Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00760-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00760-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00760-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
7 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: ERICSSON ERNESTO MENA GARZÓN
Accionado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: acción de tutela por derecho de petición en caso de solicitud de información
de políticas públicas sobre protección de líderes ambientales.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Antecedentes
Escrito de tutela
1. El tutelante manifestó que es líder ambiental defensor de derechos humanos
y se encuentra incluido en el Registro Único de Víctimas. Indicó que el 13 de enero
de 2025, elevó una petición a la Presidencia de la República, al Ministerio de
Defensa y al Ministerio del Interior, en la que, entre otros asuntos, interrogó por las
actividades concretas que han realizado dichas autoridades en defensa y protección
de los líderes ambientales. Sostuvo que en la petición afirmó que, si bien los líderes
ambientales podrían ser subsumidos en otras categorías de defensores de
derechos humanos, “esta clasificación es insuficiente, pues no atiende a los riesgos
específicos derivados de la defensa del medio ambiente”.
2. En la petición concretamente requirió: (i) información sobre protección a
líderes ambientales, desde el año 2020, hasta la fecha; (ii) rendición de cuentas,
con resultados concretos, desde el año 2020 hasta la fecha; (iii) las razones
justificadoras para las omisiones en la adopción de políticas de protección a líderes
ambientales; y (iv) en general el cumplimiento del acuerdo de Escazú, entre otras.
3. Adujo que el 20 de enero de 2025, el Ministerio de Defensa le dio una
respuesta incompleta por ausencia de datos y la falta de reconocimiento de los
líderes ambientales como grupo autónomo, carece de especificidad y no se
abordaron todos los aspectos requeridos.
4. En el caso de la Presidencia de la República, el demandante afirmó que la
autoridad se limitó a indicarle que carecía de competencia para resolverla y remitió
la petición a otras entidades. A su juicio, esa es una respuesta evasiva y vulneradora
del derecho de petición.
5. Finalmente indicó que el Ministerio del Interior no le ha dado respuesta a su
solicitud.
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
6. Solicitó el amparo de los derechos a la vida, la igualdad, la integridad
personal, de petición, debido proceso. En consecuencia, pidió que las entidades
accionadas le entreguen la información sobre las medidas específicas y efectivas,
tomadas desde el año 2020 hasta la fecha respecto a la protección de los líderes
ambientales como grupo autónomo objeto de protección. Que se ordene a las
entidades rendir cuentas sobre resultados concretos de las políticas, programas y
presupuestos asignados desde el año 2020, para la protección de los líderes
ambientales. Esa rendición de cuentas debe incluir, número de líderes ambientales
protegidos, esquemas de seguridad, líderes victimizados, entre otros criterios.
7. Además, solicitó al juez de tutela que se ordene a las entidades accionadas
la garantía de la participación de los líderes ambientales en la toma de decisiones
que los afecten, la implementación de medidas de transparencia y rendición de
cuentas, y el fortalecimiento de la investigación y sanción de los responsables de
agresiones contra esta población. Especialmente, requirió al juez de tutela para que
se reconozca a los líderes ambientales como grupo autónomo en situación de
riesgo, y en esa medida, se ordene al gobierno nacional, en un plazo de 30 días,
reglamentar el decreto 1285 de 2023, para definir los criterios para la identificación
y el reconocimiento de los líderes ambientales como grupo autónomo.
Trámite de la acción de tutela e informes de las entidades accionadas.
8. En auto de 14 de febrero se admitió la tutela contra la Presidencia de la
República y los ministerios del Interior y de Defensa; se vinculó oficiosamente a la
Unidad Nacional de Protección y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
y se notificó a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
9. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible1 intervino dentro del trámite
de tutela con el fin de indicar que por la remisión realizada por la Presidencia de la
República el 14 de enero de 2025, la petición formulada por el actor fue respondida
el 19 de febrero del año en curso. A juicio del ente accionado la respuesta atendió
a todas las preguntas formuladas en la solicitud, y en esa medida, solicitó que se
declare que la autoridad administrativa carece de legitimación en la causa por
pasiva, pues no existió vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales
invocados. Subsidiariamente pidió que se declare la carencia actual de objeto por
hecho superado, pues ya se produjo la respuesta a la petición promovida.
10. Allegó como pruebas el oficio OF125-00004513/13150001 del 14 de enero
de 2025, mediante el cual, Presidencia de la República remitió al Ministerio la
petición del actor, y el Oficio 31102025E2004394 de 19 de febrero de 2025,
mediante la cual se dio respuesta integral a la petición.
