Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00684-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00684-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00684-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
22 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01
Demandante: Carlos Raúl González Moscote
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00684-01
Demandante: CARLOS RAÚL GONZÁLEZ MOSCOTE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SALA DE
DECISIÓN ORAL A, JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA Y
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Defectos por violación directa de la
Constitución, decisión sin motivación y defecto procedimental
absoluto. Incumplimiento del requisito de la relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa en nombre propio, contra la sentencia
de 3 de abril de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia
constitucional.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 10 de febrero de 2025, el señor Carlos Raúl González Moscote pidió al juez
constitucional la protección de sus derechos fundamentales de acceso al empleo
público, igualdad y a los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial accionada.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Conceder el amparo constitucional de los derechos fundamentales al Acceso al Empleo
Público, Prevalencia de la meritocracia, Igualdad en conexidad con el principio de
confianza legítima y Prevalencia del derecho sustancial.
2. Dejar sin efectos las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y
el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla.
3. Ordenar al Departamento del Atlántico que proceda a nombrar al suscrito como
empleado público en el cargo denominado “PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código
222, Grado 7”, del Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal de
la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO”.
2. Hechos
La parte actora manifestó que concursó para ocupar la vacante ofertada en el
proceso de selección n.º 1343 de 2019 – territorial 2019 -II, correspondiente al
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Demandante: Carlos Raúl González Moscote
empleo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, identificado bajo la
OPEC n.º 75331 de la Gobernación del Atlántico.
Relató que en el concurso solo se ofertó una vacante para el cargo al que participó
y que conforme a la lista de elegibles publicada mediante Resolución n.º 11267 de
18 de noviembre de 2021 ocupó el segundo puesto, motivo por el que se nombró a
la persona que alcanzó el puntaje para el primer lugar.
Señaló que el 9 de febrero de 2022 elevó solicitud ante la Gobernación del Atlántico
y la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de que se le brindara información
sobre los cargos iguales o equivalentes al de Profesional Especializado, código 222,
grado 7, que han quedado vacantes con posterioridad al proceso de selección n.º
1343 de 2019.
Adujo que el 8 de marzo de 2022, la Gobernación del Atlántico dio respuesta a lo
pedido en el sentido de informar que la persona que ocupó el primer lugar se
encontraba nombrada en periodo de prueba, por lo que cualquier novedad que se
presentara en uso de la lista de elegibles le sería comunicada y que no existía un
empleo equivalente al perfil del ofertado -Profesional Especializado, código 222,
grado 7-, en la planta global.
Agregó que la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de oficio de 31 de
mayo de 2022, le indicó que, al ocupar el segundo lugar en la lista de elegibles para
el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, podría realizar el estudio
técnico de viabilidad de uso de listas para empleos equivalentes.
Mencionó que el 22 de marzo de 2022 elevó solicitud ante la Gobernación del
Atlántico para que le informara la cantidad de cargos que existen bajo la
denominación de Profesional Especializado, código 222, grado 7, a que
dependencia se encuentran asignados y en qué situación se encuentran.
Indicó que la autoridad administrativa otorgó respuesta por comunicado de 2 de
mayo de 2022, en la que manifestó que “De los empleos denominados profesional
especializado código 222 grado 7, encontramos lo siguiente: En vacancia definitiva (4)
cargos que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II 2019. En carrera administrativa
Cuarenta (40) cargos, de los cuales existen (4) cargos provistos por encargo. En
provisionalidad son ocho (8) cargos, que fueron ofertados en la convocatoria Territorial II
2019, del cual un (1) cargo en condición de prepensionado reportado en el aplicativo SIMO
de la CNSC. En nombramiento de periodo de prueba hay (24) cargos. De libre
nombramiento y remoción son Siete (7) cargos”.
Sostuvo que el 28 de junio de 2022 le solicitó a la Gobernación del Atlántico que
procediera a nombrarlo en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado
7, en alguno de los cargos de libre nombramiento y remoción o provisto por encargo.
De manera subsidiaria pidió que se considerara su nombramiento en un empleo
equivalente o similar en cuanto a funciones.
Aludió que, por oficio de 6 de julio de 2022, notificado el 15 del mismo mes y año,
la Gobernación del Atlántico decidió negar el nombramiento solicitado bajo el
siguiente argumento: “los cargos de libre nombramiento y remoción, a diferencia de los
de carrera, están sometidos a la voluntad del empleador en cuanto a su vinculación,
permanencia y retiro y en estos casos, es él quien evalúa las capacidades y la idoneidad
de los funcionarios”.
