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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00631-00

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00631-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, Germán Vargas Lleras. SEGUNDO. ORDÉNASE al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, se retracte por la publicación del 8 de diciembre de 2024, a que se refiere ésta acción de tutela, en el sentido de que de los informes oficiales por él hasta ahora recibidos, no individualizan al accionante o sus hermanos como responsables de las irregularidades administrativas o eventuales delitos que se investigan en el manejo de los recursos de la Nueva EPS o de otras empresas prestadoras de servicio de salud y, en el mismo sentido no puede afirmarse que el accionante o sus hermanos «están viviendo de los dineros públicos de la salud que han hecho perder billones de pesos». Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Demandante: Germán Vargas Lleras Demandado: Gustavo Petro Urrego Radicado: 11001-03-15-000-2025-00631-00 sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de <<@petrogustavo>>. TERCERO. Reconocer a la abogada Carolina Jiménez Bellicia, identificada con CC 52.072.538 y tarjeta profesional de abogado 178.803 del CSJ, como apoderada judicial del presidente de la República Gustavo Petro Urrego en este proceso. CUARTO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00631-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Gustavo Petro Urrego
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00631-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00631-00
Demandante: GERMÁN VARGAS LLERAS
Demandado: GUSTAVO PETRO URREGO, PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA
Temas: DERECHO A LA HONRA, RETRACTACIÓN – NUEVA EPS

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política procede la Sala
a decidir sobre la solicitud de tutela presentada por el señor Germán Vargas Lleras,
contra el presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

Por medio de apoderado solicita el accionante que se amparen sus derechos
fundamentales al buen nombre y honra, los cuales considera vulnerados con
ocasión de la publicación que el presidente de la República hizo en la red social «X»
el pasado 8 de diciembre de 2024 a las 8:11 p.m., la cual el accionante relaciona
con las publicaciones que el mismo accionado había hecho el 28 de mayo, 31 de
mayo y 4 de junio de 2024 y la alocución del 6 de junio de 2024.

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Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Gustavo Petro Urrego
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00631-00

1.2. Hechos

El accionante inicialmente advierte que, mediante sentencia de la «Sección Tercera,
Rad No. 11001- 03 – 15 – 000 – 2024 – 03889 – 00, M.P. Martín Bermúdez Muñoz,
actuando como juez constitucional de primera instancia por tutela interpuesta por el
Dr. Enrique Vargas Lleras, por publicaciones similares respecto a la familia Vargas
Lleras, ordenó el correspondiente amparo, el cual fue confirmado en segunda
instancia por el Consejo de Estado, Sección Quinta, Magistrada Ponente Gloría
María Gómez Montoya, Rad No. 11001 – 03 – 15 000 – 2024 – 03889 – 02,
sentencia del diecisiete (17) de octubre de 2024».

Sobre los hechos que dan lugar a esta solicitud de tutela, señala:

(i) Mediante una publicación en la red social «X», el presidente de la
República, el pasado 8 de diciembre de 2024 a las 8:11 p.m., afirmó:

(…) Entonces, si la autorización del préstamo la firmó la junta
directiva de Coosalud ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte
del presidente? ¿Se repite la historia de mi denuncia sobre la
existencia del software Pegasus y el pago de 11 millones de dólares
en el club de la policía? La junta directiva de la EPS privada Coosalud
donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la
senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco
Santos y el hermano del defensor de pueblo y exparlamentario Cesar
Negret, todos uribistas, firmó la autorización para usar 221.000
millones de pesos del presupuesto público de la salud a fines
diferentes al de atender las necesidades de salud de los afiliados de
la EPS; autorizaron irregularmente usarlos como fondo fiduciario que
respaldaba un préstamo bancario, ni más ni menos, que por la
bobada de 221.000 millones de pesos a una empresa particular,
precisamente la del gerente de la EPS, y que no pagó al banco,
hecho por el cual el banco Sudaméris embargó el dinero público y se
quedó con él Pregunto señores ex mandatarios de la oligarquía:
Andres Pastrana, Paloma Valencia, Francisco Santos, lo mismo que
afirmé de Germán Vargas Lleras, ¿qué autoridad moral tienen para
oponerse a la ley de reforma a la salud, si tienen sus hermanos
viviendo de los dineros públicos de la salud?, ellos por acción u
omision, culpabilidad o dolo, que la justicia penal debe establecer en
los hechos sucedidos en la Nueva EPS o Coosalud EPS, han dejado

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perder billones de pesos del pueblo ¿saben cuantas vidas se
hubieran salvado o cuanta muerte se hubiera evitado con esos
dineros? ¿Por eso les molesta un proyecto político, que como el mío,
construya vida en contra de la codicia? ¿El sentido de la política para
ustedes, es que se use el erario en el enriquecimiento particular con
el aval de sus hermanos? ¿Por eso manipulan la justicia con los
tribunales de arbitramento, para ver como tumban al presidente y se
burlan del voto popular?1

(i) Frente a dicha publicación, el 10 de diciembre de 2024, mediante Oficio
con radicado No. EXT24-00195151, solicitó al presidente de la República
Gustavo Petro Urrego, «la correspondiente retractación de sus
afirmaciones».

(ii) El 2 de enero de 2025, mediante el Oficio No. OFI297 – 00000311 /FPU
13150001, el señor CARLO ARTURO REMOLINA GOMEZ, Asesor del
Grupo de Atención a la Ciudadanía, «en virtud del artículo 1 de la Ley
1755 de 2015, estimó razonable ampliar el plazo para resolver la petición
el 24 de enero de 2025».

(iii) El día 23 de enero de 2025, mediante el Oficio No. OFI24-00250781
/GFPU 13150001, el señor CARLOS ARTURO REMOLINA GÓMEZ,
Asesor del Grupo de Atención a la Ciudadanía, dio respuesta indicando
que:

En conclusión, la publicación del 08 de diciembre de 2024 sólo señaló que
existen una investigaciones en curso por la posible comisión de un delito por
parte de exdirectivos de una EPS hoy intervenida por las autoridades y en lo que
respecta a la referencia realizada sobre usted dentro de la publicación, se hizo
una crítica a la oposición que usted realiza al proyecto a la reforma a la salud
que hoy cursa en el Congreso de la República, sin que dicha manifestación
constituya alguna imputación o sindicación, manteniéndose dentro del debate
político.

