Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00692-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00692-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00692-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
Demandados: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y otro1
Tema: Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Dignidad, ii) igualdad, iii) acceso a
cargos públicos y iv) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por el actor contra la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla
y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y EDistribution,
que conforman la Unión Temporal “Formación Judicial 2019”.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “1ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y
EDistribution, que conforman la Unión Temporal “Formación Judicial 2019”, porque,
a su juicio: i) la Escuela, al expedir las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de
junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de noviembre de 2024; y ii) la Unión Temporal,
con ocasión a que “[…] algunas preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta,
entre otros aspectos, la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica
judicial, el desarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de
textos jurídicos, la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos
y los rangos de lecturas obligatorias […]”, dentro del concurso de méritos adelantado
dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, se inscribió en el Concurso de Provisión de Cargos de Funcionarios
de la Rama Judicial para el cargo de Juez Promiscuo Municipal, Convocatoria núm.
27, para lo cual presentó la evaluación de conocimientos en 2018.
4. Indicó que mediante el acto administrativo núm. CJR20-0202 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura se hizo una corrección en el trámite de la
convocatoria, y se ordenó anular los resultados y hacer una repetición de la
evaluación, por lo que en 2022 presentó la prueba de aptitudes y conocimientos de
manera satisfactoria.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 14 y 15 del documento denominado “3ED_2DemandaPDF(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
5. Resaltó que, en diciembre de 2023, se dio inicio al Curso de Formación Judicial,
que, en el trámite de inicio, los responsables del mismo, cambiaron las condiciones
que perjudicaron al actor, que no pudo asumirlas, al no ser el diseño de los
lineamientos iniciales.
6. Manifestó que, la Nación- Consejo Superior de la Judicatura- Escuela Rodrigo
Lara Bonilla le notificó, mediante la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024,
el puntaje de 784,160, que es deficiente para aprobar, al resolver:
“[…] ARTÍCULO 1°. PUBLICAR en orden numérico de la cédula de ciudadanía los
puntajes finales obtenidos por los discentes en la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial. […]”.
[…]
“[…] ARTÍCULO 3°. RECURSO. Contra la presente Resolución procede únicamente el
recurso de reposición cuando la calificación consolidada sea inferior a 800 puntos, el
cual podrá interponerse por el término de diez (10) días, del 15 al 16 de julio de 2024,
con posterioridad a la exhibición de las evaluaciones. […]”.
7. Adujo que, contra la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de 2024, presentó
recurso de reposición que fue resuelto por la Nación- Consejo Superior de la
Judicatura- Escuela Rodrigo Lara Bonilla mediante la Resolución núm. EJR24-1408
de 6 de noviembre de 2024, de la siguiente manera:
“[…] PRIMERO. – REPONER PARCIALMENTE la Resolución EJR24-298 del 21 de
junio de 2024, en el sentido de ajustar la calificación de la evaluación de la subfase
general del IX Curso de Formación Judicial Inicial que obtuvo el discente Elías Samuel
Pitalúa Enamorado, identificado con la cédula de ciudadanía […].
SEGUNDO. – MODIFICAR el Anexo de la Resolución EJR24-298 de 21 de junio de
2024, el cual quedará así: CALIFICACIÓN 793 Reprobado. […]”
7.1 Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Frente a los motivos de inconformidad esgrimidos por el discente y relacionadas
con las preguntas del programa en mención, se resuelven a partir del criterio técnico de
la Unión Temporal Formación Judicial 2019, que indico lo siguiente:
A continuación, la Escuela Judicial ‘’Rodrigo Lara Bonilla’’ procede a pronunciarse frente
a sus solicitudes finales, de la siguiente manera:
Por otro lado, se verificó el consolidado de la evaluación de la subfase general del
recurrente, evidenciando que la sumatoria de las preguntas P35 (35 Ética,
Independencia y Autonomía Judicial), P50 (50 Interpretación Judicial y Estructura de la
Sentencia), P143 (59 Argumentación judicial y Valoración probatoria), P295 (43
Filosofía del Derecho e Interpretación Constitucional), P275 (23 Gestión Judicial y TIC)
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
se aplicó al consolidado final, conforme a lo explicado en la Resolución No. EJR24-298
del 21 de junio de 2024.
