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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00684-00

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00684-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión Nacional del Servicio Civil SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Carlos Raúl González Moscote, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00684-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

3 de abril de 2025

Demandante: Carlos Raúl González Moscote
Demandados: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00684-00
Demandante: CARLOS RAÚL GONZÁLEZ MOSCOTE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL A Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 10 de febrero de 2025 a través de la ventanilla virtual
del Consejo de Estado, el señor Carlos Raúl González Moscote, actuando en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla y el departamento del Atlántico, al considerar vulnerados
sus derechos fundamentales «al acceso al empleo público, prevalencia de la
meritocracia, igualdad en conexidad con el principio de confianza legítima y
prevalencia del derecho sustancial».

Estimó quebrantadas tales garantías constitucionales con ocasión de las
sentencias del 2 de agosto y 13 de septiembre de 2024, a través de las cuales
las autoridades judiciales negaron las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-008-2023-00063-01,
promovida por el actor contra el departamento del Atlántico y la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

En concreto, solicitó a esta Corporación:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Raúl González Moscote
Demandados: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-00

1. Conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales al Acceso al
Empleo Público, Prevalencia de la meritocracia, Igualdad en conexidad con el
principio de confianza legítima y Prevalencia del derecho sustancial.

2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla.

3. Ordenar al Departamento del Atlántico que proceda a nombrar al suscrito como
empleado público en el cargo denominado “PROFESIONAL ESPECIALIZADO,
Código 222, Grado 7”, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta
de personal de la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.1

1.2. Hechos

La parte actora narró los siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala,
resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente asunto:

Mencionó que participó en el Proceso de Selección 1343 de 2019 – Territorial 19
– II, con el fin de ocupar la vacante del empleo denominado «Profesional
Especializado, Código 222, Grado 7», de la planta de personal de la
Gobernación del Atlántico, identificado con el código OPEC No. 75331 del
Sistema General de Carrera Administrativa.

Indicó que en el concurso solo se ofertó una vacante y fue ocupada por la señora
Lisbeth Yissel Gnecco Leyva, quien obtuvo el primer lugar en la convocatoria
según se desprende de la lista de elegibles publicada por la Comisión Nacional
del Servicio Civil mediante la Resolución 11267 del 18 de noviembre de 2021,
en la que él aparece en segundo puesto.

Señaló que el 9 de febrero de 2022 solicitó a la referida entidad y a la
Gobernación del Atlántico, información sobre los cargos iguales o equivalentes
al ofertado en la planta del ente territorial, que hubieran quedado vacantes
después de iniciado el proceso de selección.

Manifestó que la gobernación contestó su petición el 8 de marzo de 2022, en el
sentido de precisar que a través de Decreto 521 del 22 de diciembre de 2021 se
había nombrado en período de prueba a la persona que ocupó la primera
posición en el concurso, quien había solicitado una prórroga de 90 días para
tomar posesión en el cargo; así mismo, que se le estaría comunicando cualquier
situación que se presentara en cuanto al uso de la lista de elegibles y que en la
planta global no existía un empleo equivalente al perfil de ese empleo.

Refirió que, por su parte, la Comisión Nacional del Servicio Civil respondió el 31
de mayo siguiente, indicando que al ocupar la segunda posición en la
convocatoria se podría proceder al «estudio técnico de viabilidad de uso de lista
para empleos equivalentes».

Adujo que el 22 de marzo de 2022 presentó una nueva solicitud ante la
Gobernación del Atlántico, con el fin de que le informaran la cantidad de cargos
que existían bajo la denominación «Profesional Especializado, Código 222,

1
Trascripción literal del original con posibles errores.

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Grado 7», a qué dependencias estaban asignados y en qué situación
administrativa se encontraban.

Destacó que el 2 de mayo del mismo año, la entidad contestó: «[d]e los empleos
denominados profesional especializado código 222 grado 7, encontramos lo
siguiente: En vacancia definitiva (4) cargos que fueron ofertados en la
convocatoria Territorial II 2019. En carrera administrativa Cuarenta (40) cargos,
de los cuales existen (4) cargos provistos por encargo. En provisionalidad son
ocho (8) cargos, que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II 2019, del
cual un (1) cargo en condición de prepensionado reportado en el aplicativo SIMO
de la CNSC. En nombramiento de periodo de prueba hay (24) cargos. De libre
nombramiento y remoción son Siete (7) cargos».

