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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00780-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00780-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la señora Liliana María Ramírez Quintero en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado, en lo que tiene que ver con la causal de defecto sustantivo. TERCERO: NEGAR el amparo solicitado, con respecto al cargo de desconocimiento del precedente judicial. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00780-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00780-00
Accionante: Liliana María Ramírez Quintero
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta.

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad Electoral. Falta de
relevancia constitucional, en relación con el cargo de defecto
sustantivo. Ausencia de desconocimiento del precedente judicial.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la acción de tutela instaurada por la señora Liliana María
Ramírez Quintero en contra de la Sección Quinta del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 12 de febrero de 2025, Liliana María Ramírez Quintero, por intermedio de
apoderado judicial, presentó acción de tutela, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa y contradicción) y acceso
a la administración de justicia; así como los principios de legalidad, congruencia,
buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la Sentencia
proferida el 12 de septiembre de 20242 por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
en el medio de control de nulidad electoral con radicado No. 05001-23-33-000-2024-
00011-01 y, en consecuencia, se ordenara a aquella autoridad dictar una nueva
providencia de remplazo.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, fueron
identificados los siguiente:

4. Liliana María Ramírez Quintero, por conducto de su apoderado judicial,
interpuso demanda de nulidad electoral en contra del acto que declaró la elección
de Carlos Mario Gutiérrez Arrubla como alcalde del municipio de La Estrella

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
2
Notificada por mensaje de datos el 13 de septiembre de 2024.

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Accionante: Liliana María Ramírez Quintero

(Antioquia), contenido en el Formulario E-26 ALC de 5 de noviembre de 2023, para
el período constitucional 2024-2027.

5. El 8 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la elección demandada no infringió
el ordenamiento jurídico y tampoco incurrió en expedición irregular ni falsa
motivación.

6. Inconforme con la anterior decisión, el 20 de mayo de 2024, la parte
demandante interpuso recurso de apelación porque, en su criterio, no se resolvió el
problema jurídico de fondo, en el cual se discutían las irregularidades ocurridas en
el procedimiento administrativo de escrutinios de las elecciones.

7. El 12 de septiembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
confirmó la sentencia de primera instancia, al estimar que el acto de elección no
exhibe el vicio de expedición irregular ni se adoptó con base en documentos con
datos contrarios a la verdad, sino que, por el contrario, se demostró que los votos
cuestionados estuvieron justificados en una corrección legítima de los jurados, que
no fue reclamada por la interesada en la oportunidad adecuada y que, pese a esto,
recibió respuesta a sus solicitudes por parte de las comisiones escrutadoras.

8. Como fundamentos de la vulneración, la parte accionante afirmó que la
Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo, comoquiera
que no decidió el problema jurídico de fondo sometido a consideración, el cual
consistía en analizar la procedencia de una causal de nulidad electoral por haberse
configurado una transgresión al derecho al debido proceso, puesto que se acreditó
en debida forma (i) la existencia de sendas irregularidades en el procedimiento
administrativo electoral; (ii) que los resultados de la contienda electoral fueron
mutados por medio de dos anotaciones realizadas por los jurados de mesa en la
Zona 1, Puesto 4, Mesa 2 y en la Zona 2, Puesto 3, Mesa 27; y (iii) que existió una
falsa motivación en los actos administrativos demandados y una desviación de
poder, por no aplicar el procedimiento establecido para convalidar un escrutinio con
resultados «apócrifos», ya que no existe una causa legal que le permitiera a los
escrutadores modificar los resultados computados en dichas mesas de votación.

9. Indicó que la corporación accionada vulneró el debido proceso, puesto que no
era cierto que fuera posible adulterar o cambiar los resultados numéricos contenidos
en los 2 formularios electorales E-14 demandados a través de «las constancias de
los jurados de votación» y que, además, no era apropiado hacer afirmaciones que
modifican los números contenidos en dichos formularios electorales cuando se
advertía un error en la escritura.

10. Alegó que no se indicó «cuál es el error al que se refiere» y que dio lugar a
que los jurados de mesa corrigieran la votación, para lo cual planteó los mismos

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interrogantes que formuló en el recurso de apelación3. Adicionalmente, sostuvo que
la no realización del recuento de los votos en las 2 mesas de votación objeto de
discusión por parte de la comisión escrutadora, conllevó a que se convalidara el
fraude, inobservando el debido proceso que debió imperar en sede de escrutinio.

