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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00844-00

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00844-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva elevada por la UARIV. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del cargo por defecto fáctico en relación con la omisión en la incorporación de la «copia de la resolución o acto administrativo de inclusión como desplazados a los demandantes». TERCERO: ACCEDER AL AMPARO del derecho al debido proceso de la parte actora. CUARTO: como consecuencia de ello, DEJAR SIN EJECTOS la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso de reparación directa con radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01. En virtud de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de reemplazo de conformidad con los parámetros establecidos en esta providencia. QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00 SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00844-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

8 de mayo de 2025

Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00844-00
Demandantes: RUBY ESTHER ARIAS NARVAEZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve en primera instancia la acción de tutela formulada por los
señores Ruby Esther Arias Narváez y otros contra el Tribunal Administrativo de
Sucre y otro.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. La señora Ruby Esther Arias Narváez y otros1, actuando mediante
apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Sucre y el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo. Con la solicitud de
amparo pretenden la protección de su derecho fundamental al debido proceso.

2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a la sentencia del 14 de
noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el
proceso de reparación directa2 promovido por la parte actora contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, la Policía Nacional, el
Departamento de Sucre, y el municipio de Ovejas. Mediante dicha providencia,
se revocó el fallo del 12 de diciembre de 2022 dictado por el Juzgado Primero
Administrativo de Sincelejo que negó las pretensiones para algunos actores y
declaró probada la excepción de caducidad para otros. En su lugar, el tribunal
declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa en
relación con algunos de los demandantes y negó las pretensiones para los
restantes.

1 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus

nombres se relacionan en el anexo 1 de esta providencia.
2 Proceso identificado con el radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01.

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Demandantes: Ruby Esther Arias Narváez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00844-00

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERO: solicitó a esta Honorable Corporación, con el debido respeto, la
revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que
declaro la falta de legitimación en la causa por activa de los señores ANA
EFIGENIA NARVAEZ GONZALEZ; ELVER RAFAEL TRESPALACIOS NARVAEZ;
NELSON JOSÉ TRESPALACIOS NARVAEZ; BERLYS TRESPALACIOS
NARVAEZ; ERLYS JUDICTH TRESPALACIOS NARVAEZ; MARIA MERCEDES
TRESPALACIOS NARVAEZ; JOSÉ TOMÁS ORTEGA GUZMÁN; JOEL DAVID
NARVAEZ PUENTES; CARLOS ANDRÉS YEPEZ PEÑA; LUIS ALFONSO
PUENTES PEREZ; PIEDAD CECILIA VILLEGAS PÉREZ; DAIRO EMIRO
PUENTES RIVERO; JULIA TERESA RIVERO PÉREZ; ALDAIR RAFAEL
NARVAEZ MONTERROZA; LUIS MANUEL YEPES ALVIS; ABETH MANJARRES
CARO; JOSÉ TOMÁS ORTEGA MANJARRES; ELIZABETH ORTEGA
MANJARRES; CELSA MARÍA GUZMÁN ORTEGA; REGINA ESTHER CARO DE
ROMERO; JUAN CAMILO GUERRA ROMERO; RUBEN ANTONIO ROMERO
MONTERROZA; ESTELLA MARÍA RODRÍGUEZ PAREDES; JUAN DAVID
RODRÍGUEZ PAREDES; LUIS CARLOS RODRÍGUEZ PAREDES; MARÍA DE
LAS MERCEDES TOVAR TOSCANO; MANUEL DEL CRISTO TOVAR PUENTES;
NIDIA ESTER MUNIVE ORDOÑEZ; EDWIN JOSÉ ORTEGA MERCADO, quien
actúa en nombre propio y en representación de sus menores hijos: JUAN DAVID
ORTEGA YEPES y DEINER ELIAS ORTEGA YEPES; MARLY ROMERO CARO;
DIMAS RAFAEL SALCEDO NARVAEZ, quien actúa en nombre propio y en
representación de sus menores hijos: ÁNGEL MIGUEL SALCEDO ORTEGA;
MARÍA MARGARITA SALCEDO ORTEGA y DIMAS JOSÉ SALCEDO ORTEGA;
ENUAR RAFAEL SALCEDO ORTEGA y BERLEDIS MARÍA SALCEDO ORTEGA;
YEISON YAIR NARVAEZ VILLEGAS; MARTHA CECILIA PEÑA PEREZ; DIANA
MARCELA MERCADO HUERTAS; SAMUEL ELÍAS DEL TORO RIVERO;
FERNANDO SEGUNDO DEL TORO RIVERO; EUCARIS DEL SOCORRO
TOSCANO ORTEGA; JUAN JOSÉ ALVIZ TOSCANO; SENIS PAOLA ALVIZ
TOSCANO y SULLY ANDREA ALVIS TOSCANO; YULIETH PAOLA YEPEZ
ALVIS; ANDRÉS MANUEL TORRES VILORIA, quien actúa en nombre propio y en
representación de su menor hijo ANDREINA ROSA TORRES TOVAR; ANA LUCÍA
TORRES TOVAR; y DAVID JOSUE DEL TORO RIVERO. por el juzgado primero
administrativo del circuito de Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE-SALA PRIMERA DE DECISION.

SEGUNDO: Se protejan, amparen los derechos fundamentales de los
demandantes, accionantes, debido proceso y se dicte una nueva providencia de
remplazo, de mejor proveer; donde se tome la prueba aportada por la UARIV, como
prueba de suficiencia para demostrar la condición de desplazados de los
demandantes dentro del proceso.

Con ocasión a la vulneración al debido proceso y acceso a la justicia, reparación
integral, de víctimas de grave violaciones de derechos humanos, en el caso bajo
estudio.

TERCERO: Solicitar con el respeto acostumbrado, se sirva ordenar readecuar el
procedimiento para permitir que las víctimas demandantes que gozan de
protección especial constitucional, se les proteja sus derechos constitucionales; lo
que condiciona la actividad del juez, particularmente el control oficioso, la función
probatoria, la cual no fue ejercida, por las autoridades accionadas, ni fue resuelta
por las entidades del estado como la UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A
LAS VICTIMAS, ALCALDIA DE OVEJAS, OFICINA DEL SISBEN, CENSO
POBLACIONAL, entre otros.

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1.3. Hechos

La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la siguiente
manera:

4. El 6 de septiembre de 1997 hubo una masacre en el Corregimiento de
Pijiguay, del municipio de Ovejas, Sucre, perpetrada por grupos al margen de la
ley, lo que obligó el desplazamiento de los pobladores de esa zona.

5. El 3 de febrero de 2015, algunos pobladores3 de dicho corregimiento
presentaron solicitud de conciliación extrajudicial, previo a acudir ante el juez de
lo contencioso administrativo con el fin de reclamar por los perjuicios ocasionados
con el desplazamiento forzado. El 18 de marzo de 2015 se llevó a cabo la
respectiva audiencia de conciliación, la cual se declaró fracasada.

