Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00842-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00842-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00842-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de mayo de 2025
Demandante: Julio Enrique Franco Morales
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00842-01
Demandante: JULIO ENRIQUE FRANCO MORALES
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
Defecto procedimental.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación formulada por la parte actora contra la
sentencia del 21 de marzo de 2025, en virtud de la cual el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, declaró improcedente el amparo solicitado en la acción de
tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado el 14 de febrero de 2025, el señor Julio Enrique Franco Morales,
actuando en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buga, en la que pretende la salvaguarda de sus derechos
fundamentales al «mínimo vital y móvil, acceso a la administración judicial y debido
proceso».
En criterio de la parte actora, la vulneración de las citadas garantías constitucionales
se materializó en los autos del 8 de julio y 6 de diciembre de 2024, a través de los
cuales se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76111-33-
33-001-2021-00031-00/01 instaurada por el accionante contra la Institución de
Educación Superior Unidad Central del Valle del Cauca (en adelante UCEVA).
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, solicitó que se tutelen los derechos invocados y, en
consecuencia:
1
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Demandante: Julio Enrique Franco Morales
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00842-01
[…] ordenar a las accionadas, retrotraer los autos que dieron fin al proceso y emitir
un nuevo pronunciamiento donde se aclare concretamente el motivo de la
inadmisión de la demanda, o en su efecto afirme detalladamente el procedimiento
a seguir en el caso que nos ocupa, ello por cuanto el proceso Laboral difiere del
Proceso Contencioso Administrativo.
Por lo tanto, solicito al Honorable Magistrado Ponente, se me otorgue una nueva
oportunidad para subsanar, porque ni el Juez ni el Magistrado, valoraron que la
presente demanda por culpa de la mora en la Justicia, (7 años) a la fecha no
concreta su admisión, considerando injusto para un ciudadano que por vicios de
forma, que le corresponden al Juez valorar, ahora después de 7 años y cuando
ya opera el fenómeno de la prescripción, me encuentre a la deriva respecto del
derecho reclamado.1
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El 15 de diciembre de 2017, el señor Franco Morales inició un proceso ordinario
laboral contra la UCEVA al interior del cual solicitó su reintegro a un cargo igual o de
la misma categoría al que venía desempeñando al momento de su desvinculación, en
las mismas condiciones en que fue contratado inicialmente, prorrogando su última
vinculación, la cual se surtió el 9 de febrero de 2016.
También pidió el reconocimiento y pago de todos los emolumentos dejados de percibir
desde que finalizó el contrato de prestación de servicios hasta el momento de su
reintegro. Asimismo, peticionó la declaratoria de ineficacia de la terminación del
referido contrato, al considerar que la relación debía ser reconocida como un contrato
de trabajo, debido a la ausencia de autorización previa del Ministerio del Trabajo para
su finalización, a pesar de que la entidad demandada conocía que se encontraba
incapacitado y en tratamiento médico.
Adicionalmente, reclamó el pago indexado de los honorarios derivados del contrato
de prestación de servicios, junto con los respectivos intereses moratorios, así como la
indemnización prevista en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en atención a su
condición de persona en situación de discapacidad.
En audiencia inicial celebrada el 17 de noviembre de 2020, el Juzgado Primero
Laboral del Circuito Judicial de Tuluá declaró probada la excepción previa de falta de
jurisdicción, alegada por la UCEVA en la contestación de la demanda, en atención a
la naturaleza pública de esta entidad. En vista de lo expuesto, el proceso fue asignado
al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga el cual, a su vez,
en auto del 19 de julio de 2021 declaró su falta de competencia para avocar
conocimiento.
1 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
2
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Demandante: Julio Enrique Franco Morales
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
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A través de proveído del 4 de mayo de 2023, la Corte Constitucional dirimió el conflicto
de jurisdicciones y declaró que la competencia para conocer la demanda instaurada
por el señor Franco Morales recaía en el Juzgado Primero Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Buga.