11. Aclaró que las comisiones escrutadoras solo estarían justificadas de no
realizar el recuento de votos si los jurados de las mesas cuestionadas hubiesen
dejado constancia en los Formularios E14 que existió dicho recuento; sin embargo,
ello no ocurrió, por lo que, en su caso, las comisiones estaban obligadas, bien sea
de oficio o por solicitud de parte, a realizar el reconteo. Señaló que deben prevalecer
las votaciones debidamente «asentadas en las actas electorales» sobre las
anotaciones hechas posteriormente, ya que «no puede permitirse que quede al
arbitrio de quien diligencie el espacio para hacer constar las anotaciones para que
coloque los votos que se requieran para igualar la mesa en uno u otro de los
candidatos y por dicha vía variar los guarismos debidamente asentados».

12. Sostuvo que la autoridad accionada, al considerar que el error se corrigió por
la congruencia entre los documentos E-14 y E-24 ALC, ignoró que ello fue
precisamente la materialización de la nulidad electoral. Agregó que la afirmación
que realiza la accionada, consistente en que no hay error porque en la anotación no
se presentan tachaduras o enmendaduras no es otra cosa que la ratificación de la
caprichosa decisión, soportada en consideraciones subjetivas que contrarían
abiertamente las normas imperativas que venimos de mencionar.

13. Adicionalmente, afirmó que el proveído censurado desconoció los artículos
269 y 272 de la Ley 1564 de 2012 (CGP), no tuvo en cuenta el recurso de apelación
que presentó contra la Resolución No. 15 de 3 de noviembre de 2023, prueba que
no fue tachada de falsedad e inaplicó el ordenamiento jurídico electoral para
concluir que las elecciones pueden mutarse por medio de 2 anotaciones de los
jurados de votación y de espaldas a todo el procedimiento administrativo reglado
por el Código Electoral para los escrutinios.

14. Adujo que las comisiones escrutadoras auxiliares y municipales actuaron de
forma ilegal al no tramitar adecuadamente las reclamaciones y apelaciones
presentadas, especialmente, en las 2 mesas de votación, cuyas irregularidades
afectaron los resultados de las votaciones y violaron los principios fundamentales
de legalidad y transparencia electoral por infracción de los artículos 114, 135, 136,
143, 144, 163, 164 y 166 del Código Electoral. Además, sostuvo que existió una
falsa motivación, desviación y abuso de poder y falsa motivación.

3
«¿será que existía error de escritura en las tarjetas electorales? o ¿será que el error se originaba en la confección del
formulario E-11? o ¿será que el error de escritura obedece a que se equivocaron en el formulario cuenta votos y existieron
votos sobrantes o no marcados, o nulos o marcados en blanco que no fueron debidamente computados?, o ¿será que el error
es aritmético, porque sumaron mas (sic) votos que votantes y para corregir el yerro y poder igualar la mesa procedieron a
sumar votos a uno de los candidatos de su preferencia? o ¿será que los denominados votos denominados (sic) “huérfanos”
ósea (sic) aquellos que no son supervigilados por los testigos electorales, tales como los votos nulos, no marcados y marcos
en blanco fueron más y no se computaron con la finalidad de sumarlos al candidato de la preferencia y así poder igualar la
mesa y hacer coincidir el número de votos depositados en la urna con el número de votantes verificados al analizar los
formularios E-10 y E-11?»

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15. De otra parte, aseguró que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente judicial, al inobservar la regla de decisión contenida en la Sentencia de
8 de febrero de 2018 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, Rad. 11001-03-
28-00-2014-00117-00 / 11001-03-28-00-2014-00109-00, según la cual «una nulidad
electoral es procedente por las causales generales de nulidad».

