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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00789-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00789-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta providencia. 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2025-00789-00 Demandante: UGPP 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00789-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

20 de marzo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00789-00
Demandante: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00789-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Acción de tutela contra providencias judiciales. Causales generales y
especiales de procedibilidad. La relevancia constitucional. Defecto
fáctico y defecto sustantivo. Extemporaneidad del recurso de
apelación. Memorial radicado por fuera del horario de atención de la
Corporación.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de febrero de 20251, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP (en adelante UGPP), por
conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia con
ocasión de los autos del 26 de septiembre de 2022, del 15 de agosto de 2023 y del
3 de octubre de 2024, en los que se declaró y confirmó la extemporaneidad del
recurso de apelación que la UGPP promovió contra la sentencia del 17 de junio de
2021, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 76001-
23-33-005-2014-00937-00.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: Sírvase H. Magistrado reconocerme personería jurídica para actuar como
apoderado judicial de la UGPP, en esta acción constitucional.
SEGUNDO: Solicito respetuosamente se sirva DECRETAR la medida de suspensión del
proceso mientras se resuelve de fondo el objeto de esta acción de tutela. De manera
Subsidiaria ruego al Despacho que en el evento de no encontrar procedente la suspensión
pretendida, adopte las medidas de saneamiento, preventivas, conservativas, y/o anticipativas
para salvaguardar el real y efectivo derecho de defensa de mi representada.
TERCERO: Solicito se sirva CONCEDER la presente acción de tutela declarando la violación
a los Derechos Fundamentales de Igualdad, Debido Proceso y Acceso a la Administración de
Justicia y demás que resulten conexos, consagrados en los artículos 13, 29, y 229 de la
Constitución Política de Colombia que le asiste a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales - UGPP, transgredidos por Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca.

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Samai, índice 2.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00789-00
Demandante: UGPP

CUARTO: Dejar sin efectos la decisión tomada en auto del 26 de septiembre de 2022 junto
con los demás emitidos al resolver los recursos interpuestos, y se tenga por presentado de
forma oportuna el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia dentro
proceso del Medio de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 76001-23-33-
005-2014-00937-00, con fundamento en las razones expuestas a lo largo de este escrito.» 2

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. La UGPP profirió liquidación oficial RDO 440 del 23 de septiembre de 2013,
contra la Universidad Santiago de Cali, por omisión en la afiliación y mora e
inexactitud en la autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de la
Protección Social, para el periodo del 1° de agosto de 2008 al 30 de
septiembre de 2011. Estableció unilateralmente un valor total de liquidación
oficial por $14.932.495.900.

La Universidad Santiago de Cali interpuso recurso de reconsideración que se
resolvió mediante la Resolución RDC-092 del 21 de marzo de 2014, en la que
se modificó el monto de la liquidación a la suma de $13.955.190.710.

2.2. La Universidad de Santiago de Cali promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la UGPP, pretendiendo la nulidad de la
liquidación oficial RDO 440 del 23 de septiembre de 2013 y de la Resolución
RDC 092 del 21 de marzo de 2014 que resolvió el recurso de reconsideración.

2.3. Del proceso conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca que, en sentencia del 17 de junio de 2021, declaró la nulidad de las
resoluciones demandadas y estableció que la Universidad de Santiago de Cali
no estaba obligada a pagar los valores liquidados a título de sanción en los
actos administrativos anulados.

Adicional a lo anterior, condenó a la UGPP al pago de costas y agencias en
derecho.

La sentencia se notificó a través de mensaje de datos remitido a los buzones
de notificación de los sujetos procesales, el 1° de julio de 20213.

2.4. La UGPP indicó que radicó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, el 21 de julio de 2021 a las 17:03 horas4.

2.5. En auto del 19 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, despacho del magistrado Jhon Erick Chaves Bravo, concedió el

2
Páginas 15 y 16 del escrito de tutela.
3
Las constancias de notificación fueron incluidas como anexos de la acción de tutela.
4
Ibidem.

2

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Demandante: UGPP

recurso de apelación. En la parte considerativa del proveído indicó que la
apelación fue radicada el día que vencía el plazo de 10 días para interponerlo,
esto es, el 21 de julio de 2021.

2.6. La Universidad de Santiago de Cali interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación contra el auto del 19 de noviembre de 2021. Discutió que
se computara el plazo de interposición del recurso después de dos días de
que se surtiera la notificación.

Sin embargo, indicó, en gracia de discusión, que en ese evento el recurso
podía presentarse a más tardar el 21 de julio de 2021, dentro del horario de
atención del despacho, que iba hasta las 16:00 horas, según lo estableció el
Acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2022; pero, según las evidencias
del expediente, el recurso se radicó virtualmente en tres oportunidades, a las
17:03, a las 17:17 ya las 17:29.

2.7. En auto del 26 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca revocó el auto del 19 de noviembre de 2021
y, en su lugar, rechazó por extemporáneo el recurso de apelación incoado por
la UGPP.