1
https://x.com/petrogustavo/status/1865927334676607374?t=Vjnyal3RCdLPtHKXozFIDQ&s=08

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1.3. Sustento de la solicitud de amparo

Sobre los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela señala el accionante: (i)
la acción se interpone luego de ocho (8) días de la respuesta otorgada por el Asesor
del Grupo de Atención a la Ciudadanía de la Presidencia de la República; (ii) solicitó
al Presidente de la República la rectificación de la información divulgada por la
cuenta X el pasado 8 de diciembre de 2024; y (iii) goza «de legitimación en la causa
por activa, toda vez que la publicación objeto de controversia vulnera mis derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, con lo cual hace necesario que se
adopten medidas para evitar que las difamaciones que el Presidente de la República
ha venido efectuando se expandan y prolonguen el tiempo».

El accionante considera que el presidente de la República desconoció sus derechos
fundamentales a la honra y buen nombre, «comoquiera que en la publicación
censurada señaló que Germán Vargas Lleras, no tiene autoridad moral para
oponerse a la ley de reforma a la salud, debido a que tiene hermanos viviendo de
los dineros públicos de la salud que han hecho perder billones de pesos» y es claro
«que no existe ningún tipo de gestión de lo que se logre inferir que lo publicado
corresponde a la realidad, lo cual no se constata en ningún momento en la
publicación reprochada y tampoco en la respuesta a la solicitud de retractación del
veintitrés (23) de enero de 2025 puesto que como en ese momento lo indicó en
primera y segunda instancia el Honorable Consejo de Estado actuando como juez
de tutela, no demostró ningún de sus afirmaciones relacionadas con el hermano, Dr.
Enrique Vargas Lleras».

Señala que estas afirmaciones que vulneraron sus derechos fundamentales al
buen nombre y a la honra «al no contar con ningún elemento» que las respalde, ni
«denuncia frente alguna irregularidad que pudiese probar» deben dar lugar a «la
retractación, conforme a los artículo 14 de la Convención Americana de Derechos
Humanos y 20 de la Constitución Política así como la jurisprudencia constitucional,
aplicada por el Honorable Consejo de Estado, instrumento adecuado para
salvaguardar los derechos trasgredidos».

En apoyo de sus argumentos, el accionante cita pronunciamientos de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional y de esta

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Corporación, sobre los límites a la libertad de expresión2 y la mayor responsabilidad
que, en su ejercicio, puede exigirse a los servidores públicos.

1.4. Trámite de la demanda

El expediente pasó al Despacho para este fallo de tutela en primera instancia, el día
9 de abril de 2025. El proyecto de fallo fue registrado por el magistrado ponente el
25 de abril. Como no obtuvo la mayoría requerida para su aprobación, mediante
auto del 22 de mayo del año en curso, se ordenó sortear un Conjuez,
correspondiendo la designación al doctor Juan Carlos Galindo Vachá de
conformidad con el resultado del sorteo efectuado el 26 de mayo de 2025.

En el trámite del proceso, previo al paso al Despacho para fallo, se realizaron las
siguientes actuaciones: (i) Recibida la solicitud de tutela, el 10 de febrero de 2025
los magistrados que integran esta Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado declararon encontrarse incursos en la causal
de impedimento prevista en el numeral 6º del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal (ii) Surtidos los trámites correspondientes, mediante auto de
11 de marzo último, la sala de Conjueces de esta sección (Conjuez Ponente:
Germán Lozano Villegas) resolvió declarar infundado el impedimento manifestado
por los magistrados Gloria María Gómez Montoya, Pedro Pablo Vanegas Gil, Luis
Alberto Álvarez Parra y Omar Joaquín Barreto Suárez, y también declarar infundado
el impedimento propuesto por el conjuez Diego Andrés González Medina, para
conocer de la presente acción de tutela; (iii) Mediante auto del 27 de marzo de 2025,
el magistrado ponente admitió la acción de tutela; reconoció personería al abogado
Luis Mario Hernández Vargas, para actuar en representación judicial de la parte
actora, en los términos y para los efectos del poder conferido; dispuso tener como
pruebas los documentos aportados con la solicitud de tutela, con el valor probatorio
que les corresponda según la ley; y ordenó notificar esta decisión al accionante y
como demandado al presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

2
Corte Constitucional, Sentencia SU – 420 de 2019 (Magistrado Ponente: Dr. Jose Fernando Reyes
Cuartas) y Sentencia T-203 de 2022 (Magistrada Ponente: Dra. Diana Fajardo Rivera).

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1.5. Contestación de la demanda de tutela

Remitidas las respectivas comunicaciones, la demanda fue contestada por la
abogada Carolina Jiménez Bellicia3 quien se identificó como «apoderada del
presidente de la República, de acuerdo con el Decreto 245 de 2019 y el poder
especial que adjunto, y de delegada de la Presidencia de la República, de
conformidad con la Resolución Interna SJ 02 del 3 de mayo de 2023 de la
Presidencia de la República».

En lo esencial, sostiene que (i) la publicación del presidente de la República es una
opinión de carácter político y no un mensaje donde se haya difundido información,
como erradamente indica el accionante; (ii) la publicación del presidente de la
República del 8 de diciembre de 2024 no constituye una imputación sobre la
comisión de una conducta ilícita contra Germán Vargas Lleras; (iii) las declaraciones
del presidente de la República sobre «si tienen sus hermanos viviendo de los
dineros públicos de la salud» y «que la justicia penal debe establecer en los hechos
sucedidos en la Nueva EPS o Coosalud EPS, han dejado perder billones de pesos
del pueblo» no fueron falsas ni inexactas.

Considera que la presente acción de tutela debe ser declarada improcedente,
porque existe una falta de legitimación en la causa por activa pues «el accionante
no solo busca la protección de sus derechos fundamentales, sino que también
pretende que se analicen afirmaciones realizadas respecto de su hermano, el señor
Enrique Vargas Lleras, sin que para este segundo caso allegue al proceso un
mandato que legitime la aludida representación y, en su defecto, sin explicar o
justificar las razones por las cuales estaría actuando también como agente oficioso
de este. Esta situación obliga a delimitar el alcance de la presente controversia, ante
la imposibilidad del actor de abrogarse la representación de terceras personas».

Y agrega que, además de las razones de improcedencia, el amparo solicitado debe
ser negado pues, si se «realiza un análisis conjunto de la publicación del 08 de
diciembre de 2024 y de la respuesta entregada al accionante del 23 de enero de
2025, se observa que no se configura vulneración alguna a sus derechos
fundamentales, dado que la publicación se trató de una opinión y no de difusión de
información, en esta no se realizaron imputaciones directas sobre la comisión de

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conductas ilícitas al actor y solo se cuestionó su «autoridad moral», por lo que la
publicación se enmarca dentro de una crítica legítima en el debate político amparado
por la libertad de expresión».