Este último, por medio de auto del 20 de octubre de 2023 inadmitió la demanda y
concedió el respectivo término de subsanación para que esta se ajustara a «las reglas
procesales de la justicia contencioso administrativa» y, en particular, a lo indicado en
el artículo 162 del CPACA.
Tras aportarse corrección del escrito inicial, a través de providencia del 24 de enero
de 2024, el juzgado accionado consideró que el escrito inicial aún generaba dudas
puesto que, pese a que el medio de control incoado es el de nulidad y restablecimiento
del derecho, se solicitó la nulidad de un contrato de prestación de servicios, pretensión
que es propia del medio de control de controversias contractuales.
Así, al observar tanto pretensiones contractuales como de nulidad y restablecimiento
del derecho, la autoridad judicial requirió a la parte actora para que aclare «si se está
acumulando las pretensiones acorde con el artículo 165 del CGP; para lo cual deberá
aplicarse el articulado que rige cada medio de control».
Posteriormente, en auto del 8 de julio de 2024, el juzgado resolvió rechazar el medio
de control en razón a que las actuaciones cuya nulidad se pretendía no constituían
actos administrativos susceptibles de control judicial. Esta decisión fue apelada por el
accionante y confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2 a través
de proveído del 6 de diciembre de 2024, el cual ratificó el raciocinio del la decisión
recurrida.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
El actor afirmó que la solicitud de amparo supera todos los requisitos de tutela contra
providencia judicial precisados por la Corte Constitucional. En lo que atañe a la
relevancia constitucional del asunto, consideró que esta se acredita puesto que lo
perseguido es la protección de sus derechos fundamentales ante las deficiencias
contenidas en la decisiones judiciales cuestionadas.
Señaló la configuración de defectos procedimentales por exceso ritual manifiesto y
violación directa de la Constitución, atribuidos a las autoridades judiciales
accionadas. Según su argumento, dichas irregularidades devienen del rechazo de su
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho sin valorar adecuadamente el
fondo del asunto, limitándose a aspectos formales del trámite procesal.
Reprochó que, tras siete años de trámite, el asunto fue rechazada en aplicación
estricta del principio de justicia rogada, sin considerar su situación de indefensión y
2 En Sala de Decisión integrada por los magistrados Ronald Otto Cedeño Blume, Jhon Erick Chaves
Bravo y Fernando Augusto García Muñóz.
3
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la imposibilidad de iniciar nuevamente la acción por haber operado la caducidad, lo
que, en su criterio, constituye una denegación de justicia.
Argumentó que, aunque se le otorgaron dos oportunidades para subsanar los
defectos del libelo introductorio, las providencias judiciales fueron ambiguas e
imprecisas en cuanto a las correcciones requeridas, generando confusión,
especialmente considerando que el proceso se originó en una demanda laboral,
donde los requerimientos procesales difieren significativamente de los del
contencioso administrativo.
Finalmente, alegó que dicha interpretación formalista le privó de una decisión de
fondo sobre sus pretensiones, dejando a la deriva su derecho al mínimo vital, lo que
agrava su situación de indefensión y vulnera sus garantías constitucionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente del fallo de primera instancia, por auto del 20 de febrero de
2025 admitió la acción de tutela, ordenó la notificación del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Buga y del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, y requirió al ad quem del proceso ordinario para que remitiera el expediente
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-001-2021 00031-
00/01.
1.6. Intervenciones
La Secretaría General de la Corporación, en cumplimiento a lo ordenado en el auto
admisorio, libró los oficios dirigidos a los sujetos procesales3 y en virtud de los cuales
se recibieron los siguientes escritos:
1.6.1. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
En memorial suscrito por el magistrado ponente de la decisión judicial cuestionada,
subrayó que actuó conforme a derecho al confirmar el rechazo de la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, con fundamento en los principios de seguridad
jurídica e igualdad procesal.
