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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00841-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00841-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00841-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: ROBERTO CARLOS CASTRO ROMERO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Tribunal
Administrativo del Cesar.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Roberto Carlos Castro Romero, actuando a través de apoderado, solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, cuya
vulneración le atribuyó a la providencia de 31 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número de radicación 20001-33-33-008-2021-00037-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que promovió la demanda de reparación directa con radicación núm.
20001-33-33-008-2021-00037-00/01 contra la Procuraduría General de la Nación,
para que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable al
demandado por el daño padecido con la sanción de destitución e inhabilidad para
el ejercicio de cargos públicos proferida dentro del proceso disciplinario radicado
IUS E-2018-342653.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

2.2. Expresó que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito de Valledupar, autoridad judicial que, mediante providencia
de 15 de diciembre de 2023, accedió a las pretensiones de la demanda.

2.3. Refirió que la parte demandada interpuso el recurso de apelación contra la anterior
decisión y que el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de sentencia de 31 de
octubre de 2024, adecuó el medio de control a nulidad y restablecimiento del derecho
y revocó la decisión de primera instancia, para en su lugar declarar la caducidad.

2.4. Consideró
que la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales por haber incurrido en un defecto procedimental absoluto y en un
desconocimiento del precedente.

2.5. Frente al defecto procedimental absoluto expuso que el Tribunal al aplicar al
caso concreto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho “[…]
para perseguir la indemnización de perjuicios ocasionados con la emisión de actos
administrativos lesivos y que posteriormente se hayan revocado, condicionada a
una regla general, la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho sin revisar las circunstancias del caso concreto […]” lo cual considera “[…]
es inaceptable […]”.

2.6. Adujó que la autoridad judicial “[…] violó el principio de Cosa Juzgada, puesto
que la excepción de Caducidad y de debida escogencia de la acción, ya había sido
resuelta dentro del curso procesal y dicha decisión se encontraba ejecutoriada […]”
aunado a que la decisión contraviene la filosofía constitucional de “[…] prevalencia
del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental […]”.

2.7. Sostuvo que “[…] Mientras que el restablecimiento del derecho requiere la previa
declaratoria de ilegalidad del acto impugnado, la acción de reparación directa no
exige dicha declaratoria como condición para su prosperidad […]” y como en el
caso en particular se expidieron actos administrativos “[…] posteriormente
recurridos por la vía de la revocatoria directa, junto con la interposición simultánea
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y su posterior revocación,
debe ser necesariamente considerado para determinar la viabilidad procesal de
interponer la reparación directa como medio idóneo para el reconocimiento de los
perjuicios reclamados […]”.

2.8. Manifestó que “[…] con la emisión del acto administrativo sancionatorio
(destitución e inhabilidad) se ocasionaron graves perjuicios al señor ROBERTO
CARLOS CASTRO ROMERO, cuyo resarcimiento no desaparecen por la
circunstancia de la revocatoria del acto administrativo solicitar el reconocimiento de
eventuales perjuicios por la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

del derecho por ausencia de acto, se insiste, el acto que me piden controlar por la
vía de la nulidad ya había sido revocado por quien lo profirió […]”.

2.9. Adujó que la vía procesal “[…] con que contaba para hacer valer el derecho
sustancial es indudablemente la acción de reparación directa. Y no se diga que
como el eventual perjuicio sufrido tenga su origen en un acto administrativo la única
vía procesal para el reconocimiento de los perjuicios derivados del acto es la de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello vulneraría el derecho de utilizar la
figura de la revocatoria directa en sede administrativa […]”, razón por la cual reitera
que el medio de control efectivo para obtener la indemnización de perjuicios
causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa es la
reparación directa.

2.10. Respecto al desconocimiento del precedente, manifestó que el precedente
citado por el Tribunal Administrativo del Cesar “[…] no está llamado a regular el
caso […]” toda vez que el precedente jurisprudencial vigente al momento de la
presentación de la demanda, esto es, el 28 de enero de 2021, corresponde a las
sentencias de 10 de mayo de 20171, 23 de abril de 20152.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Primera: AMPARAR los derechos fundamentales a la igualdad de trato
jurídico, a la seguridad jurídica, a la confianza legítima, y al debido proceso del
señor ROBERTO CARLOS CASTRO ROMERO y OTROS, que fueron violados
por el Tribunal Administrativo del Cesar al proferir la Sentencia de segunda
instancia del 31 de octubre de 2024, en el que se REVOCÓ la sentencia
proferida por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Valledupar,
de fecha 15 de diciembre de 2023.