En ese mismo sentido no fue objeto de pronunciamiento las preguntas que se puntuaron
y fueron tomado como aciertos para el recurrente. Lo anterior, en la medida en que no
ameritan pronunciamiento alguno al no existir controversia frente a estas.
Por otra parte, en atención a la solicitud de recalificación del componente evaluativo, se
realizó un exhaustivo proceso de revisión de técnica de las respuestas, llegando a los
siguientes resultados […]”.
[…]
“[…] En los anteriores términos, el puntaje total en la subfase general del IX Curso de
Formación Judicial Inicial del recurrente fue de 792.91 sobre el cual se aplica la regla
para la aproximación prevista en el Acuerdo Pedagógico. Eso quiere decir que la
calificación del recurrente se modifica a 793 puntos, por lo tanto, es procedente la
reposición parcial de la Resolución EJR24- 298 del 21 de junio de 2024. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] 1. Se le amparen a mi poderdante los derechos fundamentales a la dignidad
humana, debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos, vulnerados por
la Escuela Judicial «Rodrigo Lara Bonilla» y la Unión Temporal Formación Judicial
2019.
2. Como consecuencia de lo anterior, se disponga lo siguiente: a). Se ordene a las
accionadas reconocer en el marco del concurso de méritos denominado
«Convocatoria 27» para la provisión del cargo de Juez Promiscuo Municipal como
válidas en favor del señor Elias Samuel Pitalua Enamorado las preguntas censuradas
en el cuerpo de esta demanda constitucional y su valor sea adicionado al puntaje
final obtenido en la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial. b). Se
ordene a las accionadas, como consecuencia de lo anterior, la expedición de un acto
administrativo en el que se emita una nueva calificación incluyendo los puntajes
reconocidos por criterios subjetivos y objetivos debidamente sustentados en el
cuerpo de esta acción constitucional concediéndome la categoría de «Aprobado» de
la subfase general del IX Curso de Formación Judicial Inicial y permitiéndome la
continuación en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial.
3. Como peticiones subsidiarias, se declare la prosperidad de mis peticiones y se
amparen los derechos fundamentales de mi poderdante a la dignidad humana,
debido proceso administrativo y acceso a cargos públicos, y, como consecuencia de
ello, se ordene a las accionadas que expidan un acto administrativo en el que se me
otorgue provisionalmente la calidad de «Aprobado» de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial y permitiéndome la continuación en la subfase
especializada del IX Curso de Formación Judicial Inicial durante toda su realización,
ello hasta que el Juez de lo contencioso administrativo defina de fondo sobre la
3 Transcripción literal del texto.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
demanda que presentaré contra los actos administrativos mediante los cuales se
dispuso la exclusión de mi poderdante del anterior curso de formación. […]”.
8.1. Como fundamento de su solicitud consideró que4:
“[…] 7. Mediante la Resolución EJR24-298 del 21 de junio del año 2024, se publicaron
los resultados de las evaluaciones antes mencionadas, en la cual se le asignó a mi
poderdante, un puntaje de 784,160, que es equivalente a reprobado y que le impide
desarrollar la subfase especializada.
8. La precitada Resolución la No. EJR24-298 del 21 de junio del año 2024 en la que
le notifican el puntaje y el estado de reprobado, fue recurrida por mi poderdante, y la
Escuela, mediante la Resolución No. EJR24-1408 de fecha 6 de noviembre de 2024,
resolvió el mentado recurso de reposición, disponiendo el aumento del puntaje de
calificación en un proceso de autocorrección, y pasando de una calificación de
784,160 a una calificación de 793, es decir, a tan solo 7 puntos para los 800 que
necesitaba para aprobar.
9. En la decisión del recurso contenida en la Resolución N° EJR24-1408 de fecha 6
de noviembre de 2024, se presentaron las siguientes situaciones que afectan los
derechos fundamentales de mi poderdante: (i) sus argumentos no fueron atendidos
de forma congruente con la forma en que sustento el recurso, y (ii) La sumatoria de
los puntos que equivalen a la medida de corrección adoptada en la Resolución No.
EJR24-298 (21 de junio de 2024) no se ven reflejados en el acumulado de su
puntuación, no al menos en su totalidad y esta fue otra petición sostenida y
argumentada vía recurso.
