RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00793-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00793-00

Fecha
26 de marzo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00793-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia invocados por el señor Diego Contreras Fernández, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00793-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

26 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-00793-001
Demandante : Diego Contreras Fernández
Demandado : Tribunal Administrativo del Atlántico - despacho 004
Acción : Tutela
Derecho : Debido proceso y acceso a la administración de justicia
Decisión : Niega

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela incoada por
Diego Contreras Fernández contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – despacho
004, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por el tutelante
frente a la vulneración alegada, luego revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

Diego Contreras Fernández, quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el
presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico – despacho 004.

Por consiguiente, solicitó:

1
Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

«[…] ordenar a la accionada, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo
que ampare los derechos, notifique la decisión donde resuelva la etapa procesal
subsiguiente, en el sentido de si admite o no el recurso de apelación dentro del proceso
[radicado 08001-33333-004-2022-00013-02]»

1.3. Hechos2

Relata la parte actora que, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el propósito
de obtener el reconocimiento de la prima especial como factor salarial.

Que, el proceso correspondió por reparto al Juzgado 4 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Barranquilla con radicado 08-001-33-33-004-2022-00013-00.

Que, la titular del despacho judicial se declaró impedida para asumir su conocimiento,
por tener un interés directo en las resultas del proceso, pues al ser funcionaria de la Rama
Judicial también era destinataria de la prima de servicios de qué trata el proceso.

Que, el 11 de agosto de 2023, el juez ad hoc designado emitió sentencia a favor del
accionante y la decisión fue apelada por la parte demandada en el proceso.

Que, mediante auto del 29 de septiembre de 2023 se remitió el recurso de apelación al
Tribunal Administrativo de Atlántico, correspondiéndole por reparto al despacho 004,
magistrada Lilia Álvarez Quiroz.

Que, el 26 de enero de 2024 la titular del despacho judicial se declaró impedida para
asumir su conocimiento, por tener un interés directo en las resultas del proceso, al ser
destinataria de la prima especial de servicios de qué trata el Decreto 383 del 2013, sobre
la que versa la demanda

Que, el 23 de enero, 14 de febrero, 7 de marzo y 11 de agosto de 2024 elevó solicitudes
de impulso procesal, pero que, a la fecha de presentación de la acción de tutela aún no
ha obtenido respuesta.

Que, la autoridad accionada incurrió en mora judicial injustificada al trasgredir las normas
procesales en un claro incumplimiento de los términos legales, pues lleva dos (2) años

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2, PDF 2.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

sin que se adopte decisión alguna.

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 28 de febrero de 20253, se admitió la presente acción de tutela. En
dicha decisión se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Atlántico, y vincular al
Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barranquilla y a la Nación –
Rama Judicial.

2.1. Contestaciones de la acción

2.1.1. El Juzgado Cuarto (4°) Oral Administrativo de Barranquilla4 se limitó a remitir
el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
08-001-33-33-004-2022-00013-00, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

2.1.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico – Despacho 0045 solicitó que se
declare la carencia actual del objeto por hecho superado, por las siguientes razones:

Diego Contreras Fernández presentó proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial con radicado 08-001-33-33-004-2022-00013-02, con pretensión de
reconocimiento y pago de la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación
de sus acreencias y prestaciones sociales.

Que, varios de los Magistrados del Tribunal Administrativo del Atlántico, entre ellos, la
titular del despacho 04, se encuentran impedidos para conocer “los procesos tendientes
a obtener similares resultados que se adelantan contra la Rama Judicial y otras entidades
con régimen jurídico salarial y prestacional”

Hizo alusión a una serie de eventos que se presentaron y que, de una u otra manera,
considera que han ocasionado que los tiempos procesales se superen, como el trámite
promovido por el despacho 01 de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico a la solicitud de redistribución de procesos elevada por el

3
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 04.
4
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 16
5
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 22
3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

magistrado titular del Despacho 002 del Tribunal Administrativo del Atlántico, la cual, fue
presentada el 17 de julio de 2024 y no se resolvió sino hasta el 20 de noviembre de ese
mismo año.

