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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00658-01

Fecha
20 de junio de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00658-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Revócase la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, la cual quedará así: 1º) Deniégase la acción de tutela presentada por Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00658-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de junio de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Veinte (20) de junio de dos mil veinticinco (2025).

Consejero Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00658-01
Demandante: JAIME ANDRÉS MONTESDEOCA QUIÑONES
Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL
CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA
JUDICIAL. ANÁLISIS DEL DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE Y EL DEFECTO FÁCTICO. SE NIEGAN
LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Síntesis del caso: el actor cuestionó la providencia que negó sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho. La Sala revocará la sentencia que declaró improcedente la
acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en su lugar,
negará las pretensiones de la demanda porque si bien este mecanismo cumple con los
requisitos de procedibilidad, lo cierto es que no se demostraron los defectos invocados.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el actor en contra de la sentencia de
14 de marzo de 2025 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la cual se resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta
por Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones en contra del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, por no superar el requisito de
relevancia constitucional, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia. (...)”. (mayúsculas y negrillas del original –
archivo disponible en medio magnético en el índice 00017 del aplicativo
SAMAI).

II. ANTECEDENTES

La parte actora promovió proceso de acción de tutela1 en contra de la sentencia de
14 de noviembre de 2024 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por medio de la cual revocó la decisión de primera instancia

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 6 de febrero de 2025 (índice 00006 del
aplicativo SAMAI).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00658-01
Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

que accedió a las pretensiones y, en su lugar, las negó, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que promovió en contra de la ESE del
Municipio de Villavicencio2, por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos fáctico
y desconocimiento del precedente judicial y vulneraron sus derechos fundamentales
del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Prestó sus servicios como médico general para la Empresa Social del Estado del
Municipio de Villavicencio (en adelante La ESE) desde el 1 de abril de 2005 hasta
el 9 de julio de 2012, mediante sucesivos contratos de prestación de servicios,
celebrados directamente con la entidad y, en una fase posterior, a través de la
cooperativa de trabajo asociado COOASTCOM.

2) Durante su vinculación, ejecutó labores sustancialmente equivalentes a las
desempeñadas por los médicos vinculados a la planta de personal, en actividades
tanto extramurales como intramurales, entre ellas, la atención primaria en salud, el
control de crecimiento y desarrollo, las jornadas de vacunación, brigadas rurales,
visitas domiciliarias, actividades educativas y demás funciones del programa de
promoción y prevención.

3) El 8 de noviembre de 2012, presentó un derecho de petición a la ESE, en la cual
solicitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta y el
pago de las prestaciones sociales adeudadas, solicitud que le fue negada mediante
oficio del 15 de noviembre de 2012.

4) Promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de ese
acto, decidida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Meta que,
mediante sentencia del 10 de febrero de 2022, accedió parcialmente a las
pretensiones, declaró la existencia de una relación laboral para tres de los lapsos

2
Proceso con radicación no. 50001-23-33-000-2015-00138-01.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00658-01
Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

reclamados y ordenó el pago de prestaciones sociales, con excepción del periodo
correspondiente al 2005 por prescripción3.

5) La ESE apeló la decisión4 y el 14 de noviembre de 2024, la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia que revocó el fallo del
tribunal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

6) Para la autoridad judicial demandada no se acreditó la existencia del elemento
esencial de subordinación dentro de la relación entre el actor y la ESE, por cuanto
las pruebas aportadas al expediente -incluidos testimonios, informes y contratos- no
permitían inferir la presencia de órdenes jerárquicas obligatorias, ni un control
funcional que comprometiera la autonomía del contratista.

7) El tribunal evidenció que el actor prestó servicios a otras entidades de manera
simultánea, como la Cruz Roja, lo cual evidencia libertad en la disposición de su
tiempo y, por tanto, ausencia de dependencia continuada.

8) Finalmente, aun si se acreditaran los demás elementos del contrato de trabajo
(prestación personal y remuneración), la falta de subordinación impide declarar la
existencia del contrato realidad.