Precisó que el juez tiene la facultad de verificar la idoneidad formal de la demanda y
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 162 de la Ley 1437 de
2011 y que en ningún momento se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, pues la providencia objeto de reproche se adoptó sin dilaciones indebidas
y con base en las normas aplicables.
En consecuencia, el Tribunal solicitó que se niegue o declare improcedente la solicitud
de amparo.
3 Índice 9 del expediente digital de primera instancia.
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1.6.2. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga se
limitó a enviar el expediente del proceso ordinario, sin pronunciarse sobre el fondo de
la controversia constitucional.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A profirió sentencia el 21 de
marzo de 2025, en la que declaró improcedente la solicitud de amparo por no advertir
la relevancia constitucional del asunto.
Precisó que el señor Franco Morales no logró cumplir con las cargas argumentativas
necesarias para demostrar la configuración de un defecto procedimental o una
violación directa de la Constitución en las decisiones cuestionadas. Señaló que,
aunque el accionante alegó que las autoridades judiciales rechazaron su demanda sin
un análisis de fondo y priorizando aspectos formales, no precisó de manera concreta
cómo estas providencias contrarían las mínimas reglas de razonabilidad o vulneran
sus derechos fundamentales, limitándose a manifestar inconformidades generales
respecto al tiempo transcurrido en el proceso y la claridad de los autos de inadmisión.
El fallo fue notificado a través de correo electrónico enviado el 28 de marzo de 2025.
1.8. Impugnación
Con escrito radicado en la Secretaría General de la Corporación el 2 de abril de 2025,
el tutelante presentó impugnación a la decisión de primera instancia solicitando su
revocatoria para, en su lugar, acceder a sus pretensiones.
Manifiesto su desacuerdo con la providencia impugnada, al considerar que esta se
enfocó erróneamente en exigir precisiones sobre los argumentos concretos que
llevaron a las autoridades judiciales a rechazar su demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho. A su juicio, dicha exigencia es inapropiada en el marco
de una acción de tutela, ya que esta tiene como propósito salvaguardar derechos
fundamentales y no revisar en detalle los requisitos formales del proceso ordinario.
Aclaró que su reclamo no se centra en las exigencias técnicas propias del
procedimiento administrativo, sino en denunciar la falta de protección a sus garantías
constitucionales por parte de las autoridades judiciales, que, en su criterio, se limitaron
a aplicar formalismos sin considerar las dificultades que enfrentó desde el inicio del
trámite jurisdiccional, el cual estuvo marcado por múltiples dilaciones.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación al fallo de tutela proferido por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019
del Consejo de Estado.
5
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2.2. Problema jurídico
Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si confirma,
modifica o revoca la decisión de primera instancia. Por lo anterior, es menester
abordar el siguiente problema jurídico:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se responderá lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga vulneraron los derechos
fundamentales invocados por el señor Franco Morales, con ocasión de los
autos del 8 de julio y 6 de diciembre de 2024, a través de los cuales se rechazó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 76-111-33-33-001-2021-
00031-00/01?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; ii) los requisitos de procedencia adjetiva y, finalmente, de
encontrarse superados (iv) el caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional
El presupuesto de relevancia constitucional establece la distinción que debe existir
entre el juez natural del caso y el juez constitucional, respetando la competencia que
cada uno tiene. Pues, como se ha sostenido en líneas anteriores, la acción de tutela
no se erige en una tercera instancia. Al respecto, la Sala considera pertinente traer a
colación lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022 7, la
cual, desarrolló y explicó los derroteros que deben observarse en aplicación del
requisito de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
7 M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”10
(…)
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
(…)
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
(…)
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal14. (Resaltado de la Sala)
8 Sentencia SU-573 de 2019.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.
8
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Sobre el particular, para la Sala este requisito no se encuentra superado en lo
que atañe al defecto por violación directa de la constitución, puesto que, pese a
hacer alusión al artículo 54 de la Constitución y a múltiples convenios
internacionales, el accionante no despliega razón alguna que indique que las
autoridades judiciales accionadas omitieron o no aplicaron debidamente algún
principio o norma superior.
