Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00889-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00889-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00889-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00889-01
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá, D.C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada en contra de la sentencia proferida el 13
de marzo de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Primera.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud de tutela
El 17 de febrero de 20251 Salomón Herrera Bocanegra, a través de apoderada,
interpuso acción de tutela2 en procura de la protección de sus derechos
fundamentales a la igualdad, vida, mínimo vital, seguridad social, debido proceso y
acceso a la administración de justicia, los que considera vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Tolima con ocasión de la sentencia del 5 de septiembre de 2024
mediante la cual revocó la providencia emitida por el Juzgado Séptimo
Administrativo Oral de Ibagué el 28 de septiembre 2023 que había negado las
pretensiones de la demanda, para en su lugar, acceder parcialmente a ellas, en el
marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de radicado
73001-33-33-007-2020-00151-00/01.
2. Hechos
2.1. El accionante manifiesta que prestó sus servicios en el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), como dragoneante, alrededor de 23 años, 4
meses y 28 días.
1
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado
2E47B04AB6E15EE6 7BDD32E176DF777D 6036BDBDAE28F7B0 BCB67C8F2B6205FF.
2
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 6065A1EB7FF236F5 500BABA7AE06BB4A
6D42B3F3AC54204B 6F584A1C90E43B64.
2
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
2.2. COLPENSIONES le reconoció una pensión de jubilación mediante Resolución SUB
249240 del 20 de septiembre de 2018, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 32 de
1986, condicionada al retiro definitivo del servicio.
2.3. Afirma que con la Resolución SUB 228261 del 23 de agosto de 2019 se ordenó,
por un lado, el ingreso de la prestación a nómina y, por el otro, su liquidación en los
términos del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y respecto a los factores salariales
de acuerdo con el Decreto 1158 de 1994, que para el caso en concreto eran la
asignación básica mensual y la bonificación por servicios prestados. Dicha decisión
fue confirmada por las Resoluciones SUB 300790 y DPE 13408 de 2019.
2.4. Posteriormente, el hoy accionante interpuso demanda3 contra COLPENSIONES en
orden a que se declarara la nulidad de las Resoluciones SUB 228261, SUB 300790 y
DPE 13408 de 2019. A título de restablecimiento del derecho solicitó, entre otras
cosas, ordenar a la referida entidad a. reliquidar su pensión de jubilación en el
equivalente al 75 % del promedio de la totalidad de los factores salariales
devengados en el último año de servicio, esto es, entre el 31 de julio de 2018 y el
31 de agosto de 2019, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978;
b. pagar el retroactivo pensional adeudado; y c. indexar las sumas dejadas de
percibir y pagar los intereses moratorios.
2.5. El 28 de septiembre de 20234 el Juzgado Séptimo Administrativo Oral de
Ibagué, en sentencia de primera instancia, negó las pretensiones de la demanda.
2.6. De su lado, el Tribunal Administrativo del Tolima el 5 de septiembre de 20245
desató el recurso de apelación contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023,
en el sentido de revocarla y, en su lugar, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. En ese sentido, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y a título de restablecimiento del derecho condenó a COLPENSIONES a
reliquidar la pensión de jubilación del entonces demandante en el equivalente al
75% con la inclusión de los factores salariales devengados en el último año de
servicio, esto es, además del salario y la bonificación por servicios que habían sido
3
Archivo denominado “004_ED_002Demanda”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI del
expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D C802AC4F49285193
91E6E93F1934FBA5.
4
Archivo denominado “051_Sentencia de primera instancia”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de
SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5.
5
Archivo denominado “137 regreso expedie_072 […]”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5.
3
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
previamente reconocidos en el acto de reliquidación pensional, los auxilios de
alimentación y de transporte y las primas de navidad, de servicios y de vacaciones;
a partir del 1.° de julio de 2018.
2.6.1. Para ello, el Tribunal Administrativo del Tolima encontró acreditado que a. el
hoy accionante era beneficiario del régimen contenido en la Ley 32 de 1986,
comoquiera que prestó sus servicios en el INPEC desde el 3 de abril de 1996 hasta
el 31 de agosto de 2019; y b. la liquidación de la pensión de jubilación debía tener
en cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio,
siempre y cuando se encontraren enlistados en el Decreto 1045 de 1978, esto es,
además del salario y la bonificación por servicios que ya habían sido previamente
reconocidos en el acto de reliquidación pensional, los auxilios de alimentación y de
transporte y las primas de navidad, de servicios y de vacaciones, sobre los cuales
se le realizó cotizaciones al sistema general de seguridad social.
