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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00649-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00649-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 26 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 27 Ibidem. 28 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 19 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01 Accionante: Alci José Villanueva Castro Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00649-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

21 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: ALCI JOSÉ VILLANUEVA CASTRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con los requisitos generales de subsidiariedad y de relevancia
constitucional. La parte accionante cuenta con otro medio de defensa
judicial como lo es el recurso extraordinario de revisión.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia
de 2 de mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elseñor Alci José Villanueva Castro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de agosto de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
08001-23-33-000-2017-00787-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que junto con los señores José del Carmen Villanueva Ramos, Rosario
Castro de Villanueva, Fredys Villanueva Castro, Ruby Villanueva Castro, Yeimy
Villanueva Castro, Nidia Villanueva Castro, Silvana Carolina Villanueva Arteta,
Susana Margarita Villanueva Arteta y Viviana Paola Villanueva Arteta interpusieron
demanda de reparación directa con el número de radicación 08001-23-33-000-

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

2017-00787-00/01 contra el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección,
el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, con el fin de que se les declarara
responsables por el daño antijurídico que sufrió el señor Alci José Villanueva
Castro, con ocasión de un atentado en su contra ocurrido el 23 de marzo de 2015
con arma de fuego que le causó una discapacidad severa.

2.2. Indicó que el conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia, al
Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad que mediante sentencia de 28 de
mayo de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.3. Adujo que la decisión de primera instancia fue apelada y la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de sentencia de 30 de agosto de
2024, revocó lo resuelto en primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda y condenó en costas de ambas instancias a los accionantes.

2.4. Expuso que la providencia proferida por la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales indicados supra, por
incurrir en un defecto fáctico, en desconocimiento del precedente judicial y por
pronunciarse “[…] sobre situaciones distintas y ajenas a las solicitadas por las
entidades demandadas […]”.

2.5. Frente al defecto fáctico adujo que “[…] obrando en el expediente, los medios
de convicción que resultaban decisivos frente a los hechos que pretendíamos
probar, en la demanda ordinaria de reparación directa, éstos no fueron tenidos en
cuenta, ni valorados por los falladores, máxime cuando también desconocieron su
deber legal y constitucional de decretar de oficio, pruebas decisorias dentro del
marco del procedimiento de segunda instancia, renunciado a considerar aspectos
sustancialmente relevantes, con profunda incidencia en la decisión de fondo […]”.
Para tal efecto, relacionó “[…] Siete (7) Elementos Probatorios Decisorios, que los
falladores omitieron su valoración […]”.

2.6. Sostuvo que “[…] por tratarse de un caso sustancialmente idéntico, debió
fallarse de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales, del Consejo de
Estado y Corte Constitucional, es decir, de la misma manera, y con la misma
consecuencia jurídica, y frente al cambio del Precedente Jurisprudencial, como
ocurrió arbitrariamente y caprichosamente, en la Sentencia Reprochada, “donde
los falladores omitieron exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos,
que justificaron su cambio abrupto de línea jurisprudencial”; esta nefasta
arbitrariedad, constituye automáticamente una causal especial de procedibilidad
de la Acción de Tutela […]”. Al respecto, hizo referencia a 61 precedentes
judiciales en los que a su juicio debió fundamentarse la sentencia cuestionada.

1
“[…] 1. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 18 de
marzo de 2022. 2. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 11 de Abril de 2019. 3. Sentencia T-
288 del 27 de Agosto de 2021, Sala Séptima de Revisión de Tutelas, de la Corte Constitucional. 4. Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia del 15 de Abril de 2010. 5. Consejo de Estado,
Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 29 de Julio de 2015. 6. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera Subsección A, Sentencia del 23 de Marzo de 2017 […] Sobre la Responsabilidad del Estado
por la Omisión en el Deber de Protección, y Porque manifiesta y evidentemente no se Valoraron, ni Practicaron las
Evidencias Probatoria, en el Procedimiento de Segunda Instancia, Dentro del Marco de la Demanda Ordinaria de
Reparación Directa […]”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

