Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00867-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00867-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00867-01
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
26 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00867-01
Demandante: Ana María Bermúdez Ríos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00867-01
Demandante: ANA MARÍA BERMÚDEZ RÍOS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
PRIMERA, SUBSECCIÓN A, Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE – La medida
cautelar cuestionada por la demandante fue revocada, de modo que cualquier pronunciamiento
sobre el particular caería en el vacío / IMPROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE AMPARO POR
FALTA DE SUBSIDIARIEDAD – La accionante tenía otro mecanismo de defensa judicial para
cuestionar la denegación del retiro de la demanda de nulidad electoral presentada en su contra,
y no demostró la posible configuración de un perjuicio irremediable derivado de esa decisión.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la demandante contra la sentencia del
15 de julio de 2025, proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 14 de febrero de 20252, la señora Ana María Bermúdez Ríos instauró demanda de
tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de apoderada, a
fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad
humana, a la igualdad, al mínimo vital y al trabajo.
2. En ese sentido, solicitó que se ordenara «imprimir el efecto suspensivo» al recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 13 de enero de 2025, proferido por la Subsección
A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual
se suspendieron provisionalmente los efectos del Decreto 1163 de 2024, expedido por
el ministro de Relaciones Exteriores, a través del cual fue nombrada, en provisionalidad,
como consejera de Relaciones Exteriores en el Consulado de Colombia en Washington,
D.C., Estados Unidos de América.
1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 20 de agosto de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2, archivos «31ED_RADICACIONOFIC_26238» y
«2ED_Demanda».
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3. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:
4. El 29 de octubre de 2024, en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la
Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) presentó demanda
contra la señora Bermúdez Ríos, con el propósito de que se declarara la nulidad del
Decreto 1163 de 2024, ya mencionado. Además, a título de medida cautelar, solicitó que
se suspendieran los efectos de este decreto.
5. Dicha demanda se identificó con el radicado 25000-23-41-000-2024-01885-00 y fue
asignada a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca. Antes de que se profiriera cualquier decisión sobre su admisibilidad, la
Unidiplo solicitó que se autorizara su retiro.
6. Mediante auto del 21 de noviembre de 2024, la mencionada subsección (i) negó tal
solicitud; (ii) admitió la demanda contra la señora Bermúdez Ríos, el ministro de
Relaciones Exteriores y el presidente de la República, y (iii) decretó la medida cautelar
de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024.
7. El 3 de diciembre de 2024, el ministro de Relaciones Exteriores interpuso recurso de
reposición contra la denegación del retiro de la demanda y apeló el decreto de la medida
cautelar aludida.
8. Mediante auto del 13 de enero de 2025, el magistrado Luis Manuel Lasso Lozano,
integrante de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, confirmó la denegación del retiro de la demanda y concedió, en el efecto
devolutivo, el recurso de apelación interpuesto contra el decreto de la medida cautelar
de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024.
9. Tanto en el auto del 21 de noviembre de 2024 como en el del 13 de enero de 2025,
se expuso, primero, que el retiro de la demanda es equivalente al desistimiento en
procesos de nulidad electoral, pues el transcurso del término de caducidad aplicable
impide que la demanda sea presentada de nuevo, lo cual implica una afectación del
interés público involucrado en dichos procesos; y, segundo, que el desistimiento está
prohibido en los mismos procesos, de conformidad con el artículo 280 del CPACA.
10. El 12 de febrero de 2025, la señora Bermúdez Ríos interpuso recurso de reposición
contra la denegación del retiro de la demanda y el decreto de la medida cautelar ya
mencionada. Además, en subsidio, presentó recurso de apelación contra esta última
decisión.
11. A la fecha de la presentación de la demanda de tutela, no se había resuelto el recurso
de apelación interpuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, ni se había proferido
decisión alguna sobre aquellos interpuestos por la señora Bermúdez Ríos.
12. De acuerdo con la solicitud de amparo, al denegar el retiro de la demanda, la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: (i)
pasó por alto que se cumplían los requisitos de procedencia de ese acto procesal —el
retiro de la demanda—, establecidos en el artículo 174 del CPACA; (ii) ignoró que el
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legislador no prohibió dicho acto en procesos de nulidad electoral ni lo equiparó al
desistimiento; y (iii) desconoció su propio precedente y el de la Subsección B de la misma
sección, con lo cual, de paso, vulneró su derecho fundamental a la igualdad.
