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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00896-00

Fecha
1 de julio de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00896-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte demandante contra las sentencias del 21 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y 5 de octubre de 2023 del Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A -cuya aclaración fue denegada el 20 “Es posible afirmar, que este recurso persigue como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicación no. 11001-03-15-2019-00119 (REV), CP Alberto Montaña Plata. 17 Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377) Demandante: Óscar Orlando Caro Forero Recurso extraordinario de revisión 29 de agosto de 2024-, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 25000-23-42-000-2019-01407-01. 2º) Condénase en costas a Óscar Orlando Caro Forero en favor de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), liquídense por la secretaría e inclúyase, por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. 3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00896-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de julio de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, veintiséis (26) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: ÓSCAR ORLANDO CARO FORERO
Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL -CAJA
DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL -
CASUR
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: SENTENCIA CONTRARIA A OTRA ANTERIOR QUE
CONSTITUYA COSA JUZGADA

Síntesis del caso: el señor Óscar Orlando Caro Forero, mayor retirado de la Policía Nacional,
presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Defensa - Policía Nacional y CASUR por considerar que los incrementos
salariales aplicados durante su vida laboral —especialmente entre 1992 y 2004— no reflejaron
la actualización plena del poder adquisitivo que, según él, debía aplicarse conforme a la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional y a la inflación causada y acumulada;
reclamó la nulidad de los actos administrativos contenidos en dos oficios expedidos en el años
2019 que negaron el reajuste de su salario en actividad y la reliquidación de su asignación de
retiro, así como también el pago de diferencias salariales, prestaciones, cesantías, intereses,
perjuicios y la corrección de su hoja de servicio; sin embargo, las súplicas fueron negadas en
las sentencias de primera y segunda instancia proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda Subsección A y del Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección A, respectivamente, razón por la cual el actor interpuso recurso extraordinario de
revisión con sustento en que tales fallos desconocieron la obligación constitucional de aplicar
la actualización salarial plena ordenada por la Sentencia C-931 de 2004, situación que, en su
criterio, configura la causal consagrada en el numeral 8 del artículo 250 del CPACA.

La Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado1 decide el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el señor Óscar Orlando Caro Forero en
contra de la sentencia de segunda instancia proferida el 5 de octubre de 2023 por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A2 y de primera instancia del 21 de
abril de 2022 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer de los recursos extraordinarios de
revisión contra las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado, sin exclusión de
la sección que profirió la decisión, según lo expresamente previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue declarado exequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-450 de 2015, sumado al hecho de la decisión contenida en el auto de unificación
jurisprudencial emitido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación el 24 de mayo de
2023 en el proceso número 11001-03-15-000-2020-00471-00, con ponencia del magistrado Milton Chaves García;
por su parte, el artículo 29 del Reglamento Interno de la Corporación asigna la decisión de estos asuntos a las
Salas Especiales de Decisión.
2 Junto con la providencia a través de la cual se resolvió de manera negativa una solicitud de aclaración el 29 de

agosto de 2024, proferida también por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

Subsección A, dentro del expediente de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicación número 25000-23-42-000-2019-01407-01; en el primero de los fallos
mencionados se resolvió lo siguiente:

“Primero. Confirmar el numeral primero de la sentencia proferida el 21 de abril
de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva, en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor
Óscar Orlando Caro Forero contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”3 (negrillas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

1) El señor Óscar Orlando Caro Forero, mayor retirado de la Policía Nacional,
promovió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Caja de Sueldos de Retiro de
la Policía Nacional (en adelante CASUR) con el fin de obtener la nulidad de los
siguientes actos administrativos: (i) el contenido en el oficio no. S-2019-
017441/ANOPA-GRULI-1-10 del 2 de abril de 2019 proferido por el jefe del Grupo de
Liquidación de Nómina de la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional a
través del cual se negó el reconocimiento y pago del reajuste de salarios en actividad
hasta la fecha del retiro y (ii) del oficio no. E-00001-201907996-CASUR Id 420785 del
9 de abril de 2019 por medio del cual CASUR negó la reliquidación de la asignación
de retiro.

2) A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la Policía
Nacional lo siguiente: (i) reliquidar, reajustar y pagar las diferencias salariales dejadas
de percibir durante la vida laboral, derivadas de la no aplicación de la inflación causada
y acumulada en la asignación básica, teniendo en cuenta como referente el sueldo de
un oficial en el grado de General o Almirante; (ii) reflejar dichos reajustes en la hoja de
servicios del demandante; (iii) reconocer y pagar las diferencias correspondientes en

3 Página 447, archivo 14RECIBEMEMORIAL_GetFileAttachmentpdf(.pdf), Samai índice 11.

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haberes mensuales, primas, subsidios, bonificaciones, cesantías, indemnizaciones y
demás prestaciones sociales causadas durante la relación laboral.