Que, en dicha actuación se estudió la posibilidad de redistribuir los procesos en que
fungiera como demandado la Rama Judicial frente a pretensiones de carácter salarial y
prestacional comunes a todos los funcionarios y empleados de esta, a efectos de
redistribuirlos al Despacho 002 del Tribunal Administrativo del Atlántico. Con ese
propósito, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico
mediante oficio CSJATO24-5199-4 del 19 de septiembre de 2024, requirió a los
despachos de dicha corporación, a fin de que, rindieran un nuevo informe detallado del
número de procesos que a la fecha se estuvieran tramitando con dichas características,
aspecto que, solo fue definido en el mes de enero de 2025. En dicho interregno no se
profirió actuación, debido al trámite pendiente.

Es de mencionar que, en el despacho se efectuó un inventario con corte a diciembre de
2023, en el que, se pudo advertir que la carga de procesos ordinarios en primera y
segunda es superior a los 346 procesos, número que tiende a subir, teniendo en cuenta
que, el reparto no suspende.

Que, en el trimestre del año 2024, se sustanciaron 90 salidas efectivas, por sentencias
constitucionales 15 y ordinarios 75, sin incluir otras decisiones interlocutorias como lo son
los autos admisorios, los que resuelven medidas cautelares, los proferidos en el trámite
de incidentes de desacatos y/o grados de consulta etc., y a su vez que, se relacionan
proyectos que se encuentran en discusión por parte de la Sala de Decisión o surtiendo el
trámite de firma digital y/o notificación.

Aduce que, en el presente asunto el juez constitucional carece de objeto actual, pues si
bien no se ha proferido fallo de segunda instancia, con la expedición del auto de 25 de
febrero de 2025, comunicado por estado del 26 de febrero siguiente , la suscrita
magistrada del Despacho 04 se declaró impedida para conocer de la demanda
contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el señor Diego
Contreras en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y ordenó remitir el expediente a la magistrada de la Sala “A” que le sigue en turno,
según orden alfabético, para que, procediera a pronunciarse sobre el impedimento
manifestado en dicha providencia.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

Que, con los anteriores argumentos se demuestra que, la autoridad demandada ha
realizado las acciones necesarias para eliminar la vulneración de los presuntos derechos
fundamentales.

2.1.3. La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
no se pronunció en la acción de tutela, pese a haber sido notificada.

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.

3.2. Problema jurídico

Le corresponde a esta Subsección determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico
ha vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia del accionante, al haber incurrido en una presunta mora judicial
en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 08001-
33333-004-2022-00013-02.

3.3. La acción

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.

El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho 6

3.4. La acción de tutela frente a la mora judicial

El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad de
toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus prerrogativas.

Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en funcionamiento
el aparato jurisdiccional del Estado, sino también, a la de recibir una pronta solución al
conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las medidas
coercitivas previstas en el sistema normativo.

Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro los términos fijados en
las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un «fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de
acceso a la administración de justicia, y que se presenta como resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución de los procesos […]»7.

No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.

Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional8 ha indicado
que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los
procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial.

6
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
7
Corte Constitucional, sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
8
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

Sin embargo, cuando se evidencia que la tardanza no concierne a cuestiones
relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos
que se conocen, la acción de tutela es procedente para proteger el derecho fundamental
de acceso a la administración de justicia.

3.5. Acceso a la administración de justicia

La justicia, en el ordenamiento jurídico colombiano, posee una triple entidad como valor,
principio y derecho, cada una de ellas tiene una faceta teleológica diferenciada, es decir,
su finalidad es distinta dependiendo del enfoque usado para interpretarlo, en particular,
cuando se trata del acceso a la justicia como derecho, considerando que esta es una
garantía en doble sentido que obliga y limita al Estado.

Lo obliga, por cuanto establece el deber de fijar una estructura institucional que le permita
a los asociados dirimir los conflictos que se generen, así pues, someter a juicio de un
tercero imparcial bajo reglas de juego claras y con la posibilidad de controvertir el
resultado, siendo parte de la esencia de los Estados democráticos modernos.