13. Por otro lado, la señora Bermúdez Ríos señaló que la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca no efectuó un juicio de
proporcionalidad para decretar la medida cautelar de suspensión del Decreto 1163 de
2024. Concretamente, la acusó de no analizar si el decreto de esta medida era menos
lesivo que su denegación, así como de obviar que, con ella, se le causaron las siguientes
afectaciones:
14. En primer lugar, su condición migratoria se tornó irregular, pues su visa diplomática
solo le permitía permanecer en el territorio de los Estados Unidos de América para
desempeñar funciones oficiales.
15. En segundo lugar, se le privó abruptamente de la posibilidad de trabajar, tanto en el
Ministerio de Relaciones Exteriores como en cualquier otra entidad del Estado
colombiano u organización privada, pues la suspensión del mencionado decreto no
suprimió su calidad de servidora pública, por lo que continuaba sometida al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades correspondiente.
16. En tercer lugar, como consecuencia de lo anterior, dejó de percibir los ingresos
necesarios para cubrir su mínimo vital, el cual incluía los gastos de arrendamiento de un
inmueble destinado a vivienda.
17. Debido a lo expuesto, así como al hecho de que no había certeza sobre la extensión
temporal de la medida cautelar, la demandante adujo que se vulneraron sus derechos
fundamentales al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital, y que se concretó un riesgo
de perjuicio irremediable que tornaba transitoriamente procedente la intervención del juez
de tutela.
18. Finalmente, indicó que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca decretó la medida cautelar sin contar con medios
probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto 1163 de
2024.
B. Trámite impartido e intervenciones
19. Mediante auto del 3 de marzo de 20253, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela y dispuso notificar, como demandados, a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, vinculó a la Unidiplo y al presidente de la
República, en calidad de terceros con interés.
20. El magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, integrante de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4, solicitó que la
acción de tutela fuera declarada improcedente.
3 Samai, expediente de primera instancia, índice 4.
4 Samai, expediente de primera instancia, índice 11.
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21. Para sustentar esa solicitud, expuso que no se satisfizo el requisito de relevancia
constitucional porque, en su criterio, la demandante utilizó la acción de tutela para un fin
indebido: plantear un debate sobre la interpetación del parágrafo 1 del artículo 243 del
CPACA y, de esa manera, lograr una variación del efecto en el que se concedió la
apelación del auto por el cual se decretó la medida cautelar, aun cuando en dicho
parágrafo se estableció claramente que este efecto debe ser devolutivo.
22. Igualmente, sostuvo que el mencionado requisito no se cumplió porque la decisión
de negar el retiro de la demanda no fue caprichosa ni arbitraria, ni se alejó de una
interpretación razonable de la ley.
23. Por otro lado, señaló que no hubo ninguna irregularidad procesal, y resaltó que la
señora Bermúdez Ríos no ejerció su derecho a la defensa oportunamente, pues guardó
silencio cuando se le corrió traslado de la solicitud de medida cautelar.
24. Adicionalmente, adujo que aquella no agotó los mecanismos ordinarios de defensa
judicial, pues presentó la demanda de tutela antes de que se resolvieran los recursos
que interpuso contra el auto por el cual se negó el retiro de la demanda y se decretó la
medida cautelar.
25. Por último, indicó que no se configuró ningún defecto «de tipo constitucional».
26. El Ministerio de Relaciones Exteriores5 manifestó su voluntad de coadyuvar las
pretensiones de la accionante y expuso que, al denegar el retiro de la demanda de
nulidad electoral, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no solo desconoció su propio pecedente, sino el de la Sección Quinta del
Consejo de Estado. Por esto, afirmó que se cumplió el requisito de procedencia de
relevancia constitucional.
27. Además, aseguró que no se contaba con un mecanismo de defensa judicial distinto
a la acción de tutela para controvertir la denegación del retiro de la demanda, porque ya
se había interpuesto el recurso de reposición contra esa decisión.
28. La Presidencia de la República6 también manifestó su voluntad de coadyuvar las
pretensiones de la demandante y adujo que la denegación del retiro de la demanda de
nulidad electoral desconoció el artículo 174 del CPACA, así como el precedente de la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
29. La Unidiplo guardó silencio, pese a que se le notificó el auto admisorio de la
demanda7.
