Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00844-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00844-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00844-01
Accionante: Ruby Esther Arias Narváez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Confirmar la decisión de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la Nación-Ministerio de Defensa-Armada Nacional,
contra la sentencia del 8 de mayo de 2025, proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante la cual concedió parcialmente las pretensiones de la
demanda y resolvió acceder al amparo del derecho fundamental al debido proceso
ante la configuración de un defecto fáctico en consonancia con el desconocimiento
del precedente de las sentencias SU-060 de 2021, SU-062 de 2018 , SU-035 de
2018 y T-117 de 2022 de la Corte Constitucional.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
2. El 6 de septiembre de 1997 se perpetró una masacre en el corregimiento de
Pijiguay, municipio de Ovejas (Sucre), ejecutada por grupos armados ilegales, lo
cual ocasionó el desplazamiento forzado de la población. Con fundamento en los
artículos 90 y 229 de la Constitución Política, un grupo de afectados presentó
solicitud de conciliación extrajudicial el 3 de febrero de 2015 ante la Procuraduría
General de la Nación, la cual fracasó el 18 de marzo de esa anualidad.
3. El 9 de junio de 2015, los actores interpusieron demanda de reparación directa
contra la Nación-Ministerio de Defensa, Armada Nacional, Policía Nacional, el
Departamento de Sucre y el municipio de Ovejas, reclamando indemnización por
perjuicios derivados del desplazamiento. Inicialmente, mediante sentencia del 12
de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo declaró
probada la caducidad respecto de unos actores y negó las pretensiones de otros
por no acreditar su inscripción en el Registro Único de Víctimas (RUV).
4. El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante providencia del 2 de agosto de
2023, revocó dicha decisión y declaró la caducidad para todos los demandantes, al
considerar que el término de dos años previsto en el artículo 164 del CPACA debía
contarse desde el desplazamiento sufrido en 1997. En contra de esta providencia,
se promovió acción de tutela1 alegando la configuración de un defecto
procedimental y el desconocimiento del precedente vinculante de la sentencia SU-
1
Seguida bajo el radicado 11001-03-15-000-2024-01004-00/01.
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254 de 2013 de la Corte Constitucional.
5. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
providencia del 14 de mayo de 20242, amparó el derecho fundamental al debido
proceso y dejó sin efectos el fallo del Tribunal. Estableció que el fenómeno de
desplazamiento forzado, como daño continuado, no había cesado, y que la solicitud
de conciliación extrajudicial suspendió el término de caducidad, por lo que la
demanda presentada el 9 de junio de 2015 fue considerada oportuna.
6. En cumplimiento de lo ordenado en sede de tutela, el 14 de noviembre de 2024
el Tribunal Administrativo de Sucre profirió sentencia de reemplazo en la que negó
las pretensiones respecto de algunos actores y declaró la falta de legitimación en
la causa por activa de otros, por no acreditar su condición de desplazados. El ad
quem indicó que, aunque ciertos demandantes aportaron prueba de inscripción en
el RUV, ello solo demostró un interés legítimo, pero no la existencia del daño ni su
imputación a las entidades accionadas.
7. El Tribunal analizó que los registros como el RUV, SISBÉN o el SGSSS no eran
suficientes por sí solos para demostrar arraigo, residencia habitual o actividad
económica en la zona de los hechos. Sostuvo que las declaraciones rendidas para
la inscripción en el RUV, al ser de contenido general, no describieron de manera
concreta el tiempo, modo y lugar del desplazamiento, ni las pruebas testimoniales
identificaron con precisión los hechos individuales sufridos por cada demandante.
8. Inconformes con la decisión, la señora Ruby Esther Arias Narváez y otros3,
mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela4 contra el Tribunal
Administrativo de Sucre y el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo alegando
una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso con ocasión
de la sentencia del 14 de noviembre de 2024 proferida por el Tribunal referido5.
2.2. Fundamento jurídico
9. Los accionantes alegaron la existencia de un defecto fáctico, pues sostuvieron
que el Registro Único de Víctimas (RUV) no fue la prueba solicitada inicialmente
por ellos ni decretada en audiencia, sino que se solicitó a la UARIV copia de las
resoluciones de inclusión como desplazados. Indicaron que, ante la falta de
respuesta de dicha entidad, la parte actora gestionó directamente el RUV, el cual
fue incorporado al expediente y sirvió como prueba sustitutiva.
10. Argumentaron que, si el Tribunal consideraba insuficiente dicha prueba para
acreditar el desplazamiento, debía haber ejercido su facultad oficiosa de decretar
pruebas conforme al artículo 213 del CPACA. Además, señalaron que existió una
indebida valoración del oficio JAD 001-088-1, expedido por la Alcaldía de Ovejas,
que certificaba a 67 actores como beneficiarios del SISBÉN, ignorando lo dispuesto
en el artículo 2.2.8.1.56 del Decreto 441 de 2017.
11. Indicaron que, según dicha norma, la inclusión en el SISBÉN exige residencia
en el municipio correspondiente, por lo cual debía tenerse por probado el arraigo
territorial en Ovejas, que incluye al corregimiento de Pijiguay. Alegaron que siendo
así, los demandantes con inscripción en el RUV y SISBÉN reunían los elementos
para ser reconocidos como víctimas de desplazamiento por la masacre del 6 de
2
Índice 24 del aplicativo SAMAI, Exp. 11001-03-15-000-2024-01004-00, MP Alberto Montaña Plata, decisión
confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado el 29 de agosto de 2024, MP Hernando Sánchez Sánchez
exp. 110010315000202401004-01, índice 12 del aplicativo SAMAI.
3
Visibles en el anexo 1 de esta providencia por ser varios accionantes.
4
El 14 de febrero de 2025
5
Dentro del medio de control de reparación directa seguido bajo el radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01.
6
Relacionado con la implementación del uso del SISBÉN.
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septiembre de 1997.
