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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00704-00

Fecha
4 de marzo de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martinez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00704-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia del señor Iván Aurelio Présiga Osorio, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 12 de noviembre de 2024 proferida por la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-009- 2020-00125-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00704-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez

4 de marzo de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cuatro (4) de marzo de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Demandantes: IVÁN AURELIO PRÉSIGA OSORIO
Demandado: SALA QUINTA DE ORALIDAD DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
CÁLCULO DE HORA EN JORNADA LABORAL PARA
EMPLEADOS PÚBLICOS. DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. ACCEDE AL
AMPARO

Síntesis del caso: el actor -empleado público vinculado con ESE-, cuestionó la providencia judicial
que determinó el cálculo del valor de la hora ordinaria de trabajo con base en 220 horas
mensuales, pues alegó que desconoció el precedente jurisprudencial sobre la materia. La Sala
accederá al amparo solicitado por cuanto se verificó que la autoridad se apartó injustificadamente
del precedente obligatorio.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por el señor Iván Aurelio Présiga Osorio,
en contra de la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia para la
protección de los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la sentencia del 12
de noviembre de 2024 proferida por esa autoridad judicial en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no. 05001-33-33-009-2020-00125-01.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción de tutela, el demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito del 10 de febrero de 2025.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

1) El señor Iván Aurelio Présiga está vinculado como médico general de tiempo completo
en la ESE Metrosalud (en adelante Metrosalud), desde el 9 de agosto de 1994 y durante
su trayectoria laboral ha cumplido con jornadas rotativas de 12 horas por lo cual la
prestación habitual de servicios se ha surtido en horarios nocturnos, dominicales y
festivos.

2) El actor presentó una petición a Metrosalud para que le fuera reajustado y reliquidado
su salario con base en una jornada de 190 horas mensuales y no con el cálculo de 220
horas mensuales efectuado por esa autoridad, solicitud que fue negada con acto
administrativo del 12 de febrero de 2020 con fundamento en los porcentajes establecidos
en el Decreto Ley 1042 de 19782.

3) El 3 de julio de 2020 presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en contra de Metrosalud con la que buscó que se declarara la nulidad del acto
administrativo que le negó la reliquidación salarial y que se ordenara el pago de recargos
nocturnos, dominicales y festivos de acuerdo con el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de
1978.

4) El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín profirió sentencia
de primera instancia el 18 de marzo de 2022 en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, declaró la nulidad del acto demandado y ordenó la
reliquidación salarial con una base de liquidación de 190 horas mensuales con el
correspondiente pago de los recargos reclamados3.

2
“Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios,
departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas
especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y
se dictan otras disposiciones”.
3
El Juzgado determinó que Metrosalud aplicó erróneamente una jornada de 220 horas mensuales, lo cual
redujo el valor de la hora ordinaria y afectó la liquidación de recargos del demandante.

Para esa autoridad, la jornada laboral debe calcularse sobre 190 horas mensuales sin incluir en la operación
de liquidación las 30 horas correspondientes a descanso remunerado de conformidad con los artículos 33
y 39 del Decreto Ley 1042 de 1978.

El fallo de primera instancia resaltó que el Consejo de Estado ha reiterado que el cálculo correcto debe
hacerse con base en 190 horas mensuales y que en anteriores oportunidades Metrosalud fue condenada
a la reliquidación salarial bajo esa fórmula.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

5) Metrosalud apeló la decisión4 y la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo
de Antioquia profirió sentencia el 12 de noviembre de 2024 mediante la cual modificó el
fallo de primera instancia, declaró la nulidad parcial del acto demandado y condenó a la
entidad para que reliquidara el salario pagado al actor por concepto de dominicales y
festivos diurnos y nocturnos en un 100% adicional -porque únicamente le pagó un recargo
simple-, que reajustara el valor pagado por concepto de dominicales y festivos nocturnos
-pues calculó el recargo con una sobre remuneración del 135% y no del 235% como
correspondía- y efectuara los aportes a seguridad social en pensiones con la inclusión de
tales reajustes.