11. El jefe jurídico de la Unidad Nacional de Protección2 intervino con el fin de
solicitar que se declare improcedente o en su defecto se niegue el amparo por
inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados. Además,
precisó que, dentro de las funciones legales de la entidad, ninguna se relaciona con
los elementos del derecho de petición promovido por el actor.
1
Índice Samai 21.
2
Índice Samai 26.
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Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
12. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República indicó que,
en efecto, el 13 de enero de 2025 el actor promovió una petición ante esa entidad,
la cual fue remitida a los Ministerios del Interior, de Defensa Nacional y de Ambiente
y Desarrollo Sostenible al igual que a la Unidad Nacional de Protección. Solicitó que
se declare improcedente por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues la
entidad no tiene competencias para resolver las preguntas planteadas por el actor.
13. El Ministerio del Interior guardó silencio.
CONSIDERACIONES
Competencia
14. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.
Cuestión Previa
15. En el escrito de tutela, el actor afirma que acude al medio de amparo para la
protección de un abanico amplio de derechos fundamentales, entre ellos, la vida, la
integridad física, el derecho a la igualdad, y debido proceso. Además, adujo que la
acción de tutela no solo beneficiaba al titular, sino que “busca la protección de un
grupo más amplio de personas que comparte la misma condición de lideres
ambientales y defensores de derechos humanos. En ese sentido la acción de tutela
tiene un alcance colectivo y busca generar un impacto positivo en la garantía de los
derechos fundamentales de un sector vulnerable”3.
16. Sobre este aspecto, esta Sala verifica que no obra prueba sumaria sobre la
amenaza de vulneración de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso,
e igualdad del actor o de otras personas. Por el contrario, se corrobora es que el 13
de enero de 2024, el actor formuló una petición ante las entidades accionadas en la
que indaga por políticas públicas y decisiones estatales dirigidas a proteger, como
grupo autónomo, a los líderes ambientales como población, así como para solicitar
medidas de participación de dicho grupo en la definición de las políticas públicas.
17. Puesto que de las restantes personas y derechos fundamentales no se hace
afirmación ni se aportó material probatorio para verificar, al menos, una amenaza,
el problema jurídico se restringe a determinar si las entidades accionadas
vulneraron el derecho fundamental de petición del actor al dar respuestas
inoportunas, oscuras, o superficiales a la solicitud presentada el 13 de enero de
2025.
Derecho de petición. Dimensión a obtener respuesta oportuna4.
18. El artículo 23 Superior indica que toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas ante las autoridades y los particulares que ejerzan funciones
3
Escrito de tutela.
4
Cfr. C-951 de 2014 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez)
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públicas, y que las mismas deben ser resueltas de fondo y de manera oportuna. El
artículo 14 de la Ley 1755 de 20155 establece que salvo norma especial y so pena
de sanción disciplinaria, toda petición debe resolverse dentro de los quince (15) días
siguientes a su recepción. Tratándose de las peticiones de información o de acceso
a documentos, la ley prescribe que el término es de diez (10) días hábiles. Si en ese
lapso no se ha dado respuesta al peticionario se entenderá para todos los efectos
legales que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario,
por lo cual las copias deberán ser entregadas dentro de los tres (3) días siguientes.
Finalmente, las peticiones mediante las cuales formulan consultas a las autoridades
en relación con las materias a su cargo por mandato de la misma ley deben ser
resueltas por la autoridad dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
19. En relación con la respuesta oportuna, en la Sentencia C-951 de 2014, la
Corte Constitucional precisó que el derecho de petición es un instrumento para
realizar principio de la democracia participativa prevista en la Carta de 1991, pues
permite el acceso a información pública de trascendencia social, por consiguiente
el derecho de petición es interdependiente e indivisible del derecho al acceso a la
información, a la libertad de expresión y al ejercicio de dimensiones políticas de
otros derechos fundamentales. Por lo anterior, se precisó que el núcleo esencial del
derecho se sintetiza en:
“El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
c) La respuesta a las peticiones debe cumplir con los requisitos de: 1.
oportunidad, 2. resolverse de fondo con claridad, precisión y congruencia
con lo solicitado y 3. ser puesta en conocimiento del peticionario6. Si no se
cumple con estos requisitos, se incurre en una vulneración del derecho
constitucional fundamental de petición.