Sostiene, en síntesis, que la publicación del presidente de la República del 8 de
diciembre de 2024:

(i) es una opinión de carácter político y no un mensaje donde se haya
difundido información, como erradamente indica el accionante. De allí
que el estándar que debe aplicarse al poder-deber que asiste al primer
mandatario deba analizarse desde la emisión de un juicio personal y
subjetivo sobre asuntos de interés público;
(ii) no constituye una imputación sobre la comisión de una conducta ilícita
contra Germán Vargas Lleras. Su comentario se enmarcó en el debate
político, cuestionando su “autoridad moral”. La crítica del primer
mandatario no configura una acusación penal al accionante, sino que
plantea un cuestionamiento a varios actores políticos del país, por lo
que no vulneró su derecho al buen nombre ni la honra;
(iii) no faltó a la verdad y cumplió con el requisito de verificación mínima
aplicable a las opiniones políticas: “Como se aclaró en la respuesta
entregada el 23 de enero de 2025, al momento de realizar la
publicación cuestionada ya existían investigaciones penales en curso
sobre presuntas irregularidades cometidas por Exmiembros de la
Junta Directiva de la Nueva EPS. El mensaje sólo hizo referencia a las
investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación;
(iv) no se basó en los mismos supuestos fácticos que rodearon el mensaje
analizado dentro del proceso que cursó ante el Consejo de Estado
bajo el Rad. 11001031500020240388900/01/02. El presidente de la
República ya cumplió con la orden judicial derivada de dicho proceso
y dejó claro que las situaciones de la Nueva EPS se enmarcan en
presuntas irregularidades que deben ser investigadas por las
autoridades competentes, las cuales ya son de conocimiento de la
Fiscalía General de la Nación”;
(v) debe entenderse dentro del marco de un debate político legítimo. La
libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a los
actores políticos expresar sus opiniones y críticas sobre cuestiones de
interés público, como la reforma a la salud.

Concluye destacando que la publicación forma parte de un intercambio de ideas
sobre la crisis actual del sistema de salud y la necesidad de que este sea reformado

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y el cuestionamiento sobre la «autoridad moral» de Vargas Lleras es una opinión en
el marco de una confrontación política legítima.

El contexto de las referencias planteadas por el accionante en la publicación del 08
de diciembre de 2024, y en la comunicación del 23 de enero de 2025, deben
analizarse desde la simetría entre interlocutores. En el presente caso, se trata de 2
actores que son personas de renombre, liderazgo e influencia en la política
colombiana, los cuales se encuentran en clara y evidente oposición, lo que lleva a
analizar el asunto conforme con el margen de protección y apreciación que ha
aplicado el Consejo de Estado para este tipo de casos.

1.6. Pruebas

La parte accionante presentó como pruebas: (i) Oficio con radicado No. EXT24-
00195151, «donde se solicitó al presidente la correspondiente retractación de sus
afirmaciones”; (ii) Oficio No. OFI25-00000311 /GFPU 13150001, suscrito por el
señor CARLOS ARTURO REMOLINA GOMEZ, Asesor del Grupo de Atención a la
Ciudadanía, donde estimó razonable ampliar el plazo para resolver la petición hasta
el 24 de enero de 2025; (iii) Oficio No. OFI24-00250826 /GFPU 13150001, donde el
señor CARLOS ARTURO REMOLINA GÓMEZ, Asesor del Grupo de Atención a la
Ciudadanía, negó la solicitud de retractación; (iv) Sentencia del «Consejo de Estado,
Sección Tercera, Rad No. 11001- 03 – 15 – 000 – 2024 – 03889 – 00, M.P. Martín
Bermúdez Muñoz»; (v) Sentencia del «Consejo de Estado, Sección Quinta,
Magistrada Ponente Gloría María Gómez Montoya, Rad No. 11001 – 03 – 15 -000
– 2024 – 03889 – 02, sentencia del diecisiete (17) de octubre de 2024».

La parte accionada presentó como prueba el ya mencionado oficio «OFI24-
00250826 / GFPU 13150001 del 23 de enero de 2025 y su trazabilidad de envío» y,
dentro del escrito contentivo de la contestación de la demanda, la captura o toma
de pantalla de publicaciones de los periódicos El Colombiano y el Diario del Sur, en
los cuales se informa que el señor Enrique Vargas Lleras «está enfrentando una
investigación penal por las presuntas irregularidades encontradas por la
Superintendencia de Salud en la citada EPS».

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de esta acción de tutela
de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25,
de la Sala Plena de esta Corporación.

2. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala resolver si el presidente de la República Gustavo Petro
Urrego vulneró los derechos fundamentales al buen nombre y honra de Germán
Vargas Lleras con ocasión de la publicación que hizo en la red social «X» el pasado
8 de diciembre de 2024 a las 8:11 p.m., la cual el accionante relaciona con las
publicaciones que el mismo accionado había hecho, también en la red social «X» el
28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024 y la alocución del 6 de junio de 2024.

En caso afirmativo se concederá el amparo solicitado y se ordenará la
correspondiente y adecuada rectificación.

Para resolver el problema jurídico planteado se analizarán (i) los alcances de la
libertad de expresión: (ii) los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre;
(iii) los conceptos que guían la resolución de la tensión entre esos derechos
fundamentales; (iv) la protección constitucional del discurso y el debate político; (v)
discursos o intervenciones públicas del presidente de la Republica: diferencias entre
las manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos
sobre asuntos de interés general y declaraciones acerca de la política oficial.

3. La libertad de expresión, la protección constitucional del discurso (y
debate) político y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra

3.1. La Constitución Política (artículo 20) garantiza «a toda persona la libertad de
expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información
veraz e imparcial, y la de fundar medios de comunicación masiva. Estos son libres
y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».

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Para la interpretación y aplicación de esa disposición constitucional, la Sala,
atendiendo a lo previsto en los artículos 93 y 94 de la misma Carta Política, entiende
que ella integra un bloque de constitucionalidad del cual hacen parte el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (artículo 19), la Declaración Universal
de Derechos Humanos (artículo 19), la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Artículo 13) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (Artículo IV), entre otros instrumentos internacionales de Derechos
Humanos.

A ese respecto, para la solución del problema jurídico planteado en este caso,
conviene destacar lo expuesto en sentencias (hito) de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sobre las restricciones permitidas a la libertad de pensamiento
y de expresión en una sociedad democrática (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica,
2004) y Ricardo Canese v. Paraguay, 2004).

