Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00647-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00647-01
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00647-01
Demandante: JAIME LINDO TORRIJOS
Demandado: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES
Temas: Tutela contra actos administrativos. Improcedencia del
mecanismo constitucional.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 7 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A que resolvió:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada esta decisión, ENVIAR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de febrero de 2025, el señor Jaime Lindo Torrijos, en nombre propio interpuso
acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, por estimar
vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al habeas
data y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Dados los Hechos, Consideraciones, Fundamentos de Derecho, y Pruebas
documentales anteriores, que demuestran plenamente que la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES incurrió en VIA DE HECHO y vulneró
mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD y al HABEAS DATA
al liquidar en forma arbitraria mi pensión de vejez en sus Resolución GNR 131305 de junio
17 de 2013, al Gerardo Escallón E. Asesor Pensional Nit. 2.497.904-3 Avenida 3 No. 8N-
24 Oficina 409 Teléfono: 602-8897961 – Cel. 301-4226942 E-mail:
gescallon@asesorpensional.com Cali - Colombia 5 reliquidarla en la Resolución GNR
390536 de noviembre 07 de 2014 y en las subsiguientes, sin ningún fundamento legal
vigente a la fecha de la causación de mi derecho, hago a Su Señoría, con todo respeto, la
siguiente petición:
PRIMERO: Tutelar mis Derechos Fundamentales al DEBIDO PROCESO, a la IGUALDAD
y al HABEAS DATA.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la ADMINISTRADORA
COLOMBINA DE PENSIONES – COLPENSIONES, reliquidar mi pensión de vejez
teniendo en cuenta mi IBL establecido por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES en
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Demandante: Jaime Lindo Torrijos
su Resolución No. 00002669 de julio 07 de 1991, que incluyó los factores salariales
ordenados por el Decreto1653 de 1977 al liquidar mis cesantías.
TERCERO: Ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –
COLPENSIONES el reconocimiento y pago del retroactivo correspondiente al saldo de mis
mesadas dejadas de pagar e igualmente los intereses moratorios correspondientes
establecidos en el Artículo 141 de la Ley 100 de 1993, respetando los términos de
prescripción y suspensión establecidos en el CPT. (…)»
(Se transcribe literal con posibles errores)
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Jaime Lindo Torrijos nació el 3 de septiembre de 1937 y laboró hasta el 1°
de mayo de 1991 en el Instituto de Seguro Social (en adelante ISS), es decir, por
más de veinte años, razón por la que adquirió el estatus de pensionado el 3 de
septiembre de 1992, fecha en la que, señala, se encontraba vigente el Decreto 1653
de 1977.
Indicó que el 25 de noviembre de 1992, solicitó al ISS el reconocimiento y pago de
la pensión de jubilación, solicitud que reiteró el 28 de julio de 1995 y la
Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones), mediante
Resolución núm. GNR131305 del 17 de junio de 2013, reconoció pensión de
jubilación al actor, efectiva a partir del 1º de junio de 2013.
Que, el 6 de agosto de 2013, solicitó ante Colpensiones la revocatoria directa
Resolución núm. GNR131305 del 17 de junio de 2013, por considerar que tenía
derecho a la reliquidación de la pensión en aplicación de la Ley 33 de 1985 y/o
Decreto 1653 de 1977, al igual que al pago de intereses moratorios causados.
Mediante Resolución núm. GNR142971 del 28 de abril de 2014, Colpensiones negó
la solicitud porque no fue acreditada la calidad de funcionario del seguro social.
El 14 de mayo de 2014, el señor Lindo Torrijos interpuso recurso de queja ante
Colpensiones, en el que insistió que no le era aplicable la Ley 100 de 1993, porque
a la fecha en que alcanzó su estatus pensional, esto es, el 3 de septiembre de 1992,
cumplía los requisitos para aplicar lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 o en el Decreto
1653 de 1977, en su integridad.
Colpensiones resolvió este último recurso mediante Resolución núm. GNR 390536
del 7 de noviembre de 2014, en la que reliquidó la pensión de jubilación del actor y
ordenó el pago del retroactivo con el IBL actualizado al año 2008; contra dicha
resolución el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con la
finalidad de que se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación en los
términos del Decreto 1653 de 1977. Dichos recursos no fueron resueltos por
Colpensiones y el actor renunció a estos el 9 de marzo de 2015.
