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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00741-00

Fecha
3 de marzo de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00741-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de tutela interpuestas por la señora María Eugenia Blanco de Caro frente a los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada, de acuerdo con las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de la señora María Eugenia Blanco de Caro, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia, en relación con la solicitud de información del proceso 08001-23-31-000-1998-05156-00. TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, resuelva de forma clara, precisa y de fondo la petición de información del 4 de octubre de 2024 que presentó la señora María Eugenia Blanco de Caro. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00741-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
Accionante: María Eugenia Blanco de Caro
Accionados: Secretaría General y Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., tres (03) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
Accionante: María Eugenia Blanco de Caro
Accionados: Secretaría General y Sección C del Tribunal Administrativo del
Atlántico

Tema: tutela por vulneración de los derechos al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y de petición. Subtema: obligación de las autoridades de
dar respuesta a las peticiones que les sean presentadas.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
interpuesta por la señora María Eugenia Blanco de Caro en ejercicio de la acción de
tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1.1. Hechos de la tutela

1. Del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. La señora María Eugenia Blanco de Caro, en su condición de sucesora
procesal del señor César Caro Guette, presentó escrito ante la Sección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante mensaje de datos enviado el 4 de
octubre de 2024 al correo electrónico sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co1.

3. En esa oportunidad, la señora Blanco de Caro solicitó: i) la remisión de un oficio
de cumplimiento de la sentencia que ordenó cancelar la matrícula inmobiliaria n.° 040-
180158, dirigido a la Oficina de Instrumentos Públicos de Barranquilla; e ii) información
relacionada con el expediente de primera instancia del proceso con radicado núm.
08001-23-31-000-1998-05156-00.2

1.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

4. La parte actora presentó escrito de tutela, el 11 de febrero de 2025, en el que
solicitó lo siguiente:
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 2, certificado F7CFD95A6201FA9E 8B6233D0B08AA60F

52A8CAE64E6537D5 A4ADB73C28BF8D8F.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 2, certificado F7CFD95A6201FA9E 8B6233D0B08AA60F

52A8CAE64E6537D5 A4ADB73C28BF8D8F.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
Accionante: María Eugenia Blanco de Caro
Accionados: Secretaría General y Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico

1. TUTELAR y AMPARAR los derechos fundamentales Constitucionales al DEBIDO
PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, [sic]
PETICIÓN Y PROPIEDAD PRIVADA DE LA ACCIONANTE.
2. Como consecuencia de lo anterior, SE ORDENE a la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico que en un término de 24 horas emita los oficios
correspondientes dirigidos a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DE BARRANQUILLA que contengan todos los actos jurídicos necesarios
para materializar la sentencia del H. CONSEJO DE ESTADO proferida el día 19 de
septiembre de 2022 en la que resolvió CONFIRMAR la Sentencia expedida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la nulidad de la resolución del 29 de
octubre de 1986.
3.- ORDENAR AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO que emita una
respuesta de fondo, explicando cómo desaparecieron el expediente con radicado de
primera instancia 08001233100019980515600 y radicado interno de segunda instancia
10.351, según consta en respuesta otorgada por la secretaría del consejo de estado
mediante Oficio Nro.: OFI-1483-2024-WM del 09 de agosto de 2024, donde informan
que el expediente con el proceso número 10.351 se devolvió al tribunal de origen el día
22 de septiembre de 1997, y en ese proceso reposa la sentencia que ordena cancelar el
folio de matrícula 040- 180163 con el que también se amparan los presuntos invasores.
4.- Exhortar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO para que en lo sucesivo
se abstenga de favorecer con actos de corrupción judicial y administrativa a los invasores
de predios en el departamento del Atlántico3. [sic]

5. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante argumentó que la
anterior solicitud no había sido resuelta al momento de la interposición de la tutela, que
requería se remitieran los correspondientes oficios para el cumplimiento de la
sentencia y tener conocimiento de la mencionada información, para lo cual citó
jurisprudencia del derecho fundamental de petición.

1.3. Trámite procesal

6. El despacho ponente, mediante auto del 13 de febrero de 20254, admitió la solicitud
de tutela; vinculó como terceros con interés a los demandantes, a los demandados, a
los terceros vinculados dentro del proceso con radicado núm. 08001-23-31-000-1998-
05148-01 y al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, y ordenó las notificaciones de
rigor.

