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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00640-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00640-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE, la SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 35 Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00 Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00640-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. ACCIÓN DE TUTELA
CONTRA AUTOS QUE CIERRAN INCIDENTE DE DESACATO. LA
AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO VULNERÓ LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES INVOCADOS. LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE NO
DECLARAR EN DESACATO A LA ENTIDAD ACCIONADA FUE
ACERTADA Y RAZONABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los

actores contra la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “C”- del

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00
Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Los señores JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA y MARÍA DEL

PILAR BARRERA, actuando en nombre propio, en ejercicio de la

acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,

solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido

proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estiman

vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido el proveído de 30 de

octubre de 2024, dentro del incidente de desacato promovido en el

expediente de acción popular identificada con el número único de

radicación 2000-00254-01.

I.2.- Hechos

Explicaron que, el 17 de noviembre de 2000 la junta de acción

comunal del barrio “Niza Sur” presentó demanda en ejercicio de la

acción popular contra la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ2, la ALCALDÍA MAYOR DE

2
En adelante la EAAB.

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3

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BOGOTÁ3, el entonces DEPARTAMENTO TÉCNICO

ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE hoy SECRETARÍA

DISTRITAL DE AMBIENTE4 y el INSTITUTO DISTRITAL DE

RECREACIÓN Y DEPORTE – IDRD5-, con el fin de obtener la

protección de los derechos colectivos a la existencia del equilibrio

ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos

hídricos y naturales, debido a la construcción de obras en el parque

lineal ubicado en las zonas de ronda de los humedales Córdoba y

Juan Amarillo- Jaboque.

Señalaron que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 25001-23-15-000-2000-00254-00 y le correspondió en

primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 27 de

julio de 2001, ordenó la protección de los derechos colectivos y,

dispuso que la EAAB no debía iniciar obras para la “Rehabilitación

de las zonas de ronda y zonas de manejo y preservación ambiental

del Humedal Córdoba”, así como el “Plan para los diseños Hidráulicos

del Sistema Córdoba- Juan Amarillo - Jaboque”, hasta tanto no se

obtenga la respectiva licencia ambiental para la ejecución de obras

por parte de la CAR y la debida aprobación del Manual de Manejo

3
En adelante la Alcaldía.
4
En adelante Secretaria de Ambiente.
5
En adelante el IDRD

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Ambiental, previos los conceptos favorables del Ministerio del Medio

Ambiente y la concertación necesaria de las entidades y

organizaciones no gubernamentales señaladas en la parte motiva de

la sentencia.

Advirtieron que, inconforme con lo anterior junto con la EAAB,

interpusieron recurso de apelación ante la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante

providencia de 20 de septiembre de 2001, confirmó la decisión del

a quo.

Aseguraron que, con posterioridad, la EAAB suscribió el contrato de

obra núm. 1-01-25100-1436 de 2018 para la construcción del

corredor ambiental del Humedal de Córdoba, el cual implicó

excavaciones, construcción de andenes en concreto, refuerzo en

acero, entre otros, que fragmentan y endurecen los suelos de dicho

humedal.

Indicaron que la obra de construcción quedó inconclusa por

incumplimiento del contratista y representa una amenaza para los

ciudadanos que transitan la zona, pues el contrato aludido no estaba

dirigido a la construcción de infraestructura para el manejo de aguas

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residuales que continúan contaminando el humedal, sino a la

implementación de senderos innecesarios.

Manifestaron que, debido a lo anterior promovieron incidente de

desacato ante el TRIBUNAL que, mediante providencia de 30 de

octubre de 2024, declaró que no había lugar a imponer la sanción

por desacato contra la EAAB; sin embargo, conminó a las entidades

vinculadas continuar con las acciones conducentes para la

descontaminación del humedal de manera integral.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en

defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, por

cuanto se evidenció una dilación significativa en el trámite incidental

y una omisión en la adopción de medidas que garantizaran el

cumplimiento efectivo del fallo.

Mencionaron que la decisión cuestionada también incurrió en el

defecto fáctico, pues no se valoró de manera integral el acervo

probatorio, pues se omitió la valoración de las pruebas que

evidenciaban la falta de corrección de conexiones erradas y el

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impacto ambiental negativo de las obras desarrolladas por la EAAB

en el humedal.