2.7. Indicó que “[…] basta comparar los precarios y breves fundamentos jurídicos de
defensa, de las entidades demandadas, Unidad Nacional de Protección y Policía
Nacional, con el arbitrario y caprichoso texto de la Sentencia Acusada, para
evidenciar que los falladores, se pronunciaron sobre situaciones distintas y ajenas
a las solicitadas por las entidades demandadas, (extra petita) otorgándoles más de
lo solicitado, (ultra petita), quebrantándose nuestros derechos al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, e igualdad […]”.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA: Se amparen nuestros derechos constitucionales
fundamentales, al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia e
Igualdad, amparándonos con el mismo rigor, nuestros legítimos derechos
como Sujeto de Especial Protección Constitucional. En respeto a este
Accionante, Alci José Villanueva Castro, en calidad de víctima directa y a las
otras personas relacionadas, en calidad victimas (sic) indirectas: Viviana
Paola Villanueva Arteta, hija de la víctima; Silvana Carolina Villanueva
Arteta, hija de la víctima; Susana Margarita Villanueva Arteta, hija de la
víctima; José del Carmen Villanueva Ramos (Q.E.P.D.), padre de la víctima;
Rosario Castro de Villanueva, madre de la víctima; Margarita Rosa Arteta
Ramos (Q.E.P.D.), compañera de la víctima, Fredys Villanueva Castro,
hermano de la víctima, Ruby Villanueva Castro, hermano de víctima, Yeimi
Villanueva Castro, hermano de la víctima, y Nidia Villanueva de Ramos
(Q.E.P.D.), hermanos de la víctima.

SEGUNDA: Se deje sin efectos jurídicos, la Sentencia Adiada 30 de Agosto
de 2024, proferida en segunda instancia, por la honorable, Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de
Estado, mediante la cual, se revocó arbitraria, caprichosa y
contraevidentemente, la Sentencia Calendada 28 de Mayo de 2021,
proferida legítimamente en primera instancia, por él honorable, Tribunal
Administrativo del Atlántico, en Sala de Decisión Oral, Sección B. Que
despacho parcialmente favorable, nuestras legitimas (sic) pretensiones, dentro
del marco del medio de control de reparación directa, declarando
administrativa, extracontractual y solidariamente responsables a las entidades
demandadas, Unidad Nacional de Protección y Policía Nacional,
condenándolas al reconocimiento y pago del daño antijurídico, ocasionado a
este Accionante, Alci José Villanueva Castro, como víctima directa y como
victimas (sic) indirectas, a las siguientes personas: Viviana Paola Villanueva
Arteta, hija de la víctima; Silvana Carolina Villanueva Arteta, hija de la
víctima; Susana Margarita Villanueva Arteta, hija de la víctima; José del
Carmen Villanueva Ramos (Q.E.P.D.), padre de la víctima; Rosario Castro
de Villanueva, madre de la víctima; Margarita Rosa Arteta Ramos
(Q.E.P.D.), compañera de la víctima, también demandaron, Fredys
Villanueva Castro, hermano de la víctima, Ruby Villanueva Castro, hermana
de víctima, Yeimi Villanueva Castro, hermano de la víctima y Nidia
Villanueva de Ramos (Q.E.P.D.), hermana de la víctima.

TERCERA: Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la honorable, Sala
de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, del Consejo
de Estado, que dentro del término de los veinte (20) días, contados a partir de
la notificación del presente fallo de tutela, profiera una nueva sentencia, que
incluya en su contenido el respeto a nuestros derechos constitucionales
fundamentales, al Debido Proceso, Acceso a la Administración de Justicia, e