2.8. La UGPP promovió recurso de reposición y en subsidio de queja contra el auto
del 26 de septiembre de 2022. Dijo que la decisión de rechazar por
extemporáneo el recurso de apelación contra la sentencia de primer a
instancia materializa defecto procedimental por exceso ritual manifiesto y
vulnera su derecho de acceso a la administración de justicia, pues la decisión
resulta desproporcionada si se considera que solo transcurrieron unos
minutos después del horario de atención del despacho (17:03).

2.9. En auto del 15 de agosto de 2023, el magistrado sustanciador decidió no
reponer la decisión de rechazar la apelación por extemporaneidad, pero
concedió el recurso de súplica.

2.10. En proveído del 3 de octubre de 2024, los magistrados Fernando Augusto
García Muñoz y Ronald Otto Cedeño Blume confirmaron el auto del 26 de
septiembre de 2022, objeto de súplica.

Manifestaron que la postura del juez que resolvió sobre la concesión del
recurso fue garantista respecto al derecho de acceso a la administración de
justicia de la UGPP, pues estudió su caso en el marco de la norma que le
resultaba más favorable, pero la decisión seguía siendo la extemporaneidad.
Dijo que la postura garantista no implica la posibilidad de desconocer o
trasgredir el horario dispuesto para la recepción de memoriales.

Descartó la concreción de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, pues del auto recurrido deriva un análisis razonable de las normas
pertinentes para resolver sobre la oportunidad del recurso, a saber: los
Acuerdos CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020 y PSAA07-4126 DE 2007,
en armonía con el artículo 109 del Código General del Proceso.

3. Fundamentos de la acción

3.1. El apoderado de la UGPP acusó la vulneración de los derechos
fundamentales de su representada al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia con fundamento en los autos emitidos por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en los que se rechazó por extemporáneo
el recurso de apelación contra la sentencia del 17 de junio de 2021 y que
confirmaron esa determinación en sede de reposición y de súplica.

3

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Demandante: UGPP

3.2. Alegó la concreción del defecto sustantivo porque el artículo 109 del Código
General del Proceso (CGP) no era aplicable para decidir la oportunidad de la
apelación, sino que debían considerarse los artículos 67 del Código Civil y 59
y 60 de la Ley 4° de 1913.
Además, precisó que los Acuerdos PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 2020,
CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020 y el Acuerdo No. PCSJA20-11581 de
27 de junio de 2020, expedidos por el Consejo Superior de la Judicatura, no
tenían por propósito regular el horario de atención al público ni el horario de
apertura o cierre del despacho, sino la imposibilidad acudir presencialmente a
las sedes judiciales para proteger la salud de los servidores y usuarios.
Dijo que, para resolver el caso, las autoridades debieron atender al verdadero
propósito del cambio de horario laboral de los despachos en el departamento
del Valle del Cauca en lugar de proceder con una interpretación exegética de
la norma que vulneró el derecho al debido proceso de la UGPP, siendo
irrazonable que se declare la extemporaneidad del recurso por haber sido
presentado a las 5:03 p. m.
De acuerdo con lo anterior, destacó que la vulneración de su derecho al
debido proceso se cimenta en que el tribunal haya equiparado la modificación
del horario laboral en los Acuerdos con el horario de radicación virtual de los
documentos. A ese respecto en el escrito de tutela, se indicó:
«En conclusión se acredita con suficiencia el defecto sustantivo de los Autos Acusados
por indebida aplicación del artículo 109 del CGP, y los Acuerdos PCSJA20-11567 del 5
de junio de 2020, CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020, Acuerdo No. PCSJA20-11581
de 27 de junio de 2020 y CSJVAA21-74 del 07 de setiembre de 2021; cuyo supuesto de
hecho no se adecua al del presente caso y, por el contrario, lo cierto es que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dejó de aplicar los artículos 67 del Código Civil y 59 y
60 de la Ley 4º de 1913, disposiciones que sí resultaban aplicables al caso que nos
ocupa.»

3.3. De otro lado, se alegó la concreción del defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto. La UGPP consideró que la autoridad judicial accionada
concibió las normas procesales como un obstáculo para garantizar la
efectividad del derecho sustancial, en concreto, de su derecho al debido
proceso en la faceta de contradicción y defensa.
En esa línea, agregó que el derecho procesal es una herramienta para hacer
valer el derecho sustancial por lo que debe interpretarse de forma tal que
privilegie la garantía del derecho de acceso a la administración de justicia (art.
228 Constitución Política).

La entidad accionante estima que, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dio prevalencia al culto normativo y erigió un obstáculo apenas formal
para impedir que se surtiera el trámite de apelación de la sentencia, actuación
que afectó su derecho al debido proceso y la garantía de doble instancia.
Agregó que debió analizarse la oportunidad en la interposición del recurso de
cara a la situación que se vivía en ese momento y que introdujo cambios
necesarios en la administración de justicia. Lo que daba cuenta de que para
el 21 de julio de 2021, todavía se estaba ante una prestación anormal del
servicio de justicia que generó incertidumbre frente a los trámites procesales
y afectó las actividades de los apoderados en los procesos.
3.4. Finalmente, solicitó que se tuvieran como antecedentes jurisprudenciales
pertinentes para resolver el caso particular, las sentencias de tutela emitidas
en la primera y segunda instancia del proceso nro. 11001-03 15-0002022-06550-
01, por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00789-00
Demandante: UGPP

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En providencia del 18 de febrero de 2025, el despacho ponente admitió la
acción de tutela interpuesta por el apoderado de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social, UGPP contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. En calidad
de terceros con interés se vinculó a la Universidad Santiago de Cali, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y al Ministerio
Público, dada su calidad de sujetos procesales en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho nro. 76001-23-33-005-2014-00937-00.

