Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00674-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00674-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00674-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00674-00
Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de reparación
directa. Subtema 2: privación injusta de la libertad. Subtema 3: defectos
desconocimiento de precedente, sustantivo y fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Dagoberto Del Mar Arturo en contra
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Dagoberto Del Mar Arturo presentó acción de tutela, por conducto de
apoderado, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa, a la igualdad, a la presunción de inocencia y al acceso efectivo
a la administración de justicia, los cuales consideró vulnerados con la sentencia del
29 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Sala de Decisión Oral núm. 4, dentro del proceso de reparación directa con
radicación núm. 76001-33-33-007-2014-00385-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes
en el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Ricardo Monsalve Naranjo presentó una denuncia, ante la Fiscalía
General de la Nación, en contra del señor Dagoberto Del Mar Arturo por el delito de
extorsión, en grado de tentativa.
3. Con ocasión de lo anterior, el señor Dagoberto Del Mar Arturo fue privado de su
libertad entre el 27 de junio de 2012 y el 5 de diciembre de 2012, cuando el Juzgado
Veintiuno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento revocó la medida de
aseguramiento, por lo que permaneció recluido en establecimiento carcelario,
durante 5 meses y 8 días.
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Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
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4. El referido juzgado, por medio de sentencia del 17 de octubre de 2013, absolvió
al señor Dagoberto Del Mar Arturo del delito de extorsión por el cual fue procesado.
5. El señor Dagoberto Del Mar Arturo, junto con su grupo familiar1, presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, para que se les declarara administrativa y
extracontractualmente responsables por los perjuicios morales y materiales
causados como consecuencia de la privación de la libertad a la que estuvo sometido
el accionante.
6. El Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito de Cali, mediante sentencia
del 17 de julio de 2020, declaró probada la excepción de falta de legitimación material
en la causa por pasiva propuesta por la Fiscalía General de la Nación; declaró
administrativamente responsable a la Nación, Rama Judicial, por los perjuicios
derivados de la privación injusta de la libertad del señor Dagoberto Del Mar Arturo; y
condenó a la referida autoridad a pagar a los demandantes diferentes sumas por
concepto de perjuicios morales y, al afectado directo, perjuicios materiales, en la
modalidad de lucro cesante.
7. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia del 29 de
agosto de 2024, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
Con el debido respeto solicito a los honorables consejeros se declare la existencia de
la violación de los derechos fundamentales (artículo 1°, 13, 29, 123, 228 y 209 de la
constitución política) y que se inaplicaron reglas de unificación contenidas en la SU-
072 de 2018, cuando el fallo absolutorio es por inexistencia de la conducta y atipicidad.
En segundo lugar, con base en la anterior declaración, que la misma jurisdicción
proceda a amparar el derecho vulnerado, mediante el procedimiento de órdenes, en el
caso concreto, las vías de hecho judiciales consisten en ordenar dejar sin efecto la
providencia judicial del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que vulneraron los
derechos aquí demandados en tutela y que, en consecuencia.
1. Se ordene modificar la sentencia de segunda instancia del Tribunal del Valle, para
aplicar correctamente el precedente SU-072 de 2018.
2. Se revoque la sentencia de segunda instancia y, confirmando la sentencia de
primer grado, se ordene hacer nuevo fallo favorable estudiando principalmente la
presunción de inocencia y el debido proceso acogiendo los argumentos expuestos
en el fallo Constitucional C-469 de 2016, tal como la ha hecho la Sección Tercera
1
Se aclara que la parte demandante en el proceso de reparación directa se conformó por las siguientes personas: Dagoberto
Del Mar Arturo junto, actuando en nombre propio y en representación de su hija menor DDMV; la señora Gloria Amparo
Quiñones Carvajal, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor LFPQ; y los señores Fernando Arturo,
Claudia Patricia Ariza Arturo, María Elizabeth Del Mar Jordán, Nora Del Mar Arturo, Carlos Mora Arturo, Henry Jordán
Rodríguez, Marisol Quiñones Carvajal, Eric Fabio Quiñones y Diana Quiñones Carvajal.