Ahora, el límite impuesto radica en que, el Estado debe abstenerse de impedir el acceso
a la justicia por los particulares, sea imponiendo obstáculos formales o materiales, de
modo que hagan imposible para cualquier persona obtener justicia frente a sus conflictos,
esto puede ser por ejemplo imponer costos al ejercicio judicial, o requisitos formales
inflexibles y discordantes con la realidad material de la sociedad.

En esos términos, la Corte Constitucional ha identificado que:

«En efecto, la obligación de garantía respecto del derecho de acceso a la justicia se refiere al
deber que tiene el Estado de hacer todo lo que esté a su alcance para el correcto
funcionamiento de la administración de justicia. Es decir, se trata de lograr el buen gobierno
de la función y la provisión de infraestructura para que los jueces puedan ejercer su importante
labor. Entonces, la realización de dicho derecho no se limita a la posibilidad que debe tener
cualquier persona de plantear sus pretensiones ante las respectivas instancias judiciales, sino
que se trata de una garantía que se extiende a dotar de infraestructura a las juezas y jueces
para que puedan acceder al ejercicio de administrar justicia y de esta forma garantizar la
eficiente prestación de este servicio público».9

9
Sentencia T-421-18, M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

Debe entonces el Estado proveer todas las garantías para que, cualquier persona,
ciudadano o no, pueda acceder a la justicia, es decir, pueda ejercer los mecanismos
jurídicos para la defensa de sus intereses, cualquiera que estos sean.

Por tanto, para establecer la prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora
judicial, se deben analizar las particularidades de cada caso concreto con el fin de
determinar si el retardo es justificado o no.

3.6. Caso concreto

El accionante considera vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a
la administración de justicia por el Tribunal Administrativo del Atlántico por la mora en
revolver el recurso de apelación que interpuso en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 08001-33-33-004-2022-00013-00 promovido contra la Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Al respecto, se observa que, el 27 de enero de 202210 el accionante instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial (expediente 08-
001-33-33-004-2022-00013-00), pretendiendo el reconocimiento de la bonificación judicial
como factor salarial para la liquidación de sus acreencias y prestaciones sociales.

Asimismo, que, las referidas diligencias ordinarias fueron asignadas por reparto el 7 de
febrero de 2022 al Juzgado 4 Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y la titular
del despacho expresó su impedimento para asumir el conocimiento, por tener un interés
directo en las resultas del proceso por tratarse del Decreto 383 de 2013.

De igual forma, que dicho despacho, a través del juez ad hoc designado para su
conocimiento, profirió sentencia de fecha 11 de agosto de 2023 en la que accedió a las
pretensiones de la demanda; providencia que, fue objeto del recurso de apelación por
parte del extremo pasivo. Razón por la cual, a través de auto del 29 de septiembre de
2023 concedió el recurso de apelación interpuesto.

Que, el 23 de noviembre de 2023, se efectuó el reparto del proceso, correspondiéndole
conocer del asunto a la Magistrada del Despacho 004 del Tribunal Administrativo del

10
Aplicativo Samai, índice 00001.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

Atlántico, quien, mediante auto del 25 de febrero de 2025, se declaró impedida para
conocer de la demanda y ordenó remitirla a quien le sigue en turno, para que decidiera
del mismo.

De acuerdo con la relación probatoria realizada, se tiene que, el 27 de enero de 2021 el
actor instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la cual le fue asignado el
radicado 08-001-33-33-004 2022-00013-02; sin embargo, desde ese momento hasta la
fecha de presentación de la solicitud de amparo han transcurrido dos años y no se ha
resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, por
lo que, solicita que, se ordene a la autoridad judicial accionada impartirle el trámite
correspondiente, consiste en que se dicte sentencia de segunda instancia.

Ahora bien, en el curso de la acción de tutela, la titular del despacho 004 del Tribunal
Administrativo del Atlántico, sostuvo que «[…] parte de los magistrados del Tribunal
Administrativo del Atlántico, entre ellos la suscrita, nos encontramos impedidos para
conocer los procesos tendientes a obtener similares pretensiones a las del señor Diego
Contreras Fernández, ya que al igual que él, han iniciado trámites tanto en sede
administrativa como en sede judicial tendientes a obtener ese mismo».