6. El 9 de junio de 2015, tales personas presentaron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, la
Policía Nacional, el Departamento de Sucre, y el municipio de Ovejas, con el fin
de exigir la indemnización de los perjuicios ocasionados por tales hechos
victimizantes.

7. Mediante sentencia del 12 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero
Administrativo de Sincelejo declaró probada la excepción de caducidad del medio
de control respecto de unos actores y negó las pretensiones en relación con los
restantes, de conformidad con las siguientes razones. Según la sentencia del 29
de enero de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que la
inaplicación del término de caducidad era excepcional ante la imposibilidad
material de ejercer el derecho de acción, situación que no se había acreditado en
el asunto. Sobre la negativa de acceder a las pretensiones, los interesados no
demostraron su inclusión en el Registro Único de Víctimas (en adelante, RUV) y,
por tanto, no probaron su calidad de víctimas de desplazamiento forzado.

8. Por medio de fallo del 2 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de
Sucre revocó la providencia de primera instancia y, en su lugar, declaró la
caducidad del medio de control para la totalidad de los demandantes, con
fundamento en los siguientes argumentos. El término de caducidad para la
presentación del medio de control de reparación directa debía contarse desde el
momento en que ocurrió el desplazamiento forzado y, por tanto, al momento de
presentación de la demanda se había vencido la oportunidad procesal para su
interposición.

9. Contra dicha decisión, los demandantes promovieron acción de tutela4 y
alegaron la configuración de un defecto procedimental absoluto y un
desconocimiento del precedente de la sentencia SU-254 de 2013 de la Corte

3 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus

nombres se relacionan como accionantes y vinculados en los anexos 1 y 2 de esta providencia.
4 Trámite identificado con el radicado 11001-03-15-000-2024-01004-00/01

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Constitucional.

10. Mediante sentencia del 14 de mayo de 2024, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado amparó el derecho al debido proceso de
la parte actora y dejó sin efectos el fallo del 2 de agosto de 2023 del Tribunal
Administrativo de Sucre. En consecuencia, ordenó a la autoridad judicial proferir
una providencia de reemplazo. Lo anterior, de conformidad con los siguientes
motivos.

11. El medio de control no estaba caducado, debido a que no se demostró que
el daño continuado que implicaba el desplazamiento forzado hubiera cesado. La
sentencia SU-254 de 2013 quedó ejecutoriada el 23 de mayo de 2013 y desde
esta fecha debía empezarse a contar el término de 2 años para presentar la
demanda. La caducidad fue suspendida con la presentación de la solicitud
extrajudicial y dado que esta se declaró fallida el 18 de marzo de 2014, la
demanda radicada el 9 de junio de 2015 fue oportuna.

12. Mediante fallo del 29 de agosto de 2024, la Sección Primera del Consejo
de Estado confirmó la providencia de tutela de primera instancia al considerar
que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió en desconocimiento del
precedente de la sentencia SU-254 de 2013.

13. En cumplimiento de la orden del juez de tutela, el 14 de noviembre de 2024
el Tribunal Administrativo de Sucre dictó sentencia de reemplazo mediante la cual
negó las pretensiones con respecto a unos demandantes y declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de los restantes.

14. Lo anterior, con fundamento en las siguientes razones. En el expediente
no obraba prueba alguna que acreditara su condición de desplazados, lo que no
sucedía con los actores restantes, quienes aportaron su declaración para la
inscripción en el RUV antes de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011 y
con respecto a los cuales se negaron las pretensiones de la demanda. Este
registro acreditaba un mínimo interés para demandar, pero no para probar el
daño y su imputación.

15. Con respecto a los actores legitimados, no se demostró la calidad de
habitante habitual del lugar de los hechos, debido a que no se demostró el arraigo
con el lugar de residencia. Registros como el RUV, o certificados como el del
registro en el SISBEN o en el Sistema General de Seguridad Social en Salud no
prueban, por sí mismos, que en dicho lugar se ejercía una actividad económica
habitual, que se residía en tal sitio con vocación de permanencia o que se
adelantaban estudios. Por tanto, no se probó que la vida cotidiana con la que
generaban arraigo se dejó atrás debido al fenómeno de la violencia.

16. Registros como el SISBEN tienen como finalidad el análisis
socioeconómico de los hogares mediante encuestas, lo que no permite probar
que un grupo familiar o una persona haya permanecido, efectivamente, em

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determinado lugar de con vocación de permanencia. Las pruebas testimoniales
solo son indicios de que unas personas tuvieron que desplazarse, pero no se
indicó de manera concreta de quiénes se trataba, cuándo ocurrió, como ocurrió,
si estas personas tenían arraigo en la zona, etc.

17. El RUV, por sí solo, no denota las circunstancias de tiempo, modo y lugar
en el que tuvo lugar el desplazamiento de cada uno de los demandantes, dada
la generalidad del contenido documental aportado. Los registros aportados no
contienen un fin específico relacionado con el proceso judicial en cuestión y no
permiten particularizar la situación de desplazamiento que habrían vivido los
demandantes.

1.4. Sustento de la vulneración

18. Como fundamentos de la acción constitucional, la parte actora formuló los
argumentos que a continuación se presentan.

1.4.1. Defecto fáctico

19. El RUV no fue la prueba solicitada por la parte demandante en la
presentación de la demanda, ni tampoco la que fue decretada y oficiada por el
juez de la primera instancia. En la audiencia inicial se ordenó a la UARIV que
remitiera «copia de la resolución o acto administrativo de inclusión como
desplazados a los demandantes». Ante la negativa de la entidad en dar respuesta
al requerimiento, la parte demandante del proceso ordinario solicitó directamente
ante la UARIV dicha documentación.

20. Como respuesta a dicha petición, la entidad remitió el RUV en el que
registraban como víctimas de desplazamiento forzado algunos de los
demandantes, prueba que fue incorporada al expediente y que «terminó
supliendo lo que se pretendía probar con la resolución o acto administrativo de
inclusión como desplazados» que fue solicitada en un principio.

21. En este contexto, si para el tribunal el RUV no era prueba suficiente para
acreditar la condición de desplazados de los actores y si se hubiera tomado en
consideración que esta no fue la prueba pedida en un principio por la parte actora,
contaba con la facultad de disponer la práctica de pruebas necesarias para
esclarecer este y todos los puntos oscuros del trámite, según lo dispuesto por el
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011.

22. La autoridad judicial accionada incurrió en indebida valoración del Oficio
JAD 001-088-1 de la Alcaldía de Ovejas que certificaba a 67 de los demandantes
como beneficiarios del SISBEN del municipio. El análisis llevado a cabo por el
tribunal desconoció las reglas de la lógica y la sana crítica pues ignoró los
requisitos establecidos por el Artículo 2.2.8.1.5. del Decreto 441 de 2017 para
que una persona sea beneficiaria de tal sistema.