Segunda. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de segunda instancia del 31 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro del
medio de control de reparación directa dentro del radicado
20001333300820210003700.

Tercera. ORDENAR al Tribunal Administrativo del Cesar proferir, dentro del
término de 10 días, una nueva sentencia de segunda instancia en la que sí: (i)
apliquen los precedentes horizontales en la materia (ii) y en consecuencia
decida de fondo la acción de reparación directa que formulé contra la
Procuraduría General de la Nación, esto es, para que aplique la tesis
jurisprudencial que permite ejercer la acción de reparación directa para
reclamar perjuicios derivados de un acto administrativo particular que, por
ilegal, es revocado por la propia administración […]”. [Negrilla y mayúscula
original del texto].

1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de mayo de
2017. C. P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. Núm.: 73001-23-33-000-2014-00410-01(53942).
2 Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2015, Rad. Núm.: 11001-03-15-000-2014-03055-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 20 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés directo en el resultado del proceso a los señores Celso
Roberto Castro Gnecco, Marta Inés Romero Henríquez, Celso Miguel Castro
Romero, Juan Pablo Segundo Castro Romero y José David Castro Romero, a la
Procuraduría General de la Nación y al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Valledupar

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegó el siguiente informe:

5.1. La Procuraduría General de la Nación consideró que la acción de tutela resulta
ser improcedente porque el accionante pretende reabrir el asunto resuelto por el
juez natural en busca de una tercera instancia, motivo por el cual solicitó se nieguen
las pretensiones de la acción de tutela.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20215, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20196, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20247.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

3
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
7 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto procedimental absoluto y en un desconocimiento del precedente.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ir) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ir) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; si) el cumplimiento del principio de
inmediatez; vi) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. El señor Roberto Carlos Castro Romero, actuando a través de apoderado,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso,
cuya vulneración le atribuyó a la providencia de 31 de octubre de 2024, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del medio de control de reparación
directa identificado con el número de radicación 20001-33-33-008-2021-00037-
00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

21. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

9

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

22. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto procedimental absoluto y un desconocimiento del
precedente.

25. Frente al defecto procedimental absoluto expuso que el Tribunal al aplicar al caso
concreto el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho “[…] para
perseguir la indemnización de perjuicios ocasionados con la emisión de actos
administrativos lesivos y que posteriormente se hayan revocado, condicionada a
una regla general, la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho sin revisar las circunstancias del caso concreto […]” lo cual considera “[…]
es inaceptable […]”.

26. Adujó que la autoridad judicial “[…] violó el principio de Cosa Juzgada, puesto
que la excepción de Caducidad y de debida escogencia de la acción, ya había sido
resuelta dentro del curso procesal y dicha decisión se encontraba ejecutoriada […]”
aunado a que la decisión contraviene la filosofía constitucional de “[…] prevalencia
del derecho sustancial sobre el meramente formal o procedimental […]”.

27. Sostuvo que “[…] Mientras que el restablecimiento del derecho requiere la previa
declaratoria de ilegalidad del acto impugnado, la acción de reparación directa no
exige dicha declaratoria como condición para su prosperidad […]” y como en el
caso en particular se expidieron actos administrativos “[…] posteriormente
recurridos por la vía de la revocatoria directa, junto con la interposición simultánea
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y su posterior revocación,
debe ser necesariamente considerado para determinar la viabilidad procesal de

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

interponer la reparación directa como medio idóneo para el reconocimiento de los
perjuicios reclamados […]”.

28. Manifestó que “[…] con la emisión del acto administrativo sancionatorio
(destitución e inhabilidad) se ocasionaron graves perjuicios al señor ROBERTO
CARLOS CASTRO ROMERO, cuyo resarcimiento no desaparecen por la
circunstancia de la revocatoria del acto administrativo solicitar el reconocimiento de
eventuales perjuicios por la cuerda propia de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho por ausencia de acto, se insiste, el acto que me piden controlar por la
vía de la nulidad ya había sido revocado por quien lo profirió […]”.

