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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00625-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00625-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00625-00 Actor: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00625-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00625-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL, PUES LO PRETENDIDO ES REABRIR EL DEBATE
SURTIDO DENTRO DEL PROCESO DE NULIDAD ELECTORAL. LA
DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE ASPECTOS QUE FUERON
RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD JUDICIAL
ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por el actor

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA GUAJIRA1 y la

SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO2.

1
En adelante el Tribunal.
2
En adelante la Sección Quinta.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00625-00
Actor: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

El señor JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ, actuando a través de

apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

al desempeño de funciones y cargos públicos, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, al haber

proferido la providencias de 25 de septiembre y 12 de diciembre de

2024, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad

electoral identificado con el número único de radicación 44001-23-

40-000-2023-00101-01, al cual se acumuló el expediente número

44001-23-40-000-2024-00009-01.

I.2. Hechos

Indicó que fue elegido Alcalde del Municipio de La Jagua del Pilar (La

Guajira – Colombia) para el período 2024-2027 en representación

del partido Unión de la Gente “Partido de la U”.

Adujo que el señor Carlos Mario Isaza Serrano y otro., promovieron

demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral en su

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Actor: JOSÉ AMIRO MORÓN NÚÑEZ

contra, por supuestamente haber incurrido en doble militancia al

apoyar la candidatura de un aspirante al concejo del Municipio de La

Jagua del Pilar.

Manifestó que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 2023-00101-00, al cual le fue acumulado el proceso con

radicación 2024-00009-00.

Relató que la demanda fue conocida en primera instancia por el

TRIBUNAL que, en sentencia de 25 de septiembre de 2024, accedió

a las pretensiones y declaró la nulidad de su elección.

Sostuvo que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación el cual fue desatado por la SECCIÓN QUINTA que, en

sentencia de 12 de diciembre de 2024, confirmó la decisión del a quo,

la estimar que de los elementos probatorios obrantes en el

expediente era posible acreditar la configuración de la doble

militancia en la modalidad de apoyo.

I.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

incurrieron en un defecto fáctico por valoración indebida de las

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pruebas al deducir una expresión de apoyo que fue inexistente hacia

la campaña del aspirante al concejo del Partido Conservador Wilmer

Torres Nieves, pues se distorsionó el mensaje que se transmite en la

declaración para de manera forzada hacerla decir lo que en ella no

expresa materialmente.

Destacaron que se omitió realizar una valoración a la luz de las

exigencias que constitucionalmente se demandan respecto de toda

declaración, toda vez que obviaron realizar un análisis de contexto,

del cual se desprendía que la presencia del candidato del Partido

Conservador no fue concertada, además de que el objetivo jamás fue

promocionar al señor Torres Nieves ante los electores.

Sumado a lo anterior, refirió que fue el candidato Torres Nieves quien

manifestó apoyar el proyecto político que representa, sin que haya

señalado que contaba con su respaldo para su aspiración.

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus

derechos fundamentales invocados al restringir ilegítimamente dos

manifestaciones políticas válidas, como era expresar actos de

agradecimiento a otros candidatos y recibir apoyos de colectividades

ajenas al partido por el que fue avalado.

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I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y,

en consecuencia, solicitó:

“[…] Dejar sin efectos la sentencia dictada en fecha 12 de
diciembre de 2024 por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE
ESTADO dentro del expediente 44001-23-40-000-2023-00101-
01, mediante la cual se confirmó el fallo de 25 de septiembre de
2024, providencia mediante la cual el Tribunal Contencioso
Administrativo de La Guajira declaró la nulidad de la elección del
señor JOSE AMIRO MORÓN NUÑEZ

Ordenar a la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO que
en el término de quince (15) días adopte una nueva decisión
dentro del expediente 44001- 23-40-000-2023-00101-01, en la
cual se subsanen los defectos en que se incurrió en la providencia
original […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN QUINTA sostuvo que la solicitud de amparo

carece del requisito general de la relevancia constitucional, toda vez

que lo pretendido por el actor es reabrir un debate legal debidamente

resuelto en el proceso ordinario.