C. Fallo impugnado
30. Mediante sentencia del 15 de julio de 20258, la Sala de Conjueces de la Sección
Quinta del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional «por sustracción
de materia».
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 12.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 16, archivo «71(…)Respuesta-OFI2500041211_GFP».
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 7.
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 37.
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31. Antes de exponer el fundamento de su decisión, dicha sala advirtió que, aunque la
demandante se refirió a la denegación del retiro de la demanda de nulidad electoral, no
incluyó esa decisión en sus pretensiones de amparo.
32. Advertido lo anterior, expuso que, mediante auto del 27 de marzo de 2025, la Sección
Quinta de esta corporación revocó el auto del 21 de noviembre de 2024, proferido por la
autoridad judicial demandada, debido a lo cual desapareció la causa de la vulneración
de derechos alegada por la accionante.
D. Impugnación
33. La demandante solicitó que se revocara el fallo de primera instancia9, por considerar
que la Sala de Conjueces de la Sección Quinta ignoró sus argumentos contra la
denegación del retiro de la demanda de nulidad electoral, de los cuales se desprendía
que esa decisión —la denegación— hacía parte de las pretensiones de amparo.
34. Además, advirtió que dichos argumentos demostraban la relevancia constitucional
del asunto y, consecuentemente, imponían al juez de tutela el deber de efectuar un
análisis de fondo sobre la denegación del retiro de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
35. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Cuestión previa
36. La Corte Constitucional10 ha explicado que, en materia de tutela, la impugnación es
una manifestación del derecho fundamental al debido proceso, cuyo objeto consiste en
que el superior jerárquico de la autoridad que profirió el fallo de primera instancia «evalúe
nuevamente los argumentos debatidos y adopte una decisión definitiva»11.
37. En virtud de lo anterior, el análisis de la Sala abarcará la vulneración iusfundamental
alegada en relación con el decreto de la medida cautelar de suspensión de los efectos
del Decreto 1163 de 2024, examen que partirá de lo expuesto en la sentencia de primera
instancia, por lo que, en primer lugar, se verificará si se concretó una situación
sobreviniente. Sin embargo, a diferencia del a quo, y de conformidad con el precedente
constitucional aplicable —que será expuesto más adelante—, esta Subsección no
evaluará tal situación para determinar si debe concederse o negarse el amparo
constitucional solicitado, sino para establecer si se configuró una carencia actual de
objeto.
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 42.
10 Sentencia T-353 de 2018, reiterada en la sentencia de unificación 387 de 2022.
11 Énfasis añadido.
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G. Problema jurídico
38. De conformidad con lo señalado en el acápite anterior, para resolver la impugnación,
la Sala adoptará la siguiente metodología:
39. Primero, verificará si se configuró una carencia actual de objeto por situación
sobreviniente frente a la vulneración iusfundamental alegada con respecto al decreto de
la medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024.
40. Segundo, determinará si la solicitud de amparo constitucional cumple el requisito de
procedencia de subsidiariedad, en relación con el cuestionamiento de la denegación del
retiro de la demanda de nulidad electoral. Solo en caso afirmativo, se determinará si
cumple los demás requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, y se definirá si la autoridad judicial demandada incurrió en algún
defecto al adoptar la mencionada decisión, vulnerando así los derechos fundamentales
de la señora Bermúdez Ríos.
41. De acuerdo con la solución de las anteriores cuestiones, entonces, esta Subsección
establecerá si confirma, modifica o revoca la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
H. Análisis de la Sala
Configuración de carencia actual de objeto por situación sobreviniente frente a la
vulneración iusfundamental alegada con respecto al decreto de la medida cautelar
de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024
42. En síntesis, la señora Bermúdez Ríos sostuvo que se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, al trabajo, a la vida digna y al mínimo vital, en tanto la
autoridad judicial demandada decretó la medida cautelar aludida sin contar con medios
probatorios suficientes para desvirtuar la presunción de legalidad del Decreto 1163 de
2024, sin efectuar un juicio de proporcionalidad y sin tener en cuenta que la suspensión
de los efectos de este decreto derivó en una situación migratoria irregular, pues se le
privó abruptamente de la posibilidad de trabajar y, por ende, se le suprimió la fuente de
los ingresos necesarios para cubrir su mínimo vital. Además, para conjurar esa supuesta
vulneración iusfundamental, solicitó que la apelación del decreto de la mencionada
medida fuera concedida en el efecto suspensivo.