29. Adujó que la vía procesal “[…] con que contaba para hacer valer el derecho
sustancial es indudablemente la acción de reparación directa. Y no se diga que
como el eventual perjuicio sufrido tenga su origen en un acto administrativo la única
vía procesal para el reconocimiento de los perjuicios derivados del acto es la de
nulidad y restablecimiento del derecho, pues ello vulneraría el derecho de utilizar la
figura de la revocatoria directa en sede administrativa […]”, razón por la cual reitera
que el medio de control efectivo para obtener la indemnización de perjuicios
causados por un acto administrativo ilegal revocado en sede administrativa es la
reparación directa.

30. Respecto al desconocimiento del precedente, manifestó que el precedente citado
por el Tribunal Administrativo del Cesar “[…] no está llamado a regular el caso […]”
toda vez que el precedente jurisprudencial vigente al momento de la presentación
de la demanda, esto es, el 28 de enero de 2021, corresponde a las sentencias de
10 de mayo de 201720, 23 de abril de 201521.

31. De lo anterior, esta Sección considera que la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque la parte actora pretende utilizar este mecanismo
como una tercera instancia y busca reabrir la discusión resuelta en la jurisdicción
contencioso administrativa.

32. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

33. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que le
fueron desconocidos sus derechos fundamentales a la igualdad y al debido

20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 10 de mayo de
2017. C. P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, Rad. Núm.: 73001-23-33-000-2014-00410-01(53942).
21 Consejo de Estado, sentencia de 23 de abril de 2015, Rad. Núm.: 11001-03-15-000-2014-03055-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

proceso, lo cierto es que no existe un desarrollo argumentativo en el que se
expliquen las razones por las que considera que se afectó en forma
desproporcionada el núcleo esencial de esos derechos, con ocasión de la
expedición de la providencia aquí enjuiciada.

34. Esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de presente que
en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino
que el motivo que fundamenta su inconformidad se sustenta, básicamente, en que
la decisión adoptada por el juez de segunda instancia revocó el fallo de primera
instancia.

35. Porotra parte, resulta relevante traer a colación lo decidido por el Tribunal
Administrativo del Cesar en la sentencia que es objeto de la presente acción
constitucional:

“[…] 6.2.- Problema Jurídico.

En esta oportunidad la Sala determinará, si la Procuraduría General de la
Nación es administrativa y patrimonialmente responsable, como consecuencia
de la sanción de destitución e inhabilidad general por 12 años para el ejercicio
de cargos públicos, que le fue impuesta al señor Roberto Carlos Castro
Romero, cuando fungía como Concejal del Municipio de Valledupar, y, si como
consecuencia de ello, la autoridad disciplinaria puede ser condenada al pago
de los perjuicios otorgados por el a quo, o si, por el contrario, en el sub examine
no se comprobó la antijuridicidad del daño que reclaman y por tanto no procedía
indemnización alguna.

Previo a resolver lo anterior, el Tribunal analizará la procedencia del medio de
control, luego estudiará los argumentos de alzada de la parte demandada antes
señalados, y, finalmente, en caso de encontrar acreditados los elementos para
configurar la responsabilidad aludida, se estudiará si es procedente o no el
reconocimiento de los perjuicios señalados por la parte activa del proceso en
su recurso de apelación.

[…] Tesis de la Sala:

La Sala sostendrá, que la vía judicial procedente para reclamar la
indemnización de un daño causado por un acto administrativo que impuso una
sanción disciplinaria, era la nulidad y restablecimiento del derecho, a través de
la cual se habilitaba la oportunidad de procurar la satisfacción de las mismas
pretensiones indemnizatorias que se han planteado en este proceso
contencioso. Bajo este entendido, operó la caducidad del referido medio de
control, por lo que se revocará la sentencia de primera instancia.

6.3.- Caso concreto.

Vistos los fundamentos fácticos del presente asunto, esta Corporación estima
pertinente iniciar el análisis pronunciándose sobre la procedencia del medio de
control incoado, para solicitar el reconocimiento de perjuicios derivados de un
acto administrativo revocado por la administración, máxime cuando no se
vislumbra pronunciamiento alguno en la sentencia de primera instancia, pese
a que fue uno d ellos planteamientos que alegó el apoderado de la Procuraduría

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

General de la Nación, al momento de contestar la demandar y para
fundamentar la impugnación de la sentencia. De manera que, tal como se
indicó al delimitar el problema jurídico que convoca a la Sala, de superarse ese
examen, se analizarán los demás motivos de inconformidad aludidos por las
partes en sus respectivos recursos.