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

Igualdad y con el mismo rigor, nuestros legítimos derechos como Sujeto de
Especial Protección Constitucional, valorándose la realidad probatoria, dentro
del marco del medio de control de reparación directa y dándole aplicación al
reiterado precedente judicial fijado por el Consejo de Estado y Corte
Constitucional. En casos de supuestos de hecho y de derechos similares al
aquí reclamado, por parte de este Accionante, Alci José Villanueva Castro,
como víctima directa y de las personas relacionadas, como victimas (sic)
indirectas: Viviana Paola Villanueva Arteta, hija de la víctima; Silvana
Carolina Villanueva Arteta, hija de la víctima; Susana Margarita Villanueva
Arteta, hija de la víctima; José del Carmen Villanueva Ramos (Q.E.P.D.),
padre de la víctima; Rosario Castro de Villanueva, madre de la víctima;
Margarita Rosa Arteta Ramos(Q.E.P.D.), compañera de la víctima, Fredys
Villanueva Castro, hermano de la víctima, Ruby Villanueva Castro, hermano
de víctima, Yeimi Villanueva Castro, hermano de la víctima, y Nidia
Villanueva de Ramos (Q.E.P.D.), hermano (sic) de la víctima.

CUARTA: Se ordene a la honorable, Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, que dentro del
término de los veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la
presente sentencia de tutela, proceda a resolver nuevamente el recurso de
apelación, profiriendo una nueva sentencia confirmando, la Sentencia
Calendada 28 de Mayo de 2021, proferida en primera instancia, por él
honorable, Tribunal Administrativo del Atlántico, en Sala de Decisión Oral,
Sección B. Mediante la cual, se resuelven todos los reclamos de los
Accionantes, toda vez, que esta sentencia de primera instancia, valoro (sic)
adecuadamente la realidad probatoria decisoria, dentro del marco de la
demanda ordinaria de reparación directa y se aplicaron efectivamente los
lineamientos jurisprudenciales fijados por el Consejo de Estado y Corte
Constitucional; en torno a la responsabilidad del estado, por el incumplimiento
del deber constitucional y legal de protección estatal, a la vida y la seguridad
de este Accionante, Alci José Villanueva Castro, en calidad de víctima de
manera directa, y a otros personas en calidad de victimas (sic) indirectas, en
casos de supuestos de hecho y de derechos similares al aquí reclamado […]”.
[Negrilla y mayúscula original del texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 10 febrero de 2025, el Despacho de la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vincularon en calidad de
terceros con interés directo en el resultado del proceso al Ministerio del Interior, a
la Unidad Nacional de Protección, a la Policía Nacional, al Tribunal Administrativo
del Atlántico y a los señores Silvana Carolina Villanueva Arteta, Susana Margarita
Villanueva Arteta, Viviana Paola Villanueva Arteta, José del Carmen Villanueva
Ramos, Rosario Castro de Villanueva, Fredys Villanueva Castro, Ruby Villanueva
Castro, Yeimy Villanueva Castro y Nidia Villanueva Castro.

5. Mediante auto de 13 de marzo de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso requirió a la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico para
que allegara en medio físico o digital el proceso de reparación directa con el
número de radicación 08001-23-33-000-2017-00787-00/01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

V. INTERVENCIONES

6. Unavez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a las
personas vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

6.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó
que la decisión cuestionada “[…] fue debidamente razonada y la valoración
probatoria efectuada se soportó en el material allegado al plenario, por lo que la
sentencia proferida en ejercicio de la autonomía e independencia que poseen los
funcionarios judiciales no vulneró los derechos fundamentales invocados por los
accionantes, quienes, se insiste, pretenden reabrir de manera injustificada el
debate probatorio y jurídico mediante esta acción constitucional […]”.

6.2. El
Tribunal Administrativo del Atlántico solicitó su desvinculación de la
acción de tutela, en razón a que “[…] la parte accionante no hace ningún de (sic)
reparo o controvierte de alguna forma las actuaciones y decisiones del Tribunal
[…]”.

6.3. El Ministerio del Interior solicitó su desvinculación de la acción de tutela “[…]
ante la ausencia de hecho o responsabilidad atribuible a esta entidad pública […]”.