Intervenciones4

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado, a través del magistrado ponente
de la providencia censurada, afirmó que la acción de tutela no goza de relevancia
constitucional, comoquiera que el accionante pretende revivir una cuestión procesal
debidamente zanjada en el trámite judicial electoral, pues insiste en los argumentos
expuestos en el recurso de apelación formulado en contra de la sentencia de
primera instancia, al punto de reproducir su texto y proponer las mismas
inconformidades que fueron estudiadas en el fallo cuestionado, como si el
mecanismo de amparo fuera una instancia adicional al proceso ordinario.

17. Adicionalmente, respecto del desconocimiento del precedente judicial, indicó
que no se cumplió con la carga argumentativa suficiente, en la medida en que dicho
yerro se soportó en sentencias, según las cuales «una nulidad electoral es
procedente por las causales generales de nulidad», sin señalar concretamente una
causal.

18. Sin perjuicio de lo anterior y en caso de que decida conocerse el asunto de
fondo, indicó que, en la Sentencia de 12 de septiembre de 2024, la Sala de Decisión
abordó todos los aspectos de la controversia, expuso las motivaciones jurídicas
pertinentes y valoró todas las pruebas aportadas al expediente. Explicó que la
decisión se enfocó hacia el análisis de la expedición irregular, como una
manifestación de la violación al debido proceso, conforme con el planteamiento de
la demandante y, en esa medida, expuso de manera clara y suficiente que las
constancias de los formularios E-14 era una forma legítima de introducir cambios a
los resultados anotados en las casillas para cada candidato y que no
necesariamente debían estar precedidas de un recuento, como lo ha reiterado la
jurisprudencia de esa Sección.

19. En esos términos, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia,
por no cumplirse los requisitos generales de procedibilidad, y, de manera
subsidiaria, negar la solicitud de amparo, al no haberse configurado los defectos
invocados.

4
El 13 de febrero de 2025, el despacho ponente admitió la acción de tutela en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado y vinculó al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Registraduría Nacional del Estado Civil, al Consejo Nacional
Electoral, al municipio de La Estrella (Antioquia) y a Carlos Mario Gutiérrez Arrubla, como terceros interesados en los
resultados del proceso.

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20. Carlos Mario Gutiérrez Arrubla manifestó que la parte accionante se limitó
a reiterar los mismos argumentos expuestos y resueltos en el proceso electoral, sin
aportar nuevos elementos fácticos o jurídicos que sustenten la presunta vulneración
de derechos fundamentales, por lo que la acción de tutela no puede convertirse en
una instancia adicional al proceso ordinario para discutir decisiones judiciales que
se encuentran debidamente agotadas. Además, aseguró que esto constituye un
abuso del derecho y un desgaste de la administración de justicia.

21. Agregó que, durante el proceso, quedó demostrado el afán de la parte actora
por distorsionar la realidad, al presentar como irregulares las aclaraciones
efectuadas por los jurados de votaciones en las zonas y mesas específicas. Sin
embargo, precisó que los jurados actuaron conforme al procedimiento establecido,
sin alterar la información consignada en las actas E-14 ALC, toda vez que hicieron
las aclaraciones en el espacio destinado para ello y dicho «procedimiento fue tan
claro que los testigos de mesa no presentaron reclamaciones ni solicitudes de
recuento», de ahí que las reclamaciones planteadas ante las comisiones
escrutadores no eran procedente, empero fueron resueltas de fondo como una
garantía para los solicitantes y la ciudadanía en general.

22. El Consejo Nacional Electoral expresó que carece de legitimación en la
causa por pasiva, puesto que no tiene participación directa ni indirecta en la
configuración de los hechos materia de la acción constitucional, así como tampoco
es la autoridad competente para satisfacer las pretensiones del tutelante, pues no
tiene injerencia en las decisiones que adopta la autoridad judicial dentro de los
procesos nulidad electoral. Por tanto, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional.

23. La Registraduría Nacional del Estado Civil indicó que no tiene
competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por la parte actora, pues lo que
se discute es la transgresión de los derechos fundamentales de esta última con
ocasión de la expedición de la Sentencia de 12 de septiembre de 2024 por parte de
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por lo que no existe una conexión entre
la situación fáctica que dio origen a la solicitud de amparo y esa entidad. En
consecuencia, requirió su desvinculación de esta acción constitucional.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

24. Previo a plantear el problema jurídico que aquí se resolverá, la Sala aclara
que no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, comoquiera que
aquellas autoridades fueron vinculadas al presente trámite por ser las autoridades
demandadas en el proceso de nulidad electoral, de ahí que les asiste un interés
legítimo en la decisión que aquí se adopte.

