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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00707-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00707-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, que declaró la falta de legitimación por activa de uno de los accionantes y la improcedencia de la acción. SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00707-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00707-01

Accionante: DEYVIS JOSÉ MORALES ABDO Y OTRO

Autoridad: CONSEJO DE ESTADO Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TUTELA-
Legitimación en la causa por activa. RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia
adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por los accionantes contra el fallo
proferido el 7 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B-, que declaró la falta de legitimación por activa de uno de ellos y la
improcedencia de la acción.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 10 de febrero de 2025, Óliver Gómez Racedo, en nombre propio y en
representación de Deyvis José Morales Abdo, formularon acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
participación ciudadana, a la igualdad, a elegir y ser elegido y a la supremacía de la
Constitución, que alegan vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico y el
Consejo de Estado-Sección Quinta- , al haber proferido las providencias del 20 de
mayo y 22 de agosto, ambas de 2024, respectivamente, en el marco de nulidad
electoral1 que promovió Oliver Gómez Racedo contra el Acta general de escrutinio
de elecciones de autoridades territoriales del municipio de Soledad, Atlántico, y el
acto de otorgamiento de la curul del Concejo por estatuto de oposición a José Joao
Herrera Iranzo, para el periodo 2024-2027.

1
Identificado con número de radicado: 11001-33-35-007-2022-00345-01.

2
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud de la acción de tutela, solicitan que los derechos alegados sean tutelados.
Piden que se dejen sin efectos las providencias reprochadas y que:

«se declare la nulidad parcial del Acto Demandado en las dos instancias de la
ACCION PÚBLICA DE NULIDAD ELECTORAL con RADICADO: 0801-23-33-000-
2023-00441- 00-JR, en los términos solicitados en la misma, por la Violación del
Derecho Fundamental al Debido Proceso y el Principio de Supremacía
Constitucional.

Solicito se declare la nulidad de la credencial No. 19 del Concejo Municipal de
Soledad Atlántico, a nombre de JOSE JOAO HERRERA IRANZO, por ser violatoria
de los artículos 40, 263 y 312 de nuestra Constitución Política Nacional.

Que se ordene al Concejo Nacional Electoral la expedición de la Credencial No. 19
como Concejal Electo del Municipio de Soledad Atlántico, a nombre del señor
DEYVIS JOSÉ MORALES ABDO, para garantizar sus Derechos Fundamentales al
Debido Proceso, a Elegir y Ser Elegido y a la Igualdad y no Discriminación.»

2. Hechos relevantes

El 5 de diciembre de 2023, Oliver Gómez Racedo, incoó el medio de control de
nulidad electoral contra el Acta general de escrutinio de elecciones de autoridades
territoriales del municipio de Soledad, Atlántico, y el acto de otorgamiento de la curul
del Concejo por estatuto de oposición a José Joao Herrera Iranzo, para el periodo
2024-2027, contenida en el formulario E-26. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó que se diera aplicación a la regla general del artículo 263 de la Constitución
Política y se redistribuyeran las curules del Concejo Municipal de Soledad, Atlántico.

El asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo del Atlántico
que, por sentencia del 20 de mayo de 2024, negó las a pretensiones. El demandante
apeló. El asunto fue conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado-
Sección Quinta que, por sentencia del 22 de agosto de 2024, confirmó la decisión.

3. Fundamentos de la solicitud

Los accionantes consideran que las autoridades judiciales vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la participación ciudadana, a la igualdad, a elegir
y ser elegido y a la supremacía de la Constitución, al proferir las providencias del 20

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

de mayo y 22 de agosto, ambas de 2024. Aducen que en estas se incurrió en los
defectos fáctico, en su dimensión negativa, y el de violación directa de la
Constitución.