De igual forma, existen múltiples reparos frente al actuar de la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla, pues las preguntas formuladas no se ajustaron a los propósitos
de la evaluación indicados en el acuerdo pedagógico que rige el curso de formación
judicial.
En ese orden, algunas preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta, entre otros
aspectos, la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial, el
desarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos
jurídicos, la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos y los
rangos de lecturas obligatorias.
Así mismo, el acto administrativo que resolvió el recurso por ella interpuesto, aunado
a que se realizó con inteligencia artificial, no respondió de fondo los argumentos
planteados, vulnerando con ello sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a cargos públicos y confianza legítima. […]”.
[…]
“[…] 11. La forma en que se manejó la evaluación, la falta de atención a mis
argumentos, los derechos fundamentales de mi poderdante -derechos
fundamentales a la dignidad humana, el debido proceso administrativo, el acceso a
cargos públicos, en armonía con el principio de la confianza legitima-, debido a que
no se le ha tratado a mi representado de forma justa ni respetuosa, a pesar del
respeto a la integridad, la honra, el reconocimiento de los derechos de las personas
y el trato justo en todos los ámbitos de la vida, incluyendo los procesos
administrativos y judiciales.[…]”.
4 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
“[…] En ese sentido, la presente acción de tutela es interpuesta a razón de la
expedición de la Resolución No. EJR24-1408 del 6 de noviembre de 2024 en calidad
de decisión que agotó la sede administrativa dentro de la subfase general del IX
Curso de Formación Judicial Inicial, además de contar con carácter eliminatorio, por
lo que no ha transcurrido un tiempo desproporcionado entre la notificación de este
acto administrativo (8 de noviembre de 2024) y la interposición de la acción de tutela.
Además, la Escuela Judicial ha venido expidiendo actos con ocasión de peticiones y
acciones de tutela con posterioridad a la precitada fecha, en la que ha tenido en
cuenta preguntas a varios discentes. […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 14 de febrero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la
Judicatura, a la Directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, al Rector de
la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y al Representante
Legal de E-Distribution; y iii) vinculó, a la Unidad de Administración de Carrera
Judicial y a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo
núm. PCSJA18- 11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior
de la Judicatura, concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe
sobre el particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Unidad de Administración de Carrera Judicial solicitó ser desvinculada al
carecer de legitimación en la causa por pasiva o, en su defecto, negar la solicitud
de tutela, al considerar que no se ha configurado la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por el actor.
11. La Unión Temporal Formación Judicial 2019 solicitó ser desvinculada por cuanto
no tiene competencia para expedir actos administrativos y reconocer las preguntas
censuradas en la acción de tutela, para que su valor sea adicionado al puntaje final
obtenido en la subfase general, como tampoco está facultado para disponer de sula
inclusión del actor en la subfase especializada del IX Curso de Formación Judicial,
que son las pretensiones del actor.
12. Señaló que no ha vulnerado los derechos fundamentales aparentemente
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
vulnerados, y ha actuado de conformidad con lo previsto en la ley y las atribuciones
establecidas para el desarrollo del IX Curso de Formación Judicial Inicial para
Jueces y Magistrados de la República y que no le asiste legitimación en la causa
por pasiva al tener que no tiene la calidad de una persona para formular o
contradecir las peticiones del actor para expedir un acto administrativo.
13. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC consideró que
hay carencia actual de objeto y que no se cumple el requisito de subsidiaridad al no
existir hecho vulnerador que demuestre que se han conculcado los derechos
fundamentales invocados por el actor. Además, que ha actuado en lo que es de su
competencia y participación del desarrollo del objeto de la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 y en el marco de los acuerdos pedagógicos PCSJA18-
11077 del 16 de agosto de 2018, PCSJA19-11400 del 19 de septiembre de 2019 y
PCSJA19- 11405 de 2019.
14. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Escuela Judicial
Rodrigo Lara Bonilla guardaron silencio en esta oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
20. La Sala advierte que la Nación - Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019 solicitaron su desvinculación, por cuanto, a su juicio,
carecen de legitimación en la causa por pasiva.
21. Al respecto, es preciso indicar que dichas autoridades fueron vinculadas en el
marco del Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 201810 expedido por
el Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual se adelanta el proceso de
selección y que convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos del
concurso de funcionarios de la Rama Judicial, por lo que les asiste interés.