12. Finalmente, la parte accionante denunció que no se valoró el expediente penal
de la Unidad de Derechos Humanos y DIH de Medellín, donde constan la incursión
armada y la masacre, ni las declaraciones de testigos que describen el
desplazamiento colectivo. Alegaron que del folio 1292 al 1302 obra constancia de
la inclusión de los demandantes en el RUV conforme a la Ley 387 de 1997, lo cual
acredita su condición de víctimas del conflicto armado.
13. Adicionalmente, la parte actora alegó desconocimiento del precedente
constitucional fijado en la sentencia T-117 de 2022, que establece un estándar
probatorio flexible en favor de sujetos de especial protección y que autoriza a los
jueces contencioso-administrativos a redistribuir la carga probatoria cuando se
discutan graves violaciones a derechos humanos e infracciones al Derecho
Internacional Humanitario.
14. Adujeron que, según dicho precedente, no puede exigirse a las víctimas del
conflicto armado allegar pruebas absolutas e inflexibles, dada su situación de
vulnerabilidad, pues la Corte Constitucional ordenó considerar su entorno rural, la
dificultad para obtener documentos y la obligación del Estado de garantizar el
acceso efectivo a la justicia.
15. En ese entendido, alegaron que la omisión del Tribunal al aplicar este estándar
generó una revictimización, al imponer una carga probatoria excesiva e
inalcanzable para los actores. Además, sostuvo que ignoró que muchas de las
pruebas requeridas solo podían ser expedidas o certificadas por entidades
estatales, reforzando así la desigualdad procesal.
2.3. Pretensiones
16. Con fundamento en lo anterior, solicitó:
«(…) PRIMERO: solicitó a esta Honorable Corporación, con el debido respeto,
la revocatoria de las decisiones proferidas por las autoridades accionadas, que
declaro la falta de legitimación en la causa por activa de los señores ANA
EFIGENIA NARVAEZ GONZALEZ; ELVER RAFAEL TRESPALACIOS
NARVAEZ; NELSON JOSÉ TRESPALACIOS NARVAEZ; BERLYS
TRESPALACIOS NARVAEZ; ERLYS JUDICTH TRESPALACIOS NARVAEZ;
MARIA MERCEDES TRESPALACIOS NARVAEZ; JOSÉ TOMÁS ORTEGA
GUZMÁN; JOEL DAVID NARVAEZ PUENTES; CARLOS ANDRÉS YEPEZ
PEÑA; LUIS ALFONSO PUENTES PEREZ; PIEDAD CECILIA VILLEGAS
PÉREZ; DAIRO EMIRO PUENTES RIVERO; JULIA TERESA RIVERO PÉREZ;
ALDAIR RAFAEL NARVAEZ MONTERROZA; LUIS MANUEL YEPES ALVIS;
ABETH MANJARRES CARO; JOSÉ TOMÁS ORTEGA MANJARRES;
ELIZABETH ORTEGA MANJARRES; CELSA MARÍA GUZMÁN ORTEGA;
REGINA ESTHER CARO DE ROMERO; JUAN CAMILO GUERRA ROMERO;
RUBEN ANTONIO ROMERO MONTERROZA; ESTELLA MARÍA RODRÍGUEZ
PAREDES; JUAN DAVID RODRÍGUEZ PAREDES; LUIS CARLOS
RODRÍGUEZ PAREDES; MARÍA DE LAS MERCEDES TOVAR TOSCANO;
MANUEL DEL CRISTO TOVAR PUENTES; NIDIA ESTER MUNIVE
ORDOÑEZ; EDWIN JOSÉ ORTEGA MERCADO, quien actúa en nombre propio
y en representación de sus menores hijos: JUAN DAVID ORTEGA YEPES y
DEINER ELIAS ORTEGA YEPES; MARLY ROMERO CARO; DIMAS RAFAEL
SALCEDO NARVAEZ, quien actúa en nombre propio y en representación de
sus menores hijos: ÁNGEL MIGUEL SALCEDO ORTEGA; MARÍA MARGARITA
SALCEDO ORTEGA y DIMAS JOSÉ SALCEDO ORTEGA; ENUAR RAFAEL
SALCEDO ORTEGA y BERLEDIS MARÍA SALCEDO ORTEGA; YEISON YAIR
NARVAEZ VILLEGAS; MARTHA CECILIA PEÑA PEREZ; DIANA MARCELA
MERCADO HUERTAS; SAMUEL ELÍAS DEL TORO RIVERO; FERNANDO
SEGUNDO DEL TORO RIVERO; EUCARIS DEL SOCORRO TOSCANO
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Acción De Tutela
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Accionante: Ruby Esther Arias Narváez y otros
ORTEGA; JUAN JOSÉ ALVIZ TOSCANO; SENIS PAOLA ALVIZ TOSCANO y
SULLY ANDREA ALVIS TOSCANO; YULIETH PAOLA YEPEZ ALVIS;
ANDRÉS MANUEL TORRES VILORIA, quien actúa en nombre propio y en
representación de su menor hijo ANDREINA ROSA TORRES TOVAR; ANA
LUCÍA TORRES TOVAR; y DAVID JOSUE DEL TORO RIVERO. por el juzgado
primero administrativo del circuito de Sincelejo y confirmada por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE-SALA PRIMERA DE DECISION. SEGUNDO:
Se protejan, amparen los derechos fundamentales de los demandantes,
accionantes, debido proceso y se dicte una nueva providencia de remplazo, de
mejor proveer; donde se tome la prueba aportada por la UARIV, como prueba
de suficiencia para demostrar la condición de desplazados de los demandantes
dentro del proceso. Con ocasión a la vulneración al debido proceso y acceso a
la justicia, reparación integral, de víctimas de grave violaciones de derechos
humanos, en el caso bajo estudio. TERCERO: Solicitar con el respeto
acostumbrado, se sirva ordenar readecuar el procedimiento para permitir que
las víctimas demandantes que gozan de protección especial constitucional, se
les proteja sus derechos constitucionales; lo que condiciona la actividad del juez,
particularmente el control oficioso, la función probatoria, la cual no fue ejercida,
por las autoridades accionadas, ni fue resuelta por las entidades del estado
como la UNIDAD DE ATENCION Y REPARACION A LAS VICTIMAS,
ALCALDIA DE OVEJAS, OFICINA DEL SISBEN, CENSO POBLACIONAL,
entre otros. .» (Sic)
2.4. Trámite procesal
17. Mediante auto del 20 de febrero de 20257, el despacho sustanciador inadmitió
la acción de tutela por no cumplir con algunos requisitos formales relacionados con
la representación jurídica de algunos de los accionantes. El 25 de febrero de 2025
la parte actora presentó escrito de subsanación donde solo se acreditó la
representación jurídica de la señora Ruby Esther Arias Narváez y otros.8
2.5. Intervenciones
18. La acción de tutela de la referencia fue admitida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado mediante auto del 6 de marzo de 20259 a través del cual ordenó
notificar como accionados al Tribunal Administrativo de Sucre y al Juzgado Primero
Administrativo de Sincelejo y vinculó como terceros interesados en el resultado del
proceso a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Armada Nacional, a la Policía
Nacional, al Departamento de Sucre, al municipio de Ovejas y a la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, así como a los señores Elver Rafael
Trespalacios Narváez y otros10, relacionados en el escrito de subsanación como
integrantes del extremo activo y quienes conformaron la parte demandante del
proceso de reparación directa11 con radicado 70-001-33-33-001-2015-00112-
00/01.
19. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su competencia.
2.5.1. El Ministerio de Defensa Nacional12 por intermedio de su profesional de
Defensa Grupo Contencioso Constitucional solicitó negar el amparo solicitado,
argumentando que no se vulneró ningún derecho fundamental. Afirmó que la acción
de tutela es improcedente, pues los actores intentaban reabrir un debate jurídico ya
resuelto. Indicó que el Tribunal valoró las pruebas y que no se acreditó la condición
7
Índice 4 del aplicativo SAMAI
8
Visibles en el anexo 1 de esta providencia por ser varios accionantes.
9
Índice 10 del aplicativo SAMAI
10
Relacionados en el anexo 2 de la providencia
11
Seguido bajo el radicado 70-001-33-33-001-2015-00112-00/01
12
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de desplazados ni la imputabilidad de los daños al Estado. Sostuvo que la
inscripción en el RUV no otorga, por sí sola, una calidad jurídica atribuible a las
entidades demandadas.
2.5.2. El Tribunal Administrativo de Sucre13, a través del magistrado Rufo Arturo
Carvajal Argoty, señaló que el RUPVD14 y el cruce de datos no acreditaban, por sí
solos, las circunstancias particulares del desplazamiento. Sostuvo que la
información contenida en registros como el SISBEN o el RUPVD resultaba
insuficiente para sustentar la procedencia de una indemnización, dado su carácter
genérico por lo que consideró improcedente el uso de la tutela como mecanismo
para reabrir un debate ya cerrado, ya que ello vulneraría su naturaleza excepcional
y subsidiaria.
20. Finalmente, enfatizó que la intención de la parte accionante de extender el
período probatorio resultaba improcedente, al haber precluido dicha etapa en el
proceso ordinario. En consecuencia, solicitó desestimar las pretensiones de
amparo en su integridad.
2.5.3. El Municipio de Ovejas- Sucre15, mediante su representante legal, solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela y negar sus pretensiones,
argumentando la configuración de cosa juzgada y temeridad, toda vez que los
actores ya habían promovido previamente acciones de amparo por los mismos
hechos, las cuales fueron resueltas por el Consejo de Estado en ambas instancias.
Además, sostuvo que el Tribunal valoró adecuadamente el material probatorio, sin
incurrir en los defectos alegados.
2.5.2. La Policía Nacional16, representada por un asesor solicitó que se negaran
las pretensiones, argumentando que tal y como lo expuso el ad quem en la
providencia reprochada, no existían pruebas que acreditaran fallas del servicio por
acción u omisión relacionadas con el desplazamiento forzado alegado. Alegó que
no se evidenció el incumplimiento de los deberes constitucionales de protección de
la vida o integridad personal de los accionantes por parte del Estado.
21. Indicó que muchos de los actores no acreditaron su condición de víctimas ni la
residencia habitual en el corregimiento de Pijiguay y que la simple inscripción en el
RUV no era prueba suficiente para demostrar el daño o la imputación directa a las
accionadas.
22. Resaltó que los datos del SISBEN son generales y no acreditan permanencia o
arraigo en el lugar específico del hecho. Además, indicó que los registros aportados
solo hacían referencia al municipio de Ovejas, sin determinar la ubicación concreta
en él.
23. Por último, señaló que el derecho al debido proceso fue garantizado y que no
se probó la vulneración de derechos fundamentales ni la existencia de un perjuicio
irremediable, grave e inminente y solicitó ser desvinculado de la acción por no estar
legitimado en la causa por pasiva.
2.5.3. La Unidad Para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
(UARIV), por conducto de apoderada solicitó su desvinculación por no estar
legitimada en la causa por pasiva, sostuvo que en el caso en concreto existía una
cosa juzgada constitucional, toda vez que el juez de tutela ya tuvo la oportunidad
13
Índice 17 del aplicativo SAMAI
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Registro Único de Población Desplazada
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Índice 19 del aplicativo SAMAI
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de analizar el asunto previamente.
2.5.4. No se rindieron más informes.
2.6. Sentencia impugnada
24. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 8 de mayo de
202517, resolvió amparar el derecho fundamental al debido proceso de la parte
actora, al encontrar que la autoridad judicial incurrió en los defectos fáctico y por
desconocimiento del precedente, para lo cual, dispuso:
«PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la causa por
pasiva elevada por la UARIV.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del cargo por defecto fáctico en
relación con la omisión en la incorporación de la «copia de la resolución o acto
administrativo de inclusión como desplazados a los demandantes».
TERCERO: ACCEDER AL AMPARO del derecho al debido proceso de la parte actora.
