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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00808-01

Fecha
19 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00808-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 8 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00808-01 Accionante: Gustavo Adolfo Atehortúa García Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia) SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00808-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

19 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00808-01
Accionante: Gustavo Adolfo Atehortúa García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – CONFIRMA /
Improcedencia – carga argumentativa - instancia adicional.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 13 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Quinta, mediante la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 13 de febrero de 2025, el señor Gustavo Adolfo Atehortúa García presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, con
el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,
defensa y contradicción, así como el principio de legalidad. Consideró que dichas
prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de 11 de septiembre de
20241, dictado al interior del proceso de reparación directa2 que promovió junto con
otros3 contra el municipio de Envigado, cuyo propósito era que se le declarara
responsable por el accidente sufrido por la menor Isabella Atehortúa Jiménez, en
hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2004, al caer a la quebrada la Ayurá por no
haber ningún tipo de baranda o malla protectora que lo evitara.

2.El Tribunal Administrativo de Antioquia mediante sentencia de 2 de noviembre de
2016 condenó al municipio de Envigado al pago del 50% del valor de la condena por
encontrar acreditada una concurrencia de culpas; pues, por una parte, existió una
omisión de los padres que permitieron que la menor jugara sin vigilancia a las afueras
del edificio y, por otra parte, la falta de un cerramiento o señalización por parte del
municipio de Envigado.

1 Notificada el 4 de octubre de 2024.
2 Radicado 050012331000200600274 01.
3 Losotros demandantes fueron: Isabella Atehortúa Jiménez, Liliana María Jiménez, Sebastián Atehortúa
Jiménez, María Amparo García Correa y Celina Uribe Ortega.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00808-01
Accionante: Gustavo Adolfo Atehortúa García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.
El Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B revocó la decisión de
primera instancia mediante sentencia de 11 de septiembre de 2024, para, en su
lugar, negar las pretensiones. Consideró que el municipio de Envigado no fue el
causante ni contribuyó a la causación del daño, porque estaba probado que el mismo
no se produjo por acciones u omisiones que le fueran imputables. No estaba
acreditado que la entidad territorial tuviera la obligación de construir mallas o
cerramientos de contención en la canaleta de una quebrada y tampoco que el
sendero o acera construido por la entidad requiriera las especificaciones técnicas
que el perito topógrafo señaló. Concluyó que en ese caso los riesgos eran imputables
a los adultos que permitieron que la menor frecuentara la zona sin su compañía.
Agregó que el Estado no es garante de la seguridad de todas las personas, ni obra
como asegurador universal de forma tal que pueda imputársele responsabilidad por
cualquier daño.

4.El actor indicó que en la sentencia cuestionada se incurrió en un defecto
sustantivo por el desconocimiento del marco legal aplicable, esto es, lo preceptuado
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el 167 del CGP, el 2 de la Constitución
Política de Colombia y el 1.1 de la Ley 16 de 1972.

5. Por otra parte, hizo alusión a un presunto defecto fáctico, por cuanto existió una
indebida valoración de la prueba. Afirmó que el fallador de segunda instancia no
valoró los siguientes documentos: (i) la escritura pública 297 del 18 de marzo de
1999; (ii) el certificado de tradición de la Unidad “Otraparte” y; (iii) la respuesta al
exhorto 114 remitido por la Alcaldía Municipal de Envigado.

6. Manifestó que esos elementos de prueba acreditaban que el municipio de
Envigado era propietario del terreno donde ocurrió el accidente, desde el 8 de abril
de 1992; que dicho conjunto residencial y todo lo que lo compone fue construido en
1994; y, que fue el alcalde del municipio el que llevó a las familias a que habitaran
dicho lugar y quien creó las condiciones para que las personas estuvieran ocupando
dicha unidad habitacional, sin advertencia de defecto constructivo alguno. Agregó
que la compra del apartamento por los demandantes se dio bajo el convencimiento
que cumplía con los lineamientos técnicos para la habitabilidad.

7. Adicionó que la entidad demandada como constructora del andén donde ocurrió
el accidente de la menor debió construirlo de forma adecuada o advertir a los
ocupantes del conjunto residencial bien al momento de la venta o a través de
señalización, que los senderos no eran aptos para uso de elementos móviles
rodantes por los riesgos que la falta de peralte suponía y por la cercanía de la
quebrada, pues ello hubiese trasladado la responsabilidad por el uso de ese espacio
a los habitantes. Pero como aquello no ocurrió, según el dicho de los testigos, varios
niños habitantes de la unidad estuvieron haciendo uso del andén en sus bicicletas,
sin que el peligro fuese previsible para sus padres.