3) También se consignó como pretensión que, como consecuencia de lo anterior, se
ordenara a CASUR que (i) adelantara el trámite correspondiente para que tales
reajustes fueran tenidos en cuenta en la asignación de retiro con el fin de reliquidarla
desde la fecha de su reconocimiento; (ii) la reliquidación, reajuste y pago de la
asignación de retiro, tomando en cuenta la actualización plena del ingreso base de
liquidación conforme a la inflación acumulada y (iii) el pago de las sumas adeudadas
debidamente indexadas.

4) Adicionalmente se solicitó: (i) el pago de intereses, tanto legales como moratorios
sobre las sumas dejadas de pagar, así como también la sanción moratoria por el pago
tardío y desactualizado de las cesantías definitivas y (ii) el reconocimiento de perjuicios
patrimoniales y extrapatrimoniales, con inclusión del daño moral, lucro cesante y otros
conceptos indemnizatorios, lo mismo que la condena en costas.

5) Finalmente, pidió la inaplicación por vía de excepción de los decretos salariales
expedidos por el Gobierno nacional que, a juicio del demandante, desconocieron el
mandato constitucional de actualización plena del salario según lo ordenado en la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional.

2. La sentencia de primera instancia

El 21 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A4 declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho, con
base en el siguiente razonamiento:

1) Si bien en principio el problema jurídico a abordar se encaminaba a verificar, de una
parte, la procedencia del reajuste de la asignación básica devengada en servicio activo
entre los años 1992 al 2004 por razón de la modificación introducida por el Decreto
921 de 1992 al porcentaje del salario básico de los oficiales en los grados de General
y Almirante, y de otra, la posibilidad de aplicar el IPC en lugar de los incrementos
anuales decretados por el Gobierno nacional con fundamento en la jurisprudencia
constitucional, lo cierto es que, para la fecha de la presentación de las

4 Folios 121 a 129, archivo: 7_DemandaWeb_Anexos_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.

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Recurso extraordinario de revisión

correspondientes solicitudes de reliquidación ante los entes demandados ya se había
configurado el término de prescripción extintiva del derecho.

2) De este modo, se advirtió que el demandante presentó las reclamaciones
administrativas el 20 de febrero de 2019 cuando ya habían transcurrido cerca de diez
(10) años desde su retiro del servicio activo ocurrido el 20 de junio de 2009; en ese
contexto, se configuró la excepción de prescripción extintiva propuesta por la Policía
Nacional con fundamento en el artículo 155 del Decreto 1212 de 1990 que establece
un término de cuatro (4) años para reclamar derechos salariales y prestacionales.

3) En consecuencia, como los reajustes salariales pretendidos se habrían causado
entre los años 1996 y 2004 el término de prescripción para reclamarlos se encontraba
ampliamente vencido en el momento de la presentación de las solicitudes
administrativas de reliquidación de salarios y de asignación de retiro.

3. El recurso de apelación

La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia5 en los siguientes
términos: (i) el tribunal aplicó indebidamente la prescripción respecto de un derecho
irrenunciable e imprescriptible como lo es la asignación de retiro, lo cual contraría los
principios de favorabilidad, pro homine y de la condición más beneficiosa para el
trabajador; (ii) ignoró la estructura del régimen salarial especial aplicable a los
integrantes de la Fuerza Pública y la prohibición contenida en el artículo 2 de la Ley 4ª
de 1992, según la cual en ningún caso pueden desmejorarse los salarios y
prestaciones sociales; (iii) desconoció la sentencia C-931 de 2004 de la Corte
Constitucional que impone el deber de reconocer la actualización plena del poder
adquisitivo del salario de los miembros de la Fuerza Pública cuyo ingreso fue limitado
entre 1992 y 2004, y que obligaba al Gobierno y al Congreso de la República a
asegurar la actualización plena respecto de dicho periodo; (iv) analizó erróneamente
las pretensiones, pues el propósito de la demanda consistía en obtener la nulidad de
los oficios mediante los cuales la Policía Nacional y CASUR negaron los reajustes
salariales y de la asignación de retiros, a pesar de que entre los años 1992 y 2004 el
demandante dejó de percibir un 2,49 % de reajuste correspondiente al año 2004, y
un 52,2543% acumulado para el periodo 2005–2009 por efecto de la falta de
actualización plena respecto de la asignación básica de los grados de General o

5 Páginas 130 a 141, archivo: 7_DemandaWeb_Anexos_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.

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Recurso extraordinario de revisión

Almirante y, (v) los decretos salariales de los ministros y de la Fuerza Pública no
reconocieron la actualización plena ordenada por la Corte Constitucional, por lo tanto,
deben ser inaplicados para efectos de reconocer el derecho reclamado.