2.7. Mediante auto del 24 de octubre de 20246 el Tribunal Administrativo del Tolima
negó la solicitud de adición, en la que el señor Herrera Bocanegra pretendía la
inclusión del factor de sobresueldo en la reliquidación pensional ordenada.
3. Fundamentos de la acción de tutela
La parte accionante sostuvo que:
3.1. La decisión judicial cuestionada incurrió en desconocimiento del precedente
establecido en las sentencias del 22 de abril de 2015, radicado 05001-23-31-000-
2011-00740-01 (0232-2014), del 27 de septiembre de 2018, radicado 27001-23-31-
000-2011- 00242-01 (1344-2014), del 22 de octubre de 2020, radicado 88001-23-
33-000-2014-00006-01(4678-14), y del 22 de junio de 2023, radicado 52001 23 33
000 2015 00732 01 (3466-2021), proferidas por el Consejo de Estado, según las
cuales se debe aplicar el régimen prestacional de los servidores públicos del INPEC
definido en el Decreto 446 de 1994, a efectos de calcular el IBL.
Así las cosas, los factores salariales de las pensiones sujetas al régimen establecido
en la Ley 32 de 1986 deben regirse por el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y
por el Decreto 446 de 1994.
6
Archivo denominado “142 regreso expedie_077 […]”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5.
4
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
3.2. La autoridad accionada desconoció que la pensión de jubilación debe
reliquidarse con la inclusión, además, del emolumento denominado sobresueldo,
porque es una asignación mensual fija que constituye factor salarial.
3.3. La decisión reprochada inobserva los principios establecidos en el artículo 53
de la Constitución Política, en concreto, de irrenunciabilidad a los beneficios
mínimos establecidos en normas laborales, de favorabilidad y los derechos
fundamentales a la seguridad social, igualdad, debido proceso, mínimo vital y
seguridad jurídica.
4. Pretensiones de la acción de tutela
La parte accionante solicitó textualmente lo siguiente:
“PRIMERO: Se CONCEDA el amparo a los derechos fundamentales a la Igualdad (Art.
13 CP) al Debido Proceso (Art. 29 CP), Seguridad Social en Pensión (Art. 48 CP) a la
Tutela Judicial Efectiva (Art. 229 CP), así como a los principios Confianza Legítima y
Seguridad Jurídica conculcados por el Tribunal Administrativo del Tolima con la
sentencia del 05 de septiembre de 2024 proferida en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado No.73001-33-33-007- 2020-00151-01.
SEGUNDO: Se DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 05 de septiembre de 2024
proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
No.73001-33-33-007-2020-00151-01 por el Tribunal Administrativo del Tolima.
TERCERO: Se ORDENE al Tribunal Administrativo del Tolima que en el término
improrrogable de quince (15) días, proceda a emitir sentencia de reemplazo dentro del
proceso referido, acorde con la Constitución, la Ley, y el precedente judicial elaborado
por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda
sobre la manera de liquidar las pensiones sometidas a la Ley 32 de 1986 y los factores
salariales objeto de inclusión entre otros el sobresueldo.”7 (Resaltado original del texto).
5. Trámite de la acción de tutela y fundamento de la oposición
5.1. Mediante auto del 19 de febrero de 20258 se admitió la acción de tutela y se
vinculó al Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué y a COLPENSIONES. También
se dispuso la notificación a las partes y a los vinculados.
7
Índice 2 de SAMAI del expediente de primera instancia, certificado 6065A1EB7FF236F5 500BABA7AE06BB4A
6D42B3F3AC54204B 6F584A1C90E43B64, folios 19 y 20.
8
Índice 4 de SAMAI del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado CEF9F719114517A3
2EB55B73F49FC513 0F25D20E17164BE1 FE1A48D1F2192DE2.