22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que a la Nación - Rama Judicial- Consejo
Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
10 “Por medio del cual se adelanta el proceso de selección y se convoca al concurso de méritos para la
provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial”
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
Temporal Formación Judicial 2019 les asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.
23. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por Nación - Rama Judicial- Consejo Superior de
la Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019.
Problemas jurídicos
24. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de
tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia, y
de ser así, ii) establecer si la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y la Unión Temporal Formación
Judicial 2019, con ocasión a las presuntas irregularidades al expedir las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de
noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial,
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el actor.
25. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos; ii) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la dignidad
humana; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial a la igualdad; iv) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a cargos
públicos; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial al debido proceso; vi)
análisis del caso concreto, y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a actos administrativos
26. Sobre el particular, resulta importante poner de presente que, de conformidad
con lo establecido por el artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991, relativo a la
subsidiariedad de la acción de tutela, esta no procede, por regla general, para
controvertir actos administrativos ya sean de carácter particular y concreto (numeral
1.°) o de carácter general, impersonal y abstracto (numeral 5.°), toda vez que el
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su legalidad,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y el medio de control
de nulidad, o la nulidad por inconstitucionalidad o la acción de inconstitucionalidad11
si lo que se indica es que el acto administrativo general quebrantó la Constitución
Política.
27. En ese sentido, la jurisprudencia12 de la Corte Constitucional ha sido reiterativa
en expresar que:
“[…] cuando se trata de objetar o controvertir actos administrativos, en principio se
debe acudir a la jurisdicción contencioso administrativa y no a la acción de tutela,
salvo que el juez determine que tales mecanismos no proporcionan una eficaz y
pronta protección a los derechos que se pretenden salvaguardar o se esté ante la
posibilidad que se configure un perjuicio irremediable, pero en todo caso las
acciones judiciales contencioso administrativas no pueden haber caducado al
momento de interponerse la acción de tutela.
[…]
“[…] Atendiendo a las características de la acción de tutela, la Corte ha explicado
que ésta procederá contra actos de contenido general, impersonal y abstracto, sólo
excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y, además, sea posible establecer que el contenido del acto
de carácter general, impersonal y abstracto afecta clara y directamente un derecho
fundamental de una persona determinada o determinable. Solo en estos casos el
juez puede hacer uso de la facultad excepcional consistente en ordenar la
inaplicación del acto para el caso concreto, con un carácter eminentemente
transitorio mientras se produce la decisión de fondo por parte del juez competente
[…]”.
28. En ese orden de ideas, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas
circunstancias especiales, procede la acción de tutela contra actos administrativos,
siempre que, i) se esté ante la presencia de la vulneración de derechos
fundamentales y, ii) exista peligro de la ocurrencia de un perjuicio irremediable; con
lo que el amparo procedería como mecanismo transitorio. En ese sentido, en
sentencia T-514 de 200313, la Corte Constitucional determinó:
“[…] la Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es
improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos
fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la
expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos
11 Ver: Corte Constitucional. Sentencia T-097 de 20 de febrero de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12 Corte Constitucional. Sentencia C-132 de 28 de noviembre de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-514 de 19 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
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Núm. único de radicación: 110010315000202500692-00
Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción
de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas
cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii)
que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del
acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo
no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso
respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. […]”. (Resaltado
por la Sala)
29. En ese orden de ideas, en principio la acción de tutela resulta improcedente
para controvertir la legalidad de actos administrativos, a menos que esté en juego
la vulneración de derechos fundamentales y se busque evitar la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual, procedería el amparo de manera transitoria.
Sin embargo, cuando se está frente a una vía de hecho administrativa y un perjuicio
irremediable, el juez de tutela podría conceder la protección definitiva mediante la
acción constitucional.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
dignidad humana
30. Visto el artículo 1° de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República
unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales,
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la
prevalencia del interés general […]”. (Resaltado por la Sala).