4. La sentencia de segunda instancia

Mediante sentencia del 5 de octubre de 2023 el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A confirmó6 la decisión del tribunal por las siguientes razones:

1) La solicitud de reajuste salarial de los años 1992 a 2004, así como también las
diferencias salariales entre el año 2005 y la fecha de retiro (20 de junio de 2009) sí
están sometidas al término de prescripción de cuatro (4) años previsto en el artículo
155 del Decreto 1212 de 1990, plazo que transcurrió ampliamente hasta cuando el
actor presentó la reclamación el 20 de febrero de 2019; en ese sentido, aunque es
cierto que la asignación de retiro tiene naturaleza imprescriptible ello no permite
desconocer o ignorar la prescripción de los derechos salariales que sirven de base
para su cálculo.

2) Los incrementos salariales del personal activo de la Policía Nacional se determinan
exclusivamente mediante los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional
con fundamento en el artículo 13 de la Ley 4ª de 1992 conforme a la escala gradual
porcentual, razón por la cual no es procedente reajustar los salarios con base en el IPC
pues, dicho mecanismo se aplica únicamente para asignaciones de retiro o pensiones
del régimen general.

3) No es de recibo la tesis según la cual la ausencia de actualización plena de las
asignaciones de los ministros de despacho habría afectado el salario base de los
miembros de la Fuerza Pública, tal cuestionamiento exige demandar directamente los
actos de fijación salarial de esos funcionarios, lo cual no ocurrió en el proceso.

4) Por consiguiente, no procede el reajuste de los sueldos básicos en los términos
pedidos, pues esta se actualiza conforme al principio de oscilación y no según el IPC;
en consecuencia, tampoco procede la reliquidación de la asignación de retiro.

6 Páginas 142 a 167, archivo: 7_DemandaWeb_Anexos_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.

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Recurso extraordinario de revisión

5. El recurso extraordinario de revisión

El 17 de febrero de 20257, el apoderado del señor Óscar Orlando Caro Forero
interpuso recurso extraordinario de revisión con fundamento en la causal octava del
artículo 250 del CPACA, dirigido contra las sentencias de primera y segunda instancia
antes referidas con base en los argumentos que a continuación se ponen de presente:
1) Las decisiones judiciales cuestionadas desconocieron el mandato constitucional
vinculante contenido en la sentencia C‑931 de 2004 de la Corte Constitucional que
constituye cosa juzgada con efectos erga omnes; este pronunciamiento le ordenó al
Gobierno nacional y al Congreso de la República garantizar la actualización plena del
poder adquisitivo del salario de todos los servidores públicos afectados por la política
de limitación salarial entre los años 1992 y 2004, actualización que debía reflejarse a
partir del año 2005 mediante el reconocimiento del IPC causado y acumulado; ese
mandato nunca se cumplió lo cual generó un detrimento del salario en actividad del
demandante y, por derivación, en la asignación de retiro, cuyo cálculo depende de la
asignación básica del personal activo conforme al sistema de oscilación.

2) La declaración de la prescripción extintiva respecto de las reclamaciones salariales
desconoce el carácter imprescriptible de los componentes prestacionales de la
asignación de retiro y desatiende el mandato contenido en la sentencia C‑931 de 2004
de la Corte Constitucional.

3) En ese orden de ideas, las sentencias ordinarias son contrarias a la sentencia de
constitucionalidad por cuanto esta ordenó garantizar la actualización plena del salario
de los servidores públicos cuyos ingresos fueron limitados entre 1992 y 2004, mientras
que los fallos cuestionados negaron cualquier actualización sobre la base de concluir
que los decretos salariales anuales bastaban como parámetro para el reajuste; esa
contradicción material configura plenamente la causal octava de revisión, debido a que
el fallo de la Corte Constitucional prevalece sobre cualquier decisión posterior y debe
ser aplicada por todas las autoridades, incluidas las judiciales.