Sostienen que el primer defecto mencionado se encuentra configurado en la medida
en que las accionadas no analizaron en debida forma el material probatorio aportado
por la parte demandante del proceso. Adujeron que, a pesar de haber solicitado la
aplicación de la Resolución 2276 de 2019 en varios de los momentos procesales
destinados para ello, para el caso en concreto, dichas peticiones fueron omitidas por
las accionadas:

«se describe como paso a paso en el Acta general de Escrutinio de las Elecciones
territoriales de Soledad Atlántico en el año 2023, donde se omitió la aplicación del
procedimiento ordenado por la Resolución 2276 de 2019, detallando cada
irregularidad y falsedad en el Acto Administrativo demandado (...) la segunda mayor
votación para la corporación de Alcaldía Municipal de Soledad fue la del señor
WILLIAM TORRES ARCILA, quien no acepto su derecho personal a ocupar una curul
por Estatuto de Oposición en el Consejo de Soledad Atlántico, pero donde sí se aplicó
a cabalidad y en debida forma la tan citada Resolución 2276 de 2019.»

Esgrimen que no es dable que en las providencias reprochadas se estudien la
existencia y validez del derecho personal del señor José Joao Herrera Iranzo, así
como su voluntad para la aceptación para ocupar la curul por el por el Estatuto de
Oposición en el Consejo de Soledad Atlántico, pues esta:

«se hizo de una manera tan irregular que no se ajusta a derecho, no siendo esta la
base, argumento o motivación de las Sentencias, estos argumentos ni parcialmente
fueron debatidos y se profirieron de esta manera las Sentencias sin la debida
motivación.
(...)
Al cambiar el sentido de la demanda, limitándose a debatir temas que no se invocaron
en la misma como la voluntad del señor JOSE JOAO HERRERA IRANZO y la
supuesta superioridad del Derecho Personal otorgado por la ley Estatutaria 1909 de
2018, sobre el Derecho Democrático contemplado y otorgado por los artículos 263 y
312 de nuestra Constitución Polótica Nacional.»

En virtud de lo anterior, afirma que:

«Constituyéndose una falsedad en la expedición del Formato E-26 de Concejo, por
medio del cual se dio la Declaratoria de Elección de dicha corporación, pero

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

declarando FALSAMENTE como CONCEJAL ELECTO No. 19 de 19 curules que
tiene el Municipio, al señor JOSE JOAO HERRERA IRANZO, quien no participo en
los comicios para el Concejo Municipal de Soledad, sino para la Alcaldía Municipal y
quien en realidad debía estar en la curul No. 19 como Concejal Electo era el señor
DEYVIS JOSÉ MORALES ABDO, del Partido Demócrata Colombiano.
(...)
el Candidato DEYVIS JOSÉ MORALES ABDO, quien fuere según el Sistema
Electoral Colombiano (Sistema de Cuociente Electoral) la votación No. 19 con un
total de 2.367 votos en Urnas, se le negó su calidad de CONCEJAL ELECTO por un
procedimiento totalmente IRREGULAR y contrario a la Resolución 2276 de 2019 “Por
medio del cual se establecen medidas para la aplicación del artículo 25 de la ley 1909
de 2018”»

Plantean que, en virtud de todo lo expuesto, se transgredieron los derechos
fundamentales que invocan y por tanto incurrieron en una violación directa de la
Constitución. Afirman que no haber accedido a las pretensiones de nulidad de los
actos demandados fue un acto violatorio de los principios constitucionales del
derecho democrático electoral, del Estado social de derecho, del poder constituyente
primario y de la supremacía de la Constitución.

4. Trámite de primera instancia

El 13 de febrero de 2025 se admitió la acción de tutela, se ordenó su notificación a
las autoridades judiciales accionadas, así como a José Joao Herrera Iranzo y a la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en calidad de terceros con interés.

En el escrito de contestación, el Consejo de Estado-Sección Quinta-, por medio de
la honorable Consejera ponente de la providencia enjuiciada, solicitó que se declare
improcedente la acción, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
Sostuvo que los defectos alegados en realidad no se configuraron, pues todo lo
argumentado en el escrito de tutela fue debidamente analizado.