3
El tribunal concluyó que entre el actor y la entidad demandada se configuraron los elementos
esenciales de una relación laboral porque ejecutó funciones típicas de un médico general, en los
programas institucionales de promoción y prevención.
4
La entidad afirmó que no se probó la subordinación jurídica en los contratos ejecutados por el actor
porque no se allegaron documentos que evidenciaran la imposición de turnos, las órdenes impartidas
por superiores, los requerimientos formales para asistir a reuniones o capacitaciones y solicitudes
de permisos.

El cumplimiento de un horario no configura, por sí solo, subordinación, máxime en el contexto de la
prestación de servicios en salud.

Se acreditó mediante certificación que el actor prestó servicios para la Cruz Roja Colombiana –
Seccional Meta en los mismos periodos en que lo hizo para la ESE, lo cual demuestra que el actor
tenía autonomía en la disposición de su tiempo, lo cual es incompatible con la subordinación
permanente.

En cuanto a los contratos ejecutados a través de la cooperativa de trabajo asociado COOASTCOM,
afirmó que no se probó que existiera una intermediación ilegal por parte de la ESE y los testimonios
no ofrecieron detalles sobre el funcionamiento de la cooperativa ni de su relación con la entidad
pública.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00658-01
Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

2. Los fundamentos de la vulneración

El actor afirmó que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico y
desconocimiento del precedente judicial.

Sobre el defecto fáctico afirmó que la autoridad judicial demandada valoró de
manera irrazonable las pruebas que acreditaban la existencia de una subordinación
efectiva entre él y la ESE, tales como los testimonios, informes de actividades,
cronogramas y constancias de turnos médicos que daban cuenta del cumplimiento
de horarios fijos, la ejecución de funciones bajo supervisión jerárquica, la utilización
de recursos institucionales y la necesidad de pedir permisos para ausentarse.

Frente al desconocimiento del precedente judicial alegó que la sentencia
cuestionada omitió las consideraciones de la sentencia de unificación proferida por
la Sección Segunda del Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2021 5, la cual
estableció criterios vinculantes para reconocer relaciones laborales encubiertas bajo
contratos de prestación de servicios, especialmente en el sector salud.

En dicha línea, la jurisprudencia reconoce que la subordinación puede evidenciarse
por la inserción funcional del contratista en la estructura de la entidad, el
cumplimiento de jornadas, la sujeción a cronogramas, la recepción de órdenes
administrativas y la realización de tareas idénticas a las del personal de planta, de
modo que, por no aplicar tales parámetros, la sentencia impugnada incurrió en un
quiebre injustificado del precedente vinculante, lo cual afectó su derecho del debido
proceso.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, el demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“PRETENSIONES PRINCIPALES

PRIMERO: Dejar sin valor, ni efecto jurídico la sentencia proferida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO

5
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 9 de septiembre de 2021, proceso con
radicación no. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), MP Rafael Francisco Suarez Vargas.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00658-01
Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” el
catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024), C.P. Luis
Eduardo Mesa Nieves, por medio de la cual se decidió revocar la decisión
de primer grado de carácter condenatorio y, en consecuencia, dispuso
negar las pretensiones pues se consideró que, no se había demostrado
el elemento de dependencia o subordinación de mi mandante para con
la E.S.E. DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 50001-
2333-000-2013-00138-01.

SEGUNDO: Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A” que en un término no mayor a treinta (30) días, se
sirva proferir una nueva decisión dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido JAIME ANDRÉS
MONTEDEOSCA QUIÑONES contra la E.S.E. DEL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO, identificado bajo el radicado No. 50001-2333-000-
2013-00138-01, en el que se tenga en cuenta la totalidad del material
probatorio incorporado en debida forma al proceso y se respete el
precedente jurisprudencial decantado por el H. CONSEJO DE ESTADO
en asuntos de primacía de la realidad, accediendo a las súplicas
invocadas en el escrito introductorio y sin someter a tarifa legal la prueba
acopiada en el trámite ordinario.

PRETENSIONES SUBSIDIARIAS (...)