5
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
5.2. El Juzgado Séptimo Administrativo de Ibagué9 realizó un recuento de las
actuaciones adelantadas durante el trámite de primera instancia y, señaló que, una
vez agotadas todas las etapas procesales, negó las pretensiones de la demanda
por considerar que el acto administrativo acusado estaba ajustado al ordenamiento
jurídico.
5.3. El Tribunal Administrativo del Tolima10 aseveró que la fundamentación de la
providencia no fue producto del capricho del operador jurídico, pues, contrario a lo
afirmado por el accionante, se brindaron todas las garantías formales y materiales
contempladas en los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política.
5.4. COLPENSIONES11 afirmó que la acción de tutela es improcedente porque la
autoridad judicial cuestionada no incurrió en algún defecto o vulneración de los
derechos fundamentales invocados, ni probó la causación de un perjuicio
irremediable. Asimismo, consideró que las pretensiones de la presente acción ya
fueron objeto de estudio judicial y, por lo tanto, se configura la cosa juzgada.
6. Fallo de tutela de primera instancia
El 13 de marzo de 202512 el Consejo de Estado, Sección Primera declaró
improcedente la acción de tutela.
El a quo constitucional consideró que la acción de tutela no cumple el requisito de
relevancia constitucional porque lo pretendido por el actor es que se realice un
nuevo estudio del asunto puesto a consideración del juez natural, como si este
mecanismo constitucional se tratara de una instancia adicional al proceso ordinario.
Asimismo, señaló que ni el análisis, ni la decisión contenida en la providencia
censurada resultan caprichosos o arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del
alcance dado a las pruebas aportadas al plenario.
9
Índice 8 de SAMAI, certificado A78EE1056FBFA375 21CC3F4AC205ACAC 990AFEA9105D999B 32D25D9FFF2BA06C,
ibid.
10
Índice 9 de SAMAI, certificado 6F83E05A1E1C57F9 B1BFC3029076B10E 982F2169638659AD 66AD7FEF9149FEFC,
ibid.
11
Índice 10 de SAMAI, certificado EDD4C0B3320982E8 1AEB810137EBA022 EA2AF8B2C4FE2269 134FF650E38E6D20,
ibid.
12
Índice 12 de SAMAI del expediente de tutela de primera instancia, certificado E7C6CE5DBD8FE460 AF03E34D6EEF798B
D23108FAE8908707 C2DBD6F4EB159E82.
6
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
7. Razones de la impugnación
Inconforme con la decisión, la parte accionante presentó escrito de impugnación 13,
en el que argumentó lo siguiente:
7.1. El a quo constitucional no tuvo en cuenta que la acción de tutela sí está
revestida de relevancia constitucional porque no se pretende reabrir el debate
jurídico, de manera que es evidente que aquel desconoce los derechos a la
seguridad social, mínimo vital y confianza legítima.
7.2. La liquidación de su pensión de jubilación debe incluir todos los factores
devengados en el último año de servicio, en específico el emolumento del
sobresueldo, pues no hacerlo genera una afectación a su capacidad adquisitiva,
como consecuencia de una indebida aplicación de las normas y del precedente que
regula el régimen pensional al cual estuvo vinculado, y que encuentra soporte
debido a los riesgos asociados a su actividad.
8. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Mediante auto del 4 de abril de 202514 el a quo concedió la impugnación.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución Política, 32
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado
080 de 2019 esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada
en contra del fallo proferido el 13 de marzo de 2025 por el Consejo de Estado,
Sección Primera.
2. Problema jurídico
La Sala verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedibilidad en contra de providencias judiciales. En caso afirmativo, se
13
Índice 16 de SAMAI, certificado 026A5C5604FE7C73 39BCC9C7F547859F D83D5FA8B584F205 DAEDBC213C89966A,
ibid.
14
Índice 18 de SAMAI, certificado 555EB91D85F6C38F A12D384276E14A42 292B8FE9F8198FDE 6A7DB9E0CAA4F67F,
ibid.
7
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
establecerá si se incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.
3. La acción de tutela en contra de providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 reconoció que la acción de
tutela en contra de providencias judiciales está sujeta al cumplimiento de rigurosos
requisitos de procedibilidad15 y de procedencia16 con el fin de determinar si se
vulneraron o no los derechos de orden superior.