Al respecto de este defecto, la Corte Constitucional ha reiterado en distintas
oportunidades los escenarios en que tiene lugar. Así lo hizo en la sentencia SU-
198 de 2013, en la cual precisó que:
Se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que desconoce la
Carta Política, ya sea porque: (i) deja de aplicar una disposición ius
fundamental a un caso concreto15; o porque (ii) aplica la ley al margen de los
dictados de la Constitución16.
En el primer caso, la Corte ha dispuesto que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución (a) cuando en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional, (b) cuando se trata de un derecho
fundamental de aplicación inmediata17 y (c) cuando el juez en sus resoluciones
vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el principio de
interpretación conforme con la Constitución18.
En el segundo caso, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en
cuenta en sus fallos, que con base en el artículo 4 de la C.P, la Constitución es
norma de normas y que en todo caso en que encuentre, deduzca o se le interpele
sobre una norma que es incompatible con la Constitución, debe aplicar las
disposiciones constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio
de la excepción de inconstitucionalidad19.
En el caso de análisis y en relación a la violación directa de la Constitución, se advierte
que el accionante omitió enmarcar sus reparos en alguno de los escenarios que dan
lugar a la configuración del defecto alegado. En este sentido, el señor Franco Morales
no cumplió con la carga argumentativa mínima de este cargo, lo cual denota la falta
de relevancia constitucional de la censura formulada e impide a esta Sala, actuando
como juez constitucional, adentrarse en el estudio del fondo del asunto en cuanto a la
causal especial de procedibilidad en comento.
Se resalta que las omisiones del actor en la argumentación de la solicitud de amparo
no pueden ser suplidas oficiosamente por el juez, pues tratándose de tutela contra
providencia judicial, el fallador debe atenerse exclusivamente a los reparos
formulados por el demandante, tal como lo indicó la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022:
15 Sentencia T-460 de 2016.
16 Sentencia SU-354 de 2017.
17 Sentencia SU-047 de 1999.
18 Sentencia SU-175 de 2015.
19 Sentencia C-104 de 1993.
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Adicionalmente, y dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela
debe restringir su análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante,
además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia. Si el juez constata alguna irregularidad debe comprobar que sea grave
y de una entidad tal que amerite la intervención urgente del juez de tutela21. (Resaltado
de la Sala)
Frente al segundo aspecto, esto es, que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en un defecto procedimental por un exceso de ritual manifiesto, se
considera que se supera el requisito de relevancia constitucional. Esto porque, tal
como lo indica el actor en su escrito de impugnación, los argumentos del amparo no
constituyen un mero cuestionamiento legal de las providencias cuestionadas, sino
que señalan un posible rigorismo excesivo en la aplicación de las normas procesales,
con implicaciones para sus garantías constitucionales.
Es importante aclarar que este análisis no implica valorar anticipadamente la vocación
de prosperidad del reparo planteado, sino verificar si el asunto trasciende el ámbito
de un simple debate legal para convertirse en una posible vulneración de derechos
fundamentales. En el presente caso, no se observa que el accionante pretenda
convertir la tutela en una tercera instancia del proceso ordinario, sino que busca que
se examine el impacto que el supuesto enfoque excesivamente formalista de las
decisiones judiciales podría haber tenido sobre sus garantías superiores.
Por tanto, al no advertirse que los cuestionamientos se limiten a discrepancias sobre
la interpretación de las normas procesales, sino que se alega una posible afectación
iusfundamental, se tiene por acreditado el requisito de relevancia constitucional en
relación con el defecto procedimental invocado, conforme a los criterios fijados en la
sentencia SU-215 de 2022.
2.4.2. Inmediatez
También se acredita el cumplimiento del requisito de inmediatez. Esto, dado que las
providencias cuestionadas fueron proferidas el 8 de julio y el 6 de diciembre de 2024,
siendo esta última la que resolvió de forma definitiva la cuestión sometida a
consideración de las autoridades judiciales.