Que se CONFIRME LA SENTENCIA proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META, el diez (10) de febrero de dos mil
veintidós (2022), resolvió acceder a las súplicas, declarando la nulidad del
acto administrativo acusado, en el mismo sentido, declaró la relación
laboral entre mi prohijado y la ESE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO,
en los siguientes periodos: a) desde el 01/04/2005 hasta el 31/12/2005, b)
desde el 16/06/2006 hasta el 30/06/2010 y, c) desde el 01/01/2011 hasta
el 31/12/2011 y, como consecuencia de ello, condenó a la demandada al
pago de la totalidad de prestaciones sociales ordinarias conforme a los
honorarios pactados, mes a mes, en virtud de la declaración de la
existencia del contrato realidad, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No. 50001-2333-000-2013-
00138-00.”. (mayúsculas y negrillas del original - índice 00006 del
aplicativo SAMAI).

4. Actuación en primer grado

Mediante auto de 10 de febrero de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado admitió el proceso de acción de tutela, ordenó la notificación de
los magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación y vinculó a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del
Meta y al director de la ESE por asistirles interés en el resultado del proceso.

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Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

5. Sentencia de primera instancia

El 14 de marzo de 2025 (índice 00017 del aplicativo SAMAI), el a quo declaró la
improcedencia de la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional con fundamento en que los cuestionamientos del actor se
dirigieron a controvertir la valoración probatoria realizada por el juez natural dentro
del proceso ordinario, sin demostrar que dicha valoración hubiera sido arbitraria,
caprichosa o manifiestamente irrazonable.

Las alegaciones de la parte actora se reducen a una discrepancia con la conclusión
sobre la inexistencia de subordinación, aspecto que fue objeto de examen expreso
y motivado por la autoridad judicial demandada, además, el actor contó con las
garantías propias del debido proceso, presentó sus argumentos en sede ordinaria y
no logró acreditar la existencia de una vulneración directa de sus derechos
fundamentales que justificara la intervención del juez constitucional.

7. Impugnación

El demandante presentó impugnación (índice 00021 del aplicativo SAMAI) y le fue
concedida con auto de 22 de mayo de 2025 (índice 00023 del aplicativo SAMAI).

En ese documento reiteró que la autoridad judicial demandada desconoció las
pruebas relevantes que evidenciaban la subordinación y que erró en interpretar la
falta de órdenes escritas como ausencia de subordinación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el
caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

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Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce
mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera
inmediata y eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o
vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con
ella términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan los
derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia proferida por esa
autoridad judicial el 14 de noviembre de 2024, por cuanto, a su juicio, incurrió en un
defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en que fue propuesta la controversia la Sala revocará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse
con el requisito de relevancia constitucional y, en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda por las razones que procederán a exponerse:

2.1 Análisis de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela

1) Lo primero es señalar que el presente caso sí cumplió con los requisitos genéricos
de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por lo cual se

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Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

advierte que la Sala no comparte el criterio expuesto por el a quo quien sostuvo que
el asunto no superaba el requisito de relevancia constitucional.

2) Lo anterior, por cuanto la acción de tutela contiene las razones por las cuales se
consideró que el amparo deprecado debe ser valorado por el juez constitucional por
la presunta configuración de los defectos antes mencionados, planteamientos que
no pudieron ser discutidos en el trámite del proceso ordinario y que tienen relación
directa con garantías fundamentales como el debido proceso y el acceso a la
administración de justicia, máxime porque se controvierte la sentencia de segunda
instancia que revocó aquella en la cual se accedió a las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para, en su lugar, negar las
pretensiones del aquí demandante.

3) Si bien la discusión en el proceso ordinario versó sobre la existencia o no de una
relación laboral subordinada, lo cierto es que el debate que se propone en esta
instancia constitucional no busca reabrir ese debate fáctico o jurídico, sino reprochar
una posible vía de hecho judicial derivada de la supuesta omisión en la valoración
integral del acervo probatorio y del desconocimiento de la jurisprudencia aplicable
en supuestos equivalentes y, por ende, no se trata de una mera reiteración de lo
debatido en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, como se
consideró en primera instancia.