Así las cosas, conviene precisar, que en materia de responsabilidad
extracontractual del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado que la fuente del daño es la que determina el medio de control
procedente, así, cuando el daño proviene de un acto administrativo, el medio
de control será el de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que, si se
deriva de un hecho, omisión u operación administrativa, su reclamación debe
realizarse a través del medio de control de reparación directa. Así ha dicho la
jurisprudencia consolidada del Consejo de Estado:

[…] “(…) la fuente del daño determina la acción procedente para
analizar los supuestos que fundan la controversia y ésta, a su vez,
determina la técnica apropiada para la formulación de las
pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para
hacerlas valer por la vía jurisdiccional”.

En ese sentido, quien pretenda el resarcimiento de daños causados
por la administración, o el restablecimiento de derechos vulnerados
por ésta, no puede escoger a su libre arbitrio o discrecionalidad el
medio de control que ha de poner en ejercicio para el efecto, puesto
que son normas de orden público y de imperativo cumplimiento las
que establecen el criterio que rige el asunto.

Esta Colegiatura, como regla general, ha indicado que, si la causa
del daño reside en la ilegalidad de una decisión de la administración
(un acto administrativo) que crea, modifica o extingue una relación
jurídica particular y concreta, la acción contencioso administrativa o
el medio de control procedente es el de nulidad y restablecimiento
del derecho. Pero, también que, si la fuente del daño radica en un
hecho, una omisión, una operación administrativa o en la ocupación
de un inmueble, entonces la vía judicial pertinente es el medio de
control de reparación directa.”

Ahora bien, en aquellos asuntos en los cuales el acto administrativo, es
revocado directamente por la administración, la Alta Corporación ha tenido
diversas posturas respecto al medio de control pertinente para reclamar los
daños que el acto ocasione, fluctuando las tesis entre el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y, el de reparación directa.

Así, por ejemplo, en sentencia de fecha 13 de mayo de 2009, dentro del
radicado 76001-23-3100021 628-01 (15652), la Sección Tercera del Consejo
de Estado, al respecto precisó:

[…] “Así, la acción de reparación directa es procedente, cuando la
administración ha revocado el acto administrativo de carácter
particular y concreto de manera directa, invocando a tal efecto
causales de ilegalidad o inconstitucionalidad manifiesta, y cobre
fuerza ejecutoria el acto revocatorio dentro del término de
caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
es decir, dentro de los 4 meses previstos por el numeral 2 del

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

artículo 136 del C.C.A. En este caso no sólo podría intentar la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término
de caducidad que resta, sino que podría optar por acudir a la acción
de reparación directa dentro del mismo término.”

De conformidad con esta tesis de vieja data, era procedente el medio de control
de reparación directa para reclamar los perjuicios ocasionados por un acto
administrativo que es revocado por la administración, cuando la revocatoria se
presenta con posterioridad al término que tenía el administrado para presentar
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, siempre que la acción de
reparación directa se ejerza dentro del término de los 4 meses siguientes a la
ejecutoria del acto administrativo revocatorio.

Ahora bien, posteriormente la Alta Judicatura señaló, que la anterior tesis, en
donde se supeditaba la procedencia de la acción de reparación directa dentro
del término de caducidad de los 4 meses prevista para la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho no era viable, por cuanto desconfiguraba el
sistema procesal contencioso administrativo y modificaba los parámetros
procesales establecidos por el legislador para cada una de las acciones. Así
señaló:

[…] “ i) En el momento en que la administración revoca el acto
administrativo ilegal, reconoce una irregularidad y, por lo tanto, abre
la posibilidad de que el administrado reclame los daños –que hasta
ese momento eran inciertos– que le fueron irrogados por la
actuación.

ii) No se diga que el administrado estaba indefectiblemente
compelido al ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, por cuanto aquél pudo considerar que: i) el acto estaba
ajustado al ordenamiento jurídico, ii) se encontraba fuera del
término para interponer los recursos que agotaran la vía
gubernativa y, por lo tanto, quedaba cerrada la posibilidad de acudir
a la jurisdicción para controvertir la legalidad del acto, o iii)
desconocer hechos o circunstancias relevantes que luego de su
descubrimiento habilitaron la vía de la revocatoria directa del acto.

vi) La tesis tradicional –y, por lo tanto, la jurisprudencia vinculante
en la materia por constituir precedente horizontal– de la Sección
Tercera es aquella según la cual es procedente la acción de
reparación directa, dentro del término de dos años, para cuestionar
la falla del servicio que surge o se desprende de la revocatoria
directa de un acto administrativo por parte de la organización
pública.”22