Manifestó que el 26 de julio de 2022 le solicitó a la Gobernación del Atlántico que le
suministrara el manual de funciones de los funcionarios provistos por encargo, los
de libre nombramiento y remoción y del prepensionado, con el fin de verificar si
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existían equivalentes. A lo que agregó que el 23 de agosto de 2022, la autoridad en
mención le dio respuesta enviando los manuales específicos de funciones.
Señaló que, ante la negativa de la Gobernación del Atlántico en realizar el
nombramiento en el equivalente al cargo de Profesional Especializado, código 222,
grado 7, presentó demanda a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que le fue asignada por reparto al Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla con radicado n.º 08-001-33-33-
008-2023-00063-00.
Relató que, el juzgado profirió sentencia de primera instancia el 2 de agosto de
2024, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda por considerar que
“los cargos de libre nombramiento y remoción difieren sustancialmente de los de carrera
administrativa por su discrecionalidad. En las respuestas a los derechos de petición
suministradas al demandante, el Departamento del Atlántico siempre se le dejó en claro que no
había vacantes en los cargos de carrera a los que él aspiraba y que los cargos de libre
nombramiento y remoción existentes, a diferencia de los de carreras, están sometidas a la
voluntad del empleador en cuanto a su vinculación y permanencia del retiro”.
Expuso que contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación que fue
desatado por el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia de 27 de
noviembre de 2024, en la que resolvió confirmar la decisión apelada.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora hizo referencia a la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. Mencionó que el asunto cuenta con relevancia
constitucional, por cuanto se debate la vulneración a los derechos fundamentales al
debido proceso en conexidad con el derecho a la defensa, de acceso a la
administración de justicia e igualdad, debido a que las autoridades judiciales
accionadas incurrieron en el i) defecto procedimental absoluto, al no aplicar las
disposiciones para la provisión de empleos de carrera administrativa, ii) violación
directa de la Constitución, tras no observar el debido proceso en conexión con el
acceso a la administración de justicia y, iii) decisión sin motivación, porque los
fundamentos jurídicos no se ajustan a la situación fáctica planteada, sumado que
no cuenta con otro medio de defensa judicial y se cumple el presupuesto de la
inmediatez ya que la decisión cuestionada fue notificada el 27 de noviembre de
2024.
Mencionó que la decisión reprochada no consideró que los siete empleos que
ocupan el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, no deben ser
de libre nombramiento y remoción, sino que deben ser provistos a través del mérito,
en consecuencia, resulta aplicable la regla contenida en el artículo 6º de la Ley 1960
de 2019. Sumado a que es padre cabeza de familia y tiene un hijo en condición de
discapacidad cognitiva.
En relación con la vulneración al derecho de acceso al empleo público, hizo
referencia al artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 para mencionar que el acto
administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad, por falsa motivación,
infracción de las normas que debía fundarse y desviación de poder. A ello agregó
que “la entidad demandada viola mis derechos fundamentales i) a la igualdad, ii) al trabajo,
iii) al debido proceso, iv) acceso a la función pública y v) a la posibilidad de acceder a cargos
públicos, porque, pese a la existencia de una normatividad y jurisprudencia que lo permite
y exige obligatoriamente, la Gobernación del Atlántico en este caso le da preferencia en el
acceso al cargo a personas que acceden al empleo a través del encargo y el libre
nombramiento y remoción, y no por medio del concurso de méritos”.
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Citó los artículos 27 y 31 de la Ley 909 de 2004 y mencionó el 28 de la misma
normativa. También se refirió al artículo 53 de la Constitución Política, a las
sentencias T-333 de 1998, T-081 de 2021 y T-340 de 2020 de la Corte
Constitucional relacionadas con la provisión de empleos a través de concurso de
méritos y a la Ley 1960 de 2019. En ese punto, precisó que existe prevalencia
constitucional sobre los cargos provistos mediante libre nombramiento y remisión
por quienes adquirieron su estatus por mérito, como lo es el resultado obtenido para
la provisión del cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7. De manera
puntual consideró lo siguiente:
“(...) se colige que la Ley 909 de 2009 regula el sistema de carrera administrativa
y es norma reguladora de todo concurso que obliga tanto a la administración
como a las entidades contratadas y a sus participantes a seguir estrictamente
sus directrices, la cual fue modificada por la Ley 1960 de 2019, que señala en su
artículo 6 que la lista de elegibles obtenida en un concurso de mérito, se podrá
utilizar en estricto orden de mérito para proveer las vacantes para las cuales se
efectuó el concurso de mérito y las demás vacantes definitivas de cargos
equivalentes no convocados, que surjan con posterioridad a la convocatoria del
concurso en la misma entidad, siempre y cuando la convocatoria se inicie en su
vigencia.