Resaltó que el 28 de junio de 2022 volvió a radicar una petición ante el ente
territorial, en la que solicitó ser nombrado en alguno de los cargos de libre
nombramiento y remoción disponibles o que estuviera provisto por encargo, o en
cualquiera en el que se originara una vacante; subsidiariamente, pidió que se le
nombrara en uno equivalente que perteneciera al mismo nivel jerárquico, grado
salarial y requisitos de experiencia, o en uno similar en cuanto al propósito y
funciones.

Sostuvo que a través de oficio del 6 de julio de 2022, notificado el 15 de julio
siguiente, la Gobernación del Atlántico negó su requerimiento bajo el argumento
de que los cargos de libre nombramiento y remoción, a diferencia de los de
carrera administrativa, estaban sometidos a la voluntad del empleador en cuanto
a su vinculación, permanencia y retiro, así que era él quien evaluaba las
capacidades y la idoneidad de los funcionarios.

Añadió que el 26 de julio del mismo año pidió a la entidad que le entregara una
copia del manual de funciones de los empleos provistos por encargo, de los 7 de
libre nombramiento y remoción y del ocupado por un funcionario en condición de
prepensionado.

Mencionó que el 23 de agosto de 2022 se atendió su petición en el sentido de
informar que los manuales respectivos estaban publicados en la página web de
la gobernación y podían ser consultados sin restricción alguna.

Adujo que, ante las negativas de la entidad en realizar su nombramiento,
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
Gobernación del Atlántico, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla bajo el radicado 08001-33-33-
008-2023-00063-00.

Señaló que la autoridad judicial, mediante sentencia del 2 de agosto de 2024,
negó las pretensiones de la demanda al considerar que al ente territorial le asistía
razón en no acceder a la solicitud del demandante, ya que los cargos de libre
nombramiento y remoción diferían sustancialmente de los de carrera
administrativa.

Lo anterior, debido a que en las distintas respuestas otorgadas se le dejó en

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claro que no había vacante para los cargos de carrera a los que aspiraba y que
los de libre nombramiento y remoción estaban sometidos a la voluntad del
empleador en cuanto a su vinculación y permanencia.

Mencionó que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, ya que,
en su criterio, el cargo para el cual concursó no era de libre nombramiento y
remoción como lo quería hacer ver el departamento del Atlántico.

Explicó que ese empleo no tiene funciones directivas, de manejo, conducción u
orientación institucional, y en el manual respectivo no está establecido que sea
un cargo de confianza, por lo que el ente territorial debía nombrarlo en alguno
de los que estuviesen ocupados por el supuesto personal de libre nombramiento
y remoción.

Indicó que el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de fallo del 13 de
septiembre de 2024, confirmó la sentencia recurrida con base en los mismos
argumentos de la primera instancia.

1.3. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte actora, con las providencias cuestionadas se desconoció su
derecho al acceso al empleo público por mérito, al no tener en cuenta que los
siete empleados que ocupan el cargo de profesional especializado, código 222,
grado 7 en la Gobernación del Atlántico, no podían ser de libre nombramiento y
remoción sino que debían pertenecer a la carrera administrativa.

En su concepto, debía aplicarse la regla contenida en el artículo 6 de la Ley 1960
de 20192, en el sentido de ordenar que alguno de esos cargos fuera asumido por
él al haber ocupado la segunda posición en la lista de elegibles correspondiente.

Aseguró que el acto administrativo que negó su nombramiento en el ente
territorial fue expedido con falsa motivación, infracción de las normas en que
debería fundarse y desviación de poder, ya que a pesar de existir un régimen
legal y jurisprudencial que le exige a la Gobernación del Atlántico darle prioridad
al mérito, se le dio preferencia a personas de libre nombramiento y remoción.

Destacó que la meritocracia tiene como objetivo fundamental la
profesionalización de los servidores de la administración pública para lograr
transparencia y calidad en la atención a los ciudadanos, razón por la cual el
artículo 125 de la Constitución Política establece que los empleos en las

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ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:

“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles
que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las
vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes
no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.

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entidades del Estado son de carrera.

Añadió que el artículo 27 de la Ley 909 de 2004 consagra que el ingreso y la
permanencia en los empleos de carrera administrativa se debe hacer
exclusivamente con base en el mérito.

Refirió que el concurso público es el instrumento adecuado para que, bajo
parámetros objetivos, transparentes y claros, se garantice la selección de las
personas mejor cualificadas integralmente.

