Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00652-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00652-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
21 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA / improcedente – RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad que invalide lo actuado,
procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo
constitucional.
I. A N T E C E D E N T E S
A. La demanda y sus fundamentos
1. El 6 de febrero de 2025, el señor Ricardo Cárdenas Amado presentó demanda de
tutela2 con la pretensión de que se dejara sin efectos el auto del 31 de enero de
20253, proferido en el marco del proceso ejecutivo4 que promovió en contra de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (Fomag), con el propósito era obtener el pago de las diferencias de las
mesadas pensionales, indexación e intereses moratorios, adeudados con ocasión de
lo resuelto en la sentencia proferida el 25 de mayo de 2015 por el Juzgado Catorce
Administrativo Oral de Tunja.
2. En el referido proceso ejecutivo, el señor Cárdenas Amado solicitó como medida
cautelar el embargo y retención de los dineros que poseía en el banco BBVA la
Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Previo a resolver sobre tal solicitud, el Juzgado accionado -
mediante auto de 30 de julio de 2020- ordenó oficiar a la mencionada entidad
financiera, con el fin de que informara las posibles cuentas abiertas a nombre de la
ejecutada, su naturaleza y saldo actual. BBVA allegó la respectiva comunicación
informando que la señalada entidad no contaba con cuentas o depósitos de dinero
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Invocó sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso e igualdad.
3 Notificado el 3 de febrero de 2025.
4 Identificado con número de radicado: 15001-33-33-014-2019-00251-02.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en el banco y aclaró que el relacionado Nit correspondía a la fiduciaria la Previsora
S.A.
3. Mediante escrito del 7 de diciembre de 2021, la parte ejecutante solicitó también
el decreto de la medida cautelar de embargo del remanente del dinero que se llegara
a desembargar en el proceso ejecutivo con número de radicación 15001-33-33-003-
2020-00002-00 presentado por la señora Mercedes Guzmán de Almanza contra el
FOMAG, el cual cursaba en el mismo Juzgado.
4. En proveído de 1° de agosto de 2024, el Juzgado Catorce Administrativo Oral de
Tunja, entre otras cosas, negó la medida cautelar solicitada por la parte ejecutante.
Tomó en consideración la comunicación allegada por el Banco BBVA e indicó que,
en vista de la ausencia de dineros depositados en dicha entidad financiera por parte
de la ejecutada, correspondía negar la medida cautelar. Respecto de la solicitud de
embargo de remanentes señaló que, previa consulta del expediente 15001-33-33-
003-2020-00002-00, no era posible acceder al decreto de la cautela, en la medida
en que no había remanentes pendientes por devolver, ya que el proceso había
terminado desde el 23 de noviembre de 2023.
5.Contra esa decisión la parte demandante interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación. Mediante auto de 26 de septiembre de 2024, el Juzgado resolvió
no reponer.
6. El Tribunal Administrativo de Boyacá mediante auto de 31 de enero de 2025
confirmó la decisión de primera instancia. Explicó que en el recurso de apelación la
parte demandante no formuló reparo concreto en contra de las motivaciones que
llevaron al juez de instancia a negar la medida de embargo y retención.
7. En su tutela, el actor arguyó que ha sido variada y abundante la jurisprudencia
relativa a la inembargabilidad de los recursos públicos de la Nación, y de esos
precedentes se puede concluir que aquella no es absoluta, debido a que existen
excepciones, especialmente cuando se pretende el cobro de obligaciones
relacionadas con las prestaciones laborales o, el pago de sentencias judiciales.
