsa o tendenciosa que pueda dañar la imagen
pública de un individuo, así como, contra expresiones ofensivas o injuriosas. El
buen nombre es un elemento fundamental del patrimonio moral y social de una
persona, y su protección garantiza que los individuos sean valorados y respetados
en su interacción con la sociedad. A diferencia de la honra, que se centra en la
valoración interna y personal, el buen nombre se enfoca en la proyección pública y
la reputación de la persona.

Ahora bien, en cuanto al derecho a la libertad de expresión, se debe decir que las
libertades, en amplio sentido, constituyen una serie de garantías instituidas en los
Estados modernos, que tuvieron su origen en la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano34 en su artículo 11, cuando se indicó que «La libre
comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los derechos más valiosos
del Hombre; por consiguiente, cualquier Ciudadano puede hablar, escribir e
imprimir libremente, siempre y cuando responda del abuso de esta libertad en los
casos determinados por la Ley».

Dentro de estas garantías se encuentra la expresión como una herramienta útil para
el sano desarrollo de los Estados democráticos, de modo tal que, incluso aquella
que fuese contraria a los intereses del Status Quo era necesaria para la prevalencia
del principio democrático35; este fenómeno de respetar la libertad de expresión
salvo mínimas excepciones se ve reflejado en el artículo 13.2 de la Convención
Americana de los Derechos Humanos, que establece como límite a esta libertad
«[…] El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) El respeto a los
derechos o a la reputación de los demás, o b) La protección de la seguridad
nacional, el orden público o la salud o la moral públicas»36.

34
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789.
35
Sánchez Rodríguez, M. A. Libertad artística en el arte obsceno: análisis en perspectiva comparada (USA, Inglaterra,
Colombia) (Doctoral dissertation, Bogotá-Derecho, Ciencias Políticas y Sociales-Maestría en Derecho).
36
Convención Americana de los derechos Humanos (Pacto de San José) de 1969.
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Este derecho, tiene su reconocimiento en el artículo 20 superior, ya que, en él «Se
garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, […] Estos son libres y tienen responsabilidad social […]. No habrá
censura», fuera de todo lo anterior, la expresión en cualquiera de sus
manifestaciones está permitida y protegida en nuestro Estado.

En lo que respecta al ejercicio de la libertad de expresión del señor Presidente de
la República, la Corte Constitucional en la sentencia T-203 de 2022, explicó lo
siguiente:

«[…] 82. En este escenario de restricción progresiva del margen de expresión de los
funcionarios públicos, es también paradigmático el caso del presidente de la República,
quien, al simbolizar la unidad de la nación y gozar de especial credibilidad debido a su
apoyo popular, y de poderes especiales en el ámbito de la función pública, debe asumir
la comunicación como un poder-deber, de modo que su discurso debe ejercerse bajo
estrictos estándares de razonabilidad, en especial, cuando involucra a grupos y
personas vulnerables.37
83. El poder-deber de comunicación constituye, además de la transmisión de
información, un medio para ejercer las facultades gubernamentales propias de las
democracias contemporáneas. Esta comunicación no sólo es una herramienta de
gobierno, sino también un mecanismo para la conformación de una opinión libre e
informada, como presupuesto para la participación de los ciudadanos en la toma de las
decisiones que las afectan, y para el control del poder político.

84. El ejercicio de este poder-deber tiene dos dimensiones distintas: (i) las
manifestaciones que tienen por objeto transmitir información objetiva a los ciudadanos
sobre asuntos de interés general; y (ii) aquellas en las que expresa cuál es la política
gubernamental en aspectos de la vida nacional, defiende su gestión, responde a sus
críticos, expresa su opinión sobre algún asunto, etc.; asuntos enmarcados dentro del
desarrollo de la democracia, en los que caben apreciaciones subjetivas formuladas a
partir de criterios personales.38

85. En el primer caso, cuando hace alusión a información que presenta como
auténtica, ésta debe someterse a las cargas de veracidad y objetividad que rigen el
suministro de información, de conformidad con el artículo 20 de la Carta, 39 cargas que
pretenden evitar cualquier tipo de manipulación sobre la formación de la opinión
pública,40 en especial, teniendo en cuenta el alto grado de credibilidad con el que