Así, sin que sea necesario establecer su fecha de de ejecutoria, se advierte que la
acción de tutela se radicó el 14 de febrero de 2025, esto es, dentro del término
razonable de 6 meses señalado por la jurisprudencia22.
20 Sentencia SU-074 de 2022.
21 Sentencia SU-072 de 2018.
22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.3. Tutela contra tutela
La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues las providencias judiciales reprochadas fueron proferidas al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
radicado 76-111-33-33-001-2021-00031-00/01.
2.4.4. Subsidiariedad
En consideración a dicho requisito, por ser el objeto de este mecanismo constitucional
una providencia que confirmó en segunda instancia el rechazo de la demanda, es
evidente el agotamiento de los recursos ordinarios. Asimismo, no proceden los
recursos extraordinarios de revisión y unificación de jurisprudencia, comoquiera que
la inconformidad señalada por la parte actora no se adecúa a las causales
establecidas en los artículos 250 y 257 de la Ley 1437 de 2011.
2.5. Generalidades del defecto procedimental
Al respecto, se tiene que la Corte Constitucional ha reconocido dos modalidades de
defecto procedimental: a) uno absoluto, que se presenta cuando el operador judicial
se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido, y b) por exceso
ritual manifiesto, que tiene lugar cuando hay una renuncia consciente de la verdad
jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las
normas procesales23.
En lo concerniente al defecto procedimental absoluto la Corte Constitucional ha
señalado que «el defecto procedimental, se presenta en aquellos casos en los cuales el
juez se desvía por completo del procedimiento fijado por la ley para dar trámite al proceso
respectivo.»24
En cuanto al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, que es el que se
alega con esta acción de tutela, se configura «cuando hay una renuncia consciente
de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la
aplicación de las normas procesales»25.
Asimismo, se ha contemplado que el defecto procedimental también ocurre cuando
el operador judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente establecido
(absoluto), pero que cualquiera que sea el caso, la procedencia de la acción de tutela
23 Sentencia T-620 de 9 de septiembre de 2013. Sentencia T-268 de 2010. El Alto Tribunal también ha
considerado que el defecto procedimental se puede configurar por la violación del derecho a la defensa
técnica, puesto que «… el concepto de defensa técnica como el derecho de la persona a escoger su
propio defensor y, de no ser ello posible, a ser representado por uno de oficio designado por el Estado,
quien a su vez debe contar con un nivel básico de formación jurídica» (sentencia T- 561 de 2014)
24 Corte Constitucional, Sentencia T-017 de 2007.
25 Corte Constitucional, sentencia T - 620 de 9 de septiembre de 2013.
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en presencia del vicio de tal naturaleza se sujeta a la concurrencia de los siguientes
elementos26:
i) Que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela.
ii) Que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales.
iii) Que la irregularidad haya sido alegada al interior del proceso ordinario, salvo que
ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las circunstancias del caso específico.
iv) Que la situación irregular no sea atribuible al afectado.
v) Que como consecuencia de lo anterior se presente una vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual manera, la Corte ha aclarado que en ningún caso el desconocimiento del
procedimiento que se arguye puede ser una deficiencia atribuible al afectado27.
2.6. Caso concreto
La Sala anticipa que negará el amparo constitucional solicitado, por cuanto los autos
del 8 de julio y 6 de diciembre de 2024, dictados por el Juzgado Primero Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
respectivamente, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
adelantado por el accionante, bajo el radicado 76-111-33-33-001-2021-00031-00/01,
no incurrió en el yerro planteado.
En el caso bajo análisis, el señor Franco Morales sustenta la existencia de un defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto a partir de varios factores que, a su
juicio, evidencian una aplicación excesivamente formalista de las normas procesales,
en detrimento de sus derechos fundamentales. En ese orden, refirió que la duración
total del proceso fue desproporcionada, dado que su demanda atravesó un largo
trámite jurisdiccional que incluyó un conflicto de competencias resuelto por la Corte
Constitucional. Por tanto, consideró que el tiempo transcurrido entre la interposición
inicial de la demanda y su rechazo final por parte de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo afectó de manera injustificada su acceso a la administración de justicia.