En este caso específico, el empleo al que me postulé para el concurso de méritos
en el que ocupé la segunda posición tiene la misma denominación, naturaleza y
perfil de los empleos que ocupan siete empleados de libre nombramiento y
remoción en la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO.
En la respuesta a petición presentada por el suscrito, indicó la entidad
demandada que no podía proveerme en el cargo, por la confianza que requerían
los cargos al ser de libre nombramiento y remoción. No obstante, tal como se
establece en el manual de funciones de la entidad, el cargo de profesional
especializado, código 222, grado 7 no hace referencia a funciones directivas, de
manejo, de conducción u orientación institucional; asimismo, no está establecido
en el manual de funciones que sea un cargo en el cual es necesaria la confianza
de los servidores que tienen esa clase de responsabilidades. Se trata de un
cargo que, por su naturaleza, debe ser provisto por medio del mérito, pero que
ha venido siendo desvirtuada su forma de ser provisto”.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla
El secretario del despacho procedió a remitir el enlace del expediente digital, sin
embargo, no allegó informe sobre los hechos que dieron origen a la solicitud de
tutela.
4.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión
Oral “A”
La titular a cargo del despacho judicial que profirió la sentencia de segunda instancia
objeto de reproche, rindió informe en el que solicitó que se nieguen las pretensiones
de la demanda, por considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales
alegados.
Mencionó que el debate planteado por el accionante en el escrito de tutela se
enmarca en la controversia estudiada en el proceso ordinario, en el que se hizo un
estudio del caso conforme a la normatividad aplicable y se logró establecer que no
era procedente el nombramiento solicitado por el demandante, ya que solo se ofertó
una vacante para el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, en la
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planta de la Gobernación del Atlántico, y debido a que la naturaleza de los empleos
de libre nombramiento y remoción distan del solicitado.
4.3. Respuesta del departamento del Atlántico
El subsecretario del despacho del gobernador indicó que no existió vulneración a
las garantías ius fundamentales del actor con el actuar del ente territorial, ya que las
solicitudes formuladas fueron absueltas y se evidenció que el demandante no ocupó
una posición de mérito para ser nombrado en periodo de prueba, pues no existía
algún cargo que correspondiera al mismo empleo para su ubicación.
Precisó que la lista de elegibles para el cargo de Profesional Especializado, código
222, grado 7, tenía una vigencia de dos años, por lo que la misma venció el 20 de
enero de 2024 y que solo se ofertó una vacante, en la que se nombró a quien ocupó
el primer puesto. Adicional a que, los empleos vacantes en la entidad tenían la
connotación de libre nombramiento y remoción por lo que no era factible acceder a
lo pedido.
5. Terceros con interés
5.1. Respuesta de la Comisión Nacional del Servicio Civil
La jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de
subsidiariedad, toda vez que es un mecanismo residual. A lo que agregó que no
vulneró los derechos fundamentales del actor, al no tener competencia en las
actuaciones de nombramiento que realiza la Gobernación del Atlántico.
Sostuvo que la controversia propuesta por el demandante debe ser dirimida por el
juez natural a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y no se advierte algún perjuicio irremediable que haga viable su estudio por la vía
constitucional.
5.2. La señora Lisbeth Yissel Gnecco Leyva, guardó silencio aun cuando fue
notificada del auto admisorio.
6. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado en fallo de 3 de abril de 2025 declaró
improcedente la acción de tutela por carecer del requisito de relevancia
constitucional, luego de considerar que el actor pretende debatir las providencias
dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en las
que se resolvió no acceder a las pretensiones de la demanda y que la inconformidad
radica en la negativa del ente territorial en nombrarlo en el cargo de Profesional
Especializado, código 222, grado 7, debido a que concursó y ocupó el segundo lugar
en la lista de elegibles.