1.4. Intervenciones

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico contestó que, con oficio núm. 095-2024-
GR, de fecha 28 de junio de 2024, remitió a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla copias auténticas de las sentencias de primera y segunda
instancia dentro del proceso identificado con radicado núm. 08001-23-31-000-1998-
05148-00, sin tener conocimiento si en la actualidad dicha entidad ha dado
cumplimiento; resaltó que reiteró el requerimiento mediante oficio núm. 2037-2025-
GR, el 17 de febrero de 20255.

3 Se transcribe incluso con errores.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 4, certificado CBD978FF75511608 21A178118F059E82
9E1E09C21A257D10 269AA3ABAFBEBB1D.
5 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 11, certificado 13EE6B475EFC7CF2 87D2770FA5CD77ED

83657FA87E13B9C1 13962611C0CAF807.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
Accionante: María Eugenia Blanco de Caro
Accionados: Secretaría General y Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico

8. La Secretaría General del Consejo de Estado manifestó que remitió la respuesta
emitida por la Secretaría de la Sección Tercera, mediante oficio No. OFI-1438-2024-
WM del 9 de agosto de 2024 a la accionante, en dicha información le indicaron que el
proceso con radicado núm. 10.351 se devolvió al tribunal de origen el 22 de septiembre
de 19976.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

2.2. Legitimación en la causa

10. La legitimación en la causa por activa de la señora María Eugenia Blanco de Caro
se encuentra acreditada, por cuanto fue quien, como sucesora procesal del señor
Cesar Caro Guette, presentó la solicitud del 4 de octubre de 2024, que afirmó no ha
sido contestada y, por ende, es la titular de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, de petición y a la propiedad privada.

11. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Secretaría
General y Sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico, en la medida en que son
las autoridades que, según la tutelante, no han dado respuesta a su solicitud y, por lo
tanto, a quienes se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, de petición y a la propiedad privada.

2.3. Cuestión preliminar

12. La Subsección advierte que, en el escrito de amparo, la tutelante afirmó que se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, de petición y a la propiedad privada; no obstante, se
observa del escrito de tutela y de las contestaciones rendidas por las partes, el trámite
gira en torno a la falta de respuesta a la petición del 4 de octubre de 2024. Por esta
razón, la Sala analizará únicamente los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y de petición que son aquellos que pueden verse
afectados.

2.4. Procedencia de la acción de tutela

13. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la

6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 14, certificado 02D997E3A57847C7 6D64D19BC24A485A

ACFDF74B184BC80F 5A96B717EA5CE6E1.

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ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.

14. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»9.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

15. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y de petición por falta de respuesta de la respectiva entidad
responsable.

16. Además, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida en
que la parte accionante argumentó que la solicitud que presentó no ha sido resuelta,
circunstancia que, en principio, es continua en el tiempo10.

2.6. Problema jurídico

17. La Sala debe decidir si la Secretaría General y la Sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y de petición de la demandante. En particular,
debe determinar, en primer lugar, si incurrió en mora judicial al no pronunciarse
respecto de la solicitud de expedición de oficios de la señora María Eugenia Blanco de
Caro dentro del proceso de nulidad y restablecimiento de derecho con radicado n.°
08001-23-31-000-1998-05148-00.

18. En segundo lugar, al tener en cuenta los argumentos de la tutela, le corresponde
establecer si dichas autoridades dieron respuesta a la petición de información de la
accionante presentada el 4 de octubre de 2024.

19.Para el efecto, se estudiarán generalidades del derecho al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia, de petición y el caso concreto.

2.6.1. Generalidades de los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y de petición

20. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso es un
derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho de la siguiente manera:

7 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
10 Corte Constitucional, sentencia T-332 de 2015:

La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del derecho
es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la tutela no es
exigible de manera estricta.

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Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe ser
respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a crear,
extinguir o modificar una situación jurídica para una persona.

66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las
garantías mínimas del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser oído
durante la actuación; (ii) la notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii) la actuación
sea surtida sin dilaciones injustificadas; (iv) se permita participación en lo actuado
desde su inicio hasta el fin; (v) la actuación se adelante por una autoridad competente
y con pleno respeto de las formas previstas en la Ley; (vi) se goce de la presunción de
inocencia; (vii) se permita el ejercicio efecto de la defensa y la contradicción; (viii) poder
aportar y controvertir las pruebas; y, (ix) poder impugnar las decisiones y a promover
la nulidad de aquellas obtenidas con violación al debido proceso11.

21. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.