4) En lo demás, la acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia
en la medida que: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles
para la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se
cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue
promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia
atacada6; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba
ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que afecte
los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) identificó de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y, finalmente, (v) no se ataca una sentencia de tutela.
2.2 El defecto fáctico

6
La sentencia cuestionada se notificó el 6 de diciembre de 2024 y la acción de tutela se presentó
ante esta Corporación el 6 de febrero de 2025.

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a. Caracterización del defecto fáctico

1) El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas que tiene una incidencia directa en la decisión. Sobre dicho requisito
específico de acciones de tutela contra providencias judiciales la Corte
Constitucional ha reconocido que esta tipología tiene dos dimensiones: una negativa
y una positiva.

2) La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i)
ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el
desenlace del proceso; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) no decretar pruebas de
oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado
a hacerlo.

3) Por su parte, la dimensión positiva tiene lugar cuando el juez efectúa una
valoración por completo equivocada o fundamenta su decisión en una prueba no
apta para ello, ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas,
si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión; o (v) por decidir con
medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en
que se basa la providencia.

b. análisis del defecto fáctico en el caso concreto

1) En el asunto sub examine, el demandante sustentó la existencia de este defecto
en que, según su parecer, la autoridad judicial demandada incurrió en una omisión
valorativa injustificada respecto de los medios de prueba allegados al proceso
ordinario, en particular aquellos que, a su juicio, evidenciaban el cumplimiento del
elemento de subordinación.

2) A su juicio, el Consejo de Estado no valoró los testimonios, documentos
contractuales, cronogramas y demás constancias que permitían concluir la
existencia de una relación laboral encubierta.

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Acción de tutela – Impugnación de fallo

3) A partir de la revisión de los medios de prueba aportados al expediente, la Sala
observa que en la sentencia de primera instancia proferida el 10 de febrero de 2022
por el Tribunal Administrativo del Meta se presentó una relación de las pruebas
relevantes aportadas en el proceso y que contiene, entre otras: i) los contratos de
prestación de servicios celebrados entre el actor y la ESE; ii) las declaraciones
rendidas por los señores Johana Daryeri Daza Peña y Elkin Ovelio García Valor; iii)
las certificaciones sobre turnos médicos y cumplimiento de funciones; iv) la
respuesta de la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta sobre la vinculación paralela
del actor y, v) las constancias de ejecución de programas de promoción y
prevención.

4) En esa misma providencia, el tribunal consideró que se configuró una relación
laboral y, en lo atinente a las pruebas que acreditaron el cumplimiento del elemento
de la subordinación se anotó lo siguiente:

“5.3 Continuada subordinación y dependencia, (...) las declaraciones
de los testigos Johana Daryeri Daza Peña y Elkin Ovelio García Valor,
fueron consonantes en temas de cumplimientos de horario de 7 am a 3
pm, de realización de actividades extra e intramurales, de acatamiento de
órdenes y llamados de atención de parte de la Coordinadora del programa
de promoción y prevención (PyP) , así como la solicitud y concesión de
permisos ante la misma Coordinadora, de la utilización de equipos
médicos, de oficina, medicamentos y transporte suministrados por la
E.S.E. para la prestación del servicio. (...)

Ahora, en atención a lo manifestado por el señor apoderado de la parte
demandada quien afirmó que el demandante al tiempo de prestar sus
servicios en la ESE municipal también prestaba sus servicios en la Cruz
Roja, el Despacho decretó prueba de oficio a la Cruz Roja para que
certificaran si el demandante había prestado sus servicios en el
mencionado centro de salud para la época en que prestó sus servicios en
la ESE, el Presidente de la Cruz Roja Colombiana, Seccional Meta,
respondió: (fl. 211 exped. Físico) (...)

El medio de prueba descrito deja en evidencia que el señor JAIME
ANDRES MONTESDEOCA QUIÑONES, prestó de manera simultánea
sus servicios como médico general a la E.S.E. Municipio de Villavicencio
y a la Cruz Roja Colombiana Seccional Meta, durante parte del año 2005
y la totalidad de los años 2006 a 2012; no obstante, teniendo en cuenta
que la labor que desempeñó el médico en la Cruz Rojas, era ejecutada
según disponibilidad del médico, perfectamente pudo desarrollarse en
jornada diferente a la destinada o utilizada en la E.S.E. municipal para el
cumplimiento de sus actividades, práctica que conforme a las reglas de la
experiencia es generalmente utilizada por el gremio médico, quienes
terminan turno en una entidad y continúan prestándolo en otra. (...)

