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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00884-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00884-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves para conocer de la acción de tutela de la referencia y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto. SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00884-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

17 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00884-01
Accionante: José Domingo González Pacheco
Accionado: Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección C

Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Inmediatez.

Decisión: Confirma improcedencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala1 decide la impugnación formulada por la parte accionante en contra
de la Sentencia proferida el 24 de abril de 2025 por la Sección Primera del Consejo
de Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia por no satisfacer el requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

2. El 17 de febrero de 2025, José Domingo González Pacheco presentó una
acción de tutela en la que alegó la vulneración de su derecho al debido proceso.
Según su escrito, dicha garantía fundamental habría sido trasgredida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado al proferir la Sentencia
de 31 de agosto de 2021 dentro de la acción de grupo, Rad. 23001-23-33-000-2012-
00060-01.

3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, el accionante relató
que el 24 de octubre de 2005 llegaron funcionarios de la sociedad CORASEO SA
ESP a unas parcelas ubicadas en la vereda Cantagallo del municipio de Ciénaga
de Oro (Córdoba), con el propósito de medir los terrenos, sin que previamente se
hubiese informado a sus propietarios. Indicó que dicha actuación tenía como
objetivo la construcción de un relleno sanitario destinado a la disposición de
residuos de los municipios de Cereté, San Carlos, Ciénaga de Oro y Sahagún, sin
considerar que se trataba de una zona habitada por campesinos. Señaló que la
construcción se ejecutó en virtud del convenio interadministrativo No. 48 de 9 de
diciembre de 2010.

1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00884-01
Accionante: José Domingo González Pacheco

4. El 29 de agosto de 2012, Ligia del Carmen Macea Madrea, Elvira del Socorro
Pacheco Salcedo, Ovidio de Jesús Barón Santana, Nelsy del Carmen Martínez
Causil, Arcadio José Martínez Causil y Carmelo José Berrocal Barón presentaron
acción de grupo contra el municipio de Ciénaga de Oro, la Corporación Autónoma
Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS) y la empresa CORASEO SA
ESP, por los perjuicios materiales ocasionados por las obras dirigidas a la
construcción del relleno sanitario ubicado en la vereda Cantagallo del municipio de
Ciénaga de Oro. Manifestaron que los terrenos intervenidos estaban destinados al
cultivo de plátano, yuca, coco, ñame y otros frutales, los cuales constituían el
sustento de los campesinos propietarios, dado que dependían de la agricultura para
su subsistencia.

5. El 31 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Córdoba negó las
pretensiones de la demanda, pues consideró que no se encontraba acreditada la
legitimación en la causa por activa de los demandantes, toda vez que ninguno
demostró su calidad de propietario o poseedor de los predios presuntamente
afectados por la construcción del relleno sanitario, especialmente en lo relacionado
con la pérdida de cultivos y la contaminación de aguas subterráneas y pozos
aledaños al proyecto.

6. El 12 de noviembre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de
apelación contra la Sentencia de 31 de octubre de 2013, donde manifestó su
inconformidad frente a la afirmación del tribunal sobre la supuesta falta de
legitimación en la causa por activa, ya que en el expediente obraba documentación
que demostraba lo contrario. Asimismo, alegó que el tribunal no valoró
certificaciones que acreditaban los daños causados a la comunidad con ocasión de
la construcción del relleno sanitario.

7. El 31 de agosto de 2021, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia. Donde
concluyó que existió una inactividad probatoria por parte del apoderado del grupo
demandante y que no le era posible a la autoridad judicial alterar la carga probatoria
en perjuicio de las entidades demandadas, ya que ello implicaría premiar la
pasividad de la parte actora, lo cual contrariaría la lógica del régimen de
responsabilidad, conforme al cual quien alega un daño tiene la carga de probarlo.

8. Como fundamentos de la vulneración, la parte actora señaló que actuaba
en calidad de hijo de la señora Elvira del Socorro Pacheco Salcedo, quien en vida
formó parte del grupo demandante dentro de la acción de grupo. En ese contexto,
manifestó que no compartía la decisión adoptada en la Sentencia de 31 de agosto
de 2021, toda vez que la construcción del relleno sanitario contrariaba múltiples
disposiciones legales.

9. Afirmó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta varios desaciertos que
afectaron los intereses de los demandantes con ocasión al inicio de la obra, la cual
se ejecutó sin previo aviso y sin que se considerara que los terrenos intervenidos
eran propiedad privada. Indicó que dichas tierras contaban con escrituras públicas,

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Accionante: José Domingo González Pacheco

las cuales fueron aportadas como prueba dentro del proceso y que acreditaban la
calidad de propietarios de los demandantes.

10. Finalmente, sostuvo que, aunque la construcción del relleno sanitario no se
había ejecutado en su totalidad, los daños materiales ya se habían producido y
continuaban afectándolos.