CUARTO: como consecuencia de ello, DEJAR SIN EJECTOS la sentencia del 14 de
noviembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre en el proceso de
reparación directa con radicado 70001-33-33-001-2015-00112-00/01. En virtud de lo
anterior, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Sucre que, dentro de los 30 días
hábiles siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una sentencia de
reemplazo de conformidad con los parámetros establecidos en esta providencia. (…)»
25. La primera instancia concluyó que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió
en defecto fáctico al desestimar pruebas como el RUV y el SISBEN, las cuales,
aunque generales, debieron valorarse bajo estándares más flexibles debido a la
especial protección de las víctimas. Indicó al respecto, que el Tribunal omitió
decretar pruebas de oficio, a pesar de que el artículo 213 del CPACA impone esa
obligación cuando la justicia material lo exige, especialmente frente a hechos de
desplazamiento forzado.
26. Señaló que el precedente constitucional, recogido en sentencias como SU-060
de 2021, SU-035 de 2018 y T-117 de 2022, exige una carga probatoria dinámica y
una lectura integral de pruebas indiciarias en favor de poblaciones vulnerables. En
ese sentido, sostuvo que el contenido del RUV debió servir como base suficiente
para presumir razonablemente la condición de desplazado y activar el deber estatal
de protección, sin imponer exigencias probatorias excesivas.
27. La Sección Quinta reprochó que el Tribunal descartara el certificado del SISBEN
del señor Andrés Manuel Torres Viloria, pese a evidenciar su residencia en el
municipio. Por otro lado, frente al reclamo realizado por la parte actora sobre que
el RUV no fue la prueba solicitada por la parte demandante al presentar la
demanda, ni que tampoco fue la decretada y oficiada en primera instancia, concluyó
que no se superó la subsidiariedad, ya que el reparo debió formularse
oportunamente durante la etapa probatoria del proceso ordinario.
28. Adicionalmente, el a quo precisó que la aplicación del principio de flexibilización
probatoria no implica automáticamente declarar la responsabilidad del Estado, sino
que exige una valoración del acervo probatorio orientada a la justicia material,
prescindiendo del formalismo excesivo.
29. Así las cosas, concluyó que la autoridad judicial accionada efectuó su análisis
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sin tener en cuenta y ni siquiera referenciar, las directrices jurisprudenciales que
regulan la flexibilización probatoria en casos de especial protección constitucional,
por lo que, en su fallo de reemplazo, debía atender a estas consideraciones,
independientemente de la decisión final que adoptara en este.
2.7. Impugnación18
30. La Nación-Ministerio de Defensa Nacional solicitó revocar el fallo de primera
instancia del 8 de mayo de 2025 al considerar que no se configuró una vía de hecho
y que el Tribunal Administrativo de Sucre actuó dentro del marco legal,
jurisprudencial y constitucional. Adujo que el fallo en mención desconoció los
principios de justicia rogada y carga probatoria, asignando a la autoridad judicial
obligaciones que competen exclusivamente al actor en un proceso contencioso.
31. Expuso que el Tribunal, en cumplimiento de una acción de tutela19, profirió la
sentencia del 14 de noviembre de 2024, en la cual declaró probada la falta de
legitimación en la causa por activa de algunos accionantes y negó las pretensiones
de los restantes, acogiendo el precedente SU-254 de 2013 sobre caducidad.
Sostuvo que esta decisión no fue arbitraria, sino fe adoptada luego de una
valoración razonada del acervo probatorio obrante en el expediente.
32. Afirmó que la Corte Constitucional ha reiterado, especialmente en la sentencia
SU-103 de 2022, que la acción de tutela contra providencias judiciales tiene un
carácter excepcional, procediendo sólo ante una vulneración flagrante de derechos
fundamentales, lo cual no se evidenciaba en el caso. Alegó que la valoración
probatoria realizada por el Tribunal no fue caprichosa, sino ajustada a las reglas de
la sana crítica y al principio de autonomía judicial, descartando así la alegada vía
de hecho.
33. Argumentó que, respecto al desplazamiento forzado, el Consejo de Estado ha
establecido que se trata de una situación fáctica que requiere acreditación plena
del arraigo en el territorio afectado, así como del hecho victimizante. Adujo que la
inscripción en el RUV o en listados de la Red de Solidaridad Social no basta para
configurar tal condición, conforme a la jurisprudencia de esta corporación.20
Sostuvo que, en este caso, no se aportaron documentos idóneos que acreditaran
la residencia habitual ni la actividad económica en Pijiguay por parte de los
accionantes.
34. Reprochó que tampoco se demostró el daño antijurídico exigido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado, pues no consta prueba directa ni indirecta de
afectaciones patrimoniales ni de arraigo previo al desplazamiento. Sostuvo que el
fallo de primera instancia analizó extensamente esta orfandad probatoria,
concluyendo que la información aportada era insuficiente para declarar responsable
a las entidades demandadas por omisión del deber de protección frente a
particulares armados.
35. Por lo anterior, y considerando que no se acreditó la residencia, el hecho
victimizante ni el nexo causal con las entidades estatales, solicitó revocar el fallo de
primera instancia. Afirmó que las decisiones judiciales adoptadas fueron proferidas
conforme al ordenamiento jurídico vigente, respetaron los principios procesales y
no vulneraron derecho fundamental alguno, configurándose así la improcedencia
del amparo constitucional.
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Consejo de Estado, rad. 25000-23-26-000-2001-00213-01 del 26 de enero de 2006 y rad. 25000-23-27-000-2002-
00004-01 del 15 de agosto de 2007, MP Ruth Stella Correa Palacio.
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III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
37. Encontrándose la acción a despacho para proferir decisión de segunda
instancia, el 16 de junio de 202521 el apoderado de la parte impugnante solicitó la
corrección del auto del 21 de mayo de 2025 proferido por la Sección Quinta de esta
corporación en el que concedió el recurso de impugnación a la parte accionada,
toda vez que consignó por un evidente error de digitación, que la impugnación había
sido presentada por la parte actora.