Se advierte además que el sometimiento o falta de autonomía del médico
MONTESDEOCA QUIÑONES en aspectos administrativos para el

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desempeño de su labor no fue ocasional o intermitente, sino constante,
permanente o continuada como lo fue también su contratación para
desarrollar una labor propia de la E.S.E. del municipio de Villavicencio,
esto es, la promoción y prevención en salud.

En consecuencia, el tercer elemento de la relación laboral, esto es, la
continuada subordinación y dependencia también se encuentra probada
(...)”.

5) De conformidad con las consideraciones antes transcritas, es claro que para la
autoridad judicial de primera instancia el elemento de subordinación quedó probado
con base en la prueba testimonial directa, la constancia en la ejecución de funciones
propias del ente público y el cumplimiento reiterado de directrices administrativas,
aun cuando el control no se ejerciera sobre el contenido técnico del acto médico.

6) De otra parte, en la sentencia cuestionada, proferida el 14 de noviembre de 2024
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se resolvió el
recurso presentado por la ESE, quien, en su condición de apelante único, reclamó
la falta de pruebas que acreditaran el cumplimiento del requisito de subordinación
en el proceso.

En referencia a la configuración de ese elemento la autoridad judicial demandada
consideró lo siguiente:

“Así pues, siguiendo los criterios previamente expuestos, se procederá a
determinar la existencia de la subordinación en el presente asunto a partir
de los siguientes ítems:

i) Lugar de trabajo: De las pruebas documentales, tales como los
contratos de prestación de servicios suscritos por las partes, se
observa que el demandante ejecutó actividades de médico general
en el programa de promoción y prevención de la E.S.E del Municipio
de Villavicencio de forma «extramural», es decir, por fuera de la sede
del ente hospitalario. Aspecto sobre el cual los deponentes indicaron
que dentro de las actividades extramurales que realizaba el actor, se
encontraban la realización de brigadas médicas en zonas urbanas
durante los días de semana en el municipio de Villavicencio y los
sábados en municipios y corregimientos aledaños, realizando
brigadas de vacunación, consultas médicas casa a casa, jornadas de
charlas y capacitación al personal civil.

Adicionalmente, los declarantes indicaron que el señor Montesdeoca
de manera esporádica realizaba actividades «intramurales» en los
puestos de salud de la E.S.E para cumplir con funciones de consulta
externa y urgencias, cuando los médicos a cargo de la prestación del
servicio en las instalaciones por diversos motivos no asistían a los turnos
que le eran programados por la administración. Empero, debe acotar la

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Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
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Sala que, adicional a los dichos de los testigos, dentro del plenario
no existe constancia probatoria que dé cuenta que en el desarrollo
de su servicio el demandante cumplió con funciones «intramurales».

ii) Horario de trabajo: (...) para esta Subsección, los dichos de los
declarantes no son suficientes para acreditar el acatamiento de horario
del actor.

En efecto, si bien los deponentes manifestaron haber prestado sus
servicios de manera concurrente con el demandante lo cierto es que sus
labores se ejecutaron en un período de tiempo que no abarcó todo aquel
en que el demandante prestó sus servicios. En efecto, el testigo Elkin
García manifestó haber laborado en la E.S.E desde el año 2005 hasta
el 2006 y Johana Daza desde el año 2008 hasta el año 2009. Por lo
tanto, para la Sala esas declaraciones no pueden ser consideradas
como suficientes para acreditar que el médico Jaime Andrés
Montesdeoca Quiñones durante la vigencia de toda su relación
laboral que lo fue desde el 1 de abril de 2005 al 31 de diciembre de
2011 cumplió esos mismos horarios referenciados u otros
impuestos por la demandada.

