Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00779-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00779-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00779-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
13 de marzo de 2025
Demandante: Hernán Darío Cadavid Márquez
Demandado: Presidencia de la República, Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00779-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00779-00
Demandante: HERNÁN DARÍO CADAVID MÁRQUEZ
Demandado: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO
Temas: Tutela por presunta vulneración al derecho fundamental de
petición.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con los
Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de
esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
A través de escrito radicado el 12 de febrero de 2025, el señor Hernán Darío Cadavid
Márquez, actuando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Presidencia
de la República, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario, con el fin de amparar su derecho fundamental de petición.
Lo anterior, con ocasión de una solicitud elevada el 27 de enero de 2025 ante la Unidad
de Atención y Reparación Integral a Víctimas y que, el día 30 siguiente se remitió a la
entidad accionada por ser la competente para atenderla, sin que a la fecha de
interposición de la solicitud de amparo emitiera respuesta.
1.2. Pretensiones
El accionante solicitó el amparo a su derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, que:
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[…] se ordene a la Consejera Presidencial para los DDHH y DIH o quien haga
sus veces,a responder de fondo y sin dilaciones en 48 horas hábiles el Derecho
de Petición de Solicitud de Información presentado el pasado1.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:
El 27 de enero de 2025, el señor Cadavid Márquez, en calidad de representante a la
cámara por el departamento de Antioquia y en vista de la crisis enfrentada en el
Catatumbo, elevó petición a la Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas
(UARIV) que fue identificada con el radicado 2025-0035100-2. En esta, formuló las
siguientes dos solicitudes de informe:
1. Indique y relacione un informe detallado sobre la ejecución por parte del Ministerio
de Defensa frente a la RECOMENDACIÓN # 5: “Al Ministerio del Interior, Unidad
de Atención y Reparación Integral a Víctimas -UARIV, la Gobernación de Norte
Santander y la del Cesar, alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama,
Ábrego y La Playa de Belén (Norte de Santander); Río de Oro y González (Cesar),
actualizar urgentemente los planes de prevención y contingencia conforme a
los nuevos escenarios de riesgo para garantizar con acciones concretas la
mitigación del riesgo y considerar el uso de las adecuaciones presupuestales
que se requieran para proteger de manera efectiva los derechos a la vida, a la
integridad, a la libertad y a la seguridad de las víctimas. A las personerías
municipales de los municipios alertados, garantizar la activación y el cumplimiento
de los planes de Prevención y de Contingencia en el marco de la Ley 1448 de 2011,
en especial en los casos de la ocurrencia de hechos victimizantes masivos e
individuales.
2. Indique y relacione un informe con el presupuesto ejecutado para atender dichas
recomendaciones.
El 30 de enero de 2025, la UARIV trasladó la petición por competencia a la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
En Oficio OFI25-00019782 del 5 de febrero de 2025, la Presidencia de la República le
comunicó al señor Cadavid Márquez que se encontraba recopilando la información
requerida para otorgar respuesta detallada a la petición, la cual remitiría en los
siguientes días.
En respuesta del 13 de febrero de 2025, identificada con radicado 2025-0048870-1, la
UARIV respondió la petición radicada el 27 de enero de 2025 señalando las labores
1 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.
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de asistencia y acompañamiento a las entidades territoriales del Norte de Santander y
los recursos destinados para el adelantamiento de estas labores.
Finalmente, en Oficio OFI25-00026265 del 14 de febrero de 2025, la Presidencia de la
República otorgó respuesta a la petición del señor Cadavid Márquez indicando las
actuaciones que ha desplegado la entidad en relación a la crisis del Catatumbo, y que
en la sesión directiva del 29 de enero de 2025 de la CIPURNA se abordó la coyuntura
atravesada en la región.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte actora manifestó que, según el artículo 258 de la Ley 5 de 1992 relativo a la
solicitud de informes por congresistas, la entidad accionada contaba con 5 días para
otorgar respuesta a su petición sin que a la fecha de interposición de la solicitud de
amparo lo hubiera hecho. Igualmente, trajo de presente lo preceptuado por la Corte
Constitucional sobre el derecho fundamental de petición en las sentencias T-251 de
2008, T-206 de 2018, T-608 de 2013, C-951 de 2014 y T-230 de 2020.