6.4. LaUnidad Nacional de Protección solicitó su desvinculación por falta de
legitimación por pasiva, en la medida que las pretensiones se dirigen contra la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

6.5. LaPolicía Nacional solicitó negar la acción de tutela debido a que no se
acreditó la vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

7. Mediante fallo de tutela de 2 de mayo de 2025, la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado resolvió (i) negar las solicitudes de desvinculación
propuestas por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección y el
Tribunal Administrativo del Atlántico; y (ii) declarar improcedente la acción de
tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.

8. Alrespecto consideró que “[…] la Sala encuentra que durante el trámite de
segunda instancia el actor presentó una apelación adhesiva en la que se
pronunció únicamente respecto a los perjuicios que le fueron reconocidos en
primera instancia, pero no hizo consideración alguna frente al examen de
responsabilidad que se llevaría a cabo en segunda instancia, dado que este era el
tema propuesto en los recursos de su contraparte, ni puso de presente las
sentencias que ahora, en sede constitucional, considera desconocidas […] no se
puede considerar superado el requisito de subsidiariedad frente al cargo por
desconocimiento del precedente, dado que el tutelante, aunque tuvo la
oportunidad de poner en consideración ante la autoridad judicial demandada

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

dichas providencias judiciales, no lo hizo ni alegó una justificación respecto de
este actuar […]”.

9. Agregó que “[…] en tratándose del desconocimiento del principio de congruencia
por parte de la autoridad judicial, esta Corporación ha decantado que ello da lugar
a la nulidad originada en la sentencia, de modo que procede el recurso
extraordinario de revisión […]”.

10. Señalóque tampoco se superó “[…]el requisito de relevancia constitucional,
toda vez que, más allá de la argumentación expuesta, se advierte que la solicitud
de amparo fue utilizada como un medio para editar el debate dado por el juez
denunciado […]”.

11. Sostuvo que “[…] el actor, al advertir que el fallo censurado supuestamente
omitió pronunciarse sobre todas las pruebas obrantes en el expediente, pudo
haber elevado una solicitud de adición o complementación de la sentencia, de
conformidad con el artículo 287 del Código General del Proceso, con el fin de que
la autoridad judicial complementara su análisis, pero, se observa que la parte
accionante no adelantó la diligencia señalada durante el curso del trámite ordinario
[…]”.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

12. La parte accionante impugnó el fallo proferido en primera instancia, con base en
los siguientes argumentos:

“[…] En el asunto bajo análisis no cabe ninguna de las causales por las cuales
procede el Recurso Extraordinario de Revisión, dado que ninguna de ellas
permite invocar como criterio el desconocimiento del precedente. Tampoco se
evidencia que alguna de dichas causales permita encausar (sic)
cuestionamientos por indebida valoración probatoria, sino por haberse
decidido con fundamento en pruebas falsas o peritajes emitidos de manera
ilegal. Por tanto, no es exigible que los accionantes hayamos agotado este
recurso extraordinario […]”.

[…]

“[…] Visto lo Expresado Textualmente por lo Falladores, en la Sentencia
Acusada, no Cabe Duda, que Efectuaron Abusivamente un Control de
Legalidad, al Acto Administrativo, Mediante el Cual, se me Retiró el Esquema
de Protección que Tenía Asignado, sin Existir en el Proceso, el Precitado Acto
Administrativo […]”.

[…]

“[…] Según el dicho EQUIVOCADO del juez de tutela de primera instancia,
resulto (sic) inviable la superación del requisito de subsidiariedad, frente al
cargo por desconocimiento del precedente, dado que este accionante, ALCI
JOSE VILLANUEVA CASTRO, aunque tuve la oportunidad de poner en
consideración ante la autoridad judicial demandada, dichas providencias
judiciales, no lo hizo ni alegó una justificación respecto de este actuar,
lógicamente que no lo hicimos, porque desconocíamos las VIAS DE HECHO,
en la que se explayo, la Sala de lo Contencioso Administrativo Sección

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, en la Sentencia Adiada 30 de
Agosto de 2024, solo lo hicimos en la acción constitucional, porque era el
único mecanismo judicial, que era procedente […]”.