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Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, entre ellos, el de
relevancia constitucional, si la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
defecto sustantivo y/o desconoció el precedente judicial contenido en la Sentencia
de 8 de febrero de 2018, Rad. 11001-03-28-00-2014-00117-00 / 11001-03-28-00-
2014-00109-00, sobre la nulidad electoral por las causales genéricas de nulidad.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La Sala declarara la improcedencia del defecto sustantivo por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional por las razones que pasan a explicarse:

27. Analizados los reparos expuestos para sustentar el defecto sustantivo, la Sala
considera que estos lejos de revestir la relevancia constitucional exigida, lo que
evidencian es que el accionante interpuso el mecanismo de amparo como una
instancia adicional al proceso ordinario para revivir el debate planteado al interior
del proceso de nulidad electoral. En efecto, la redacción de la acción de tutela no
es más que la reproducción estricta de los argumentos expuestos en la demanda y
en el escrito de apelación, lo cual ya fue analizado y resuelto de manera razonable
por el juez natural de la causa.

28. Al respecto, se observa que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en la
Sentencia de 12 de septiembre de 2024, concluyó que el acto de elección del
demandado no exhibe el vicio de expedición irregular ni se adoptó con base en
documentos con datos contrarios a la verdad, sino que, por el contrario, se demostró
que los votos cuestionados estuvieron justificados en una corrección legítima de los
jurados, que no fue reclamada por la interesada en la oportunidad adecuada y que,
pese a esto, recibió respuesta a sus solicitudes por parte de las comisiones
escrutadoras.

29. Para el efecto, explicó que (i) las constancias de los jurados en los formularios
E-14, en el espacio destinado para ello, pueden incluir válidamente correcciones a
la votación indicada en las casillas de los candidatos, partidos y listas como
consecuencia de circunstancias que, de plano, no pueden calificarse como
maniobras subrepticias para alterar los resultados, cuyo alegato en cualquiera caso
de probarse; (ii) los jurados de las mesas de la zona 1, puesto 4, mesa 2 y zona 2,
puesto 3, mesa 27 corrigieron la votación del candidato Carlos Mario Gutiérrez
Arrubla en la parte de los formularios E-14 diseñada precisamente para dejar
constancias sobre cambios de los resultados u otra situación que deba registrarse
para dar claridad a los datos consignados en el acta, a las que los seis jurados de
las mesas dieron total validez, con sus firmas, y posteriormente las comisiones
escrutadoras 2 y 4, quienes las utilizaron para consolidar la votación en los
formularios E-24 correspondientes; (iii) no se encontró demostrado que la parte
actora hubiese solicitado el recuento de votos directamente a los jurados de las dos

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mesas de su interés y tampoco se acreditó alguna circunstancia especial que le
hubiese impedido la presentación de esa petición; y (iv) la falta de trámite del recurso
de apelación contra la Resolución No. 15 de 3 de noviembre de 2023 no representa
una irregularidad que afecte de forma sustancial el acto de elección, ya que en el
fondo habría corrido la misma suerte de la reclamación inicial, sobre los
cuestionamientos a las correcciones de los jurados en el acta de escrutinio de mesa.

30. Ahora, si bien la accionante encuadró la mayoría de sus argumentos bajo la
causal de defecto sustantivo, realmente lo que hace es repetir el reclamo expuesto
en sede ordinaria contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero ahora en
contra de la Sección Quinta de esta corporación, como la autoridad judicial que
conoció del proceso en segunda instancia, sin presentar ningún argumento
novedoso para cuestionar la sentencia proferida por dicha corporación judicial que
justifiquen la intervención del juez constitucional o siquiera adecuar sus alegaciones
en otros defectos que puedan justificar su petición de amparo, por lo que se observa
es un intento para reabrir el debate ya zanjado, con el fin de que se acoja la exegesis
que estima es la adecuada, para resolver su caso.