6) La autoridad judicial demandada afirmó que aun cuando existen precedentes respecto
de la liquidación de la hora ordinaria de trabajo sobre el factor de 190 horas mensuales,
esa Sala de decisión adoptó como posición mayoritaria que el cálculo salarial debía
hacerse con una base de 220 horas mensuales porque la jornada laboral de 44 horas
semanales de que trata el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 deben ser laboradas en
6 días de la semana, de ahí que las 30 horas de descanso remunerado formen parte del
total de horas pagadas mensualmente y se incluyan dentro de la jornada para efectos de
determinar el valor de la hora ordinaria y el pago de recargos.

7) El salario devengado mensualmente comprende el pago de 30 días, en el cual se
incluye por semana el descanso remunerado sobre una jornada de 44 horas semanales
y/o 220 mensuales, de lo contrario, se desconocería que dentro del mes, 30 horas están
destinadas para el descanso, las cuales son remuneradas dentro del pago mensual que
se hace al empleado o conllevaría a pensar que dentro de las 190 horas mensuales
deben quedar comprendidas las que hacen parte del descanso remunerado, lo cual, de
suyo, comportaría una reducción de la jornada laboral a 160 horas.

Fundamentos de la vulneración

4
Esa autoridad argumentó que la decisión del juzgado fue errónea porque el cálculo salarial debe hacerse
con una base de 220 horas porque las 30 horas de descanso remunerado no corresponden a una
contraprestación y su pago resultaría indebido.

Metrosalud afirmó que el cálculo sobre 220 horas ha sido avalado en fallos previos del Tribunal
Administrativo de Antioquia.

Finalmente, alegó que el actor no probó la existencia de recargos y compensaciones adeudados pues pagó
los salarios de acuerdo con los porcentajes previstos en el Decreto 1042 de 1978.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

El demandante alegó que la sentencia de 12 de noviembre de 2024 adolece de un
desconocimiento del precedente jurisprudencial porque omitió las consideraciones de la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2015 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado5, según la cual el cálculo de la hora ordinaria de trabajo para empleados públicos
debe hacerse sobre una base de 190 horas mensuales y no sobre 220 ni 240, de acuerdo
con el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978, el cual señala que la jornada laboral es de
44 horas semanales, lo cual equivale a 190 horas al mes según el método de conversión
de semanas a meses.

Adicionalmente, para el actor se vulneró su derecho fundamental a la igualdad porque en
otros procesos de trabajadores de Metrosalud el Tribunal Administrativo de Antioquia
aplicó el criterio de liquidar el cálculo salarial a partir de las 190 horas mensuales, lo cual
demuestra una falta de coherencia en la decisión cuestionada.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, en la acción de tutela el demandante solicitó que se
acceda a las siguientes súplicas:

“1. Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y la igualdad de IVAN AURELIO PRESIGA OSORIO.

2. Se deje sin efectos la sentencia No. 355 de 2024 proferida por la SALA
QUINTA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA por ir en
contravía de la Constitución Política de Colombia en cuanto a la vulneración de
los derechos fundamentales.

3. Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA a emitir una
nueva decisión que se encuentre debidamente fundamentada en normas
existentes, así como con la debida atención a las sentencias del H. Consejo de
Estado, por mencionar algunas la de Radicado 25000-23-25-000-2010-00725-
01 y referencia 1046-2013, C.P., reiterada en sentencia No. 00421 de 2015 con
radicado 25000-23-25-000-2012-00421-01, del 16 de septiembre de 2015, entre
otras.”. (mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

Mediante auto del 12 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela, se notificó al
presidente y a los magistrados integrantes de la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 12 de febrero
de 2015, expediente no. 25000-23-25-000-2010-00725-01 (1046-2013), MP Gerardo Arenas Monsalve.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

Administrativo de Antioquia y se vinculó al titular del Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín y al gerente o quien haga sus veces de la ESE Metrosalud
entregándoles copia de la demanda y los anexos, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

Actuación de la autoridad judicial demandada

El magistrado ponente de la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de
Antioquia solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque fue
empleada por la parte actora como un mecanismo para reabrir un debate judicial ya
resuelto.

