Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00733-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00733-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00733-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
24 de julio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D. C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00733-01
Accionante: Ángela Bibiana Páez Barahona y otro1
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de inmediatez
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 1.° de
abril de 2025 proferida por la Sección Segunda Subsección B del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela al no cumplir
con el requisito de inmediatez.
II. ANTECEDENTES
2. La señora Ángela Bibiana Pérez Barahona y el señor Jairo Salas Mejía, a
través de apoderado judicial, instauraron acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Meta, por la presunta vulneración a sus derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia
y seguridad jurídica, supuestamente vulnerados dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 50001-33-33-008-2016-00378-00/01, con
ocasión de la expedición de la sentencia del 18 de julio de 2024 que confirmó la
providencia del 9 de noviembre de 2021 proferida por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, que negó las pretensiones de la
demanda.
3. Adicionalmente, el ad quem consideró que la parte actora no demostró la
legitimación en la causa por activa.
2.1. Hechos
4. Del escrito de tutela se colige que el señor Anderson Yesith Salas Páez
(q.e.p.d.) fue recluido el 17 de junio de 2014 en el Establecimiento Penitenciario
1 Jairo Salas Mejía
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-01
Accionante: Ángela Bibiana Páez Barahona
de Mediana Seguridad de Acacías (Meta), donde fue asesinado el 7 de octubre
de 2015 con arma corto punzante.
5. De acuerdo a lo señalado por la parte actora, días antes, el difunto señor
Salas Páez había manifestado a su madre (la señora Ángela Bibiana Páez
Barahona) amenazas contra su vida, por lo que solicitó auxilio a la guardia
penitenciaria, sin recibir protección efectiva, pese a la amenaza de otro interno y
su intento de traslado aunado a que incluso el mismo día de su muerte, fue
golpeado por el dragoneante de turno al intentar salir del patio.
6. Señalaron que, tras la agresión con el arma blanca, se demoró
injustificadamente su atención médica, siendo llevado caminando y sin auxilio
inmediato a sanidad, lo que derivó en su fallecimiento al llegar al hospital, hechos
que, de acuerdo a los accionantes, quedaron registrados en informes oficiales.
7. Los familiares del señor Salas Páez (q.e.p.d.) presentaron una demanda
a través del medio de control de reparación directa2, que fue negada al considerar
que el daño no era imputable al INPEC, por configurarse la culpa de la víctima y
el hecho de un tercero.
8. En sede de apelación, la parte actora alegó una omisión grave del INPEC
por permitir el ingreso de armas al penal, lo que hacía previsible el riesgo. Sin
embargo, el Tribunal Administrativo del Meta confirmó la decisión el 18 de julio
de 2024, añadiendo la falta de legitimación en la causa por activa a la negativa a
las pretensiones, al no acreditarse suficientemente el parentesco con el fallecido.
2.2. Fundamento jurídico
9. La parte actora fundamentó su acción en el preámbulo y los artículos 1, 2,
4, 5, 12, 13, 15, 21, 48, 49, 79, 85 y 86 constitucionales, así como en el Decreto
2529 de 19903. Alegó la existencia de un defecto fáctico por parte del Tribunal
Administrativo del Meta en su providencia, al considerar no probado el vínculo de
consanguinidad entre los demandantes y la víctima, aduciendo que este no
valoró adecuadamente las pruebas ni justificó su decisión.
10. Los accionantes sostuvieron que el fallo constituyó una vía de hecho al
desconocer principios constitucionales como el debido proceso, la seguridad
jurídica, el acceso a la administración de justicia y la igualdad, generando con
ello un perjuicio irremediable y dejando a los accionantes en estado de
indefensión frente al suceso acaecido a su familiar.
11. También denunciaron la omisión del Tribunal al no pronunciarse sobre los
argumentos de su apelación, pues reprocharon que con ello se desconoció el
precedente jurisprudencial vinculante de la Corte Constitucional definido en las
2
Ante el Juzgado Octavo Administrativo de Villavicencio, rad. 50001-33-33-008-2016-00378-00
3
“Por el cual se modifica el Presupuesto de Gastos de la Promotora de Vacaciones y Recreación Social, Prosocial”.
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Accionante: Ángela Bibiana Páez Barahona
sentencias C-539 de 20114, C-543 de 19925 y C-104 de 19936.
12. Adicionalmente, el apoderado de la parte actora solicitó que la inmediatez
se computara desde que tuvo acceso al expediente digital y no desde la
publicación del fallo.
2.3. Pretensiones
13. La parte accionante solicitó:
«[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones
expuestas respetuosamente solicito al señor Juez Constitucional le sean
tutelados los derechos fundamentales DEBIDO PROCESO y DERECHO A LA
IGUALDAD DE TRATO POR PARTE DE LOS OPERADORES JUDICIALES.