Intervenciones2

11. Nelsy del Carmen Martínez Causil relató que fue víctima de los daños
materiales ocasionados en la vereda Cantagallo con ocasión de la construcción de
un relleno sanitario regional, donde varios municipios depositarían desechos, los
cuales afectarían de manera directa el medio ambiente en una zona donde existían
viviendas. Señaló que presentó ante las autoridades competentes del departamento
de Córdoba las denuncias correspondientes por los perjuicios derivados del
desarrollo del proyecto, sin obtener respaldo alguno, resultando infructuosos dichos
trámites.

12. Manifestó que la construcción del relleno se ejecutó sin tener en cuenta que
los terrenos afectados tenían propietarios y eran utilizados con fines agrícolas.
Agregó que, en particular, las autoridades judiciales no adoptaron decisión alguna
frente a sus reclamaciones, en la medida en que, a su juicio, favorecían a las
entidades oficiales responsables del contrato. Finalmente, sostuvo que fue la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) fue la única entidad que
impidió la ejecución del proyecto, aunque sin que se reconociera compensación
alguna por los daños materiales ya causados.

13. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que
se declarara la improcedencia de la acción de tutela y para ello advirtió que: (i) no
se encontraba debidamente acreditada la legitimación en la causa por activa del hoy
accionante, en la medida en que no cumplió con la carga argumentativa ni allegó
los registros civiles de nacimiento y defunción; (ii) no se satisfizo el requisito de
inmediatez, dado que la providencia objeto de reproche fue proferida el 31 de agosto
de 2021 y notificada mediante mensaje de datos el 7 de diciembre de ese mismo
año, superándose ampliamente el término de 6 meses; y (iii) no se planteó una
controversia de relevancia constitucional, pues lo que realmente se pretendía era
habilitar una instancia adicional frente a la decisión dictada en el proceso de acción
de grupo.

14. El Municipio de Ciénaga de Oro solicitó que se negaran las pretensiones,
tras considerar que la acción de tutela resultaba improcedente debido a la falta de
actualidad de los hechos invocados. Argumentó que el accionante contaba con otros

2
Mediante Auto de 11 de marzo de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, el Municipio de Ciénaga de Oro, la Corporación Autónoma Regional de los Valle del Sinú y
del San Jorge (CVS) y Coraseo SA ESP y se vinculó al Tribunal Administrativo de Córdoba, Ligia del Carmen Macea Madera,
Ovidio de Jesús Barón Santana, Nelsy del Carmen Martínez Causil, Arcadio José Martínez Causil, Carmelo José Berrocal
Barón, Marco Gregorio Galeano Villera, Luis Fernando Martínez Montes, Luz Elena Argumedo Macea, Angélica del Carmen
Barón Galván, Yadith del Carmen Argumedo Madera, Luis Fernando Martínez Montes y Pedro Antonio Pantoja González, en
calidad de terceros con interés legítimo.

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Accionante: José Domingo González Pacheco

medios de defensa judicial idóneos para controvertir la situación planteada.
Finalmente, afirmó que no se configuraba vulneración de derecho fundamental
alguno, ya que no existía evidencia de afectación al debido proceso ni al derecho
de petición, este último por no haber sido presentado formalmente ante la
administración municipal.

15. La empresa CORASEO SA ESP solicitó su desvinculación del trámite de tutela
al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales atribuible a su
actuación. En todo caso, solicitó que se declarara la improcedencia del amparo, o
en su defecto, que se negaran las pretensiones, por cuanto el accionante no logró
acreditar la existencia de una vulneración que justificara la intervención del juez
constitucional.

16. La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge
(CVS) solicitó que se negaran en su totalidad las pretensiones de la acción de tutela,
al considerar que no existía vulneración de derechos fundamentales por su parte.
Añadió que los hechos narrados por el accionante resultaban confusos y carecían
de claridad, sin que se precisara con exactitud cuál era el objeto de la solicitud.
Finalmente, señaló que el accionante no había aportado prueba alguna que
permitiera evidenciar los perjuicios alegados, por lo que no se cumplían los
requisitos establecidos por la jurisprudencia para que procediera la acción de tutela
de manera excepcional en asuntos de contenido patrimonial.

17. El Tribunal Administrativo de Córdoba remitió el expediente digital de la
acción de grupo No. 23001-23-33-000-2012-00060-00/01.

18. Carmelo José Berrocal Barón, Marco Gregorio Galeano Villera, Luis Fernando
Martínez Montes, Luz Elena Argumedo Macea, Angélica del Carmen Barón Galván,
Yadith del Carmen Argumedo Madera, Luis Fernando Martínez Montes y Pedro
Antonio Pantoja González3, pese a que fueron debidamente notificados, guardaron
silencio.

Sentencia impugnada

19. El 24 de abril de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplía con el requisito
de inmediatez. Señaló que, la acción constitucional fue presentada una vez
superado el plazo razonable de 6 meses, dado que la sentencia objeto de
controversia fue notificada el 10 de diciembre de 2021, término establecido tanto
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como por la del propio Consejo de
Estado.