4) Por consiguiente se solicita: (i) se infirmen las sentencias acusadas y que, en su
lugar, se declaren nulos los actos administrativos que negaron los reajustes y se
ordene la reliquidación de los salarios en actividad entre 2004 y 2009 con incrementos
proporcionales a la inflación causada y acumulada, específicamente los porcentajes
del 2.49% (año 2004) y 52.2543% (desde 2005 hasta la fecha de retiro), valores que

7 Archivo: 3_DemandaWeb_Demanda_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.

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reflejan la pérdida del poder adquisitivo que debió ser restablecida por mandato
constitucional; (ii) se ordene la reliquidación de la asignación de retiro y la corrección
de la hoja de servicios, (iii) se inapliquen por vía de excepción los decretos salariales
expedidos desde 2004 que no dieron cumplimiento a la sentencia C‑931 de 2004 y (iv)
el reconocimiento de perjuicios materiales y morales, el pago de indexaciones e
intereses, y la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la Nación —Policía
Nacional y CASUR— por los daños ocasionados.

6. Oposición al recurso

El 25 de junio de 2025 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
correr traslado de la demanda al Ministerio de Defensa Nacional, a CASUR y al
Ministerio Público por el término de diez (10) días de conformidad con el artículo 253
de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 69 de la Ley 2080 de 2021 (índice
13 - Samai), en el referido término expresaron lo siguiente:

1) El 16 de julio de 2025 CASUR se opuso integralmente a las súplicas del recurso
extraordinario de revisión sobre la base de sostener: (i) la asignación mensual de retiro
del señor Óscar Orlando Caro Forero fue reconocida y reajustada según el régimen
especial aplicable a la Fuerza Pública y de conformidad con los decretos anuales del
Gobierno nacional que establecen la escala gradual porcentual y el principio de
oscilación, sin que sea jurídicamente posible aplicar fragmentos del régimen general
(como el reajuste por IPC de la Ley 100 de 1993) por el principio de inescindibilidad
normativa; (ii) para las anualidades 1997 a 2004 el demandante no era retirado sino
miembro del personal activo, razón por la cual no tenía derecho a incrementos por IPC
en esas fechas; (iii) no existe sentencia previa entre las partes que constituya cosa
juzgada material que estructure la causal 8 del artículo 250 del CPACA y, (iv) el actor
intenta reabrir un debate ya decidido en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con el pretexto de un supuesto desconocimiento del precedente judicial
(Samai, índice 20).

2) El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Tercera Delegada de Intervención
7 - Segunda ante el Consejo de Estado, solicitó que se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión por los siguientes motivos: (i) no se configura la causal 8 del
artículo 250 del CPACA, no existen dos sentencias contradictorias que constituyan
cosa juzgada entre las mismas partes con identidad de objeto y causa ya que, la
sentencia C-931 de 2004 es un fallo de constitucionalidad con efectos erga omnes y

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Recurso extraordinario de revisión

no una decisión previa entre las mismas partes en litigio; (ii) el recurso pretende reabrir
un debate jurídico ya resuelto como si se tratase de una tercera instancia, pues, la
revisión no procede para cuestionar la interpretación normativa o probatoria efectuada
por el juez natural, sino únicamente para situaciones excepcionales previstas
taxativamente por la ley (índice 19, Samai).

3) La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional guardó silencio.

I. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2)
generalidades del recurso extraordinario de revisión, 3) la causal octava de revisión
extraordinaria: ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada y
4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Presentado el recurso de manera oportuna, corresponde a la Sala de Decisión
determinar si se configura la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo
250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
respecto de la sentencia del 5 de octubre de 2023 del Consejo de Estado Sección
Segunda, Subsección A, cuya aclaración fue denegada el 29 de agosto de 20248.

Al respecto, es igualmente necesario precisar que aunque el recurso también se dirige
en contra de la sentencia del 21 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, lo cierto es que el medio de
impugnación excepcional solo procede en contra de la sentencia de segunda instancia
por cuanto fue respecto de esta que fue admitido mediante auto del 25 de junio de
2025 (Samai índice 13), adicionalmente, es la providencia del 5 de octubre de 2023

8 El 5 de octubre de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A profirió la sentencia en segunda

instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no. 25000-23-42-000-2019-01407-01; esta
providencia fue objeto de aclaración que fue denegada por auto del 29 de agosto de 2024 que se entiende notificado
y ejecutoriado el 28 de septiembre de 2024, dos (2) días hábiles después del envío del correspondiente mensaje,
tal como aparece en el índice 21 del sistema de información Samai de ese proceso, por lo tanto, el recurso
extraordinario de revisión presentado el 17 de febrero de 2025 (índice 2, Samai) lo fue dentro del término de un (1)
año previsto en el artículo 251 del CPACA.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A la que decidió de manera
definitiva el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

La Sala declarará infundado el recurso, porque no se probó la configuración de la
causal de revisión alegada y, aunado a ello, lo que pretende el recurrente es revivir el
análisis probatorio y jurisprudencial surtido en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho lo cual evidencia la intención de convertir este asunto,
indebidamente, en una tercera instancia, actuación que jurídicamente no es
procedente.