El Tribunal Administrativo del Atlántico-Sala de Decisión Oral A adujo que la solicitud
es improcedente. Indicó que la providencia cuestionada fue proferida en respeto de
la normativa aplicable al caso. Planteó que fue, precisamente con base en esta, que
resolvió negar las pretensiones de la demanda tuitiva.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación por considerar
que carece de legitimación en la causa por pasiva. Esto, pues no tiene injerencia en
las decisiones que tomen los Jueces de la República.

Óliver Gómez Racedo allegó unos documentos y un memorial en el que reiteró los
argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Mediante sentencia del 7 de marzo de 2025, el Consejo de Estado-Sección Tercera-
Subsección B, declaró la falta de legitimación por activa de uno de los accionantes y
la improcedencia de la acción. Sostuvo que Deyvis José Morales Abdo carece de
legitimación para actuar en el presente trámite constitucional. Esto, pues no hizo
parte del proceso ordinario en virtud del cual se profirieron las providencias
cuestionadas por lo que no es el titular de los derechos fundamentales que se
invocan.

Posteriormente, hizo el estudio de procedencia de los defectos alegados y determinó,
con base en estos, que la acción es improcedente. Planteó que no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues el interés del actor es, en realidad,
exponer su desacuerdo con las providencias reprochadas en atención a que estas le
fueron desfavorables a sus intereses. Además presentó los mismos argumentos ya
resueltos por los jueces naturales del asunto.

Los accionantes impugnaron. Solicitaron que la decisión proferida por el Consejo
de Estado-Sección Tercera-Subsección B fuera revocada. Plantearon que el señor
Deyvis José Morales Abdo tiene legitimación en la causa en el presente proceso,
pues es quien fue desplazado de las 19 curules disponibles en el Concejo Municipal
de Soledad, Atlántico. En virtud de lo anterior adujeron que debe ser considerado
como tercero interesado, por ser directamente afectado con las decisiones que se
reprochan. Sostienen que desde el auto admisorio debió haber sido notificado en tal
calidad.

Reiteraron los argumentos alegados respecto de los defectos que invocaron.
Sostuvieron que el asunto, contrario a lo considerado por el A Quo del presente

6
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

trámite, es de relevancia constitucional. El 1 de abril de 2025 se concedió la
impugnación.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se debe confirmar, modificar o revocar la
sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección B, que declaró la falta de legitimación por activa de uno de los
accionantes y la improcedencia de la acción.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que ésta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

2
Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.
3
Ibidem.

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Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

Legitimación en la causa por activa

El artículo 86 de la Constitución Política establece la acción de tutela como un
mecanismo constitucional de defensa judicial al que cualquier persona, que
considere vulnerados sus derechos fundamentales puede acudir. En este sentido,
quien procure la protección inmediata de sus derechos fundamentales, por
considerarlos vulnerados con ocasión a la acción u omisión de autoridades o de
particulares, puede acudir y buscar su protección, a través del mencionado amparo
constitucional.

El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, disposición que regula el artículo
constitucional anterior, dispone que cualquier persona vulnerada en sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción de tutela, en todo momento y lugar y que el
afectado actuará en nombre propio o representante. Asimismo, establece la agencia
en defensa de esos derechos, cuando el titular no esté en condiciones de formular
el amparo, circunstancia que deberá manifestar el agente en la solicitud.

En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha precisado que carecen de
legitimación en la causa por activa, para cuestionar una actuación judicial, quienes
pudiendo intervenir al interior de un proceso judicial, no participan en el4. Es deber
del juez constitucional verificar el cumplimiento de este requisito, por lo que debe
asegurar que el derecho fundamental que se alega vulnerado sea propio del
accionante y no bajo la titularidad de otra persona. Debe existir un interés directo del
accionante, respecto de las pretensiones que plantea en sede de tutela5.

4
Corte Constitucional, sentencia T-240 del 12 de marzo de 2004.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1191 del 25 de noviembre de 2004.