El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la
finalidad de que se declarara nula la Resolución núm. GNR 390536 del 7 de
noviembre de 2014 y, en consecuencia, ordenara reliquidar la pensión de jubilación
en los términos del Decreto 1653 de 1977 y la Ley 33 de 1985.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que, en sentencia del 28 de febrero de 2020,
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negó las pretensiones al considerar que Colpensiones tomó como ingreso base de
liquidación el 75 % del promedio de lo devengado durante el último año de servicio,
comprendido entre el 1º de mayo de 1990 y el 30 de abril de 1991 y que los factores
salariales certificados por el ISS se encuentran señalados en el artículo 19 del
Decreto 1653 de 1977 y corresponden a los incluidos en el reconocimiento
pensional hecho por Colpensiones.
El actor interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera instancia
basado en que, a su juicio, es un error señalar que lo pretendido en la demanda es
la reliquidación de la pensión de jubilación con una tasa de reemplazo del 100 %,
pues, lo realmente solicitado fue la reliquidación sobre el salario promedio del último
año de servicio, por valor de $ 667.688, actualizado al 2008, como lo especificó la
Resolución 00002669 de 1991, conforme con lo previsto en el Decreto 1653 de
1977 y/o la Ley 33 de 1985.
Además, indicó que el salario base de liquidación del último año de servicio fue de
$ 667.688, que, actualizado al año 2008, arroja un valor de $ 5´653.915 y no de $
3´996.133, como lo señaló la entidad demandada. Así, resaltó que lo pretendido
era obtener la reliquidación de la pensión de jubilación, en su condición de
funcionario del ISS, con todos los factores salariales devengados en el último año
de servicio, de conformidad con el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 27 de
octubre de 2022, confirmó la decisión de primera instancia al considerar que la
liquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos se realizó de
conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y que se tuvieron en
cuenta los factores salariales de asignación básica y horas extras devengados en
el último año de servicios.
La sentencia indicó que los asuntos pensionales causados por la relación laboral
existente entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la seguridad
social eran responsabilidad de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (en
adelante UGPP) y precisó que, si lo que pretendía la parte actora era la aplicación
del Decreto 1653 de 1977, para efecto de lograr la reliquidación pensional, lo
correcto era haber elevado petición ante esta última, autoridad competente para
resolver las solicitudes pensionales causadas por la relación laboral con el ISS
como empleador.
Además, en dicha oportunidad indicó que no era procedente la reliquidación
pensional reclamada con la inclusión de las primas de servicios y de vacaciones,
porque no fueron certificadas por el empleador como emolumentos devengados en
el último año de servicios y, en esa medida, no probó que sobre ellas se hubieren
efectuado cotizaciones y, en todo caso, mencionó que esos factores no se
encuentran contemplados en la Ley 62 de 1985.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte demandante indicó que es un adulto mayor que se retiró como médico del
ISS a partir del 1° de mayo de 1991 y prestó sus servicios por más de 20 años,
razón por la que le fue reconocida pensión de jubilación, sin embargo, sostuvo que
Colpensiones reliquidó su pensión de jubilación en aplicación de la Ley 33 de 1985
siendo desconocidos los factores salariales y su condición de funcionario del ISS,
en aplicación de la Circular 01 de octubre de 2012, sin tener en cuenta que está
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disposición fue emitida con posterioridad a la causación de su pensión; razón por
la que considera que Colpensiones incurrió en una «vía de hecho» y vulneró los
derechos fundamentales invocados, pues a su juicio, había lugar a dar aplicación a
las disposiciones normativas dirigidas a las personas que habían laborado en el
ISS, puntualmente, el Decreto 1653 de 1977, para efecto de lograr la reliquidación
pensional.
De otra parte, adujo que tanto el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrieron en el mismo error
de Colpensiones, con la decisión de no ordenar la reliquidación de la pensión en el
marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-
23-33-000-2015-00262-00/01 en el que fueron proferidas las sentencias del 28 de
febrero de 2020 y del 27 de octubre de 2022 respectivamente.
Finalmente, indicó que su apoderado falleció y, por esa razón, no contó con la
posibilidad de presentar un recurso de casación, no obstante, afirmó que de
conformidad con la sentencia C-252 de 2001, al tener la condición de adulto mayor
procede la solicitud de tutela, debido a que ya agotó todos los medios
administrativos y judiciales que estuvieron a su alcance, además de que no cuenta
con algún otro recurso administrativo ni medio de defensa judicial para reclamar su
derecho a la reliquidación pensional.
4. Trámite Previo
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A en auto de 11 de febrero de
2025, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la parte actora, a los
demandados y requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que
allegara copia digital del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado núm. 76001-23-33-000-2015-00262-00/01.