20. En relación con la respuesta de un derecho de petición también se ha
indicado que, esta debe ser pronta y debe notificarse adecuadamente al
peticionario. Respecto a la primera dimensión, la sentencia C-951 de 2014 precisó
que las autoridades y particulares tienen la obligación de responder las solicitudes
presentadas por las personas en el menor plazo posible, sin que este exceda el
tiempo legal. La Corte ha comprendido que el plazo de respuesta del derecho de
petición debe entenderse como un tiempo máximo que tiene la administración o el
particular para resolver la solicitud, de modo que ellos pueden responder la petición
antes del vencimiento de dicho interregno7. Además, en relación con la dimensión
de respuesta de fondo se ha prescrito que las autoridades y los particulares tienen
la obligación de responder de fondo las peticiones de forma clara y precisa 8. La
5
Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6
Sentencia 249 de 2001.
7
Sentencia T-814 de 2005 y T-101 de 2014.
8
Sentencias T-709 de 2006 y T-013 de 2008. En similar sentido T-149 de 2013.
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jurisprudencia de la Corte ha precisado9 que la respuesta de los derechos de
petición debe observar las siguientes condiciones para que sean considerada válida
en términos constitucionales:
“(i) clara, esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión;
(ii) precisa, de manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en
información impertinente y sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas ; (iii)
congruente, de suerte que abarque la materia objeto de la petición y sea
conforme con lo solicitado; y (iv) consecuente con el trámite que se ha
surtido, de manera que, si la respuesta se produce con motivo de un derecho
de petición elevado dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad
de la cual el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una
respuesta como si se tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si
resulta relevante, debe darse cuenta del trámite que se ha surtido y de las
razones por las cuales la petición resulta o no procedente”.
21. A la luz de estos contenidos normativos, se analizará la situación del derecho
de petición formulado el 13 de enero del año en curso y los argumentos de las
entidades accionadas. Sin embargo, antes de resolver el caso concreto corresponde
examinar las hipótesis en las que se presenta el fenómeno de la carencia actual de
objeto, esto pues, como se verá, este examen hace parte del escrutinio sobre
procedibilidad formal de la acción de tutela, y fue una solicitud realizada por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
22. El artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, indica que si antes de proferir
sentencia de tutela, se satisface el derecho constitucional invocado para su
protección, el juez deberá declarar la improcedencia por carencia de objeto. La
jurisprudencia constitucional ha precisado tres hipótesis de este evento: el hecho
superado, el daño consumado y el hecho de un tercero o sobreviniente. No se trata
de hipótesis fácticas equivalentes y, por el contrario, ante dichas situaciones el juez
de tutela, especialmente, el de segunda instancia tiene competencias diferentes. A
continuación, se precisan los conceptos normativos de carencia actual de objeto y
sus diferentes modalidades10.
23. El daño consumado se refiere a que la vulneración iusfundamental que se
buscaba corregir y evitar se ha consolidado en una afectación que solo puede ser
atendida a través del resarcimiento del daño originado por la violación del derecho.
No obstante, la Corte ha reconocido que existen casos en los que, el daño
consumado no se limita a la reparación económica del daño, pues hay fórmulas de
reparación constitucional que no necesariamente son de tipo económico y que son
adoptadas por el juez de tutela11. Además de ello, debe tenerse en cuenta que la
Corte ha sostenido que en el evento del daño consumado es obligación del juez de
9
Sentencias T-610 de 2008 y T-814 de 2012.
10
Se sigue, SU-333 de 2020 (M.P. Alberto Rojas Ríos) o T-158 de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos),
y T-472 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo)
11
Cfr. T-478 de 2015 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado)
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tutela pronunciarse sobre el fondo del caso, a fin de determinar si, pese a la
configuración del daño, hubo una vulneración.
24. El hecho superado es el evento en que, al momento de emitir el fallo de tutela,
el juez constata que el obrar de la entidad accionada eliminó la vulneración o
amenaza a los derechos fundamentales del tutelante, esto es, tuvo lugar la conducta
solicitada. Una tercera opción es la denominada el acaecimiento de una situación
sobreviniente, evento en el cual, como resultado de la acción de una persona o
entidad diferente a la autoridad demandada, la vulneración cesa. En esos eventos
de carencia actual de objeto, si bien no resulta viable emitir la orden de protección,
sí es procedente un pronunciamiento de fondo, explicando si existió o no la
vulneración que dio origen a la presentación de la acción de tutela.
25. Con base en las anteriores consideraciones se resolverá la solicitud de
amparo constitucional promovida por el actor contra la Presidencia de la República,
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.
Caso Concreto.
26. En el caso concreto, a juicio de la Sala corresponde hacer un examen
diferenciado entre las diferentes entidades accionadas. En relación con la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible se verifica que las tres entidades, dentro de sus
competencias, dieron respuestas al actor de manera clara y de fondo. A juicio del
actor dichas respuestas no acceden a sus requerimientos de definir normativamente
a los líderes ambientales como una población objeto autónoma de protección, o no
atienden a su requerimiento de rendición de cuentas o de reglamentación de
normas. Sin embargo, como indica la ley estatutaria del derecho de petición y la
jurisprudencia constitucional, el derecho de petición incluye el derecho a obtener
respuesta, mas no a que sea la respuesta que un peticionario desea.