Asimismo, se considera que la prueba documental revela la
existencia de cuadros de turnos médicos extramurales en los que
solamente se puede apreciar el lugar de prestación del servicio y el
médico designado para ello, sin que se observe la asignación de unos
horarios específicos para cumplir la actividad. Situación que se evidencia
de igual modo en las minutas contractuales, en las que textualmente se
indicó que para el cumplimiento del objeto convenido el demandante no
debía cumplir con una jornada horaria. Y aunque existen documentos
relacionados con programas de escuelas saludables y de brigadas
de salud, estas solamente contienen la fecha en que se llevarían a
cabo, la entidad, la necesidad del servicio y su lugar de prestación,
por lo que con esos no es posible advertir que en ellas participaba el
demandante y sí lo hacía, en cuál de ellas participó, si la entidad tuvo
injerencia en la forma y tiempo de su ejecución.

De cualquier modo, debe advertirse que esta Subsección ha indicado
que el cumplimiento de horarios no lleva consigo el elemento de la
subordinación, pues entre las partes contratantes puede existir una
«relación de coordinación en sus actividades, de manera que el segundo
se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la
actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o
el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener
que reportar informes sobre sus resultados, pero ello no significa
necesariamente la configuración de un elemento de subordinación»

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: Es de
recordar que, de acuerdo con la sentencia de unificación previamente
referenciada de 9 de septiembre de 2021, este indicio constituye uno de
los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del
elemento de subordinación. En ese sentido, «lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una
influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual». (...)

En cuanto a los testigos se tiene que ellos señalan que el actor
recibía órdenes de la coordinadora y cumplía las actividades que ella

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Demandante: Jaime Andrés Montesdeoca Quiñones
Acción de tutela – Impugnación de fallo

asignaba, pero no existe en sus dichos claridad respecto a cuáles
eran esas directrices que proporcionaba la entidad demandada.

(...) no advierte la Sala cómo la entidad demandada direccionaba al señor
Jaime Andrés Montesdeoca, pues no existe forma de establecer que ella
le indicara la forma y el tiempo en que debía ejecutar los objetos
contractuales, como tampoco de qué manera asignaba las funciones al
demandante, o en qué consistían las reuniones convocadas y sí estas
eran o no de obligatorio cumplimiento para él como contratista y cada
cuánto tiempo se llevaban a cabo esas reuniones.

(...) si bien los testigos sostuvieron que el actor realizó su labor como
médico general de manera intramural en las instalaciones del ente
hospitalario demandado, no fueron claros a la hora de exponer las
condiciones de tiempo y modo en que ello ocurrió, sumado a que
expresaron que tales funciones eran realizadas de manera eventual, a
partir del cumplimiento de turnos impuestos por la coordinación, pero sin
dar mayor detalle al respecto. De tal manera que, para la Sala no se
encuentran probados todos los indicios de la subordinación como
elemento del contrato de trabajo. (...)

Con lo anterior, se extrae que, (...) el demandante no logró acreditar con
las pruebas allegadas que en el servicio ejecutado hubieran existido los
elementos necesarios para configurar la relación subyacente, más
concretamente el contentivo a la subordinación. Pues, en efecto, se reitera
que no obra constancia de imposición de direccionamientos, órdenes,
reglamentos o requerimientos puntuales que adviertan lo contrario.
Además, valga adicionar que los testigos presentados tampoco tuvieron
conocimiento sobre las condiciones del servicio del actor en este periodo,
comoquiera que su inmediación con los hechos se refiere a periodos
anteriores. (...)

Así las cosas, para la Sala le asiste razón al recurrente en esta instancia,
pues la parte demandante no cumplió con la carga probatoria de acreditar
con los elementos probatorios suficientes que permitan advertir indicios
subordinantes en la ejecución de sus actividades durante el período que
cumplió actividades de médico general en la E.S.E. del municipio de
Villavicencio (...)”.

7) A partir de lo anterior, la Sala pudo concluir que la sentencia de segunda instancia
ahondó en el análisis del elemento de la subordinación para recalcar que no se
encontraba acreditado mediante prueba directa ni indicios sólidos en los términos
exigidos por la jurisprudencia.