Adicional a lo anterior, el despacho negó la medida provisional solicitada por
la UGPP porque no cumplía con los propósitos constitucionales establecidos
para tal fin.

4.2. La Universidad de Santiago de Cali, por conducto de apoderado judicial,
explicó que las partes fueron notificadas de la sentencia del 17 de junio de
2021, el día 1° de julio de ese año, por lo que los 10 días para interponer el
recurso se vencieron el 16 de julio de 2021 y aun así la alzada se interpuso
hasta el 21 de julio de 2021.

Sin embargo, precisó que, si en gracia de discusión, se adicionaran 2 días
hábiles al cómputo para entender realizada la notificación de la sentencia, en
los términos del Decreto 806 de 2020, se entendería que la UGPP tenía hasta
el 21 de julio de 2021 para interponer el recurso, gestión que debía cumplir
dentro de las horas hábiles de funcionamiento del despacho, es decir, hasta
las 4:00 p. m., de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° del Acuerdo
CSJVAA20-43 del 22 de junio de 20205.

Destacó que, de las pruebas del proceso, se evidencia que la UGPP radicó el
recurso de apelación a través de mensaje de datos enviado al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 21 de julio de 2021 a las 5:03 p. m, luego
remitió otros dos mensajes de datos con el mismo propósito a las 5:17 y a las
5:29 p. m.

De acuerdo con lo expuesto, advirtió que, en este segundo supuesto, el
recurso fue radicado por la UGPP el último día hábil y después de la hora de
cierre del despacho, por lo que se entiende radicado al día siguiente, 22 de
julio de 2021. Luego, fue extemporáneo el recurso.

Enfatizó en que no es cierto que el recurso se radicó solo tres minutos después
de fenecida la oportunidad, pues en ese momento, el ordenamiento jurídico
dispuso que el horario de trabajo de los despachos judiciales era hasta las
4:00 p. m., por lo que ni siquiera, aceptando que se radicó el último día del
plazo se tiene por oportuno el recurso, pues la radicación excedió el horario
límite fijado por la Ley.

Finalmente, manifestó que la acción de tutela no es un mecanismo para
subsanar las falencias en que incurrió la UGPP en el trámite del proceso
ordinario ni puede desconocer los principios de cosa juzgad, pues las
providencias acusadas quedaron en firme y no es posible que el juez de tutela
proceda con un nuevo estudio de la oportunidad del recurso solo por capricho
del actor.

5
ARTÍCULO 1º. Horario laboral: Establecer a partir del 1º de julio de 2020 y hasta que dure la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 am. a 12:00 del mediodía y de
1:00 pm. a 4:00 pm., en todos los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial en el
departamento del Valle del Cauca y San José del Palmar en el departamento del Chocó. Se exceptúan los juzgados
penales municipales con función de control de garantías que continuarán con el horario de turnos establecido por el
Consejo Seccional para la especialidad.

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Demandante: UGPP

4.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por conducto del magistrado
Jhon Erick Chaves Bravo, manifestó que la ponencia de sentencia que
presentó a la Sala de decisión fue derrotada por lo que el proceso pasó al
despacho del doctor Fernando Augusto García para dictar sentencia, por lo
que le trasladó la notificación de la sentencia para que se pronuncie si a bien
lo tiene.

Agregó que, en el auto del 26 de septiembre de 2022, su despacho explicó las
razones del rechazo del recurso de apelación y se remitió a ellas para explicar
por qué debe negarse la acción de tutela.

En todo caso, indicó que acogería lo que dispusiera el juez de tutela sobre el
asunto analizado.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

6
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
7
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
8
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
9
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6

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Demandante: UGPP

3. Planteamiento del problema jurídico

Por tratarse de una acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala debe
determinar, en primer lugar, si la petición de amparo supera el examen general de
procedibilidad, en especial, si se cumple con el presupuesto de la relevancia
constitucional.

Superado el anterior examen, se analizará si el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca incurrió en defecto sustantivo y en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto al proferir los autos del 26 de septiembre de 2022 y del 15 de agosto y 3
de octubre de 2024 en los que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación
propuesto por la UGPP contra la sentencia de primera instancia, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 76001-23-33-005-2014-00937-
00.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional. Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa
aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de
Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en
Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional
en la Sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para
determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la
relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales.
Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales” 10. Es necesario que el interesado exponga
de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial
amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la
demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión
cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda
abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia
decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

10
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R. Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo De Estado – Sección Primera.

7

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Demandante: UGPP

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera
una instancia adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional
al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió
la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son
iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural. En caso de
que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados
por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el
mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional.