Señaló que las autoridades judiciales accionadas llegaron a la conclusión que los
cargos vacantes no pertenecían al régimen de carrera administrativa, lo que
implicaba que no podían ser proveídos mediante lista de elegibles y dependían de
la autonomía del nominador, y que verificada la demanda promovida, así como los
argumentos del recurso de apelación, se evidenciaba una similitud con lo planteado
en el escrito de tutela, de manera exacta en la litis propuesta que gira en relación
con la inconformidad en utilizar la lista de elegibles para proveer el cargo al que se
postuló en la planta de la Gobernación del Atlántico, por lo que mencionó que no
existía duda en que se acudía al mecanismo de amparo con el fin de reabrir un
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debate suscitado por el juez natural, para obtener una decisión favorable a sus
intereses.
7. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque, para lo
cual expuso lo siguiente:
Reiteró los argumentos mencionados en la demanda de tutela y sostuvo que no se
pretende reabrir un debate probatorio o una tercera instancia, sino cumplir la regla
constitucional de acceso al empleo público de carrera administrativa mediante
concurso de méritos, antes que a la excepción de libre nombramiento y remoción
como lo viene haciendo la Gobernación del Atlántico.
Indicó que el asunto goza de relevancia constitucional que se encuentra relacionada
con la prevalencia del concurso de méritos ante los cargos provistos mediante libre
nombramiento y remoción, por lo tanto, es procedente que se ordene la aplicación
de la regla contenida en la Ley 1960 de 2019, es decir, que se retire a quien ocupa
el cargo de libre nombramiento y remoción para ser nombrado en el cargo de
Profesional Especializado, código 222, grado 7, el cual aspiró.
Mencionó que “el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO está desvirtuando el concepto de
provisión de empleo a través del encargo y el libre nombramiento y remoción, toda vez que
está proveyendo cargos por medio de esas figuras sin acudir a la primacía del mérito en el
acceso a cargos públicos, teniendo en cuenta que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley
909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, permite extender una lista de elegibles
vigente para proveer cargos equivalentes” y, por tanto, vulnerando sus derechos
fundamentales.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar, en los términos del escrito de impugnación, si
se debe revocar la sentencia de 3 de abril de 2025 de la Sección Quinta del Consejo
de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplirse el requisito
de relevancia constitucional y, en caso afirmativo, si las autoridades judiciales y
administrativa vulneraron los derechos fundamentales del accionante con ocasión a
las decisiones dictadas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se resolvió negar las pretensiones de la demanda.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
1
Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
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Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad,
pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional
por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado
exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza
o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las
razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi.
De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la
propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron
de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario
en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque
sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación
de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si
fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
2
Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.
3
Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4
Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
Teniendo en consideración los antecedentes del caso y de conformidad con las
pruebas que obran en el expediente y las actuaciones que reposan en el proceso
digital, la Sala observa que el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Barranquilla en decisión de 2 de agosto de 2024 negó las pretensiones de la
demanda en la que el accionante solicitó la nulidad del oficio de 6 de julio de 2022,
por el cual se negó el nombramiento en carrera al cargo de Profesional
Especializado, código 222, grado 7, de la planta de personal de la Gobernación del
Atlántico.
El juez de primera instancia tuvo como fundamento para su decisión que los cargos
de libre nombramiento y remoción difieren sustancialmente de los de carrera
administrativa por su discrecionalidad y “en las respuestas a los derechos de petición
suministradas al demandante, el Departamento del Atlántico siempre se le dejó en claro
que no había vacantes en los cargos de carrera a los que él aspiraba y que los cargos de
libre nombramiento y remoción existentes, a diferencia de los de carreras, están sometidas
a la voluntad del empleador en cuanto a su vinculación y permanencia del retiro”.
La anterior decisión fue apelada por el accionante, para lo cual expuso entre otros,
los siguientes argumentos:
“De lo expuesto se colige que existe una prevalencia constitucional del concurso de
méritos ante los cargos provistos mediante libre nombramiento y remoción. En el caso
concreto, se observa que el cargo de profesional especializado, Código 222, Grado 7
tiene empleados que lo ocupan por mérito, pero también otros que ocupan ese cargo
mediante libre nombramiento y remoción.
(...)