2. Generalidades del recurso extraordinario de revisión

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada,
puesto que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre
que se configure alguno de los supuestos consagrados en el artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, sin perjuicio de las dos causales adicionales consagradas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 atinentes a la posibilidad de revisar las sentencias que
reconozcan prestaciones periódicas con cargo a recursos públicos.

2) El objeto del recurso es procurar el restablecimiento de la justicia material, cuando
se advierte que esta ha sido afectada por situaciones o circunstancias exógenas que
no pudieron plantearse en el proceso correspondiente y que revisten tal gravedad que
autorizan al juez a romper el principio de la cosa juzgada, “(…) la revisión, más que un
recurso, es un medio para conseguir la realización de la justicia, pero no de la justicia
formal propia de las sentencias en firme contrarias a derecho, sino de aquella
verdadera que demandan el Preámbulo y los artículos 1º, 228 y 230 del estatuto
superior”9.

3) El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437
de 2011 y 20 de la Ley 797 de 200310.

9 Corte Constitucional, sentencia C-739 del 11 de julio de 2001, exp. D-3293, MP Álvaro Tafur Galvis.
10 En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza, en los
supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento se haya obtenido
con violación al debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con
la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 5 de marzo de 2019,
exp. 2018-00394-00, CP Rocío Araújo Oñate.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

4) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener (i) la indicación de las partes y sus representantes, (ii) el
nombre y domicilio del recurrente, (iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, (iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada11.

5) En atención a su carácter extraordinario, este recurso no es una “tercera instancia”
en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en relación con la
sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y fundamentos deben
limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las
causales para su procedencia12.

6) Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de
la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”13.

3. La causal octava de revisión extraordinaria: ser la sentencia contraria a
otra anterior que constituya cosa juzgada

1) En relación con la causal de revisión prevista en el numeral 8 del artículo 250 del
CPACA, esto es, ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada
entre las partes del proceso en que aquella fue dictada, el Consejo de Estado ha
establecido que es indispensable la concurrencia de los siguientes factores: (i) la
existencia de dos sentencias contradictorias; (ii) la providencia en sentido contrario
debió hacer tránsito a cosa juzgada, en procesos donde exista identidad de partes,
objeto y causa y, (iii) que en el segundo proceso no hubiera sido posible proponer la
excepción de cosa juzgada14.

11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de noviembre de 2021, exp. 2013-00212-

01(REV), CP Fredy Ibarra Martínez.
12 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 1º de diciembre de 1997,

exp. REV 117, CP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Trece Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp. 2006-00318-
00(REV), CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, sentencia

del 2 de febrero de 2016, exp. 2015-02342-00(REV), CP Alberto Yepes Barreiro.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente

11001-03-15-000-2001-00118-01 (REV), CP Gerardo Arenas Monsalve.

11

Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

Igualmente es necesario precisar que el aparte final del numeral 8 del artículo 250 del
CPACA tambíen indica que no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se
propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.

2) Esta causal se interpreta de manera armónica en conjunto con el alcance y efectos
de la cosa juzgada según los preceptos de los artículos 303 del Código General del
Proceso15 y 189 de la Ley 1437 de 201116, los cuales regulan los elementos a
considerar para que dicha figura se materialice, es decir, identidad de partes, objeto y
causa.

3) En la demanda de revisión extraordinaria el apoderado del señor Óscar Orlando
Caro Forero plantea que la decisión contraria a lo decidido en las sentencias que por
esta vía se controvierten es la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional que
hizo tránsito a cosa juzgada con efectos erga omnes.

4) Para efectos de dilucidar si al recurrente le asiste razón debe destacarse el
contenido de la sentencia C-931 de 2004; en esta decisión se resolvió una demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 2 de la Ley 848 de 2003 que fijó los
parámetros de reajuste salarial en la vigencia fiscal de 2004; en dicho fallo la Corte
Constitucional determinó que esa norma es exequible pero condicionó su
constitucionalidad al cumplimiento del deber del Gobierno nacional y del Congreso de
la República de garantizar el derecho de los servidores públicos y de los pensionados
a mantener el poder adquisitivo real de sus ingresos de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 48, 53 y 366 de la Constitución Política.