4.2. Establecido lo anterior, la Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto
improcedente porque (i) se empleó como un mecanismo para prolongar la
discusión sobre la oportunidad del recurso de apelación con fundamento en el
mero desacuerdo de la UGPP con la selección e interpretación de las normas
pertinentes para resolver el asunto (cuestión meramente legal y carga argumentativa
insuficiente). Además, porque (ii) la UGPP reiteró el cargo de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto que ya había sido expuesto en el
recurso de súplica y descartado por el juez de la causa (instancia adicional) y
porque (iii) alegó que no se tuvieron en cuenta sentencias de tutela que sí
fueron consideradas por el tribunal accionado en el auto que resolvió el recurso
de súplica (coherencia entre motivación de la providencia y los cargos de la tutela).

4.3. El primer argumento que expuso la UGPP en el escrito de tutela fue la
concreción del defecto sustantivo porque el caso se resolvió en aplicación del
artículo 109 del Código General del Proceso (CGP), relativo a la presentación
y trámite de memoriales, y sin justificación dejó de lado las normas que sí
debían ser consideradas como lo eran los artículos 67 del Código Civil, y 59 y
60 de la Ley 4° de 1913, sobre los plazos establecidos en las leyes. En estas
últimas disposiciones se indica que los plazos legales de días, meses y horas
terminan a la media noche del último día del plazo.

Sin embargo, la UGPP no explicó por qué estimaba errado que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca analizara la oportunidad del recurso de
apelación al tenor del inciso cuarto del artículo 109 del CGP ni la razón por la
que considera que en el caso concreto prevalecen las otras normas citadas
(carga argumentativa insuficiente). Lo que se quiere significar es que la sola
indicación en el escrito de tutela de que debió aplicarse un marco normativo
diferente para resolver el asunto no da cuenta de un error en la providencia,
debe exponerse por qué fue errado aplicar la norma elegida por el juez natural
de la causa y cómo esa aplicación e interpretación normativa afectó los
derechos fundamentales de las partes del proceso.

No es admisible hacer primar la selección e interpretación de las normas
defendida por una de las partes del proceso sólo a partir de un criterio de
conveniencia y desestimar sin justificación el razonamiento que sobre el marco
jurídico aplicable hizo el juez competente y especializado.

Así pues, se tiene que la decisión de aplicar al caso concreto el artículo 109
del Código General del Proceso se encuentra debidamente motivada en las
providencias acusadas, mientras que, de otro lado, en el escrito de tutela tan
sólo se indicó que la norma aplicable era otra, pero el actor no expuso
razonablemente por qué su postura debía primar sobre la elegida por el juez
natural de la causa.

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Demandante: UGPP

Respecto de la norma a tener en cuenta para decidir la oportunidad del recurso
de apelación, en el auto del 26 de septiembre de 2022, se indicó:
«Ahora bien, tenemos que el artículo 109 del CGP, aplicable al presente asunto por remisión
expresa del artículo 306 del CPACA, dispone en relación con la presentación de memoriales
por medios electrónicos:
(…) Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán presentados
oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que vence el
término…” (Negrillas fuera del texto original)
Respecto a esta norma, el Consejo de Estado ha indicado:
“…En este orden, si bien en principio se formuló el tercer día hábil siguiente a la notificación de la
providencia impugnada, tal como se estimó preliminarmente en el proveído del 16 de octubre de 2019,
se advierte en esta providencia que el mensaje de correo electrónico a través del cual se allegó el escrito
correspondiente, fue recibido en la secretaría de esta sección una (1) hora y treinta y tres (33) minutos
después de su cierre al público, de modo que se entiende interpuesto fuera del plazo legalmente
establecido, según el artículo 109 de la Ley 1564 de 2012, que reza: «Los memoriales, incluidos los
mensajes de datos, se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del
despacho del día en que vence el término»
2.4 Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha explicado recientemente, que: «Si
bien la Ley 1437 de 2011 permite la utilización de ese medio para la presentación de escritos ante esta
jurisdicción, lo cierto es que nada dice respecto de la hora en que estos deben llegar para ser tenidos
como presentados en tiempo; por tal motivo y de conformidad con el artículo 306 del CPACA, se debe
acudir al artículo 109 del CGP (…)»11, norma de la que se desprenden, por interpretación
deductiva, las siguientes reglas: i) Los memoriales pueden presentarse por cualquier medio
idóneo, avalándose así los enviados por vía electrónica (o, más bien, los mensajes de datos);
ii) que el secretario debe llevar un control de los memoriales y de los mensajes recibidos,
consignándose fecha y hora de su recepción y iii) que los memoriales o mensajes de datos se
entenderán presentados oportunamente, siempre y cuando sean recibidos antes del cierre del
despacho del día en que vence el término, esto es, atendiendo a los horarios judiciales de los
despachos. (…) los recursos -y demás actos procesales- pueden presentarse por vía
electrónica, pero sin desconocer el horario de los despachos judiciales para su recepción,
respetándose así el requisito de la oportunidad.12 (…)» (Subraya la Sala)