Así, en el caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004) la Corte Interamericana de
Derechos Humanos hizo énfasis en que el control democrático fomenta la
transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los
funcionarios públicos sobre su gestión pública, y, en ese contexto resulta:

(…) lógico y apropiado que las expresiones concernientes a funcionarios
públicos o a otras personas que ejercen funciones de una naturaleza pública
deben gozar, (…) de un margen de apertura a un debate amplio respecto de
asuntos de interés público, el cual es esencial para el funcionamiento de un
sistema verdaderamente democrático. (...) Es así que el acento de este
umbral diferente de protección no se asienta en la calidad del sujeto, sino en
el carácter de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de
una persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más
exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir
críticas, (Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, 2004)

Y en el caso Ricardo Canese v. Paraguay (2004) también señaló que:

(…) tratándose de funcionarios públicos, de personas que ejercen funciones
de naturaleza pública y de políticos, se debe aplicar un umbral diferente de
protección, el cual no se asienta en la calidad del sujeto, sino en el carácter
de interés público que conllevan las actividades o actuaciones de una

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persona determinada. Aquellas personas que influyen en cuestiones de
interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más
exigente y, consecuentemente, en ese ámbito se ven sometidos a un mayor
riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera
privada para insertarse en la esfera del debate público. En este sentido, en
el marco del debate público, el margen de aceptación y tolerancia a las
críticas por parte del propio Estado, de los funcionarios públicos, de los
políticos e inclusive de los particulares que desarrollan actividades sometidas
al escrutinio público debe ser mucho mayor que el de los particulares (…).
(Ricardo Canese v. Paraguay, 2004).

3.2. En la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por su parte, se ha hecho énfasis
en que la libertad de expresión «protege tanto las expresiones socialmente
aceptadas como las que son inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las
expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas,
excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya
que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su
tono»4 y que existen discursos especialmente protegidos por el derecho
internacional dada su importancia para la democracia o los derechos humanos,
«entre los que se encuentran: (i) los de contenido político o sobre asuntos de interés
público; (ii) discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y
sobre candidatos a ocupar cargos públicos y (iii) los que expresan elementos
esenciales de la identidad o dignidad personales»5.

3.3. Por otra parte, el artículo 15 de la Constitución Política prevé que «Todas las
personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el
Estado debe respetarlos y hacerlos respetar».

La jurisprudencia de esta Corporación6, en coincidencia con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional7 considera que (i) el derecho al buen nombre se refiere a «la
buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito,

4
Sentencia T-219 de 2009
5
Sentencia T-145 de 2019, entre otras.
6
Expediente número 11001-03-15-000-2022-04201-00. Dte: Carlos Orlando Velásquez Murcia
Demandados: presidente de la República Iván Duque Márquez y otros, M.P. Luis Alberto Álvarez
Parra. Expediente número 11001-03-15-000-2024-03889-02. Demandante: Enrique Vargas Llerras.
Demandado: presidente de la República Gustavo Petro Urrego; M.P. Gloria María Gómez Montoya.
7
Sentencias T-411 de 1995, T-219 de 2019, T-1319 de 2001 entre otras.

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Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Gustavo Petro Urrego
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como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él»8 y el derecho
a la honra se refiere a la reputación de la persona: «la honra o reputación es externa,
llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con
independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -
el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de
nosotros –honra-»9: (ii) para que se predique una violación del derecho al buen
nombre se requiere que las afirmaciones propuestas carezcan de veracidad. El
derecho al buen nombre como expresión de la reputación o la fama que tiene una
persona, «se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin
fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo». En
un caso en que un director técnico de un equipo de futbol fue cuestionado por
ineptitud e incompetencia, la Corte Constitucional10 señala que no se aprecia
violación de la honra del demandante, pues esas imputaciones no aluden a su
personalidad «sino al ejercicio de su profesión de director técnico. Es decir, no
implican una minusvalía [del actor] como persona anónima, sino del personaje
público (…), director técnico del equipo de fútbol».

4. Caso concreto

4.1. Se cumplen requisitos de procedibilidad

4.1.1. En cuanto a la inmediatez, este requisito se encuentra cumplido, toda vez que
la acción de tutela es interpuesta dentro de un tiempo razonable y prudente, apenas
unos días después del 23 de enero de 2025 fecha en la cual, mediante el Oficio No.
OFI24-00250781 /GFPU 13150001, la Presidencia de la República contestó a la
solicitud de rectificación.

4.1.2. Por regla general la acción de tutela solo es procedente en cuanto el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial para el amparo de sus derechos, pero
la jurisprudencia constitucional es pacifica en aceptar que, aunque los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre gozan de protección civil y penal, no es
necesario agotar esos medios de defensa para acudir al juez de tutela en solicitud
de amparo de los mismos.

8
Sentencia T-411 de 1995
9
Sentencia C-063 de 1994
10
Sentencia T-1319 de 2001

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Así, el amparo constitucional resulta ser «un medio de defensa eficaz e
independiente de la protección penal o civil que pudiera obtener un tutelante, y
además, permite la armonización de derechos como la libertad de información y el
buen nombre y honra de las personas, en el ámbito de los derechos
fundamentales». En este sentido hay numerosas decisiones en la jurisprudencia de
la Corte Constitucional11. En el mismo sentido se ha pronunciado esta Corporación,
entre otras en la sentencia de 25 de agosto de 202212 en la cual se consideró que
la petición de amparo (…) elevada contra el entonces presidente de la Republica
Iván Duque Márquez y otros «satisface el requisito de subsidiariedad, comoquiera
que, pese a que existen otros mecanismos judiciales ante las jurisdicciones penal y
civil, lo cierto es que estas no excluyen la presentación autónoma de la acción de
tutela por presentar objeto y pretensiones disímiles».

4.1.3. La parte accionada sostiene que el accionante “no acredita los requisitos para
poder promover el mecanismo constitucional a nombre de un tercero. Ello obliga a
delimitar el alcance de la presente controversia para que esta se circunscriba
exclusivamente a la persona del actor y no se extienda en favor de quien no acreditó
representar”.

Al respecto, precisa la Sala que el accionante no carece de legitimación en la causa
por activa, pues, aunque haya una referencia a sus hermanos, el accionante en este
caso no está reclamando la protección de los derechos fundamentales de ellos, sino
los suyos propios. En efecto, las declaraciones en el sentido de que él no tiene
autoridad moral para intervenir en el debate público sobre las eventuales reformas
a la salud por cuanto, como afirma el accionado, sus hermanos viven “de los dineros
públicos de la salud” le confiere innegablemente “un interés directo y particular”
respecto de la solicitud de amparo.