8. Con base en lo anterior, referenció las siguientes sentencias: (i) C-539 de 2010;
(ii) C-543 de 2013; (iii) auto de 8 de mayo de 2014, radicado 11001-03-27-000-2012-
00044-00; (iv) providencia de 21 de julio de 2017, sin radicado; (v) 23 de noviembre
de 2017, sin radicado; (vi) 15 de diciembre de 2017, sin radicado; (vii) 8 de junio de
2018, radicado 15001-33-33-014-2016-00038-02 del Tribunal Administrativo de
Boyacá y; (viii) 27 de marzo de 2019, radicado 15001-33-33-014-00199-01 del
Tribunal Administrativo de Boyacá.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
9.Mediante auto de 12 de febrero de 20255 se admitió la presente acción, se ordenó
notificar de su presentación a la autoridad judicial accionada y, se vinculó al
5 Notificado el 19 de febrero de 2025.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
y a la Fiduprevisora S.A., en calidad de terceros con interés. Se ordenó comunicar a
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
(i) Tribunal Administrativo de Boyacá6.
10.
Consideró que la demanda es contradictoria al referir que la providencia de 31 de
enero de 2025 constituye una “vía de hecho y/o una decisión ilegítima” y al mismo
tiempo señalar que “la orden judicial impartida, está (sic) revestida de legalidad, la
cual deberá mantenerse, de acuerdo al Precedente Jurisprudencial”.
11.
Afirmó que la tutela interpuesta resulta improcedente, ya que la demanda no
enuncia ni satisface la demostración de al menos una de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial decantadas por la
jurisprudencia constitucional, pues el actor tan sólo se limitó a citar y a referir el
desarrollo jurisprudencial de dichas causales. Además, a pesar de que es posible
entrever que la parte accionante parece entender que hubo un presunto
desconocimiento del precedente, únicamente hace un recuento de la jurisprudencia
relativa al tema de las excepciones a la inembargabilidad de los recursos públicos.
12.
Explicó que el señor Cárdenas Amado entendió -en forma errada- la ratio
decidendi de las decisiones adoptadas; pues es claro que se negó la medida cautelar
tomando en consideración la comunicación allegada por BBVA, la cual informó que
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio no contaba con productos financieros en esa entidad y que
el Nit suministrado correspondía a la Fiduciaria la Previsora S.A. Por ende, no se
cumplen los presupuestos para alegar la configuración del presunto desconocimiento
del precedente relativo a las excepciones a la inembargabilidad de los recursos
públicos en el marco de los procesos en que se ejecuta una sentencia judicial.
(ii) Ministerio de Educación Nacional7.
13.
Solicitó ser desvinculada de la presente acción por falta de legitimación en la
causa por pasiva, en la medida en que no es la llamada a responder por las
pretensiones elevadas por el actor. Agregó que en el caso en concreto no se
evidencia violación alguna a los derechos del accionante.
14.
Arguyó que en el caso se presenta una controversia de naturaleza estrictamente
económica y un litigio que involucra intereses privados, lo cual descarta la relevancia
constitucional.
(iii) Fiduprevisora S. A8.
15.
Resaltó que la argumentación del actor es exigua en relación con la configuración
de las causales generales y específicas de procedencia de la tutela contra
6 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 4 folios.
7 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 15 folios.
8 Contestación enviada al correo electrónico, consta de 7 folios.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
providencia judicial, por lo que se debe declarar improcedente el amparo. Además,
el accionante cuenta con otros mecanismos legales y judiciales para solicitar el pago
de una prestación económica y, no acreditó conforme lo exigido por la jurisprudencia
constitucional, la existencia de un perjuicio irremediable. Adicionó que la entidad no
ha incurrido en conductas concretas, activas u omisivas que afecten los derechos
fundamentales invocados. Igualmente solicitó su desvinculación.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
C. Cuestión previa
16.
La Sala no accederá a las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio
de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., debido a que la primera es parte
demandada en el proceso ejecutivo en el que fue proferido el auto cuestionado y, la
segunda es la vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, también demandada en el asunto ordinario;
por lo que cualquier decisión a favor del actor puede repercutir directamente en el
proceso y en sus intereses.
D. Análisis del caso concreto
17. De entrada, la Subsección anuncia que declarará improcedente la solicitud de
amparo, por no estar acreditado el presupuesto de relevancia constitucional.