22. Respecto a este derecho, el artículo 229 de la Constitución Política prevé que toda
persona tiene acceso a la administración de justicia y que la ley dispondrá cuando no
sea necesario ser representado a través de un abogado. A su vez, la Corte
Constitucional, respecto del mencionado derecho, expuso lo siguiente:

131. A partir de ese lineamiento, este derecho ha sido definido como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus
derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”.

132. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una significación múltiple
y compleja, en tanto (i) funge como pilar esencial del Estado social de derecho; (ii) goza
de la naturaleza de ser un derecho fundamental de aplicación inmediata que, a su vez,
hace parte del núcleo esencial del debido proceso por cuanto el proceso judicial es el
medio para la concreción del derecho a la jurisdicción; (iii) está directamente
relacionado con la justicia como valor fundamental de la Carta Política, otorgando a los
individuos una garantía real y efectiva para asegurar su realización material, y (iv)
contribuye activamente a la realización de los fines esenciales del Estado, dentro de
los que se destacan el garantizar el orden político, económico y social justo, promover
la convivencia pacífica, velar por el respeto de la legalidad y asegurar la protección a
los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
públicas.

133. Aunado a ello, la administración de justicia, al ser una función pública dispuesta
al servicio de las personas, tiene como firme propósito hacer efectivos los derechos,
las obligaciones y las garantías consagradas en la Constitución y en la ley. Tal
protección impone que el Estado garantice el funcionamiento de los recursos
jurisdiccionales de forma real y efectiva, y no simplemente nominal. Esto supone que,
bajo los parámetros de diseño que estableció el legislador para los mecanismos

11 Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.

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judiciales, todas las personas puedan acceder a la administración de justicia para lograr
materializar sus derechos.

23. De manera que trae consigo la protección de los derechos, obligaciones y
garantías establecidas en la Constitución, en condiciones de igualdad. Además, es de
obligatorio cumplimiento y de aplicación inmediata, accesible a todas las personas con
el propósito de materializar sus derechos.

24. El artículo 23 constitucional prevé que toda persona tiene el derecho a formular
peticiones ante las autoridades, de manera respetuosa, ya sea por razones de interés
general o particular, y a obtener una respuesta pronta por parte de estas. Por otro lado,
el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015, especificó
que la resolución a la solicitud debe ser «completa y de fondo». La Corte
Constitucional12, respecto del mencionado derecho, indicó lo siguiente:

Esta garantía permite asegurar la efectividad de otros derechos de rango legal o
constitucional, por lo que ha sido considerada por la jurisprudencia como un derecho de
tipo instrumental, en tanto que es uno de los principales mecanismos con los que cuenta
la ciudadanía para exigir de las autoridades el cumplimiento de sus deberes. El núcleo
de este derecho se encuentra en tres elementos: (i) la posibilidad de formular la petición,
(ii) la respuesta de fondo y (iii) la resolución dentro del término legal respectivo.

25. Visto lo anterior, los criterios que permiten identificar cuándo una respuesta ha
atendido de fondo la petición, pueden agruparse de la siguiente manera: (i) claridad,
esto es, que contenga argumentos que sean fácilmente comprensibles; (ii) precisión,
que comporta la necesidad de que esta verse directamente sobre lo pedido sin acudir
a evasiones; (iii) congruencia, al abarcar el objeto de la solicitud; y (iv) consecuencia,
aspecto que lleva intrínseco que la contestación suministrada guarde concordancia
con el trámite impartido, por ejemplo, en los escenarios en que la petición surge en el
marco de un procedimiento administrativo.

26. Además, el artículo 14 de esa codificación prevé que las peticiones deberán ser
respondidas, por regla general, en el término de 15 días hábiles siguientes a su
recepción; las de documentos e información, en 10 días; y aquellas de consultas a
autoridades en relación con las materias a su cargo, en 30 días.

2.7. Caso concreto

27. La señora María Eugenia Blanco de Caro manifestó que radicó escrito el 4 de
octubre de 2024, como sucesora procesal del señor Cesar Caro Guette, en el que
solicitó la expedición de los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla, en los términos ordenados en la sentencia del 30 de
diciembre de 2016 y se cancele la matrícula inmobiliaria núm. 040-0180158.

28. La Secretaría General del tribunal accionado rindió informe e indicó que el día 28
de junio de 2024 libró el Oficio 095-2024-GR, de fecha 28 de junio de 2024, notificado
el 3 de julio de 202413, en el que remitió a la Oficina de Registro de Instrumentos
Públicos de Barranquilla las copias auténticas de las sentencias del 30 de septiembre

12 Conte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
13 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00741-00, índice 11, certificado 13EE6B475EFC7CF2
87D2770FA5CD77ED 83657FA87E13B9C1 13962611C0CAF807.