4.2. Las partes actúan a través de apoderados judiciales. Se encuentran
cumplidos los requisitos del apoderamiento en sede de tutela

La demanda fue presentada por el abogado Luis Mario Hernández Vargas, en
ejercicio del poder específico conferido por Germán Vargas Lleras. En el auto

11
Ver sentencias C-255 de 1997, T-622 de 1995 y T-219/09, entre otras.
12
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admisorio de la demanda se reconoció la correspondiente personería para actuar
del abogado Luis Mario Hernández, en representación judicial de la parte actora, en
los términos y para los efectos del poder conferido.

Por otra parte, la demanda fue contestada por la abogada Carolina Jiménez Bellicia,
identificada con CC 52.072.538 y tarjeta profesional de abogado 178.803 del CSJ,
quien se identificó como «apoderada del presidente de la República, de acuerdo
con el Decreto 245 de 2019 y el poder especial que adjunto, y de delegada de la
Presidencia de la República, de conformidad con la Resolución Interna SJ 02 del 3
de mayo de 2023 de la Presidencia de la República».

Al respecto se observa que, efectivamente, (i) conforme a lo previsto en el artículo
1º del Decreto 245 de 2019 se ha delegado en el Secretario Jurídico del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República la facultad de
notificarse, representar y conferir poderes en nombre del Presidente de la
República, en todas las actuaciones prejudiciales, las conciliaciones extrajudiciales
y los procesos judiciales que le sean notificados, los que se constituya en parte y
en general en todas las actuaciones que se surtan ante la Rama Judicial y ar la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); y (ii) mediante Resolución SJ-02 de 2023,
se ha delegado en Carolina Jiménez Bellicia, asesora de la Secretaría Jurídica de
la Presidencia de la República «la facultad de notificarse, representar y conferir
poderes en las acciones constitucionales de tutela y Habeas Corpus en los que se
constituya como parte la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de
la República». Procede, entonces, reconocer personería a la abogada Carolina
Jiménez Bellicia para actuar en representación judicial de la parte accionada, en los
términos y para los efectos del poder conferido.

4.3. Criterios y parámetros constitucionales para resolver el problema jurídico
planteado, de la tensión entre el derecho a la libertad de expresión del
accionado y los derechos fundamentales al buen nombre y la honra del
accionante

Para resolver el problema jurídico planteado, de la tensión entre el derecho a la
libertad de expresión del accionado y los derechos fundamentales al buen nombre
y la honra del accionante, la Sala acoge los siguientes criterios y parámetros
constitucionales, que también corresponden a los pronunciamientos de las cortes y
organismos internacionales de derechos humanos: (i) presunción de primacía de la

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libertad de expresión frente a otros principios constitucionales; (ii) situaciones de
asimetría / simetría entre el accionante y el accionado y relación con el discurso y
el debate políticos; y (iii) diferencias entre derecho de opinión y derecho de
información, así como reconocimiento de las zonas de penumbra o borrosas entre
uno y otro.

Lo anterior debe reflejarse en (a) el margen más o menos amplio en el ejercicio de
la libertad de expresión (y margen más o menos reducido de protección de los
demás derechos en tensión); (b) la carga argumentativa y la carga probatoria, mayor
o menor, que debe soportar quien busca la rectificación o ejerce la acción de tutela;
(c) el equilibrio entre los derechos en conflicto variará, dependiendo del tipo de
discurso del que se trate, y del contexto en el cual se ejerza13.

Dentro del rango de tipos de discursos protegidos por la libertad de expresión en
sentido estricto, el mayor grado de protección se provee al discurso político y al
debate sobre asuntos de interés público, así, «el discurso político está sujeto a
menores limitaciones y quienes se vean afectados por él, concretamente las figuras
públicas, deben soportar una carga mayor en el ámbito de sus derechos a la honra,
intimidad y buen nombre»14.

4.4. Discursos o intervenciones públicas del presidente de la Republica.
Manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los
ciudadanos sobre asuntos de interés general y declaraciones acerca de la
política oficial

Conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación15 en
ejercicio del «poder-deber» que tiene el presidente de la República de mantener un
contacto permanente con los ciudadanos, a través de sus discursos o
intervenciones públicas, es posible distinguir dos escenarios: (i) las manifestaciones
que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general; y (ii) las declaraciones en las que, más allá de la transmisión objetiva
de información, se indican cuestiones acerca de la política oficial, defienden su

13
Entre otras, Sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional
14
Ibidem
15
Entre otras, sentencia de octubre 1º de 2021, subsección C de la Sección Tercera (M.P. Jaime
Rodríguez Navas). Expediente radicado con el número: 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC) Corte
Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.

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gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca de algún asunto,
casos estos últimos en los cuales caben apreciaciones subjetivas formuladas a
partir de criterios personales19.

En el primero de los escenarios, en el que el presidente de la República tiene la
intención de presentar una información como autentica, son exigibles las cargas de
veracidad e imparcialidad16, conforme al artículo 20 Superior17, para así evitar
cualquier tipo de manipulación en la construcción de la opinión pública.

En el segundo, no existe el propósito de trasmitir una información, sino de exponer
una apreciación personal y subjetiva sobre un determinado asunto; por lo que no es
exigible «la estricta objetividad»18. Sin embargo, en este último evento, las
opiniones deben ser formuladas a partir de un mínimo de justificación fáctica real y
de criterios de razonabilidad; lo que, en criterio de la Corte Constitucional, conduce
a la «verificación del sustento de estas para evaluar si resultan totalmente
infundadas o si, por el contrario, ofrecen un sustento razonable que las haga dignas
de la protección a la libre expresión establecida en la Constitución19».

En el caso a que se refiere la sentencia de octubre 1º de 2021 de subsección C de
la Sección Tercera20, esta Corporación consideró que «dado el contexto en el que
se hicieron las aseveraciones (una ceremonia religiosa), la afirmación rendida por
el presidente de la República no tenía como finalidad trasmitir una información
objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general, sino que aconteció
como parte de la intención de rendir un discurso en respuesta a la temática central
que fue motivo de la realización del evento» (…). Por tanto, la manifestación del
presidente de la República se presenta como una apreciación subjetiva formulada
a partir de opiniones personales, que no está sujeta a las cargas de veracidad y
objetividad, que rigen en el derecho a la información, pero de la que sí es exigible
que su formulación responda a un mínimo de justificación fáctica real y a criterios
de razonabilidad, concluyó que «la aseveración del Jefe de Estado no vulnera los
derechos de las accionantes a la honra, al buen nombre y a la protesta social» pues

16
Al respecto, consultar, entre otras, la sentencia T-391 de 2007.
17
“Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”.
18
Corte Constitucional. Sentencias T-1191 de 2004 y T-276 de 2015.
19
Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 2016.
20
Expediente radicado con el número: 11001-03-15-000-2021-04934-00(AC)

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aunque «no haya certeza absoluta de la cifra planteada por el Presidente de la
República (…) no resulta irrazonable tal consideración, pues de los documentos
académicos expuestos sí es posible establecer como un sustento fáctico real, el
hecho de que las manifestaciones sociales, por generar aglomeraciones, sí pueden
incidir en el aumento de contagios por Covid-19, en un país o ciudad, y
posteriormente, en el número de personas fallecidas».

