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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-00832-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

15 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00832-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA. NO SE
ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN FRAUDULENTA PARA QUE
PROCEDA LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA PROFERIDA DENTRO
DE UNA ACCIÓN DE LA MISMA NATURALEZA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y SEGURIDAD SOCIAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 4 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo.

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00832-01
Actora: GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora GLORIA MARGARITA CASTAÑEDA ARRIETA,

actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la

seguridad social, los cuales estima vulnerados por la UNIDAD

ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y

CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN

SOCIAL2, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3, el

JUZGADO CATORCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BARRANQUILLA4 y la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE

ESTADO5, esta última al haber proferido la sentencia de 26 de

septiembre de 2024 dentro de la acción de tutela identificada con el

número único de radicación 11001-03-15-000-2024-04366-00, en

la cual se pretendió que se dejaran sin efecto las providencias

dictadas dentro de un medio de control de nulidad y

2
En adelante la UGPP.
3
En adelante el Tribunal.
4
En adelante el Juzgado.
5
En adelante la Sección Cuarta.

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restablecimiento del derecho promovido contra la primera

autoridad, mediante la cual se solicitó la reliquidación de su pensión

de jubilación.

I.2.- Hechos

Señaló que mediante la Resolución núm. RDP 008075 de 22 de

agosto de 2012, la UGPP le reconoció pensión de jubilación de

conformidad con el régimen de transición previsto en el artículo 36

de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19936, en concordancia con el

Decreto Ley 546 de 27 de marzo de 19717, en cuantía de

$5.819.528, con una tasa de reemplazo equivalente al 75% del

ingreso base de liquidación y la asignación más elevada del último

año.

Refirió que solicitó ante la UGPP la reliquidación de la pensión de

jubilación teniendo en cuenta la asignación más elevada del último

año, junto con todos los factores salariales, petición denegada

mediante las resoluciones núms. DRP 022724 de 17 de junio de

2016 y RDP 03733 de 4 de octubre de 2016.

6
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
7
“Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y empleados
de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares”.

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Relató que mediante la Resolución RDP-032820 de 22 de agosto de

2017, la UGPP modificó el monto de su pensión ya reconocida y

redujo su mesada pensional con fundamento en las sentencias de

unificación de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado

proferidas con posterioridad al año 2012.

Sostuvo que, por lo anterior, promovió demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra

la UGPP, con el fin de que se dejaran sin efecto parcialmente las

resoluciones antes mencionadas y, como consecuencia de ello, se

ordenara la reliquidación y pago de la pensión de jubilación con la

inclusión de la asignación más elevada del último año, junto con

todos los factores salariales devengados en diciembre de 2015.

Advirtió que al proceso le fue asignado el número único de

radicación 08001-33-33-014-2017-00088-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 29 de marzo de

2019, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que la

cobijaba el régimen de transición dispuesto en la Ley 100 de 1993.

Resaltó que, inconforme con ello, interpuso recurso de apelación, el

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cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en sentencia de 28 de

mayo de 2024, confirmó la decisión del a quo, con fundamento en

la sentencia de unificación CE-SUJ-S2-021-20 de 11 de junio de

2020.

Mencionó que contra las anteriores decisiones promovió acción de

tutela, a la cual le fue asignado el número único de radicación

2024-04366-00, correspondiéndole por reparto a la SECCIÓN

CUARTA que, mediante fallo de 26 de septiembre de 2024, declaró

improcedente la solicitud de amparo por falta del requisito general

de la relevancia constitucional, toda vez que lo pretendido era crear

una tercera instancia del proceso ordinario e insistir en el mismo

debate legal y litigioso relacionado con la reliquidación de la

pensión de jubilación.

Adujo que presentó solicitud de revisión de la acción de tutela ante

la Corte Constitucional, sin que la misma haya sido seleccionada

para ello.

Finalmente, sostuvo que presentó solicitud ante la Defensoría del

Pueblo bajo el número de radicación IRAT-500200-2024-23524,

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pero tampoco fue seleccionada.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la actora, la vulneración de sus derechos fundamentales

por parte de la UGPP fue avalada tanto en el proceso de nulidad y

restablecimiento del derecho, como por la SECCIÓN CUARTA al

conocer de la acción de tutela interpuesta.

Afirmó que de conformidad con lo expuesto en la sentencia de

unificación SU-309 de 2019 proferida por la Corte Constitucional,

los cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya

consolidadas, como en el presente caso, pues el reconocimiento de

su pensión de jubilación se dio en el año 2012.