Pregunta Respuesta Min Defensa Respuesta Min Ambiente
Informe de acciones estatales: “La Política de Seguridad, “El Ministerio de Ambiente y
Informar si, desde el año 2020 Defensa y Convivencia Desarrollo Sostenible,
hasta la fecha, se han Ciudadana para la Vida y la teniendo en cuenta la firma del
adoptado medidas específicas Paz 2022-2026 - PSDC, país del Acuerdo de Escazú
para proteger a los líderes adoptada mediante resolución realizada en el 2018, en el cual
ambientales como grupo No. 2703 del 19 de julio del uno de sus pilares es la
autónomo en situación de 2023 por el Ministerio de defensa de defensores de los
riesgo extraordinario o Defensa Nacional, se derechos humanos en asuntos
extremo. De ser así, remitir fundamenta en el concepto de ambientales, ha buscado,
copia de los actos seguridad humana y tiene principalmente desde el inicio
administrativos, resoluciones, como propósito principal la de la actual gestión de
protocolos o políticas protección de la vida y su gobierno, la adopción de este
implementadas. objetivo principal se basa en instrumento internacional,
“proteger la vida de todas y motivo por el cual fue
todos los habitantes del país, protagonista en los debates y
mediante la generación de promoción de la importancia
condiciones de seguridad en para que el país hiciera parte
los entornos urbanos y del Acuerdo de Escazú en el
particularmente rurales, y la Congreso de la República, lo
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recuperación del control del que concluyó con la
territorio para liberar a la declaratoria de la Ley 2273 del
sociedad de las violencias” 2022.
Posteriormente, se realizó el
Es importante resaltar que la proceso de formulación del
política se diseñó a través de Plan Nacional de Desarrollo
un proceso multidisciplinario 2022 – 2026, el cual fue
que involucró una amplia aprobado por el Congreso de
participación de actores la República mediante la Ley
sociales, institucionales, 2294 del 2023: “POR EL CUAL
académicos e internacionales, SE EXPIDE EL PLAN
con quienes se construyó un NACIONAL DE
diagnóstico contextualizado DESARROLLO 2022- 2026
donde se resaltaron las “COLOMBIA POTENCIA
problemáticas de convivencia MUNDIAL DE LA VIDA”. En el
y seguridad del país. En este PND, se encuentran varios
proceso se desarrollaron 21 pilares para la transformación
conversatorios regionales y 43 positiva del país, uno de los
nacionales, los cuales cuales es el “Ordenamiento del
permitieron tener documentos Territorio Alrededor del Agua y
técnicos y académicos con Justicia Ambiental”, del cual se
perspectivas territoriales e derivan varios catalizadores
intersectoriales.” que son: Justicia Ambiental y
Gobernanza Inclusiva, que
contiene entre sus elementos:
la implementación del acuerdo
de Escazú.”
Rendición de cuentas: Detallar RESPUESTA: • Cifras de La violencia derivada de los
los resultados concretos de las homicidios en contra de líderes conflictos ambientales ha
políticas, programas y Ambientales: Desde el tenido un impacto significativo
presupuestos asignados 17/10/2022 hasta el en el país. Con base en el
desde 2020 para la protección 27/09/2024 se han registrado 7 informe de Global Witness, las
de los líderes ambientales. homicidios contra Líderes personas asesinadas desde el
Este informe debe incluir: o Ambientales: 2022 (1 Hecho), 2020, hasta el 2023 (el informe
Número de líderes 2023 (4), 2024 (2). Entre el 2024 se está preparando), son
ambientales protegidos y los 01/01/2016 y 06/09/2024 se las siguientes: 2020: 65
esquemas implementados. o han registrado 19 homicidios asesinatos. 2021: 33
Número de líderes contra Líderes Ambientales3 : asesinatos. 2022: 60
ambientales asesinados, •2018: 2 hechos • 2019: 2 • asesinatos. 2023: 79
amenazados o desplazados 2020: 4 • 2021: 3 • 2022: 3 • asesinatos. Esta crisis ha
desde 2020 y las acciones 2023: 4 • 2024: 1 Afectación afectado especialmente a
tomadas para mitigar estos por género: 15 hombres y 4 comunidades indígenas,
riesgos. o Respuesta estatal a mujeres Departamentos y afrodescendientes y
las recomendaciones de municipios afectados: • Valle campesinas, quienes
organismos internacionales del Cauca (5 hechos): Cali (3), históricamente han
sobre la protección de Sevilla (1) y El Águila (1). • desempeñado un papel
defensores ambientales. Antioquia (3 hechos): Granada fundamental en la protección
(1), Medellín (1) y Maceo (1). • del territorio. Las cifras
Tolima (2 hechos): Falan (1) y reportadas evidencian la
Santa Isabel (1). • Caquetá (1 necesidad de implementar
hecho): San José del Fragua. • acciones efectivas que
Putumayo (1 hecho): Puerto traduzcan el marco legal
Asís. • Norte de Santander (1 existente en el país, en
hecho): San Cayetano. • garantías tangibles para la
Cauca (1 hecho): Bolívar. • protección de quienes
Bolívar (1 hecho): San Pablo. • salvaguardan el ambiente.