[…]

“[…] El asunto que nos ocupa es de auténtica y genuina relevancia
constitucional, y no se trata de una simple discusión o controversia de carácter
legal, sino que por el contrario, la honorable, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado, al
resolver de fondo el recurso de apelación, profirió en segunda instancia,
la Sentencia Calendada 30 de Agosto de 2024, vulnerándonos
ostensiblemente, no solamente, nuestros derechos constitucionales
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e
igualdad, si no también, menoscabándonos nuestros derechos como sujeto de
especial protección constitucional. La sentencia acusada se fundó en las Vías
de Hecho, omitiendo los falladores de manera evidente y manifiesta la
valoración de la evidencia probatoria relevante, arrimada a la demanda
ordinaria de reparación directa, y al no decretarse de oficio elementos
probatorios decisorios, dentro del procedimiento de segunda instancia,
teniendo los falladores el deber legal y constitucional de hacerlo, renunciando
a considerar aspectos sustancialmente relevantes […]”. [Negrilla, cursiva,
mayúscula y subrayado del texto original]

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Cuestión previa

14. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de las solicitudes de
desvinculación procesal presentadas por el Ministerio del Interior, la Unidad
Nacional de Protección y el Tribunal Administrativo del Atlántico.

15. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6
Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las
partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar
los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera del texto].

16. En el caso objeto de estudio, se observa que el Ministerio del Interior y la
Unidad Nacional de Protección integraron la parte demandada dentro del medio de
control de reparación directa con el número de radicación 08001-23-33-000-2017-
00787-00/01. Por lo tanto, la Sala considera que les asiste el interés jurídico para
ser vinculados a esta acción constitucional.

17. Respecto al Tribunal Administrativo del Atlántico se advierte que corresponde a
la autoridad judicial que conoció en primera instancia el proceso cuestionado por
el accionante, es decir, le asiste el interés jurídico para ser vinculado a esta acción
constitucional.

18. Por lo anterior, se confirmará negar las solicitudes de desvinculación elevadas,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VIII.3. Problemas jurídicos

19. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado8, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales de la
parte accionante al incurrir, presuntamente, en un defecto fáctico, en
desconocimiento del precedente judicial y por pronunciarse “[…] sobre
situaciones distintas y ajenas a las solicitadas por las entidades
demandadas […]”.

20. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
8
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.

VIII.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20129, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

22. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

23. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

24. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial10, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución11.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
10
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
11
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación
fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”12 que encaje en
dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

27. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.5. El caso concreto

28. Elseñor Alci José Villanueva Castro solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad, cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 30 de agosto de 2024
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dentro del medio de control de reparación directa con número de radicación
08001-23-33-000-2017-00787-00/01.

29. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, los requisitos de subsidiariedad y de relevancia constitucional.

VIII.5.1. Del incumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad

30. La acción de tutela es un medio de defensa judicial que, de conformidad con el
artículo 86 de la Constitución Política, tiene carácter subsidiario, excepcional y
residual. Esto significa que por regla general este instrumento de protección de
derechos fundamentales solo será procedente cuando se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial previstos por el legislador o cuando los mismos no sean
idóneos para la protección de los derechos fundamentales que se consideran
vulnerados.

31. Se destaca que este carácter excepcional y residual se encuentra previsto en el
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991. La norma aludida dispone:

12
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

“[…] CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela
no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante […]”. [Negrilla y mayúscula original del texto]

32. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado
debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza13), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

33. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de
la acción de tutela, en los siguientes términos:

“[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber
agotado los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.

Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]”14.

34. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, al respecto expuso lo siguiente: “[…] la tutela no puede ser
utilizada como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]”15.

35. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate

13
Corte Constitucional. Sala Plena. Auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; 16 de abril de 2015.
14
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencias T-890 de 24 de noviembre de 2011, Magistrado Ponente: Dr. Jorge Iván
Palacio Palacio y T-580 de 26 de julio de 2006, Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de abril de 2019, expediente
número 11001-03-15-000-2018-04033-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Es decir, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.

36. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.

37. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el accionante alega
que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales citados
supra por, presuntamente, pronunciarse “[…] sobre situaciones distintas y ajenas a
las solicitadas por las entidades demandadas […]”.

38. Indicó que “[…] basta comparar los precarios y breves fundamentos jurídicos de
defensa, de las entidades demandadas, Unidad Nacional de Protección y Policía
Nacional, con el arbitrario y caprichoso texto de la Sentencia Acusada, para
evidenciar que los falladores, se pronunciaron sobre situaciones distintas y ajenas
a las solicitadas por las entidades demandadas, (extra petita) otorgándoles más de
lo solicitado, (ultra petita), quebrantándose nuestros derechos al debido proceso,
defensa, acceso a la administración de justicia, e igualdad […]”.

39. En criterio de la Sala, el argumento citado busca cuestionar un presunto
desconocimiento del principio de congruencia de la sentencia de segunda
instancia, porque la autoridad judicial presuntamente se habría pronunciado sobre
aspectos que no fueron expuestos en el recurso de apelación presentado por las
demandadas.

40. Esta Sala de Decisión ha sostenido que el recurso extraordinario de revisión,
amparado en la causal 5°, es el medio judicial idóneo para controvertir la falta de
congruencia externa y/o interna de la sentencia. Al respecto se dijo en el fallo de
16 de febrero de 202316:

“[…] De la revisión del contenido de los argumentos planteados en esta acción
de amparo es dable inferir que la inconformidad del actor se concreta en que
la sentencia de 6 de julio de 2022 violó el principio de congruencia y la
garantía constitucional de doble instancia porque no resolvió de fondo los
planteamientos que se efectuaron contra la decisión de primera instancia.

39. En ese sentido, para esta Sección el debate propuesto en el escrito de
tutela está encaminado a demostrar que el fallo judicial incurrió en una nulidad
por desconocer el principio de congruencia de la sentencia, en tanto que el
juez contencioso se abstuvo injustificadamente de analizar los argumentos
señalados en el recurso de apelación.

40. En relación con el desconocimiento principio de congruencia como causal
de nulidad de la sentencia, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento
de la Sala Octava Especial de Revisión de esta Corporación:

16
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 16 de febrero de 2023. Exp. N°
11001-03-15-000-2023-6776-00. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

[...] La congruencia corresponde a un atributo de la decisión judicial y se
traduce en la armonía que deber estar presente en su estructura interna, esto
es, la parte motiva y resolutiva del fallo, como en la externa, entendida como
la coherencia entre la decisión y lo pedido por las partes. Este principio es una
garantía de que gozan las partes para exigir del fallador una decisión que
resuelva la controversia formulada, no solo frente a las pretensiones que
formula el actor, sino respecto del pronunciamiento que el juez debe realizar
de la defensa de quien funge como parte accionada y que, generalmente, se
propone a título de excepciones. Ahora, la congruencia en la decisión de
segunda instancia está atada a la competencia del superior funcional y al
examen que le corresponde realizar como consecuencia de la revisión de
la providencia de primer grado y el reproche de los apelantes, para que,
según su análisis, la revoque, modifique o si lo encuentra pertinente, la
confirme, de acuerdo con el artículo 320 armonizado con el 281, ambos
del CGP [...].

41. En consecuencia, esta Sección debe concluir que la supuesta omisión que
se atribuye por la parte actora a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado es susceptible de ser invocada como causal de revisión,
motivo por el cual la acción de amparo resulta improcedente ante el
desconocimiento del principio de subsidiariedad […]”. [Negrilla fuera del texto].

41. En ese orden de ideas, la Sala considera que el argumento objeto de estudio es
susceptible de plantearse a través de otro mecanismo de defensa judicial y,
además, en el asunto de la referencia no se demostró la configuración de un
perjuicio irremediable17.