Esta Sala en la sentencia de 25 de agosto de 202221 ante una petición de amparo
(…) elevada contra el entonces presidente de la Republica Iván Duque Márquez,
consideró que «dichas declaraciones del señor Iván Duque Márquez se
circunscriben a la esfera analítica y conceptual propia que forman parte de su
opinión personal respecto a la situación jurídica en la que se encontraba con ocasión
de la decisión adoptada por el referido tribunal (…). Su sentir, lejos de cruzar el
límite del derecho a la libertad de expresión previsto en el artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia, se amparó en la facultad que todos los
colombianos tienen de expresar y difundir su propio pensamiento e ideas formadas
(…) no es pertinente avalar el reclamo del accionante debido a que el señor Duque
Márquez, si bien fungía como suprema autoridad administrativa, lo cierto es que
sería inconstitucional omitir que también es un ciudadano colombiano que puede
exigir y ejercer sus derechos fundamentales que, en el asunto concreto, se refiere
a la libertad de expresión y opinión».

4.5. Zonas de penumbra o borrosas entre la libertad de opinión y el derecho
de información

De lo expuesto anteriormente parece muy clara la distinción entre las
manifestaciones que pretenden trasmitir información objetiva a los ciudadanos
sobre asuntos de interés general y las declaraciones en las que, más allá de la
transmisión objetiva de información, se indican cuestiones acerca de la política
oficial, defienden su gestión, responden a sus críticos, o expresan su opinión acerca
de algún asunto. Se ha dicho, incluso, que es en estos últimos casos es donde
caben apreciaciones subjetivas formuladas a partir de criterios personales. Sin
embargo, es necesario reconocer, como lo destacaba Ekkehart Stein22, que bajo la

21
Expediente número 11001-03-15-000-2022-04201-00. Dte: Carlos Orlando Velásquez
Murcia Demandados: presidente de la República Iván Duque Márquez y otros
22
Derecho Político. Biblioteca Jurídica Aguilar, Madrid. 1973.

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expresión «opiniones», muchos en la doctrina solo comprenden «los juicios, es
decir, las posiciones de contenido valorativo, no las simples comunicaciones de
hechos», pero ello «no es completamente claro, porque no existen, desde el punto
de vista de la teoría del conocimiento, meras comunicaciones de hechos sin
contenido valorativo, especialmente cuando se trata de sucesos en los cuales la
audiencia está interesada: cuando se trata de sucesos coetáneos».

Toda «mera comunicación de hechos» contiene siempre una toma de posición
sobre las fuentes de información y un juicio valorativo que consiste en declarar que
los hechos han ocurrido así y no de otra manera. Por otra parte, en relación con la
formación de la opinión pública, juegan un papel decisivo las afirmaciones sobre
determinados hechos. Piénsese, p. ej., en la información pública de errores del
Gobierno y de la Administración. Es inconciliable con el significado histórico de la
libertad de opinión excluir de la protección de este derecho fundamental
precisamente aquellas comunicaciones sobre las cuales existe una seguridad
subjetiva, es decir, aquellas que poseen mayor fuerza de convicción».

Por ello, como se ha destacado reiteradamente en la jurisprudencia de las Cortes
internacionales de derechos humanos y en nuestra propia jurisprudencia
constitucional, el equilibrio entre los derechos en conflicto variará, dependiendo del
tipo de discurso del que se trate, y del contexto en el cual se ejerza, lo cual no
siempre admite, ex ante, formulas muy generales y requerirá, más bien, un análisis
muy específico en cada caso concreto.

En todo caso, la intervención del juez constitucional se limita a amparar el derecho
fundamental al buen nombre y a la honra, cuando a ello haya lugar, pero no le
corresponde a la jurisdicción constitucional, de manera general, controlar ni la
corrección ni la veracidad de los discursos o debates políticos, una labor que, dicho
sea de paso, sería una tarea ímproba. Ello conduciría a que, desde los casos más
destacados nacionalmente hasta las controversias locales, el juez de tutela se
dedicara a filtrar las afirmaciones de los políticos y concluir quién dice la verdad y
quién miente. Todo eso es parte del debate político y en condiciones no asimétricas
es la opinión pública y los ciudadanos en las urnas (y, en general, en las instancias
democráticas de decisión) quienes expresan a quien le creen o a quien le dan la
razón.

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4.6. Aplicación de parámetros para resolver la tensión entre la libertad de
expresión en el discurso o debate político y los derechos fundamentales al
buen nombre y a la honra

Como queda expuesto, los parámetros que la jurisprudencia constitucional y las
cortes internacionales de derechos humanos han elaborado para resolver la tensión
entre la libertad de expresión en el discurso o debate político y los derechos
fundamentales al buen nombre y a la honra, son solo una guía y deben ser
analizados para cada caso y, en conjunto.

Así, el margen de protección de un ciudadano particular, que no es un personaje
público ni es un alto funcionario del Estado en cualquiera de sus ramas, es sin duda
muy amplio e, incluso, la jurisprudencia constitucional le reconoce un estado de
indefensión cuando busca la protección de su buen nombre y honra ante los medios
de comunicación, los altos funcionarios del Estado y los personajes públicos.

La más intensa de esta protección se produce cuando invoca el amparo frente
hechos falsos o distorsionados, pero también puede recaer sobre el área de
penumbra entre la libertad de opinión y el derecho a la información, e, incluso, ante
opiniones ofensivas o irritantes de tales personas. Las cortes internacionales de
derechos humanos, la Corte Europea, la Corte Suprema de Estados Unidos y
nuestra jurisprudencia constitucional reconocen esa relación profundamente
asimétrica (de poder) entre unos y otros.