Afirmó que, en el curso del medio de control de nulidad electoral, se

resolvieron cada uno de los reproches hoy formulados, los cuales

también fueron expuestos en el recurso de apelación interpuesto

contra la sentencia de primera instancia, así como en los alegatos de

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conclusión de primera y segunda instancia.

I.5.2.- El TRIBUNAL indicó que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional, en la medida en que se trata

de disensos que son propios de la dinámica del litigio y surgidos en

el curso de un debate en el que no se afectaron garantías

fundamentales, sino que se aplicaron de manera fundada claros

principios constitucionales.

Relató que la sentencia objeto de tutela fue expedida dentro de las

funciones propias del fuero jurisdiccional que le asiste.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- La Registraduría Nacional del Estado Civil sostuvo que lo

que se advierte en el presente asunto es que el accionante utiliza la

acción de tutela no como mecanismo subsidiario, sino principal por

cuanto pretende convertir la acción de tutela en una tercera

instancia.

Sumado a lo anterior, destacó que carece de legitimación en la causa

por pasiva, toda vez que los hechos que anuncia el actor no guardan

relación con las facultades y funciones que la Constitución y la Ley le

asignan, por lo que solicitó su desvinculación.

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I.6.2.- El Consejo Nacional Electoral manifestó que carece de

legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que no se presenta

por parte de esa Corporación vulneración de los derechos

fundamentales invocados, razón por la que solicitó su desvinculación

del presente trámite constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión como el alcance del contenido de la

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sentencia.

La Sala advierte que tanto la Registraduría Nacional del Estado

Civil como el Consejo Nacional Electoral, formularon petición de

desvinculación de la presente acción de tutela, por falta de

legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

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La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

Comoquiera que Registraduría Nacional del Estado Civil y el

Consejo Nacional Electoral fueron parte accionada dentro del

medio de control de nulidad electoral identificada con el número

único de radicación 2023-00101-01, objeto del presente estudio, la

Sala concluye que les asiste interés directo en la decisión de la acción

constitucional de la referencia, razón por la que se denegarán las

solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por

pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la

presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela contra providencia judicial

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

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Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencias judiciales cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional

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so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente
una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus
derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela
como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las
decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica
ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una
absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado

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al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas
las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela

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procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado[11].

i. Violación directa de la Constitución […]”. (Negrillas fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

dejen sin efecto las providencias de 25 de septiembre y 12 de

diciembre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

QUINTA, mediante las cuales se declaró la nulidad de su elección

como Alcalde del Municipio de La Jagua del Pilar dentro del proceso

de nulidad electoral identificado con el número único de radicación

2023-00101-01, promovido por Carlos Mario Isaza Serrano y otro

contra el actor.

A las citadas providencias se les atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso

al desempeño de funciones y cargos públicos, habida cuenta que, a

juicio del actor, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en

defecto fáctico por indebida valoración probatoria de las pruebas

allegadas al expediente, por lo que no se incurrió en la causal de

doble militancia, como erradamente se consideró.

En este punto, es del caso advertir que si bien la acción de tutela se

presentó contra el TRIBUNAL y la SECCIÓN QUINTA, lo cierto es

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que la sentencia de 12 de diciembre de 2024 confirmó la decisión del

a quo y fue la que puso fin al proceso, razón por la que la Sala

realizará únicamente el análisis de la presunta vulneración de los

derechos fundamentales invocados a la sentencia proferida por el ad

quem.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

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esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [7].

3
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
4
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [9].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente

[8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [11].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [12]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los

[10] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[11] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[12] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares

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o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la

controversia que propone el actor implica la reapertura de un asunto

que ya fue resuelto en sede ordinaria y del cual se pretende constituir

una instancia adicional, comoquiera que los argumentos expuestos

en el escrito de tutela están dirigidos a demostrar que de las pruebas

obrantes en el proceso no era posible concluir que se incurrió en la

causal de doble militancia, pues lo que se evidenció fueron

manifestaciones políticas válidas, como lo son expresar actos de

agradecimiento a otros candidatos y recibir apoyos de colectividades

ajenas al partido por el que fue avalado, de tal forma que se debió

denegar las pretensiones de la demanda.