38. Por lo anterior, se aclara en la presente providencia, que, para todos los efectos,
la impugnación fue presentada por la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y no
por la parte actora.
3.3. Problema jurídico
39. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe a
determinar si el Tribunal Administrativo de Sucre, al proferir la sentencia del 14 de
noviembre de 202422 dentro del proceso de reparación directa seguido bajo el
radicado 70-001-33-33-001-2015-00112-00/01, vulneró el derecho fundamental al
debido proceso de la parte actora, al incurrir en los defectos: fáctico y por
desconocimiento de precedente.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
40. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,
actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
41. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, es posible acudir al recurso de
amparo para proteger derechos fundamentales amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales, ya que el ejercicio de la judicatura debe sujetarse a los
valores, principios y derechos constitucionales, permitiendo el control de
autoridades que excedan los límites impuestos por la Constitución impone.
42. La acción de tutela, como mecanismo excepcional y residual, exige cumplir
unos requisitos definidos por la Corte Constitucional tras años de elaboración
jurisprudencial. Estos buscan equilibrar la seguridad jurídica, la autonomía judicial
y la protección efectiva de los derechos fundamentales, permitiendo subsanar
controversias en procesos judiciales dentro del marco constitucional.
43. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
21
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lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i)
que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa,
tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien
demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica que
devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.
3.4.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.
3.4.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la vulneración
de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.
3.4.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional, salvo
en lo relacionado con el cargo por defecto fáctico relacionado con la omisión en la
incorporación de la copia de la resolución o acto administrativo de inclusión como
desplazados a los demandantes, pues este no superó el requisito de
subsidiariedad, toda vez que la parte actora no alegó oportunamente que el Tribunal
incurrió en tal omisión, ni tampoco acreditó haber interpuesto recursos para insistir
en su práctica ni formuló reparo alguno durante la etapa probatoria o en segunda
instancia, conforme al artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.
3.4.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de
6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada23.
3.4.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se
centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso de
los accionantes, toda vez que la parte actora alegó la existencia de los defectos:
fáctico por una indebida valoración probatoria, al presuntamente valorar de forma
inadecuada el RUV, desestimar injustificadamente el oficio expedido por el SISBÉN
y omitir evaluar el expediente penal y las declaraciones que respaldaban el
desplazamiento forzado y el arraigo territorial en el Municipio de Ovejas, así como
un defecto por desconocimiento del precedente constitucional fijado en la sentencia
T-117 de 2022, que establece una valoración probatoria flexible en favor de sujetos
de especial protección como lo son las víctimas del conflicto armado, al igual que
la SU-060 de 2021, relacionada con la obligación de flexibilizar los estándares
probatorios en casos de graves violaciones a los derechos humanos, la SU-035 de
2018 referente al defecto autónomo, que se configura en relación al
desconocimiento del precedente cuando se omiten reglas jurisprudenciales
aplicables a sujetos de especial protección y la SU-062 de 2018 que también
precisó que se deben flexibilizar los estándares probatorios y dar especial
importancia a los indicios y pruebas indirectas.
44. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.
3.5. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra
23
La acción de tutela fue presentada el 14 de febrero de 2025 y la providencia cuestionada, de fecha 14 de noviembre
de 2024, fue notificada el 26 de noviembre de esa anualidad.
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providencia judicial
45. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se
configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte
Constitucional24 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:
46. Una dimensión negativa25, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba
de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración
de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados
por el juez.
47. Una dimensión positiva26, que se presenta generalmente cuando el juzgador
aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia
cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.
48. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez
de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de
carácter extremadamente reducido, toda vez que:
«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no
constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al
juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le
corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta
más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos
probatorios»27.
49. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina
a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que
ordinariamente conoce de un asunto.
3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales
50. Sobre el particular, la Corte Constitucional, al efectuar el estudio de
exequibilidad respecto del artículo 4 de la Ley 169 de 1896 28, precisó que de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los jueces solo están
sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a fallar en la misma
forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando, «expongan clara
y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión».
51. Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia C-590
de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por parte del
juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de tutela.
52. Respecto del precedente vertical29, la jurisprudencia constitucional ha sido
enfática en sostener que la autonomía del juez se encuentra limitada por el respeto
hacia las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía y, en especial,
24
Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T-567
de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.
25
Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía.
26
Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.
28
Sentencia C-836 de 9 de agosto de 2001, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
29
Sentencia T-468 de 5 de junio de 2003, magistrado ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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por los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones.
53. Así, el precedente judicial vinculante está constituido por aquellas
consideraciones jurídicas que están cierta y directamente dirigidas a resolver el
asunto fáctico sometido a consideración del juez, es decir, está ligado a la ratio
decidendi o razón central de la decisión anterior, la que al mismo tiempo, surge de
los presupuestos fácticos relevantes de cada caso30.
54. Por consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y
razonable el cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido
en casos sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad
y de la independencia judicial; por tanto no podrá reprocharse a la sentencia
arbitrariedad ni inadvertencia y el juez no habrá efectuado entre los justiciables
ningún género de discriminación31.
55. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la Ley.
3.7. Análisis de los presuntos defectos fáctico y por desconocimiento del
precedente en el caso concreto
56. Con relación al defecto fáctico, los accionantes señalaron que el Tribunal
desconoció que el RUV fue una prueba sustitutiva ante la omisión de la UARIV en
remitir las resoluciones solicitadas, por lo que su valoración debía ajustarse a tal
contexto. Alegaron que, pese a haberse incorporado formalmente al proceso, dicha
prueba fue desestimada por el Tribunal sin motivación suficiente.
57. Además, alegaron la desatención al certificado del SISBÉN, el cual se probaba
residencia efectiva en Ovejas, en los términos del Decreto 441 de 2017.
58. Finalmente, alegaron que no se valoraron ni el expediente penal que
documentaba la masacre de Pijiguay ni las declaraciones testimoniales que
narraban el desplazamiento colectivo. Afirmaron que dichas omisiones impidieron
acreditar el daño y la condición de víctimas conforme a la Ley 387 de 1997.