43. Ahora, la información registrada en Samai evidencia que, mediante auto del 27 de
marzo de 202512, la Sección Quinta de esta corporación revocó la medida cautelar ya
mencionada13, como bien lo advirtió el a quo. Además, se observa que, a través de
sentencia del pasado 24 de julio14, la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Decreto 1163 de 2024, decisión
12 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-01, índice 6.
13 Esa decisión adquirió firmeza el 5 de abril de 2025, luego de que se notificara el auto por el cual se negó
una solicitud de aclaración presentada por la Unidiplo (Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-
01, índices 17, 19 y 21).
14 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-00, índice 100.
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contra la cual se interpuso recurso de apelación por parte del ministro de Relaciones
Exteriores15, al cual se adhirió la señora Bermúdez Ríos16.
44. Así las cosas, es claro que el sustento de la vulneración iusfundamental alegada por
la demandante, es decir, el decreto de la medida cautelar de suspensión de los efectos
del Decreto 1163 de 2024, ha desaparecido, pues tal medida fue revocada
posteriormente por la Sección Quinta del Consejo de Estado. Cosa distinta es que el
Tribunal demandado, ya en la sentencia, hubiera declarado nulo dicho acto
administrativo, decisión que fue apelada y, desde luego, aún no se encuentra en firme.
45. En vista de lo anterior, es necesario indicar que, cuando una demanda de tutela
pierde su sustento por la alteración o la desaparición de las circunstancias en virtud de
las cuales se alegó la vulneración de derechos fundamentales, se configura el fenómeno
procesal de carencia actual de objeto17. Esto, según la Corte Constitucional, puede
suceder en tres eventos: (i) el hecho superado, que tiene lugar «cuando la amenaza o
vulneración cesan porque el accionado, “por un acto voluntario”, [es decir, sin
intervención del juez constitucional], satisfizo la prestación solicitada por el
accionante»18; (ii) el daño consumado, que se materializa «cuando “la amenaza o la
vulneración del derecho fundamental ha producido el perjuicio que se pretendía evitar
con la acción de tutela”» 19 ; y (iii) la situación sobreviniente, predicable frente a
escenarios que no encuadran en las dos categorías anteriores, en virtud de los cuales,
«igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo
no [surtiría] ningún efecto y por lo tanto [caería] en el vacío»20.
46. En el presente caso, el hecho de que la medida cautelar de suspensión de los efectos
del Decreto 1163 de 2024 haya sido revocada, torna inútil acceder a la pretensión de la
demandante, es decir, que la apelación interpuesta contra el decreto de dicha medida se
conceda en el efecto suspensivo. Por ello, se configuró una carencia actual de objeto por
situación sobreviniente frente a la vulneración iusfundamental alegada en relación con la
misma medida.
Improcedencia de la acción frente al cuestionamiento de la decisión de negar el
retiro de la demanda de nulidad electoral
47. En la impugnación, la señora Bermúdez Ríos sostuvo que la Sala de Conjueces de
la Sección Quinta ignoró sus argumentos contra la denegación del retiro de la demanda
de nulidad electoral, de los cuales se desprendía que esa decisión —la denegación—
hacía parte de las pretensiones de amparo.
48. Al respecto, la Sala debe advertir que, aunque la falta de inclusión expresa de la
decisión aludida en las pretensiones de amparo evidencia una falta de técnica jurídica,
lo cierto es que los argumentos expuestos en la demanda de tutela permitían inferir que
se pretendía atacar los efectos de tal decisión.
15 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-00, índice 105.
16 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-00, índice 107.
17 Corte Constitucional, sentencia T-353 de 2018, reiterada en la sentencia de unificación 387 de 2022.
18 Corte Constitucional, sentencia T-070 de 2022, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
19 Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2018, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-225 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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49. Ahora, dichos argumentos consistieron en que, al denegar el retiro de la demanda,
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca: (i)
pasó por alto que se cumplían los requisitos de procedencia de ese acto procesal —el
retiro de la demanda—, establecidos en el artículo 174 del CPACA; (ii) ignoró que el
legislador no prohibió dicho acto en procesos de nulidad electoral ni lo equiparó al
desistimiento; y (iii) desconoció su propio precedente y el de la Subsección B de la misma
sección, vulnerándole así el derecho fundamental a la igualdad.