Además, alegó que los autos de inadmisión emitidos en el marco del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho no ofrecieron claridad suficiente respecto de
las correcciones que debía realizar para subsanar los defectos formales identificados,
lo que, según su perspectiva, generó confusión y frustró su derecho de acceso a la
26 Ibidem.
27 Al respecto, ver las Sentencias T-538 de 1994, SU 478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011,
entre otras.
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administración de justicia, toda vez que los términos y conceptos utilizados no habrían
sido suficientemente precisos para permitir una adecuada subsanación de la
demanda.
Por último, argumentó que la decisión de rechazar su demanda por incumplir los
requisitos del CPACA refleja un rigorismo procesal desproporcionado, al privilegiar
estos sobre un eventual análisis de fondo del asunto. Para el tutelante, esta exigencia
resultó particularmente gravosa, dado que su proceso se originó en la jurisdicción
laboral, donde se aplican criterios interpretativos diferentes, lo que, a su juicio, debió
ser considerado por las autoridades judiciales para evitar que las formalidades
procesales se convirtieran en un obstáculo insuperable para la resolución de sus
pretensiones.
Para la Sala, contrario a lo aseverado por el accionante, el cargo por defecto
procedimental por exceso de ritual manifiesto no se encuentra configurado en el
presente caso, porque no se advierte que las decisiones adoptadas por las
autoridades judiciales accionadas sean desproporcionadas o arbitrarias en su
alcance. En realidad, la determinación de rechazo del medio de control no se
fundamentó en un formalismo excesivo o en una preferencia indebida por las reglas
procesales sobre los derechos sustantivos del señor Franco Morales, sino en la
aplicación razonable de los requisitos mínimos exigidos para que una demanda sea
admitida en el marco del proceso contencioso administrativo.
De igual manera, el análisis del expediente demuestra que el juzgado accionado
adoptó una postura garantista al conceder hasta dos oportunidades para enmendar
los defectos de la demanda, lo que refleja un interés en asegurar el acceso efectivo
a la administración de justicia.
El proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 76-111-33-33-001-2021-00031-
00/01 se originó en una demanda inicialmente presentada ante la jurisdicción laboral,
cuyo conocimiento correspondió a la jurisdicción contenciosa administrativa tras
dirimirse un conflicto de competencia negativo por la Corte Constitucional. Cada una
de estas ramas jurisdiccionales obedece a estatutos procesales distintos, de modo
que no resulta desproporcionado que el juzgado accionado inadmitiera la demanda
para que el actor ajustara el escrito introductorio a los requisitos formales propios del
medio de control.
En atención a lo anterior, el lapso transcurrido entre la presentación de la demanda y
su rechazo obedeció a la diligencia razonable con que el juez examinó el
cumplimiento de las formas y requisitos mínimos exigidos para el trámite
jurisdiccional, y no a un retraso injustificado.
Por el contrario, las providencias que inadmitieron la demanda y requirieron su
subsanación responden al garantismo que orientó la actuación del Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga. En ambas ocasiones, el despacho
detalló con precisión los motivos de su decisión y las incorrecciones del escrito
introductorio. Puntualmente, en el auto del 20 de octubre de 2023, el juzgado indicó:
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En razón a lo anterior y dado que el escrito de demanda fue preparado para ser
tramitado por la jurisdicción ordinaria laboral y que lo pretendido por el interesado es
obtener el reconocimiento de un derecho de tal índole por parte de una entidad de
orden púbico, el trámite a impartir será el correspondiente a los procesos de Nulidad
y Restablecimiento del Derecho y en consecuencia, el escrito de demanda deberá
ajustare a las reglas procesales de la justicia contencioso administrativa.