En consecuencia, lo que debe analizar el juzgado, en el caso concreto, es si, de los
cargos provistos en libre nombramiento y remoción y/o encargo, estos cumplen con lo
dispuesto para empleos equivalentes al cargo al que me postulé en el concurso de
méritos con Código 222, Grado 7, identificado con el Código OPEC No 75331. Como se
expuso, las disposiciones anteriormente citadas no exigen que el cargo a proveer sea
idéntico al del concurso, pero sí equivalente.
Aterrizando al caso concreto, se observa que el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
está desvirtuando el concepto de provisión de empleo a través del encargo y el libre
nombramiento y remoción, toda vez que está proveyendo cargos por medio de esas
figuras sin acudir a la primacía del mérito en el acceso a cargos públicos, teniendo en
cuenta que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley 909 de 2004, modificado por la Ley
1960 de 2019, permite extender una lista de elegibles vigente para proveer cargos
equivalentes.
Por tal motivo, el DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO viola mis derechos fundamentales
a la igualdad, al trabajo, debido proceso, a la posibilidad de acceder a cargos públicos,
acceso a la función pública y al principio constitucional de la carrera administrativa
fundada en el mérito, toda vez que, teniendo la posibilidad de proveer cargos a través de
la meritocracia, lo hace a través del libre nombramiento y remoción y el encargo, muy a
pesar de que no son cargos en los que las funciones desempeñadas requieran alta
confianza, funciones directivas, de manejo, de conducción u orientación institucional.
Por tal razón, existen suficientes razones de derecho para que se declare la nulidad del
acto administrativo demandado y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a
esa entidad a que aplique la prevalencia constitucional del concurso de méritos ante los
cargos provistos mediante libre nombramiento y remoción, y, en consecuencia, se retire
del cargo denominado PROFESIONAL ESPECIALIZADO, Código 222, Grado 7,
identificado con el Código OPEC No 75331, del Sistema General de Carrera
Administrativa de la planta de personal de la GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO, a quien
ocupe dicho empleo en la modalidad de libre nombramiento y remoción y/o encargo”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00684-01
Demandante: Carlos Raúl González Moscote
El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral “A”, en sentencia de
13 de septiembre de 2024, confirmó la decisión del a quo, para lo cual precisó lo
siguiente:
“Pues bien, con el propósito de concretar la resolución del recurso de apelación objeto
de esta providencia, resulta relevante indicar que, no era procedente, que la Gobernación
del Atlántico realizara nombramiento al actor dentro de la planta de personal, en primera
medida, porque solo fue una (1) sola vacante a proveer, denominado Profesional
Especializado, Código 222, Grado 07, en la Convocatoria No. 1343 de 2019 - Territorial
2019- II”, el cual fue provisto por la persona que ocupó el primer lugar dentro de la lista
de la elegibles, que para el caso, fue la señora Lisbeth Gnecco Leyva, y del cual, el señor
Carlos Gonzales ocupó el segundo lugar, conforme a la Resolución No 11267 del 18 de
noviembre de 2021, así: (...)
Se tiene que la vigencia de esta lista de elegibles era de dos años, y en estricto orden
de mérito se cubrirían las vacantes para las cuales se efectuó el concurso, sin embargo,
los participantes en los concursos de méritos no ostentan per se un derecho adquirido a
obtener un empleo público, pues solo para aquellos que ocupan una posición en lista
equivalente al número de vacantes ofertadas tienen un derecho cierto, como ocurrió con
quien que ocupó la posición No 1 pero el actor, como ocupó la posición No.2 de la
mencionada lista de elegibles, ostentaba una mera expectativa respecto a la posibilidad
de las vacantes que se crearán con posterioridad, o en su defecto de alguna situación
respecto a la ya posesionada, durante el tiempo de vigencia de la lista.
En segunda medida, porque los cargos de libre nombramiento y remoción, de los cuales
pretende el demandante se realice su nombramiento, no son iguales o equivalentes a su
cargo, esto, por cuanto tienen una naturaleza jurídica diferente al perfil del Profesional
Especializado, Código 222, Grado 7, OPEC No.75331.
La aplicación del uso de las listas, implica valorar la identidad de los cargos a proveer
frente al cargo al cual se concursó, esto, conforme al numeral 4° del artículo 31 de la Ley
909 de 2004, modificado por la Ley 1960 de 2019, por ende, realizar un nombramiento
en un cargo de libre nombramiento y remoción, sería desconocer el sistema de carrera,
en tanto, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para
seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones
que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello, 4 éstos eventos, se han
previsto como excepción al sistema de carrera administrativa.