Cesar (1 hecho): Valledupar. Dentro de las acciones
previstas para mitigar estos
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Referencia: Primera instancia acción de tutela
• Risaralda (1 hecho): Pueblo riesgos se ha implementado el
Rico. • Magdalena (1 hecho): protocolo de atención y
Santa Marta. • Chocó (1 reacción ante situaciones de
hecho): Nuquí. Impulso riesgo, amenaza y vulneración
procesal del 47%: 9 casos • 1 contra estas personas, en el
caso en investigación. •2 en marco del cual se ha hecho la
juicio. • 4 casos con sentencia recepción de los casos
condenatoria. • 2 preclusiones informados de personas
por muerte del indiciado. defensoras del ambiente
Asimismo, 10 casos se amenazadas o en situación de
encuentran en indagación (sin riesgo a consecuencia de sus
orden de captura expedida). • acciones o liderazgos
Resultados operacionales: relacionadas con
Desde el 17/10/2022 hasta el conflictividades ambientales
27/09/2024, la Policía Nacional presentes en sus territorios.
en coordinación con la Fiscalía Estos casos han sido
General de la Nación, logró reportados a las entidades
materializar 8 capturas (entre competentes para activar las
ellas 1 extradición activa) y 2 rutas de atención pertinentes.
imputaciones de cargos contra Así mismo, en la respuesta a
presuntos responsables de las otras preguntas, podrá
afectaciones Líderes encontrar más información
Ambientales, afectando las sobre la respuesta institucional
siguientes estructuras4 : • a esta problemática”.
GAO: “AGC” o “Clan del Golfo”
(Subestructura Edgar Madrid
Benjumea y Luis Alfonso
Echavarría). • GDO: “La Sierra”
y “Autodefensas
Conquistadoras de la Sierra
Nevada”. - Entre el 01/01/2019
al 09/09/2024, la Policía
Nacional en coordinación con
la Fiscalía General de la
Nación, han logrado
materializar 16 resultados
operacionales (13 capturas, 2
imputaciones de cargos y 1
objetivo abatido) por
afectaciones contra Líderes
Ambientales en los municipios
de San Pablo (Bolívar), Nuquí
(Chocó), Medellín, Granada
(Antioquia), Cali (Valle del
Cauca) y Santa Marta
(Magdalena), afectando las
siguientes estructuras5 : 8
resultados contra el GAO
“AGC” o “Clan del Golfo”. • 6
contra GDO. • 2 contra actores
criminales particulares - Casos
destacados: • 05/03/2021,
Santa Marta (Magdalena):
abatimiento de Edwin Alberto
Oviedo Dita alias “Bombillo
Quemado”, integrante del
GDO “Autodefensas
Conquistadoras de la Sierra
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Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nevada” (en otrora “Los
Pachenca”), presunto
responsable del homicidio de
Alejandro Llinás Suarez (Líder
Ambiental); hechos ocurridos
el 23/04/2020 en Santa Marta
(Magdalena). • 12/03/2024,
Simití (Bolívar): captura de
Fredys Morales González,
alias “Carlos”, cabecilla de la
Subestructura Edgar Madrid
Benjumea del GAO “AGC” o
“Clan del Golfo”, por el delito
de concierto para delinquir;
subestructura responsable del
homicidio de Fliadelfo Anzola
Padilla (Líder Ambiental);
hechos ocurridos el
06/12/2022 en San Pablo
(Bolívar). • 30/08/2024, San
Pablo (Bolívar): captura de
Yarlinton Mena Rivas, alias
“Bernabé” o “Niche”, cabecilla
de zona de la subestructura
Edgar Madrid Benjumea de
GAO “AGC” o “Clan del Golfo”;
subestructura responsable del
homicidio de Fliadelfo Anzola
Padilla (Líder Ambiental);
hechos ocurridos el
06/12/2022 en San Pablo
(Bolívar)
Justificación de la omisión: En En la Directiva Operativa Respecto a la inclusión de los
caso de no haberse adoptado Transitoria 028/DIPON-JESEP líderes ambientales, como
medidas específicas desde del 01 de diciembre de 2024 grupo en situación de riesgo
2020, justificar por qué los “Parámetros de Actuación extraordinario o extremo
líderes ambientales no han Policial para el Despliegue de dentro de los esquemas de