En esa providencia se hizo un análisis del contexto macroeconómico, la política salarial
y la inactividad estatal frente a los mandatos del salario mínimo vital y móvil en el

15 El artículo 303 del Código General del Proceso prevé: “La sentencia ejecutoriada proferida en proceso
contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en
la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…). La cosa juzgada no
se opone al recurso extraordinario de revisión”.
16El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, preceptúa: “La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo

en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa
juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. Las que declaren la legalidad de las
medidas que se revisen en ejercicio del control inmediato de legalidad producirán efectos erga omnes solo en
relación con las normas jurídicas superiores frente a las cuales se haga el examen.
Cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de un acuerdo distrital o municipal,
en todo o en parte, quedarán sin efectos en lo pertinente sus decretos reglamentarios.
Las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral 2 del artículo 237 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional. Sin embargo, el juez podrá disponer unos
efectos diferentes.
La sentencia dictada en procesos relativos a contratos, reparación directa y cumplimiento, producirá efectos de
cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos haya
identidad jurídica de partes.
La sentencia proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en
ellos y obtenido esta declaración a su favor (…).” (Aparte tachado inexequible).

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

sentido de precisar que cualquier restricción temporal en los incrementos del salario
solamente es válida si es razonable, proporcional y justificada y, siempre que se
adopten las medidas necesarias para no deteriorar los ingresos laborales, razón por la
cual le ordenó al Gobierno nacional y al Congreso de la República lo siguiente:

“Primero: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en
cuanto prevé un reajuste salarial en el mismo índice de la inflación registrada
para el año 2003, a favor de aquellos servidores públicos que devengan
hasta dos salarios legales mínimos mensuales.

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003
condicionado a que el Gobierno y el Congreso, al momento definir
concretamente cuál será la limitación del derecho a mantener el poder
adquisitivo real de los salarios de los servidores públicos que devengan más
de dos salarios legales mínimos mensuales, aplicable en la vigencia
presupuestal en curso, tengan en cuenta los criterios jurisprudenciales
recogidos en la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente
Sentencia. Es decir, la Ley de presupuesto examinada sólo puede tenerse
como ajustada a la Constitución si incorpora las partidas necesarias para
mantener, en los términos de esta providencia, actualizados los salarios de
los servidores públicos de ingresos medio o altos.

En consecuencia, ORDENA al Gobierno Nacional y al Congreso de la
República que con carácter urgente, si aún no lo ha hecho, dentro del ámbito
de sus competencias, tomen las medidas necesarias para realizar el pago
de los reajustes salariales de todos los servidores públicos cobijados por la
ley de presupuesto general de la Nación, antes de que expire la vigencia
fiscal del año 2004. Para esos propósitos, deberán efectuarse las adiciones
o traslados presupuestales necesarios, antes de que expire dicha vigencia
fiscal.

Tercero. Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, con el
condicionamiento según el cual las autoridades competentes, es decir, el
Gobierno y el Congreso, deberán respetar el derecho de los pensionados a
mantener el poder adquisitivo real de la pensión, mediante su reajuste anual
en los términos del artículo 53 y del último inciso del artículo 48 de la
Constitución Política. En consecuencia, para esos propósitos el Gobierno
Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus competencias, si aún
no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o traslados presupuestales
necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal de 2004.

Cuarto: Declarar EXEQUIBLE el artículo 2° de la Ley 848 de 2003, en el
entendido según el cual el rubro allí mencionado debe incluir las partidas
necesarias para mantener, cuanto menos, los niveles alcanzados de
cobertura y calidad del servicio público de educación superior, en los
términos de la parte motiva de la presente Sentencia. En consecuencia, el
Gobierno Nacional y el Congreso de la República, dentro de sus
competencias, si aún no lo han hecho, deberán efectuar las adiciones o
traslados presupuestales necesarios, antes de que expire la vigencia fiscal
de 2004. Además, esto es sin perjuicio de mantener la actualización de los
salarios de los servidores públicos de las universidades, teniendo en cuenta
como mínimo lo previsto en esta sentencia, en especial la consideración
jurídica 3.2.11.8.4.