8) Fue justamente en el análisis de las pruebas allegadas al proceso que la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación se apartó de lo decidido
en primera instancia, pues, valoró de manera conjunta la totalidad de pruebas
aportadas por las partes, entre ellas los testimonios y documentos operativos a que
hizo referencia el demandante en los fundamentos de la vulneración de la acción de

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tutela y, a partir de ellas, coligió que no se advertía una inserción del actor en el
círculo organizativo y rector de la entidad.

9) Sobre el particular, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado denotó que los testimonios aportados carecían de fuerza demostrativa
suficiente, por abarcar periodos parciales y no detallar con precisión las condiciones
de ejecución del servicio.

10) En lo relacionado con el cumplimiento del requisito de subordinación, anotó que
el actor no logró demostrar que recibiera instrucciones precisas sobre el modo,
tiempo y lugar de ejecución, ni que estuviera sujeto a régimen disciplinario interno,
estructura jerárquica o fiscalización más allá de la coordinación funcional propia del
objeto contratado.

11) Así, fue justamente el estudio de la totalidad de las pruebas aportadas en el
expediente el que llevó al tribunal a concluir que el señor Jaime Andrés
Montesdeoca Quiñones no acreditó el cumplimiento del requisito de subordinación.

12) En esa medida, a partir del análisis de la decisión cuestionada para la Sala es
posible colegir que en ella sí se valoraron los medios de prueba que la actora estimó
como ignorados.

13) En efecto, fue con base, precisamente, en los testimonios, contratos,
constancias de turnos, cronogramas, certificados de vinculación y demás piezas
procesales que el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho concluyó que,
si bien el actor ejecutó labores regulares para la ESE, no aportó pruebas que
permitieran inferir subordinación jerárquica ante la entidad.

14) Por el contrario, está demostrado que la autoridad judicial demandada valoró
los medios allegados por las partes y que su decisión se basó en una evaluación
técnica y razonada, sin que sea posible que por vía de la acción de tutela el actor
pretenda que se imponga un criterio diferente al del juez natural de la causa por el
simple hecho de estar inconforme con una decisión contraria a sus intereses.

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15) En consecuencia, para esta Sala el defecto fáctico no tiene vocación de
prosperidad.

2.3 El desconocimiento del precedente judicial

a. Caracterización

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas
al caso que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un
problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una
autoridad determinada, al momento de dictar sentencia 7”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio
pacífico y reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los
casos que, en lo sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante
casos con supuestos fácticos y jurídicos similares se debe otorga un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior en orden a de garantizar la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad
jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 8 es necesario precisar
que no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”,
pues ello solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad
sobre dicho punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es
posible identificar tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren
las órdenes vinculantes para las partes del proceso y que constituye la solución al
problema jurídico examinado; ii) la ratio decidendi, compuesta por las
consideraciones o razones que sustentan, motivan y justifican la decisión adoptada,
y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no son más que aquellos argumentos de
argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no son vinculantes
ni necesarios para la resolución del asunto.

7
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

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Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza
de precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a
resolver posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema
jurídico semejante, o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el
caso posterior; y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia
anterior sean semejantes o planteen un punto de derecho parecido al que se debe
resolverse posteriormente9”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por
el contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero
antecedente judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para
establecer una regla cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para
la definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los
términos que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia
anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes
desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene
algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de
preceptos legales, etc.) que guían al juez para resolver el caso objeto de
estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un carácter orientador, lo que
no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta por el juez a la hora
de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las razones para
apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad (…).

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo
objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en las que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para
resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos
en los cuales:

9
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

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“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que
los jueces se aparten de este con las siguientes condiciones: i) deben hacer
explícitas las razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se
apartan del mismo, lo que se ha denominado cumplimiento de la “carga de
transparencia”; ii) están llamados a demostrar que los argumentos que ofrecen,
desarrollan y amplían de mejor manera el contenido de los derechos, principios y
valores constitucionales objeto de protección, pues no cualquier motivo constituye
una razón válida para “justificar” el apartamiento del precedente, exigencia que se
reconoce como la “carga de argumentación”.

b. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) En este caso, el actor alegó que la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado inaplicó las reglas jurisprudenciales contenidas en la sentencia
de unificación de 9 de septiembre de 2021 proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado referentes a los procesos en que se analizan casos sobre
relaciones laborales encubiertas o subyacentes.