sido reconocidos como un la Estrategia de Atención a protección, no corresponde a
grupo autónomo, a pesar de Poblaciones en Situación de las funciones y alcance que
las alarmantes cifras de Vulnerabilidad – ESPOV”, la tiene el Ministerio de Ambiente
violencia en su contra. cual es liderada por la Jefatura y Desarrollo Sostenible en
Nacional de Servicio de estos procesos, ya que a la
Policía, donde se realiza un Unidad Nacional de Protección
despliegue en el territorio le corresponde realizar un
nacional, a través de las rutas estudio (individual, no
de atención para las colectivo) para determinar si
comunidades, líderes/as son necesarias medidas
sociales y defensores/as de extraordinarias o extremas de
derechos humanos que protección. En el marco de esa
puedan estar inmersos en aclaración, es igual importante
posibles vulneraciones a los precisar que En Colombia, las
derechos humanos. políticas públicas relacionadas
Se reconocen (23) tipologías con los derechos humanos han
de liderazgo, que caracterizan reconocido a los defensores de
la promoción y defensa de los derechos humanos en asuntos
derechos humanos, de ambientales dentro de varias
acuerdo con el consenso de la categorías específicas. Estas
Oficina en Colombia de la Alta categorías están definidas en
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Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Comisionada de las Naciones el Decreto 660 de 2018, la
Unidas para los Derechos Política Pública de Prevención
Humanos - OACNUDH, la Alta y Protección de Defensores de
Consejería Presidencial para Derechos Humanos y otras
los Derechos Humanos y la normativas Respecto a la
Organización No inclusión de los líderes
Gubernamental “Programa ambientales, como grupo en
Somos Defensores”; de situación de riesgo
conformidad a la población extraordinario o extremo
objeto de protección a cargo dentro de los esquemas de
de la unidad administrativa protección, no corresponde a
especial del Gobierno Nacional las funciones y alcance que
(Unidad Nacional de tiene el Ministerio de Ambiente
Protección –UNP), por y Desarrollo Sostenible en
situación de riesgo estos procesos, ya que a la
extraordinario o extremo de Unidad Nacional de Protección
acuerdo con el artículo le corresponde realizar un
2.4.1.2.6 del Decreto 1066 de estudio (individual, no
2015, como se describe en el colectivo) para determinar si
anexo 2 de la directiva: son necesarias medidas
Personas de Especial extraordinarias o extremas de
Protección Constitucional en protección. En el marco de esa
Razón de su Liderazgo y aclaración, es igual importante
Activismo Social: Líder precisar que En Colombia, las
Ambiental. Trabajan por la políticas públicas relacionadas
promoción, respeto y con los derechos humanos han
protección de los derechos reconocido a los defensores de
ambientales; activistas derechos humanos en asuntos
ambientales asociados o no a ambientales dentro de varias
organizaciones de tal fin, pero categorías específicas. Estas
con reconocimiento de categorías están definidas en
comunidades en resistencia. el Decreto 660 de 2018, la
Ambientalistas con trabajo Política Pública de Prevención
autónomo en la defensa del y Protección de Defensores de
medio ambiente con trabajo Derechos Humanos y otras
reciente. normativas.
Medidas inmediatas: “La inclusión de los líderes “La inclusión de los líderes
Presentar un plan de acción ambientales como grupo ambientales como grupo
concreto, con tiempos autónomo en situación de autónomo en situación de
definidos, para garantizar: o La riesgo extraordinario o extremo riesgo extraordinario o extremo
inclusión de los líderes dentro de los esquemas de dentro de los esquemas de
ambientales como grupo protección. Como se ha protección.