8
Expediente nº. 11001-03-15-000-2025-00707-01
Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud de lo anterior, el cumplimiento de este requisito es exigible para quien ejerce
el derecho a presentar la tutela, sin perjuicio que esta se encuentre dirigida contra
una providencia judicial. Quien predica la vulneración de sus derechos con ocasión
a una decisión judicial, debe tener un interés particular y concreto respecto de las
pretensiones y los reproches que presenta ante el juez constitucional quien, por
demás, debe poder establecer, sin mayor dificultad, que lo reclamado es la
protección de un derecho fundamental propio y no ajeno6.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional7: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se
deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los elementos
antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)

6
Corte Constitucional, sentencia T-320 del 21 de septiembre de 2021.
7
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Acción de tutela – Segunda instancia

la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

Los accionantes consideran que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la participación ciudadana, a la
igualdad, a elegir y ser elegido y a la supremacía de la Constitución, con ocasión a
las providencias del 20 de mayo y 22 de agosto, ambas de 2024. Sostienen que en
estas se incurrió en los defectos fáctico, en su dimensión negativa, y de violación
directa de la Constitución.

Afirman que no consideraron en debida forma el material probatorio aportado ni la
reiterada solicitud de aplicación de la Resolución 2276 de 2019, para su caso en
concreto. Esgrimen que el acto de otorgamiento de la curul del Concejo municipal de
Soledad, Atlántico, a José Joao Herrera Iranzo, por estatuto de oposición, incurrió en
irregularidades, especialmente desde la aceptación de la misma, y por tanto el Acta
general de escrutinio de las elecciones de autoridades territoriales de dicho
municipio.

La Sala advierte que Deyvis José Morales Abdo no acreditó el cumplimiento del
requisito de legitimación en la causa por activa. La acción de tutela se dirige contra
unas providencias judiciales respecto de las que no es posible predicar un interés
directo o concreto por parte de Morales Abdo.

El accionante no acreditó su actuación al interior del proceso del medio de control
de nulidad electoral de Oliver Gómez Racedo contra el Acta general de escrutinio de
elecciones de autoridades territoriales del municipio de Soledad, Atlántico, y el acto
de otorgamiento de la curul del Concejo por estatuto de oposición a José Joao
Herrera Iranzo, para el periodo 2024-2027, contenida en el formulario E-26.
Tampoco fundamentó sus pretensiones en defensa de un derecho ajeno de quien
cumpliera con este requisito. En virtud de lo anterior el accionante carece de interés

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para actuar y la demanda de tutela no satisface el requisito de legitimación en la
causa por activa.

Así las cosas, la acción de tutela no cumple con el supuesto de legitimación en la
causa por activa, ni de representación o de agencia para la defensa de los derechos
ajenos respecto de Deyvis José Morales Abdo, conforme a lo establecido en el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Ahora bien, en atención a los argumentos expuestos por Óliver Gómez Racedo
contra las providencias reprochadas, la Sala advierte que estos se encuentran
dirigidos a cuestionar asuntos ya resueltos por ambas autoridades en las
providencias reprochadas. Razón esta por la cual la solicitud será declarada
improcedente por falta del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional, al
tratarse de la búsqueda de una instancia adicional al proceso ordinario.

Las autoridades accionadas, conforme al material probatorio aportado, el marco
normativo y jurisprudencial aplicable al caso, incluida la Resolución 2276 del 11 de
junio de 2019, consideraron que no era dable acceder a las pretensiones del actor.
De la aceptación cuestionada por el actor, el juez natural de la segunda instancia
consideró que:

«El Consejo Nacional Electoral, frente a esta prerrogativa señaló, en el artículo 2 de
la Resolución 2276 de 2019, la oportunidad para aceptar el derecho personal a
acceder a una curul en la corporación pública así:

Dentro de las 24 horas siguientes a la declaratoria de elección de los cargos de
gobernador, alcalde distrital y/o municipal y previo a la de las asambleas
departamentales y concejos distritales y/o municipales respectivamente, los
candidatos que ocuparon el segundo (2°) puesto en votación, deberán manifestar por
escrito, por una sola vez y sin posibilidad de retracto, su decisión de aceptar o no una
curul en las asambleas departamentales y concejos distritales y/o municipales.