Señalaron que se incurrió en el defecto sustantivo y en error

inducido pues, a su juicio, la decisión cuestionada consideró que el

proyecto del corredor ambiental no requería licencia ambiental, pero

esta afirmación es opuesta al fallo de 2001, ya que la orden exigió la

expedición de una licencia ambiental previa al inicio de las obras.

Aseveraron que se desconoció el régimen de usos de los humedales

establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y en el

Decreto núm. 555 de 20216, que prohíben el endurecimiento en

reservas distritales de humedal.

Señalaron que la decisión fue proferida sin motivación, pues carece

de una explicación solida sobre el por qué la EAAB cumplió con las

ordenes del fallo, aun cuando los informes evidenciaron graves

incumplimientos y afectaciones al ecosistema del humedal.

Arguyeron que la providencia cuestionada se apartó de las directrices

6
“Por el cual se adopta la revisión general del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C.¨

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establecidas en los fallos de primera y segunda instancia, pues estas

decisiones establecieron criterios claros sobre las intervenciones en

el humedal, los cuales no fueron respetados al aceptar como válidas

las obras que contradicen el propósito del fallo original, como

senderos e infraestructuras duras.

Finalmente, manifestaron que el TRIBUNAL vulneró el derecho al

ambiente sano, al avalar las obras que han generado impactos

negativos en el ecosistema del humedal.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores solicitan el amparo de

sus derechos fundamentales invocados como violados y, en

consecuencia:

“[…] 1. Se ordene dejar sin efecto el auto de octubre 30 de 2004

2. Se tutelen los derechos al debido proceso (Artículo 29 C.P) y
al Acceso a la administración de justicia (Artículo 229 C.P) y en
consecuencia

3. Se conceda el DESACATO en contra de la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá en cabeza de la gerente
general Natasha Avendaño.

4. Se sancione a los directivos responsables por las conductas
violatorias reiterativas. (Esta decisión es indispensable para

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salvaguardar el principio de supremacía judicial y garantizar el
cumplimiento efectivo de las órdenes emitidas.) […]” (Negrilla
pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que no existe vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados por los actores, ya que la decisión

cuestionada fue proferida de conformidad con las pruebas que se

aportaron al expediente.

I.5.2.- El IDRD manifestó oposición a la prosperidad de las

pretensiones, por carecer de fundamentos jurídicos que permitan

demostrar la vulneración de los derechos fundamentales invocados

por parte de la entidad.

Asimismo, consideró que la entidad no ha desacatado la sentencia de

la acción popular, ni ha vulnerado el debido proceso o el acceso a la

administración de justicia.

I.5.3.- La EAAB indicó que la solicitud de amparo debe declararse

improcedente, por cuanto los actores pretenden reabrir el debate ya

resuelto en las instancias judiciales competentes.

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Aseguró que el TRIBUNAL estableció que se han llevado a cabo

acciones positivas por parte de la entidad, motivo por el cual decidió

no dar apertura al incidente.

Resaltó que la entidad gestionó los permisos ambientales y la

ocupación de los cauces necesarios para la ejecución del Corredor

Ambiental del Humedal Córdoba. Asimismo, informó que los estudios

técnicos confirman que las obras cumplen con los criterios de

protección ambiental.

I.5.4.- La SECRETARÍA DE AMBIENTE solicitó su desvinculación

del presente trámite constitucional, por cuanto las pretensiones

planteadas por los actores recaen en el ámbito exclusivo de la

administración de justicia y no guardan relación con las competencias

técnicas y de supervisión ambiental propias de la entidad.

Afirmó que la entidad no ha vulnerado derecho fundamental alguno,

pues se ha limitado a cumplir las funciones de supervisión ambiental

y no tiene injerencia en las decisiones judiciales cuestionadas.

I.5.5.- La SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, por cuanto los

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actores no lograron demostrar que la entidad hubiere conculcado los

derechos fundamentales incoados.

Afirmó que la entidad no ostenta la calidad de sujeto generador de

la presunta vulneración de las garantías constitucionales invocadas

por los actores, pues las pretensiones no se enmarcan en una

afectación real a la comunidad del barrio Niza Sur.

Así las cosas, consideró que la entidad no está llamada a

pronunciarse acerca del fondo del asunto, por carecer de legitimación

en la causa por pasiva.