En consecuencia y sin perjuicio de lo señalado en los numerales 1°, 3°,5° del artículo
162 del CPACA, el medio de control deberá contener:
-Lo que se pretende, expresado con prescisión y caridad. Las varias pretensiones se
formularán por separado, con observancia de los dispuesto en la Ley 1437 de 2011
para la acumulación de pretensiones.
-Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación
de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el
concepto de su violación.
-La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la
competencia
De igual forma, en el proveído del 24 de enero de 2024 se precisaron los defectos a
corregir:
El medio de control incoado es nulidad y restablecimiento del derecho, sin embargo,
se solicita la nulidad de unos contratos de prestación de servicios, lo que
correspondería a una acción contractual (artículo 141 CPACA).
Pretende además “se declare una relación laboral continua y directa entre el señor
Julio Enrique Franco Morales y la Unidad Central Del Valle Uceva, desde el 14 de
mayo del año 2012 hasta la fecha” (¿Contrato realidad?). Sin que se exponga en
forma clara ni anexe el acto administrativo a nulitar, ni las causales específicas de la
misma.
Así las cosas, habiendo pretensiones contractuales y de nulidad y restablecimiento
del derecho deberá aclarase si se esta acumulando las pretensiones acorde con el
artículo 165 del CGP; para lo cual deberá aplicarse el articulado que rige cada medio
de control.
Por lo que se ordena a la parte demandante realizar las correspondientes
aclaraciones, previo a decidir sobre la admisión del medio de control.
Como se observa, el juzgado no impuso una interpretación irrestricta de las normas
procedimentales que diera lugar a un lapso injustificado entre la interposición de la
acción y su rechazo, sino que exigió de manera razonable la corrección de la
demanda para que se ajustara a las formas mínimas de la jurisdicción contencioso
administrativa, indicando con claridad las deficiencias a subsanar por el demandante.
En efecto, una vez ajustada la demanda conforme a las instrucciones de los autos de
inadmisión, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Buga
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identificó con precisión lo pretendido por el accionante y concluyó, en el auto del 8 de
julio de 2024, que la actuación cuya validez se cuestionaba no era objeto de control
jurisdiccional.
Este raciocinio fue confirmado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en
el proveído del 6 de diciembre de 2024, al precisar que el acta de suspensión y la
resolución reprochada constituían actos de trámite y de ejecución, y no podían
considerarse actos administrativos definitivos susceptibles de discusión en sede de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Asimismo, tal como se evidenció en las providencias anteriores, las autoridades
judiciales accionadas cumplieron con su función de verificar los requisitos mínimos
de la demanda para determinar que el asunto no era objeto de control judicial. Este
proceder no puede reputarse irrazonable y constitutivo del defecto procedimental
alegado, pues, como señaló el tribunal en la providencia cuestionada, si bien el juez
tiene la facultad de analizar la idoneidad formal de una demanda y verificar el
cumplimiento de los requisitos legales establecidos en el artículo 169 de la Ley 1437
de 2011, no le corresponde exceder su función jurisdiccional ni imponer a la parte una
forma específica de estructurar su demanda, lo cual es una carga que corresponde al
demandante.
En conclusión, esta Sala no encuentra configurado el defecto procedimental por
exceso de ritual manifiesto en las decisiones cuestionadas. Como se analizó, las
providencias proferidas por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no reflejan un apego
desproporcionado a las formalidades procesales que comprometa los derechos
fundamentales del tutelante. Por el contrario, se observa un ejercicio adecuado de
control formal del proceso, orientado a verificar el cumplimiento de los requisitos
mínimos para la admisión del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 21 de marzo de 2025, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, frente a la declaratoria de
improcedencia de la acción de tutela respecto del defecto por violación directa de la
Constitución.
SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 21 de marzo de 2025,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A que declaró la
improcedencia de la acción de tutela en torno al defecto procedimental y, en su lugar,
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NEGAR la acción de tutela con relación al defecto procedimental por exceso de ritual
manifiesto.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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