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23. De conformidad con estas exigencias, un ciudadano debe ser residente
del municipio que lo incluye en la base de datos, lo cual fue desconocido por el
tribunal. El municipio de Ovejas tiene a su cargo el corregimiento de Pijiguay y es
perteneciente a su circunscripción territorial. Por tanto, la autoridad judicial debió
dar por probado que los 67 demandantes incluidos en el SISBEN por parte del
municipio eran residentes de este ente territorial y, en tal sentido, debió
acreditarse que estas personas que tuvieran RUV eran desplazados por la
masacre de Pijiguay.

24. No se valoró el expediente penal de la Unidad de derechos humanos y
DIH de Medellín que obra en el plenario y según el cual se acreditó que el 6 de
septiembre de 1997, en el corregimiento de Pijiguay, grupos armados
incursionaron a dicha zona y cometieron una masacre, entre otra serie de delitos.
También se omitió el estudio de las declaraciones de habitantes incorporadas en
dicho expediente y mediante las cuales se describió lo ocurrido. De tales
testimonios se infiere que para dicha época, aquellas personas tuvieron que
abandonar el corregimiento de Pijiguay y desplazarse hacia otras zonas del país.

25. Se encuentra debidamente probada la calidad de víctimas de
desplazamiento forzado de los actores, según las pruebas que obran del folio
1292 al 1302 en donde obra un oficio aportado por la UARIV que establece lo
siguiente: «a consulta en el RUV las siguientes personas se encuentran incluidas
por el hecho victimizante de desplazamiento forzado bajo la Ley 387 de 1997,
marco normativo en el cual inició su actuación».

1.4.2. Desconocimiento del precedente

26. Se incurrió en un desconocimiento de la sentencia T-117 de 2022 que fijó
un régimen de flexibilización de las reglas probatorias a sujetos de especial
protección constitucional en los procesos llevados a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo en los que se discuten graves vulneraciones de
derechos humanos e infracciones al DIH. Según esta providencia, el juez puede
distribuir la carga probatoria, teniendo en cuenta la situación más favorable a las
víctimas del conflicto armado. Por tanto, según la Corte Constitucional, no se le
puede exigir a estas personas allegar un material probatorio rígido que no deje
duda de los hechos que dieron lugar a la vulneración alegada.

27. El tribunal demandado incurrió en una revictimización a los demandantes
al exigirles que cumplieran con una alta carga probatoria, pues al ser habitantes
de un área rural, se encuentran imposibilitados para allegar pruebas que no
poseían y que debían ser aportadas por las entidades estatales.

1.5. Trámite de la acción de tutela

28. Mediante auto del 20 de febrero de 2025, el magistrado ponente inadmitió
la acción de tutela formulada, para que la parte actora: i) identificara los sujetos
que integraban el extremo accionante; ii) allegara el poder especial y específico

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que le fue otorgado por los sujetos que integran la parte accionante para la
presentación y tramitación de este mecanismo y, iii) identificara bajo la gravedad
de juramento que no ha presentado otra acción de tutela respecto de los mismos
hechos y derechos.

29. En relación con el requerimiento consistente en identificar a los sujetos
que integran el extremo activo y en allegar el respectivo poder especial, se
cumplió parcialmente la orden. Si bien se identificaron a 267 personas que, según
el profesional en derecho Fernández Chagín conforman la parte actora, se
allegaron únicamente los poderes especiales que lo acreditan como
representante de los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros5. En tal sentido,
por medio de auto del 6 de marzo de 2025, se admitió la acción constitucional
exclusivamente en relación con tales personas.

30. De igual forma, se ordenó notificar como accionados al Tribunal
Administrativo de Sucre y al Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo. A su
vez, se vinculó como terceros con interés a la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Armada Nacional, a la Policía Nacional, al Departamento de Sucre, al
municipio de Ovejas, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas y a los señores Elver Rafael Trespalacios Narváez y otros6, relacionados
en el escrito de subsanación como integrantes del extremo activo y de quienes
no se aportó el respectivo poder, pero que conformaron la parte demandante del
proceso de reparación directa.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional

31. Solicitó que se negara el amparo invocado pues, a su juicio, no se ha
vulnerado ningún derecho fundamental de los actores. Lo anterior, con
fundamento en los siguientes argumentos.

32. No se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, pues
lo que se evidencia es que la parte actora pretende reabrir un debate que se
encuentra definido.

33. El tribunal valoró las pruebas que se aportaron y de las cuales no se
acreditó la condición de desplazados de los demandantes, a su vez que de ellas
no deriva automáticamente la responsabilidad del ministerio. En el proceso no se
cumplió con la carga probatoria requerida para el efecto, dado que no se probó
que los daños aludidos fueran imputables a las entidades accionadas. Esta
calidad de los sujetos es una situación fáctica y no una calidad jurídica que se
adquiera con la inscripción en una lista oficial.

5 Debido a la extensión de las personas que conforman el extremo activo de esta acción constitucional, sus

nombres se relacionan en el anexo 1 de esta providencia.
6 Los nombres de estas personas se relacionan en el anexo 2 de esta sentencia.

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1.6.2. Tribunal Administrativo de Sucre

34. Solicitó desestimar las pretensiones formuladas puesto que, a su juicio, la
parte actora pretende reabrir el debate surtido en el proceso ordinario, lo cual
contraría la finalidad de la acción de tutela.

1.6.3. Municipio de Ovejas

35. Con fundamento en los siguientes motivos, pidió que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela y se negaran las pretensiones formuladas.

36. Los actores promovieron con antelación el mecanismo de amparo contra
las autoridades judiciales demandadas, por los mismos hechos y pretensiones.
El Consejo de Estado conoció de tal mecanismo en primera y segunda instancia.
En ambos procesos se invocó la protección del debido proceso y se solicitó que
se revocaran tales fallos. En tal sentido, se configura la cosa juzgada y la
temeridad.

37. El tribunal valoró debidamente el material probatorio obrante en el
expediente, por lo que no incurrió en los defectos formulados por la parte actora.

1.6.4. Policía Nacional

38. Solicitó que se negaran las pretensiones formuladas, con sustento en los
siguientes argumentos.

39. El derecho al debido proceso fue garantizado, lo que no implica una
decisión favorable para los actores. De tal forma, no se acreditó la vulneración
de los derechos fundamentales de los demandantes, dado que se probó su falta
de legitimación en la causa por activa en el trámite judicial en cuestión. Por último,
no se probó la configuración de algún perjuicio grave e inminente.