No se configuró un desconocimiento del precedente judicial porque, si bien existen
precedentes del Consejo de Estado que establecieron el cálculo del valor de la hora
ordinaria laborada por empleados públicos sobre 190 horas mensuales, lo cierto es que
no existe una posición unificada sobre la materia, por lo cual la Sala de decisión que
profirió la providencia cuestionada adoptó como criterio mayoritario el cálculo sobre 220
horas mensuales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar

6
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sala Quinta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia con el fin de que se protejan los
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia y defensa, presuntamente vulnerados con ocasión de la
sentencia de 12 de noviembre de 2024 mediante la cual se modificó la decisión del
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Medellín y se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda con la cual el actor pretendió la
reliquidación de su salario y el pago de recargos nocturnos, dominicales y festivos de
acuerdo con el Decreto Ley 1042 de 1978.

En los términos en que fue propuesta la controversia, la Sala accederá a las pretensiones
de la acción de tutela con fundamento en lo siguiente:

Sea lo primero señalar que la acción de tutela cumplió con los requisitos genéricos de
procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional por cuanto: i) la cuestión
que se discute resulta de relevancia constitucional, en tanto se invocó un
desconocimiento del precedente, argumento que no pudo ser planteado en el curso del
proceso ordinario, máxime cuando la providencia que se ataca resolvió la apelación
presentada en contra de aquella que accedió a las pretensiones del demandante para en
su lugar modificarla y concederlas parcialmente; ii) se agotaron todos los medios de
defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal
que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y
afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que
se transgredieron; v) no se ataca una sentencia de tutela y vi) se cumplió con el requisito

7
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación de la providencia cuestionada6.

2.1 El desconocimiento del precedente judicial

a. Caracterización

El precedente judicial ha sido definido como “aquel conjunto de sentencias previas al caso
que se habrá de resolver que, por su pertinencia para la resolución de un problema
jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad
determinada, al momento de dictar sentencia 7”.

En esos términos, el precedente corresponde a una o varias decisiones previas
relevantes para la solución de un nuevo asunto en el que se plasma el criterio pacífico y
reiterado y se dictan una serie de reglas o parámetros para abordar los casos que, en lo
sucesivo, tengan una estricta y real relación con aquel. Como ante casos con supuestos
fácticos y jurídicos similares se debe otorgar un tratamiento jurídico similar, la sentencia
precedente debería determinar el sentido de la decisión posterior en aras de garantizar
la igualdad de las partes ante la ley y la seguridad jurídica en las decisiones judiciales.

No obstante, como lo ha considerado la Corte Constitucional 8 es necesario precisar que
no todo el contenido de una sentencia posee “fuerza normativa de precedente”, pues ello
solo será predicable de la “ratio decidendi”. En efecto, para mayor claridad sobre dicho
punto recuérdese que en la estructura de las providencias judiciales es posible identificar
tres partes i) la parte resolutiva o decisum, en la que se profieren las órdenes vinculantes
para las partes del proceso y que constituye la solución al problema jurídico examinado;
ii) la ratio decidendi, compuesta por las consideraciones o razones que sustentan,
motivan y justifican la decisión adoptada, y iii) los obiter dicta o dichos de paso, que no
son más que aquellos argumentos de referencia, complementarios o de contexto que no
son vinculantes ni necesarios para la resolución del asunto.