VIII.5.2. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

42. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se
acredita que el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental18 y no cuando guarda relación con asuntos de carácter
meramente legal o de contenido económico que deberán ser definidos por
otras jurisdicciones19.

43. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales20, el
referido requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la
afectación o vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial
de los derechos fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de
amparo como una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces21.

17
Los requisitos para tal efecto son los siguientes: “[…] Es el daño causado a un bien jurídico como consecuencia de
acciones u omisiones manifiestamente ilegítimas y contrarias a derecho que, una vez producido, es irreversible y por tanto
no puede ser retornado a su estado anterior (…) se presenta un perjuicio irremediable cuando concurran los siguientes
requisitos: (1) el perjuicio es inminente, es decir, que se producirá indefectiblemente si no opera la protección judicial
transitoria; (2) las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio deben ser urgentes; (3) el daño o menoscabo ha de
ser grave, esto es, que una vez que aquel se haya producido es imposible retornar la situación a su estado anterior; y, (4) la
urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea impostergable […]” (Sentencia T-348 de 1997).
18
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
19
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
20
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
21
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

44. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto]

45. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202223 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la

22
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
23
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas
contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de
derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos
arbitrales (…) entre otras materias que implican pretensiones económicas, la
Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se
advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la
protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante
los jueces ordinarios.

[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto]

46. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202324.

47. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales25.

48. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante sostuvo que la autoridad accionada también vulneró
sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de
justicia y a la igualdad por incurrir, presuntamente, en un defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.

24
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

49. En criterio de esta Sala de Decisión, respecto de dichos defectos la presente
controversia carece de relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó
desde una óptica constitucional, ii) el caso involucra un debate jurídico
eminentemente probatorio; y iii) la parte accionante pretende utilizar este
mecanismo como una tercera instancia, con lo cual busca reabrir la discusión que
fue resuelta por el juez natural.

50. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

51. Se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional fue
analizada por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
providencia cuestionada:

“[…] En el presente asunto, el daño alegado por los actores se hizo consistir
en las lesiones personales de carácter permanente padecidas por el señor Alci
José Villanueva Castro, por causa de un atentado con arma de fuego que se
perpetró en su contra el 23 de mayo de 2015. Este elemento que se probó de
manera adecuada en primera instancia y, como el mismo no fue objeto de
discusión por las partes en las apelaciones, la Sala prescindirá de su análisis
[…]”.

[…]

“[…] En el caso concreto, se probó que el señor Alci José Villanueva Castro
fue elegido como concejal del municipio de San Juan de Acosta para el
periodo 2012-2015, y que, previo a su posesión, el 15 de diciembre de 2011,
fue víctima de un atentado con arma de fuego que lo dejó gravemente herido.
Según la demanda y las denuncias presentadas por la víctima el ataque tuvo
móviles políticos; sin embargo, al expediente no se allegó la investigación
penal y, por ello, se desconoce si dicha teoría fue confirmada en el marco de
la instrucción.

Ahora bien, por los hechos antes relacionados, la Policía Nacional le brindó
seguridad inmediata al señor Alci José Villanueva Castro “con un escolta de
(…) 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche”. También se sabe que el 1° y 8 de
noviembre de 2012, ante la Inspección de Policía de San Juan de Acosta y la
SIJIN de la Policía Nacional, respectivamente, el hoy demandante denunció
que estaba siendo víctima de amenazas por parte del señor Ramiro Blanco
Arango, instándolo a cesar sus críticas hacia el alcalde bajo amenaza de
consecuencias severas, hecho que vinculó al atentado previo que había
sufrido en diciembre de 2011 y su postura crítica en el concejo municipal.