I.5.6.- La ALCALDÍA señaló que carece de legitimación en la causa

por pasiva para conocer y solucionar el asunto objeto de

controversia, esto, en razón a que las pretensiones de la solicitud de

amparo no hacen referencia a la entidad distrital, sino que se

cuestiona la providencia proferida por el TRIBUNAL como

generadora de las conductas que vulneran los derechos

fundamentales de los actores.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de

marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de las acciones de tutela entre las Secciones y asigna a

esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario

precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el

punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la

sentencia.

La Sala advierte que la SECRETARÍA DE AMBIENTE, la

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE y la

ALCALDÍA solicitaron su desvinculación en la presente acción de

tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

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Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001

de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en

la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,

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bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).

Ahora bien, comoquiera que la SECRETARÍA DE AMBIENTE, la

SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE y la

ALCALDÍA fueron vinculadas en calidad de demandadas dentro de

la acción popular identificada con el número único de radicación

2000-00254-00, objeto de cuestionamiento, les asiste interés directo

en las resultas del proceso constitucional de la referencia, razón por

la cual la Sala denegará las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en

la parte resolutiva de esta providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En

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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

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y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones

dictadas dentro del trámite incidental

La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela

contra providencias que resuelven incidentes de desacato o

solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera

excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia

de la acción de tutela contra providencias judiciales y, por tanto, se

constate una vulneración o una amenaza a los derechos

fundamentales del sancionado”7.

Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos

requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al

7
Cfr. Sentencia T-325 de 2015.

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momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia

SU- 034 de 20188, esa Corporación señaló:

«[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia
que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se
reúnan los siguientes requisitos:

i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre
ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente
si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado
jurisdiccional de consulta, si es del caso–.

ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente,
por lo menos, la configuración una de las causales específicas
(defectos).

iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben
ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del
incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a
colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el
incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas
que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y
que el juez no tenía que practicar de oficio […]».

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia 30 de octubre de 2024

proferida por el TRIBUNAL, por medio de la cual se abstuvo de

sancionar a la EAAB, dentro del incidente de desacato promovido en

la acción popular identificada con el número único de radicación

2000-00254-01.

8
M.P. Alberto Rojas Ríos.

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Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00
Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

La controversia tiene origen en el fallo de 27 de julio de 2001, por

medio del cual el TRIBUNAL ordenó la protección de los derechos

colectivos y dispuso que la EAAB no debía iniciar obras para la

“Rehabilitación de las zonas de ronda y zonas de manejo y

preservación ambiental del Humedal Córdoba”, así como el “Plan

para los diseños Hidráulicos del Sistema Córdoba- Juan Amarillo -

Jaboque”, hasta tanto no se obtenga la respectiva licencia ambiental

para la ejecución de obras.

Los actores al considerar incumplida la anterior orden, promovieron

incidente de desacato contra la EAAB, para lo cual el TRIBUNAL

mediante auto de 30 de octubre de 2024 dio por terminado el

trámite incidental y se abstuvo de sancionar por desacato a la EAAB,

al observar acciones positivas respecto el cumplimiento del fallo e

instó a la entidad a continuar ejecutando acciones para lograr la

descontaminación plena del humedal de Córdoba.

A juicio de los actores, el TRIBUNAL vulneró su derecho

fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia al dar por terminado el trámite incidental y al abstenerse de

sancionar por desacato a la allí incidentada, toda vez que la entidad

adelantó obras de construcción sin contar con las licencias previas

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exigidas contradiciendo el propósito del fallo.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si el presente caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela

contra providencia judicial dictada dentro del trámite incidental y, de

ser así, ii) determinar si el TRIBUNAL vulneró los derechos

fundamentales invocados dentro del incidente de desacato

identificado con el número único de radicación 2000-00254-01.

De acuerdo con los parámetros planteados en el acápite anterior, la

Sala examinará si en el presente caso se cumplen los requisitos de

procedencia exigidos por la jurisprudencia, esto es, si (i) la decisión

cuestionada se encuentra ejecutoriada; (ii) los argumentos de la

parte actora son consistentes con lo planteado en el trámite de los

incidentes de desacato; y (iii) se acreditan los requisitos generales

de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

(i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentra

ejecutoriada

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En el caso sub lite, el trámite incidental que se cuestiona finalizó con

la providencia de 30 de octubre de 2024, por medio de la cual se

resolvió de manera definitiva el proceso incidental por el TRIBUNAL,

por lo que este requisito se encuentra cumplido.