Y EL ACCESO A LA JUSTICIA y el DERECHO A LA SEGURIDAD JURIDICA
de:
1. Anulando el fallo proferido por el HONORABLE TRIBUNAL
ADMINSTRATIVO DEL META dentro del Medio de control de REPARACION
DIRECTA No 50001-33-33-008 2016-00378-00 en donde figura como
demandante ANGELA BIBIANA PAEZ BARAHONA Y OTROS y demandado
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC; que
CONFIRMO el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Octavo
Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.
2. Como consecuencia de la revocatoria del fallo se profiera uno nuevo en
donde se protejan los derechos fundamentales de mis representados.
3. Las demás que este honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados”. […]».
2.4. Intervenciones
14. La acción de tutela fue admitida por la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado mediante auto del 28 de febrero de 20247, en el que
ordenó notificar como accionado al Tribunal Contencioso Administrativo del Meta
y vinculó como terceros interesados en el resultado del proceso al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a Juan David Salas Páez, Bárbara
Barahona de Páez, María Elcy Mejía de Salas, Diana Michel Salamanca
Caballero y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio.
Adicionalmente, reconoció personería al abogado Conrado Arnulfo Lizarazo
Pérez
2.4.1. La Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC)8, solicitó ser desvinculada de la acción de tutela por falta de legitimación
en la causa por pasiva, argumentando que la tutela se dirige contra una
4
Corte Constitucional, Sentencia C-539 de 2011, MP Luis Ernesto Vargas Silva. - La cual reafirma la fuerza
vinculante del precedente judicial -
5
Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 1992, MP José Gregorio Hernández Galindo. – Que entre otros
aspectos declara inexequible la caducidad de la tutela, reafirmando su carácter inmediato y excepcional -
6
Corte Constitucional, Sentencia C-104 de 1993, MP Alejandro Martínez Caballero. – En donde se demanda un
trato judicial igualitario y coherente en casos similares, como garantía del acceso a la justicia y la seguridad
jurídica.-
7
Índice 10 del aplicativo SAMAI.
8
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providencia judicial del Tribunal Administrativo del Meta, y que solo las
autoridades judiciales pueden responder por sus decisiones. Aseguró que ha
cumplido sus funciones legales sin incurrir en omisión alguna.
2.4.2. El Tribunal Administrativo del Meta, a través de la magistrada Teresa
Herrera Andrade, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por
incumplir el requisito de inmediatez, ya que fue presentada más de seis meses
después de la notificación del fallo de segunda instancia sin justificación válida y
la jurisprudencia exige que la tutela se interponga en un plazo razonable, por lo
que no es de recibo que se utilice para revivir debates procesales ya clausurados.
15. Además, consideró que no se cumplió el requisito de relevancia
constitucional, pues el actor no demostró una vulneración directa de derechos
fundamentales, sino que pretende reabrir el debate sobre una prueba no
incorporada legalmente. Por lo expuesto, indicó que la tutela no puede usarse
como tercera instancia para corregir errores procesales atribuibles al apoderado,
quien no gestionó ni defendió oportunamente la incorporación del registro civil de
nacimiento.
16. Finalmente, el Tribunal aclaró que la prueba documental fue aportada
fuera de las oportunidades probatorias del CPACA y nunca fue decretada ni
valorada por el juez de primera instancia. Así las cosas, al no existir
pronunciamiento judicial ni recurso alguno por parte del apoderado, se cerró
válidamente la etapa probatoria. En ese entendido, afirmó que la sentencia del
18 de julio de 2024 se basó en pruebas legalmente incorporadas, y no se
configuró defecto fáctico ni procedimental que justifique la acción de tutela.
2.4.3. No se rindieron más informes.
2.5. Sentencia Impugnada9
17. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, declaró
improcedente la acción presentada teniendo en cuenta que esta no cumple con
el requisito de inmediatez pues evidenció que: “la providencia atacada
expedida por el Tribunal Administrativo del Meta10, fue notificada personalmente
el 30 de julio del 202411 y, de conformidad con la información que reposa en el
expediente electrónico,12 la solicitud de amparo se instauró el 11 de febrero del
2025, es decir, luego de 6 meses y 5 días desde la ejecutoria de la sentencia
cuestionada”.
18. En ese entendido, indicó que de conformidad con lo dispuesto en los
9
Índice 14 del aplicativo SAMAI, 009Sentencia_SENTENCIA_00820160037801ANGELA
10
Que confirmó la sentencia del 9 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Villavicencio.