Por otra parte, esta Sala reitera lo sostenido en las sentencias de 13 de junio de
202423 y del 17 de octubre de 202424, en el sentido de que «el poder-deber de
comunicación de los funcionarios públicos con la Nación exige agotar una mínima
justificación fáctica, de modo que, no basta con aludir genéricamente a la supuesta
notoriedad pública que ostenta el accionante», pero es claro también que la libertad
de expresión en el discurso o debate político está en la esencia de la democracia al
punto que es absolutamente inconcebible una a falta de otra. Por ello:

23
Expediente número 11001-03-15-000-2024-02507-00. Demandante: Alejandro Gaviria Uribe.
24
Expediente número 11001-03-15-000-2024-03889-02. Demandante: Enrique Vargas Lleras.
Demandado: presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

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(i) Cuando se trata de la discusión política o el debate público entre personas
que evidentemente no están en una relación asimétrica de poder, como un
alto funcionario del Estado y un personaje político ampliamente reconocido,
se aplican criterios distintos para resolver la tensión entre la libertad de
expresión y los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra;

(ii) Como se precisó, los parámetros deben ser analizados para cada caso y, en
conjunto, «pues están todos relacionados directa o indirectamente, por ello,
solo si se valoran de manera agregada permiten resolver de forma adecuada
la tensión entre derechos». A ese respecto se ha considerado oportuno
advertir también que en cuanto a tales parámetros:

no se trata de una lista taxativa (…) son solo una guía (…) para
orientar la labor del juez al resolver cada caso. Así, le corresponde al
juez adelantar un balance complejo y minucioso entre la amplia
protección que debe recibir la libertad de expresión y la garantía de
derechos como el buen nombre y la honra o la intimidad, «apuntando
siempre a buscar la medida menos lesiva para libertad de
expresión, pero asegurando al mismo tiempo que el ejercicio de esta
no sea usado como una herramienta de difamación y desinformación
en tiempos en donde las «noticias falsas” se apoderan de la opinión
pública y se propagan rápidamente a través de los distintos escenarios
digitales». Este análisis debe incorporar, a su turno, los límites
constitucionales a la libertad de expresión.

4.7. la parte accionada vulneró los derechos fundamentales a la honra y al
buen nombre invocados por el accionante

4.7.1. La apoderada del accionado no niega la autoría de la publicación en la red
social «X» del 8 de diciembre de 2024 a las 8:11 p.m., a la cual se refiere el
accionante. Por ello el debate se centra en el alcance de las afirmaciones contenidas
en esa publicación.

El accionante considera que el presidente de la República desconoció sus derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre, «comoquiera que en la publicación
censurada señaló que Germán Vargas Lleras, no tiene autoridad moral para
oponerse a la ley de reforma a la salud, debido a que tiene hermanos viviendo de
los dineros públicos de la salud que han hecho perder billones de pesos» y es claro
«que no existe ningún tipo de gestión de lo que se logre inferir que lo publicado

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corresponde a la realidad, lo cual no se constata en ningún momento en la
publicación reprochada y tampoco en la respuesta a la solicitud de retractación del
veintitrés (23) de enero de 2025».

Para la parte accionada la publicación del presidente de la República del 8 de
diciembre de 2024 es una opinión de carácter político y no un mensaje donde se
haya difundido información, «como erradamente indica el accionante»; «no
constituye una imputación sobre la comisión de una conducta ilícita contra Germán
Vargas Lleras»; y sus declaraciones sobre «si tienen sus hermanos viviendo de los
dineros públicos de la salud» y «que la justicia penal debe establecer en los hechos
sucedidos en la Nueva EPS o Coosalud EPS, han dejado perder billones de pesos
del pueblo» no fueron falsas ni inexactas. Advierte, además, que esa publicación
del 08 de diciembre de 2024 «no se basó en los mismos supuestos fácticos que
rodearon el mensaje analizado dentro del proceso que cursó ante el Consejo de
Estado bajo el Rad. 11001031500020240388900/01/02» y precisa que el presidente
de la República «ya cumplió con la orden judicial derivada de dicho proceso y dejó
claro que las situaciones de la Nueva EPS se enmarcan en presuntas
irregularidades que deben ser investigadas por las autoridades competentes, las
cuales ya son de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación».

4.7.2. Por supuesto, las consideraciones propias de las sentencias proferidas por
esta sección el 17 de octubre de 202425 y el 27 de agosto de 2024 por la Subsección
B de la Sección Tercera de esta Corporación, que amparan los derechos
fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante en ese caso, Enrique
Vargas Lleras, no pueden trasladarse íntegramente a la solución del caso ahora
planteado porque (i) los hechos no son idénticos; (ii) el contexto puede haber
variado; y (iii) el ahora accionante Germán Vargas Lleras es un personaje con un
mayor reconocimiento público (quien por varios años ha participado en la discusión
política y el debate público e incluso ha sido candidato presidencial; senador;
ministro del interior y de justicia; ministro de vivienda, ciudad y territorio; y
vicepresidente de la Republica), de quien no resultaría adecuado decir que se
encuentra en una relación asimétrica con el accionado, así este sea el presidente
de la República.

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Sin embargo, como se precisa a continuación, esas consideraciones de las
mencionadas sentencias son una referencia necesaria en este caso. En efecto, en
sentencia del 17 de octubre de 202426, esta sección confirmó la sentencia proferida
el 27 de agosto de 2024 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, Subsección
B, que amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de su
hermano Enrique Vargas Lleras y ordenó «al señor presidente de la República,
Gustavo Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, se retracte y presente excusas públicas al
accionante por las publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024
y la alocución del 6 de junio de 2024. Para el cumplimiento de la orden, el
pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes
sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de
<<@petrogustavo>>».

En ese caso, para la Sala resultó claro que «las opiniones realizadas por el señor
presidente de la República no se enmarcan en un debate político acerca de cómo
ha sido manejado el sistema de salud en forma general, sino que se trata de
imputaciones realizadas de manera concreta y específica a personas determinadas,
sin que dentro del plenario obre prueba siquiera sumaria que permita acreditar que
tal circunstancia se hubiese verificado de manera previa a su divulgación (…). De
forma tal, que no podría considerarse que las declaraciones realizadas por el hoy
accionado se encuentran dirigidas a expresar una crítica o un cuestionamiento
sobre el manejo de un tema de interés general como lo es alegado, ni mucho menos
que se enmarcan en un debate político y público como se pretende hacer valer». Y,
por otra parte «al haberse demostrado que en las publicaciones objeto de
cuestionamiento, el accionado hizo referencia expresa a la familia del accionante,
por el presunto desfalco generado al sistema general de salud, sin que se hubiere
demostrado que para la divulgación de dicha información el accionado hubiese
sometido la misma a las cargas mínimas de veracidad e imparcialidad, esta Sala
confirmará la decisión adoptada por la Sección Tercera de esta colegiatura en
primera instancia».

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Expediente número 11001-03-15-000-2024-03889-02. Demandante: Enrique Vargas Llerras.
Demandado: presidente de la República Gustavo Petro Urrego.