(ii) Los argumentos de la parte actora son consistentes con lo

planteado en el trámite del incidente de desacato, en tanto a)

no trajo a colación alegaciones nuevas y b) no solicitó nuevas

pruebas.

Los actores alegan que se debió adelantar el trámite incidental y

sancionar por desacato a la EAAB, toda vez que no se ha dado

cumplimiento a la orden judicial impartida el 30 de octubre de 2024.

Lo anterior es consistente con lo alegado durante el trámite

incidental, por lo cual la Sala estima que se cumplen los requisitos

para la procedencia de la acción de tutela.

(iii) Se acreditan los requisitos generales de procedencia de

la acción de tutela contra providencias judiciales

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Procede la Sala a verificar el cumplimiento de los requisitos generales

y causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, conforme a lo dispuesto en la sentencia C-

590 de 2005 y a la jurisprudencia vigente sobre la materia.

Se observa que la solicitud de amparo plantea un asunto de

relevancia constitucional, fundamentado en los presuntos yerros en

que incurrieron las providencias por medio de las cuales se dio por

terminado el trámite incidental y se abstuvo de sancionar por

desacato; la parte actora identifica los hechos y derechos que estima

lesionados; contra la decisión cuestionada no proceden recursos; la

acción de tutela se interpuso en un plazo razonable9; y la solicitud no

se dirige contra una sentencia de tutela.

En ese orden, la Sala procederá a estudiar si la providencia de 30 de

octubre de 2024, proferidas por el TRIBUNAL, vulneraron el derecho

fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia de los actores al dar por terminado el trámite incidental y

abstenerse de sancionar por desacato a la EAAB.

9
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).

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La controversia planteada tiene como antecedente relevante la

sentencia de 27 de julio de 2001, a través de la cual fue resuelta la

acción popular promovida por la parte actora contra la EAAB, con el

fin de obtener la protección de los derechos colectivos a la existencia

del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de

los recursos hídricos y naturales, por la construcción del parque lineal

en las zonas de ronda de los humedales Córdoba y Juan Amarillo-

Jaboque

Mediante la sentencia aludida, el TRIBUNAL dispuso el amparo de

los derechos colectivos y ordenó lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Protéjase el derecho colectivo a la existencia del
equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución. La conservación de las
especies animales y vegetales, la protección de áreas de
importancia ecológica, en consecuencia, se dispone:

1.1. ORDENASE a la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE BOGOTA, no iniciar las obras para la “Rehabilitación de las
Zonas de Ronda y Zonas de Manejo y Preservación Ambiental del
Humedal de Córdoba”, así como el “Plan para los diseños
Hidráulicos del Sistema Córdoba- Juan Amarillo - Jaboque”, hasta
tanto no se obtenga la respectiva Licencia Ambiental para la
ejecución de obras por parte de la CAR y la debida aprobación del
Manual de Manejo Ambiental, previos los conceptos favorables del
Ministerio del Medio Ambiente, y la concertación necesaria de las
Entidades y Organizaciones no Gubernamentales señaladas en la
parte motiva de esta providencia.

1.2. Negar de las demás pretensiones de la demanda […]”.

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Ante el presunto incumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo

transcrito en precedencia, la actora formuló incidente de desacato,

el cual fue decidido por el TRIBUNAL que, mediante auto de 30 de

octubre de 2024, decidió no imponer la sanción por las siguientes

razones:

“[…] 6.- Conclusiones

El incidente de desacato presentado por integrantes de la
comunidad tiene fundamento dos hechos principales de relevancia
para el análisis: i) la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Bogotá ESP adelantó el proyecto denominado “Corredor Ambiental
Humedal Córdoba” que según los incidentalistas comprende obras
que indicarían endurecimiento en el humedal de Córdoba; y, ii) el
incumplimiento de la EAAB – ESP en descontaminar el agua del
humedal de Córdoba al omitir la corrección de las conexiones
erradas de los barrios ubicados al perímetro del humedal.