La anterior postura fue acogida por la Sala que decidió el recurso de súplica
como quedó expuesto en la parte motiva del auto del 3 de octubre de 2024.
Además, en este último proveído el Tribunal accionado relacionó un aparte de
una providencia de la Corte Constitucional13 en la que se precisó la diferencia
entre el término para el cumplimiento de las obligaciones y los términos
judiciales. Veamos:
«“Para la Corte existe una diferencia entre el término para el cumplimiento de obligaciones y
los términos judiciales, de tal manera que mientras el plazo para cumplir con una obligación
se extingue a las doce (12) de la noche del último día, los términos judiciales fenecen una vez
concluida la hora de atención al público establecida por el Consejo Superior de la Judicatura.
(…) Al aplicar las normas anteriores al asunto de la referencia, la Sala Plena advierte que la
corrección de la demanda fue enviada al correo electrónico de la secretaría general de la Corte
Constitucional el 12 de abril de 2024, a las 5:04 p.m., es decir, posterior al cierre o una vez
concluido el horario legal establecido para la atención al público. Por consiguiente, para
efectos judiciales, se debe considerar que la solicitud fue radicada el 15 de abril de 2024,
resultando así extemporánea”».

Como se ve, la determinación en la aplicación del artículo 109 del CGP,
atendió a un criterio de especialidad, de remisión normativa e incluso a
argumentos de autoridad. Pero esta motivación se enfrenta en la acción de
tutela al mero desacuerdo de la UGPP, quien insiste en que era otra la norma
aplicable, pero no da cuenta de las razones que evidencien un error flagrante
en la aplicación normativa expuesta.

11
Consejo De Estado, Sección Tercera, Subsección A. Providencia del 29 de octubre de 2018, Exp. 85001-23-33-000-2014-
00159-03(60078), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12
Corte Constitucional. Sentencia C-012 del 23 de enero de 2002. Referencia: expediente D-3619. Demanda de
inconstitucionalidad contra los artículos 84 parcial y 373 parcial del Código de Procedimiento Civil, tal como fueron
modificados por los numerales 36 y 188 del artículo 1° del Decreto 2282 de 1989, respectivamente, y el artículo 142
parcial del Código Contencioso Administrativo. Actor: Ernesto De La Espriella Bárcenas. Magistrado Ponente: Dr. JAIME
ARAUJO RENTERIA.
13
Corte Constitucional. Auto A924 de 2024. M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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Luego, se advierte apenas una pretensión de hacer prevalecer su tesis
normativa con fundamento en un argumento de conveniencia que carece de
carga argumentativa suficiente para justificar la intervención del juez de tutela
en la competencia del juez natural de la causa, así como en el despliegue de
su independencia y autonomía para interpretar a aplicar las leyes para decidir
los asuntos puestos en su conocimiento.

De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la UGPP utiliza la acción de tutela
para perpetuar una discusión meramente legal, sin siquiera exponer una carga
argumentativa suficiente que permita ubicar el argumento en el defecto
sustantivo que invoca.

4.4. En línea con el defecto sustantivo, la entidad accionante indicó que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca otorgó un alcance errado a los Acuerdos
PCSJA20- 11567 del 5 de junio de 202014, CSJVAA20-43 del 22 de junio de
202015 y el PCSJA20-11581 de 27 de junio de 202016, pues estos no tenían
por propósito regular el horario de atención al público ni el de apertura y cierre
del despacho, sino de establecer la imposibilidad de acudir presencialmente a
las sedes judiciales como medida de protección de la salud de los funcionarios,
servidores y usuarios.

Para dar contexto al anterior alegato, se estima pertinente relacionar el análisis
que sobre los mencionados acuerdos hizo el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, en el auto del 3 de octubre de 2024. En primera medida, se observa
que la autoridad judicial tomó como antecedente jurisprudencial para resolver
el caso, la sentencia de tutela del 2 de febrero de 2023, en la que la Sección
Quinta del Consejo de Estado decidió un asunto similar dentro del proceso nro.
11001-03-15-000-2022-06550-00. Relacionó un aparte de la sentencia de tutela
de la que se concluyó que el Acuerdo CSJVAA20-43 de 22 de junio de 2020
reguló el horario laboral de los empleados y funcionarios (7:00 a 12:00 a. m. y de
1:00 a 4:00 pm), pero no así el de recepción de documentos por lo que no había
lugar a equipararlos. En esa acción de tutela se indicó que la decisión de
declarar extemporáneo el recurso porque se radicó a las 4:39 p.m. del último
día del plazo, había configurado un exceso ritual manifiesto.

Ya en el análisis del caso concreto, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca indicó lo siguiente:
«(…) procede la sala a revisar el contenido del acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020,
el cual, se encontraba vigente para la fecha de la presentación del recurso de apelación. Se
observa entonces, que a través de los artículos 1º y 2º se reguló el horario laboral y de atención
al público en las sedes judiciales del Valle del Cauca. Y en materia de horario laboral dispuso:
“(…) Establecer a partir del 1º de julio de 2020 y hasta que dure la emergencia sanitaria por
causa del Coronavirus COVID-19, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 am. a
12:00 del medio día y de 1:00 pm. a 4:00 pm. (…)”.
De la lectura no se avizora que el Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca
hiciera referencia alguna respecto al horario para radicar recursos en las distintas sedes
judiciales del Valle del Cauca, pues el objetivo principal del acuerdo fue “adoptar las medidas
necesarias para la prevención de la propagación y contagio del virus Covid-19 en el desarrollo
de las labores judiciales presenciales”.