59. Al respecto, la Sala confirmará la existencia de un defecto fáctico en la
providencia del Tribunal Administrativo de Sucre, al evidenciarse una omisión en la
valoración integral de pruebas relevantes como el RUV y el SISBÉN. Estas, como
lo consideró la primera instancia, aunque de contenido general, debieron ser
apreciadas conforme a los estándares aplicables a víctimas del conflicto armado.
60. Por otro lado, la impugnación del Ministerio de Defensa se sustentó en una
visión restrictiva del rol judicial, desconociendo que en casos de especial protección
el juez debe adoptar una postura activa frente a la desigualdad procesal, pues en
30
Sentencia T-049 de 1 de febrero de 2007: magistrado ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
31
Sentencia T-123 de 21 de marzo de 1995, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz.
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estos casos, la carga probatoria no puede imponerse rígidamente a las víctimas.
61. El impugnante alegó que el Tribunal actuó conforme a la sana crítica, pero lo
cierto es que omitió valorar pruebas relevantes y no aplicó el principio de
flexibilidad probatoria, lo que configura el defecto fáctico alegado. En ese sentido,
la autonomía judicial no exime del deber de observar precedentes vinculantes.
62. La afirmación de que no se acreditó el daño antijurídico desconoce que el
desplazamiento forzado es un fenómeno complejo, cuya prueba directa suele ser
inaccesible. Por ello, la jurisprudencia ha admitido la prueba indiciaria como medio
válido para acreditar la condición de víctima.
63. Por lo expuesto, la Sala considera que el fallo de primera instancia se ajustó a
los parámetros constitucionales al identificar la omisión probatoria y ordenar la
emisión de una nueva sentencia que valore integralmente el acervo, por lo que en
este caso no se trata de reabrir un debate cerrado, sino de corregir una afectación
al debido proceso.
64. Por otro lado, con relación al desconocimiento del precedente, tal y como lo
expuso el a quo, el Tribunal desconoció la sentencia SU-060 de 202132, que reiteró
la obligación de flexibilizar los estándares probatorios en casos de graves
violaciones a los derechos humanos y exige valorar integralmente los indicios
cuando la prueba directa es difícil de obtener.
65. Aunado a la anterior, la sentencia SU-035 de 2018 estableció que el
desconocimiento del precedente constitucional configura un defecto autónomo,
especialmente cuando se omiten reglas jurisprudenciales aplicables a sujetos de
especial protección y el Tribunal no justificó su apartamiento de tales directrices.
66. Finalmente, la sentencia T-117 de 2022 reiteró que, en procesos contenciosos
relacionados con víctimas del conflicto armado, el juez debe aplicar la carga
dinámica de la prueba y adoptar medidas para restablecer la igualdad procesal,
pero esta obligación fue ignorada por el ad quem.
67. En este punto, es relevante destacar que la Sección Tercera del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación del 28 de agosto de 201433 señaló lo siguiente:
« 7.4. Flexibilidad en la apreciación y valoración de los medios probatorios frente a
graves violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. En la gran mayoría de casos, las graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en Colombia,
cometidas en el marco del conflicto armado interno, han acaecido en zonas alejadas
de los grandes centros urbanos y en contextos de impunidad. Lo anterior ha
producido que las víctimas, como sujetos de debilidad manifiesta, queden en
muchos casos en la imposibilidad fáctica de acreditar estas afrentas a su dignidad
humana. Más aun, cuando no se ha llevado una investigación seria por parte de las
autoridades competentes, como en este caso, lo cual se traduce en una expresa
denegación de justicia.
7.4.1. Por tal razón, el juez administrativo, consciente de esa inexorable realidad,
32
Corte Constitucional, Sentencia de Unificación SU-060 de 2021, MP Antonio José Lizarazo Ocampo
33
Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Tercera. C.P.: Ramiro de Jesús Pazos Guerrero. Sentencia del 28
de agosto de 2014. Actor: Félix Antonio Zapata González y otros. rad. 05001-23-25-000-1999-01063-01(32988)
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deberá acudir a criterios flexibles, privilegiar la valoración de medios de prueba
indirectos e inferencias lógicas guiadas por las máximas de la experiencia, a efectos
de reconstruir la verdad histórica de los hechos y lograr garantizar los derechos
fundamentales a la verdad, justicia y reparación de las personas afectadas.
(…)»
68. De lo anterior se desprende que al juez de lo contencioso administrativo le
corresponde aplicar criterios de flexibilización probatoria, recurriendo a indicios y
pruebas indirectas en casos relacionados con graves violaciones de derechos
humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con el fin de
garantizar los derechos a la justicia, verdad y reparación.
69. Así las cosas, las sentencias anteriores conforman un bloque de precedentes
vinculantes que imponen al juez contencioso un deber reforzado de valoración
probatoria, especialmente cuando se trata de desplazamiento forzado, fenómeno
reconocido como daño continuado y de difícil acreditación.
70. En ese entendido, el Tribunal aplicó un estándar probatorio rígido, exigiendo
prueba directa de arraigo y daño, sin considerar las dificultades estructurales que
enfrentan las víctimas para allegar documentación. Esta exigencia contradice el
principio pro persona34 y el enfoque diferencial que se debe manejar en estos
casos.
71. Teniendo en cuenta que el desconocimiento de estos precedentes no fue
justificado ni motivado, el Tribunal incurrió en un defecto por desconocimiento del
precedente constitucional, lo que refuerza la procedencia del amparo y la necesidad
de emitir una nueva sentencia conforme a los estándares jurisprudenciales
vigentes.
72. En consecuencia, se confirmará la sentencia del 8 de mayo de 2025, pues como
lo advirtió el a quo se encuentra acreditada una vulneración sustancial al derecho
fundamental al debido proceso por una indebida valoración probatoria y se presentó
una omisión de los deberes judiciales en un contexto de especial protección.