5. Oposición
La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones afirmó que el
actor no cumple los requisitos legales para acceder a la reliquidación pretendida,
porque ya había acudido a una solicitud de amparo anterior sobre los mismos
hechos y pretensiones.
Explicó que la acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter subsidiario,
por lo que no puede ser considerado idóneo para ordenar el reconocimiento y pago
de la reliquidación pensional, más aún cuando en una instancia ordinaria ya se
resolvió dicha controversia y el reconocimiento solicitado fue negado, por lo que ya
hizo tránsito a cosa juzgada.
Indicó que el artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social,
establece que la jurisdicción ordinaria laboral es la encargada de resolver las
controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten
entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades
administradoras o prestadoras. Sumado a que el ciudadano debe agotar los
procedimientos administrativos y judiciales dispuestos para tal fin y no discutirlo vía
acción de tutela, a menos de que no exista otro mecanismo judicial tal como lo
expresa la Corte Constitucional en la sentencia T- 043 de 2014.
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No obstante, adujo que debido a que en el caso del actor ya existe pronunciamiento
de la jurisdicción resaltó que ante la existencia de cosa juzgada no hay lugar a
desconocer los principios de certeza, seguridad jurídica y legalidad, para esto,
mencionó las sentencias C-522 de 2009, la C-774 de 2001, la SU 191 del 2 de julio
de 2022 de la Corte Constitucional.
Resaltó que cualquier decisión que tomen los administradores de justicia, debe
aplicar el principio constitucional de sostenibilidad fiscal del sistema pensional, de
lo contrario al proteger un derecho de un afiliado, se podría ver afectado el de todos
aquellos que hacen parte del sistema.
Expuso que se debe tener en cuenta que el acceder a las pretensiones de la
solicitud de amparo, invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero,
además, excede las competencias del juez de tutela, en la medida que no se probó
la vulneración de los derechos fundamentales invocados, ni la existencia de un
perjuicio irremediable y en todo caso frente a las providencias proferidas en el
medio de control con radicado núm. 76001-23-33-000-2015-00262-00 no se cumple
con ninguno de los requisitos que haga el estudio de la solicitud de amparo.
6. Intervenciones de los terceros con interés
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace del expediente
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm.
76001-23-33-000-2015-00262-00, pero, no se pronunció respecto de los hechos
objeto de tutela.
El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A precisó que la solicitud
de amparo de la referencia guarda identidad de partes, hechos y pretensiones con
la acción de tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-2023-0183-00, por tanto,
se está debatiendo lo que ya había sido objeto de examen en instancia
constitucional, con el fin de provocar nuevamente la revisión de la decisión proferida
por la Corporación dentro de un proceso ordinario, lo cual a su juicio, es
improcedente, porque el actor no acreditó que la presentación de la acción de tutela
de la referencia tuvo lugar porque varió el hecho generador de la presunta
transgresión a los derechos fundamentales invocados que habilitara al juez de
tutela a realizar un nuevo estudio. Sumado a lo anterior, expresó que se generó el
uso abusivo de la acción constitucional y el fenómeno de la temeridad.
7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 7 de
marzo de 2025, en primera medida, consideró que a pesar de las similitudes
innegables que existen entre este caso y la solicitud de amparo identificada con
radicado núm. 11001-03-15-000-2023-01830-001, no era posible estimar una
conducta temeraria o un desconocimiento de la cosa juzgada constitucional.
Lo anterior, porque al analizar si existía conducta temeraria o cosa juzgada
concluyó que: i) el actor no actuó de mala fe; ii) no existió identidad de partes en la
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Está Sección tuvo conocimiento de dicha solicitud de amparo y en fallo del 25 de mayo de 2023 declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, en la medida en que usó la acción de tutela
como una instancia adicional al pretender dejar sin efecto las providencias dictadas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca reitearndo los argumentos expuestos en el proceso ordinario; decisión
que fue impugnada y conocida en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado que mediante providencia
del 4 de agosto de 2023, la confirmó.
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medida en que la solicitud de amparo 2023-01830-00 fue interpuesta contra el
Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mientras que
el presente proceso fue interpuesto contra Colpensiones; iii) no existió identidad de
hechos porque pese a que en los dos procesos tienen como fin último acceder a la
reliquidación pensional, lo cierto es que el primero tuvo un enfoque contra
providencia judicial, mientras que el presente caso se encuentra dirigido a que se
ordene a la entidad pensional que reliquide su mesada de manera directa; iv) no
existió identidad de pretensiones dado que en que la solicitud de amparo 2023-
01830-00 fue interpuesta con la finalidad de dejar sin efecto las providencias
proferidas en el marco del medio de control 2015-00262-00, mientras que el
presente proceso fue interpuesto con la finalidad de que se le ordene a
Colpensiones el reconocimiento y pago de la reliquidación pensional solicitada.