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del Consejo de Estado en otros procesos, en donde sí lo ha hecho y ha accedido.
Que se de aplicación correcta a la sentencia de unificación SU-072 de 2018,
cuando se absuelve al imputado por atipicidad, inexistencia de la conducta, o por
absolución perentoria.
9. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante manifestó que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en desconocimiento de
precedente porque no atendió los criterios definidos por la Corte Constitucional en
la sentencia SU - 072 de 2018, en cuyo contenido se indicó que se debe aplicar el
régimen objetivo de responsabilidad en casos de privación de la libertad cuando el
procesado es absuelto por atipicidad de la conducta imputada. Ello, tal como lo aplicó
el Consejo de Estado en las sentencias del 2 de julio de 20192, 10 de julio de 20193,
29 de julio de 20194, 7 de octubre de 20195, 29 de noviembre de 20196 y 3 de junio
de 20207.
10. Asimismo, indicó que, en la providencia cuestionada, también se configuró un
defecto sustantivo, pues no tuvo en cuenta la sentencia C - 469 de 2016, en la que
la Corte Constitucional estableció los parámetros para determinar el carácter
proporcional, racional y necesario de una medida de aseguramiento, teniendo como
fundamento los artículos 295 y 296 de la Ley 906 de 2004. Sobre el particular,
también se pronunció el Consejo de Estado en la sentencia del 3 de abril de 20208.
11. Por otro lado, advirtió que la decisión acusada incurrió en defecto fáctico, toda
vez que omitió valorar en debida forma la audiencia de imposición de medida de
aseguramiento, en la cual se podía extraer que los elementos con los cuales la
Fiscalía General de la Nación sustentó la captura fueron ilusorios e inexistentes. Tal
situación se demostró en el juicio público, en el que el ente acusador reconoció que
no contaba con instrumentos de prueba para justificar una acusación y, por tanto,
solicitó la absolución perentoria.
12. Alegó que la medida privativa de la libertad fue irracional, dado que se
fundamentó en una denuncia temeraria, en el informe de policía judicial y en la
supuesta flagrancia, y que el Tribunal solo observó las decisiones penales previas y
no el fallo absolutorio.
2.3. Trámite procesal
13. La demanda de tutela se asignó al despacho del magistrado Jorge Edison
Portocarrero Banguera que, mediante oficio del 11 de febrero de 20259, manifestó su
impedimento para conocer del asunto, al considerar que se encontraba incurso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5° del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, que dispone: «[q]ue exista amistad íntima o enemistad grave
entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
2
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, exp. 76001-23-31-000-2006-03646-01 (47330)
3
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 19001 23-31-000-2011-00021-01 (52104).
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 18001-23-31-000-2006-00323-01 (48693).
5
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, exp. 20001-23-31-000-2009-00007-02 (40742) y exp. 20001-23-31-000-
2009-00105-01 (44405).
6
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, exp. 73001-23-31-000-2010-00608-01 (47600).
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, exp. 76001-23-31-000-2011-01359-01 (51543).
8
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, exp. 76001-23-31-000-2011-01190-01 (51.793).
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00674-00, índice 00005.
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Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
judicial». Ello, debido a que el magistrado Óscar Alonso Valero Nisimblat, quien
suscribió la providencia objeto de censura, es padrino de bautizo de uno de mis hijos.
14. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sala Dual, por medio de
auto del 25 de febrero de 202510, declaró fundado el impedimento manifestado por
el doctor Jorge Edison Portocarrero Banguera y lo separó del conocimiento del
trámite constitucional.
15. El despacho ponente, mediante auto del 4 de abril de 202511, admitió la acción
de tutela, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y puso en conocimiento el escrito de tutela a la
Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Juzgado
Séptimo Administrativo de Cali, a los demandados y a los terceros vinculados dentro
del proceso con radicado núm. 76001-33-33-007-2014-00385-00/01.
16. Posteriormente, con auto del auto del 8 de mayo de 202512, se ordenó a la
Secretaría General del Consejo de Estado insistir en el requerimiento a la parte
accionante para que aportara los nombres y las direcciones de los restantes
demandantes en el proceso ordinario con el fin garantizar su debida vinculación.
