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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00838-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00838-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la señora Mónica Mantilla Plata contra la Sala 10 Especial de Decisión del Consejo de Estado, por no superar el requisito de la relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00838-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

20 de marzo de 2025

Demandante: Mónica Mantilla Plata
Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00838-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00838-00
Demandante: MÓNICA MANTILLA PLATA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SALA 10 ESPECIAL DE
DECISIÓN

Tema: Tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86, y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

La señora Mónica Mantilla Plata, por intermedio de apoderada judicial,
interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sala 10 Especial de
Decisión con el fin de que le sean protegidos sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad y al trabajo.

Consideró vulneradas dichas garantías al proferir la sentencia de 20 de
septiembre de 2024, que declaró fundado el recurso extraordinario de
revisión instaurado contra la sentencia del 30 de mayo de 2019 proferida en
segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovieron1 contra el departamento de Santander pero que a la vez
declaró extemporáneo dicho recurso respecto a la señora Mantilla Plata .

1.2 Pretensiones

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

1 Miguel Ángel Avendaño Ascanio, Edgar Augusto Hernández Prada, Blanca Cecilia Ortiz,

Jairo Eduardo García Silva, Gladys Alfonso Romero, Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid
Palomino Barbosa, Yaneth Arciniegas Suárez y Silvia Marlén Cruz Uribe, Angélica Forero
Anaya, y Mónica Mantilla Plata
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Mónica Mantilla Plata
Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00838-00

«1-. CONCEDER la TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL
DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y A LA IGUALDAD de mi poderdante
MONICA MANTILLA PLATA contenidos en los artículos 13, 25 y 29 de la
Constitución Política, vulnerados por el despacho judicial aquí accionado
SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISION de la Sala de Contencioso
Administrativo del CONSEJO DE ESTADO en la sentencia de fecha 20 de
septiembre de 2024 proferida en el trámite del recurso de revisión radicado
con el número 11001-03-15-000-2020-03053-00 al declarar extemporáneo
tal recurso para la señora MONICA MANTILLA PLATA.

2-. En consecuencia, ordenar DEJAR SIN EFECTO EL NUMERAL
PRIMERO DE LA PARTE RESOLUTIVA de la sentencia de fecha 20 de
septiembre de 2024 proferida por la SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISION
de la Sala de Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO, en el
trámite del recurso de revisión radicado con el número 11001-03-15-000-
2020-03053-00 en cuanto declaro extemporáneo el recurso de revisión de
MONICA MANTILLA PLATA.

3-. En su lugar ORDENAR, que en el término improrrogable de 48 horas
siguientes a la notificación del fallo que conceda la tutela solicitada, el
despacho judicial aquí accionado SALA DIEZ ESPECIAL DE DECISION de
la Sala de Contencioso Administrativo del CONSEJO DE ESTADO, en el
trámite del recurso de revisión radicado con el número 11001-03-15-000-
2020-03053-00 MODIFIQUE el numeral primero de la parte resolutiva de la
sentencia de fecha 20 de septiembre de 2024 DECLARANDO
PRESENTADO EN TIEMPO y FUNDADO EL RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION de mi representada MONICA MANTILLA
PLATA.

4-. Las demás medidas que la SECCION SEGUNDA SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO
determine y considere necesarias para lograr la tutela efectiva de mis
derechos fundamentales violados»2.

1.3. Hechos

La solicitud se sustenta en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Nubia María Reyes Solano y otros (incluida aquí la accionante),
presentaron demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
departamento de Santander, identificada con radicado 68001-23-31-000-
2005-03563-00/01 la cual fue resuelta en primera instancia por el Tribunal
Administrativo de Santander, Subsección de Descongestión el 12 de febrero
de 2015 en la que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda y se declaró inhibido para efectuar
pronunciamiento de fondo.

La parte demandante interpuso recurso de apelación en la que solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia. La Sección Segunda,

2 Transcripción original

2
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Demandante: Mónica Mantilla Plata
Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00838-00

Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia de 30 de mayo de
2019, confirmó el fallo de primera instancia, razón por la cual algunos de los
demandantes interpusieron recurso extraordinario de revisión con
fundamento en la causal 5. ° del artículo 250 del CPACA por vulneración al
debido proceso.