8. Aunado a lo anterior señaló que:

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(i). El argumento de que no era cierto que la ausencia de señalización hubiera
contribuido a la causación del daño, resultaba ridiculizante.

(ii). La afirmación de que en el expediente no estaba demostrada la obligación de
la demandada de construir una malla alrededor o sobre el canal y la justificación de
la inobservancia de los requerimientos constructivos bajo la suposición de que el uso
sería solo peatonal, instaló el análisis de la sentencia en el campo de la especulación.

(iii). Lo evidenciado por el perito respecto a que el ente territorial no respetó la
distancia de retiro de la quebrada en la construcción de la unidad residencial fue una
información llevada “a menos” en la sentencia demandada.

(iv). El fallador se centró en los elementos orientados a soportar la responsabilidad
de los padres y restó valor a aspectos de relevancia que incidieron de forma
determinante en el hecho dañino.

(v). Así los padres hubiesen estado cerca de la menor, frente a los defectos
constructivos del andén y el tiempo de percepción y reacción presente en cualquier
respuesta humana imprevista, no se les hubiese posibilitado modificar el resultado.

B. Sentencia de primera instancia

9.
En fallo de 13 de marzo de 2025, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente el amparo, al no encontrar superado el requisito de relevancia
constitucional. Estimó que la parte actora pretende reabrir el debate zanjado por el
juez ordinario, además de que no se presenta una argumentación tendiente a
demostrar la grave violación de los derechos fundamentales invocados y solo se
planteó un desacuerdo con la valoración probatoria realizada en la sentencia objeto
de reproche.

C. La impugnación

10.
La parte accionante indicó que no pretende reabrir la controversia, sino que se
garanticen sus derechos fundamentales.
11.
Explicó que en la demanda de tutela expuso los documentos que el juez de
instancia omitió en su estudio, así como la prueba que fue valorada de forma parcial
(los testimonios de Andrea Restrepo Ortiz y Mónica Ortiz y el dictamen pericial);
exponiendo la circunstancias que probaban esos elementos y cómo incidían en la
decisión del caso. Además, respecto de los que se les restó valor en la sentencia
demandada, pese a que aportaban aspectos relevantes que inciden de forma
determinante en el hecho dañino.

12.
Aseveró que no se solicitó con la demanda de tutela que el juez constitucional
emita un fallo de remplazo y usurpe las competencias del juez natural, o imponga un
determinado criterio interpretativo, pues lo pedido es que la jurisdicción constitucional
garantice la valoración integral de la prueba bajo el marco legal aplicable y, en ese
contexto, la inconformidad que origina la acción no se circunscribe a la interpretación
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de la prueba, sino a la falta o deficiente valoración de la misma, a la falta de aplicación
del marco legal y a la incidencia que esta omisión tuvo en la decisión.

13.
Finiquitó que en la sentencia que se impugna nada se indicó sobre la prueba no
valorada, ni respecto de la valorada parcialmente; tampoco se verificó si en la
sentencia demandada se estudió o no la prueba reseñada bajo el marco legal
aplicable y, pese a ello se concluyó que lo pretendido era reabrir el debate probatorio;
lo cual no se hizo con fundamento en la verificación sustancial del caso,
desatendiendo no solo lo solicitado en la demanda de tutela, sino también el
precedente y el principio de oficiosidad.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Competencia

14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19914.

E. Análisis del caso concreto

15.
La Sala anticipa que se confirmará la decisión de primera instancia, al no encontrar
superado el requisito general de relevancia constitucional, pues los argumentos
esgrimidos en el defecto sustantivo carecen de carga argumentativa y, con los
referentes al defecto fáctico el actor pretende convertir esta solicitud de amparo en
una instancia adicional al proceso ordinario de reparación directa.