(...) con la expedición del formulario E-26 de alcalde, es que se oficializan los
resultados electorales y se materializa la voluntad popular, razón por la que la norma
refiere a que sea de manera posterior a esta.

(...) quien hace uso de su derecho personal a ocupar una curul en una corporación
de elección popular, debe hacerlo cuando se reconozca de forma oficial dicha
situación, lo cual no es óbice, para que en los casos en que el pronunciamiento se
haga de forma anticipada, se entienda que carece de valor o efecto, toda vez que le

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incumbe a la autoridad electoral competente verificar, con el documento electoral
definitivo, si quien aduce tener la prerrogativa de ocupar una curul, es el destinatario
del apoyo ciudadano y, en razón de ello, proceder a reconocerlo en el acto que
declara la elección de la correspondiente duma.

Con base en lo anterior, se encuentra plenamente acreditado que se entregó el
documento de forma anticipada a la declaratoria de la elección del alcalde de
Soledad; sin embargo, ello no tiene la potencialidad de generar la nulidad del acto
enjuiciado, toda vez que el derecho personal recayó en quien obtuvo el respaldo
popular que exige el artículo 112 Superior y el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, el
cual fue reconocido por la autoridad electoral competente de forma posterior a la
declaratoria de la elección del primer cargo del municipio, con lo que se cumplió el
cometido constitucional de dotar de eficacia el respaldo ciudadano en cabeza del
segundo candidato más votado para la alcaldía.»

En línea con lo anterior planteó que:

«Pretender, que la sola expresión anticipada de aceptación del escaño resulte
suficiente para declarar la nulidad del acto enjuiciado, restringiría de forma
desproporcionada los derechos fundamentales consagrados en el artículo 40 de la
Constitución Política, no solo del demandado sino también de sus electores.

Por manera que la manifestación de aceptación del derecho personal que se realizó
de forma anterior a la declaratoria de la elección del primer mandatario del municipio
de Soledad, no se erige en una irregularidad que tenga la entidad de viciar el acto
enjuiciado, por tanto, la Sala se releva de estudiar lo concerniente a los demás cargos
de apelación relacionados con la recepción del mencionado documento.»

La Sala advierte que los argumentos presentados por el accionante no acreditan una
vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se encaminan a volver
sobre la controversia decidida por el juez de conocimiento y esgrimen divergencias
de carácter netamente legal. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos
que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación
razonable de las pruebas aportadas al expediente, así como del marco legal y
jurisprudencial aplicable al asunto.

Esto pues la autoridad accionada consideró, de conformidad con el marco normativo
y jurisprudencial aplicable, así como la resolución precisada por el actor, que el acto
administrativo de contenido electoral demandado no incurrió en ninguna
irregularidad, pues la aceptación de la curul cuestionada en el proceso ordinario y
ahora en sede de tutela, se efectuó de forma legal.

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Accionante: Deyvis José Morales Abdo y otro
Acción de tutela – Segunda instancia

Al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la autoridad
judicial accionada, resulta improcedente que el juez del tutela revise o evalúe la
interpretación y alcance dado por el juez natural del asunto. La acción de tutela no
es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está prevista para desconocer la
autonomía e independencia que caracterizan las actuaciones judiciales. Por las
razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional.

Así las cosas, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 7 de marzo de 2025,
proferida por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, que declaró la
falta de legitimación por activa de uno de los accionantes y la improcedencia de la
acción, por los motivos antes expuestos.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2025, proferida por el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección B, que declaró la falta de
legitimación por activa de uno de los accionantes y la improcedencia de la acción.

SEGUNDO: ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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