Indicó que la Corte Constitucional, en sentencia T-333 de 1998, explicó que lo
que se busca con la provisión de empleos a través de los concursos de méritos
es la satisfacción de los fines del Estado y garantizar el derecho fundamental al
acceso a la función pública, lo que conlleva a la elección oportuna del
concursante que reúne las calidades para asegurar un buen servicio.

Por tal motivo, consideró que existe una prevalencia constitucional del mérito
que no se respetó frente a los cargos de profesional especializado, código 222,
grado 7, que hay en la Gobernación del Atlántico, pues algunos son ocupados
por personas que pertenecen a la carrera administrativa y otros por personal de
libre nombramiento y remoción.

Precisó que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por
la Ley 1960 de 2019, establece que con la lista de elegibles conformada se
deben cubrir no solo las vacantes para las cuales se efectuó el concurso, sino
aquellas relativas a los cargos equivalentes que no fueron convocados, lo cual
constituye el criterio general aplicado por la Comisión Nacional del Servicio Civil
para los concursos realizados luego del 27 de junio de 2019.

Manifestó que, incluso la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
fallo del 27 de septiembre de 2018 en el expediente 11001-03-25-000-2013-
01304-00 (3319-2013), encontró aceptable que la entidad convocante usara la
lista para proveer cargos que no hubieran sido ofertados inicialmente en el
concurso respectivo.

Agregó que en la sentencia T-340 de 2020, la Corte Constitucional explicó que
aquellas personas que ocuparan un lugar en la lista pero que no fueran
nombradas por no haber suficientes vacantes convocadas, era posible aplicar la
regla contenida en la Ley 1960 de 2019 si se daban los supuestos allí
contemplados.

Insistió en que el empleo al que se postuló y frente al cual ocupó la segunda
posición, tiene la misma denominación, naturaleza y perfil de los empleos que
están siendo ocupados por siete empleados de libre nombramiento y remoción
en la Gobernación del Atlántico, a pesar de no tratarse ser de perfil directivo, de
manejo, confianza, conducción u orientación institucional.

Comentó que, además, existen tres empleos iguales que están proveídos en
encargo, así que debía utilizarse la lista de elegibles en aplicación de lo previsto
en la Ley 1960 de 2019 para que las funciones sean asumidas por él al haber

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ocupado el segundo lugar en el concurso.

Recalcó que el juez de tutela debía ordenar al departamento del Atlántico que
retirara del servicio a esos funcionarios y procediera a su nombramiento, en
aplicación del derecho fundamental a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y
al acceso a cargos públicos.

1.4. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 12 de febrero de 2025 se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Atlántico, al juez octavo administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y al
gobernador del Atlántico, en calidad de demandados.

Así mismo, se vinculó a la Comisión Nacional del Servicio Civil y a la señora
Lisbeth Yissel Gnecco Leyva, en atención al interés que le asiste en las resultas
del presente trámite constitucional.

Además, se ordenó realizar una publicación en la página web del Consejo de
Estado en la que se informara a la ciudadanía sobre la existencia de la acción
de tutela de la referencia.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.4.1. Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla

La autoridad judicial de primera instancia en el proceso ordinario bajo
controversia, se limitó a remitir el enlace de consulta del expediente 08001-33-
33-008-2023-00063-01.

1.4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó declarar la
improcedencia de la acción por no cumplir el requisito de subsidiariedad.

Argumentó que la solicitud de amparo es un mecanismo residual, así que no es
posible utilizarla para solicitar el uso de una lista de elegibles.

Expuso que los cuestionamientos planteados por el actor deben ser dilucidados
ante el juez de lo contencioso administrativo a través del medio de control
correspondiente, en el cual puede hacer uso de las medidas cautelares previstas
en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

Agregó que no existen elementos suficientes que demuestren la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como
mecanismo transitorio.

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En todo caso, advirtió que la entidad no vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora, ya que la Comisión Nacional del Estado Civil no tiene la facultad
nominadora ni interviene en la expedición o modificación de los actos de
nombramiento en la Gobernación del Atlántico, por lo que pidió que se declare
su falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.4.3. Gobernación del Atlántico

El subsecretario del despacho del gobernador informó que el accionante radicó
una serie de peticiones a las que se les dio respuesta mediante los radicados
20220510013911, 20220510020681, 20230510001191 y 20220510024611 del
2 de mayo y 6 de julio de 2022 y 18 de enero y 23 de agosto de 2023.