37
Citó: « En la Sentencia T-1191 de 2004 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), la Corte Constitucional resolvió una tutela
presentada por un amplio conjunto de organizaciones defensoras de derechos humanos, en particular, de población
vulnerable contra el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. De acuerdo con las organizaciones
accionantes, el mandatario habría vulnerado su buen nombre, honra y reputación a raíz de diversas manifestaciones
realizadas en alocuciones públicas transmitidas por diversos medios de comunicación.
Así, mencionaron que el 8 de septiembre de 2003, el ex presidente calificó a los críticos del Gobierno en tres grupos: (i) los
teóricos que discrepan de la autoridad, por quienes expresó su respeto; (ii) las organizaciones de derechos humanos, que
contarían con “todo el espacio” en Colombia, y (iii) los “politiqueros al servicio del terrorismo que cobardemente se agitan en
la bandera de los derechos humanos, para tratar de devolverle, en Colombia, al terrorismo, el espacio que la Fuerza Pública
y la ciudadanía le ha quitado." Según los argumentos de la tutela, el ex mandatario ubicaba en el tercer grupo a las
organizaciones que habían asistido a la reunión sobre cooperación internacional para Colombia, que se llevó a cabo en
Londres, los días 9 y 10 de julio de 2003, que coincidían con las accionantes en el trámite de tutela.»
38
Citó: «Sentencia T-1194 de 2001. Marco Gerardo Monroy Cabra».
39
Citó: «Constitución Política. Artículo 20: “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No
habrá censura.”»
40
Citó: «Cfr. Sentencia C-1172 de 2001. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. En este fallo la Corte estudió una demanda de
inconstitucionalidad presentada en contra del artículo 32 (parcial) la Ley 182 de 1995, norma que confiere al presidente de

13

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cuenta el primer mandatario. La segunda dimensión cobija la opinión del presidente, es
decir, su apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto, ámbito en el
que no es exigible la objetividad. Sin embargo, dijo la corte, para garantizar la formación
de una opinión pública verdaderamente libre, estas opiniones no pueden ser
formuladas sino a partir de un mínimo de justificación fáctica real y de criterios de
razonabilidad.41

86. Así pues, como todas las autoridades, el presidente tiene una posición de garante
respecto de los derechos fundamentales de todos los habitantes del territorio nacional,
que hace que cuando se dirija a los ciudadanos deba abstenerse de emitir cualquier
declaración o afirmación que lesione o ponga en riesgo tal categoría de
derechos.42 Como lo explicó la Sala Sexta de Revisión, esta obligación se hace más
fuerte y adquiere especial relevancia frente a sujetos de especial protección
constitucional “tales como los defensores de derechos humanos43, los reinsertados44,
los desplazados por la violencia 45 o los miembros de comunidades de paz”, 46 quienes
enfrentan un mayor nivel de exposición a riesgos de carácter extraordinario y a sus
derechos fundamentales, razón por la cual merecen un tratamiento especial y la
adopción de medidas reforzadas de protección. 47 […]»

En consecuencia, la libertad de expresión del Presidente de la República se
restringe a un ejercicio razonable. Esta limitación se justifica en vista del poder-
deber que guarda con el manejo de la comunicación, debido a que, su figura
representa la unidad de la nación y demanda una alta credibilidad, respaldada por
el apoyo ciudadano.

la República la facultad de interrumpir la programación de televisión en cualquier momento para dirigirse a los ciudadanos. La norma fue declarada exequible, siempre que se entendiera que la facultad del Presidente no es absoluta, sino que debía
ser ejercida de acuerdo con las reglas señaladas en las consideraciones de la decisión.»
41
Citó: «Aquí es importante tener en cuenta la diferencia entre libertad de información y libertad de opinión, pues mientras la
primera se refiere a datos que se presentan como reales y auténticos, razón por la cual deben someterse a las cargas de
veracidad e imparcialidad, la opinión constituye la apreciación personal de un sujeto sobre un determinado asunto, ámbito
en el que no es exigible la veracidad ni la objetividad, pero si un mínimo de justificación y razonabilidad». 42
Citó: «Recientemente, la Corte Constitucional presentó consideraciones análogas en torno a los trinos de la Vicepresidenta
de la República, a raíz de unas comunicaciones que desconocieron el principio de Estado laico, al consagrar el país a la
virgen del Carmen, en el marco de la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus, Covid 19 [Sentencia T-124
de 2021. M.P. Diana Fajardo Rivera]. Además, la existencia de este poder-deber, así como el alcance de la libertad de
expresión de funcionarios que ocupan altos cargos también ha sido analizada por la Corte Constitucional en las sentencias
T-446 de 2020 [MP. José Fernando Reyes Cuartas. AV. Richard Steve Ramírez Grisales (e)] y T-627 de 2012 [M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto]. En la primera, diversos ciudadanos presentaron acción de tutela por considerar que el entonces alcalde
de Bucaramanga, Rodolfo Hernández había afectado su buen nombre y honra a raíz de diversas declaraciones públicas. Si
bien la Sala Octava de Revisión declaró la improcedencia de la acción, considerando que el carácter genérico de las
declaraciones no permitía evidenciar la relevancia constitucional del caso, reiteró también las características del poder deber
de comunicación de los altos mandatarios. En la segunda, la Sala Octava de Revisión concedió el amparo a un número
amplio de mujeres, cuyos derechos reproductivos se vieron afectados por el procurador general de la Nación, Alejandro
Ordóñez y la procuradora delegada para la Defensa de los derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam
Hoyos, a raíz de un conjunto de declaraciones, pronunciamientos e incluso circulares del órgano de control, en las que se
tergiversaba el alcance de la jurisprudencia sobre la interrupción voluntaria del embarazo, se negaba el derecho fundamental
mencionado y se acusaba a esta corporación de haber iniciado una campaña masiva de promoción del aborto.»
43
Citó: «Esta situación fue reconocida en las sentencias T-590 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero - en este fallo la
corte declaró un estado de cosas inconstitucional en relación con la situación de los derechos fundamentales de los
defensores de derechos humanos - y T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. Estas sentencias serán
desarrolladas más adelante.»
44
Citó: «Cfr. Sentencias T-525 de 1992. M.P. Ciro Angarita Barón y T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa». 45
Citó: « Cfr. Sentencias SU-1150 de 2000. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-719 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa.»
46
Citó: «Cfr. Sentencias T-558 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-327 de 2004. M.P. Alfredo Beltrán Sierra,
relativas a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó».