2.4. Intervenciones
17. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 13 solicitó la desvinculación
de la acción constitucional porque carece de legitimación en la causa por pasiva, al
no tener injerencia en la adopción de decisiones judiciales. Además, pidió que
nieguen las pretensiones de la demanda, en atención a que los argumentos del
accionante se dirigen a revivir un litigio que se llevó a cabo bajo las ritualidades de
rigor y con el respeto de las garantías que le asistían a cada uno de los sujetos
procesales.
18. La Fiscalía General de la Nación14 manifestó que la entidad no tiene
legitimación en el causa por pasiva, dado que la entidad no tiene idoneidad para
pronunciarse sobre las pretensiones presentadas por la parte tutelante respecto de
la decisión judicial cuestionada.
19. El Juzgado Séptimo Administrativo de Cali 15 remitió el enlace para consulta
del expediente de reparación directa requerido con radicado 76001-33-33-007-2014-
00385-01, sin pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la tutela.
20. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y los demás sujetos
vinculados guardaron silencio.
10
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00674-00, índice 00015, certificado núm. 32663D5662141F62 E216097C91AB2A15
92E89A54B344ED0D 725673895F935C28.
11
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00674-00, índice 00020, certificado núm. 98B752AEEE4B18D0 7A11BF5EEC8ABE4B
0C30E36BCAA39C62 8BAE009DB2C65275.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00674-00, índice 00029, certificado núm. E87ABEA29CFF1650
883C7479F5B70125 CEBB975384FF2DE7 E9294132CF9D3C33.
13
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14
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15
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Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, y el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la presente solicitud
de amparo interpuesta por el señor Dagoberto Del Mar Arturo en contra del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
3.2. Legitimación en la causa
22. La legitimación en la causa por activa del señor Dagoberto Del Mar Arturo se
encuentra acreditada, por cuanto fue la persona que promovió la demanda de
reparación directa con fundamento en la cual se expidió la decisión que acusó de
desconocer sus derechos fundamentales.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en la medida en que fue la autoridad judicial que
profirió la sentencia que, a juicio del tutelante, vulneró sus garantías constitucionales.
24. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación solicitaron su desvinculación al considerar que no están llamadas a responder
por los hechos y pretensiones de tutela; sin embargo, la Sala aclara que su
vinculación al presente asunto fue en calidad de terceras con interés a fin de
garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En ese orden, al no acudir a
este trámite constitucional como autoridades accionadas, no es posible declarar su
falta de legitimación en la causa por pasiva y, por tanto, se negará su solicitud.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
25. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado16 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional17.
26.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S. A.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
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v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
27. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales18 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En otras
palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan
la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
28. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución19.
3.4. Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
29. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, ya que, según los
alegatos del accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis jurisprudencial
y probatorio, eventos que, de encontrarse acreditados, se advertirían lesionados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la
administración de justicia la tutela, garantías procedentes a analizar en casos de
tutela contra providencia judicial20.
30. La Sala advierte satisfecho el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte
accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para
la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
31. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho porque la sentencia del 29
de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca se
notificó por correo electrónico al día siguiente21 y el escrito de tutela se presentó el
10 de febrero de 202522, esto es, dentro del plazo de los seis meses establecido
como razonable tanto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional 15 como del
Consejo de Estado16.
18
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
19
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
20
El Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 31 de julio de 2012, C.P. María
Elizabeth García, exp. 11001-03-15-000-2009-01328-01 (IJ), unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional
de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la
administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la
ley y la jurisprudencia.
21
Samai, exp. 76001-33-00-007-2014-00385-01, índice 00014, certificado núm. 01C2A6C089C8D69D B346B95508F6311C
378CF1A7133E39A8 B70AEF15FFD059C7
22
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00674-00, índice 00001.
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32. En el escrito de amparo, la parte actora expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y no resultaba posible que hubiera alegado tal violación en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido en
contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
33. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
34. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad para cuestionar la sentencia enjuiciada por los defectos
desconocimiento de precedente, sustantivo y fáctico y, en ese orden, continuará con
el análisis de fondo, en los términos que planteó la parte actora.