1.6.5. Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

40. Pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa de la entidad y
que se declarara la cosa juzgada constitucional, con fundamento en los
siguientes motivos.

41. La UARIV no es parte dentro del proceso ordinario y las pretensiones
formuladas no se atribuyen a alguna vulneración o amenaza por parte de la
autoridad.

42. Los actores cuentan con otros mecanismos judiciales para solicitar el
amparo invocado. A su vez, los tutelantes pretenden revivir términos judiciales,
con lo que buscan usar la acción de tutela como una tercera instancia.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

43. Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de
tutela presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Sucre. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991,
en concordancia con el Decreto 1069 de 2015 modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

44. La UARIV solicitó que se declarara su falta de legitimación en la causa por
activa al no ser la autoridad que profirió la providencia que se cuestiona en esta
oportunidad ni ser parte del proceso en el que se dictó tal fallo. La sala advierte
que negará dicha petición, pues esta autoridad fue vinculada en calidad de
tercero con interés y no como autoridad demandada.

2.3. Legitimación en la causa

45. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve
la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento
de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea
el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

46. La Sala advierte que los señores Ruby Esther Arias Narváez y otros están
legitimados en la causa por activa, porque conformaron la parte activa en el
proceso de reparación directa en el que se dictaron las providencias que se
cuestionan mediante la presente acción constitucional.

47. Por su parte, se advierte que el Tribunal Administrativo de Sucre se
encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió
la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.4. Problema jurídico

48. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los informes presentados, el problema jurídico a
resolver en el caso concreto es el siguiente:

• ¿Se encuentran superados los requisitos generales de la acción de tutela
contra providencias judiciales?

49. De resultar afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se procederá a
dar respuesta al siguiente interrogante:

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• ¿El Tribunal Administrativo de Sucre vulneró el derecho fundamental
invocado por los accionantes, con ocasión de la sentencia dictada el 14
de diciembre de 2024?

50. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción
de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad; y, de superarse, (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento
en los cargos propuestos en la demanda de tutela.

2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

51. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese
momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes
posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela
contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos
especiales y excepcionales9.

52. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia
se establecieron seis requisitos generales de procedencia y ocho defectos
especiales en los que puede incurrir una providencia judicial11.

53. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se
configuran los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los
siguientes requisitos generales de procedencia:

i) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de tutela,

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.

María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014,

M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del
procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o sustantivo,
como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta
cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma
de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional;
vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente
dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la
Constitución.

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ii) inmediatez,
iii) subsidiariedad,
iv) relevancia constitucional,
v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho,
vi) efecto decisivo de la irregularidad procesal.

54. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice
el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de
la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la Sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión, y,

ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

55. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

56. Bajo las anteriores directrices, se entrará a estudiar si en el caso concreto
concurren los requisitos de procedibilidad. En caso de encontrarlos superados,
se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.6. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.6.1. Subsidiariedad

57. Al respecto, es necesario poner de presente que el actor alegó que ni el
juzgado ni el tribunal tomaron en consideración que el RUV no fue la prueba
solicitada por la parte demandante al presentar la demanda, ni tampoco fue la
que fue decretada y oficiada en primera instancia. Esto, pues la prueba solicitada
y decretada fue la copia de la resolución o acto administrativo de inclusión como
desplazados a los demandantes.

58. Frente a este argumento, la sala considera que no se supera el requisito
de subsidiariedad, dado que la parte actora tuvo que haberlo alegado en la etapa
probatoria surtida en el marco del proceso de reparación directa objeto de la
presente acción constitucional. En este sentido, el extremo demandante contó
con la posibilidad de promover los recursos pertinentes contra la decisión que
habría cerrado la etapa probatoria sin la obtención de la prueba solicitada, de lo
cual no obra prueba en el expediente. A su vez, tampoco se acreditó que la parte
actora hubiera insistido en la solicitud de esta prueba en segunda instancia, en
los términos del artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.

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59. En este orden de ideas, se advierte que el cargo por defecto fáctico en
relación con la omisión en la incorporación de la copia de la resolución o acto
administrativo de inclusión como desplazados a los demandantes, no supera el
requisito estudiado y, por tanto, se declarará la improcedencia de este
argumento.

60. En relación con los demás cargos formulados, se advierte que la parte
actora no cuenta con mecanismos judiciales ordinarios ni extraordinarios para
controvertir la providencia cuestionada. Esto, dado que cuestiona una decisión
de segunda instancia y los argumentos restantes no configuran ninguna de las
causales por las que proceden los recursos extraordinarios de revisión y
unificación de jurisprudencia.

2.6.2. Relevancia constitucional

61. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022, esta sala de decisión ha adoptado los siguientes
criterios cuyo estudio es necesario para establecer si una tutela contra
providencia judicial cumple con el requisito de relevancia constitucional

i) que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;

ii) que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y

iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
advierta la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración
ostensible de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia.

62. Conforme a lo decidido en anteriores oportunidades, la sala entrará a
decidir si en el presente caso el asunto reviste o no de relevancia constitucional,
de conformidad con los criterios antes planteados y atendiendo a los criterios
jurisprudenciales acogidos por la Corte Constitucional y esta Corporación.

63. La parte actora formuló un defecto fáctico por indebida valoración
probatoria de los RUV remitidos por la UARIV y que obran del folio 1292 al 1302
del expediente puesto que, a su juicio, estas documentales acreditaban la calidad
de víctimas de desplazamiento forzado de los actores. A su vez, sostuvieron que
si esto no era prueba suficiente para el tribunal, ha debido hacer uso de sus

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facultades oficiosas con el fin de practicar las pruebas necesarias para establecer
los puntos oscuros al respecto.

64. A su vez, señaló que se incurrió en indebida valoración de los certificados
del SISBEN de 67 de los demandantes, pues desconoció los requisitos
establecidos por el Artículo 2.2.8.1.5. del Decreto 441 de 2017 para que una
persona sea beneficiaria de tal sistema. De conformidad con esto, un ciudadano
debe ser residente del municipio que lo incluye en la base de datos, lo cual fue
desconocido por el tribunal. El municipio de Ovejas tiene a su cargo el
corregimiento de Pijiguay y es perteneciente a su circunscripción territorial. Por
tanto, consideró que la autoridad judicial debió dar por probado que los 67
demandantes incluidos en el SISBEN por parte del municipio eran residentes de
este ente territorial y, en tal sentido, debió acreditarse que estas personas que
tuvieran RUV eran desplazados por la masacre de Pijiguay.

65. Indicó que se incurrió en desconocimiento del precedente de la sentencia
T-117 de 2022 que fijó un régimen de flexibilización de las reglas probatorias a
sujetos de especial protección constitucional en los procesos llevados a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en los que se discuten graves
vulneraciones de derechos humanos e infracciones al DIH. En dicha providencia
se estableció que a las víctimas del conflicto armado no se les puede exigir
allegar un material probatorio rígido que no deje dudas de los hechos que dieron
lugar a la vulneración alegada.