A la luz del artículo 5° de la Ley 909 de 2004, dichos cargos corresponden a aquellos
que se ajusten a los criterios allí establecidos, como lo son lo fijados en el literal b) “Los
empleos cuyo ejercicio implica especial confianza, que tengan asignadas funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo, que estén al servicio directo e inmediato
de los siguientes funcionarios, siempre y cuando tales empleos se encuentren adscritos
a sus respectivos despachos así: (...) En la Administración Central y órganos de Control
del Nivel Territorial: Gobernador, Alcalde Mayor, Distrital, Municipal y Local.
Así mismo, la naturaleza del empleo de libre nombramiento y remoción está basada en
la facultad discrecional para nombrar y remover libremente a los empleados, la cual está
respaldada por la Ley 909 del 2004, que establece las condiciones y el procedimiento
para la designación y la remoción, por lo que su naturaleza no puede desaparecer sin
una reforma constitucional y legal que modifique estas normas. Los empleos clasificados
como de libre nombramiento y remoción son provistos por nombramiento ordinario, y los
empleos de carrera administrativa, se proveen en período prueba o en ascenso, con las
personas que hayan sido seleccionadas a través del sistema de mérito.
Por lo anteriormente expuesto, para la Sala no se constituyen pruebas ni motivos para
concluir que existió por parte del Departamento del Atlántico, falsa motivación, desviación
de poder o que el acto demandado sea contrario a derecho, al haber negado el
nombramiento del actor en periodo de prueba en el cargo de Profesional especializado
código 222 grado 07 de la OPEC 75331, en uno de los cargos de libre nombramiento y
remoción, o provistos por encargos de profesional especializado existentes en la planta
de personal de la Gobernación del Atlántico, toda vez que fue expedido con sujeción a
las normas que regulan la materia”.
De lo antes expuesto, la Sala advierte que, tal y como fue considerado por el a quo
la solicitud de amparo no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, en
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tanto el accionante la utiliza para insistir en el mismo debate relacionado con el
nombramiento en el cargo de Profesional Especializado, código 222, grado 7, de la
planta de personal de la Gobernación del Atlántico.
Al respecto, la Sala observa que esos argumentos relacionados con la provisión del
empleo en un cargo libre nombramiento y remoción, ya fueron objeto de análisis
por parte del Tribunal accionado y del Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Barranquilla, quienes, a partir del material probatorio allegado, concluyeron que
el cargo al cual se había postulado el actor solo contaba con una vacante en
carrera, que se dio a quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles. Sumado
a que lo pretendido relacionado con que se le asignara un cargo en la planta de
personal, de los de libre nombramiento y remoción, no era factible ya que la
naturaleza de esos empleos no era asimilable a la de los cargos que habían sido
ofertados en carrera.
Aunado a lo anterior, se evidencia que existen similitudes en los reproches que se
desarrollaron en el curso del proceso ordinario y los argumentos que se plantean
en el escrito de tutela. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-
573 de 2019 , estableció que la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a
saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a
cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y,
finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”.
En la sentencia SU-215 de 2022, recordó que el cumplimiento del requisito de la
relevancia constitucional requiere “involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico”, a lo que agregó que “la controversia no debe
limitarse a una puramente legal y/o económica”. De allí que “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios,
pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección de los derechos efectiva de los derechos fundamentales y
no a problemas de carácter legal”.
Lo expuesto es suficiente para concluir, como lo sostuvo el juzgador de primera
instancia, que el accionante acudió a la acción de tutela con el fin de solicitar el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales de acceso al empleo
público, igualdad y a los principios de confianza legítima y prevalencia del derecho
sustancial, en este caso, a la manera de una tercera instancia, toda vez que insiste
en el mismo debate relacionado con la provisión del cargo de Profesional
Especializado, código 222, grado 7, de la planta de personal de la Gobernación del
Atlántico, por haber ocupado el segundo lugar en la lista de elegibles, que como se
anunció fue valorado por el juez natural en el curso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la decisión impugnada que declaró
la improcedencia de la solicitud por ausencia del requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia de 3 de abril de 2025, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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