11
Las actuaciones se pueden verificar en el aplicativo Siglo XXI, bajo el radicado 50001333300820160037801 en el
siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=500013333008201600378015000123
12
Visible en el índice 01 del expediente en SAMAI en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202500733001100103
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Accionante: Ángela Bibiana Páez Barahona
artículos 205 del CPACA13 y 302 del CGP14, la ejecutoria de la providencia objeto
de tutela se debía contar desde el 6 de agosto del 2024, por lo que, los
accionantes tenían hasta el 6 de febrero de 2025, para presentarla. Así las cosas,
al instaurarla posteriormente, superaron el término previsto por la jurisprudencia
constitucional de 6 meses, sin evidenciar condiciones de vulnerabilidad alguna,
que permitan flexibilizar el término.
2.5. Impugnación15
19. La parte accionante argumentó que, en su sentir, aplicar la inmediatez
desde el momento en que quedó ejecutoriado el fallo de segunda instancia era
errado y debía aplicarse desde: “el momento en que se pudo tener acceso al
expediente judicial, para verificar, la omisión o no de no haber allegado el registro
de nacimiento de la víctima con el que se probaba la legitimidad en la causa para
actuar en nombre de mis representados”.
En ese entendido, consideró trasgredido su derecho fundamental al debido
proceso y al principio de confianza legítima e insistió en lo planteado en su escrito
de tutela con referencia al supuesto desconocimiento de los precedentes,
afirmando además que la primera instancia estaba revictimizando a los
accionantes por lo que solicitó revocar el fallo impugnado.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo del Meta trasgredió los derechos
13
“ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán
utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se
pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el
expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea
por cualquier interesado”.
14
“ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.
15
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fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia
y seguridad jurídica de la señora Ángela Bibiana Páez Barahona y otro,16 con
ocasión de los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente en la
providencia del 18 de julio de 2024, notificada personalmente el 30 de julio de
esa anualidad, que confirmó la providencia del 9 de noviembre de 2021 proferida
por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, dentro del
medio de control de reparación directa con radicado 50001-33-33-008-2016-
00378-00/01.
26. Previo a lo anterior, es necesario establecer si la acción cumple con los
requisitos generales de procedencia, en particular el de inmediatez cuyo
cumplimiento no se encontró acreditado en primera instancia.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios
judiciales, salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
28. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como
cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción
a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa
perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia,
es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional
cuando desborda los límites que la Carta le impone.
29. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso.
30. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de
elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano
propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica,
la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad
de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
16 Jairo Salas Mejía
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Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.4. Del requisito de inmediatez
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que la
tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:
«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después
de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se
cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos17». Negrillas de la Sala.
Adicionalmente también ha precisado:
«[…] Si bien es cierto que la acción de tutela no está sometida a un término
de caducidad, sí debe ser interpuesta en un plazo razonable y
proporcionado a partir del hecho generador de la vulneración, en el caso
de las providencias judiciales, desde que quedó en firme18. […] ». Negrillas
y subrayas de la Sala.
Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del amparo
constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz
de derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.
En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del 5 de
agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente»19
3.5. Caso concreto
De conformidad con los antecedentes descritos, la Sala procede a determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, es decir,
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-354 de 2017, MP Iván Humberto Escrucería Mayolo
18
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019, MP Alejandro Linares Cantillo, citando entre otras las
sentencias T-328/10, T-526/05 y T-692/06.
19
Consejo de Estado, Sentencia de Unificación del 05 de agosto de 2014, MP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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si se cumple con el requisito de inmediatez.
Ahora bien, la Sala de entrada advierte que confirmará la providencia del a quo,
toda vez que los argumentos del accionante en su escrito de tutela y replanteados
en su impugnación con relación a la inmediatez carecen de solidez jurídica.
Pretender que el término para su verificación se compute desde el acceso al
expediente digital y no desde la notificación o publicación del fallo vulnera el
principio de seguridad jurídica y desconoce que la carga de diligencia al respecto
recaía sobre el accionante.
La jurisprudencia constitucional ha sido clara: la tutela debe interponerse en un
plazo razonable desde el momento en que se tiene conocimiento del acto que
vulnera derechos fundamentales.
En ese entendido, la inmediatez no admite interpretaciones subjetivas ni
extensiones arbitrarias. El acceso tardío al expediente no suspende ni reinicia el
conteo del término, salvo que se demuestre una imposibilidad real y objetiva
de ejercer la acción, lo cual no se acreditó en este caso. Por lo anterior, la
negligencia en consultar el expediente o en actuar oportunamente no puede
trasladarse a las autoridades judiciales como excusa para revivir términos
vencidos.
