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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00938-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00938-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas y la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: Negar el amparo solicitado por la señora Carmen Elisa Godoy Leyva mediante la acción de tutela de la referencia respecto de las pretensiones formuladas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la acción de tutela promovida por la señora Carmen Elisa Godoy Leyva, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. CUARTO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00938-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de marzo de 2025

Demandante: Carmen Elisa Godoy Leyva
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Rad: 11001-03-15-000-2025-00938-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00938-00
Demandante: CARMEN ELISA GODOY LEYVA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Temas: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud formulada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela consagrada en la Constitución Política, artículo 86 y
desarrollada en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Carmen Elisa Godoy Leyva, en nombre propio, presentó acción de
tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, al considerar vulnerado su
derecho fundamental de petición.

En sentir de la accionante, la trasgresión de esta garantía constitucional se
fundamenta con ocasión de la falta de respuesta a la solicitud que elevó el 22 de
octubre de 2024 relacionada con la certificación de tiempos laborados,
constancia de aportes a pensiones, salario, primas y bonificaciones de su
cónyuge fallecido Campo Ignacio Díaz como servidor de la rama judicial.

1.2. Pretensiones

En concreto solicitó lo siguiente:

PRIMERA. Que se amparen los derechos fundamentales al derecho de petición.

SEGUNDO. Que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura dar respuesta de
fondo de las siguientes solicitudes:

1. Que me expida certificación de los tiempos que laboro mi esposo el señor
CAMPO IGNACIO DIAZ quien en vida se identificaba con numero de cedula

1

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Demandante: Carmen Elisa Godoy Leyva
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
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345.825 en la rama judicial.

2. Que se remita constancia de aportes a pensiones de mi esposo el señor
CAMPO IGNACIO DIAZ quien en vida se identificaba con numero de cedula
345.825.

3. Que se me certifique el salario, primas, bonificaciones que mi esposo
devengaba CAMPO IGNACIO DIAZ quien en vida se identificaba con numero de
cedula345.825.

4. Que se indique a que entidad me debo dirigir para que se me reconozca mi
pensión de sobrevivientes.

5. Que en caso de ser ustedes los responsables solicito se reconozca mi pensión
de sobrevivientes desde el día 19 de enero de 1992.1

1.3. Hechos

Los siguientes son los supuestos fácticos, jurídicamente relevantes, que se
encuentran en el expediente:

Refirió que el señor Campo Ignacio Diaz laboró en la Rama Judicial, desde el 26
de agosto de 1981 hasta el 19 de enero de 1992, desempeñándose en el
momento de su fallecimiento como conductor grado 06, del Cuerpo Técnico de
la Policía Judicial - Dirección Nacional de Instrucción Criminal de Santafé de
Bogotá (Cundinamarca).

La parte actora, en calidad de beneficiaria, solicitó el pago de las cesantías, las
cuales le fueron reconocidas mediante resolución N° 7822 del 11 de diciembre
de 2022, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1726 de 1973 y
en concordancia con el artículo 34 del Decreto 3135 de 1968.

Con posterioridad, esto es, el 22 de octubre del 2024, radicó una petición ante el
Consejo Superior de la Judicatura, mediante el cual solicitó una certificación de
tiempos laborados, constancia de aportes a pensiones, salario, primas y
bonificaciones devengadas por el señor Campo Ignacio Diaz.

No obstante, sostuvo que, hasta la fecha de radicación de esta acción
constitucional, la entidad accionada no le había dado respuesta a su solicitud.

1.4. Sustento de la petición

La tutelante argumentó que las autoridades accionadas vulneraron su derecho
fundamental de petición.

En primer lugar, precisó que, conforme al artículo 23 de la Constitución Política,
toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las
autoridades, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta
resolución.

1
Transcripción original con posibles errores.

2

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Seguidamente, trajo a colación el artículo 32 de la Ley Estatutaria 1755 de
2015, del cual subrayó lo siguiente.