16. Sobre el primero de los defectos, el actor únicamente indicó que la autoridad

judicial accionada desconoció el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, el 167 del CGP,
el 2 de la Constitución Política de Colombia y el 1.1 de la Ley 16 de 1972; no
obstante, omitió precisar el motivo por el cual aquellos eran la normatividad aplicable
y no la empleada por el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B en el
fallo objeto de debate. Es decir, si las mismas no estaban acordes al debate
planteado y/o eran inaplicables al caso concreto, ya sea porque perdieron vigencia,
eran inconstitucionales o, el contenido de la disposición no tenía conexidad material
con los presupuestos de la discusión.

17. Por otra parte, respecto de los argumentos esbozados en el segundo defecto, para

esta Sala de Subsección es visible que, tal como lo indicó el juez constitucional de
primera instancia, el actor pretende prolongar el debate surtido al interior del proceso
ordinario, relativo a la apreciación de las pruebas, para que su postura de cómo
debieron ser analizadas aquellas, se imponga sobre la del juez natural de la causa.

18. Al revisar el fallo acusado proferido por el Consejo de Estado – Sección Tercera -

Subsección B, se vislumbra que el análisis allí realizado estuvo basado en todos los
elementos de convicción allegados al proceso. En tal providencia se explicó de forma

4 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

extensa, motivada y razonada el motivo por el cual se revocaba la decisión de
primera instancia; por lo que no hay espacio para que el juez constitucional cuestione
las conclusiones a que se arribó luego del análisis probatorio.

19. Así, se tiene que en dicho proveído la autoridad judicial accionada acorde con las

pruebas obrantes en el plenario, indicó que aunque no se discutió que el accidente
de la menor ocurrió porque cayó a la canaleta de la quebrada la Ayurá, ubicada en
terrenos de propiedad del municipio, los medios de prueba que obraban en el
expediente no demostraban que la entidad estuviera obligada a construir una malla
de contención alrededor o sobre la canal de la quebrada, y tampoco que el sendero
o acera construido por la entidad requiriera las especificaciones técnicas que el perito
topógrafo señaló; pues los requisitos indicados por el perito eran exigibles para zonas
transitadas por vehículos y, en este caso, la acera era de uso peatonal.
Adicionalmente, no obraba prueba que acreditara que la menor hubiera perdido el
control precisamente en la curva de la acera.

20. Por el contrario, encontró demostrado que la menor (i) tenía 4 años de edad

cuando ocurrió el accidente; (ii) estaba montando bicicleta -actividad peligrosa- sin
la supervisión de sus padres, en una acera de uso peatonal y no de juegos,
construida por el municipio para permitir el acceso de los residentes del conjunto y
que conecta el paso de los transeúntes por la zona; (iii) de manera inexplicable cayó
a la canal de la quebrada la Ayurá; (iv) fue auxiliada por el padre cuando ya estaba
dentro de la canal de la quebrada y; (v) por la caída sufrió lesiones de gravedad. Los
padres de la menor solo advirtieron el accidente por gritos de su hermano, pues ellos
se encontraban en el interior de su vivienda.

21. Adujo que no era cierto que la ausencia de señalización hubiera contribuido a la

causación del daño, pues así esta hubiera existido la menor no estaba en capacidad
de comprender la prohibición. La niña estaba sin la compañía de sus padres,
realizando una actividad que a esa edad resultaba peligrosa, y sin tener la capacidad
de comprender el peligro que implicaba transitar sola por el lugar; adicionalmente,
no tenía la capacidad cognitiva de entender que cualquier movimiento repentino
podría hacerle perder el equilibrio y rodar hasta caer a la quebrada. Por su corta edad
y por la presencia cercana de una quebrada, los padres no debieron permitir que
realizara dicha actividad sin su custodia. Estos riesgos eran previsibles para los
padres, y no era necesario que existiera un letrero o señalización para advertir el
peligro que representaba que la menor jugara con su bicicleta fuera del conjunto.

22. Adicionó que si bien la entidad podría haber considerado la presencia de menores

en la zona, la ocurrencia de estos hechos específicos le era imprevisible porque la
acera era de uso peatonal y existía una distancia considerable entre el ingreso al
conjunto, la acera peatonal y la zona verde que colinda con la quebrada. En este
caso, la menor estaba fuera del conjunto y sin la compañía de sus padres, y lo
previsible era que aquellos la acompañaran cuando estuviera cerca de la zona verde
que colinda con la quebrada. Además, según informe de la secretaría de Seguridad
de la entidad demandada, a la fecha no se han registrado otros accidentes en el sitio,
y aclaró que el uso del sendero era peatonal.