31. Atendiendo a que la Corte Constitucional14 ha establecido que el derecho a la
dignidad humana “[…] debe entenderse bajo dos (2) dimensiones: a partir de su
objeto concreto de protección y con base en su funcionalidad normativa. En relación
con el primero, este Tribunal ha identificado tres (3) lineamientos claros y
diferenciables: i) la dignidad humana como autonomía o como posibilidad de diseñar
un plan vital y de determinarse según sus características; ii) la dignidad humana
entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia; y iii) la
dignidad humana como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, de la
integridad física y moral o, en otras palabras, la garantía de que los ciudadanos
14 Corte Constitucional, Sentencia T-030 de 24 de enero de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
puedan vivir sin ser sometidos a cualquier forma de trato degrandante o humillante.
De otro lado, al tener como punto de vista la funcionalidad de la norma, este Tribunal
ha identificado tres (3) expresiones del derecho a la dignidad: i) Es un valor fundante
del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado; ii) constituye un principio
constitucional; y iii) también tiene la naturaleza de derecho fundamental autónomo
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional15 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
15 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a cargos públicos
34. Visto el numeral 7 del artículo 40 de la Constitución Política de Colombia de
1991, que establece que:
“[…] Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: […]”.
[…]
“[…] Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos,
por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará
esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse […]”.
35. Atendiendo a que la Corte Constitucional16 ha entendido que entran dentro del
ámbito de protección de este derecho “[…] (i) la posesión de las personas que han
cumplido con los requisitos para acceder a un cargo17, (ii) la prohibición de
establecer requisitos adicionales para entrar a tomar posesión de un cargo, cuando
el ciudadano ha cumplido a cabalidad con las exigencias establecidas en el
concurso de méritos18, (iii) la facultad de elegir de entre las opciones disponibles
aquella que más se acomoda a las preferencias de quien ha participado y ha sido
seleccionado en dos o más concursos19, (iv) la prohibición de remover de manera
ilegítima (ilegitimidad derivada de la violación del debido proceso) a una persona
que ocupen un cargo público […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
36. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-339 de 4 de mayo de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
17 Sentencia T-309 de 1993.
18 Sentencia T-313 de 2006.
19 Sentencia T-451 de 2001.
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En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
37. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
38. El actor, a través de apoderado21, presentó acción de tutela contra la Nación –
Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara
Bonilla y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y
EDistribution, que conforman la Unión Temporal “Formación Judicial 2019”, porque,
a su juicio: i) la Escuela, al expedir las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de
junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de noviembre de 2024; y ii) la Unión Temporal,
con ocasión a que “[…] algunas preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta,
entre otros aspectos, la apropiación del contenido académico enfocado a la práctica
judicial, el desarrollo de competencias sobre la función judicial, la interpretación de
textos jurídicos, la lógica del razonamiento para la solución de problemas jurídicos
y los rangos de lecturas obligatorias […]”, dentro del concurso de méritos adelantado
dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama
Judicial, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.
20 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Folios 14 y 15 del documento denominado “3ED_2DemandaPDF(.pdf)
NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
39. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
41.1 Documentos allegados con el escrito de tutela.
41.2 Informe rendido por las autoridades accionadas.
Solución del caso concreto
Análisis de la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
en el caso concreto
42. En el caso sub examine, el actor afirma que la Nación – Rama Judicial –
Consejo Superior de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC y E-Distribution, que
conforman la Unión Temporal “Formación Judicial 2019” vulneraron sus derechos
fundamentales con ocasión a las presuntas irregularidades al expedir las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de
noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la
Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
43. A continuación, la Sala examinará lo referente a la utilización de los medios de
defensa judicial y la existencia de un perjuicio irremediable, con el fin de establecer,
como ya se advirtió, si en efecto procede la acción de tutela como mecanismo
transitorio para controvertir la legalidad de los actos administrativos referidos por el
actor, con los cuales, en su sentir, vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.
44. En primer lugar, la Sala debe precisar que el ordenamiento jurídico colombiano
establece otros mecanismos de defensa judicial para controvertir la legalidad de los
actos administrativos y a través de ellos se puede proteger de forma oportuna e
inmediata los derechos fundamentales que el actor considera le han sido
vulnerados.
45. En segundo lugar, para demandar dichos actos administrativos, a saber, las
Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de
noviembre de 2024, expedidas por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior
de la Judicatura – Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, el legislador estableció en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo los
respectivos medios de control, entre ellos, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.