Manifestó que las accionadas incurrieron en violación directa de

la Constitución, al desconocer derechos adquiridos desde la

Resolución núm. RDP 008075 de 22 de agosto de 2012, de tal

forma que la UGPP al disminuir su pensión, vulneró sus derechos

fundamentales invocados y generó una grave inseguridad jurídica.

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I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] Por todo lo anterior expuesto, por contar con una pensión
RECONOCIDA Y CONSOLIDADA conforme a derecho en el año
2012 además de reconfirmada y nunca revocada, por la clara
vulneración al DEBIDO PROCESO Y DERECHOS ADQUIRIDOS,
apoyándonos en los artículos: 29, 48, 53, 58 de NUESTRA CARTA
POLÍTICA, también en lo establecido en el artículo primero
párrafo segundo del ACTO LEGISLATIVO 01 DEL 22 DE JULIO DEL
2005, además de las sentencias de la CORTE CONSTITUCIONAL:
(SU182/19), (C-980/10), (SU309/19) y (T-169-23) que
claramente resuelven mi caso y soportado en los documentos
adjuntos presentados, solicito muy respetuosamente ante la
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el restablecimiento del derecho,
que es sencillamente que la UGPP le entregue aplicación a lo
RECONOCIDO Y CONSOLIDADO en la resolución de pensión
conforme derecho RDP 008075 del 22 de agosto del año 2012
(DERECHO ADQUIRIDO) […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que no se configuran los presupuestos

necesarios para determinar que se vulneraron los derechos

fundamentales invocados, pues la motivación expuesta en la

providencia dictada el 28 de mayo de 2024 fue clara y ceñida a los

lineamientos jurisprudenciales y normativos con la debida

valoración de los medios de prueba arrimados al proceso, de tal

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forma que lo que se evidencia es un propósito de utilizar la tutela

como una cuarta instancia, de tal forma que la solicitud de amparo

debe ser denegada o declarada improcedente.

I.5.2.- El JUZGADO manifestó que la decisión adoptada por ese

despacho judicial se fundamentó en los aspectos fácticos de la

demanda, en las pruebas que obran en el expediente y en las

normas y antecedentes jurisprudenciales aplicables al asunto, por lo

que realizó una valoración e interpretación adecuada.

I.5.3.- La SECCIÓN CUARTA sostuvo que revisado el escrito de

tutela se advierte que los reproches de la actora se limitan a

cuestionar la decisión administrativa de la UGPP en la que se

reliquidó su pensión de jubilación con el 75% del promedio de los

últimos diez años de servicio.

Aseveró que la decisión cuestionada no fue impugnada y la Corte

Constitucional la excluyó de revisión mediante auto de 29 de

noviembre de 2024, por lo que la acción de tutela de la referencia

resulta improcedente ante el incumplimiento del requisito de

subsidiariedad.

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Sumado a lo anterior, advirtió que la actora no cumplió con la carga

de sustentar el fenómeno de la cosa juzgada constitucional

fraudulenta en los términos de la sentencia SU-627 de 2015, la cual

recae en el interesado cuando se cuestiona una decisión de tutela.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo,

ante la falta del presupuesto de subsidiariedad, máxime cuando no

se demostró la existencia de una situación de fraude que amerite la

intervención excepcionalísima del juez constitucional.

I.5.4.- La UGPP aseguró que la actora ya había promovido una

acción de tutela bajo el número único de radicación 2024-04366-00

en la que pretendía lo mismo que en esta oportunidad solicita, por

lo que advierte una actuación temeraria en el asunto.

Afirmó que la solicitud de amparo debe ser rechazada de plano por

cuanto la accionante pretende el amparo de un derecho

fundamental que ya fue conocido y denegado por otro juez

constitucional, sin que en esa oportunidad se impugnara la

providencia dictada en primera instancia.

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Destacó que este no es el mecanismo judicial idóneo para ordenar

el reconocimiento de peticiones pensionales, máxime cuando otro

juez de tutela ya las denegó, por lo que no existe vulneración de los

derechos fundamentales por parte de esa unidad, pues su actuar

estuvo ajustado a derecho en la medida en que los actos

administrativos proferidos se encuentran motivados en debida

forma.

Finalmente, adujo que no se demuestra la ocurrencia de un

perjuicio irremediable en el asunto que amerite la intervención del

juez constitucional, lo que hace improcedente la acción de tutela.

I.6. Defensa

I.6.1.- La CORTE CONSTITUCIONAL solicitó su desvinculación

del presente trámite por falta de legitimación en la causa por

pasiva, comoquiera que no es la llamada a responder por la

presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados,

pues no es la competente para tramitar o resolver las pretensiones

formuladas por la accionante.