3.5. Problema jurídico
35. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la
igualdad, a la presunción de inocencia, al acceso efectivo a la administración de
justicia del señor Dagoberto Del Mar Arturo. En particular, deberá establecer si
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente al
proferir la sentencia del 29 de agosto de 2024, que revocó la providencia del 17 de
julio de 2020, expedida por el Juzgado Séptimo Administrativo de Cali, por medio de
las cuales se accedió a las pretensiones indemnizatorias propuestas por la parte
demandante.
36. Para dichos efectos, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos
invocados; y ii) el caso concreto.
3.5.1. El desconocimiento de precedente
37. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas23.
38. Al respecto, la Corte Constitucional ha considerado que el precedente se define
como aquella sentencia o conjunto de estas que son emitidas con anterioridad a un
caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los
problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las
autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior24. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
23
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
24
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales25.
39. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia 26.
40. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si l
mismo o el Tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades
judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la
jurisprudencia»27.
41. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela28.
25
Se transcribe incluso con errores.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
28
Ibídem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el precedente),
pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo requiere exponer
razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio
jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para
resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la
igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales».
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42. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, ya que se trata de una sola corporación29.
43. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de
este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio»
de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las exigencias de
la autonomía judicial.
3.5.2. El defecto sustantivo
44. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de
conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado30.
45. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
46. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […] 31.
47. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
29
Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
30
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
31
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
48. Así, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al carácter
normativo de la Constitución (artículo 4° de la CP), la obligación de dar eficacia a los
derechos fundamentales (artículo 2° superior), la primacía de los derechos humanos
(artículo 5° de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho
fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la garantía al acceso a la
administración de justicia (artículo 228 Superior)32.
3.5.3. El defecto fáctico
49. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»33. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión»34 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
50. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”».35 Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»36.
51. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio dentro
del proceso37.
52.Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
32
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
33
Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
34
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
35
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
36
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
37
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
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independencia judicial38 lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este
«no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación
probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas
generales de competencia»39.
53. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
― siguiendo las reglas de la lógica― a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]40.
3.6. Caso concreto
54. El señor Dagoberto Del Mar Arturo acudió a la acción de tutela con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión Oral n.um. 4, al proferir la
sentencia del 29 de agosto de 2024, dentro del proceso de reparación directa con
radicado núm. 76001-33-33-007-2014-00385-01.
55. En criterio del accionante, el Tribunal incurrió en: i) desconocimiento de
precedente jurisprudencial al no atender las reglas de decisión contenidas en las
sentencia SU-072 de 2018; ii) defecto sustantivo al no aplicar los parámetros para
determinar si una medida de aseguramiento es proporcional, racional y necesaria
establecidos en la sentencia C-469 de 2016; y ii) en defecto fáctico por indebida
valoración de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, que da cuenta
que la medida no fue debidamente razonada, en atención a que solo se apoyó en
una denuncia temeraria, en el informe de policía judicial y en la supuesta flagrancia,
además de no tener en cuenta el fallo absolutorio.
56. Pues bien, al examinar la providencia objeto de tutela, se observa que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca estudió la demanda de reparación directa
presentada por el señor Dagoberto Del Mar Arturo y su núcleo familiar en contra de
la Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se le declarara
38
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
39
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
40
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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administrativa y extracontractualmente responsables por los perjuicios causados
como consecuencia de la privación injusta de la libertad que el señor Dagoberto debió
soportar.
57. En la sentencia, el Tribunal revocó la decisión de primera instancia, que había
declarado responsable a la Nación, Rama Judicial por los perjuicios derivados de la
privación injusta de la libertad del señor Dagoberto Del Mar Arturo y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda.
58. Para adoptar dicha determinación, el juez colegiado revisó la jurisprudencia del
Consejo de Estado en torno de la responsabilidad del Estado por privación injusta de
la libertad. Así, trajo de presente la sentencia del 17 de octubre de 201341, en la que
la Sección Tercera acogió el régimen de responsabilidad objetivo; y la sentencia del
15 de agosto de 201842, en la que la Sección unificó jurisprudencia, variando la tesis
utilizada en tales asuntos.