46. En efecto, en el inciso segundo del artículo 137 ibidem, se establecieron las
causales de nulidad de los actos administrativos, las cuales refieren que procede
cuando estos hayan sido expedidos “[…] con infracción de las normas en que
deberían fundarse, sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento
del derecho de audiencia y defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de
las atribuciones propias de quien los profirió […]”.
47. De acuerdo con esa normativa, la Sala considera que las pretensiones del
actor relacionadas con la expedición de las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21
de junio de 2024 y EJR24-1408 de 6 de noviembre de 2024, debe analizarse por su
juez natural ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, comoquiera que es
el encargado de realizar el examen de legalidad de dichos actos expedidos, en este
caso, por la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Escuela
Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
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Actor: Elías Samuel Pitalúa Enamorado
48. Además, se precisa que, esta Sala ha reiterado en oportunidades anteriores22
que con la expedición la Ley 1437 de 201123, ya no es aceptable el argumento según
el cual los medios de control ordinarios no son eficaces ni oportunos para la
protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el
estudiado.
49. Igualmente, consideró que la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene diferentes
herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las medidas
cautelares incluso de urgencia24, como la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se defina la declaración o
no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión administrativa; impartir
órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer a cualquiera de las partes,
las cuales demuestran la efectividad del procedimiento ordinario cuando se advierte
una situación apremiante que necesite ser remediada incluso antes de que se
profiera una decisión definitiva.
50. Sobre este punto la Sala debe precisar que esta Sección25 ha señalado que
aun cuando el actor considere que se le causa un perjuicio irremediable, con las
medidas cautelares se puede también obtener una protección judicial oportuna.
51. La Sala precisa que, si bien el actor en su escrito de tutela hizo referencia a
que “[…] (i) sus argumentos no fueron atendidos de forma congruente con la forma
en que sustento el recurso, y (ii) La sumatoria de los puntos que equivalen a la
medida de corrección adoptada en la Resolución No. EJR24-298 (21 de junio de
2024) no se ven reflejados en el acumulado de su puntuación, no al menos en su
totalidad y esta fue otra petición sostenida y argumentada vía recurso […] algunas
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 1.° de marzo de 2018, C.P. María Elizabeth García
González, acción de tutela con núm. único de radicación: 52001-23-33-000-2017-00626-01, Actor: Pio León
Caicedo Bustos, demandado: Procuraduría General de la Nación.
23 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
24 Artículo 243 del CPACA, que textualmente señala: Desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos
los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en
el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar. La media así adoptada
deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete
25 Consejo de Estado, Sección Primera, (Expediente núm. 2015-01490-01, sentencia de 29 de octubre de
2015).
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preguntas fueron calificadas sin tener en cuenta, entre otros aspectos, la
apropiación del contenido académico enfocado a la práctica judicial, el desarrollo de
competencias sobre la función judicial, la interpretación de textos jurídicos, la lógica
del razonamiento para la solución de problemas jurídicos y los rangos de lecturas
obligatorias […]”, esto hace parte de las presuntas irregularidades que a su juicio se
dieron frente a la expedición de las Resoluciones núms. EJR24-298 de 21 de junio
de 2024 y EJR24-1408 de 6 de noviembre de 2024, dentro del concurso de méritos
adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en
la Rama Judicial; por lo que corresponde igualmente al juez ordinario el respectivo
análisis, previo al cumplimiento de los requisitos legales.
52. Se pone de presente que tampoco prospera la tutela como mecanismo
transitorio toda vez que el actor no acreditó siquiera de manera sumaria, los
requisitos jurisprudenciales que se exigen para que el perjuicio irremediable se
configure.
53. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional26:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar
el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a
fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.” […]”.
54. Para la Sala al revisar el expediente no se evidencia la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio. En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que
el actor se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos
fundamentales.
26 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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55. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, en el caso sub examine, existe
otro mecanismo de control judicial, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
para controvertir la legalidad de los actos administrativos demandados, antes de
acudir a la acción de tutela.
Conclusiones de la Sala
56. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
que presentó el actor contra las autoridades accionadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Nación - Rama Judicial- Consejo Superior de la
Judicatura - Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Unión Temporal
Formación Judicial 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
el actor contra las autoridades accionadas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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