2) En esa providencia, esta Corporación unificó su criterio en torno al i) sentido y
alcance de la expresión “término estrictamente indispensable” (temporalidad) del
numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) término de solución de continuidad
en los contratos estatales de prestación de servicios que ocultaron la existencia de
una relación laboral para efectos de determinar la prescripción de derechos; y, iii) la
improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social en salud
efectuados por el contratista, pautas que quedaron sintetizadas así:

“167. La primera regla define que el «término estrictamente
indispensable», al que alude el numeral 3. del Artículo 32 de la Ley 80 de
1993, es el señalado en los estudios previos y en el objeto del contrato, el
cual, de acuerdo con el principio de planeación, tiene que estar justificado
en la necesidad de la prestación del servicio a favor de la Administración,

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de forma esencialmente temporal u ocasional y, de ninguna manera, con
ánimo de permanencia.

168. La segunda regla establece un periodo de treinta (30) días hábiles,
entre la finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad, el cual, en los casos que se
exceda, podrá flexibilizarse en atención a las especiales circunstancias
que el juez encuentre probadas dentro del plenario.

169. La tercera regla determina que frente a la no afiliación a las
contingencias de salud y riesgos laborales por parte de la Administración,
es improcedente el reembolso de los aportes que el contratista hubiese
realizado de más, por constituir estos aportes obligatorios de naturaleza
parafiscal.

3) Como viene de leerse, en la sentencia invocada como desconocida, la Sección
Segunda del Consejo de Estado definió las reglas jurisprudenciales que servirían
de precedente sobre esas tres temáticas puntuales.

4) Aunque para la Sala no existe controversia en punto a que la aplicación de las
mencionadas reglas jurisprudenciales resulta vinculante por tratarse de una
sentencia de unificación, lo cierto que su aplicación por parte de las autoridades
judiciales presupone una condición esencial, esta es, que en el proceso consten los
elementos materiales que acrediten la existencia de una relación laboral subyacente
o encubierta (la prestación personal del servicio, la continuada subordinación y la
remuneración).

5) Así entonces, se equivoca el demandante en considerar que las particularidades
de su caso son semejantes a las de aquellos en que se profirieron sentencias
favorables, justamente porque la razón para denegar sus pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho fue la ausencia de medios de prueba que permitieran
concluir la existencia de una verdadera relación laboral por no estar probado el
elemento de la subordinación.

6) Adicionalmente, cabe mencionar que en esa providencia la Sección Segunda de
esta Corporación consolidó la reiterada jurisprudencia referente a las circunstancias
que permiten determinar la existencia de indicios de subordinación.

7) Tales consideraciones fueron justamente las que empleó la accionada para
analizar el caso planteado por el actor y denotar que no se probaron los indicios de
la dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar, por no encontrar

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probados dichos elementos a partir de las pruebas documentales y testimoniales
recaudadas en el proceso ordinario.

8) Por lo anterior, es claro que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado dirimió el conflicto que le fue planteado y concluyó que no se probó la
subordinación, previo análisis de las pruebas aportadas y de la jurisprudencia
aplicable para el caso de la demanda, en el marco de los principios de autonomía e
independencia judicial con que cuentan los jueces en su labor de administrar
justicia.

9) En esa medida, no es posible afirmar que se desconocieron los derechos
fundamentales del actor, en tanto la decisión atacada se adoptó con fundamento en
la interpretación que la autoridad consideró era la correcta respecto a la falta del
cumplimiento del requisito de subordinación en los contratos desarrollados por el
actor y, en consecuencia, no es posible declarar la configuración del invocado
defecto por desconocimiento del precedente, por lo cual se revocará la sentencia
de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, se
negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA:

Revócase la sentencia proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, la cual quedará así:

1º) Deniégase la acción de tutela presentada por Jaime Andrés Montesdeoca
Quiñones.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes e intervinientes o por el
medio que resulte más expedito y eficaz.

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3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera
instancia y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Notificación electrónica) (Notificación electrónica)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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