Indicó que, en el curso del proceso se han presentado circunstancias que, de una u otra
forma, han ocasionado que los tiempos procesales del caso en particular se superen,
tales como, el trámite promovido por el Despacho 01 de la Sala Administrativa del
Consejo Seccional Judicatura del Atlántico a la solicitud de redistribución de procesos,
elevada por el magistrado titular del Despacho 002 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, el cual, fue presentado el 17 de julio de 2024 y no se resolvió sino hasta el 20
de noviembre de ese mismo año.

Que, en esa actuación «se estudió la posibilidad de redistribuir los procesos en que
fungiera como demandado la Rama Judicial frente a pretensiones de carácter salarial y
prestacional comunes a todos los funcionarios y empleados de la mencionada Rama del
Poder público, a efectos redistribuirlos al Despacho 002 del Tribunal Administrativo del
Atlántico, con ese propósito, la Sala Administrativa Consejo Seccional Judicatura -
Atlántico – Barranquilla mediante oficio CSJATO24-5199-4 de 19 de septiembre de 2024,
requirió a los Despacho del Tribunal, a fin de que rindieran un nuevo informe detallado
del número de procesos que a la fecha se estuvieran tramitando en el despacho con
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

dichas características, aspecto que, solo fue definido en el mes de enero de 2025, cuando
se resolvió la improcedencia de dicha redistribución, así las cosas, en dicho interregno
de tiempo no se profirió actuación debido a encontrarse pendiente dicho trámite».

Con base en lo expuesto, se aprecia que, aunque han trascurrido más de 2 años para
decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento con
radicado 08001-33-33-004-2022-00013-00, la autoridad judicial accionada demostró que
ha desplegado las actuaciones necesarias para impartirle el respectivo trámite; sin
embargo, no ha sido posible, teniendo en cuenta que, en el asunto sujeto a examen, esto
es, la bonificación judicial como factor salarial, se declaró impedimento, por tener un
interés directo y, a pesar de la designación de diversos jueces ad hoc, por diferentes
circunstancias (no aceptación, renuncia e impedimento), no se ha definido lo pertinente.

Sobre el particular, se advierte que, el aparato jurisdiccional colombiano padece de
problemas estructurales, como consecuencia, en gran medida, de un excesivo volumen
de trabajo que imposibilita que los procesos de su conocimiento se adelanten en estricto
acatamiento de los plazos previstos en las normas legales11, como ocurre en el presente
caso, en el que, precisamente, para brindar solución a las demandas relacionadas con
las prestaciones salariales de empleados de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la
Judicatura mediante Oficio CSJATO24-5199-4 de 19 de septiembre de 2024, requirió a los
despachos del Tribunal, a fin de que, rindieran un nuevo informe detallado del número de
procesos que a la fecha se estuvieran tramitando con dichas características, aspecto que,
solo fue definido en el mes de enero de 2025, cuando se resolvió la improcedencia de
dicha redistribución, así las cosas, en dicho interregno no se profirió actuación debido a
encontrarse pendiente dicho trámite.

En suma, en el asunto se han desplegado las actuaciones necesarias para impartirle
impulso al proceso, pero con ocasión de los impedimentos manifestados no se ha definido
lo pertinente, lo que, ha ocasionado el retardo alegado por el tutelante.

Así las cosas, y comoquiera que la mora judicial materia de controversia no es
injustificada, por cuanto el hecho que no se haya decidido aún sobre el recurso de
apelación interpuesto contra la decisión de primera instancia, no involucra negligencia,

11
Corte Constitucional, sentencia T-230 de 2013, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-00793-00
Demandante: Diego Contreras Fernández.
Demandado: Tribunal Administrativo del Atlántico*

requisito necesario para que prospere el amparo constitucional en eventos en los que, se
discute el incumplimiento de los términos procesales por parte de las autoridades
jurisdiccionales. De manera que, no se observa quebranto de derecho fundamental
alguno, situación que impone negar el amparo deprecado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia invocados por el señor Diego Contreras Fernández,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

(Firmado electrónicamente)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.