Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
15 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00832-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA
TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la
sentencia de 4 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la solicitud de amparo.
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En adelante la Sección Tercera.
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00832-01
Actora: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
La señora GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA,
actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
seguridad social, los cuales estima vulnerados por la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL2, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3, el
JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA4 y la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE
ESTADO5, esta última al haber proferido la sentencia de 26 de
septiembre de 2024 dentro de la acción de tutela identificada con el
número único de radicación 11001-03-15-000-2024-04366-00, en
la cual se pretendió que se dejaran sin efecto las providencias
dictadas dentro de un medio de control de nulidad y
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En adelante la UGPP.
3
En adelante el Tribunal.
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En adelante el Juzgado.
5
En adelante la Sección Cuarta.
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restablecimiento del derecho promovido contra la primera
autoridad, mediante la cual se solicitó la reliquidación de su pensión
de jubilación.
I.2.- Hechos
Señaló que mediante la Resolución núm. RDP 008075 de 22 de
agosto de 2012, la UGPP le reconoció pensión de jubilación de
conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 36
de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19936, en concordancia con el
Decreto Ley 546 de 27 de marzo de 19717, en cuantía de
$5.819.528, con una tasa de reemplazo equivalente al 75% del
ingreso base de liquidación y la asignación más elevada del último
año.
Refirió que solicitó ante la UGPP la reliquidación de la pensión de
jubilación teniendo en cuenta la asignación más elevada del último
año, junto con todos los factores salariales, petición denegada
mediante las resoluciones núms. DRP 022724 de 17 de junio de
2016 y RDP 03733 de 4 de octubre de 2016.
6
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
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“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.
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Relató que mediante la Resolución RDP-032820 de 22 de agosto de
2017, la UGPP modificó el monto de su pensión ya reconocida y
redujo su mesada pensional con fundamento en las sentencias de
unificación de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
proferidas con posterioridad al año 2012.
Sostuvo que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
la UGPP, con el fin de que se dejaran sin efecto parcialmente las
resoluciones antes mencionadas y, como consecuencia de ello, se
ordenara la reliquidación y pago de la pensión de jubilación con la
inclusión de la asignación más elevada del último año, junto con
todos los factores salariales devengados en diciembre de 2015.
Advirtió que al proceso le fue asignado el número único de
radicación 08001-33-33-014-2017-00088-00 y le correspondió por
reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 29 de marzo de
2019, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la
cobijaba el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.
Resaltó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el
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cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en sentencia de 28 de
mayo de 2024, confirmó la decisión del a quo, con fundamento en
la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de
2020.
Mencionó que contra las anteriores decisiones promovió acción de
tutela, a la cual le fue asignado el número único de radicación
2024-04366-00, correspondiéndole por reparto a la SECCIÓN
CUARTA que, mediante fallo de 26 de septiembre de 2024, declaró
improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito general
de la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido era crear
una tercera instancia del proceso ordinario e insistir en el mismo
debate legal y litigioso relacionado con la reliquidación de la
pensión de jubilación.
Adujo que presentó solicitud de revisión de la acción de tutela ante
la Corte Constitucional, sin que la misma haya sido seleccionada
para ello.
Finalmente, sostuvo que presentó solicitud ante la Defensoría del
Pueblo bajo el número de radicación IRAT-500200-2024-23524,
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pero tampoco fue seleccionada.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la actora, la vulneración de sus derechos fundamentales
por parte de la UGPP fue avalada tanto en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, como por la SECCIÓN CUARTA al
conocer de la acción de tutela interpuesta.
Afirmó que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de
unificación SU-309 de 2019 proferida por la Corte Constitucional,
los cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya
consolidadas, como en el presente caso, pues el reconocimiento de
su pensión de jubilación se dio en el año 2012.
Manifestó que las accionadas incurrieron en violación directa de
la Constitución, al desconocer derechos adquiridos desde la
Resolución núm. RDP 008075 de 22 de agosto de 2012, de tal
forma que la UGPP al disminuir su pensión, vulneró sus derechos
fundamentales invocados y generó una grave inseguridad jurídica.
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I.4.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] Por todo lo anterior expuesto, por contar con una pensión
RECONOCIDA Y CONSOLIDADA conforme a derecho en el año
2012 además de reconfirmada y nunca revocada, por la clara
vulneración al DEBIDO PROCESO Y DERECHOS ADQUIRIDOS,
apoyándonos en los artículos: 29, 48, 53, 58 de NUESTRA CARTA
POLÍTICA, también en lo establecido en el artículo primero
párrafo segundo del ACTO LEGISLATIVO 01 DEL 22 DE JULIO DEL
2005, además de las sentencias de la CORTE CONSTITUCIONAL:
(SU182/19), (C-980/10), (SU309/19) y (T-169-23) que
claramente resuelven mi caso y soportado en los documentos
adjuntos presentados, solicito muy respetuosamente ante la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el restablecimiento del derecho,
que es sencillamente que la UGPP le entregue aplicación a lo
RECONOCIDO Y CONSOLIDADO en la resolución de pensión
conforme derecho RDP 008075 del 22 de agosto del año 2012
(DERECHO ADQUIRIDO) […]”. (Destacado pertenece al texto).