6
La notificación electrónica de esa providencia se surtió el 13 de noviembre de 2024 y el proceso de acción
de tutela se presentó el 10 de febrero de 2025.
7
Corte Constitucional, sentencia T-1029 de 2012.
8
Corte Constitucional, sentencia SU-380 de 2021.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

Se insiste, de las tres partes solo la segunda, esto es, la ratio decidendi posee fuerza de
precedente siempre que ella “i) establezca una regla relacionada con el caso a resolver
posteriormente; ii) haya servido de base para solucionar un problema jurídico semejante,
o una cuestión constitucional similar a la que se estudia en el caso posterior; y (iii) los
hechos del caso o las normas juzgadas en la providencia anterior sean semejantes o
planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolverse posteriormente 9”.

Asimismo, no toda providencia judicial constituye precedente aplicable al caso, por el
contrario, hay asuntos que pese a su similitud corresponden a un mero antecedente
judicial, sin la fuerza vinculante necesaria propia del precedente para establecer una regla
cuya aplicación deba necesariamente ser atendida.

Partiendo del supuesto de que “no todo lo que dice una sentencia es pertinente para la
definición de un caso posterior”, la Corte Constitucional diferenció entre lo que se
denomina antecedente jurisprudencial y precedente, en sentido estricto.

En la sentencia T-830 de 2012, esa Corporación se pronunció al respecto en los términos
que a continuación se explican:

“El (…) –antecedente- se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de
vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de Derecho
(e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio. Por tanto, los antecedentes tienen un
carácter orientador, lo que no significa (a) que no deban ser tenidos en cuenta
por el juez a la hora de fallar, y (b) que lo eximan del deber de argumentar las
razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad.
(…).

[Entretanto, el] –precedente-, por regla general, es aquella sentencia o conjunto
de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio
en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en las que en su
ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso”.

Luego entonces, puede predicarse la existencia de un precedente en los eventos en los
cuales:

“(i) los hechos relevantes que definen el asunto pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan un caso del pasado.

9
Corte Constitucional, sentencia T-459 de 2017.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

(ii) la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente.

(iii) la regla jurisprudencial no ha sido cambiada en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

No obstante lo anterior y pese a la fuerza vinculante del precedente, se acepta que los
jueces se aparten de este bajo las siguientes condiciones: i) deben hacer explícitas las
razones por las cuales se abstienen de aplicar el precedente y se apartan del mismo, lo
que se ha denominado cumplimiento de la “carga de transparencia”; ii) están llamados a
demostrar que los argumentos que ofrecen, desarrollan y amplían de mejor manera el
contenido de los derechos, principios y valores constitucionales objeto de protección,
pues no cualquier motivo constituye una razón válida para “justificar” el apartamiento del
precedente, exigencia que se reconoce como la “carga de argumentación”.

b. Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto

1) La parte actora alegó que la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia inaplicó la sentencia de 12 de febrero de 2015 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado10 en la cual estableció que el cálculo del valor de la hora laboral
en el sector público debe hacerse sobre 190 horas mensuales.

2) El demandante afirmó que ese criterio fue reiterado en fallos posteriores de esta
Corporación, como en las providencias radicadas con los números 25000-23-25-000-
2017-00616-01 y 25000-23-25-000-2013-00724-01, en las cuales se ordenó la
reliquidación de salarios con base en la jornada laboral máxima de 44 horas semanales
(equivalente a 190 horas mensuales)

3) Para resolver la presente controversia, lo primero que la Sala debe señalar es que el
demandante ostenta la calidad de empleado público vinculado con una empresa social
del Estado por lo cual le resulta aplicable el Decreto Ley 1042 de 1978, norma que regula
la jornada laboral, los recargos nocturnos, dominicales y festivos, así como las
condiciones salariales para los empleados de la Rama Ejecutiva del poder público en el
orden nacional, territorial y en entidades descentralizadas.

10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 12 de febrero
de 2015, expediente no. 25000-23-25-000-2010-00725-01 (1046-2013), MP Gerardo Arenas Monsalve.

10
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

4) En consecuencia, es claro que el cálculo del valor de la hora laboral del demandante
debe regirse por las disposiciones contenidas en dicha normatividad, en concordancia
con los criterios fijados por el Consejo de Estado en su función unificadora de la
jurisprudencia en materia laboral administrativa.