18. Los argumentos esgrimidos por la parte actora son totalmente exiguos, pues a
pesar de que se entiende que, al parecer, alega un desconocimiento del precedente
judicial, no explica el motivo de su configuración. Se limita a citar una serie de
providencias, respecto de las cuales no expone si fueron aplicadas, pero de forma
errónea o, si por el contrario no fueron tenidas en cuenta por el Tribunal
Administrativo de Boyacá al emitir el auto de 31 de enero de 2025, caso último en el
cual tampoco esgrimió si los asuntos guardan similitud fáctica y de problema jurídico
con el suyo, ni la ratio decidendi desconocida, como para haber sido tenidas en
cuenta de forma obligatoria por la autoridad judicial.
19. Sumando a lo anterior, se advierte que el actor ni siquiera cuestiona la razón de
la decisión del auto censurado. El Tribunal confirmó la decisión de primera instancia
al estimar que en el recurso de apelación el señor Cárdenas Amado no formuló
reparo concreto en contra de las motivaciones que llevaron al juez de instancia a
negar la medida de embargo y retención en los términos solicitados.
20. Lo anterior, debido a que los fundamentos del escrito de apelación fueron dirigidos
a reivindicar el carácter embargable de los recursos de la parte ejecutada, cuando el
Juzgado ni siquiera alcanzó a efectuar pronunciamiento sobre la inembargabilidad,
ya que para llegar a ese análisis era necesaria la verificación previa de la existencia
de los bienes objeto de embargo y, en el caso concreto, según la información
allegada al expediente, el FOMAG no contaba con productos financieros en el Banco
BBVA y, frente al embargo de remanentes, fue la verificación del estado actual del
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
proceso 15001-33-33-003-2020-00002-00 el cual estaba terminado, lo que llevó a
que no se decretaran las medidas cautelares.
21. Si en gracia de discusión, se obviara esa falencia argumentativa; es claro que los
fallos que trajo a colación no tienen ningún tipo de relación con la razón de la decisión
acusada, ni siquiera con la de primera instancia; ya que aquellos están relacionados
con la embargabilidad de los recursos de la Nación y, tal como se acaba de ver y lo
explicó el Tribunal accionado en el auto de 31 de enero de 2025, los argumentos
concernientes a la embargabilidad de los recursos no guardan correspondencia con
la decisión de negar las medidas cautelares.
22. Un cuestionamiento debidamente sustentado, en sede de tutela, debería estar
orientado a cuestionar el razonamiento del Tribunal, relativo a que las razones de
objeción no guardaban correspondencia con la ratio decidendi de la decisión
apelada; pero contrario a ello, el accionante insiste ante el juez de tutela en desatar
un debate sobre las excepciones a la inembargabilidad, que no fue el motivo para
negar las medidas cautelares.
23. En ese contexto, se advierte que, no basta con que la parte accionante enuncie
los derechos presuntamente vulnerados y los defectos en que a su sentir incurrió la
autoridad accionada, sino que tal vulneración debe estar justificada, es decir, tener
una carga argumentativa mínima, en la que se exprese con suficiencia las razones y
motivos que desde la perspectiva constitucional, revelan un juicio de desvalor de los
derechos fundamentales de quien la promueve de cara a la acción y definición que
ha adoptado el juez encargado por mandato constitucional de definir el derecho. Lo
expuesto en precedencia, deja claro que esa exigencia argumentativa no se cumplió,
por lo que no es posible predicar la relevancia constitucional del asunto.
24.
Bajo ese escenario, es evidente que la parte demandante no indicó con rigor
demostrativo el yerro que, en su sentir, lesionó sus derechos fundamentales, ni
cumplió con el deber de atacar la razón de la decisión de cierre. En razón de ello, la
Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.
25. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00652-00
Accionante: Ricardo Cárdenas Amado
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE9
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados
tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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