Explicó que, en el asunto de la referencia, se supera el requisito de subsidiariedad de
la solicitud de amparo, ya que no cuenta con otro mecanismo judicial para salvaguardar
sus garantías constitucionales. En igual sentido, precisó que la acción de tutela se
promovió en un término oportuno, justo y razonable ya que la petición fue radicada el
27 de enero de 2025 y la respuesta debió otorgársele, a más tardar, el 3 de febrero
siguiente.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 20 de febrero de 2024, la magistrada ponente resolvió: i) admitir la
acción de tutela; ii) ordenar la notificación de la Presidencia de la República y a la
Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario como autoridad accionada y iii) vincular en calidad de tercero con interés
a la UARIV.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, de conformidad con
las constancias que obran en el expediente digital2, se recibieron los siguientes
pronunciamientos:
2 Índice 7 del expediente digital de Samai.
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1.6.1. Presidencia de la República
La entidad accionada aportó memorial de contestación oponiéndose a la solicitud de
amparo. Peticionó que se negara la acción de tutela puesto que había respondido a la
solicitud elevada por la parte actora.
En particular, señaló que, tras verificar el sistema de gestión documental del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, se encontró que en
OFI25- 00019782 del 5 de febrero de 2025 le solicitó al accionante un tiempo adicional
para emitir respuesta de fondo, la cual fue finalmente aportada por medio de Oficio
OFI25-00026265 del 14 de febrero de 2025.
1.6.2. Unidad de Atención y Reparación Integral de Víctimas
La UARIV refirió que no vulneró las garantías constitucionales del señor Cadavid
Márquez, pues la petición que motiva la presente acción de tutela fue resuelta por la
entidad mediante comunicación del 13 de febrero de 2025.
Seguidamente explicó la figura de la carencia actual de objeto por hecho superado,
haciendo énfasis en los elementos para su configuración establecidos en la sentencia
T-584 de 2019 de la Corte Constitucional. Por otro lado, enfatizó que la solicitud de
amparo debe ser negada puesto que los hechos alegados no se probaron de modo
claro y convincente.
Concluyó solicitando la improcedencia de la acción al no demostrarse la constitución
de un perjuicio irremediable y que se desvinculara a la UARIV del asunto de la
referencia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la acción
constitucional presentada por el señor Hernán Darío Cadavid Márquez, por cuanto esta
se dirige contra la Presidencia de la República. Lo anterior, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política y 37 del Decreto Ley 2591 de
1991. Lo anterior, en consonancia con lo establecido en el numeral 12º del artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 de
2021, y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 2019 «Reglamento Interno del Consejo de
Estado».
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2.2. Cuestión previa
En su intervención, la UARIV solicitó su desvinculación de la acción de tutela de la
referencia. Esta petición será negada, en tanto, su llamado al proceso se realizó en
calidad de tercero con interés, y no como la autoridad contra la cual se encuentra
dirigido el reparo señalado por la parte actora, en atención a su relación con las
circunstancias que fundamentan la solicitud de amparo.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala dar respuesta a la siguiente interrogante:
• ¿Vulneró la Presidencia de la República, Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, el derecho
fundamental de petición del señor Hernán Darío Cadavid Márquez, con ocasión
de la petición que este elevó el 27 de enero de 2025?
Para resolver la interrogante planteada, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) sobre el derecho de petición; y (iii) el caso
concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de
las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando no
sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para precaver la
ocurrencia de un perjuicio irremediable3.
2.5. Derecho de petición
De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, el derecho de
petición se traduce en la facultad que tienen los ciudadanos de presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una pronta respuesta.
3 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
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Cabe resaltar que la autoridad requerida, en la contestación no está obligada a acceder
a las pretensiones del peticionario, por lo que en el evento en que se deniegue la
solicitud, le corresponde, únicamente, dar a conocer las razones técnicas y jurídicas
que fundamentan aquella postura negativa. Así, este derecho que se concreta en la
formulación de una petición, se hace efectivo a través de la respuesta otorgada por la
autoridad requerida, cuya materialización resulta independiente del carácter favorable
o desfavorable de la misma.
En tal sentido, para garantizar el respeto del núcleo esencial del derecho de petición,
la contestación debe: i) versar sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que
el peticionario desea saber; ii) ser clara a fin de que el solicitante entienda el porqué
de los argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; iii) mantener
coherencia con lo solicitado; iv) ser proferida dentro de la oportunidad fijada por la ley
para ello; y, finalmente v) notificarse de manera eficaz para su debida materialización.