autónomo en situación de descrito en puntos anteriores,
riesgo extraordinario o extremo la directiva Operativa La adopción de un protocolo
dentro de los esquemas de Transitoria 028/DIPON-JESEP especializado para mitigar los
protección. o La adopción de del 01 de diciembre de 2024 riesgos específicos que
un protocolo especializado “Parámetros de Actuación enfrentan. El Ministerio de
para mitigar los riesgos Policial para el Despliegue de Ambiente y Desarrollo
específicos que enfrentan. la Estrategia de Atención a Sostenible, en cumplimiento
Poblaciones en Situación de de su función de liderazgo en
Vulnerabilidad – ESPOV”, la implementación del Acuerdo
reconoce a los líderes de Escazú, ha estructurado su
ambientales como Personas acción a partir de dos líneas
de Especial Protección estratégicas principales:
Constitucional en Razón de su Creación de la Comisión
Liderazgo y Activismo Social: Intersectorial para la
Líder Ambiental. Trabajan por Implementación del Acuerdo
la promoción, respeto y de Escazú.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
protección de los derechos
ambientales; activistas
ambientales asociados o no a
organizaciones de tal fin, pero
con reconocimiento de
comunidades en resistencia.
Ambientalistas con trabajo
autónomo en la defensa del
medio ambiente con trabajo
reciente. - La adopción de un
protocolo especializado para
mitigar los riesgos específicos
que enfrentan. a). Directiva
Operativa Transitoria
028/DIPON-JESEP del 01 de
diciembre de 2024
“Parámetros de Actuación
Policial para el Despliegue de
la Estrategia de Atención a
Poblaciones en Situación de
Vulnerabilidad – ESPOV”,
descrita en el punto 1. b) El
Cuerpo Elite Policial y su grupo
de investigaciones, como las
dependencias de la Dirección
de Investigación Criminal e
Interpol- CELIT, encargadas
de coordinar y articular las
actuaciones en materia de
investigación criminal frente a
conductas delictivas y el
desmantelamiento de
organizaciones criminales, que
atentan contra defensores/as
de derechos humanos, lideres
sociales, personas
reincorporadas FARC y sus
familiares. c) Operación
Conjunta y Coordinada
“THEMIS”, liderada por el
Ministerio de Defensa en
articulación con las Fuerzas
Militares y la Policía Nacional,
la cual busca la materialización
de las órdenes de captura
contra los presuntos
responsables de afectaciones
a la población objeto del
Acuerdo Final. d) Lineamientos
para fortalecer el respeto, la
promoción, prevención y
protección a la labor de
defensa de los derechos
humanos de los Defensores de
Derechos Humanos, Líderes y
Líderesas Ambientales,
Étnicas, Sociales y Políticos,
personas en proceso de
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
reincorporación y sus
organizaciones, emitida por el
Comando General de las
Fuerzas Militares. Con el
objetivo de efectuar
“recomendaciones, tendientes
a orientar a los señores
Comandantes en todos los
niveles del mando, para que se
fomente la cultura de respeto y
promoción a la labor de
defensa de los derechos
humanos, y se adopten
medidas para el debilitamiento
y desmantelamiento de las
estructuras criminales que
atentan contra la vida de este
grupo de especial protección
constitucional”
Cumplimiento del Acuerdo de “Por medio de la directiva “El Ministerio de Ambiente y
Escazú: Informar los avances permanente No. 11 de 2019 la Desarrollo Sostenible, en
específicos en la cual establece lineamientos cumplimiento de su función de
implementación del Acuerdo para el fortalecimiento de los liderazgo en la implementación
de Escazú, particularmente en planes anuales de del Acuerdo de Escazú, ha
lo relacionado con la capacitación extracurricular estructurado su acción a partir
protección de los defensores para la Fuerza Pública en de dos líneas estratégicas
del ambiente y el acceso a la Derechos Humanos y Derecho principales: 1. Creación de la
justicia en casos de violencia Internacional Humanitario, se Comisión Intersectorial para la
contra ellos. adelantan capacitaciones Implementación del Acuerdo
dirigidas a los integrantes de la de Escazú; Diseño de la Ruta
Fuerza Pública sobre temas de Implementación del
relacionados con la prevención Acuerdo de Escazú en
de la estigmatización de Colombia.
líderes y defensores de DDHH, Medidas Implementadas en
y firmantes de paz, respeto de Protección de Defensores
los DDHH y cumplimiento del Ambientales En el marco de la
DIH, sujetos de especial aplicación del artículo 9 del
protección constitucional, etc., Acuerdo de Escazú, que
y para el presente plan anual dispone la adopción de
se incorporó la recomendación medidas para garantizar un
del Procurador Delegado con entorno seguro para los
funciones mixtas para asuntos defensores de los derechos
ambientales, minero, humanos en asuntos
energéticos y agrarios ambientales, el Ministerio ha
relacionada con la impulsado iniciativas
capacitación hacia la Fuerza concretas orientadas a su
Pública sobre el contenido del protección”.
acuerdo de Escazú y la
prevención de la
estigmatización de líderes
ambientales.”