Quinto. Ordenar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que,
en la aprobación de la Ley del Presupuesto General de la Nación
correspondiente al año 2005, tengan en cuenta que al final de cuatrienio

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

correspondiente a la vigencia del actual Plan Nacional de Desarrollo, debe
haberse reconocido la actualización plena del derecho a mantener el poder
adquisitivo real del salario de todos los servidores públicos, en los términos
de la consideración jurídica número 3.2.11.8.4. de la presente Sentencia”.
(negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

5) En claro contraste con lo anterior, la sentencia de segunda instancia proferida en el
curso del respectivo proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se originó en
una demanda presentada por el señor Óscar Orlando Caro Forero, quien pretendía
tanto la reliquidación del sueldo básico que percibió en actividad entre los años 1992
a 2004 como de su asignación de retiro, para lo cual adujo que el reajuste salarial de
los ministros afectaba la escala gradual porcentual de la Fuerza Pública y en que la
sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional había ordenado actualizar los
salarios conforme al IPC, frente a lo cual se decidió lo siguiente:

a) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A
declaró probada la prescripción extintiva de los derechos salariales y prestacionales
reclamados porque comprobó que el actor presentó sus reclamaciones más de diez
(10) años después de su retiro del servicio público (2009), y que el artículo 155 del
Decreto 1212 de 1990 establece un término de 4 años para reclamar prestaciones
devengadas en actividad; la corporación enfatizó que la prescripción extingue el
derecho sustancial sin importar si la pretensión es fundada17.

b) En sede de apelación, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
confirmó la prescripción frente a los derechos salariales en actividad, pero aclaró que,
aunque la asignación de retiro es imprescriptible, cualquier reliquidación depende de
la prosperidad del reajuste del salario base, lo cual en este caso particular y concreto
no era posible porque: (i) los incrementos salariales de la Fuerza Pública se
determinan exclusivamente mediante decretos anuales del Gobierno nacional basados
en la Ley 4ª de 1992; (ii) el IPC tan solo se aplica para asignaciones de retiro ya
causadas, no para salarios de personal activo; (iii) el demandante no estaba retirado
del servicio público entre 1997 y 2004, por lo que no podía beneficiarse de la
jurisprudencia que ordenó ajustes por IPC para retirados en esos años y (iv) la
demanda no cuestionó directamente los decretos anuales de fijación salarial, que
gozan de presunción de legalidad; en consecuencia, negó todas las pretensiones por
el hecho de no existir fundamento jurídico para modificar la base salarial del actor ni
para reliquidar su asignación de retiro18.

17 Folios 121 a 129, archivo: 7_DemandaWeb_Anexos_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.
18 Páginas 142 a 167, archivo: 7_DemandaWeb_Anexos_1RECURSOREVISIONOSCA(.pdf), Samai índice 2.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
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6) Con sustento en lo anterior, no existe duda de que no se configura la causal 8 del
artículo 250 del CPACA porque no se advierte que el fallo atacado sea contrario a otra
decisión judicial anterior que haya decidido un litigio entre las mismas partes con
identidad de objeto y causa, por las razones que a continuación se exponen:

a) No existe identidad de partes, la sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional
invocada por el recurrente resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra el
artículo 2º de la Ley 848 de 2003 y no un litigio entre el señor Óscar Orlando Caro
Forero y las entidades demandadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

Es decir, la providencia supuestamente contraria a lo decidido en el proceso
contencioso administrativo no involucra a las partes del presente proceso ni versa
sobre una relación jurídica individual, sino que, constituye un fallo de control abstracto
de constitucionalidad con efecto erga omnes propio de ese instrumento jurídico de
conformidad con lo expresamente dispuesto en el artículo 48 de la Ley 270 de 199619.

b) No se configura la identidad de objeto, por cuanto el propósito de la sentencia C-
931 de 2004 consistió en determinar la exequibilidad de una ley anual de presupuesto
en relación con los criterios adoptados para el reajuste salarial del sector público; en
cambio, el objeto del referido proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
decidido por la Sección Segunda del Consejo de Estado se centró en la legalidad de
dos oficios contentivos de sendos actos administrativos que le negaron al demandante
el reajuste de su asignación en actividad y de retiro según su situación salarial y
prestacional particular y específica.

En ese contexto, es evidente que uno es el control abstracto de constitucionalidad
normativa, y el otro el control concreto de legalidad sobre actos administrativos
individuales; por tanto, no existe identidad de objeto entre las sentencias.

c) Tampoco se advierte identidad de causa, el origen del proceso que dio lugar a la
expedición de la sentencia C-931 de 2004 consistió en determinar la conformidad de

19 El artículo 48 de la ley 270 de 1996 dispone: “Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional

tienen el siguiente efecto: 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del examen de las normas
legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con motivo del ejercicio del control automático de
constitucionalidad, sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva (…)”.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

una ley presupuestal con el ordenamiento constitucional sobre el derecho al salario
mínimo vital y móvil en tensión con la racionalización del gasto público.