73. En ese orden de ideas, esta Sala de Subsección encuentra probado que en la
providencia objeto de reproche se incurrió en los defectos: fáctico y por
desconocimiento de precedente invocados por la parte actora, razón por la que se
confirmará el fallo de primera instancia que concedió el amparo del derecho
fundamental al debido proceso invocado por la señora Ruby Esther Arias Narváez
y otros.
74. Sin embargo, ello, no implica la concesión automática de las pretensiones
de la demanda de reparación directa, pues será el juez de la responsabilidad
a quien corresponda en el marco de sus competencias y deberes, definir si
se estructuran, a partir de una valoración flexible, los elementos de la
responsabilidad del Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
34
Ver también la sentencia de la Corte Constitucional C-483 de 2013.
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nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia del 8 de mayo de 2025
proferida Sección Quinta del Consejo de Estado, que concedió el amparo solicitado
por la señora Ruby Esther Arias Narváez y otros, por las consideraciones
anteriormente expuestas.
Segundo: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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Relación de las personas con respecto a las cuales se aportó poder y que fueron
reconocidas como accionantes en la presente acción de tutela.
Anexo 1
1. Ruby Esther Arias Narváez
2. Dimas Rafael Salcedo Hernández
3. Idalides Teresa Narváez de Salcedo
4. Luis Emilio Arias Narváez
5. María de las Mercedes Tovar Toscano
6. Antonio Rafael Ortega Mercado
7. Daniel Antonio Ortega Yepez
8. Daniela Patricia Ortega Yepez
9. Jeison Javier Ortega Yepez
10. Elquis Rafael Tovar Donado
11. Everlides Esther Ortega Narváez
12. Luis Fernando Bolaño Ortega
13. Oduver Rafael Bolaño Ortega
14. Aulio Enrique Salcedo Narváez
15. Yorledis Judith Salcedo Manjarres
16. Wendy Johanna Salcedo Manjarres
17. Julio Manuel Puentes Rivero
18. Martha Liliana Ortega Mercado
19. Ingris Esther Tovar Donado
20. Agustín Manuel Viloria Sierra
21. María de Jesús Ricardo Guzmán
22. Leda Isabel Viloria Blanco
23. Diana Isabel Trespalacios Viloria
24. Josefa María Narváez Martínez
25. Sol María Puentes Barreto
26. Cristo Tomás Tovar Toscano
27. Ana Mercedes Tovar Puentes
28. Mercedes Puentes Pérez
29. Manuel del Cristo Tovar Puentes
30. Edwin José Ortega Mercado
31. Juan David Ortega Yepes
32. Rosiris María Yepes Alvis
33. José del Carmen Olivera
34. Julia Teresa Puentes Rivero
35. Julio Alejandro Monterroza Ramos
36. Dilia Esther Meriño Terán
37. Indira rosa Agamez Meriño
38. Argemiro Antonio Agamez Meriño
39. Diego Armando Alvis Agamez
40. Eduardo Enrique Tovar Alfaro
41. Kelly Luz Mendivil Melendres
42. Danna Paola Alvis Salcedo
43. Moisés Rafael Alvis Salcedo
44. Ludys Esther Salcedo Hernández
45. Favián David Alvis Salcedo
46. Jawin Javier Salcedo Yepez
47. Sandys María Tovar Donado
48. Robinson Manuel Tovar Puentes
49. Luis Mario Tovar Salcedo
50. Yasmin del Carmen Salcedo Narváez
51. Eder Segundo Cárdenas Causil
52. Santiago Andrés Cárdenas Romero
53. Mayra Sofía Cárdenas Romero
54. Eder Cárdenas Romero
55. Julio Alejandro Monterrosa Narváez
56. Dayana Michel Monterrosa Ramos
57. Rosario Isabel Ramos Yepes
58. María de los Ángeles Ortega Manjarres
59. Dimas Rafael Salcedo Narváez
60. Dimas José Salcedo Ortega
61. Enuar Rafael Salcedo Ortega
62. Gilberto Alejandro Yepes Peña
63. Yolima Stella Peña Pérez
64. Camilo José Yepez Peña
65. Eduardo Rafael Agamez Monterrosa
66. Celis Katiuska Ortega
67. Eliecer Enrique Yepes Alvis
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68. Eliecer Luis Yepez Rodríguez
69. María Elena Rodríguez Paredes
70. José Angel Tovar Toscano
71. Julio César Tovar toscano
72. Dawis Eduardo Arias Tovar
73. Elsy Enith Arias
74. Celsa Isabel Ortega Vanegas
75. Yaseni Simona Yepez Arias
76. María Alejandra Yepez Arias
77. Luis Alejandro Yepez Arias
78. Blas Enrique Yepez Olivera
79. Jesús Antonio Tovar Toscano
80. Elizabeth Donado Narváez
81. Edris Jesús Tovar Donado
82. Héctor Julio Donado Narváez
83. Danis Daniela Arias Tovar
84. Alfonso Segundo Narváez Puentes
85. Aner Alfonso Narváez Villegas
86. Yeison Yair Narváez Villegas
87. Mileydis Narváez Villegas
88. Diana Patricia Huertas Díaz
89. Samir Enrique Donado Rodríguez
90. Sandis Paola Monterrosa Ramos
91. Cristian Javier Torres Tovar
92. Yavelis Esther Monterroza Ramos
93. Feliz Alexandro del Toro Arias
94. Yamile Mari Rivero Barreto
95. David Josué del Toro Rivero
96. Samuel Elías del Toro Rivero
97. Fernando Segundo del Toro Rivero
98. Ubadel Ortega Guzmán
99. Juan Carlos Ortega Mercado
100. Juan Manuel Alvis Salcedo
101. Luis Humberto Yepes de Avila
102. Elieth Farina Alvis de Yepes
103. Yulieth Paola Yepez Alvis
104. Manuel Enrique Tovar Toscano
105. José Miguel Ortega Guzmán
106. Elizabeth Manjarres Caro
107. Geidi Rafael Ortega Manjarres
108. Andrés Manuel Torres Viloria
109. Juana Francisca Tovar Toscano
110. Diana Margarita Ortega Yepez
111. Julia Elena Paredes de Rodríguez
112. Luis Carlos Rodríguez Paredes
113. Norma Judith Salcedo Narváez
114. Luis Felipe Díaz Ortega
115. Carlos Alberto Salcedo Narváez
116. Francisco Javier Salcedo Barreto
117. Durkys Adriana Salcedo Barreto
118. Glenis María Barreto Velilla
119. Carlos Yesid Salcedo Barreto
120. Bledis del Socrro Viloria Ricardo
Relación de las personas que conformaron la parte demandante del proceso de
reparación directa objeto de esta acción de tutela y que se ordenó vincular en calidad
de terceros con interés.