5) Ahora bien, en la providencia que el actor invocó como desconocida, la Sección
Segunda del Consejo de Estado analizó el contenido del artículo 33 del Decreto Ley 1042
de 197811 y determinó que la jornada ordinaria máxima legal para los empleados públicos
es de 44 horas semanales, salvo que una disposición especial establezca lo contrario.

6) En esa sentencia se estableció la regla jurisprudencial según la cual, para calcular la
jornada mensual, se debe multiplicar la jornada semanal (44 horas) por el número
promedio de semanas en un mes, lo cual arroja un total de 190 horas mensuales y se
determinó que emplear bases de cálculo superiores (como 220 o 240 horas mensuales
según el caso), resulta incorrecto por cuanto genera una reducción injustificada del valor
de la hora ordinaria de trabajo, lo cual afecta el pago de recargos nocturnos, dominicales
y festivos, así como la liquidación de prestaciones sociales y vulnera el derecho a la
remuneración justa del empleado público:

“En estas condiciones, la Sala reitera el criterio jurisprudencial expresado por la
Sección al señalar que la falta de regulación especial sobre la jornada laboral
(...) regirá la jornada ordinaria correspondiente a 44 horas semanales, tal y
como se desprende del referido Decreto 1042 de 1978, debiéndose remunerar
el trabajo suplementario para no lesionar derechos del empleado expuesto a
dicha actividad como la justa remuneración de su labor por trabajar en jornadas
que superan la ordinaria.

Lo anterior, es apenas razonable por criterios de igualdad y proporcionalidad,
ya que si la jornada ordinaria máxima legal -de 44 horas-, aumenta por
necesidades del servicio, es consecuente que el salario también lo haga, ya que
no sería justo para quien cumple una jornada excepcional que supera la

11
“Artículo 33. De la jornada de trabajo. La asignación mensual fijada en las escalas de remuneración a
que se refiere el presente Decreto, corresponde a jornadas de cuarenta y cuatro horas semanales. A
los empleos cuyas funciones implican el desarrollo de actividades discontinuas, intermitentes o de simple
vigilancia podrá señalárseles una jornada de trabajo de doce horas diarias, sin que en la semana excedan
un límite de 66 horas.

Dentro del límite máximo fijado en este artículo, el jefe del respectivo organismo podrá establecer el horario
de trabajo y compensar la jornada del sábado con tiempo diario adicional de labor, sin que en ningún caso
dicho tiempo compensatorio constituya trabajo suplementario o de horas extras.

El trabajo realizado en día sábado no da derecho a remuneración adicional, salvo cuando exceda la jornada
máxima semanal. En este caso se aplicará lo dispuesto para las horas extras.

11
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

ordinaria, que su salario sea igual al de un empleado que labora 44 horas a la
semana (...).

Una posición en contrario, resulta inequitativa y desigual con disposiciones que
sobre esta misma materia existen en el orden nacional y territorial para
empleados que realizan otro tipo de funciones que también requieren
disponibilidad y permanencia. Destaca la Sala que, tratándose de empleados
públicos es la Ley, la que fija el régimen salarial y prestacional en el sector
oficial. Así mismo se observa, en aras de hacer efectivo este beneficio y atender
el principio mínimo de favorabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta
Política, que la controversia debe resolverse respetando la situación más
beneficiosa al empleado.

Al proceso se allegó la certificación de los turnos laborados por el actor (...) de
la que se desprende que trabajó en una jornada de 24 horas de labor por 24
horas de descanso (24 x 24), que incluye horas diurnas y nocturnas, alternando
en una semana 4 días de trabajo y 3 de descanso y en la siguiente, 3 días de
labor y 4 de descanso, por lo que en una semana laboraba 72 horas y en la otra
96, lo que arroja un promedio de 360 horas laboradas en el mes, superando
de esta forma la jornada ordinaria legal de 44 horas semanales que
equivalen a 190 horas mensuales (...).