Posteriormente, explicó que había lugar a declarar improcedente la acción de tutela
para los fines perseguidos por el actor, porque el juez natural de los actos
administrativos al efectuar el estudio correspondiente determinó cuál era el régimen
aplicable en la liquidación de la pensión de jubilación que fue reconocida al actor.
Asimismo, señaló que si eventualmente el actor buscaba dejar sin efecto las
decisiones proferidas en el medio de control con radicado 2015-00262-00/01 las
mismas hicieron tránsito a cosa juzgada, institución en virtud de la cual se le otorga
a tal pronunciamiento el carácter de inmutable, vinculante y definitivo con miras a
la terminación definitiva de la controversia y alcanzar un estado de seguridad
jurídica, razón por la que concluyó que en su calidad de juez de tutela le está
vedado efectuar un nuevo pronunciamiento en torno a la aplicación del Decreto
1653 de 1977, al caso objeto de estudio, en consideración a que existen unas
decisiones judiciales previas que descartaron la posibilidad de acceder a la
reliquidación pensional reclamada.
Recalcó que la improcedencia de la solicitud obedece al carácter subsidiario de la
acción de tutela, dado que el actor ya acudió a la jurisdicción con anterioridad y
aunque el proceso resultó desfavorable a sus intereses, esto no habilita que
proceda la acción constitucional de manera alternativa o paralela a los mecanismos
judiciales ordinarios establecidos por la ley.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia reiteró los argumentos del
escrito inicial e indicó que la solicitud de amparo va dirigida contra Colpensiones y
no contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca ni contra la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado razón por la que considera debe
ser estudiado su caso.
Señaló que hay variación fáctica respecto al proceso anterior, porque la acción de
tutela de la referencia fue instaurada el 5 de febrero de 2025, con posterioridad a la
solicitud de reliquidación de la pensión de vejez, radicada ante la UGPP el 12 de
Junio de 2024, la cual se trasladó por competencia a Colpensiones que mediante
las Resoluciones núm. SUB 383867 del 1º de noviembre de 2024, y la núm. DPE
1315 del 31 de enero de 2025, se le reconoció que fue funcionario de la Seguridad
Social y que sus más de 20 años de trabajo, fueron laborados al servicio del ISS y
otras entidades de derecho público, sin embargo, aun reconociendo esto, le negó
la solicitud de aplicación del Decreto 1653 de 1977 y el reconocimiento a la
reliquidación de su mesada pensional al dar aplicación a la figura de la cosa
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juzgada, además se insistió en que los 20 años laborados para acceder a la
aplicación del referido decreto deben ser exclusivamente en el ISS.
Expreso que, en su caso, pese a que ha solicitado a Colpensiones la reliquidación
de su pensión esa institución no ha accedido a lo pretendido e indujo a error a los
jueces y magistrados, eludió el cumplimiento de la Ley y causó la vulneración de
los derechos fundamentales invocados, pues a su juicio, ha demostrado desde un
principio, tanto en instancias administrativas como en judiciales, que cumple con
todos los requisitos establecidos por el Decreto 1653 de 1977 para que en
aplicación a este último se acceda la reliquidación pretendida.
Explicó que en su caso cuenta con más de 20 años en los que laboró al servicio del
estado y resaltó que conforme con el artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, es
posible la acumulación de tiempos estatales con una tasa de reemplazo al 75 % del
salario del último año de servicios.
Además, respecto a las primas de servicios y de vacaciones, indicó que las mismas
se encuentran certificadas por el ISS en calidad de empleador en su Resolución
núm. 00002669 de junio de 1991.
Solicitó que se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela, en el sentido de ordenar a Colpensiones como
la entidad pensional acceder a la reliquidación pensional pretendida.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
En el escrito de impugnación la parte actora cuestionó la decisión de primera
instancia, que, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que el
juez de primera instancia debió tener en cuenta que las pretensiones únicamente
se dirigieron contra Colpensiones y, en su caso, hay hechos nuevos que deben ser
objeto de estudio.