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Demandante: Germán Vargas Lleras
Demandado: Gustavo Petro Urrego
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00631-00

4.7.3. En una lectura de la publicación del presidente de la República del 8 de
diciembre de 2024, aislada de sus publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4
de junio de 2024 y de la alocución del 6 de junio de 2024, podría interpretarse, como
lo sostiene la parte accionada en su intervención en el trámite de esta solicitud de
amparo, que es «una opinión de carácter político y no un mensaje donde se haya
difundido información” pero ello constituiría una lectura absolutamente fuera de
contexto».

Las declaraciones en el sentido de que los hermanos del accionante viven «de los
dineros públicos de la salud» tampoco pueden interpretarse en el sentido, muy
benigno, que le atribuye el apoderado del accionado de que la referencia «al
hermano de Germán Vargas Lleras en la publicación del 08 de diciembre de 2024
se enmarcó en el hecho que este ejerció como miembro de la Junta Directiva de la
Nueva EPS, cargo por el que se perciben honorarios, sin que esto implique, por sí
solo, que exista un uso indebido de los recursos públicos o una irregularidad
administrativa». Razonablemente ese no es el alcance de las afirmaciones del
accionado en el contexto de las que previamente hizo en las mencionadas
publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024 y de la alocución
del 6 de junio de 2024. Menos aun cuando todas esas declaraciones emergen en el
contexto de un informe preliminar presentado por el agente interventor de la Nueva
EPS designado por la Superintendencia Nacional de Salud.

La lectura más plausible de la publicación del 08 de diciembre de 2024, interpretada
en conjunto con las publicaciones del 28 de mayo, 31 de mayo y 4 de junio de 2024
y de la alocución del 6 de junio de 2024, es que sobre las irregularidades que se
investigan administrativamente en la Nueva EPS (y otras entidades promotoras de
salud) ya se han individualizado responsables, los cuales serían los hermanos del
accionante, por lo cual este carecería de autoridad moral para intervenir en los
debates sobre la reforma del sector. En contrario, esta sección, en la sentencia del
17 de octubre de 202427, en la cual esta sección confirmó la sentencia proferida el
27 de agosto de 2024 por la Subsección B, de la Sección Tercera de esta
Corporación concluyó que «las opiniones realizadas por el señor presidente de la
República no se enmarcan en un debate político acerca de cómo ha sido manejado
el sistema de salud en forma general, sino que se trata de imputaciones realizadas

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Expediente número 11001-03-15-000-2024-03889-02. Demandante: Enrique Vargas Llerras.
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de manera concreta y específica a personas determinadas, sin que dentro del
plenario obre prueba siquiera sumaria que permita acreditar que tal circunstancia se
hubiese verificado de manera previa a su divulgación (…) De forma tal, que no
podría considerarse que las declaraciones realizadas por el hoy accionado se
encuentran dirigidas a expresar una crítica o un cuestionamiento sobre el manejo
de un tema de interés general como lo es alegado, ni mucho menos que se
enmarcan en un debate político y público como se pretende hacer valer».

En síntesis, por el contexto de las publicaciones es dable entender que el informe
preliminar ya citado individualiza responsabilidades, y que esa es la fuente del
presidente de la República, pero no lo hace ni en relación con el accionante en el
proceso que dio lugar a la sentencia de tutela citada ni en relación con el accionante
en este proceso.
Resulta entonces que, estando en curso investigaciones administrativas (y ahora
también penales) sobre posibles delitos e irregularidades cometidas en el manejo
de los recursos de la Nueva EPS, el presidente de la República vulnera los derechos
a la honra y el buen nombre cuando, del conjunto de sus publicaciones o de alguna
de ellas, emerge una individualización de responsables que no se desprende o
corresponde a los informes y avances de esas investigaciones.

En síntesis, la publicación del 8 de diciembre de 2024 se produce como continuación
de las publicaciones de mayo y junio de 2024, producidas en el específico contexto
de la entrega del informe del interventor de la Nueva EPS, por lo cual, una persona
desprevenida podría pensar razonablemente que son parte de las conclusiones del
informe. En ese sentido, debe concluirse que la parte accionada vulneró los
derechos fundamentales a la honra y al buen nombre invocados por el accionante,
por lo cual se concederá el amparo solicitado.

Conviene precisar, sin embargo, que (i) tratándose de investigaciones
administrativas y penales que se encuentran en curso, este pronunciamiento no
tiene, por supuesto, otro alcance que amparar tales derechos, sin perjuicio de los
avances y decisiones que se produzcan en la actividad de las autoridades
competentes, ni del deber que el presidente de la República tiene de formular las
denuncias correspondientes y de aportar elementos de prueba de que disponga
para el avance de tales investigaciones y el esclarecimiento de los hechos
criminales y sus responsables; y, (ii) la orden que se impartirá al accionado es la de

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que se retracte por la publicación del 8 de diciembre de 2024, a que se refiere ésta
acción de tutela, en el sentido de que de los informes oficiales por él hasta ahora
recibidos, no individualizan al accionante o sus hermanos como responsables de
las irregularidades administrativas o eventuales delitos que se investigan en el
manejo de los recursos de la Nueva EPS o de otras empresas prestadoras de
servicio de salud y, en el mismo sentido no puede afirmarse que el accionante o sus
hermanos están viviendo de los dineros públicos de la salud que han hecho perder
billones de pesos.

5. Conclusiones

Conforme a los criterios y parámetros constitucionales aplicados para la solución
del caso planteado, hay lugar a amparar los derechos fundamentales invocados por
el accionante. Así se resolverá y se ordenará la correspondiente rectificación al
accionado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO. AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre
del accionante, Germán Vargas Lleras.

SEGUNDO. ORDÉNASE al señor presidente de la República, Gustavo Petro
Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la
presente providencia, se retracte por la publicación del 8 de diciembre de 2024, a
que se refiere ésta acción de tutela, en el sentido de que de los informes oficiales
por él hasta ahora recibidos, no individualizan al accionante o sus hermanos como
responsables de las irregularidades administrativas o eventuales delitos que se
investigan en el manejo de los recursos de la Nueva EPS o de otras empresas
prestadoras de servicio de salud y, en el mismo sentido no puede afirmarse que el
accionante o sus hermanos «están viviendo de los dineros públicos de la salud que
han hecho perder billones de pesos». Para el cumplimiento de la orden, el
pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes

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Demandado: Gustavo Petro Urrego
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sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de <<@petrogustavo>>.

TERCERO. Reconocer a la abogada Carolina Jiménez Bellicia, identificada con CC
52.072.538 y tarjeta profesional de abogado 178.803 del CSJ, como apoderada
judicial del presidente de la República Gustavo Petro Urrego en este proceso.

CUARTO. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

QUINTO. De no ser impugnada la presente providencia, remítase el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Salva el voto
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA
Conjuez

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Salva el voto
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de
radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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