I.5. Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que no se configuran los presupuestos
necesarios para determinar que se vulneraron los derechos
fundamentales invocados, pues la motivación expuesta en la
providencia dictada el 28 de mayo de 2024 fue clara y ceñida a los
lineamientos jurisprudenciales y normativos con la debida
valoración de los medios de prueba arrimados al proceso, de tal
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forma que lo que se evidencia es un propósito de utilizar la tutela
como una cuarta instancia, de tal forma que la solicitud de amparo
debe ser denegada o declarada improcedente.
I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la decisión adoptada por ese
despacho judicial se fundamentó en los aspectos fácticos de la
demanda, en las pruebas que obran en el expediente y en las
normas y antecedentes jurisprudenciales aplicables al asunto, por lo
que realizó una valoración e interpretación adecuada.
I.5.3.- La SECCIÓN CUARTA sostuvo que revisado el escrito de
tutela se advierte que los reproches de la actora se limitan a
cuestionar la decisión administrativa de la UGPP en la que se
reliquidó su pensión de jubilación con el 75% del promedio de los
últimos diez años de servicio.
Aseveró que la decisión cuestionada no fue impugnada y la Corte
Constitucional la excluyó de revisión mediante auto de 29 de
noviembre de 2024, por lo que la acción de tutela de la referencia
resulta improcedente ante el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.
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Sumado a lo anterior, advirtió que la actora no cumplió con la carga
de sustentar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional
fraudulenta en los términos de la sentencia SU-627 de 2015, la cual
recae en el interesado cuando se cuestiona una decisión de tutela.
Así las cosas, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,
ante la falta del presupuesto de subsidiariedad, máxime cuando no
se demostró la existencia de una situación de fraude que amerite la
intervención excepcionalísima del juez constitucional.
I.5.4.- La UGPP aseguró que la actora ya había promovido una
acción de tutela bajo el número único de radicación 2024-04366-00
en la que pretendía lo mismo que en esta oportunidad solicita, por
lo que advierte una actuación temeraria en el asunto.
Afirmó que la solicitud de amparo debe ser rechazada de plano por
cuanto la accionante pretende el amparo de un derecho
fundamental que ya fue conocido y denegado por otro juez
constitucional, sin que en esa oportunidad se impugnara la
providencia dictada en primera instancia.
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Destacó que este no es el mecanismo judicial idóneo para ordenar
el reconocimiento de peticiones pensionales, máxime cuando otro
juez de tutela ya las denegó, por lo que no existe vulneración de los
derechos fundamentales por parte de esa unidad, pues su actuar
estuvo ajustado a derecho en la medida en que los actos
administrativos proferidos se encuentran motivados en debida
forma.
Finalmente, adujo que no se demuestra la ocurrencia de un
perjuicio irremediable en el asunto que amerite la intervención del
juez constitucional, lo que hace improcedente la acción de tutela.
I.6. Defensa
I.6.1.- La CORTE CONSTITUCIONAL solicitó su desvinculación
del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, comoquiera que no es la llamada a responder por la
presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados,
pues no es la competente para tramitar o resolver las pretensiones
formuladas por la accionante.
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Aseguró que cumplió con el trámite de selección del expediente T-
10.647.059, en los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de
1991, por lo que ha obrado oportunamente en ejercicio de sus
funciones constitucionales.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 4 de marzo de
2025, denegó la solicitud de desvinculación del trámite
constitucional de la CORTE CONSTITUCIONAL al considerar que
dicha Corporación fue vinculada como tercero con interés, en razón
a que la actora puso de presente la negativa en la selección de su
caso para la revisión eventual de la sentencia de tutela
cuestionada.
Asimismo, declaró improcedente el amparo al considerar que la
acción de tutela se presentó en contra de un fallo de idéntica
naturaleza y no se probó la cosa juzgada fraudulenta, comoquiera
que no concurren los elementos para que de manera excepcional
procesa tal estudio contra la sentencia de 26 de septiembre de
2024, pues no se trata de ninguno de los supuestos expuestos por
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la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.