4. El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto
4.1. Sobre el requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
señalado que el juez de tutela “no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”.17
En ese sentido, para determinar si una solicitud de amparo tiene o no relevancia
constitucional, la Sala Plena del Consejo de Estado ha considerado necesario
examinar dos elementos, a saber18: (i) que el actor cumpla su carga argumentativa,
justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la transgresión de aquellos y (ii) que
la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional al proceso ordinario
en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este mecanismo
especial constitucional está constituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial.
Por su parte, la Corte Constitucional en la SU-215 de 202219, frente al requisito de
relevancia constitucional, señaló que es menester verificar:
15
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los
siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga relevancia
constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela;
que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad
procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que
se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
16
Los requisitos específicos, también conocidos como defectos, son: defecto orgánico; defecto procedimental; defecto fáctico;
defecto material o sustantivo; defecto por error inducido; defecto por falta de motivación; defecto por desconocimiento del
precedente; y defecto por violación directa de la Constitución.
17
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 08 de junio de 2005.
18
Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014, rad. 11001031500020120220101.
19
Sentencia SU-215 del 16 de junio de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.
8
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
“(i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no
se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales”.
4.2. Para la Sala se torna evidente que los cargos referidos no satisfacen el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto se advierten como un medio dirigido a
revivir el análisis jurídico efectuado por el juez natural, como si este mecanismo
fuera una instancia adicional al proceso ordinario, según se explicará.
En el caso concreto el accionante cuestiona, en esencia, que la decisión emitida por
el Tribunal Administrativo del Tolima desconoció que su pensión de jubilación debe
reliquidarse teniendo en cuenta además el emolumento denominado sobresueldo,
porque es una asignación mensual fija que constituye factor salarial. Lo anterior,
manifiesta, comoquiera que los factores salariales de las pensiones sujetas al
régimen establecido en la Ley 32 de 1986 deben regirse por el artículo 45 del
Decreto 1045 de 1978 y por el Decreto 446 de 1994.
4.3. Pues bien, al verificar los argumentos contenidos en la sentencia del 5 de
septiembre de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima, se observa el
siguiente análisis textual:
“[…] Ahora bien, conforme las circunstancias descritas, y en desarrollo del precedente
jurisprudencial señalado en capítulos precedentes, se infiere que, contrario a lo
manifestado por el a quo, la pensión de jubilación del demandante debió liquidarse
teniendo en cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicios,
siempre y cuando los mismos se encuentre enlistados en el Decreto 1045 de 1978.
En efecto y de acuerdo con el certificado de sueldos y factores salariales CETIL, el
demandante durante su último año de servicios 2018-2019, devengó los siguientes
factores salariales: Asignación básica, bonificación por servicios, sobresueldo, prima de
riesgo, auxilio de alimentación, auxilio de transporte, subsidio familiar, prima de navidad,
prima de servicios, prima de vacaciones y bonificación por recreación; así mismo, debe
indicarse que de los factores salariales devengados por el demandante y sobre los
cuales se le realizó descuentos para cotizaciones al Sistema General de Seguridad
Social, solo se encuentran enlistados en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1975, la
asignación básica, bonificación por servicios, auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones, factores estos,
salvo los dos primeros (la asignación básica, bonificación por servicios) que no fueron
incluidos en los actos de reconocimiento y reliquidación pensional.
Ahora bien, en el acto de reliquidación pensional, la accionada indicó que factores
salariales que había tenido en cuenta para efectos de la liquidación pensional eran los
establecidos en el artículo 1 del Decreto 1158 de 1994, de los cuales solo eran percibidos
por el demandante la asignación mensual y la bonificación por servicios, es decir que
sobre estos dos factores se liquidó la pensión del demandante.
9
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
En este orden de ideas, considera esta Sala de Decisión, que le asiste el derecho que
reclama la parte actora, toda vez que pensión de jubilación debe ser liquidada, conforme
al promedio de salarios devengados en su último año de servicios (2018-2019) y no
sobre el promedio de los últimos 10 años de servicio como se ordenó en el acto de
reconocimiento pensional, debiéndose incluir para efectos de la liquidación pensional,
además del salario y la bonificación por servicios que ya fueron incluidos en el acto de
reliquidación pensional, los siguientes factores: Auxilio de alimentación, auxilio de
transporte, prima de navidad, prima de servicios y prima de vacaciones.”20
(Resaltado original del texto).