14
“Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras disposiciones
por motivos de salubridad pública y fuerza mayor”.
Artículo 1. Horario laboral: Establecer a partir del 1º de julio de 2020 y hasta que dure la emergencia sanitaria por causa
del Coronavirus COVID-19, el horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 am. a 12:00 del mediodía y de 1:00 pm.
a 4:00 pm., en todos los despachos judiciales y dependencias administrativas de la Rama Judicial en el Departamento
del Valle del Cauca y San José del Palmar en el Departamento del Chocó.
15
“Por medio del cual se adoptan medidas para los despachos judiciales y dependencias administrativas en el departamento
del Valle del Cauca y San José del Palmar en el departamento del Chocó, en los términos del Acuerdo PCSJA20-11567
de 2020, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, durante la emergencia sanitaria por causa del coronavirus
COVID-19.”
16
“Por el cual se dictan disposiciones especiales sobre el levantamiento de términos previsto en el Acuerdo PCSJA20-
11567 de 2020”.

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Sin embargo, sobre la presentación de los recursos el artículo 109 del Código General del
Proceso dispone que, “(…) Los memoriales, incluidos los mensajes de datos, se entenderán
presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día en que
vence el término”.
En consecuencia, y dada la ausencia de regulación del acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de junio
de 2020 respecto al cierre de los despachos, el Magistrado Ponente consideró la aplicación
del horario establecido en el acuerdo No. PSAA07-4126 DE 2007; el cual, fijó como horario
judicial los días “lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.”. Situación
que también, conllevaba a una presentación extemporánea del recurso.»

De acuerdo con lo anterior, en el auto acusado se expuso, citando el aparte
correspondiente del Acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020, que este
reguló el horario de trabajo de los servidores judiciales, en el contexto de la
emergencia sanitaria por causa del Covid-19, en una jornada que iba de lunes
a viernes de 7:00 a 12:00 a. m. y de 1:00 a 4:00 p. m., pero aceptó que en este
acto administrativo no se reguló el horario de recepción de memoriales por lo
que no había lugar a equipararlo a la nueva jornada laboral. Por ello, entendió
que era más favorable aplicar, para los efectos del análisis de la oportunidad
de la acción, el horario establecido en el Acuerdo PSAA07-4126 de 2007 que
consagraba una jornada que iba hasta las 5:00 p. m.

Sin embargo, aun así la conclusión seguía siendo la extemporaneidad de la
acción, dado que el memorial contentivo del recurso se radicó en el último día
del vencimiento del plazo a las 5:03 p. m.

Se tiene que este cargo de la acción de tutela tan solo evidencia la expresión
de desacuerdo con el análisis que hizo el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca respecto del Acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de junio de 2020, pues la
indicación que hizo el tribunal de que el acto administrativo reguló la jornada
laboral de los funcionarios judicial pero no la recepción de los memoriales
conllevó a que no se tuviera en consideración el horario hasta las 4:00 p. m.
para establecer la oportunidad del recurso, sino una regulación más favorable.

Entonces, esta Sala no observa que los cargos de la actora en relación con la
interpretación del mencionado acuerdo se acompasen con el contenido del
auto que decidió la súplica. Tampoco se observa una argumentación suficiente
tendiente a evidenciar un error en el análisis normativo del juez de la causa ni
la trascendencia del argumento en la decisión del caso, debido a que el análisis
de la oportunidad del recurso finalmente se realizó en aplicación del Acuerdo
PSAA07-4126 de 2007 que consagraba una jornada que iba hasta las 5:00 p.
m. Así las cosas, este cargo tampoco supera el requisito de relevancia
constitucional.

4.5. Relativo a la concreción de un defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto debido a que se aplicaron con demasiada rigurosidad las normas
procesales afectando así el derecho de acceso a la administración de justicia
de la UGPP, esta Sala observa que este alegato ya había sido expuesto en el
recurso de súplica por la entidad accionante y fue analizado y descartado por
el juez natural de la causa en el auto del 3 de octubre de 2024, así:
«En consecuencia, y dada la ausencia de regulación del acuerdo CSJVAA20-43 del 22 de
junio de 2020 respecto al cierre de los despachos, el Magistrado Ponente consideró la
aplicación del horario establecido en el acuerdo No. PSAA07-4126 DE 20073; el cual, fijó como
horario judicial los días “lunes a viernes, de 8:00 a. m a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.”.
Situación que también, conllevaba a una presentación extemporánea del recurso.
Al margen de lo anterior, la Sala considera que la postura del juez natural resulta garantista
respecto al derecho al acceso a la administración de justicia del apelante; pues, el presente
caso se estudió en pro de la norma más favorable para el apelante; sin que esto implique la
posibilidad de transgredir el horario establecido para la recepción de comunicaciones
procesales (…)