Anexo 2
1. Ana Efigenia Narváez González
2. Elver Rafael Trespalacios Narváez
3. Nelson José Trespalacios Narváez
4. Berlys Trespalacios Narváez
5. Erlys Judith Trespalacios Narváez
6. María Mercedes Trespalacios Narváez
7. Lesvia Hortensia Caro Meriño
8. Segundo Rafael Bolaño Caro
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9. Zoila Elena Agamez Meriño
10. Ramiro Alfonso Espinosa Agames
11. Daniela Alejandra Espinosa Agames
12. Marelvis del Carmen Monterroza Narváez
13. Alver Alejandro Jiménez Monterroza
14. José Tomás Ortega Guzmán
15. Rafael David Ortega Arias
16. Elkin José Tovar Yepez
17. Dayana Michelle Tovar Huertas
18. Yesmin Adriana Salcedo Manjarres
19. José David Salcedo Manjarres
20. Mirna Judit Alvis Narváez
21. Adriana Lucía Toscano Alvis
22. Mariana Toscano Alvis
23. Ihan Andrés Toscano Alvis
24. Dany Luz Ramos Romero
25. Briana Arciria Ramos
26. Andrea Carolina Puentes Romares
27. Jeison David Puentes Ramos
28. Ana Milena Rivero Peña
29. Joel Andrés Romero Rivero
30. Olga Lucía Oviedo Rivero
31. Rousbelt Manuel Oviedo Ortega
32. Yiseth Daniela Meriño Tovar
33. Heilin Sandrid Tovar Donado
33. Ferney Emilio Tovar Donado
34. Elianis Carolina Nadaff Tovar
35. Jesús David Agamez Viloria
36. Orfa Isabel Narváez Puentes
37. Steven David Narváez
38. Joel David Narváez Puentes
39. Nohemid Damaris Narváez Puentes
40. Aracely del Carmen Narváez Puentes
41. Carmen Liliana Tovar Puentes
42. Glenis María Arias Tovar
43. Andrea Vanessa Arias Tovar
44. Andrea Valera Arias
45. Andrés Abelino Cabrera Jiménez
46. Nidia Ester Munive Ordóñez
47. Deiner Elias Ortega Yepes
48. Estefani Paola Olivera Puentes
49. Jeferson Andrés Olivera Puentes
50. Marquin José Olivera Puentes
51. Yuranis Paola Monterroza Yepes
52. Jospe Manuel Agamez Rivero
53. José Eduardo Alvis Agamez
54. Keiner David Tovar Mendivil
55. Alfonso José Alvis Salcedo
56. Endy Javier Salcedo Tovar
57. Marisol Salcedo Tovar
58. Omar Yesid Salcedo Tovar
59. Sofía Mercedes Tovar Salcedo
60. Libardo José Parra Salcedo
61. Tatiana Parra Salcedo
62. Jimena Cárdenas Romero
63. Sahary Cárdenas Romero
64. Iván David Cárdenas Romero
65. Marly Romero Caro
66. Mónica Monterrosa Ramos
67. Ángel Miguel Salcedo Ortega
68. María Margarita Salcedo Ortega
69. Berledis María Salcedo Ortega
70. Luis Martín Causado Luna
71. Rina Patricia Ortiz Torres
72. Paula Andrea Uparela Ortiz
73. Gilberto Enrique Yepes Salcedo
74. Lorenzo Miguel Yepes Peña
75. Carlos Andrés Yepez Peña
76. Arturo Mario Agamez Ortega
77. Yurley Paola Yepez Rodríguez
78. Luis Alberto Quiroz Rodríguez
79. Sandra Milena Quiroz Rodríguez
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80. José Rafael Cárdenas Lans
81. María Natividad Toscano de Tovar
82. Luis Alfonso Puentes Pérez
83. Deilys Sofía Arias Narváez
84. Urias Miguel Ortega Vanegas
85. Luis Eduardo Monterroza Cuello
86. Yurleidis Paola Yepez Mercado
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90. Dairo Emiro Puentes Rivero
91. Julia Teresa Rivero Pérez
92. Martha Cecilia Peña Pérez
93. Oscar Javier Silgado Peña
94. Tatiana Margarita Mercado Peña
95. Diana Marcela Mercado Huertas
96. Kellys Johanna Mercado Huertas
97. Shirlver Johan Donado Monterrosa
98. Aldair Rafael Narváez Monterroza
99. Rubén Galdeidis Narváez Monterroza
100. Johalis Esther Torres Monterroza
101. Anibal Eduardo Monterroza Narváez
102. Alba Luz Monterroza Toscano
103. Alba Luz toscano Ortega
104. Darcy Judith del Toro Rivero
105. Maruja del Socorro Mercado Narváez
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108. Juan José Alvis Toscano
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129. Argemiro de Jesús Toscano Ortega
130. Lucía Mercedes Toscano Ortega
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134. Álvaro Javier Rodríguez Paredes
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136. Juan David Rodríguez Paredes
137. Carlos Julio Leguia Salcedo
138. Julio Javier Leguia Salcedo
139. Julio Emiro Leguia Salcedo
140. Yainer Yesid Payares Salcedo
141. Lester Judith Díaz Salcedo
142. Andrea Carolina Barreto Díaz
143. Berny Beatriz Salcedo Hernández
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147. Mariangel Montes Viloria
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