59. Asimismo, la providencia cuestionada, realizó un análisis de los criterios
jurisprudenciales expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de
2018 en materia de privación de la libertad.
60. Bajo este contexto jurisprudencial, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
se pronunció en los siguientes términos:
En la actualidad, según la nueva posición jurisprudencial del Consejo de Estado,
adoptada en la sentencia del 15 de agosto de 2018, 43 en armonía con el artículo 90
Constitucional, el análisis debe partir, no solo de la verificación de la existencia del
daño bajo su condición de elemento estructural, sino también de su antijuridicidad
como condición sine qua non de la lesión indemnizable, lo que, implica consultar el
apego al ordenamiento jurídico de la orden de detención o privación, así como de la
conducta de quien padece el daño de manera directa, para luego establecer la
presencia de los demás elementos de la responsabilidad y el título de atribución que
se pretende utilizar, sin que se encuentre predeterminado el régimen de
responsabilidad a aplicar, sino que el juez de conocimiento lo escogerá en cada caso,
de acuerdo con las particularidades del proceso en concreto.
En otras palabras, en desarrollo de la nueva posición jurisprudencial, el examen de la
antijuridicidad del daño que se discute en el juicio de responsabilidad por una privación
injusta de la libertad, exige la constatación de si la orden de detención y las condiciones
bajo las cuales se adoptó tienen correspondencia con los cánones legales y
constitucionales, así como, si el término de duración de la medida de restricción fue
excesivo, e igualmente, si la medida era necesaria, razonable y proporcional.
Por ello, destaca el Consejo de Estado que, el primer examen debe hacerse sobre la
medida cautelar misma, pues su apego a la normatividad implica la juridicidad de la
afectación, que tiene un efecto definitorio de la solución jurídica que se otorgue […].
41
Proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 52001-23-31-000-1996-07459-01 (23.354),
consejero ponente Mauricio Fajardo Gómez.
42
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de agosto de 2018, exp. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947).
43
Cita propia del texto transcrito: «CONSEJO DE ESTADO. Sección tercera. Bogotá, 15 de agosto de 2018. Magistrado Ponente:
CARLOS ALBERTO ZAMBRANO. Proceso radicación No. 66001-23-31-000-2010-00235 01 (46.947), Actor: Martha Lucía Ríos
Cortés y otros. Demandado: La Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.»
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No sobra agregar que, con anterioridad a esta nueva postura del Consejo de Estado,
la Corte Constitucional en sentencia SU-072 de 2018, había considerado que, el
precedente jurisprudencial de responsabilidad marcadamente objetivo que había
adoptado aquella corporación en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013
desconocía el precedente sentado por esa misma Corte en sentencia C-037 de 1996
mediante la cual se declaró exequible condicionadamente el artículo 68 de la Ley 270
de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia— del que emana la
responsabilidad Estatal en materia de privación injusta de la libertad. […]
Igualmente, indicó la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 que “a pesar
del criterio aplicado por el juez penal, el juez administrativo deberá establecer si está
frente a un caso de duda acerca del valor demostrativo de la prueba recaudada o de
su absoluta inexistencia y, en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de
atribución objetiva. Esa libertad judicial también se extiende a la nominación de las
causales de privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414
del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de cosas,
independientemente de estar o no normados.”
También destacó la Corte que, en dos de los eventos de absolución enlistados en el
artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, esto es: i) cuando el hecho punible no
existió o, ii) cuando la conducta desplegada fuese objetivamente atípica – no constituya
delito - era posible “predicar que la decisión de privar al investigado de su libertad
resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para esos eventos es factible aplicar un
título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el daño antijurídico se
demuestra sin mayores esfuerzos”; debido a que, estando en los inicios de la
investigación y para efectos de privar preliminarmente de la libertad al investigado, se
debe tener claro, por lo menos, que el hecho si se presentó y que puede ser
objetivamente típico, por lo que en estos casos, el juez administrativo puede ser laxo
en el proceso probatorio y valorativo para imputar el daño.