4.4. Se advierte que el Tribunal Administrativo del Tolima explicó, con base en las
pruebas allegadas al expediente y en la normativa aplicable al caso concreto, que
a. el hoy accionante era beneficiario del régimen contenido en la Ley 32 de 1986,
comoquiera que prestó sus servicios en el INPEC desde el 3 de abril de 1996 hasta
el 31 de agosto de 2019; y b. la liquidación de la pensión de jubilación debía tener
en cuenta todos los factores salariales percibidos en el último año de servicio,
siempre y cuando se encontraren enlistados en el Decreto 1045 de 1978 y sobre los
cuales se realizó cotizaciones al sistema general de seguridad social, esto es,
además del salario y la bonificación por servicios que ya habían sido previamente
reconocidos en el acto de reliquidación pensional, los auxilios de alimentación y de
transporte y las primas de navidad, de servicios y de vacaciones.
En ese sentido, si bien valoró la certificación de sueldos y factores salariales
devengados por el señor Herrera Bocanegra en el último año de servicio (2018-
2019), mediante la cual se constataron los siguientes: asignación básica,
bonificación por servicios, sobresueldo, auxilios de alimentación y de transporte,
subsidio familiar, primas de riesgo, de navidad, de servicios, de vacaciones y
bonificación por recreación; concluyó que realizó aportes al sistema de seguridad
social sobre la asignación básica, bonificación por servicios, auxilios de alimentación
y de transporte y primas de navidad, de servicios y de vacaciones.
Así, para esta Subsección es claro que el accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como si se tratara de una instancia adicional, pues, como
se vio, los reproches contenidos en su escrito de tutela buscan reabrir el debate que
tuvo lugar en el proceso de nulidad y restablecimiento con el fin de que prevalezca
su interpretación sobre la acogida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el
proceso 73001-33-33-007-2020-00151-00/01; máxime cuando la Sala, luego de
20
Archivo denominado “137 regreso expedie_072 […]”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5, folio 14.
10
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
revisar el recurso de apelación21 presentado, observa que se formularon similares
motivos de reproche contra la providencia de primera instancia emitida el 28 de
septiembre de 2023, tal y como ocurre, además, con el memorial de solicitud de
adición22 a la providencia del 5 de septiembre de 2024.
Cosa distinta es que la parte accionante no comparta el sentido de la decisión
adoptada, aspecto que desborda el ámbito de competencia del juez constitucional,
en tanto no le corresponde definir la forma en que el juez natural tiene que decidir.
Se insiste en que la procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones
judiciales es de carácter residual y no puede usarse para desconocer la autonomía
e independencia judicial, ni los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, en
razón a lo cual es concebida como un “juicio de validez” y no como un “juicio de
corrección” de la decisión cuestionada23, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho que se resolvieron en el curso del proceso
ordinario24.
5. Bajo esta línea argumentativa, en el sub lite no se encuentra acreditado el
requisito de relevancia constitucional, en consecuencia, la acción tuitiva resulta
improcedente, como lo concluyó el a quo, razón por la que se confirmará el proveído
impugnado.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 13 de marzo de 2025 proferida
por el Consejo de Estado, Sección Primera que declaró la improcedencia de la
acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
21
Archivo denominado “124 regreso expedie_057 […]”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5.
22
Archivo denominado “139 regreso expedie_074 […]”, de la carpeta llamada “cuaderno principal”, visible a índice 8 de SAMAI
del expediente de tutela digital de primera instancia, certificado F52C9B1525F169E0 49AC5D53085DAA4D
C802AC4F49285193 91E6E93F1934FBA5.
23
Corte Constitucional, sentencia T-310 de 2009.
24
Corte Constitucional, sentencia T-384 de 2018.
11
Sentencia de segunda instancia
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00889-01
Accionante: Salomón Herrera Bocanegra
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e
interesados por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
Aclaración de voto
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejera de Estado Consejero de Estado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.