50. Expuesto lo anterior, es importante reiterar que, según la información registrada en
Samai, la señora Bermúdez Ríos se adhirió al recurso de apelación interpuesto por el
ministro de Relaciones Exteriores contra la sentencia del 24 de julio de 2025, mediante
la cual se declaró la nulidad del Decreto 1163 de 2024.
51. En ese recurso, el ministro de Relaciones Exteriores solicitó que se revisara la
decisión de negar el retiro de la demanda de nulidad electoral 21 , con sustento en
argumentos similares a los expuestos en la demanda de tutela de la señora Bermúdez
Ríos, los cuales, además, fueron reiterados en el escrito por el cual esta se adhirió a la
apelación de dicho ministro22.
52. De esa manera, resulta evidente que la demandante agotó un medio judicial para
cuestionar la decisión de negar el retiro de la demanda de nulidad electoral: el recurso
de apelación contra la sentencia del 24 de julio de 2025, proferida por la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mecanismo que
está a la espera de ser resuelto por el juez natural —Consejo de Estado, Sección
Quinta—, razón por la cual el juez constitucional debe abstenerse de intervenir, a menos
que dicho mecanismo sea ineficaz o inidóneo, o que se advierta la configuración de un
perjuicio irremediable.
53. En este punto, es importante recordar que la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, motivo por el cual, de conformidad con el tercer inciso del artículo 86 de la
Constitución y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 1991, resulta
improcedente ante la existencia de otros mecanismos de defensa judicial, salvo que,
valga insistir, estos no sean eficaces o idóneos, o que sea necesario evitar la concreción
de un perjuicio irremediable23.
54. Ahora, la señora Bermúdez Ríos no alegó ni probó ninguna circunstancia de la cual
se infiriera que el mencionado recurso era ineficaz o inidóneo para cuestionar la
denegación del retiro de la demanda de nulidad electoral ni, específicamente, para
reclamar la protección de su derecho fundamental a la igualdad, supuestamente
vulnerado con ocasión del desconocimiento de precedente atribuido a dicha decisión.
21 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-00, índice 105, páginas 6 a 8.
22 Samai, expediente 25000-23-41-000-2024-01885-00, índice 107, páginas 7 a 11.
23
En la sentencia T-1190 de 2004, reiterada en las sentencias T-828 de 2014 y T-545 de 2017, la Corte
Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es irremediable, debe verificarse lo siguiente: «(i)
que sea inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea
grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran
intensidad; (iii) que las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes;
y (iv) que la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer
el orden social justo en toda su integridad (énfasis añadido)».
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55. Tampoco expuso ni acreditó ningún hecho del cual se dedujera la posible concreción
de un perjuicio irremediable sobre su derecho fundamental a la igualdad, que tornara
urgente la intervención del juez constitucional.
56. Al respecto, es importante aclarar que los argumentos expuestos por la accionante
para alegar la posible concreción de un perjuicio irremediable versaron sobre el decreto
de la medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024, no sobre
la denegación del retiro de la demanda de nulidad electoral. En consecuencia, no pueden
ser tomados como la justificación de un riesgo de perjuicio irremediable derivado de esta
última decisión.
57. Así las cosas, la solicitud de amparo de la señora Bermúdez Ríos deviene
improcedente frente al cuestionamiento de la decisión de negar el retiro de la demanda
de nulidad electoral.
58. Con fundamento en lo explicado, se modificará la sentencia de primera instancia, en
el sentido de declarar, por un lado, la carencia actual de objeto por situación
sobreviniente frente a la vulneración iusfundamental alegada sobre el decreto de la
medida cautelar de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024, y, por otro, la
improcedencia de la solicitud de amparo frente al cuestionamiento de la denegación del
retiro de la demanda de nulidad electoral.
59. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Modificar el ordinal primero de la sentencia del 15 de julio de 2025, proferida
por la Sala de Conjueces de la Sección Quinta del Consejo de Estado, el cual quedará
así:
Declarar, primero, la carencia actual de objeto por situación sobreviniente frente
a la vulneración iusfundamental alegada en relación con el decreto de la medida
cautelar de suspensión de los efectos del Decreto 1163 de 2024, decisión
adoptada por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el proceso 25000-23-41-000-2024-01885-02; y, segundo, la
improcedencia de la solicitud de amparo frente al cuestionamiento de la
denegación del retiro de la demanda que dio origen a dicho proceso.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00867-01
Demandante: Ana María Bermúdez Ríos
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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