Precisó la Corte en esa misma providencia que, los otros dos eventos de absolución:
i) el procesado no cometió el delito, e ii) in dubio pro reo, no podían ser abordados bajo
un régimen objetivo de responsabilidad, ya que estos, “exigen mayores esfuerzos
investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere del Fiscal o del
juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al
investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma.”
Concluye la mencionada Corporación que “la única interpretación posible –en
perspectiva judicial- del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece
un único título de atribución y que, en todo caso, le exige al juez contencioso
administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de
los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique
la exigencia ineludible y para todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del
funcionario que expidió la providencia, pues, será en aplicación del principio iura novit
curia, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se establezca
cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le
asiste al demandante.”
61. En esos términos, se colige que, contrario a lo señalado por el accionante, el
Tribunal si atendió las reglas de decisión contenidas en la sentencia SU–072 de
2018, pues explicó que, en este pronunciamiento, la Corte Constitucional dejó en
claro que los artículos 90 de la Constitución Política y 68 de la Ley 270 de 1996 y la
sentencia C-037 de 1996 no establecieron un régimen de responsabilidad específico
aplicable en los eventos de privación de la libertad. En este sentido, se debe analizar
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la antijuridicidad del daño, es decir, que al juez le corresponde determinar si la
medida fue apropiada, razonable y proporcionada; tesis jurisprudencial que, por
demás, es la que actualmente viene aplicando la Sección Tercera del Consejo de
Estado.
62. Ahora, es cierto que en el referido pronunciamiento la Corte resaltó que en los
casos en que se da la absolución porque el hecho punible no existió o porque la
conducta desplegada fue objetivamente atípica, era posible «predicar que la decisión
de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego,
para esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el
entendido de que el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos».
63. Sin embargo, la Corte Constitucional también precisó que la aplicación de un
régimen de responsabilidad objetivo no se configura de manera automática, sino que
se requiere que la atipicidad de la conducta sea manifiesta, grave y evidente, y que
la decisión judicial que ordenó la privación de la libertad haya sido irrazonable y
desproporcionada, pues, se reitera, no solo se debe acreditar la atipicidad de la
conducta, sino también la falta de razonabilidad y proporcionalidad de la decisión. De
este modo la Sala no evidencia que se haya configurado el desconocimiento de
precedente jurisprudencial endilgado.
64. A su turno, aunque se controvierte el desconocimiento de la C-469 de 2016, en
la que la Corte desarrolló los aspectos fundamentales relacionados con las medidas
de aseguramiento, esto es, que la medida debe ser necesaria, adecuada,
proporcional y razonable, lo cierto es que tales criterios si se tuvieron en cuenta,
puesto que fueron recogidos en la sentencia SU-072 de 2018, que, como se vio, el
Tribunal aplicó al caso de marras. De manera que en el asunto no prospera el defecto
sustantivo invocado.
65. Finalmente, se cuestiona una indebida valoración probatoria de la audiencia de
imposición de medida de aseguramiento, pues, en sentir del actor, de ella se podía
extraer que los elementos de prueba con los cuales la Fiscalía sustentó la captura
fueron ilusorios e inexistentes, en tanto, solo se fundamentó en una denuncia
temeraria, en el informe de policía judicial y en la supuesta flagrancia. Además, que
el Tribunal solo observó decisiones penales previas y no el fallo absolutorio.
66. Pues bien, sobre el particular, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
realizó el siguiente análisis:
En el presente asunto la medida de aseguramiento de detención preventiva, dictada
contra el aquí demandante, cumplió con los presupuestos subjetivos establecidos en
el artículo 308 del C.P.P., pues conforme quedó demostrado en el plenario, para la
fecha de su imposición existían elementos que permitían al Juez de Control de
Garantías, inferir razonablemente que el imputado podía ser autor o participe de la
conducta punible que se investigaba, en razón a la denuncia presentada por el señor
Ricardo Monsalve Naranjo ante el Gaula Ejército, en la cual manifestó estar siendo
víctima de extorsión por parte del señor Dagoberto del Mar Arturo, quien junto a dos
personas más se presentó en varias oportunidades en su lugar de residencia y
establecimiento comercial con fines intimidatorios a exigirle la suma de $10.000.000, y
en caso de no proceder con el pago mandarle “a los muchachos de la oficina” o realizar
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el cobro por valor de $50.000 cada vez que se presentaran y no se les entregara el
dinero exigido.