En cambio, la causa petendi del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es
la alegada afectación individual del salario y de la asignación de retiro del demandante
derivada de la aplicación de los decretos de ajuste salarial de la Fuerza Pública entre
los años 1992 y 2004, así como también la obligación de reajustar su asignación de
retiro según el IPC y el efecto de la escala gradual porcentual.

En ese entendimiento, es claro que se trata de causas jurídicas completamente
diferentes, una de naturaleza constitucional general y otra prestacional particular.

7) Aunado a lo anterior, es preciso señalar que, más que la existencia de una
verdadera contradicción entre las decisiones proferidas en el proceso contencioso
administrativo y la mencionada sentencia C-931 de 2004 de la Corte Constitucional, lo
que plantea el recurrente es un supuesto desconocimiento de dicha sentencia, en
cuanto considera que el fallo de constitucionalidad era aplicable al caso concreto y que
las autoridades judiciales debieron acoger su contenido para ordenar el reajuste
pretendido.

Sin embargo, este reproche no se enmarca en la causal 8 del artículo 250 del CPACA
por el hecho de que no está prevista para revisar la correcta o incorrecta aplicación de
un precedente jurisprudencial, sino únicamente para resolver contradicciones entre
sentencias anteriores que constituyan cosa juzgada entre las mismas partes del
proceso; en este orden de ideas, el desconocimiento del precedente no es un defecto
que se ventile a través de la causal invocada dado que es un yerro ajeno al medio
excepcional de la revisión.

La argumentación del actor, en realidad, corresponde a una inconformidad con la
interpretación judicial de las normas aplicables —incluida la lectura y alcance de la
sentencia C-931 de 2004—, lo cual no configura una antinomia entre sentencias, sino
un desacuerdo respecto de la valoración jurídica realizada por el juez natural, materia
que excede el ámbito restringido del recurso extraordinario de revisión que, como
antes se explicó no puede ser utilizado como si se tratase de una tercera instancia.

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Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

En efecto, sobre el tema el Consejo de Estado ha expresado en otras oportunidades
que no es dable emplear el recurso extraordinario de revisión para cuestionar la labor
hermenéutica del juez que emitió la sentencia recurrida20.

En consecuencia, el señalamiento del recurrente no encaja en la causal invocada,
pues, no se refiere a un fenómeno de cosa juzgada contradictoria sino a la supuesta
omisión de un precedente, circunstancia que no habilita la revisión extraordinaria
conforme al numeral 8 del artículo 250 del CPACA.
4. Condena en costas

En los términos de los artículos 255 del CPACA y 366 (numeral 4) del Código General
del Proceso, el señor Oscar Orlando Caro Forero debe asumir las costas porque se le
declara infundado el recurso extraordinario de revisión; la condena incluye las
agencias en derecho que se fijan, en atención al concepto y los criterios definidos para
su causación en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 del Consejo Superior de la
Judicatura, en un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de
esta sentencia y en favor de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional
(CASUR), por cuanto esta entidad acudió al proceso y ejerció su derecho de defensa;
no así respecto de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional quien a pesar
de ser notificada de la presente actuación no intervino ni confirió poder para actuar.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SALA DOCE ESPECIAL DE DECISIÓN,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión promovido por la parte
demandante contra las sentencias del 21 de abril de 2022 del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A y 5 de octubre de 2023 del
Consejo de Estado Sección Segunda, Subsección A -cuya aclaración fue denegada el

20 “Es posible afirmar, que este recurso persigue como finalidad principal la revisión de las decisiones que fueron

adoptadas injustamente, es decir, por medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores
judiciales como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de aplicación de la norma
correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de derecho)”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala Catorce Especial de Decisión, sentencia del 13 de octubre de 2020, radicación
no. 11001-03-15-2019-00119 (REV), CP Alberto Montaña Plata.

17

Expediente 11001-03-15-000-2025-00896-00 (1.377)
Demandante: Óscar Orlando Caro Forero
Recurso extraordinario de revisión

29 de agosto de 2024-, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación número 25000-23-42-000-2019-01407-01.

2º) Condénase en costas a Óscar Orlando Caro Forero en favor de la Caja de Sueldos
de Retiro de la Policía Nacional (CASUR), liquídense por la secretaría e inclúyase,
por concepto de agencias en derecho, la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

3º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada esta providencia, archívese el expediente,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Sala 12 Especial de Decisión
(Firmado electrónicamente)

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) Salvamento parcial de voto
(Firmado electrónicamente)

WILSON RAMOS GIRÓN LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la
Sala Doce Especial de Decisión del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.

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