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En efecto, revisada la providencia cuestionada, se advierte que las

inconformidades que ahora trae el accionante a esta sede

constitucional ya fueron resueltas de forma admisible por la

SECCIÓN QUINTA, al realizar un análisis del asunto así:

“[…] El demandado plantea en su recurso de apelación, en
síntesis, que el tribunal realizó una indebida valoración
probatoria del video allegado por la parte actora, y omitió
analizar las pruebas de manera integral conforme a la sana
crítica, e insistió en que las manifestaciones exteriorizadas en la
entrevista contenida en la prueba videográfica no permiten
colegir la configuración de doble militancia en la modalidad de
apoyo.

[…]

Sobre el particular, se adujo que José Amiro Morón Núñez
incurrió en la prohibición referida porque apoyó la campaña
política de Wilmer Torres Nieves, candidato al Concejo de La
Jagua del Pilar (La Guajira), perteneciente al Partido
Conservador Colombiano, pese a que la organización política en
la que milita (La U) contaba con su lista de candidatos para la
referida corporación. Para acreditar lo anterior, la parte actora
aportó, entre otros, un video que, en su concepto, da cuenta de
los hechos aludidos en las demandas.

84. Por su parte, el demandado explicó que el a quo realizó una
indebida valoración probatoria de la referida videograbación, en
tanto que, las manifestaciones expresadas por el demandado no
dan cuenta de un acto de apoyo a favor de Wilmer Torres Nieves;
por el contrario, solo se denota la exteriorización de
agradecimiento y valoración positiva hacia este último. Además,
indicó que la entrevista no tuvo como objetivo publicitar la
campaña política del candidato al concejo, quien, en todo caso,
solo irrumpió al finalizar dicho acontecimiento.

85. Previo a abordar el análisis correspondiente, la Sala pone de
presente que, aunque el demandado indicó que el tribunal
tergiversó el contenido del video al omitir transcribir en su
integridad lo esbozado en dicha prueba, lo cierto es que al
verificar la transliteración realizada por el a quo, se tiene que,
esta última coincide con la videograbación aportada por la parte

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actora, por lo que no resulta de recibo la conclusión relatada por
la defensa.

[…]

Así, la Sala encuentra que el mensaje difundido por el
demandado a través de la entrevista realizada para el medio
«Tus Noticias 24», tuvo un alcance regional y municipal,
particularmente en La Jagua del Pilar, territorio en el cual el
acusado aspiró a la alcaldía por el Partido de la U.

[…]

En suma, José Amiro Morón Núñez realizó los siguientes
pronunciamientos, por los cuales la Sala considera que se
estructuró un acto positivo y concreto de apoyo: i) «Al profesor
Wilmer, futuro concejal de La Jagua del Pilar, quien también está
vinculado a este proyecto político, nuestros más sinceros
agradecimientos profe» y, ii) «Marcando la C y el número 7 en
el partido conservador, el profesor Wilmer Torres que es un
hombre que siempre ha impulsado, ha liderado y le ha dado a
realce al deporte y a los deportistas de La Jagua del Pilar».

93. Bajo esa óptica, se colige que José Amiro Morón Núñez
respaldó la candidatura de Wilmer Torres Nieves al indicar que
este último hacía parte de su proyecto político y, al puntualizar
el eslogan y el número de la tarjeta electoral que le correspondió
a Torres Nieves, lo cual lleva a concluir que el demandado
pretendió apoyar al referido candidato al Concejo de La Jagua
del Pilar.

94. En adición a lo que antecede, y contrario al argumento
esbozado por el demandado, quien indicó que sus
manifestaciones fueron realizadas en una entrevista y no en un
evento de carácter político y público, como si la primera no
tuviera la entidad suficiente para ser conocida por los electores,
la Sala resalta que dichas expresiones fueron difundidas por
«Tus Noticias 24», el cual fue descrito como un medio de
comunicación que no solo aborda el municipio de La Paz - Cesar,
sino también a La Guajira; luego, se trata de un medio de
difusión por el cual se transmite información, por lo menos a dos
departamentos y, particularmente al municipio La Jagua Del
Pilar.