Así mismo, el Juez de Control de Garantías, tuvo como sustento que el aquí
demandante fue capturado en flagrancia durante el operativo antiextorsivo realizado
por el Gaula, cuando junto a otra persona recibía el dinero previamente exigido al señor
Ricardo Monsalve Naranjo, y por tanto, la imposición de la medida de aseguramiento
privativa de la libertad resultaba necesaria a fin de que se pudiera determinar dentro
de la misma y con la certeza requerida para la emisión de un fallo definitivo, si había
participado o no en la conducta. En este punto debe señalarse que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 244 del Código Penal, el delito de Extorsión consiste en
constreñir u obligar a una persona mediante violencia o intimidación a hacer, tolerar u
omitir alguna cosa con el fin de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero.
Según el análisis realizado por el Juez de Control de Garantías, puede deducirse en
esta instancia que contaba con elementos materiales probatorios que daban cuenta de
que pese a que, la obligación que el señor Ricardo Monsalve Naranjo había contraído
con el señor Dagoberto del Mar Arturo en el mes de marzo de 2012, se encontraba
saldada, según se acreditó con la factura de venta expedida por la Notaría 15 de Cali,
y así mismo no existiendo motivos para que se le realizara el cobro de la suma de
$10.000.000; sin embargo el último mencionado realizó varias visitas al citado señor
Monsalve para buscar el pago de dicha suma, en las que, no sólo se valió de la
compañía de otras personas, sino que procedía a hacer advertencias sobre lo que le
podría pasar sino procedía al pago reclamado. Todo ello, sirvió de fundamento al
referido operador judicial para concluir que, en este caso, se tenía una inferencia
razonable de que el señor Dagoberto del Mar Arturo, podía ser autor o participe de la
conducta investigada.
Adicionalmente, para la imposición de la medida de aseguramiento, el juez de control
de garantías, observó lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, vigente
para el momento en que se impuso la medida de aseguramiento al actor, que
consagraba la prohibición de otorgar beneficios o subrogados legales, judiciales o
administrativos, para quienes se encontraran implicados en el delito de extorsión en
cualquiera de sus modalidades.
Aunado a lo anterior, consideró que la medida cautelar solicitada por la Fiscalía era
proporcional, en cuanto contribuía a los fines constitucionalmente legítimos, como
quiera que la conducta delictiva de Extorsión atentaba contra el patrimonio económico
de la víctima. Así mismo, se estableció que la medida cautelar impuesta al demandante
en establecimiento carcelario se ajustó a los presupuestos objetivos de procedencia
consagrados en el artículo 313 del C.P.P., dado que, se impuso por el delito de
Extorsión en grado de Tentativa, cuya pena de prisión es superior a los 4 años,
conforme a la tipificación establecida en la Ley 599 de 2000.
[…] aunque es evidente que, con posterioridad a la audiencia preliminar en la cual se
impuso medida de aseguramiento, esto es, el 17 de octubre de 2013, en la audiencia
de Juicio Oral, el señor Ricardo Moncada Monsalve presentó unos hechos diferentes
a los indicados en la denuncia, tales como, la existencia de un pequeño saldo de la
obligación contraída en el mes de marzo de 2012, y la ausencia de intimidación con
armas o de palabra de parte del investigado, lo que, en últimas derivó la solicitud de
absolución de éste, tampoco puede afirmarse que la medida cautelar impuesta
inicialmente deviene en injusta o ilegítima.
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Ello es así, pues es claro que, para proceder a imponer la medida de aseguramiento
restrictiva de la libertad no se requiere prueba irrefutable de autoría en el punible, en
la medida que, la inferencia razonable de que trata el artículo 308 del Código de
Procedimiento Penal, por lo menos debe poner al imputado en un plano de
probabilidades reales de posible autoría o participación, y es allí donde se puede
concluir que los elementos materiales probatorios que fueron recolectados en su
momento por la Fiscalía, era suficientes para construir esa inferencia razonable, tal
como se indicó anteriormente.