Expuso que, mediante auto de 20 de junio de 2024, el consejero ponente
ordenó la notificación del auto admisorio del recurso extraordinario de
revisión a las señoras Mónica Mantilla Plata y Angelica Forero por conformar
el extremo demandante en el proceso ordinario, el cual les fue notificado el
27 del mismo mes y año. Por tal motivo la señora Mantilla Plata le otorgó
poder a su abogada el 4 de julio de 2024 y ésta a su vez, se pronunció en
ese trámite manifestando que ratificaba, coadyuvaba y avalaba la demanda
presentada contentiva del recurso antes mencionado.

La Sala 10 Especial de Decisión del Consejo de Estado, mediante
providencia de 20 de septiembre de 2024 declaró fundado el recurso
extraordinario de revisión y por consiguiente infirmó la sentencia
cuestionada, al considerar que la sentencia recurrida dejó de analizar
argumentos incluidos en el recurso de apelación que pudieron haber incidido
en el sentido de la decisión.

Con todo, declaró, que el recurso extraordinario de revisión de las señoras
Mónica Mantilla Plata y Angélica Forero Anaya era extemporáneo.

1.4. Sustento de la vulneración

La accionante manifestó que la autoridad judicial accionada incurrió con la
sentencia en una clara vía de hecho judicial con la cual se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de la
accionada por tanto se configuró un defecto material o sustantivo.

Alegó que, al declarar extemporáneo el recurso extraordinario de revisión se
evidencia la vía de hecho pese a existir una manifestación expresa de su
voluntad de ratificar, coadyuvar y avalar la demanda contentiva del recurso
extraordinario de revisión, con todas las pretensiones, hechos, pruebas, así
como la sustentación del mismo.

Indicó que el artículo 53 de la Constitución Política no se tuvo en cuenta y
por tanto debió aplicarse el principio de favorabilidad en consideración a que
dicho recurso de revisión se relaciona y se dirige a infirmar una sentencia
inhibitoria que le negó el restablecimiento de sus derechos como empleada
pública de la EFFAS y, por tanto, no podía operar la caducidad de dicho
recurso.

Adujo también que se desconoció el artículo 251 del CPACA, el cual
establece un término de caducidad de 1 año para interponer el recurso de
revisión y que, se sobreentendía que, al ratificar, avalar y coadyuvar la
interposición de tal recurso, lo hacía desde la fecha en que fue interpuesto.

3
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Demandado: Consejo de Estado, Sala 10 Especial de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00838-00

Manifestó, que también se transgredió el principio de prevalencia del derecho
sustancial sobre el procesal, por cuanto la sala accionada debió atender lo
manifestado por la señora Mónica Mantilla Plata a su apoderada judicial en el
poder a ella conferido y no incurrir en un excesivo ritual manifiesto al
desconocer la expresión de la voluntad contenida en dicho mandato otorgado
y presentado en tiempo.

Expuso que, dentro del trámite del recurso extraordinario de revisión, el
consejero ponente, mediante auto de 20 de junio de 2024, ordenó la
notificación del auto que admitió la demanda contentiva del recurso de
revisión a las señoras Mónica Mantilla Plata y Angélica Forero Anaya, por las
implicaciones directas que sobre sus derechos pudiera tener la decisión que
se adoptara, decisión que les fue notificada mediante correo electrónico de
27 de junio siguiente.

1.5. Trámite

Mediante auto de 19 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran la Sala 10 Especial de
Decisión en calidad accionados.

Así mismo se ordenó notificar a los magistrados de la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Santander, al departamento de Santander y a los señores Nubia María
Reyes Solano, Miguel Ángel Avendaño Ascanio, Édgar Augusto Hernández
Prada, Blanca Cecilia Ortiz, Jairo Eduardo García Silva, Gladys Alfonso
Romero, Gloria Maritza Ayala Rosas, Idalid Palomino Barbosa, Yaneth
Arciniegas Suárez, Silvia Marlén Cruz Uribe, Angélica Forero Anaya como
terceros con interés en las resultas del proceso

Mediante auto de 20 de marzo de 2025 se declaró fundado el impedimento
manifestado por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil y, en consecuencia,
se le separó del conocimiento del presente asunto.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Consejo de Estado, Sala 10 Especial de decisión. El magistrado
ponente solicitó negar las pretensiones de la demanda por cuanto no se
vulneró derecho fundamental alguno de la accionante.