66. En este sentido, la sala concluye que se cumplió con la carga mínima de
evidenciar una presunta arbitrariedad por parte del tribunal accionado en la
valoración de las pruebas referenciadas con antelación, pues expuso las razones
por las cuales, a su juicio, tal análisis no estuvo acorde con las reglas de la lógica
y la sana crítica. A su vez, expuso cómo dicho estudio habría desconocido los
estándares probatorios establecidos por la Corte Constitucional en asuntos en
los que el juez de lo contencioso administrativo conozca de casos de graves
vulneraciones a los derechos humanos y al DIH.

67. En este sentido, se considera que estos argumentos no comportan una
simple intención de revivir una etapa probatoria o una discusión de carácter
simplemente legal, ya que la parte actora desarrolló con suficiencia los motivos
por los cuales, desde su perspectiva, el desconocimiento de tales pruebas y de
la sentencia de la Corte Constitucional aludida afectaba su garantía fundamental
al debido proceso. En tal sentido, formularon razones de naturaleza
constitucional puesto que, además de cumplir con la carga argumentativa
requerida en clave de derechos fundamentales, enfatizaron en su carácter de
sujetos de especial protección constitucional al ser víctimas de desplazamiento
forzado.

68. En dicha medida, se concluye que lo pretendido por la parte demandante
no es usar este mecanismo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario ni tampoco revivir etapas procesales ya zanjadas por el juez

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natural de la causa y, por tanto, está revestido de relevancia constitucional.

2.6.3. Tutela contra tutela

69. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este requisito
de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia judicial reprochada fue proferida al
interior del proceso de reparación directa con radicado 70001-33-33-001-2015-
00112-00/01.

2.6.4. Inmediatez

70. También se acredita el requisito de inmediatez, pues la decisión
cuestionada se dictó el 14 de noviembre de 2024 y la solicitud de amparo se
interpuso el 14 de febrero de 2015. Por tanto, sin que se requiera establecer la
fecha de ejecutoria de esta providencia, se advierte que la acción de tutela se
presentó dentro de un término razonable.

2.6.5. Que la parte actora identifique de manera clara, detallada y
comprensible tanto los hechos que generaron la vulneración como
los derechos desconocidos

71. En el escrito de tutela se presentó una explicación clara y suficiente de los
hechos y argumentos por los que se consideró que a la parte actora le fueron
vulnerados sus derechos fundamentales.

72. Así, se debe hacer énfasis en que se cumplió con la carga mínima en dar
las razones por las cuales considera que las autoridades accionadas incurrieron
en una vulneración de la garantía invocada en el escrito de tutela. Con ello, se
determinará si, de conformidad con lo expuesto por la accionante, se incurrió en
un defecto fáctico y en violación directa de la Constitución.

73. Habiéndose estudiado los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela, la Sala analizará si la autoridad judicial accionada incurrió en
vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al
ejercicio de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, ante la presunta configuración del defecto fáctico.

2.7. Generalidades de los defectos alegados

2.7.1. Del defecto fáctico

74. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201512, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del 12 de noviembre

de 2015. Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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presente decisión.

75. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de
decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso.

76. Se estudiará la valoración irracional o arbitraria de los medios probatorios,
pues fue planteada en el caso concreto. Este cargo, procede cuando a la luz de
los postulados de la sana crítica la apreciación efectuada por el fallador resulta
manifiestamente equivocada y por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.

77. Para su procedencia, se requiere entonces que la parte: i) precise cuál o
cuáles de las pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez; ii)
identifique la razón del por qué en cada caso en particular, la consideración del
operador judicial se aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica;
y iii) refiera la incidencia de la prueba en el fallo atacado.

2.7.3. Desconocimiento del precedente

78. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias que presentan similitudes
con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos,
problemas jurídicos y ratio decidendi que fija una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el caso reciente13.

79. Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos14 explicó que
el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante
del sentido de la decisión y su contenido específico. Es decir, la ratio decidendi,
la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una
providencia en donde se especifique una regla o sub-regla de derecho.

80. En consecuencia, este defecto se configura cuando una autoridad se
aparta del precedente establecido por los tribunales de cierre, sin cumplir con la
carga de justificar de forma suficiente y razonada por qué no va a aplicar aquel.

2.8. Análisis del caso en concreto

81. Como se expuso con antelación, la parte actora manifestó que el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrió en defecto fáctico y en desconocimiento del

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de

2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
14 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia

de 6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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precedente, por los motivos expuestos en los numerales 18 al 25 de esta
sentencia.

82. Por su parte, mediante sentencia del 14 de noviembre de 2024, el Tribunal
Administrativo de Sucre declaró la falta de legitimación en la causa por activa de
unos demandantes, puesto que en el expediente no obraba prueba alguna que
acreditara su condición de desplazados. En relación con los actores restantes,
negó las pretensiones de la demanda, puesto que, a pesar de que aportaron la
declaración para la inscripción en el RUV, este documento en sí mismo no
probaba el daño alegado y su imputación.

83. Sostuvo que tal documento no denotaba las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en el que tuvo lugar el desplazamiento forzado de cada uno de los
demandantes, dado su carácter genérico. Tal prueba no contenía un fin
específico para el trámite judicial en cuestión, pues no permitía particularizar la
situación de desplazamiento de cada uno de los demandantes.

84. Aunado a lo anterior, consideró el tribunal que tanto este registro como el
del SISBEN no lograban probar que los actores ejercían en tal lugar una actividad
económica habitual, ni que residían en tal sitio con vocación de permanencia. A
pesar de la existencia de pruebas testimoniales, estas no indicaban
concretamente las personas que habrían padecido este hecho victimizante, ni
cómo o cuándo ocurrió.

85. Al respecto, es necesario poner de presente que en la sentencia T-117 de
2022, la Corte Constitucional sostuvo que en los asuntos llevados ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y relacionados con víctimas de
desplazamiento forzado, al tratarse de sujetos de especial protección
constitucional, no es viable aplicar el mismo estándar probatorio, debido a que se
encuentran en una situación asimétrica y de vulnerabilidad frente a su contra
parte.

86. En tal sentido, el Alto Tribunal ha indicado que en estos casos los jueces
tienen los siguientes deberes: i) aplicar las reglas de la carga de la prueba; ii)
decretar las pruebas de oficio que considere pertinentes y, iii) flexibilizar el
estándar probatorio a partir de la situación fáctica que rodea a las víctimas del
conflicto armado como sujetos de especial protección constitucional en el marco
de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

87. En relación con la carga de la prueba, expuso la Corte que la teoría de la
carga dinámica de la prueba tiene origen en la relación asimétrica que existe
entre las partes, lo que exige la intervención judicial para restablecer la igualdad
en un trámite judicial. En tal sentido, señaló que cuando se prueba la existencia
de dicha asimetría procesal, como en estos asuntos, la carga probatoria debe ser
invertida.