Toda persona podrá ejercer el derecho de petición para garantizar sus derechos
fundamentales ante organizaciones privadas con o sin personería jurídica, tales
como sociedades, corporaciones, fundaciones, asociaciones, organizaciones
religiosas, cooperativas, instituciones financieras o clubes”. Establece la referida
normativa que el trámite y resolución de estas peticiones estarán sometidos a los
principios y reglas fijadas para la resolución de las peticiones presentadas ante las
entidades de derecho público.

Por último, citó un pronunciamiento de la Corte Constitucional en lo que
respecta al derecho de petición y reiteró que el Consejo Superior de la
Judicatura, hasta al momento, no había emitido respuesta de fondo sobre la
solicitud de información.

El soporte fundamental del derecho de petición está conformado por cuatro
elementos, a saber: i) la posibilidad de presentar de manera respetuosa
solicitudes ante las autoridades, sin que estas se nieguen a recibirlas o
tramitarlas; ii) la potestad de obtener una respuesta pronta y oportuna dentro del
término legal; iii) el derecho a que sea resuelta de fondo, de forma clara, precisa y
adecuada; y iv) el derecho a que la respuesta sea puesta en conocimiento del
interesado oficiosamente.

1.5. Actuaciones procesales

El despacho del magistrado sustanciador, mediante auto del 24 de febrero de
2025, admitió la solicitud de tutela2 y notificó esta decisión a los magistrados del
Consejo Superior de la Judicatura.

Adicionalmente, dispuso comunicar la iniciación del trámite procesal a la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Centro de Documentación
Judicial de la Rama Judicial, a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá - Unidad de Talento Humano y a la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas -
Unidad de Talento Humano, en calidad de terceros con interés en las resultas
del proceso.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Cundinamarca- Amazonas.

Mediante escrito remitido al correo electrónico del Consejo de Estado, arguyó
que, una vez analizados los hechos narrados en el escrito de tutela, se
evidenció que la solicitud fue efectuada a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por ende, una vez realizó la verificación, no se evidenció

2
Ver en expediente digital, Índice 004.

3

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alguna solicitud dirigida a esta dirección seccional que, de acuerdo con sus
competencias, debiera ser atendida.

Por lo anterior, advirtió que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de la
accionante, toda vez que la entidad carece de competencia para efectuar el
trámite requerido, por tanto, la acción constitucional de la referencia resulta
improcedente, en razón a la falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.

Señaló que la petición del 22 de octubre de 2024, fue recibida en la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – (DEAJ), y se le asignó el consecutivo
EXTDEAJ24-42060, sin embargo, teniendo en cuenta el contenido de la
petición, y por tratarse de un asunto de competencia de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, la misma fue trasladada por
competencia.

Por lo anteriormente expuesto, precisó que no se ha vulnerado el derecho
fundamental de petición, por ende, solicitó declarar improcedente la presente
acción constitucional toda vez que se configura una falta de legitimación material
en la causa por pasiva, en tanto que la DEAJ no ostenta competencia para
emitir respuesta a la petición presentada por la accionante.

1.6.3. Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá.

Argumentó que la Dirección se encuentra adelantando las gestiones, trámites y
verificaciones necesarias, con el fin de dar cabal cumplimiento a los mandatos
constitucionales y legales, para que se atiendan de manera prioritaria las
solicitudes, en garantía de los derechos fundamentales de la aquí accionante, y
se acaten todas las órdenes judiciales en el término esperado. De allí que indicó
que se estará dando alcance a esta manifestación una vez el área encargada
allegue la información acerca del caso en concreto, a la mayor brevedad
posible.

1.6.4. Consejo Superior de la Judicatura - Presidencia.

Señaló que no es viable endilgar alguna responsabilidad al Consejo Superior de
la Judicatura, toda vez la parte actora no aporta prueba de la que se pueda
colegir que efectivamente radicó alguna petición a través de los canales de la
corporación.