47
Citó: « Así continuó la exposición: “De todo lo anterior se colige que las alocuciones públicas del Presidente de la República
no son absolutamente libres, y que (i) deben respetar estrictos parámetros de objetividad y veracidad cuando simplemente
se trata de transmitir información o datos público; (ii) que resultan más libres a la hora de sentar posiciones políticas, proponer
políticas gubernamentales o responder a las críticas de la oposición, pero que aún en estos supuestos las expresiones del
primer mandatario deben ser formuladas a partir de mínimo de justificación fáctica real y de criterios de razonabilidad, y (iii)
que en todo caso su comunicación con la Nación debe contribuir a la defensa de los derechos fundamentales de las personas,
en especial de aquellas que merecen especial protección.”»
14

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Por lo tanto, se deduce que, las opiniones subjetivas del Presidente, en el marco
de su libertad de expresión, deben fundamentarse en hechos reales y con criterios
de razonabilidad, para salvaguardar la formación de una opinión pública libre.

3.2.4 Solución al problema jurídico.

En el asunto sub examine la inconformidad del demandante consiste en que, el
señor Presidente de la República, el 3 de diciembre de 2024 en la intervención
pública que realizó en el «IV Foro Abierto de Ciencias de América Latina y el Caribe,
CILAC 2024» en el Archipiélago de San Andrés Islas, afirmó que: «Vargas Lleras
en el Consejo Nacional Electoral a ver como se construye jurídicamente un
camino prohibido por la constitución», para remover su mandato popular, lo
cual, no corresponde a la realidad, por lo que, considera que debe retractarse.

Por su parte, la Presidencia de la República en su escrito de contestación sostuvo
que, las acusaciones del tutelante surgen a partir de una lectura fragmentada y
descontextualizada de las palabras utilizadas por el señor Presidente de la
República, otorgándoles una valoración subjetiva y, en todo caso, sus
declaraciones hacen parte de una crítica a la oposición de la que aquel parte, las
cuales «por su propia naturaleza, se circunscriben al ámbito del debate político
entre actores con alto reconocimiento».

Ahora bien, el material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación
respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente acción de tutela. En tal
virtud, se destaca:

a) Oficio EXT24-00195131 del 10 de diciembre de 2024, mediante el cual, el actor
solicitó al señor Presidente de la República, retractarse de las afirmaciones
realizadas en su contra el 3 de diciembre de 2024, en la intervención pública que
tuvo lugar en el Archipiélago de San Andrés Islas.

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b) OFI24-00250720 / GFPU 13150001 de 23 de enero de 2025, por cuyo conducto
el asesor del «GRUPO DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA» de la Presidencia de
la República le indicó al actor que “los apartados de la intervención del señor
presidente de la República a la que […] hace referencia se encuentran

16

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fragmentados y descontextualizados, planteando un análisis aislado o segmentado,
derivando en una mala interpretación […] sobre el alcance que tuvieron».