Largo recorrido ha hecho esta jurisdicción en las dos instancias
para poner en escena la máxima importancia del Humedal de
Córdoba, declarado Parque ecológico distrital desde el año 2004,
cuando se expidió el decreto 190 del mismo año, dentro del plan
de Ordenamiento territorial y por efectos de la orden judicial. Es de
público conocimiento que este humedal cuenta con la certificación
ambiental mundial RAMSAR y muestra el expediente las distintas
acciones adelantadas de manera concertada con la comunidad,
para la conservación de la biodiversidad como área protegida del
Distrito capital que integra toda la estructura ecológica de la
sabana de Bogotá y conecta con los canales Córdoba y Molinos, con
el lago Club Choquenzá, Club Los Lagartos y el humedal Juan
Amarillo.

Tal como se destacó atrás el decreto 555 del 29 de diciembre de
202136, “por el cual se adopta la revisión general del Plan de
Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C. se ha elevado a norma
distrital que esta reserva es una de las definidas geográficamente
por su funcionalidad ecosistémica, de inmensa importancia para la
conservación del hábitat de especies y poblaciones, objeto de
conservación, restauración, recuperación y rehabilitación, sin

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intervenciones agresivas. Por ello efectivamente se prohíben las
obras de endurecimiento de estas reservas distritales y es
obligación de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
y la Secretaría Distrital de Ambiente, de conformidad con sus
competencias legales, efectuar los estudios, medidas y acciones
necesarias para la recuperación hidráulica y sanitaria, la
restauración ecológica y el mantenimiento de las franjas terrestres
y acuáticas. Y bajo la exigencia de la sentencia que aquí se
controla, lo harán con la aprobación de las comunidades
involucradas que vienen siendo representadas en el comité
interdisciplinario conformado para el cumplimiento del fallo judicial
expedido en el año 2001. Tal exigencia de participación comunitaria
se recogió también en ese instrumento normativo en el artículo 57,
con lo que se da cumplimiento a la directriz de la sentencia y los
pronunciamientos sucedáneos en el marco del control de
cumplimiento de la orden judicial.

Respecto al primer hecho que soportan las pretensiones, después
de escuchar el informe del comité interdisciplinario, el Tribunal no
se detendrá en el análisis, bajo el entendido que el proyecto
“Corredor Ambiental Humedal Córdoba” resulta pertinente acorde
al Plan de Manejo Ambiental del Humedal de Córdoba, que
establece:

“Se podrán realizar adecuaciones para los senderos
ecológicos, circulaciones interiores y exteriores (en ningún
caso ciclo rutas, alamedas, plazas, plazueletas duras), así
como obras civiles de estabilización hasta por el 2% del área
total del humedal equivalente a 0.8 Has como máximo”.

Igualmente, el Equipo Interdisciplinario del Humedal de Córdoba,
quienes ejercen vigilancia y control a la presente acción popular,
admiten que dicho proyecto fue concertado en el año 2012, entre
aquellos, la EAAB-ESP y la Junta de Acción Comunal del Barrio Niza
Sur; y de su análisis salta a la vista que no se trata de una obra de
endurecimiento del humedal, como lo afirman los incidentalistas,
por el contrario, “conforma una barrera efectiva para la
conservación de zonas litorales, cuidado de la fauna y flora, y el
control de ingreso a sitios no destinados para la recreación pasiva”.
El Tribunal ha constatado que el 26 de marzo de 2024 la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP entregó el proyecto
del “Corredor Ambiental Humedal Córdoba”.
Por consecuencia, no se aviene a la concertación comunitaria la
orden de demolición o sanción por dichas obras pedida por los
incidentalistas.

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Respecto al segundo hecho, el Tribunal ha hecho esfuerzos en la
búsqueda de peritaje técnico que permita tomar las decisiones
pertinentes, sin que hasta el momento fuese posible su práctica.
En un primer momento, se asignó a la Universidad Nacional para
que rindiera el peritaje, institución educativa que no aceptó, e
informó que no tenían profesionales técnicos para adelantar el
peritaje solicitado. Ante ello, se acudió a la Corporación Autónoma
Regional (CAR) de Cundinamarca para que designe a los
profesionales idóneos en la materia, y emitan el dictamen pericial
correspondiente; entidad que tampoco aceptó la designación,
argumentando, conflicto de competencias, por ser ella, la autoridad
ambiental competente para expedir, o negar, la licencia ambiental
para la ejecución de la obra que la EAAB-ESP pretende desarrollar
en el humedal de Córdoba.