Expresó que no se configuró defecto sustantivo y que el accionante no
explicó en cuáles de las causales de procedencia adjetiva de la acción de
tutela incurrió la sentencia proferida, por cuanto a pesar de que afirmó que
existió vicio en la interpretación de los artículos 1, 13, 25,29,53 y 228 de la
Carta Política, omitió precisar de qué manera la interpretación que llevó a
declarar extemporáneo el recurso extraordinario de revisión no fue
razonable.

Indicó que, a pesar de que el tutelante afirmó que el hecho de haber
coadyuvado la demanda que los otros recurrentes presentaron inicialmente
implicaba que, debía considerarse interpuesta por ella en el término previsto
4
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en el artículo 251 del CPACA, este argumento desconoce que las normas de
carácter procesal como las que rigen el trámite del recurso extraordinario de
revisión y que fijan un término preciso para que sea presentado, son de
orden público por lo que el juez no puede dejar de aplicarlas.

Manifestó que, si bien era cierto que en el auto del 20 de junio de 2024 se
dispuso que se le notificara a la señora Mantilla Plata el auto que admitió el
recurso, ello no constituyó en su caso una renovación de los términos de
caducidad como al parecer lo entendió, pues no es facultad del juez ampliar
los plazos fijados en las normas procesales. Que tal actuación se hizo con el
único fin de que pudiera pronunciarse sobre lo alegado dentro del proceso;
empero, este derecho no implicaba que al momento de dictarse la sentencia
no pudiera hacerse el análisis respectivo en su caso sobre la caducidad del
recurso a la luz de las normas aplicables.

Expuso que en lo concerniente al exceso ritual manifiesto, lo que se señaló
en la sentencia del 20 de septiembre de 2024 fue: «[si] bien en el proceso
ordinario se presentó una acumulación subjetiva de pretensiones de
conformidad con el artículo 145 del CCA, lo cierto es que el objeto del debate
recae en situaciones jurídicas individuales, lo que implica que los efectos de
la sentencia recurrida son particulares para cada uno de los demandantes y,
por lo tanto, cada uno debe cumplir con las cargas y presupuestos del medio
de control, a través del cual buscan invalidar una sentencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada […]».

1.6.2. Gobernación de Santander.

El apoderado de dicha entidad solicitó se niegue el amparo de tutela por
cuanto consideró se le respetaron todas las garantías procesales a la
demandada.

Señaló que, tal y como lo dispone el artículo 251 del CPACA, el término para
interponer el recurso extraordinario de revisión es dentro del año siguiente a
la ejecutoria de la respectiva sentencia, que en este caso fue proferida el 30
de mayo de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento bajo el radicado
68001-23-31-000-2005-03563-01.

Dicho fallo fue notificado mediante edicto entre el 2 y el 6 de agosto de 2019,
quedando ejecutoriado el 12 de agosto de 2019, por lo que la accionante
tenía hasta el 12 de agosto de 2020 para interponer recurso extraordinario de
revisión, sin embargo, si bien se radicó la demanda el 08 de julio de 2020, es
decir, dentro del término, la misma fue interpuesta por Mónica Mantilla Plata
el 04 de julio de 2024, es decir, después 4 años de ejecutoriada la sentencia
objeto de recurso, por lo tanto, es claro que se presentó de manera
extemporánea el recurso de revisión.

Indicó que, si bien se ordenó notificarle a la accionante el auto admisorio de
la demanda de revisión hasta el 20 de junio de 2024, esto no la limitaba a
presentar dicha demanda en el término establecido en el artículo 251 del
CPACA.
5
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1.6.3. Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Se limitó
a remitir el expediente digital con radicado 68001-23-31-000-2005-03563-
00/01

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
2.2.3.1.2.1 numeral 5° del Decreto 1069 de 2015, modificado por el numeral
1° del Decreto 333 de 2021 y 25 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá
verificar si la Sala 10 Especial de Decisión del Consejo de Estado, vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de
la señora Mónica Mantilla Plata.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se analizará, iii) el
fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20123, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

«…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de
providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.»4 (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado

3
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
4
Ibídem.
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su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se
presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es
un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del
asunto. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la
transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la
decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. Estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto “protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales” y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
7
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«(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii)
que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.» (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-573
de 27 de noviembre de 2019 que “la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico” y que según
la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es decir, las
relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas mediante
los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6, comoquiera que “le
está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos
de carácter netamente legal o reglamentario”7, so pena de involucrarse
en cuestiones que le corresponden definir a otras jurisdicciones.