En consecuencia, el argumento del accionante no solo es débil, sino que
contradice el carácter excepcional y urgente de la tutela. Permitir que la
inmediatez se flexibilice sin justificación válida, abriría la puerta a abusos
procesales y desnaturalizaría la función de la acción de tutela como mecanismo
de protección inmediata de derechos fundamentales.
En consonancia con lo expuesto, la jurisprudencia constitucional se ha
pronunciado en múltiples ocasiones como se observa a continuación:
«[…] “La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: (i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes. “La inactividad
injustificada desvirtúa el carácter urgente de la tutela y afecta la seguridad
jurídica y los derechos de terceros20”. […] ». Negrillas y subrayas de la Sala.
Adicionalmente, frente al otro planteamiento del actor en su fundamento jurídico
respecto a la inexistencia de caducidad de la acción de la acción esta no
encuentra asidero, pues si bien ello es cierto, no anula el hecho de que la
interposición de la tutela debe realizarse dentro de un plazo razonable, como lo
expuso la Sentencia SU-961 de 199921 de la Corte Constitucional:
«[…] “Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines,
la inexistencia de un término de caducidad no puede significar que la
acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La
razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela,
que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos,
entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro
20
Corte Constitucional, Sentencia T-246 de 2015, MP Martha Victoria Sáchica Méndez
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-961 de 1999
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de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos
de terceros.”. […] ». Negrillas y subrayas de la Sala.
Así las cosas, como lo advirtió acertadamente la primera instancia la providencia
atacada expedida por el Tribunal Administrativo del Meta22, fue notificada
personalmente el 30 de julio del 202423 y, de conformidad con la información que
reposa en el expediente electrónico,24 la solicitud de amparo se instauró el 11 de
febrero del 2025, es decir, luego de 6 meses y 5 días desde la ejecutoria de la
sentencia cuestionada.
En ese entendido, tal y como lo indicó la Sección Segunda, Subsección B de esta
corporación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 205 del CPACA25
y 302 del CGP26, la ejecutoria de la providencia objeto de tutela se debía contar
desde el 6 de agosto del 2024, por lo que, los accionantes tenían hasta el 6 de
febrero de 2025, para presentarla.
Por lo expuesto, al instaurarla posteriormente, se torna transparente que se
superó el término previsto por la jurisprudencia constitucional de 6 meses, sin
evidenciar condiciones de vulnerabilidad alguna, que permitan flexibilizar el
término.
En ese sentido, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la carga de la
argumentación en cabeza del demandante aumenta de manera proporcional a la
distancia temporal que existe entre la presentación de la acción de tutela y el
momento en que se consideró vulnerado un derecho, pues, en ausencia de
justificación, el paso del tiempo reafirma la legitimidad de las decisiones judiciales
y consolida los efectos de la sentencia27.
Es importante reiterar que el juez constitucional parte de la presunción que si se
está ante una vulneración de derechos fundamentales que requiere medidas
urgentes, inaplazables e inmediatas el titular del derecho afectado debe procurar
su protección lo antes posible; contrario sensu, la demora excesiva e injustificada
para controvertir una decisión judicial pone en tela de juicio la urgente necesidad
de la protección constitucional que se puede obtener vía acción de tutela y, antes
22
Que confirmó la sentencia del 9 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Villavicencio.
23
La Sentencia fue notificada por correo electrónico del 30 de julio del 2024, visible en el índice 16 del expediente digital.
24
Visible en el índice 01 del expediente en SAMAI en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=110010315000202500733001100103
25
“ARTÍCULO 205. NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. La notificación electrónica de las
providencias se someterá a las siguientes reglas:
1. La providencia a ser notificada se remitirá por el secretario al canal digital registrado y para su envío se deberán
utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje.
2. La notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.
Se presumirá que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se
pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El secretario hará constar este hecho en el
expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en línea
por cualquier interesado”.
26
“ARTÍCULO 302. EJECUTORIA. Las providencias proferidas en audiencia adquieren ejecutoria una vez
notificadas, cuando no sean impugnadas o no admitan recursos.
No obstante, cuando se pida aclaración o complementación de una providencia, solo quedará ejecutoriada una
vez resuelta la solicitud.
Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas, cuando
carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los recursos que fueren procedentes, o
cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos”.
27
Corte Constitucional Sentencia SU-184 de 2019, magistrado ponente: Alberto Rojas Ríos.
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Acción de Tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00733-01
Accionante: Ángela Bibiana Páez Barahona
bien, revela una afectación al principio de seguridad jurídica en caso de existir un
derecho reconocido a una contraparte procesal.
En consideración a lo anterior, encuentra la Sala que en el presente asunto no
se cumple con el requisito de inmediatez, razón por la cual se confirmará la
sentencia del 1 de abril de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 1 de abril de 2025
proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela al no cumplir con el requisito de
inmediatez.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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