De modo que no queda camino distinto que resolver el incidente
con los medios de prueba que obran en el expediente donde
participaron las partes, que conocen el desarrollo y
desenvolvimiento de toda la dinámica de vigilancia y protección del
humedal visto fundamentalmente desde la óptica interdisciplinaria
comunitaria de cara a los instrumentos técnicos de manejo de los
humedales en el Distrito y el conocimiento de hechos notorios que
no requieren prueba, admitidos por las partes.

Del análisis detenido de los medios de prueba documentales como
los informes del comité de vigilancia y tales hechos notorios, claro
es que tal como afirma el comité interdisciplinario, en ausencia de
prueba de la empresa EAAB-ESP en contrario, subsiste el problema
macro de descontaminación integral del agua del humedal por la
omisión de la EAAB-ESP en la identificación plena y en terreno, así
como el diseño y corrección concertada con los propietarios de la
conexiones erradas, presentes en el sistema de alcantarillado
pluvial aferente a los canales que alimentan el humedal Córdoba.
En especial los tres colectores pluviales (pozos 16,17 y 18), que
descargan sus aguas al sector tres del humedal de Córdoba.

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) estableció:[…]

También, en el PMA se señaló que la EAAB-ESP, mediante la
Gerencia Corporativa Ambiental, “propenderá por una
sostenibilidad ambiental, a través de acciones encaminadas al
saneamiento de sus principales cuerpos de agua (humedales,
quebradas y ríos)”.

En el caso concreto y acorde al material probatorio que obra en el
expediente desde el año 2007 la EAAB-ESP ha adelantado
contratos de obra para corregir, identificar, diseñar y corregir las

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conexiones erradas del humedal de Córdoba; los dos últimos
contratos del año 2021 y 2023. Pese a ello, la EAAB-ESP no se ha
complementado en forma íntegra el diagnóstico e identificación
plena de todas conexiones erradas, pendientes de corrección: […]

Al respecto, el Tribunal considera que la EAAB-ESP debe continuar
con el proceso de descontaminación del humedal de Córdoba, en
especial con la corrección de conexiones erradas que gran daño le
produce a la fauna, flora, y en general al ecosistema, provocando
así la perdida de la biodiversidad existente en el humedal. Lo
anterior, puesto que no hay evidencia dentro del expediente que
se estén adelantando gestiones y medidas idóneas integrales para
ese propósito; desde el año 2007, la EAAB-ESP ha intentado
corregir las conexiones erradas sin que a la fecha hubiese obtenido
éxito total en la obligación que le es propia ora por el plan de
manejo ambiental con el que se avanzó positivamente en ese
propósito, ora por la orden judicial que bajo esa égida general de
protección de este ecosistema, ordenó la protección integral del
humedal, reservorio hídrico y biodiversidad de fauna y flora.

El Tribunal advierte que todas las acciones vigiladas en el marco de
esta acción popular están dirigidas a que la EAAB-ESP bajo la
exigencia normativa y de las órdenes judiciales impartidas,
principalmente debe ocuparse hoy de la restauración ecológica y
descontaminación del humedal de Córdoba, como camino para
preservar su recurso hídrico, y con él, su flora, fauna y toda la
biodiversidad que habita en el humedal: “ochenta y cinco (85)
especies de aves. De las cuales veinticuatro (24) son acuáticas y
sesenta y una (61) son terrestres; treinta y cuatro (34) son
especies migratorias y cincuenta y una (51) son residentes. Las
especies endémicas, casi endémicas y focales para la conservación,
presentes en el humedal de Córdoba, fueron registradas en las
catorce listas”37, entre otras, que se ven amenazadas por el
retraso en el cumplimiento de las obligaciones contraídas en todo
el trámite de control y vigilancia de cumplimiento de la sentencia
de esta jurisdicción con la precisión que se hizo desde el primer
incidente de desacato, que permitió llegar a una concertación con
las organizaciones civiles, no gubernamentales y asociaciones
comunales y comunitarias del sector cercano al humedal para el
manejo integral de este reservorio hídrico de inmensa riqueza e
importancia para la sabana de Bogotá y todo el entorno nacional.
La descontaminación del humedal de Córdoba exige el concurso de
las entidades involucradas “mediante programas de acción
encaminadas al control de los vertimientos y conexiones erradas,
“con beneficios ambientales y que sirvan de soporte en el Plan de
Saneamiento y Manejo de Vertimientos-PSMV, con un enfoque de
socialización ante la comunidad”38 y de las ONGS, quienes,

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responsablemente, han estado vigilantes en el cumplimiento del
fallo de la acción popular.