11

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Así las cosas, no encuentra la Sala motivos para reponer la decisión contenida en el auto
interlocutorio del 26 de septiembre de 2022, pues el rechazo se basó en el cumplimiento de
las reglas claramente establecidas y comunicadas a la entidad demandada sobre el plazo con
el que contaba para corregir la presentación del recurso, sin que a su turno hubiese
demostrado alguna circunstancia realmente excepcional que justificase el retardo en la
presentación del memorial.» (subraya la Sala)

Como se observa, el tribunal desestimó el alegato que sugería una aplicación
rigurosa de los Acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura y destacó que
en el caso concreto se optó por una aplicación garantista de los acuerdos, de
manera que se aplicó el que establecía la jornada de trabajo hasta las 5:00 p.
m., pero aun así persistía la decisión de extemporaneidad, dado que el recurso
fue radicado a las 5:03 p. m. También advirtió que no se podía desconocer el
hecho de que existía un horario para la recepción de los memoriales y en su
caso se aplicó el que era más favorable, por lo que descartó la concreción de
un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que insistir en la acción de tutela sobre la
concreción del cargo aunque fue estudiado en el curso del proceso ordinario,
implica tomar el mecanismo judicial como un escenario adicional para
perpetuar la discusión jurídica que fue clausurada por el juez de instancia, solo
para obtener una decisión favorable a sus intereses, lo cual es contrario a la
naturaleza residual de la acción de tutela.

4.6. A ese respecto, conviene recordar que la jurisprudencia constitucional ha dicho
que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un
análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y
la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su
naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo

4.7. De otro lado, el actor solicitó que se tuviera en cuenta como antecedente17
para resolver este caso, las sentencias proferidas por la Sección Quinta y
Sección Primera del Consejo de Estado en la acción de tutela nro. 11001-03-
15-0002022-06550-00/02, pero sin indicar cuál fue la regla que debía ser
extendida al caso concreto en razón a su pertinencia. La UGPP se limitó a
mencionar las sentencias de tutela.

Esta omisión en la fundamentación del cargo daría cuenta por sí sola de su
falta de relevancia constitucional ante la insuficiencia en la carga
argumentativa. No obstante, al consultar el auto que resolvió el recurso de
súplica se advierte que el Tribunal acusado sí tomó en consideración el
proceso constitucional nro. 11001-03-15-0002022-06550-00/02, sin que se
advierta contradicción entre su contenido y la motivación expuesta por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el auto acusado.

A ese respecto conviene recordar, que en el acápite cuarto del auto del 3 de
octubre de 2014, relativo al marco jurídico, el tribunal accionado expuso:

17
Corte constitucional. Sentencia T-102 de 2014. «El antecedente se refiere a una decisión de una controversia anterior a
la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es
que contiene algunos puntos de Derecho (e.g. conceptos, interpretaciones de preceptos legales, etc.) que guían al juez
para resolver el caso objeto de estudio.»

12

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«El artículo 203 de la Ley 1437 de 2011 consagra que: “las sentencias se notificarán,
dentro de los tres (3) días siguientes a su fecha, mediante envío de su texto a través de
mensaje al buzón electrónico para notificaciones judiciales”. Así lo definió la Sección
Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 02 de febrero de 2023 18 [Rad.
2022-06550-00]. Por su relevancia para la decisión final se transcriben los apartes más
relevantes:
“(...) 5.1. Defecto sustantivo por indebida aplicación del artículo 109 del Código General del
Proceso, del Acuerdo PCSJA20-11581 de 27 de junio de 2020 expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura y por falta de aplicación de los artículos 67 del Código Civil y 59
y 60 de la Ley 13 de 1913:
(…) En este caso, la controversia no gira en torno al día en el cual venció el plazo para presentar
el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia en el proceso ordinario objeto de tutela,
sino en el límite de horario para tal efecto; o sea, conforme lo precisó el tribunal accionado, el 6
de julio de 2020 vencía el término para que las partes apelaran la sentencia, aspecto sobre el
cual no existe cuestionamiento.
La vulneración al debido proceso se sustentó en la interpretación y aplicación del Acuerdo No.
CSJVAA20-43 de 22 de junio de 2020, pues, en sentir de la actora, el juez natural entendió que
como dicho acto estableció el horario laboral de empleados judiciales del Valle del Cauca hasta
las 4:00 p.m., los memoriales y recursos debían radicarse por tarde a esa hora en cumplimiento
del artículo 109 del Código General del Proceso que se encuentra debidamente transcrito en la
cita anterior, y que hace referencia a que “(…) Los memoriales, incluidos los mensajes de datos,
se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del cierre del despacho del día
en que vence el término (…).
(…) Al margen de lo anterior, lo cierto es que en estricto sentido el acuerdo aplicado por el tribunal
demandado no reguló el horario límite para presentar memoriales y recursos, pues se insiste, su
objetivo era establecer las pautas para la prestación del servicio a la administración de justicia
dando prevalencia a la contención del virus, ante la reanudación de términos dispuesta por el
Acuerdo PCSJA20-11567 de 2020, razón por la cual la interpretación del juez natural en torno a
que el límite de horario laboral también se predica para el horario de presentación de escritos en
los procesos judiciales es restrictiva y limita el acceso a la administración de justicia de la
tutelante.”
De acuerdo con el pasaje jurisprudencial en cita los acuerdos proferidos por el Consejo
Superior de la Judicatura regulan lo relativo al horario laboral de los empleados y
funcionarios. Horario que no puede predicarse idéntico para lo relativo a la presentación
de escritos en los procesos judiciales.
En dicho caso, el Consejo de Estado consideró restrictiva la postura del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, por cuanto, si bien el recurso fue interpuesto por
fuera del horario laboral fijado en el Acuerdo No. CSJVAA20-43 de 22 de junio de 2020,
aún se encontraba dentro del horario contemplado Acuerdo No. PSAA07-4126 de 2007.
Situación que llevó a concluir a la Sección Quinta del Consejo de Estado que en dicho
caso se había configurado un exceso de ritual manifiesto. En consecuencia, se
procederá a analizar las situaciones jurídicas y fácticas del caso objeto de estudio, a fin
de determinar si en el presente caso se incurrió en un defectos sustantivo y
procedimental»