[…]

De lo anterior, se tiene que José Amiro Morón Núñez se

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pronunció sobre el video de la entrevista transmitida por el
medio de comunicación «Tus Noticias 24», y confirmó su
presencia en dicho acontecimiento, así como la autoría de la
expresión «Marcando la C y el número 7 en el partido
conservador, el profesor Wilmer Torres que es un hombre que
siempre ha impulsado, ha liderado y le ha dado a realce al
deporte y a los deportistas de La Jagua del Pilar».

99. Así las cosas, la Sala encuentra que el demandado apoyó la
candidatura de Wilmer Torres Nieves, aspirante al Concejo de La
Jagua del Pilar por el Partido Conservador Colombiano, a tal
punto que se refirió a este último como vinculado a su proyecto
político e indicó la forma en que se debía votar por el mentado
candidato, aludiendo al eslogan de su colectividad y el número
que le correspondió en la tarjeta electoral, en un medio de
comunicación con difusión en los departamentos del Cesar y La
Guajira, particularmente en el referido municipio, aspecto que,
no fue cuestionado por la defensa en su recurso de apelación.

100. Ahora, es necesario precisar que, aunque el demandado
adujo que los actos ejecutados no ocurrieron en un evento
público, para la Sala la difusión de su manifestación resulta
suficiente, pues como ya se precisó el medio de comunicación
en el cual lo hizo, tiene cobertura por lo menos en dos
departamentos y, particularmente en el municipio La Jagua del
Pilar, con lo cual se entiende que fue de amplio conocimiento
para la ciudadanía en general.

101. Bajo ese entendido, al analizar el contexto en el que el
demandado exteriorizó su manifestación de respaldo a favor del
aspirante al Concejo de La Jagua del Pilar, perteneciente al
Partido Conservador Colombiano, se tiene que su pretensión
estuvo dirigida a acompañar la campaña política de este último,
pese a que dicha circunstancia le resultaba prohibida, en tanto
que su colectividad tenía candidatos propios a la mentada
corporación.

102. Por ende, no se evidencia que el tribunal hubiese
desconocido las libertades democráticas del acusado, y tampoco
erigió el fallo de primera instancia de manera caprichosa con el
objetivo de limitar sus derechos políticos, como lo pretende
hacer ver el recurrente, sino que, su decisión tuvo como
fundamento la prohibición contemplada en el artículo 2.º de la
Ley 1475 de 2011 y el análisis probatorio, que dio como
resultado la configuración de doble militancia en la modalidad de
apoyo.

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[…]”.

De los apartes transcritos de la sentencia cuestionada se extrae que

las inconformidades expuestas en el escrito de tutela de la referencia,

además de que carecen de una perspectiva constitucional, en la

medida en que su solución se deriva de la interpretación que la parte

actora pretende que se dé a las pruebas dispuestas en el asunto,

fueron resueltas por la autoridad judicial accionada en la sentencia

cuestionada.

Significa lo precedente que lo pretendido por el actor es que el juez

de tutela haga un nuevo examen integral de los argumentos

expuestos dentro del proceso de nulidad electoral, con la finalidad de

que se haga una corrección al análisis que hizo la autoridad judicial

accionada y se acoja la interpretación que propone, como si el

mecanismo de amparo fuera una instancia o recurso adicional a los

previstos en el trámite ordinario.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia que obedece a la interpretación dada

por el juez natural del asunto a las pruebas allegadas al proceso, en

el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar a

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la acción de tutela el carácter de un recurso adicional para

controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir la competencia

y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el

amparo solicitado, por carencia del requisito general de la relevancia

constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la

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Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional

Electoral, por las razones expuestas en la parte motiva de esta

providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por

las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 6 de marzo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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