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Aseguró que cumplió con el trámite de selección del expediente T-

10.647.059, en los términos del artículo 33 del Decreto 2591 de

1991, por lo que ha obrado oportunamente en ejercicio de sus

funciones constitucionales.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 4 de marzo de

2025, denegó la solicitud de desvinculación del trámite

constitucional de la CORTE CONSTITUCIONAL al considerar que

dicha Corporación fue vinculada como tercero con interés, en razón

a que la actora puso de presente la negativa en la selección de su

caso para la revisión eventual de la sentencia de tutela

cuestionada.

Asimismo, declaró improcedente el amparo al considerar que la

acción de tutela se presentó en contra de un fallo de idéntica

naturaleza y no se probó la cosa juzgada fraudulenta, comoquiera

que no concurren los elementos para que de manera excepcional

procesa tal estudio contra la sentencia de 26 de septiembre de

2024, pues no se trata de ninguno de los supuestos expuestos por

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la Corte Constitucional en la sentencia SU-627 de 2015.

Señaló que no se advierte que la actora alegara y demostrara

alguna situación de fraude o que la autoridad judicial accionada

haya procedido de manera arbitraria e irregular, por lo que no se

probó la existencia de una cosa juzgada fraudulenta.

Ahora, sostuvo que si se entendiera que lo pretendido es cuestionar

la decisión de la Corte Constitucional de no seleccionar la acción de

tutela para revisión, dicha pretensión tampoco tendría vocación de

prosperidad, comoquiera que ello es un mecanismo de revisión

eventual en el cual dicha Corporación es autónoma y de acuerdo

con los criterios previamente definidos decide si selecciona o no las

decisiones.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La actora impugnó la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA en los siguientes términos.

Alegó que el a quo vulneró sus derechos fundamentales al declarar

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improcedente la solicitud de amparo y desconocer la flagrante

violación de sus derechos adquiridos por parte de la UGPP y,

además, crear una grave y notable inseguridad jurídica.

Para lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el escrito

primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que los

cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya

consolidadas desde el año 2012.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de

2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de

2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula

la distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez

Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González),

en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras

a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción

de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de

la violación de derechos constitucionales fundamentales,

debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el

momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios
que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de
vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya
que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos

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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con
la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad
comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como
ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse
como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales
derechos se genera independientemente de la incidencia que
tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y
no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado
al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento
de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por
cuanto los debates sobre la protección de los derechos
fundamentales no pueden prolongarse de manera
indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas
son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta
Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no
seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para
que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se
presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se
explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

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c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela
procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende

que se deje sin efecto la providencia de 26 de septiembre de

2024, proferida por la SECCIÓN CUARTA, por medio de la cual

declaró improcedente el amparo solicitado dentro de la acción de

tutela identificada con el número único de radicación 2024-04366-

00.

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La controversia tiene origen en la acción de tutela promovida por la

parte actora contra el JUZGADO y el TRIBUNAL al haber proferido

las providencias de 29 de marzo de 2019 y 28 de mayo de 2024,

respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho iniciado, a su vez, contra la UGPP, en

el que pretendía la reliquidación de su pensión de jubilación.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos

fundamentales al debido proceso y a la seguridad social, habida

cuenta que, a juicio de la parte actora, la SECCIÓN CUARTA

incurrió en violación directa de la Constitución al avalar el actuar de

la UGPP que disminuyó el monto de su pensión de jubilación y

desconoció sus derechos adquiridos desde la Resolución núm. RDP

008075 de 22 de agosto de 2012.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 4 de marzo de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar que

no se cumplían los requisitos para la procedencia de la acción de

tutela contra tutela, pues no se advertía ninguna situación

fraudulenta o arbitraria por parte de la autoridad judicial accionada.

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Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión del

a quo, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito

primigenio de la acción de tutela, en los cuales insistió en que los

cambios normativos no pueden afectar situaciones jurídicas ya

consolidadas desde el año 2012, momento en el cual se le

reconoció la pensión de jubilación con una tasa de reemplazo

equivalente al 75% del ingreso base de liquidación y la asignación

mas elevada del último año.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual, se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y,

de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró

los derechos deprecados.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial, el requisito de

procedibilidad consistente en “que no se trate de tutela

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contra decisión de tutela”.