88. Con respecto a la obligación del decreto oficioso de pruebas, indicó que el
artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 establece tal deber, el cual guarda

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concordancia con lo dispuesto por el artículo 10315 de tal código. Por tanto, señaló
que dicha normatividad autorizó el decreto oficioso de pruebas en cualquiera de
las instancias reglamentadas para lograr el esclarecimiento de la verdad, lo cual
debe ser entendido como un compromiso del juez con la verdad y la eficacia del
derecho sustancial. En este orden de ideas, esto no es un asunto discrecional del
operador judicial, sino que es un verdadero deber legal en los casos en los que
se presenten estos escenarios: i) cuando surja la necesidad de esclarecer
espacios oscuros de la controversia; ii) cuando la ley marque un claro derrotero
a seguir y, iii) cuando existan razones fundadas para considerar que su
inactividad puede apartar su decisión de la búsqueda de la justicia material.

89. Esta postura fue reiterada por la Corte Constitucional en sentencias de
unificación como la SU-060 de 2021, SU-062 de 2018 y SU-035 de 2018, en las
que estableció además que por tratarse de asuntos en los que se estudian graves
violaciones a los derechos humanos, la flexibilización probatoria implica admitir
la posibilidad de acudir a los indicios como pruebas determinantes de la
responsabilidad estatal.

90. Con fundamento en lo anterior, la sala advierte que el Tribunal
Administrativo de Sucre incurrió en desconocimiento del precedente en
consonancia con un defecto fáctico por indebida valoración probatoria. Lo
anterior, al inaplicar lo establecido por la Corte Constitucional en las sentencias
referenciadas con antelación, principalmente, en lo relacionado con el deber de
flexibilización probatoria en asuntos como el estudiado al tratarse de un caso que
involucra a víctimas de desplazamiento forzado.

91. El estándar probatorio aplicado por la autoridad judicial accionada
desconoció los postulados constitucionales que ha establecido el alto tribunal
sobre la materia, al exigir una rigurosa carga probatoria a la parte actora sin tomar
en consideración su condición de sujeto de especial protección constitucional. A
su vez, desestimó el RUV aportado por la UARIV como documento que prueba
la condición de víctimas de desplazamiento forzado de los actores. En el
documento aportado por la entidad se establece lo siguiente:

de la consulta en el RUV las siguientes personas se encuentran incluidas por el
hecho victimizante de desplazamiento forzado bajo la Ley 387 de 1997, marco
normativo en el cual inició su actuación administrativa. En tal virtud, puede acceder
a los beneficios que la Ley 387 de 1997 le otorga en razón a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en los que se produjo su victimización.

92. Si bien esta prueba, en sí misma, no acredita las circunstancias de tiempo,
modo y lugar particulares de cada uno de los accionantes en relación con el
hecho victimizante alegado, siguiendo el precedente establecido por la Corte
Constitucional, esta documentación acreditaba su condición de víctimas de
desplazamiento forzado. En tal sentido, aun cuando fuera tomada como simple

15 Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la

efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden
jurídico.

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prueba indiciaria, debió ser valorada como determinante de la responsabilidad
estatal en este caso.

93. Lo anterior implicaba que el tribunal cumpliera con su deber de flexibilizar
la carga probatoria y, de ser necesario, invertirla, con la finalidad de esclarecer
las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho alegado como victimizante.
Esto, mediante el deber de solicitar de oficio las pruebas que considerara
pertinentes, al existir una duda razonable sustraída del RUV, que daba cuenta de
la calidad de víctimas de los actores. En efecto, en este caso, la inactividad del
conductor del proceso apartó su decisión de la finalidad de búsqueda por la
justicia material, el esclarecimiento de la verdad y la prevalencia del derecho
sustancial.

94. Aunado a lo anterior, existían otras pruebas indiciarias que debieron ser
valoradas bajo los estándares constitucionales establecidos para el efecto, como
los certificados del SISBEN de algunos de los demandantes, los cuales
acreditaban que estos residían en el municipio de Ovejas.

95. En efecto, el tribunal declaró la falta de legitimación en la causa por activa
de las personas que no aportaron el RUV, al considerar que esto daba cuenta de
que no existía un interés mínimo para demandar. No obstante, no valoró si estas
personas aportaron otras pruebas tales como el certificado del SISBEN, que en
el asunto estudiado y de conformidad con el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional, pueden ser tomadas como indiciarias y, de ser el caso,
determinantes para resolver el litigio. En este sentido, el tribunal restó todo valor
probatorio a esta documental, lo que implicó un desconocimiento del precedente
desarrollado por el alto tribunal.

96. Tal es el caso de, por ejemplo, el señor Andrés Manuel Torres Viloria,
quien funge como actor de la presente acción de tutela y que se encontraba entre
los demandantes del proceso ordinario respecto de los cuales se declaró su falta
de legitimación en la causa por activa al no aportar el RUV. Tal como consta en
el expediente del proceso de reparación directa16, al proceso fue aportado el
certificado del SISBEN del señor Torres Viloria, el cual fue descartado por la
autoridad judicial accionada incluso para acreditar su interés en la demanda que
promovió.

97. La rígida exigencia probatoria en el proceder del tribunal implicó un
desconocimiento de la condición de asimetría, vulnerabilidad y desigualdad en la
que se encontraban los actores en el proceso, al tratarse de sujetos de especial
protección. Por tanto, para la sala es claro que la carga probatoria impuesta por
la autoridad judicial, en relación con acreditar específicamente las condiciones de
tiempo, modo y lugar en la que ocurrió el hecho victimizante frente a cada uno de
los demandantes resultó excesiva. Esta omisión de flexibilización de la carga
probatoria conllevó, necesariamente, a la transgresión del derecho al debido

16 Folio 1134.

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proceso de los actores y las personas que conformaron el extremo activo del
proceso de reparación directa en estudio.

98. En este orden de ideas, se amparará el derecho al debido proceso de la
parte actora, ante la configuración de un defecto fáctico en consonancia con el
desconocimiento del precedente de las sentencias de la Corte Constitucional
referenciadas en esta providencia. En virtud de lo anterior, se dejará sin efectos
la sentencia del 14 de noviembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo
de Sucre y se le ordenará a esta autoridad proferir un nuevo fallo, teniendo en
cuenta las consideraciones expuestas en esta sentencia.