En tales condiciones, se advierte que la controversia planteada por la
accionante versa sobre una cuestión de interpretación de tipo legal, que no
impacta la garantía de derechos fundamentales de la parte actora, quien
considera que la Sala 10 Especial del Consejo de Estado vulneró los
derechos fundamentales invocados al declarar extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión instaurado contra la sentencia del 30 de mayo de
2019, proferida en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección A
del Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovieron contra el departamento de Santander.

Específicamente, las inconformidades planteadas por la parte actora en el
escrito de tutela están encaminadas a cuestionar la interpretación dada
respecto a la extemporaneidad del recurso extraordinario de revisión a pesar
de haber manifestado su coadyuvancia en fecha 4 de julio de 2024, luego de
ser notificada del auto admisorio respectivo el 27 de junio de 2024.

Por lo tanto, es evidente que el debate planteado por la accionante solo tiene
por objeto manifestar una discrepancia con la postura asumida por la
autoridad judicial demandada en relación con el alcance de las normas
procesales que rigen la oportunidad para presentar el recurso extraordinario
de revisión, que para el caso concreto era de un año contado a partir de la
ejecutoria del fallo respectivo.

Así pues, se observa que la discusión orbita en torno a un asunto de mera
legalidad, ya que lo que busca la accionante es controvertir la decisión del
juez ordinario de la causa para reabrir el debate en torno al asunto

5
No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al acceso
a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción de
una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia”
6
Sentencia T-606 de 2000.
7
Ibidem
8
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mencionado, en procura de convertir este mecanismo de amparo en una
instancia adicional en la que se discuta la aplicabilidad o no de una norma de
orden público como lo es la relativa a la caducidad. Por tanto, la solicitud de
amparo carece de relevancia constitucional.

En relación con este presupuesto, la Corte Constitucional ha considerado
que la acción de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no una corrección del fallo cuestionado, por lo que no se puede
utilizar este instrumento como un escenario para discutir cuestiones
probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el
juez natural.

Así mismo, el alto tribunal ha precisado que la acreditación del requisito de la
relevancia constitucional “supone justificar razonablemente la existencia de
una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que
no es lo mismo que una simple relación con aquel” y que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades, a saber:

«(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional8 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad 9; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales10 y, finalmente, (iii) impedir que la
acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces11». (Destacado por la Sala)

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que
implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural.

En efecto, esta sala de decisión planteó que el estudio de la relevancia
constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la
Corte Constitucional y acogidos por esta corporación, que en concreto se
refieren entre otros a que no se trate de asuntos de legalidad en los que no
se advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental.

Lo anterior, porque estas controversias corresponde definirlas a los jueces
ordinarios o naturales de la causa, pues la acción de tutela no puede
convertirse en una tercera instancia.

Por consiguiente, no es suficiente que la parte interesada refiera que con la
decisión judicial se transgredieron determinados derechos constitucionales,
sino que es necesario que la afectación o transgresión logre: i) cumplir con la
carga de argumentativa derivada de una providencia judicial en abierta
contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que implique la

8
Sentencia C-590 de 2005.
9
Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008.
10
Sentencia C-590 de 2005.
11
Sentencia T-102 de 2006.
9
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intervención del juez constitucional.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por el tribunal
demandado que amerite la intervención en sede constitucional.

Por tal motivo, la Sala declarará improcedente la solicitud de tutela toda vez
que el reclamo de la señora Mónica Mantilla Plata carece de relevancia
constitucional, en atención a que lo pretendido es convertir este mecanismo
de amparo en una instancia adicional al proceso ordinario para que se
resuelva una controversia que se reduce a un debate estrictamente legal.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la
señora Mónica Mantilla Plata contra la Sala 10 Especial de Decisión del
Consejo de Estado, por no superar el requisito de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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