Cabe resaltar que, en lo concerniente a la procedibilidad de la

acción de tutela contra providencias proferidas dentro de una acción

de la misma naturaleza, la Corte Constitucional unificó los criterios

jurisprudenciales sobre este aspecto, en la sentencia SU- 627 de

2015, en los siguientes términos:

“[…] 4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la
procedencia de la acción de tutela contra sentencias de
tutela y contra actuaciones de los jueces de tutelas
anteriores o posteriores a la sentencia.

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela,
cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por
distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida dentro
de él o contra una actuación previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia
de tutela, la regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la
sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En
este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas
sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por
otro juez o tribunal de la República, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional, cuando exista
fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de
cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de
la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la

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sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro
medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.

4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del
proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si
éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la
sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia
y consiste en la omisión del juez de cumplir con su deber de
informar, notificar o vincular a los terceros que serían
afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de
tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia
y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas
en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se
trata de obtener la protección de un derecho fundamental que
habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y
se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional […]”
(Destacado fuera del texto original).

De acuerdo con la posición expuesta por la Corte en la sentencia

transcrita en precedencia, la regla general es la de la improcedencia

de la acción de tutela contra sentencias de tutela; sin embargo, la

jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla que

cuando la sentencia sea proferida por cualquiera de los jueces o

tribunales de la República, la acción de tutela puede proceder,

siempre y cuando se logre acreditar que existió fraude y, por

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tanto, que se está ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,

conforme lo antes expuesto.

En ese sentido, se observa que la parte actora tenía el deber de

acreditar que la decisión adoptada por la SECCIÓN CUARTA fue

producto de una situación de fraude y, en consecuencia, que hubo

cosa juzgada fraudulenta, la cual: “[…] se predica de un proceso

que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y

que materializa en esencia un negocio fraudulento a través de

medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la

comunidad […]”, circunstancia que no aparece demostrada dentro

del presente proceso.

En efecto, en el presente caso, la parte actora se limitó a

manifestar las razones por las cuales estimaba que la UGPP

vulneró sus derechos fundamentales al disminuir su pensión de

jubilación y al desconocer derechos adquiridos desde la Resolución

núm. RDP 008075 de 22 de agosto de 2012, argumentaciones que

no resultan suficientes para demostrar que el juez de tutela incurrió

en una actuación dolosa o extremadamente negligente, que habilite

al examen de fondo de la mentada providencia.

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En ese sentido, sobre la necesidad de acreditar la existencia de una

situación fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra

sentencias proferidas dentro de una acción de la misma naturaleza,

la Corte Constitucional, en sentencia T 322 de 20198, sostuvo:

“[…] la jurisprudencia de este Tribunal permite identificar una
línea de interpretación, según la cual, quien pretenda la
revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe
cumplir con una exigente carga argumentativa dirigida a
demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos
medulares que se anudan a la tarea de administrar
justicia, manifiesta en una actuación dolosa o
extremadamente negligente y (ii) que la sentencia
cuestionada no puede ser admitida debido a que resulta
evidentemente incorrecta, implicando además -en principio-
una afectación grave del patrimonio público. La Corte advierte
que esta conclusión se desprende del análisis conjunto de las
diferentes providencias que, de una u otra forma se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar
un grupo de eventos que, en principio, pueden ser
considerados indicios de que se ha configurado una situación
fraudulenta.

En este sentido la parte interesada debe demostrar, con
base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes
la situación de fraude alegada, la incidencia en la decisión
adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y
que la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir
de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no
serán de recibo razones o interpretaciones que
obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante
por la sentencia atacada. Ese presupuesto tiene
fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa
juzgada constitucional […]” (Resaltado fuera del texto
original)

8
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019. Expediente T-6.976.900. M.P. José
Fernando Reyes Cuartas.

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Aunado a lo anterior, frente al argumento según el cual la UGPP

vulneró sus derechos fundamentales al reliquidar su pensión de

jubilación y disminuir su mesada pensional, se advierte que

tampoco tiene vocación de prosperidad, en la medida en que ello

ya fue objeto de pronunciamiento por el juez natural de la causa,

esto es, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho identificado con el número único de radicación 2017-

00088-01, mecanismo judicial idóneo para controvertir la

legalidad de los actos administrativos del cual ya hizo uso la

actora, decisiones que fueron precisamente las cuestionadas en la

acción de tutela objeto de estudio.

Así las cosas, resulta evidente que la presente es improcedente

comoquiera que no se acreditó la existencia de una situación

fraudulenta para que proceda la acción de tutela contra sentencia

proferida dentro de una acción de la misma naturaleza, razón por

la cual se confirmará el fallo de primera instancia, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

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justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 15 de mayo de

2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta

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GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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