No obstante, en la actualidad, existe una postura clara del Consejo de
Estado23 respecto a la procedencia excepcional del medio de control de
reparación directa, para obtener la indemnización del daño que proviene de
un acto administrativo de contenido particular, puntualmente contra actos
disciplinarios, que fue revocado por la administración, en donde debe tenerse
en cuenta si la revocatoria fue de manera oficiosa, o, si lo fue por solicitud de

22 Sección Tercera, Subsección A, providencia de fecha 11 de mayo de 2022, radicado 17001-23-33-000-2016-00950-01

(67.700).
23 Sección Tercera, Subsección C, Consejo de Estado, providencia de fecha 1° de noviembre de 2023, radicado: 25000-23-

36-000-2015-02954-01 (59185), M.P Jaime Enrique Rodríguez Navas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

la parte interesada, en cuyo caso, depende además, de si la administración
adoptó su decisión con base en los argumentos que fueron plasmados por el
solicitante, o, si la revocación se produjo por una situación diferente. Se
transcribe in extenso el precedente, dada su importancia y relevancia para el
caso de autos:

[…] «Conforme a lo expuesto y teniendo en cuenta que la revocatoria
directa (…) puede cumplirse, en principio, en cualquier tiempo, se puede
concluir que si el acto administrativo de contenido particular y concreto
generador del daño es revocado directamente por la administración con
posterioridad a la oportunidad que tenía el administrado o el afectado
para acudir a la jurisdicción en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, no puede posteriormente ejercer
válidamente la acción de reparación directa con miras a obtener el
resarcimiento de los perjuicios originados en el acto ilegal que ha sido
revocado, porque lo único que podría inferirse de la actitud omisiva es
que el demandante pretende habilitar el término que dejó caducar para
sacar provecho de su propia negligencia, tratando de encauzar las
pretensiones consecuenciales que pudo haber reclamado a través de la
acción consagrada por el artículo 85 del C.C.A., por medio de una acción
que claramente resulta improcedente. Quiere decir lo anterior que cuando
la revocatoria directa se produce con posterioridad al término que tenía
el administrado para acudir a la jurisdicción a través de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho y como la revocatoria directa, por
sí misma, no conlleva al resarcimiento de los perjuicios causados
mientras el acto administrativo estuvo vigente, las consecuencias que se
desprenden la misma son hacia el futuro –ex nunc– y no puede hacerle
producir efectos patrimoniales –ex tunc–» (se destaca)

[…] En cambio, si la revocación se produce a solicitud de parte, significa
ello que el administrado estaba al tanto de las razones de ilegalidad y, en
lugar de demandar en nulidad y restablecimiento del derecho como
corresponde, optó por la vía de la solicitud de revocatoria, trámite que, si
bien satisface las pretensiones de lesividad, no está procesalmente
diseñado para procurar directa o indirectamente fines resarcitorios. Por
consiguiente, con independencia del momento en que se decida la
revocación ─dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del
acto, o por fuera de este término─, cuando es a solicitud de parte, no hay
una razón jurídicamente avenible para considerar que el administrado
pueda acudir en reparación directa, porque permitírselo, implicaría
trasgredir la regla según la cual, el medio de control no está al arbitrio de
la escogencia del demandante.

En consecuencia, el precedente vinculante y de obligatorio cumplimiento para
el juzgador, es que el medio de control de reparación directa procede de
manera excepcional, en los eventos puntuales descritos por el Consejo de
Estado, cuando se pretenda el reconocimiento de perjuicios derivados de un
acto administrativo que ha sido revocado por la administración.

Aclarado lo anterior, como el caso de marras se fundamenta en un acto
administrativo revocado directamente - a solicitud de parte- por el
máximo órgano del Ministerio Público, en el marco de un procedimiento
disciplinario, la Sala procederá a analizar si hubo una indebida escogencia del
medio de control, tal como se indica en el recurso de alzada, teniendo en cuenta
los criterios que en este escenario ha definido el Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

Así las cosas, acorde con el material probatorio relacionado, esta Colegiatura
encuentra probado que el señor Roberto Carlos Romero Castro, cuando fungía
como Concejal del Municipio de Valledupar, para el período 2016-2019, fue
suspendido e inhabilitado de manera general por el término de 12 años, para
ejercer cargos públicos, providencia que fue dictada en primera instancia por la
Procuraduría Regional del Cesar, el día 12 de diciembre de 2018, teniendo
como único cargo, la falta gravísima al haber elegido como Contralor Municipal
de Valledupar, al señor Omar Contreras Socarrás, quien se encontraba
inhabilitado.