Que, «la referencia que se hizo sobre [él] dentro del discurso […] se circunscribe a
su calidad de conocido opositor del proyecto político que representa el señor
presidente de la República y, a la divergencia de posiciones que existe entre
ambos, en este caso sobre la compatibilidad entre lo consagrado por el artículo
23.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y las
investigaciones que adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) en contra de
funcionarios de elección popular. En ningún momento se está diciendo que […]
ejerza algún tipo de influencia o intervención sobre dicha autoridad».

Agregó que, «tanto [él] como el presidente de la República son personas de amplio
reconocimiento nacional, y dos actores políticos con posturas [diferentes], por lo
que se trata de personas expuestas a un escrutinio público más exigente y que
deben estar dispuestas a enfrentar críticas y cuestionamientos».

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Se reitera que, en el presente asunto la inconformidad del demandante consiste en
que «[l]a información que [divulgó] el Presidente GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO» el 3 de diciembre de 2024, en la intervención pública que realizó en el
Archipiélago de San Andrés Islas, en el sentido de afirmar: «Vargas Lleras en el
Consejo Nacional Electoral a ver como se construye jurídicamente un camino
prohibido por la constitución», para remover su mandato popular, “falta a la
verdad, […] razón por la cual se vulner[aron] gravemente [sus] derechos
fundamentales al buen nombre y honra, puesto que […] en el presente caso no se
evidencia el mínimo esfuerzo en ser verificad[a], principalmente considerando que”:
(i) «no tiene ningún tipo de participación en el Consejo Nacional Electoral,
corporación colegiada que constitucionalmente hace parte de los organismos
electorales, que gozan de autonomía e independencia dentro del orden público»; y
(ii) «[l]as investigaciones que realiza [dicha entidad] son de carácter administrativo,
y sus decisiones además de respetar la garantía del debido proceso son susceptible
de control judicial ante el Contencioso Administrativo».

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Para la Sala, la interpretación que el actor propone en la presente acción de tutela
sobre las palabras del presidente en el IV Foro Abierto de Ciencias de América
Latina y el Caribe (Cilac 2024): «Quieren tumbar es al Presidente, Vargas Lleras,
en el Consejo Nacional Electoral, a ver cómo se construye jurídicamente un camino
prohibido por la Constitución», no representa una amenaza a los derechos
fundamentales a la honra y buen nombre del demandante, salvo la expresión «a
ver como se construye jurídicamente un camino prohibido por la
constitución», que hace referencia a un actuar contrario a las normas jurídicas y
a la moralidad, socava su buen nombre y afecta su imagen pública.

La afirmación «construye jurídicamente un camino prohibido por la
constitución», va en contravía del deber de comunicación que debe ejercer el
señor Presidente de la República, teniendo en cuenta que, su opinión no cuenta
con un mínimo de justificación fáctica real, más aún, cuando en la respuesta a la
solicitud de rectificación y en el escrito de contestación a la presente acción
constitucional, no aportó pruebas que permitieran corroborar sus afirmaciones.

En consecuencia, esta Sala de Decisión amparará los derechos fundamentales a
la honra y al buen nombre del accionante, ordenando la rectificación de la
afirmación relacionada con el vocablo «construye jurídicamente un camino
prohibido por la constitución», al haber sido realizada sin contar con hechos
reales que la soporten, ello, bajo el amparo de lo establecido en el artículo 14 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos48 y en el artículo 20 de nuestra
Constitución49.

IV. DECISIÓN

Por las razones expuestas, la Sala considera que, al encontrase acreditada la
vulneración de los derechos fundamentales a la honra y buen nombre del
demandante por parte de la autoridad accionada respecto a una de las afirmaciones
reprochadas, se accederá al amparo deprecado.

48
Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión
legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión
su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.
49
Constitución Política ARTÍCULO 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y
opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No
habrá censura.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. ACCEDER al amparo de los derechos fundamentales a la honra y buen
nombre invocados por Germán Vargas Lleras, en relación con la expresión
«construye jurídicamente un camino prohibido por la constitución», por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Por consiguiente, ORDENAR al señor Presidente de la República,
Gustavo Francisco Petro Urrego que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, rectifique la declaración rendida el 3 de diciembre
de 2024, en la intervención pública que realizó en el Archipiélago de San Andrés
Islas, teniendo en cuenta que, no cuenta con pruebas que permitan afirmar que
German Vargas Lleras se encuentra construyendo jurídicamente un camino
prohibido por la constitución para que el Presidente no culmine su periodo
presidencial, la rectificación se deberá dar en las mismas condiciones y a través
de los mismos medios en las que efectuó la declaración.

TERCERO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en este fallo dará lugar a las sanciones establecidas
en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

QUINTO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR
el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

22

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