99. Si bien lo anterior no implica necesariamente acceder a las pretensiones
de la demanda, el Tribunal Administrativo de Sucre deberá llevar a cabo un
estudio integral de las pruebas obrantes en el expediente de conformidad con los
estándares señalados por la Corte Constitucional en el precedente de sentencias
tales como la SU-060 de 2021, SU-062 de 2018, SU-035 de 2018 y T-117 de
2022, con fundamento en las consideraciones expuestas en el presente fallo. En
tal sentido, de considerarlo necesario, deberá decretar de oficio las pruebas que
considere pertinentes para aclarar los hechos que rodean el caso en concreto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la
causa por pasiva elevada por la UARIV.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del cargo por defecto fáctico en
relación con la omisión en la incorporación de la «copia de la resolución o acto
administrativo de inclusión como desplazados a los demandantes».

TERCERO: ACCEDER AL AMPARO del derecho al debido proceso de la parte
actora.

CUARTO: como consecuencia de ello, DEJAR SIN EJECTOS la sentencia del
14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el
proceso de reparación directa con radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01.
En virtud de lo anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia,
profiera una sentencia de reemplazo de conformidad con los parámetros
establecidos en esta providencia.

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

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SEXTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de
su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
Con salvamento parcial de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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ANEXO 1

Relación de las personas con respecto a las cuales se aportó poder y que fueron
reconocidas como accionantes en el presente trámite.

1. Ruby Esther Arias Narváez
2. Dimas Rafael Salcedo Hernández
3. Idalides Teresa Narváez de Salcedo
4. Luis Emilio Arias Narváez
5. María de las Mercedes Tovar Toscano
6. Antonio Rafael Ortega Mercado
7. Daniel Antonio Ortega Yepez
8. Daniela Patricia Ortega Yepez
9. Jeison Javier Ortega Yepez
10. Elquis Rafael Tovar Donado
11. Everlides Esther Ortega Narváez
12. Luis Fernando Bolaño Ortega
13. Oduver Rafael Bolaño Ortega
14. Aulio Enrique Salcedo Narváez
15. Yorledis Judith Salcedo Manjarres
16. Wendy Johanna Salcedo Manjarres
17. Julio Manuel Puentes Rivero
18. Martha Liliana Ortega Mercado
19. Ingris Esther Tovar Donado
20. Agustín Manuel Viloria Sierra
21. María de Jesús Ricardo Guzmán
22. Leda Isabel Viloria Blanco
23. Diana Isabel Trespalacios Viloria
24. Josefa María Narváez Martínez
25. Sol María Puentes Barreto
26. Cristo Tomás Tovar Toscano
27. Ana Mercedes Tovar Puentes
28. Mercedes Puentes Pérez
29. Manuel del Cristo Tovar Puentes
30. Edwin José Ortega Mercado
31. Juan David Ortega Yepes
32. Rosiris María Yepes Alvis
33. José del Carmen Olivera
34. Julia Teresa Puentes Rivero
35. Julio Alejandro Monterroza Ramos
36. Dilia Esther Meriño Terán
37. Indira rosa Agamez Meriño
38. Argemiro Antonio Agamez Meriño
39. Diego Armando Alvis Agamez
40. Eduardo Enrique Tovar Alfaro
41. Kelly Luz Mendivil Melendres
42. Danna Paola Alvis Salcedo
43. Moisés Rafael Alvis Salcedo
44. Ludys Esther Salcedo Hernández
45. Favián David Alvis Salcedo
46. Jawin Javier Salcedo Yepez
47. Sandys María Tovar Donado
48. Robinson Manuel Tovar Puentes
49. Luis Mario Tovar Salcedo
50. Yasmin del Carmen Salcedo Narváez
51. Eder Segundo Cárdenas Causil
52. Santiago Andrés Cárdenas Romero
53. Mayra Sofía Cárdenas Romero
54. Eder Cárdenas Romero
55. Julio Alejandro Monterrosa Narváez

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56. Dayana Michel Monterrosa Ramos
57. Rosario Isabel Ramos Yepes
58. María de los Ángeles Ortega Manjarres
59. Dimas Rafael Salcedo Narváez
60. Dimas José Salcedo Ortega
61. Enuar Rafael Salcedo Ortega
62. Gilberto Alejandro Yepes Peña
63. Yolima Stella Peña Pérez
64. Camilo José Yepez Peña
65. Eduardo Rafael Agamez Monterrosa
66. Celis Katiuska Ortega
67. Eliecer Enrique Yepes Alvis
68. Eliecer Luis Yepez Rodríguez
69. María Elena Rodríguez Paredes
70. José Angel Tovar Toscano
71. Julio César Tovar toscano
72. Dawis Eduardo Arias Tovar
73. Elsy Enith Arias
74. Celsa Isabel Ortega Vanegas
75. Yaseni Simona Yepez Arias
76. María Alejandra Yepez Arias
77. Luis Alejandro Yepez Arias
78. Blas Enrique Yepez Olivera
79. Jesús Antonio Tovar Toscano
80. Elizabeth Donado Narváez
81. Edris Jesús Tovar Donado
82. Héctor Julio Donado Narváez
83. Danis Daniela Arias Tovar
84. Alfonso Segundo Narváez Puentes
85. Aner Alfonso Narváez Villegas
86. Yeison Yair Narváez Villegas
87. Mileydis Narváez Villegas
88. Diana Patricia Huertas Díaz
89. Samir Enrique Donado Rodríguez
90. Sandis Paola Monterrosa Ramos
91. Cristian Javier Torres Tovar
92. Yavelis Esther Monterroza Ramos
93. Feliz Alexandro del Toro Arias
94. Yamile Mari Rivero Barreto
95. David Josué del Toro Rivero
96. Samuel Elías del Toro Rivero
97. Fernando Segundo del Toro Rivero
98. Ubadel Ortega Guzmán
99. Juan Carlos Ortega Mercado
100. Juan Manuel Alvis Salcedo
101. Luis Humberto Yepes de Avila
102. Elieth Farina Alvis de Yepes
103. Yulieth Paola Yepez Alvis
104. Manuel Enrique Tovar Toscano
105. José Miguel Ortega Guzmán
106. Elizabeth Manjarres Caro
107. Geidi Rafael Ortega Manjarres
108. Andrés Manuel Torres Viloria
109. Juana Francisca Tovar Toscano
110. Diana Margarita Ortega Yepez
111. Julia Elena Paredes de Rodríguez
112. Luis Carlos Rodríguez Paredes
113. Norma Judith Salcedo Narváez
114. Luis Felipe Díaz Ortega
115. Carlos Alberto Salcedo Narváez
116. Francisco Javier Salcedo Barreto
117. Durkys Adriana Salcedo Barreto

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118. Glenis María Barreto Velilla
119. Carlos Yesid Salcedo Barreto
120. Bledis del Socrro Viloria Ricardo

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ANEXO 2

Relación de las personas que conformaron la parte demandante del proceso de
reparación directa objeto de esta acción de tutela y que se ordenó vincular en calidad de
terceros con interés.