20. Adicionalmente, advirtió que el actor no demostró, ni siquiera de forma
sumaria, que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta que justificara su
inactividad durante más de 6 meses para promover el mecanismo de protección
constitucional contra providencia judicial. Tampoco acreditó que la sentencia

3
Notificados mediante aviso el 31 de marzo de 2025.

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impugnada no le hubiese sido notificada en debida forma, como hecho relevante
que permitiera flexibilizar el criterio de inmediatez.

Impugnación

21. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, por no compartir los
argumentos con los que la Sección Primera del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela. Afirmó que la decisión no se ajustaba a los hechos
que motivaron el uso del mecanismo constitucional, ni al derecho invocado, al
haberse incurrido en errores de hecho y de derecho en la valoración de las
peticiones formuladas.

22. Sostuvo que la autoridad judicial se había negado a cumplir el mandato legal
de garantizar a los agraviados el pleno goce de sus derechos fundamentales.
Aseguró que la providencia de 24 de abril de 2025 se fundamentaba en
consideraciones inexactas y constituía un error esencial de derecho, al negarse a
conceder el amparo solicitado sin tener en cuenta la naturaleza del proceso ni las
pruebas aportadas. Señaló que la decisión carecía de sustento legal, que era
descoordinada y alejada de la realidad, sin un fundamento objetivo y contraria a la
Constitución y la ley, producto de una actitud caprichosa de la autoridad judicial.

Actuaciones en segunda instancia

23. El 1 de julio de 2025, el consejero Luis Eduardo Mesa Nieves manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia, con fundamento en la causal
prevista en el numeral 6 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal4. Al
respecto, indicó que había participado como integrante de la Sala de Decisión que
profirió la Sentencia de 31 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo de
Córdoba dentro de la acción de grupo, Rad. 23001-23-33-000-2012-00060-00.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa

24. Revisado el argumento planteado en el escrito de manifestación de
impedimento, de cara al expediente No. 23001-23-33-000-2012-00060-00/01, logró
advertirse que en efecto la Sentencia de 31 de octubre de 2013 fue suscrita por el
consejero Luis Eduardo Mesa Nieves. Por esta razón, se estima que existen
elementos subjetivos que podrían comprometer la objetividad e imparcialidad de
quienes ejercen la función jurisdiccional. Razón por la cual, se declarará fundado el
impedimento del consejero Luis Eduardo Mesa Nieves y se le separará del
conocimiento de la misma.

4
«6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea
cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de
afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar»

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Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala determinar, si la presente acción de tutela cumple con
los requisitos de procedencia para controvertir la Sentencia de 31 de agosto de
2021 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En caso afirmativo, se analizará, si con la adopción de la referida providencia se
incurrió en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

Procedibilidad de la acción de tutela

26. La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción de tutela toda vez que no se satisfizo el requisito de
inmediatez, por las razones que pasan a explicarse:

27. El accionante debate la vulneración de sus derechos fundamentales con
ocasión a la Sentencia de 31 de agosto de 2021 proferida por la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del proceso de acción de grupo,
Rad: 23001-23-33-000-2012-00060-00/01. Examinados los elementos del caso, se
observó que dicha providencia fue notificada por estado y mensaje de datos el 7 de
diciembre de 2021, mientras que, según el aplicativo SAMAI, la acción de tutela fue
radicada el 17 de febrero de 2025. Esto quiere decir que, entre una y otra fecha,
transcurrieron más de 3 años.

28. Si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un término
de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el carácter
preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad5.

29. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20146, la Sala Plena del Consejo de
Estado acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

30. Ahora bien, la Corte Constitucional ha señalado que el examen de la
inmediatez no se reduce a verificar el paso del tiempo entre el hecho y la
presentación de la solicitud amparo constitucional, sino que, además, debe
estudiarse la razonabilidad del plazo, de acuerdo con los hechos de cada caso

5
Corte Constitucional, Sentencia T-187 de 2012.
6
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

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Accionante: José Domingo González Pacheco

concreto7. Por tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso,
si existen razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un
estado de debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en
cuestión.

31. En el presente caso, ninguna de esas circunstancias fue alegada y, mucho
menos probada, así como tampoco logró advertirse la existencia de un perjuicio
irremediable. En otras palabras, la Sala no encuentra un factor relevante que
sustente la inactividad de la parte actora para solicitar la defensa de los derechos
fundamentales.

32. Adicionalmente, la Sala no pasa por alto que la parte actora tampoco acreditó
la legitimación activa en la causa, pues pese a que señaló actuar en calidad de hijo
de la señora Elvira del Socorro Pacheco Salcedo quien en vida hacía parte de la
parte demandante de la acción de grupo, no aportó documento alguno que
acreditara dicha calidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el
consejero Luis Eduardo Mesa Nieves para conocer de la acción de tutela de la
referencia y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del presente asunto.

SEGUNDO: CONFIRMAR la Sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, conforme a la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

7
Sentencia T-523 de 2015

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