Vistas así las cosas, también se conoce dentro del expediente que
después del Plan de Manejo Ambiental y con intervención de la
comunidad, y actores populares se ha hecho esfuerzos
mancomunados para evitar acciones agresivas que destruyan el
humedal. Frente ello, la comunidad pone en evidencia que las obras
adelantas por la EAAB-ESP “han cumplido con el objeto de
conservar la vida silvestre del humedal de Córdoba”, entre donde
destacan que “el agua de buena calidad que se trajo desde los
cerros orientales, en el año 2010, ha permitido mejorar la calidad
del agua en el cauce del humedal, y potenciar la vida acuática,
hasta el punto de habilitar la presencia de peces (…)”

No obstante, subsisten los problemas de contaminación y por esta
razón, con el fin de garantizar la protección de los derechos
colectivos amparados en la acción popular, y en atención a los
aspectos integrales de la sentencia, el Tribunal encuentra necesario
instar, a las entidades accionadas, en especial a la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP, para que en
coordinación con la Secretaría Distrital de Ambiente (entidad
responsable de la administración de las Reservas Distritales del
Humedal), adelanten y continúen las iniciadas acciones
conducentes a la descontaminación plena del humedal de Córdoba,
y se terminen aquellas obras que se encuentran inconclusas. Toda
actividad o acción será socializada a las comunidades y a las ONGS,
quienes, seguirán vigilando el cumplimiento de la sentencia por
parte de las entidades accionadas. Ninguna acción será aislada y
requiere de la participación de las comunidades que vienen
cumpliendo su rol de control ambiental en el Humedal de Córdoba
y su derecho de participación en las cuestiones que los afectan.
No es del caso poner medida de sanción, por ahora, hasta que se
concluya las obras adoptadas para la descontaminación; el objeto
del incidente de desacato no es en sí misma la sanción, sino
propiciar que se cumpla el fallo de la acción popular.

Por último, el expediente permanecerá en la Secretaría, para que
las entidades demuestren, periódicamente, las actuaciones
adelantadas y adoptadas para descontaminar y preservar el
humedal de Córdoba.

Para conocimiento de las partes, se remitirá al correo electrónico
registrado, la información sobre el sentido de la decisión aprobada
con copia de esta providencia. Igualmente se ordenará la remisión
de la presente providencia al Consejo de Estado para el trámite de
consulta de que trata el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991[…]”.

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De la lectura del auto de 30 de octubre de 2024, la Sala observa que

la autoridad judicial accionada luego de efectuar el análisis del

material probatorio advirtió que contrario a lo afirmado por los

actores el proyecto adelantado en el año 2012 por la EAAB, no se

trató de una obra de endurecimiento del humedal, sino que por el

contrario consistió en una barrera efectiva para la conservación de

zonas litorales, cuidado de la fauna y flora y control de ingreso a

sitios no destinados para la recreación.

En ese mismo sentido, encontró que la EAAB entregó el proyecto del

denominado “Corredor ambiental humedal Córdoba” el cual resultó

acorde al Plan de Manejo Ambiental del humedal y, por lo tanto,

consideró que no había lugar a acceder a la petición de demolición o

sanción por dichas obras.

De igual modo, al estudiar de manera detallada los medios de prueba

como los informes del comité de vigilancia, infirió que en efecto el

problema de contaminación del humedal persiste, pues a pesar de

que la EAAB en los años 2021 y 2023 adelantó actuaciones

contractuales para corregir, identificar, diseñar y corregir las

correcciones erradas del humedal Córdoba, no se ha complementado

en forma íntegra el diagnostico e identificación de todas las

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conexiones pendientes de corrección.

Por lo tanto, el TRIBUNAL a pesar de evidenciar que la problemática

de contaminación persiste en el humedal, observó que la solución a

la descontaminación de este reservorio hídrico requiere de un plan

continuado que involucre la corrección de conexiones erradas que

están causando un daño general al ecosistema.

En ese sentido, aseguró que la EAAB debe ejecutar acciones

encaminadas a la restauración ecológica y la descontaminación del

humedal en cumplimiento del fallo proferido dentro de la acción

popular, con el acompañamiento de la comunidad y las entidades

involucradas, quienes han venido ejerciendo su rol de control y su

derecho de participación.