Contra esta decisión, el actor impetró recurso de apelación, el cual fue
desatado por la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia
Administrativa, el día 17 de mayo de 2019, confirmando la decisión.

A su turno, el señor Roberto Carlos Castro Romero y otros, presentaron ante
la Procuraduría General de la Nación, solicitud de revocatoria directa, petición
que fue accedida por el Ministerio Público, de manera que, mediante
providencia adiado 1 de junio de 2020 ordenó revocar los fallos disciplinarios y
absolver de responsabilidad disciplinaria al hoy demandante, entre otros.

[…] Como se advierte, el Ministerio Público para revocar los fallos disciplinarios,
accedió a la solicitud que fue incoada por los disciplinados, entre ellos, el señor
Roberto Carlos Castro Romero, cual fue la inexistencia de la falta disciplinaria
en aplicación del principio de favorabilidad, al haber sido reformado el artículo
272 de la Constitución Política, por el artículo 4 del Acto Legislativo 4 del 18 de
septiembre de 2019, alegándose además, la sentencia de la Corte
Constitucional SU-566 de 2019, accediendo la administración a estos
argumentos, admitiendo la vulneración de las normas y de los derechos
fundamentales de los sancionados.

Como se advierte, el escenario que rodea el presente estudio sobre la
procedencia excepcional del medio de control de reparación directa, para
solicitar el reconocimiento de perjuicios que se derivaron de la
revocatoria directa de los fallos disciplinarios, es aquella según el cual,
para que pueda ser admisible este medio de control, es necesario que la
decisión de revocatoria, cuando es a solicitud del interesado, se profiera por
razones distintas a los argumentos normativos o jurisprudenciales invocados
por el petente, evento que como se observa, no ocurre en esta oportunidad,
en la medida en que el Procurador General de la Nación decidió excluir
del mundo jurídico los fallos sancionatorios, admitiendo los fundamentos
que fueron formulados por quien inicialmente promovió el trámite de
revocación directa, eventualidad que lógicamente establece como medio de
control procedente, el de nulidad y restablecimiento del derecho.

En virtud de lo anterior, para esta Sala de Decisión, no es admisible que la
parte demandante pretenda en sede de reparación directa, la
indemnización de un daño causado por un acto administrativo que
impuso una sanción disciplinaria, con sustento en una carga
argumentativa que, bien pudo ser puesta de presente a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, vía judicial que al
tenor del precedente jurisprudencial, también le habilitaba la oportunidad de
procurar la satisfacción de las mismas pretensiones indemnizatorias que ha
planteado en este proceso contencioso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

Se acota, que dado a que el Ministerio Público acogió los argumentos incoados
por el solicitante de la revocatoria, ello permite establecer que el actor pudo
tener conocimiento del daño desde el mismo momento de la notificación del
acto disciplinario que le causó el menoscabo, sin necesidad de tener que
esperar que a través de la revocatoria se aclarara esta situación. En suma, en
el presente asunto, para esta Colegiatura se presentó una indebida escogencia
del medio de control […]”. [Subrayado y cursiva original del texto, negrilla fuera
del texto].

36. Lacita anterior permite evidenciar que, contrario a lo expuesto por la parte
accionante, la autoridad judicial al estudiar la procedencia excepcional del medio
de control de reparación directa, para obtener la indemnización del daño que
proviene de un acto administrativo de contenido particular concluyó que el
accionante debió interponer el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

37. En criterio de la Sala, la presente discusión no gira en torno al alcance de un
derecho fundamental porque lo pretendido por el accionante es que el juez de tutela
efectúe un análisis de la controversia resuelta por el juez natural, con el propósito
de que se revoque la decisión judicial por el simple hecho de que no la comparte o
su resultado es desfavorable a sus intereses.

38. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”24.

39. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”25. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”26.

40. Confundamento en los anteriores razonamientos, esta Sección declarará la
improcedencia de la solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.

24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
25
Ibid.
26
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

17

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00841-00
Accionante: Roberto Carlos Castro Romero

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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