Como se ve, el tribunal accionado sí tomó en consideración la sentencia de
tutela dictada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y que fue
confirmada en segunda instancia por la Sección Primera en las que se
concluyó que al declarar la extemporaneidad del recurso interpuesto el último
día del plazo a las 4:36 p.m., se aplicó con excesivo rigor el Acuerdo
CSJVAA20-43 22 de junio de 2020, porque, para la época en que se radicó el
recurso, no existía regulación específica del Consejo Superior de la Judicatura
respecto del horario de cierre de la atención virtual de los despachos ni en
relación con el horario de radicación de memoriales a través de mensajes de
datos.

La solución que plantearon los jueces de tutela en ese escenario de falta de
regulación fue el siguiente:
«Por consiguiente, ante la falta de regulación y modificación expresa sobre el horario de
atención al público o el horario de cierre del despacho, en estricto sentido, y comoquiera que
la variación de horario se hizo para flexibilizar la jornada laboral de los empleados judiciales

18
«CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA. Magistrado Ponente:
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO Bogotá D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN
DE TUTELA Radicación No: 11001-03-15-000-2022-06550-00.» (Subraya la Sala)

13

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con el fin de contener el contagio del virus Covid-19, el juez natural debió optar por una
interpretación más garantista y acorde con la realidad jurídica del caso, en el sentido de aplicar
el acuerdo o la normativa que han regulado el horario de cierre de los despachos dentro de la
normalidad».

La anterior opción fue la que precisamente adoptó el tribunal accionado al
indicar que, aun aplicando el Acuerdo PSAA07-4126 DE 2007, persistía la
extemporaneidad, por lo que, es claro que no existe fundamento para alegar
que se haya desconocido este antecedente, sino todo lo contrario. Luego, el
cargo expuesto no supera el requisito de relevancia constitucional en tanto que
su fundamentación no se acompasa con el contenido del auto que resolvió la
súplica, el cual da cuenta de que para decidir el caso particular la autoridad
accionada sí tomó en consideración las sentencias de tutela invocadas por la
UGPP.
4.8. Así las cosas, la Sala observa que las conclusiones a las que arribaron las
autoridades judiciales fueron consecuencia de un análisis motivado del marco
jurídico que estimó pertinente, a partir de los cuales se concluyó la
extemporaneidad del recurso de apelación propuesto por la UGPP contra la
sentencia del 17 de junio de 2021. Asunto diferente es que la parte actora, no
comparta la aplicación e interpretación de las normas procesales realizada por
las autoridades judiciales en el caso particular y pretenda obtener del juez
constitucional una decisión favorable a sus pretensiones.
Además de lo expuesto, esta Sala advierte que la entidad accionante
fundamentó la presunta vulneración de sus derechos fundamentales en un
debate de índole estrictamente legal que ya fue objeto de análisis dentro del
proceso ordinario y decidido por los jueces competentes. En consecuencia, no
corresponde al juez constitucional emitir un pronunciamiento adicional sobre
el asunto, pues ello supondría una injerencia en la autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría la acción de tutela, transformándola en una instancia
de revisión extraordinaria ajena a su naturaleza subsidiaria y residual.
Es por todo lo anterior por lo que la acción de tutela no supera el requisito de
relevancia constitucional en tanto la argumentación expuesta no pretende
advertir la concreción de un error en la ratio de las providencias judiciales que
afecte el derecho al debido proceso y a la igualdad de la parte actora, sino
retomar el debate jurídico para imponer una tesis de interpretación normativa
acorde con sus intereses litigiosos, aunque sus argumentos fueron
descartados de manera motivada en el curso del proceso sub examine.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción en razón a
que los argumentos que la sustentan carecen de carga argumentativa suficiente que
evidencie un escenario de vulneración de derechos fundamentales o son una
reiteración de los que habían sido ya ventilados por la ejecutante en el recurso del
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social, dados los motivos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00789-00
Demandante: UGPP

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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