Así las cosas, para el TRIBUNAL no había lugar a imponer la sanción

por desacato, hasta tanto la EAAB concluya las obras adoptadas para

la descontaminación del humedal córdoba, esto con el fin de propiciar

el cumplimiento efectivo del fallo.

La Sala advierte de lo expuesto en precedencia, que la autoridad

judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales invocados

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por los actores, comoquiera que la decisión contenida en la

providencia de 30 de octubre de 2024 fue proferida de conformidad

con los elementos probatorios obrantes en el expediente y, además,

efectuó una interpretación razonable de conformidad con los

fundamentos fácticos que se lograron probar al momento de resolver

el trámite incidental.

Asimismo, para la Sala es importante precisar que la jurisprudencia

constitucional ha indicado que la finalidad del incidente de desacato

no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe

considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de

la respectiva sentencia.

Al efecto, en la sentencia T-652 de 30 de agosto de 201010, la Corte

Constitucional destacó que:

“[…] El objetivo de la sanción de arresto y multa por desacato es
el de lograr la eficacia de las órdenes impartidas por el Juez de
amparo para la efectiva protección de los derechos… El objeto del
incidente de desacato, de acuerdo a la Jurisprudencia de esta
Corporación, se centra en conseguir que el obligado obedezca la
orden impuesta en la providencia… Por tal motivo, la finalidad del
mencionado incidente no es la imposición de una sanción en
sí misma sino una de las formas de buscar el cumplimiento
de la respectiva sentencia […]”. (Resaltado fuera del texto).

10
Magistrado ponente Jorge Iván Palacio Palacio, reiterada en la sentencia T-606 de 2011.

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Bajo estos presupuestos, la providencia que decide el incidente de

desacato debe precisar con claridad (i) si se incumplió la orden, para

lo cual se debe examinar cuál era la conducta ordenada, quién o

quiénes debían cumplirla y dentro de qué término y (ii) si existió

responsabilidad subjetiva del demandado en la renuencia para

acatarla.

En el presente caso, como ya se explicó, el TRIBUNAL concluyó que

si se han realizado las gestiones necesarias para lograr el

cumplimento de la orden del fallo de acción popular, en el sentido de

que las obras de construcción cuestionadas por los actores y que han

sido adelantadas por la EAAB han cumplido con el plan de manejo

ambiental del humedal Córdoba, ya que los senderos ecológicos no

han endurecido el reservorio hídrico, sino que, por el contrario,

conforman una barrera para la conservación se la fauna y la flora que

habita en ese lugar.

Ahora, debe indicarse que tal como lo dispuso la autoridad judicial

accionada, si bien el problema de contaminación del humedal

persiste, pues a pesar que la EAAB ha adelantado procesos con el

fin de corregir las correcciones erradas del humedal Córdoba, no se

ha complementado en forma íntegra el diagnostico e identificación

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de todas las conexiones pendientes de corrección, se debe tener en

cuenta que la solución a la descontaminación de este reservorio

hídrico requiere de un plan de acción continuado por parte de la

EAAB que debe ejecutar acciones encaminadas a la restauración

ecológica y la descontaminación del humedal con el acompañamiento

de la comunidad y las entidades involucradas, para así dar

cumplimiento al fallo proferido dentro de la acción popular.

Así las cosas, la Sala concluye que la decisión del TRIBUNAL de no

declarar en desacato a la entidad accionada fue acertada y razonable,

pues, como se indicó, se han venido realizando las gestiones

necesarias para el cumplimiento de las ordenes proferidas en la

sentencia de la acción popular, las cuales implican acciones

continuadas, por lo que el hecho de que la actora no comparta la

decisión allí dispuesta no implica la vulneración de los derechos

fundamentales alegados, ni la ocurrencia de algunos de los defectos

específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia

judicial.

En ese orden de ideas, la Sala denegará el amparo solicitado, como

en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

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34

Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00
Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las solicitudes de desvinculación por falta de

legitimación en la causa por pasiva presentadas por la SECRETARÍA

DISTRITAL DE AMBIENTE, la SECRETARÍA DE CULTURA

RECREACIÓN Y DEPORTE y la ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ,

por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DENEGAR el amparo solicitado, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

CUARTO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

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Número único de radicación: 110010315000-2025-00640-00
Actores: JOSÉ DEL CARMEN CUESTA NOVOA Y OTRA.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de abril de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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