Así las cosas, para la Sala, la medida de aseguramiento impuesta al señor Dagoberto
del Mar Arturo, estuvo precedida de una valoración adecuada de los elementos de
convicción de acuerdo con el momento procesal en el cual se encontraba la actuación
penal y con el tipo de delito investigado, que en principio permitía inferir, al menos de
manera probable y conforme al estándar de prueba que para ese momento establecía
la ley, que el procesado podía ser autor o participe de la conducta típica de Extorsión
en el grado de Tentativa.
Por lo anterior, se considera que la privación de la libertad del señor Dagoberto del Mar
Arturo, no fue injusta, pues cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 308 y
313 de la Ley 906 de 2004, lo que amerita la REVOCATORIA de la sentencia recurrida,
para en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.
67. Lo anterior permite deducir que el Tribunal no efectuó una valoración arbitraria
del caso, pues encontró que la medida de aseguramiento resultaba necesaria, en
tanto cumplió con los presupuestos del artículo 308 del CPP, dado que para la fecha
de su imposición existían elementos que permitieron al juez de control de garantías
inferir razonablemente que el imputado podía ser autor o participe de la conducta
punible que se investigaba, esto es, en atención a la denuncia presentada por el
señor Ricardo Monsalve Naranjo y la captura en flagrancia durante el operativo
antiextorsivo realizado por el Gaula.
68. Asimismo, que fue proporcional porque la conducta delictiva de extorsión
atentaba contra el patrimonio económico de la víctima; y también razonable, ya que
para proceder a imponer la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad no se
requiere prueba irrefutable de autoría en el punible, sino de probabilidad de posible
autoría o participación.
69. Tales circunstancias le permitieron concluir al Tribunal, que la medida impuesta
al señor Dagoberto del Mar Arturo estuvo precedida de una valoración adecuada de
los elementos de convicción, de acuerdo con el momento procesal en el cual se
encontraba la actuación penal y con el tipo de delito investigado que, en principio,
permitía inferir, al menos de manera probable, y conforme al estándar de prueba que
para ese momento establecía la ley, que el procesado podía ser autor o participe de
la conducta típica de extorsión en el grado de tentativa.
70. Asimismo, aunque se alega que el Tribunal no tomó en cuenta la sentencia
absolutoria, lo cierto es que, en materia de antijuridicidad del daño, el juez de lo
contencioso-administrativo no debe analizar la conducta delictiva, sino los aspectos
que rodearon la decisión de la medida de aseguramiento, a efecto determinar si esta
fue adecuada, proporcional y razonable con los hechos del caso; y en el sub judice,
la autoridad accionada encontró probados tales elementos, ya que, para ese
momento procesal, los instrumentos de prueba aportaban indicios de que el detenido
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Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
podía ser autor o partícipe del hecho punible; por lo que no se colige un defecto
fáctico en el asunto.
71. Por lo expuesto, la Sala considera que la providencia cuestionada no incurrió los
defectos invocados, pues la decisión de revocar el fallo de primera instancia, que
accedió a las pretensiones de la demanda, estuvo fundamentada en un análisis
juicioso de las pruebas, la normativa y la jurisprudencia aplicable al asunto. Por estas
razones, si bien la decisión objeto de tutela no resultó favorable al accionante, esto
no significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
72. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación
directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
IV. CONCLUSIÓN
73. La Sala concluye que la providencia proferida por el Tribunal accionado no
vulneró el derecho fundamental al debido proceso del accionante, por cuanto no se
evidencia en su contenido un análisis arbitrario, infundado o caprichoso ajeno a
preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que exijan la intervención del juez
de tutela. Por tal motivo, se negará el amparo invocado.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, según lo
señalado en las consideraciones que preceden.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Dagoberto Del Mar Arturo en
contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones señaladas en
la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si esta decisión no es impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
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Accionante: Dagoberto Del Mar Arturo
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Con impedimento
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
YASM/SEJV
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