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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

23. Manifestó que en la demanda se aceptó que la menor estaba sin la compañía de

sus padres y que ellos advirtieron el accidente después de que ocurrió por los gritos
de un hermano, también menor de edad. Las dos testigos del hecho afirmaron que
la menor no estaba con sus padres y, que no vieron las condiciones en las que la
niña perdió el equilibrio ni por qué rodó por la ladera, pues, aunque estaban en el
lugar de los hechos, su atención no estaba centrada en los movimientos de esta. De
manera afirmó que no era posible tener por acreditado que la menor estaba justo en
la curva de la acera y que debido a la falta de peralte perdió el equilibrio y rodó por
la ladera. Lo que sí estaba claro era que la niña y la bicicleta cayeron a la canaleta
de la quebrada.

24. Continuó indicando que, con lo dicho por las testigos no era posible aceptar la

hipótesis y la valoración topográfica que se hizo sobre el sendero peatonal, pues era
evidente que la ubicación de la menor en la curva obedeció a conjeturas o hipótesis
de los vecinos sin que exista certeza de que, en efecto, el accidente ocurrió así.

25. Por otra parte, afirmó que tampoco resultaba adecuada la deducción del Tribunal

para indicar que la cercanía de la quebrada constituía un riesgo debido a que en la
construcción del edificio no se respetó la franja de protección de los 30 metros entre
este y la quebrada porque la longitud del terreno de proyección horizontal es de 7.10
metros, ya que dicha inferencia carece de sustento, pues el perito topógrafo no hizo
ese análisis. La prueba pericial describe unas coordenadas y la ubicación del
conjunto, pero no ofrece ninguna conclusión sobre ese punto.

26. Sostuvo que la prueba pericial solo indicaba la ubicación y las condiciones del

terreno, pero no acreditaba por qué la canal de la quebrada debía contar con una
malla de contención o cerramiento. Tampoco refirió que existan normas urbanísticas
que lo exijan, ni la reglamentación sobre la construcción de cerramientos en los
bordes de las canaletas de las quebradas que cruzan por una zona urbana.
Adicionalmente, expuso que las fotografías que se aportaron con el dictamen
muestran la ubicación del conjunto con la zona verde que colinda con la quebrada y
la canaleta de esta; por lo que de ellas era posible determinar que con el
acompañamiento de los padres la menor no hubiera caído a la quebrada, porque la
presencia de estos hubiera impedido el hecho.

27. Arguyó que la existencia de los riesgos que indican los demandantes obedece al

uso de la zona por parte de menores sin la compañía de un adulto responsable. A
diferencia de lo que plantea la parte demandante en la apelación, la compañía
cercana de un adulto habría impedido que el accidente ocurriera; si un adulto hubiera
estado cerca de la menor, habría podido auxiliarla de manera inmediata y evitar la
caída.

28. Resaltó de nuevo que la parte demandante no probó que existan normas que

obliguen a la autoridad territorial a construir un cerramiento o malla de contención en
la canaleta de una quebrada, y no se puede llegar al extremo de exigirle a las
entidades territoriales su construcción. En consecuencia, los residentes del lugar
deben transitar con cautela por la zona, y los menores deben ser debidamente
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

vigilados y custodiados por sus padres o por un adulto responsable cuando se
encuentren cerca de la salida del conjunto o de la ronda hídrica.

29. Adujo que precisamente, para evitar hechos como el que se presentó, mediante

Resolución 480 de 2002 el municipio de Envigado autorizó al representante legal del
conjunto construir un cerramiento en la zona con límite al sendero peatonal donde
probablemente ocurrió el accidente; sin embargo, no fueron ejecutadas por el
conjunto residencial.

30. Concluyó que, contrario a lo afirmado en la demanda, estaba probado que la

menor no cayó súbitamente a la canaleta de la quebrada; por el contrario, se
desconoce cómo ocurrió la caída y cómo aquella terminó en ese lugar, pues estaba
sola montando bicicleta fuera del conjunto, en la zona que solo es de tránsito
peatonal, no adecuada para el desplazamiento de vehículos o bicicletas, y ningún
adulto observó lo sucedido. Además, que no acreditó que la entidad territorial tuviera
la obligación de construir mallas o cerramientos de contención, ni de señalización.