Señaló que no se advierte que la actora alegara y demostrara
alguna situación de fraude o que la autoridad judicial accionada
haya procedido de manera arbitraria e irregular, por lo que no se
probó la existencia de una cosa juzgada fraudulenta.
Ahora, sostuvo que si se entendiera que lo pretendido es cuestionar
la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar la acción de
tutela para revisión, dicha pretensión tampoco tendría vocación de
prosperidad, comoquiera que ello es un mecanismo de revisión
eventual en el cual dicha Corporación es autónoma y de acuerdo
con los criterios previamente definidos decide si selecciona o no las
decisiones.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN
TERCERA en los siguientes términos.
Alegó que el a quo vulneró sus derechos fundamentales al declarar
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improcedente la solicitud de amparo y desconocer la flagrante
violación de sus derechos adquiridos por parte de la UGPP y,
además, crear una grave y notable inseguridad jurídica.
Para lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el escrito
primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que los
cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya
consolidadas desde el año 2012.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de
2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
la distribución de negocios entre las secciones.
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La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez
Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),
en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras
a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción
de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de
la violación de derechos constitucionales fundamentales,
debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el
momento jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,
sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o
aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge
Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos
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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).
En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende
que se deje sin efecto la providencia de 26 de septiembre de
2024, proferida por la SECCIÓN CUARTA, por medio de la cual
declaró improcedente el amparo solicitado dentro de la acción de
tutela identificada con el número único de radicación 2024-04366-
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La controversia tiene origen en la acción de tutela promovida por la
parte actora contra el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido
las providencias de 29 de marzo de 2019 y 28 de mayo de 2024,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho iniciado, a su vez, contra la UGPP, en
el que pretendía la reliquidación de su pensión de jubilación.
A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, habida
cuenta que, a juicio de la parte actora, la SECCIÓN CUARTA
incurrió en violación directa de la Constitución al avalar el actuar de
la UGPP que disminuyó el monto de su pensión de jubilación y
desconoció sus derechos adquiridos desde la Resolución núm. RDP
008075 de 22 de agosto de 2012.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 4 de marzo de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que
no se cumplían los requisitos para la procedencia de la acción de
tutela contra tutela, pues no se advertía ninguna situación
fraudulenta o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada.
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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del
a quo, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito
primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que los
cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya
consolidadas desde el año 2012, momento en el cual se le
reconoció la pensión de jubilación con una tasa de reemplazo
equivalente al 75% del ingreso base de liquidación y la asignación
mas elevada del último año.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y,
de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró
los derechos deprecados.
En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial, el requisito de
procedibilidad consistente en “que no se trate de tutela
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contra decisión de tutela”.
Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción
de la misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios
jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de
2015, en los siguientes términos:
“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por
otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la
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sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia
y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).
De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia
transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia
de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la
jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que
cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o
tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,
siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por
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tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
conforme lo antes expuesto.
En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de
acreditar que la decisión adoptada por la SECCIÓN CUARTA fue
producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo
cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y
que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de
medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la
comunidad […]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro
del presente proceso.
En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a
manifestar las razones por las cuales estimaba que la UGPP
vulneró sus derechos fundamentales al disminuir su pensión de
jubilación y al desconocer derechos adquiridos desde la Resolución
núm. RDP 008075 de 22 de agosto de 2012, argumentaciones que
no resultan suficientes para demostrar que el juez de tutela incurrió
en una actuación dolosa o extremadamente negligente, que habilite
al examen de fondo de la mentada providencia.
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En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una
situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra
sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,
la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20198, sostuvo:
“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio-
una afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte
que esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar
un grupo de eventos que, en principio, pueden ser
considerados indicios de que se ha configurado una situación
fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y
que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir
de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que
obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante
por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa
juzgada constitucional […]” (Resaltado fuera del texto
original)
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Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.
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Aunado a lo anterior, frente al argumento según el cual la UGPP
vulneró sus derechos fundamentales al reliquidar su pensión de
jubilación y disminuir su mesada pensional, se advierte que
tampoco tiene vocación de prosperidad, en la medida en que ello
ya fue objeto de pronunciamiento por el juez natural de la causa,
esto es, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con el número único de radicación 2017-
00088-01, mecanismo judicial idóneo para controvertir la
legalidad de los actos administrativos del cual ya hizo uso la
actora, decisiones que fueron precisamente las cuestionadas en la
acción de tutela objeto de estudio.
Así las cosas, resulta evidente que la presente es improcedente
comoquiera que no se acreditó la existencia de una situación
fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra sentencia
proferida dentro de una acción de la misma naturaleza, razón por
la cual se confirmará el fallo de primera instancia, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de
2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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