Recalcó que en todos ellos se le aclaró que la Gobernación del Atlántico solo
ofertó una vacante en el cargo de profesional especializado, código 222, grado
07, en la que fue nombrada y posesionada la señora Lisbeth Yissel Gnecco
Leyva por ocupar el primer lugar del concurso de méritos.

Resaltó que también se le indicó que el uso de la lista en los términos de la Ley
1960 de 2017 operaba para cubrir nuevas vacantes que se generaran con
posterioridad pero que correspondieran a los mismos empleos.

Explicó que se debía entender como «mismo empleo» aquel con igual
denominación, código, grado, asignación básica mensual, propósito, funciones,
mismos requisitos de estudio y experiencia reportados por la OPEC, ubicación
geográfica y mismo grupo de aspirantes, criterios que no se cumplían en este
caso ya que el cargo para el cual participó el demandante es diferente a los
empleos con igual denominación que estaban vacantes en la entidad.

Indicó que la Resolución 11267 del 18 de noviembre de 2021, por la cual se
conformó la lista de elegibles bajo controversia, tenía una vigencia de dos años
y venció el 20 de enero de 2024.

Por lo anterior, consideró que no se vulneraron los derechos fundamentales del
actor porque no ocupó una posición de mérito para ser nombrado en período de
prueba en la Gobernación del Atlántico, ni existía algún cargo dentro de la planta
global que correspondiera al criterio de «mismo empleo» para ser ubicado en
uno de ellos.

1.4.4. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral A

La magistrada ponente de la providencia de segunda instancia controvertida,
alegó que los argumentos de la acción de tutela son idénticos a los expuestos
en el proceso ordinario.

Sostuvo que el estudio realizado en el fallo censurado se llevó a cabo bajo la
normatividad aplicable y a la luz de los criterios del Consejo de Estado como
máximo órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo
cual permitió establecer que no era procedente que la Gobernación del Atlántico
realizara el nombramiento solicitado por el actor.

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Lo anterior, debido a que solo se ofertó una vacante para el cargo al cual se
postuló el actor y este fue ocupado por la señora Lisbeth Yissel Gnecco Leyva
por ocupar el primer lugar en el concurso.

Además, porque los cargos de libre nombramiento y remoción en los cuales
pretendía ser nombrado no eran iguales o equivalentes al que se presentó, ya
que tenían una naturaleza jurídica distinta.

Refirió que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados, por lo que
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción o, en su defecto, se declare
su improcedencia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Cuestión previa

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Comisión Nacional del Servicio Civil
solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que
no tiene la facultad nominadora ni interviene en la expedición o modificación de
los actos de nombramiento en la Gobernación del Atlántico.

Al respecto, se precisa su vinculación no se realizó en condición de entidad
accionada sino como tercero, en atención al posible interés que le asiste en las
resultas del presente proceso por conformar el extremo demandado en el
proceso ordinario objeto de controversia, razón por la cual no se accederá a su
petición.

2.3. Problema jurídico

Corresponde en este caso determinar si, tal y como lo argumenta la parte actora,
las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus derechos
fundamentales «al acceso al empleo público, prevalencia de la meritocracia,
igualdad en conexidad con el principio de confianza legítima y prevalencia del
derecho sustancial».

Lo anterior, con ocasión de las sentencias del 2 de agosto y 13 de septiembre
de 2024, a través de las cuales el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico negaron, en
primera y segunda instancia respectivamente, las pretensiones de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-33-33-008-2023-
00063-01, promovida por el actor contra el departamento del Atlántico y la
Comisión Nacional del Servicio Civil.

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Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado.

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M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Examen de los requisitos de procedencia adjetiva – Relevancia
constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 2022, explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo
de la providencia reprochada».

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que nos ocupa, el actor controvierte las sentencias del 2 de agosto
y 13 de septiembre de 2024, a través de las cuales el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y el Tribunal Administrativo

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Demandante: Carlos Raúl González Moscote
Demandados: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-00

del Atlántico, Sala de Decisión Oral A, respectivamente, negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-33-33-008-2023-00063-01, promovida contra el departamento
del Atlántico y la Comisión Nacional del Servicio Civil.

En síntesis, su inconformidad radica en que se le haya negado la posibilidad de
ocupar el cargo de profesional especializado, código 222, grado 7 en la planta
de personal de la Gobernación del Atlántico, empleo para el cual concursó y
ocupó el segundo lugar en la lista de elegibles correspondiente.