2.6. Caso concreto
La parte actora alegó la vulneración de sus derechos fundamentales por parte de la
Presidencia de la República, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario, puesto que no había dado respuesta a una
solicitud elevada el 27 de enero de 2025 ante la Unidad de Atención y Reparación
Integral a Víctimas y que, el día 30 siguiente se remitió a la entidad accionada por
considerarse la competente para atenderla. En criterio del señor Cadavid Márquez, la
Presidencia de la República debió otorgarle respuesta, a más tardar, el 3 de febrero
de 2025 en atención al artículo 258 de la Ley 5 de 1992.
La Sala advierte que al momento de presentar esta acción de tutela4, aún no se había
dado respuesta a la mencionada petición. Sin embargo, en la contestación del escrito
tutelar efectuada por la Presidencia de la República, se evidenció que la entidad emitió
la respuesta a la solicitud de del señor Cadavid Márquez mediante Oficio OFI25-
00026265 del 14 de febrero de 2025.
A partir de la información suministrada por la accionada, debe determinarse si la
respuesta del 14 de febrero de 2025 vulneró alguno de los factores que constituyen el
núcleo esencial del derecho de petición.
Para empezar, la Sala anticipa que la contestación de la Presidencia de la República
guardó armonía con los tres primeros componentes del núcleo esencial del derecho
desarrollados en el acápite previo. Como se pasará a explicar, la respuesta de la
accionada i) versó sobre lo preguntado, sin evasivas y precisando lo que el peticionario
desea saber; ii) fue clara a fin de que el solicitante entienda el porqué de los
4 12 de febrero de 2025.
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argumentos de la autoridad aun cuando no los comparta; y iii) mantuvo coherencia con
lo solicitado.
La petición elevada por el señor Cadavid Márquez perseguía que se le rindiera informe
sobre dos cuestiones: por un lado, las actuaciones desplegadas para la actualización
de los planes de prevención y contingencia para mitigar el riesgo y proteger los
derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad en el marco de la crisis por la cual
atraviesa el Catatumbo y, por otro lado, el presupuesto ejecutado para tal fin.
De la lectura de la contestación otorgada por la Presidencia de la República, a través
de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional
Humanitario, se encuentra que esta detalló las actuaciones de asistencia técnica que
ha brindado a las entidades territoriales del Norte de Santander sobre política pública
para la prevención de riesgos; la aplicación de la línea PRUNNA 5; la creación de
equipos de acción inmediata y la optimización de rutas de prevención y protección.
Igualmente, comentó que había solicitado la asignación de nuevos recursos «para
fortalecer las acciones de prevención del reclutamiento, uso, explotación y violencia
sexual contra la niñez y adolescencia en la región». Recalcó que ha «planteado la
realización de nuevas asistencias técnicas para fortalecer los Equipos de Acción
Inmediata y optimizar las rutas de protección y prevención urgente» que ha buscado
promover «la participación de niños, niñas y adolescentes, junto con organizaciones
de la sociedad civil, con el propósito de reforzar iniciativas de prevención y garantizar
su articulación con las rutas institucionales».
Finalmente, la consejería presidencial destacó que, como secretaria técnica de la
CIPRUNNA6, su labor se centra en la coordinación y articulación institucional, pero no
le corresponde apalancar la implementación de la política pública de prevención.
Subrayó que la crisis del Catatumbo había sido tema abordado en la sesión del 29 de
enero de 2025 de la mencionada comisión.
Además, aunque las actuaciones u omisiones de la UARIV no son objeto de la solicitud
de amparo, debe tenerse presente que, pese a haber remitido por competencia la
solicitud de informe, esta entidad respondió de fondo la petición el 13 de febrero de
2025 en contestación identificada con radicado 2025-0048870-1, que le fue notificada
al accionante:
5 Prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes
por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.
6 Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra
niños, niñas y adolescentes por grupos armados al margen de la ley y por grupos delictivos organizados.
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Respecto del primer punto de la petición, señaló que se fortaleció la capacidad de
respuesta humanitaria de las entidades territoriales y que la UARIV había asistido y
acompañado a estas entidades en la actualización de planes de contingencia para
atender emergencias humanitarias. Adicionalmente, indicó las actividades de
asistencia técnica a implementar durante el primer semestre de 2025.