31. Conforme lo anterior, para esta Sala de Subsección es claro que la accionada tuvo

en cuenta todo el material probatorio allegado al plenario, sin que se visualice un
análisis arbitrario o contraevidente del mismo. Además, la parte actora con sus
argumentos únicamente expone su inconformismo con el valor dado a cada prueba
por el juez natural del asunto.

32.
Sin embargo, se precisa, que fue esa instancia judicial la que tuvo a su cargo
valorar los alegatos de derecho y hecho que sometieron a su consideración, así
como analizar las pruebas allegadas al plenario, y confrontarlas con la normativa y
jurisprudencia aplicables al asunto; sin que ahora quepa prolongar el debate sobre
los mismos, pues la acción de tutela es mecanismo principal, no complementario al
del medio control ordinario y, no tiene por fin revisar las bases del debate judicial,
para definir como instancia final la interpretación probatoria realizada.

33. Ahora, respecto a las 3 pruebas que el actor considera no fueron valoradas, esta

Sala observa que, frente al exhorto 114, su estudio se puede ver en la página 10, pie
de página 2 del fallo acusado, cuando se hace referencia a la respuesta dada por la
secretaría de la entidad demandada. Por otra parte, en relación con la escritura
pública y el certificado de tradición de la unidad residencial, se advierte que si bien
es cierto la accionada efectivamente no hizo referencia a aquellas, también lo es que
no estaba en debate quién fue la entidad que construyó el conjunto y le vendió el
apartamento a la familia de la menor afectada, máxime cuando los hechos
demandados ocurrieron por fuera de aquel, por lo que estas se tornan
intrascendentes y no tienen la potencialidad para cambiar la decisión acusada.

34. Además, lo determinante para el Consejo de Estado – Sección Tercera –
Subsección B para atribuir la responsabilidad, fue estudiar quién, para el momento
de los hechos, era el responsable de la conducta de la menor, así como verificar si
la entidad demandada estaba obligada a construir una malla de contención alrededor
o sobre la canal de la quebrada, y si el sendero o acera peatonal construido requería

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unas especificaciones técnicas; tal como se vio en párrafos anteriores. Para esa
cuestión en concreto resultaba irrelevante lo que denotaban esos documentos
respecto a la construcción de la unidad residencial y la tradición del inmueble, pues
la atribución de responsabilidad no derivó de esas situaciones que la parte
accionante pretende acreditar. A lo cual se suma, que la autoridad judicial nunca
desconoció el hecho de que el ente territorial fue quien construyó la unidad
residencial y transfirió el dominio a los residentes.

35. Frentea las pruebas que se señalan como indebidamente valoradas en la
sentencia demandada, esta Sala no observa que los argumentos del actor tengan
vocación de prosperidad; pues las mismas no pasan de ser apreciaciones subjetivas
de cómo, a su parecer, debieron ser estudiadas aquellas para que él obtuviera una
decisión favorable a sus intereses. Situación que a todas luces hace que este
mecanismo de amparo constitucional se torne improcedente.
36.
De ahí que verificado que el malestar que se formula contra la providencia judicial
es por el análisis probatorio realizado por la accionada, esto, con el fin de que el juez
de tutela reevalúe la postura finalmente adoptada por el fallador natural de la causa,
ningún espacio cabe para el juez constitucional.

37.
En consonancia con lo anterior, la autoridad accionada hizo un análisis completo,
adecuado y coherente del caso, sin desconocer o darle una interpretación irracional,
caprichosa o contra evidente a alguna de las pruebas allegadas al plenario, ni mucho
menos que haya omitido el análisis de alguna, así como no incurrió en una
interpretación y aplicación normativa errada o en una falta de motivación. Por el
contrario, la decisión cuestionada en esta sede encuentra claro sustento en el
principio de libre valoración judicial, independencia y autonomía del juez, y antes de
configurar una actuación subjetiva o arbitraria es, en realidad, el resultado de una
interpretación razonable del material probatorio aportado al proceso, confrontado con
las preceptivas legales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.

38. Enlos términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es continuar de forma indefinida un
debate que ya fue zanjado por los jueces ordinarios del asunto.

39. Por lo expuesto anteriormente, la SalaCONFIRMARÁ la sentencia de 13 de
marzo de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta.

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 13 de marzo de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00808-01
Accionante: Gustavo Adolfo Atehortúa García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE5
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

5 VF

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