Según el accionante, pese a que la única vacante ofertada había sido otorgada
a la ciudadana que se encontraba en primer lugar, existían más cargos con la
misma denominación y naturaleza a los cuales podía acceder en aplicación de
lo previsto en el artículo 6 de la Ley 1960 de 20194, sin que fuera cierto que
correspondieran a cargos de libre nombramiento y remoción.

No obstante, las autoridades judiciales determinaron que, efectivamente, esos
cargos no pertenecían al régimen de carrera administrativa, lo que implicaba que
no podían ser proveídos mediante la lista de elegibles y dependían de la
autonomía del nominador.

Con todo, el señor González Moscote insistió, a través del presente trámite
constitucional, en que los demás empleos con la misma denominación debían
ser proveídos con el personal de carrera administrativa y, en tal sentido, lo
procedente era ordenar su designación en alguno de los puesos que, de forma
indebida, están siendo ocupados por personas de libre nombramiento y
remoción.

A partir de lo anterior, para la sala es evidente que el asunto carece de relevancia
constitucional puesto que lo pretendido por la parte actora es reabrir el debate
que ya se agotó al interior del proceso ordinario respecto de la posibilidad de
ocupar alguno de los cargos de profesional especializado, código 222, grado 7
de la planta de la Gobernación del Atlántico.

De hecho, al comparar la demanda ordinaria, el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y el escrito de tutela, es posible apreciar que los
argumentos son exactamente los mismos que ya fueron planteados ante el juez
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, y que
corresponden a la inconformidad con la negativa del ente territorial a utilizar la
lista de elegibles para proveer otros cargos con la misma denominación al que

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ARTÍCULO 6o. El numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, quedará así:

“Artículo 31. El Proceso de Selección comprende:

1. (...)
2. (...)
3. (...)
4. Con los resultados de las pruebas la Comisión Nacional del Servicio Civil o la entidad
contratada, por delegación de aquella, elaborará en estricto orden de mérito la lista de elegibles
que tendrá una vigencia de dos (2) años. Con esta y en estricto orden de mérito se cubrirán las
vacantes para las cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de cargos equivalentes
no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del concurso en la misma Entidad.

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Demandante: Carlos Raúl González Moscote
Demandados: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-00

optó el demandante y a la ocupación de esos empleos por personal de libre
nombramiento y remoción.

Por ello, no cabe duda que lo pretendido por el señor González Moscote es
convertir este mecanismo en una instancia adicional al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho para reabrir el debate abordado por el juez natural,
en torno a la posibilidad de ser nombrado en uno de los cargos de profesional
especializado, código 222, grado 7 de la Gobernación del Atlántico en aplicación
del artículo 6 de la Ley 1960 de 2019.

En este caso, las autoridades judiciales ya definieron la controversia y
establecieron que los empleos a los que hacía referencia el demandante no
pertenecían a la carrera administrativa, sino que su naturaleza era de libre
nombramiento y remoción, así que su designación estaba supeditada a la
autonomía del nominador y no podía ser ocupada por las personas de la lista de
elegibles.

Por lo tanto, no es admisible que el accionante pretenda volver sobre la misma
discusión ante el juez de tutela, con la intención de lograr una decisión distinta
que sí sea favorable a sus intereses, a partir de argumentos que no denotan un
debate que trascienda el ámbito legal y conlleve a un estudio de índole
constitucional.

Esto quiere decir que el estudio propuesto por el actor no podía centrarse en
reiterar los planteamientos que propuso justamente en el proceso, sino que era
necesario que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria de las autoridades accionadas, máxime si se tiene en cuenta
que este mecanismo constitucional no puede ser considerado como una
instancia adicional al medio de control que promovió.

Así pues, en criterio de la Sala, el actor no cumplió con la carga ius fundamental
requerida para superar el requisito de relevancia constitucional, toda vez que sus
reproches están dirigidos a que se modifique el raciocinio de los jueces
ordinarios tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna
discusión que justifique razonablemente la presunta vulneración de sus
garantías.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente
para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que
dieron origen a la controversia judicial».

En este orden de ideas, el tutelante no expuso planteamientos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional,
por lo que se declarará la improcedencia de la acción por no cumplir el requisito
en cuestión.

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Demandados: Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-00

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniégase la solicitud de desvinculación presentada por la Comisión
Nacional del Servicio Civil

SEGUNDO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela promovida por el
señor Carlos Raúl González Moscote, de conformidad con lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remítase el
expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido en
el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

Ausente con excusa
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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