Sobre el segundo, comentó que, para la asistencia y acompañamiento a las entidades
territoriales en la formulación y actualización de planes de contingencia, la UARIV
contaba con el recurso humano de la Dirección Territorial del Cesar y Norte de
Santander y que, además, la última de estas suscribió un contrato de prestación de
servicios profesionales por valor de $54.198.110 con tal fin.
Como se avizora, la respuesta de la entidad accionada abordó de manera completa la
petición elevada por señor Cadavid Márquez. Ahora bien, al respecto del segundo
punto de la petición y como lo aclaró en su contestación la Consejería Presidencial
para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, se advierte que
esta entidad no es la encargada de apalancar la implementación de la política pública
de prevención.
En todo caso, la solicitud de información se dirigió inicialmente a la UARIV, por lo que
es dable concluir que el informe requerido sobre «el presupuesto ejecutado para
atender dichas recomendaciones», hace referencia al presupuesto ejecutado por esta
unidad. Cuestión que fue respuesta por la entidad, la cual abordó el fondo de la
solicitud pese a haberla remitido por competencia a la Presidencia de la República.
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Resta entonces analizar si la respuesta de la accionada se otorgó dentro del término
legal, puesto que, de lo contrario, habría lugar a estudiar la configuración de la carencia
actual de objeto por hecho superado en el caso concreto.
La Sala advierte que a la petición elevada por el accionante ante la UARIV el 27 de
enero de 2025 le es aplicable el artículo 258 de la Ley 5 de 1992, comoquiera que el
señor Cadavid Márquez la radicó en su calidad de Representante a la Cámara por
Antioquia y con la finalidad de que se le rindiera informe relacionado con la situación
de crisis por la que atraviesa al Catatumbo. El artículo en comento estipula:
ARTÍCULO 258. Solicitud de informes por los Congresistas. Los Senadores y
Representantes pueden solicitar cualquier informe a los funcionarios autorizados para
expedirlo, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso. En los cinco
(5) días siguientes deberá procederse a su cumplimiento […]
En vista de esta disposición normativa, en principio, la Presidencia de la República
debía otorgar respuesta al accionante hasta el 6 de febrero de 2025, fecha en la cual
se cumplían 5 días desde que la UARIV le remitió por competencia la petición a la
accionada; esto es, desde el 30 de enero de 2025, como se evidencia en el siguiente
correo electrónico:
Sin embargo, a través de Oficio OFI25-00019782 5 de febrero de 2025, la entidad
accionada le comunicó al señor Cadavid Márquez que se encontraba recopilando la
información requerida para consolidar una repuesta detallada a remitir en los días
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siguientes. De lo anterior, se comunicó al accionante como consta en la trazabilidad
aportada por la Presidencia de la República:
Por esto, debe tenerse en cuenta el parágrafo del artículo 14 de la Ley 1437 de 2011:
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los
plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado,
antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Entonces, puesto que el término con el cual contaba en un primer momento la
Presidencia de la República para responder de fondo la petición era de 5 días, el nuevo
término no podía exceder los 10 días. En consecuencia, la entidad accionada hubiera
transgredido el derecho fundamental de petición del señor Cadavid Márquez de no
haberle otorgado respuesta para el 19 de febrero de 2025, fecha en la cual se cumplía
el término referido de 10 días. Sin embargo, la contestación se surtió mediante Oficio
OFI25-00026265 del 14 de febrero de 2025, que también fue debidamente comunicado
al actor:
A partir de lo anterior, se concluye que la contestación de la Presidencia de la
República a la petición que le fue remitida se surtió dentro de la oportunidad legal con
la cual contaba y le fue notificada al accionante.
En suma, puesto que la respuesta contenida en el Oficio OFI25-00026265 del 14 de
febrero de 2025 garantizó el núcleo esencial del derecho de petición en sus distintos
componentes, se negará la solicitud de amparo de la referencia.
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III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad de
Atención y Reparación Integral de Víctimas.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela instaurada por el señor
Hernán Darío Cadavid Márquez, en la medida que las autoridades brindaron respuesta
a su petición en el término establecido para el efecto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
11
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