Afirma la entidad que para dividir por 240 horas se ha tenido en cuenta el
manual de liquidación de nómina del Distrito Capital en el cual el denominador
es una constante de 240 y no un factor variable (hecho décimo noveno de la
contestación de la demanda f.229).

Al respecto, la Sala aclara que al tenor del artículo 35 del Decreto 1042 de
1978, el recargo nocturno equivale a un 35% del valor de la hora ordinaria la
cual se determina con sujeción a la asignación básica que corresponde a la
jornada de 44 horas semanales establecida en el artículo 33 ibídem,
jornada que equivale a 190 horas mensuales y no 240 (...).

Así las cosas, el sistema de cálculo empleado (...) sobre 240 horas como
denominador constante, resulta errado y va en detrimento de los intereses
del actor, toda vez que reduce el valor del recargo, teniendo en cuenta que
el mismo debe partir de la asignación básica mensual sobre una jornada
de 190 horas mensuales.

En ese orden, hay lugar a ordenar el reajuste de los recargos nocturnos
laborados por el actor, teniendo en cuenta que se debe emplear para el
cálculo de los mismos, el número de horas mensuales de la jornada
ordinaria laboral en el sector público (190) y no la constante de 240 (...).

En criterio de la Sala, dicho parámetro no se ajusta al Decreto 1042 de 1978,
toda vez que para el cálculo del tiempo suplementario el Distrito de Bogotá
debió tener en cuenta la asignación básica mensual sobre el número de
horas de la jornada ordinaria mensual equivalente a 190 horas y no 240, al
no ser así, se afectó el cálculo del valor del recargo en detrimento del actor.

Por lo anterior, la Sala procederá a ordenar el reajuste de los dominicales y
festivos laborados por el actor, para lo cual, la entidad deberá tener en cuenta
los parámetros indicados por los artículos 33, 35, 36 y 39 del Decreto 1042 de
1978, es decir el factor hora será calculado con base en la asignación
básica mensual divida por el número de horas de la jornada ordinaria
mensual (190) y no 240.”. (negrillas y subrayas de la Sala)

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

7) Por su parte, en la providencia judicial cuestionada, la Sala Quinta de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia plasmó las siguientes consideraciones para
sustentar su postura:

“3.1. Del factor para calcular la hora base de la jornada ordinaria laboral.

Para el reconocimiento de los conceptos labores pretendidos por la parte
demandante, era necesario establecer el valor de la hora de trabajo.

El juzgado de instancia ordenó la reliquidación según el factor hora que resulte
de dividir la asignación básica mensual sobre el número de horas de la jornada
máxima legal de 190 horas mensuales.

En este punto, se precisa que, aun cuando existe precedente respecto a la
liquidación de la hora ordinaria de trabajo sobre el factor de 190 horas
mensuales, lo cierto es, que esta Sala de Decisión ha adoptado como
posición mayoritaria, que el factor hora se calcula sobre 220 horas
mensuales.

Tal como se explicó, el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 establece que la
jornada laboral de los empleados públicos es de 44 horas semanales, que
deben ser laboradas en 6 días de la semana, dado que el séptimo está
destinado para el descanso. Entonces, sí por 6 días laborados da 7.33 horas
(cifra que sale de dividir 44 horas entre 6 días), se tiene derecho a un día de
descanso remunerado, es decir, a otras 7.33 horas por día. Luego, ese factor
de 7.33 horas se multiplica por 30 días al mes arroja un total de 220 horas, cifra
por la cual se divide el valor de la asignación mensual para establecer el valor
hora laboral.

En esa línea argumentativa, el salario devengado mensualmente comprende el
pago de 30 días, en el que se incluye por semana el descanso remunerado,
sobre una jornada de 44 horas semanales y/o 220 mensuales. De lo contrario,
se desconocería que, dentro del mes, 30 horas están destinadas para el
descanso, las cuales son remuneradas dentro del pago mensual que se hace
al empleado, o tal como lo indicó la entidad, conllevaría a pensar que dentro de
las 190 horas mensuales deben quedar comprendidas las que hacen parte del
descanso remunerado, lo que comportaría una reducción de la jornada laboral
a 160 horas.