31. En ese sentido, debe recordarse que el mecanismo de amparo no es un
instrumento de revisión o corrección de las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales, menos aun cuando aquellas han sido proferidas en el pleno
ejercicio de la autonomía e independencia judicial, pues que la función del juez
constitucional, en los casos en que se discute por vía de tutela providencias
judiciales, se centra en realizar un juicio de validez, con el fin de determinar si se
produjo una vulneración de los derechos fundamentales deprecados a la luz de la
Constitución Política.

32. Ahora frente al desconocimiento del precedente, logró advertirse que (1) se
encuentra superada exigencia de la relevancia constitucional, comoquiera que el
debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso (defensa y contradicción) y acceso a la administración de justicia
por un indebido análisis jurisprudencial; (2) se encontró satisfecha la legitimación en
la causa, tanto activa como pasiva, debido a que la accionante intervino como
demandante en el proceso ordinario y la decisión objeto de cuestionamiento fue
emitida por la Sección Quinta del Consejo de Estado; (3) se cumplió con el requisito
de subsidiariedad, ya que la parte actora agotó todos los recursos judiciales
disponibles para procurar la defensa de sus derechos; (4) la acción de tutela fue
presentada el 12 de febrero de 2025, esto fue, dentro del plazo de 6 meses contados
a partir de la notificación de la sentencia5; (5) no se alegó una irregularidad procesal,
sino el desconocimiento de una subregla jurisprudencial; (6) los hechos y
fundamentos en los que se basó la presunta vulneración de derechos fueron
identificados de manera razonable; y (7) la tutela no fe interpuesta contra una
providencia de la misma naturaleza.

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La sentencia fue notificada por mensaje de datos el 13 de septiembre de 2024.

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Análisis de vulneración alegada: estudio del defecto (desconocimiento del
precedente)

33. La Sala negará el amparo solicitado, al no encontrarse configurado el
desconocimiento del precedente judicial alegado.

34. La accionante manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al
expedir la Sentencia de 12 de septiembre de 2024, incurrió en desconocimiento del
precedente judicial, al apartarse de la regla de decisión contenida en la Sentencia
de 8 de febrero de 2018, Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00 / 11001-03-28-00-
2014-00109-00, según la cual «una nulidad electoral es procedente por las causales
generales de nulidad».

35. Sin embargo, se repara en que el pronunciamiento invocado por la parte actora
no constituye precedente judicial en los términos de la Ley 1437 de 2011, por lo que
no podría exigírsele a la Subsección accionada que ineludiblemente empleara el
criterio allí definido.

36. En todo caso, se repara en que la situación fáctica y jurídica difiere
sustancialmente en ambos asuntos, toda vez que en la Sentencia de 8 de febrero
de 2018 se discutió la nulidad de la Resolución núm. 3006 de 17 de julio de 2014,
que declaró la elección de los senadores de la República para el período
constitucional 2014-2018 y se discutieron los siguientes aspectos i) diferencias
injustificadas entre los formularios E-14 y E- 24, relacionadas con los votos
obtenidos por el MOVIMIENTO MIRA; ii) la diferencia del 10% o más entre las
Corporaciones de Cámara de Representantes y Senado de la República por el
MOVIMIENTO MIRA; iii) violencia o sabotaje contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones; iv)
Pérdida o destrucción de los documentos, elementos o el material electoral y v)
diferencias injustificadas entre la Resolución núm. 3006 de 2014 y el E-26SE
expedidos por el CNE, aspectos que no coinciden con los supuestos propios del
caso bajo estudio.

37. En esos términos, al no haberse acreditado una causal específica de
procedencia de la acción de tutela aquí estudiada, se negará el amparo invocado
por la señora Liliana María Ramírez Quintero.

Conclusión

38. La Sala declarará improcedente la acción de tutela con respecto al defecto
sustantivo invocado, por no cumplirse con el requisito general de relevancia
constitucional y negará el amparo solicitado, en lo que tiene que ver con el cargo de
desconocimiento del precedente judicial.

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Accionante: Liliana María Ramírez Quintero

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de
Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el Consejo
Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por la
señora Liliana María Ramírez Quintero en contra de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en lo que tiene que ver con la causal de defecto sustantivo.

TERCERO: NEGAR el amparo solicitado, con respecto al cargo de
desconocimiento del precedente judicial.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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