Una vez agotado el trámite previsto en el Decreto 4912 de 2011, la UNP,
mediante oficio del 23 de noviembre de 2012, le comunicó al señor Villanueva
Castro la validación y confirmación de su estudio de nivel de riesgo, el cual fue
calificado como extraordinario, por lo que se le asignaron medidas de
protección específicas, incluyendo un escolta permanente de la Policía
Nacional, auxilio de transporte, un medio de comunicación, y un chaleco
antibalas con una vigencia de 12 meses.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

Si bien, junto con la demanda se allegó una solicitud de refuerzo de dicho
esquema, la Sala, como lo advirtió, desconoce si, en efecto, la petición se
radicó […]”.

[…]

“[…] Ahora, aunque no le corresponde a la Sala analizar la legalidad de la
decisión, sí está llamada a verificar si las demandadas omitieron el
cumplimiento de un contenido obligacional y si dicha situación propició la
causación del daño. Desde ya advierte la Sala que no evidencia la
configuración de una falla del servicio por el hecho de que al señor Villanueva
Castro se le hubiera retirado el esquema de seguridad que tenía asignado,
pues, como se verá, dicha decisión se ajustó a lo reglado en los Decretos
4065 de 2011 y 4912 de 2011 […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, aunque no hubo una solicitud de protección entre la fecha en
que la Policía Nacional retiró de manera definitiva al escolta y el día del
atentado, el contexto no permite concluir que las demandadas estuvieran
obligadas a prevenir el ataque. A pesar de que el señor Villanueva Castro no
contaba con un esquema permanente de seguridad, tenía a su disposición
medidas preventivas, como el "plan padrino", que le garantizaban cierto nivel
de protección, pero estas no fueron utilizadas […]”.

[…]

“[…] A pesar de lo anterior, el día de los hechos, el señor Villanueva Castro,
por su cuenta y riesgo, optó por desplazarse a una zona rural del municipio de
Juan de acosta, “exactamente en el kilómetro 5, cerca de la finca Misericordia
y la vereda Todofierro”, sin informar a las autoridades de su movimiento y sin
solicitar protección. Tampoco era dable prevenir el hecho por la denuncia de
corrupción que dio cuenta la víctima, pues como lo informó, no lo hizo ante
una autoridad, sino que se lo envió de manera privada al ex alcalde del
municipio a su WhatsApp […]”.

[…]

“[…] Además, el hecho de que no hubiera denuncias recientes o solicitudes de
protección entre la fecha de retiro del escolta y el atentado refuerza la
conclusión de que el riesgo no era evidente ni previsible para las autoridades.
Por tanto, no se puede concluir que el Estado hubiera estado en el deber de
prevenir el ataque, dado que no existían indicios claros y manifiestos de un
peligro inminente que lo hicieran necesario.

Finalmente, se destaca que tampoco es posible considerar que por el hecho
de que en el municipio de Juan de Acosta y el departamento del Atlántico se
viviera un ambiente de inseguridad, era previsible para las accionadas un
suceso como el ocurrido, toda vez que, como se vio, se trató de un acto
sorpresivo, y si bien los deberes de protección y vigilancia del Estado son
irrenunciables y obligatorios, esto no implica que en todos los casos en que
los intereses de los asociados resulten perjudicados, la administración sea
responsable y deba indemnizarlos […]”.

52. Latranscripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por el juez contencioso y no se observa que la
decisión proferida en sede ordinaria hubiese sido arbitraria o, se hubiesen

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso de
reparación directa.

53. Lo que se aprecia es que el juez de lo contencioso administrativo al revisar el
caso, de acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, advirtió que el
atentado contra el accionante correspondió a un acto sorpresivo y no se configuró
una falla del servicio, razón por lo cual decidió revocar lo resuelto en primera
instancia y negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.

54. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado […]”26.

55. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los
recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para
combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con
sus derechos […]”27. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos
persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada
la tutela contra providencias judiciales […]”28.

56. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará la sentencia de 2 de
mayo de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir
los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 2 de mayo de 2025, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
27
Ibidem.
28
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

19

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00649-01
Accionante: Alci José Villanueva Castro

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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