En consecuencia, el cargo de la parte demandada está llamado a prosperar, por
lo que, se ordenará modificar el ordinal tercero de la sentencia, debido a que, la
nulidad del acto es parcial, comoquiera que la parte demandante no logró
desvirtuar la presunción de legalidad del acto frente a este aspecto.”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

8) Como viene de leerse, en la sentencia cuestionada, la autoridad judicial demandada
reconoció la existencia del precedente de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
sin embargo, decidió no aplicarlo con fundamento en que su posición mayoritaria ha sido
la de utilizar 220 horas mensuales como base de cálculo y no ofreció razones suficientes,
claras y razonables que permitieran justificar el apartamiento del precedente, pues,
únicamente se limitó a decir que su posición de debía a que las 30 horas de descanso
remunerado debían ser incluidas dentro del factor de liquidación de la hora ordinaria.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

9) En esa medida, para esta Sala de Decisión, el criterio de la Sala Quinta de Oralidad
del Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció los lineamientos definidos por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 12 de febrero
de 2015, por cuanto ignoró que, de acuerdo con la regla jurisprudencial que sí se definió,
el descanso remunerado no constituye una hora laboral -pues no constituye tiempo
efectivo de trabajo-, sino un derecho laboral adquirido por el correspondiente empleado
público.

10) Esta Corporación estableció de manera clara que la jornada máxima de 44 horas
semanales de que trata el artículo 33 del Decreto Ley 1042 de 1978 ya contempla el
tiempo de descanso semanal dentro del cálculo, sin que sea necesario adicionarlo
nuevamente en la liquidación de la jornada mensual por cuanto ello distorsiona la fórmula
para calcular la hora laboral y, en consecuencia, disminuye el valor de los recargos, en
detrimento de los derechos laboral del actor y en contravía del principio de favorabilidad
aplicable en materia laboral.

11) En este sentido, como ya lo ha resuelto esta misma Sala de Decisión en anteriores
oportunidades12, con esa determinación el tribunal desconoció el precedente aplicable en
el caso del señor Iván Aurelio Présiga Osorio y se apartó, sin una justificación adecuada,
completa, razonable ni respetuosa de los derechos fundamentales de la regla
jurisprudencial establecida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia de unificación de 12 de febrero de 2015, por cuanto con ella aplicó una
interpretación más gravosa al demandante, en tanto redujo los valores que el trabajador
debía percibir por las erogaciones reclamadas en la demanda ordinaria.

12) Por consiguiente, se accederá al amparo pretendido y se ordenará al tribunal
accionado que expida una providencia de reemplazo en lo relacionado con la correcta
base de cálculo para la liquidación del valor de la hora ordinaria de trabajo y de los
recargos laborales reclamados, para lo cual deberá tener en cuenta que el factor a utilizar
debe corresponder a 190 horas mensuales, conforme con la regla jurisprudencial
unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia de 12 de febrero
de 2015.

12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 12 de junio de 2024, exp. 11001-03-
15-000-2024-02075-00 (AC), CP Alberto Montaña Plata y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, sentencia de 19 de octubre de 2021, exp. 11001-03-15-000-2021-04867-00 (AC), CP Fredy Ibarra
Martínez.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00704-00
Actor: Iván Aurelio Présiga Osorio
Acción de tutela

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1°) Ampáranse los derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia del señor Iván Aurelio Présiga Osorio, de conformidad con las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) En consecuencia, déjase sin efecto la sentencia del 12 de noviembre de 2024
proferida por la Sala Quinta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 05001-33-33-009-
2020-00125-01 y ordénase a dicha autoridad que, en el término de diez (10) días
contados a partir de la fecha de notificación de esta providencia, profiera una decisión en
reemplazo en la cual se tengan en cuenta las consideraciones expuestas.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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