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de 2016 y del 19 de septiembre de 2022 y el auto de obedecimiento a lo resuelto por
el superior, proferido el 29 de abril de 2024, sin obtener respuesta por parte de dicha
entidad.

29. Por lo anterior, la autoridad accionada manifestó que aún se encuentra pendiente
la inscripción de la sentencia con el fin de cancelar la matrícula inmobiliaria núm. 040-
0180158, por lo que, una vez más, requirió a dicha oficina mediante Oficio 2037-2025-
GR, y le envió las copias auténticas de las providencias.

30. La Sala, al revisar el proceso radicado núm. 08001-23-31-000-1998-05148-00 en
el aplicativo Samai, encuentra que, efectivamente, el juzgado expidió oficios
requiriendo a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Barranquilla, tal como
se muestra:

31. Aunado a ello, dentro del informe rendido por el tribunal accionado se aportaron
las siguientes constancias de envío de los oficios:

7

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
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Accionados: Secretaría General y Sección C
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32. Verificado lo anterior, es claro entonces que, la Secretaría General del Tribunal
Administrativo del Atlántico no vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, pues, antes de que se presentara la petición, ya había
librado los oficios correspondientes a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
de Barranquilla, lo cual reiteró el 17 de febrero de 2025, razón por la cual ha cumplido
su deber de comunicar las sentencias.

33. Así, la Sala encuentra evidente que lo pretendido por la actora es lograr el
cumplimiento de una sentencia judicial, lo cual se sale de la órbita del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues para ello deberá acudir directamente ante
la oficina de registro a cuyo cargo está la cancelación de la matrícula inmobiliaria.

34.Ahora, frente a la segunda pretensión relacionada con el derecho de petición, se
encuentra que la accionante solicitó al tribunal accionado información sobre el proceso
08001-23-31-000-1998-05156-00, el cual fue devuelto por parte del Consejo de Estado
desde el 22 de septiembre de 1997 mediante oficio núm. 9491.

35. El derecho de petición, al estar en la modalidad de información, tenía un término
máximo para ser resuelto de 10 días hábiles siguientes a su radicación el 4 de octubre
de 2024, es decir, hasta el 21 de ese mismo mes y año. Del informe rendido por la
Secretaría General del Tribunal Administrativo del Atlántico no existe pronunciamiento
frente al proceso de la referencia, tampoco hay pruebas de una respuesta a dicha
solicitud.

36. Esta falta de respuesta por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico y la
Secretaría General, vulneró el derecho fundamental de petición de la señora María
Eugenia Blanco de Caro y, por ende, la Sala accederá a la pretensión de amparo
y ordenará a esa entidad que suministre a la interesa la información que requirió
el 4 de octubre de 2024, dentro del término de 48 horas contadas a partir de la
notificación de esta sentencia.

37. Finalmente, en relación con el derecho fundamental a la propiedad privada,
encuentra esta corporación que no se demostró o configuró en el caso en concreto su
transgresión, por lo que se negará su protección.

III. CONCLUSIONES

38. En consecuencia, la Sala negará la tutela en relación con los derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
propiedad privada, dado que el tribunal accionado ha cumplido con su deber de
comunicar las sentencias de primera y segunda instancia de acuerdo con las
consideraciones expuestas en esta providencia.

39. Por otra parte, amparará el derecho fundamental de petición invocado por la
señora María Eugenia Blanco de Caro y ordenará a la Secretaría General del
Tribunal Administrativo del Atlántico que dé respuesta a la solicitud de información
del proceso judicial en el escrito que radicó la accionante el 4 de octubre de 2024,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta
sentencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00741-00
Accionante: María Eugenia Blanco de Caro
Accionados: Secretaría General y Sección C
del Tribunal Administrativo del Atlántico

IV. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de tutela interpuestas por la señora María
Eugenia Blanco de Caro frente a los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la propiedad privada, de acuerdo con
las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: CONCEDER el amparo del derecho fundamental de petición de la señora
María Eugenia Blanco de Caro, por los motivos expuestos en la parte
considerativa de esta sentencia, en relación con la solicitud de información del
proceso 08001-23-31-000-1998-05156-00.

TERCERO: ORDENAR a la Secretaría General del Tribunal Administrativo del
Atlántico que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación
de esta providencia, resuelva de forma clara, precisa y de fondo la petición de
información del 4 de octubre de 2024 que presentó la señora María Eugenia Blanco
de Caro.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
AC/SEJV

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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