1. Ana Efigenia Narváez González
2. Elver Rafael Trespalacios Narváez
3. Nelson José Trespalacios Narváez
4. Berlys Trespalacios Narváez
5. Erlys Judith Trespalacios Narváez
6. María Mercedes Trespalacios Narváez
7. Lesvia Hortensia Caro Meriño
8. Segundo Rafael Bolaño Caro
9. Zoila Elena Agamez Meriño
10. Ramiro Alfonso Espinosa Agames
11. Daniela Alejandra Espinosa Agames
12. Marelvis del Carmen Monterroza Narváez
13. Alver Alejandro Jiménez Monterroza
14. José Tomás Ortega Guzmán
15. Rafael David Ortega Arias
16. Elkin José Tovar Yepez
17. Dayana Michelle Tovar Huertas
18. Yesmin Adriana Salcedo Manjarres
19. José David Salcedo Manjarres
20. Mirna Judit Alvis Narváez
21. Adriana Lucía Toscano Alvis
22. Mariana Toscano Alvis
23. Ihan Andrés Toscano Alvis
24. Dany Luz Ramos Romero
25. Briana Arciria Ramos
26. Andrea Carolina Puentes Romares
27. Jeison David Puentes Ramos
28. Ana Milena Rivero Peña
29. Joel Andrés Romero Rivero
30. Olga Lucía Oviedo Rivero
31. Rousbelt Manuel Oviedo Ortega
32. Yiseth Daniela Meriño Tovar
33. Heilin Sandrid Tovar Donado
33. Ferney Emilio Tovar Donado
34. Elianis Carolina Nadaff Tovar
35. Jesús David Agamez Viloria
36. Orfa Isabel Narváez Puentes
37. Steven David Narváez
38. Joel David Narváez Puentes
39. Nohemid Damaris Narváez Puentes
40. Aracely del Carmen Narváez Puentes
41. Carmen Liliana Tovar Puentes
42. Glenis María Arias Tovar
43. Andrea Vanessa Arias Tovar
44. Andrea Valera Arias
45. Andrés Abelino Cabrera Jiménez
46. Nidia Ester Munive Ordóñez
47. Deiner Elias Ortega Yepes
48. Estefani Paola Olivera Puentes
49. Jeferson Andrés Olivera Puentes
50. Marquin José Olivera Puentes
51. Yuranis Paola Monterroza Yepes
52. Jospe Manuel Agamez Rivero
53. José Eduardo Alvis Agamez

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54. Keiner David Tovar Mendivil
55. Alfonso José Alvis Salcedo
56. Endy Javier Salcedo Tovar
57. Marisol Salcedo Tovar
58. Omar Yesid Salcedo Tovar
59. Sofía Mercedes Tovar Salcedo
60. Libardo José Parra Salcedo
61. Tatiana Parra Salcedo
62. Jimena Cárdenas Romero
63. Sahary Cárdenas Romero
64. Iván David Cárdenas Romero
65. Marly Romero Caro
66. Mónica Monterrosa Ramos
67. Ángel Miguel Salcedo Ortega
68. María Margarita Salcedo Ortega
69. Berledis María Salcedo Ortega
70. Luis Martín Causado Luna
71. Rina Patricia Ortiz Torres
72. Paula Andrea Uparela Ortiz
73. Gilberto Enrique Yepes Salcedo
74. Lorenzo Miguel Yepes Peña
75. Carlos Andrés Yepez Peña
76. Arturo Mario Agamez Ortega
77. Yurley Paola Yepez Rodríguez
78. Luis Alberto Quiroz Rodríguez
79. Sandra Milena Quiroz Rodríguez
80. José Rafael Cárdenas Lans
81. María Natividad Toscano de Tovar
82. Luis Alfonso Puentes Pérez
83. Deilys Sofía Arias Narváez
84. Urias Miguel Ortega Vanegas
85. Luis Eduardo Monterroza Cuello
86. Yurleidis Paola Yepez Mercado
87. Angélica Johana Cárdenas Arias
88. Piedad Cecilia Villegas Pérez
89. Francisco Eliseo Yepes de Avila
90. Dairo Emiro Puentes Rivero
91. Julia Teresa Rivero Pérez
92. Martha Cecilia Peña Pérez
93. Oscar Javier Silgado Peña
94. Tatiana Margarita Mercado Peña
95. Diana Marcela Mercado Huertas
96. Kellys Johanna Mercado Huertas
97. Shirlver Johan Donado Monterrosa
98. Aldair Rafael Narváez Monterroza
99. Rubén Galdeidis Narváez Monterroza
100. Johalis Esther Torres Monterroza
101. Anibal Eduardo Monterroza Narváez
102. Alba Luz Monterroza Toscano
103. Alba Luz toscano Ortega
104. Darcy Judith del Toro Rivero
105. Maruja del Socorro Mercado Narváez
106. Milena Patricia Ortega Mercado
107. Eucaris del Socorro Toscano Ortega
108. Juan José Alvis Toscano
109. Senis Paola Alviz toscano
110. Sully Andrea Alvis Toscano
111. Jaiver José Yepez Alvis
112. Luis Yepes Alvis
113. Guillermo Ortega Narváez
114. Elena Margarita Tovar Domínguez
115. Dormelis Esther Tovar Alfaro

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116. José Miguel Ortega Manjarres
117. José Tomás Ortega Manjarres
118. Celsa María Guzmán Ortega
119. Andreina Rosa Torres Tovar
120. Ana Lucía Torres Tovar
121. Adrian Andrés Tapia Ortega
122. Néstor Gustavo Romero Cortez
123. Regina Esther Caro de Romero
124. Juan Camilo Guerra Romero
125. Rubén Antonio Romero Monterroza
126. José Ángel Toscano Yepes
127. Hilda Teresa Ortega de Toscano
128. Robert Gregorio Toscano Ortega
129. Argemiro de Jesús Toscano Ortega
130. Lucía Mercedes Toscano Ortega
131. Serlis de Jesús Toscano Ortega
132. Piedad María Toscano Ortega
133. Mercedes Manuela Toscano Ortega
134. Álvaro Javier Rodríguez Paredes
135. Estella Rodríguez Paredes
136. Juan David Rodríguez Paredes
137. Carlos Julio Leguia Salcedo
138. Julio Javier Leguia Salcedo
139. Julio Emiro Leguia Salcedo
140. Yainer Yesid Payares Salcedo
141. Lester Judith Díaz Salcedo
142. Andrea Carolina Barreto Díaz
143. Berny Beatriz Salcedo Hernández
144. Heidi Luz Díaz Salcedo
145. Deiner José Díaz Salcedo
146. Mary Luz Díaz Salcedo
147. Mariangel Montes Viloria

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