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
27. En el caso de las respuestas de los ministerios de Defensa12 y del Ambiente
y Desarrollo Sostenible13, se verifica que las carteras atendieron a los interrogantes
del actor respecto de actuaciones sobre protección de líderes ambientales, los
especiales riesgos que viven, las actividades de las entidades para someter a
aprobación del Congreso de la República la Ley aprobatoria del Tratado de Escazú,
y las cifras sobre agresiones a líderes ambientales en el periodo indicado por el
peticionario, entre otros aspectos. En esa medida, se trata de respuestas claras y
de fondo que buscaron ofrecer la mayor cantidad de información al actor, respecto
del punto que solicitó en la petición de 13 de enero de 2025.
28. En relación con la oportunidad, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible recibió la remisión que realizó la Presidencia de la República, el pasado
14 de enero de 2025, motivo por el cual, el término del derecho de petición de
información de 15 días hábiles fenecía el pasado 4 de febrero de 2025. Sin embargo,
la respuesta fue de 19 de febrero de 2025, es decir, por fuera del término
contemplado en la ley, por lo cual, se produjo antes del fallo de primera instancia, y
en esa medida, corresponde declarar la improcedencia por carencia actual de objeto
por hecho superado, conforme al artículo 6 del decreto 2591 de 1991. En relación
con el Ministerio de Defensa, su respuesta fue de 20 de enero de 2025, lo que quiere
decir que fue brindada dentro del término legal correspondiente.
29. En el caso de la respuesta de Presidencia de la República, puntualmente
aquella del mismo 14 de enero en la que se informó al actor que, debido a que la
petición era competencia de otras carteras ministeriales, la misma sería remitida en
cumplimiento del artículo 21 de la Ley 1437 de 2011 a la UNP, y los Ministerios de
Defensa, Interior y Ambiente. A juicio de esta Sala, la respuesta de la Presidencia
de la República atendió al contenido estatutario del derecho de petición, puesto que,
además de que informó al actor que dicha entidad no tenía la información requerida,
la dirigió a quienes sí cuentan con la competencia para responder las preguntas
formuladas. En esa medida, respecto del Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República se negará el amparo, toda vez que el oficio de 14 de
enero de 2025 consultó la normatividad aplicable.
30. No obstante, no se verifica lo mismo respecto al Ministerio del Interior y a la
Unidad Nacional de Protección. En el caso de la primera entidad, a pesar que fue
vinculada el proceso de tutela en calidad de entidad accionada, y el actor radicó la
petición el pasado 13 de enero, no allegó respuesta de tutela, y en el caso de la
UNP, si bien fue vinculada oficiosamente, en su respuesta no se verifica que haya
atendido la remisión del derecho de petición que realizó la Presidencia de la
República el 14 de enero de los corrientes.
31. En efecto, en oficio OFI25-00004524/GFOU 13150001, la Presidencia de la
República remitió la petición objeto de la acción de tutela a la Unidad Nacional de
Protección pues estimó que, conforme a sus competencias legales era la autoridad
administrativa competente para resolver los interrogantes planteados. No se verifica
12
Anexo con el escrito de tutela.
13
Índice Samai 15.
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
respuesta de dicha entidad, en lo que corresponda a sus competencias legales, al
derecho de petición del actor.
32. En el caso del Ministerio del Interior, mediante oficio GFPU 13150001 de 14
de enero de 2025, la Presidencia de la República remitió la petición a la
coordinadora de la oficina de información pública de dicha cartera. No se verifica
dentro del expediente de tutela que la misma haya sido contestada, incluso
informando sobre la carencia de datos relacionados con el contenido de la petición.
En esa medida, respecto de las dos entidades, se tutelará el derecho fundamental
y se ordenará que en el plazo de cinco días desde la notificación de la providencia
otorguen una respuesta clara, cualificada y de fondo a la petición de 13 de enero de
2025 promovida por el actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado en
relación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, atendiendo las
razones expuestas en la parte motiva de esta decisión.
SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado en relación con el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Defensa Nacional,
por lo expuesto en esta sentencia.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del actor, en relación
con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección.
CUARTO: ORDENAR al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección
que en el plazo de cinco días desde la notificación de la providencia ofrezcan una
respuesta clara y de fondo, siempre dentro del marco de sus competencias legales,
a la petición de 13 de enero de 2025 promovida por el actor.
QUINTO: En caso de no ser impugnada, REMITIR a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-00760-00
Accionante: Ericsson Ernesto Mena Garzón
Accionado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Primera instancia acción de tutela
Nota: este documento fue suscrito en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular
el código QR que aparece a la derecha.
VF
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