En ese sentido, corresponde a la Sala determinar si debe modificar, revocar o
confirmar la decisión impugnada y, solo en caso de que se encuentren superados
los requisitos generales para la procedencia de la tutela, procederá a estudiar si la
entidad pensional demandada vulneró los derechos fundamentales invocados por
el actor.
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Caso concreto
En los específicos términos del escrito de impugnación, se advierte que mediante
el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona las actuaciones
desplegadas por Colpensiones, en cuanto ha negado la reliquidación pensional en
los términos en que lo ha solicitado, esto es, con la aplicación de lo dispuesto en el
Decreto1653 de 1977.
En el presente caso se advierte que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ya resolvieron sobre un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo, en esa
oportunidad el estudio de legalidad se realizó respecto de la Resolución núm. GNR
390536 del 7 de noviembre de 2014, resultado del cual, dichas autoridades
judiciales determinaron que la liquidación de la pensión de jubilación del señor
Lindo Torrijos se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de
1968 y que se tuvieron en cuenta los factores salariales de asignación básica y
horas extras devengados en el último año de servicios, por lo que negaron las
pretensiones de la demanda.
De acuerdo con los argumentos que expone la parte actora en el presente trámite
constitucional, el 12 de junio de 2024 elevó nueva solicitud de reliquidación
pensional, que fue negada por parte de Colpensiones y, aunque en el escrito de
tutela no expuso de manera clara una pretensión dirigida a dejar sin efecto los actos
administrativos proferidos por esta entidad en respuesta a la última solicitud, con el
escrito de impugnación queda claro que el ejercicio de la presente acción persigue
que se ordene de forma directa a la referida entidad pensional que acceda a su
solicitud de reliquidación de su mesada pensional.
Ello, con fundamento en que, a su juicio, no había lugar a que la entidad pensional
mantuviera la decisión de negar la reliquidación pensional cuando en los referidos
actos administrativos se reconoció que cumplió el tiempo de más de 20 años de
servicio, que si bien, no fueron únicamente en el ISS, si fueron en entidades
públicas, razón por la que, considera, debió accederse a su solicitud.
Al respecto, la Sala aclara que la acción de tutela no resulta procedente para
cuestionar la legalidad de actos administrativos, máxime cuando en el caso objeto
de estudio ya existió un pronunciamiento por la jurisdicción de lo contencioso
administrativo respecto del mismo asunto, esto es, la reliquidación pensional en los
términos en que lo ha solicitado, esto es, con la aplicación de lo dispuesto en el
Decreto 1653 de 1977.
Adicionalmente, la Sala destaca no encuentra acreditado que exista un perjuicio
irremediable que haga procedente la tutela como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales, por lo siguiente:
La Corte Constitucional ha previsto algunos criterios para determinar la existencia
de un perjuicio irremediable, así: “(…) es aquel (i) que se produce de manera cierta y evidente
sobre un derecho fundamental; (ii) que el daño es inminente; (iii) que de ocurrir no existiría forma de
reparar el daño producido; (iv) que resulta urgente la medida de protección para que el sujeto supere
la condición de amenaza en la que se encuentra; y (v) que la gravedad de los hechos es de tal
magnitud que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales”2.
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Corte Constitucional. Sentencias T-225 de 1993 y SU-086 de 1999.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00647-01
Demandante: Jaime Lindo Torrijos
El actor asegura que el actuar de la entidad demandada transgrede los derechos
fundamentales invocados y desconoce que es un adulto mayor, no obstante, lo
cierto es que las pruebas aportadas al expediente no dan cuenta de una situación
de especial consideración que permita la intervención del juez de tutela. Sumado al
hecho de que, en la actualidad, el actor percibe el ingreso pensional, a pesar de
que no se encuentra de acuerdo con la forma en la que se liquidó la pensión
reconocida a su favor, sin que ello de ningún modo acredite la afectación del
derecho al mínimo vital que ponga en riesgo su vida y subsistencia digna, que
habilite de forma excepcional la intervención del juez de tutela.
En conclusión, de los hechos y pruebas aportados al expediente no se evidencia la
configuración de alguno de los presupuestos previstos por la Corte Constitucional
para inferir que estamos ante la existencia de un perjuicio irremediable.
En suma, en el presente caso la acción de tutela no es procedente y, en todo caso,
no se advierte una actuación vulneradora de derechos fundamentales por parte de
la parte demandada, que haga procedente el amparo solicitado de manera
excepcional y, en esa medida, por lo expuesto se confirmará la sentencia de
primera instancia del 7 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, objeto de impugnación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión de primera instancia de 7 de marzo de 2025, dictada por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A de conformidad con lo
expuesto en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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