Acto seguido, afirmó haber buscado el radicado N° EXTDEAJ24-42060 en el
mencionado aplicativo, del cual se logró extraer que la solicitud de información
se encuentra en conocimiento de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá. Adicionalmente, explicó que el 12 de
noviembre de 2024, según las anotaciones relevantes en el sistema, le fue
enviada comunicación a la peticionaria sin que se logre visualizar la misma.

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En consecuencia, argumentó que la colegiatura no ha tenido conocimiento de la
aludida petición, por ende, no le puede ser atribuible su conculcación, contrario
a lo sucedido con la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, quien debe demostrar las gestiones realizadas para brindar respuesta a
la misiva de la aquí actora. Por lo tanto, aseguró que carece de legitimación en
la causa por pasiva.

1.6.5. Consejo Superior de la Judicatura - Centro de Documentación
Judicial (CENDOJ)

Indicó que la petición mencionada por la accionante en el escrito de tutela se
recibió a través del correo: info@cendoj.ramajudicial.gov.co el 22 de octubre de
2024, a las 12:15. Luego, este fue remitido en la misma fecha, a las 16:37, a la
Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al buzón
medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co para el respectivo tramite y gestión,
traslado que fue informado en su oportunidad a la peticionaria al correo
andresjulian36@gmail.com.

Por otra parte, señaló que se constató que se generó un radicado con el
consecutivo EXTDEAJ24-42060, con fecha de registro
23 de octubre de 2024, el cual fue asignado para su respectiva gestión a la
profesional María del Pilar Durango Mejía, reasignada el 6 de noviembre de
2024 a Leidy Stephania García Corredor y el 12 de noviembre de 2024 a Miguel
Ángel Moreno Suárez, asistente administrativo de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Por tanto, agregó que, actualmente la correspondencia se encuentra
terminada, en virtud de la respuesta generada en el asunto mediante correo
electrónico. Por lo cual, se debe negar el amparo constitucional en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, toda vez que no ha vulnerado el derecho
fundamental invocado por la accionante.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia

La Sala es competente para conocer en primera instancia la presente acción de
tutela, en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991, el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto No. 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.

2.2. Falta de legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el articulo 1. ° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva
en sede de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que

5

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se dirige la acción de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración
o amenaza del derecho fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

En el presente asunto, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y
Amazonas y la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura solicitaron que
se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que carecen
de competencia para atender la petición de la accionante y, por lo tanto, no
vulneraron el derecho fundamental alegado.

En primer lugar, la Sala advierte que la vinculación del Consejo Superior de la
Judicatura, al tratarse de la entidad demandada a la cual la parte actora le
endilgó la presunta vulneración del derecho fundamental de petición, resultaba
necesaria para que ejerciera su derecho de contradicción en este trámite
constitucional, por lo que no es posible acceder a la petición de desvinculación.

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca y Amazonas,
fueron vinculadas como terceras interesadas en las resultas del proceso y no
como autoridades demandadas, así que su comparecencia tenía por objeto no
solo garantizar su derecho de defensa sino esclarecer los hechos objeto de
controversia, al punto de que sus intervenciones han brindado elementos de
convicción suficientes para adoptar la decisión en el presente asunto.

Por lo tanto, la Sala también denegará su solicitud de desvinculación.

2.3. Problema jurídico

De conformidad con los hechos expuestos, corresponde a la Sala resolver el
siguiente problema jurídico:

• ¿El Consejo Superior de la Judicatura vulneró el derecho fundamental de
petición de la accionante, por no responder la solicitud radicada el 22 de
octubre de 2024?

Para resolver tales problemas jurídicos, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) el derecho fundamental de
petición; y, (iii) el caso concreto.

2.4. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición en virtud del cual toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución»3. El mismo artículo superior
precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

3
Corte Constitucional, Sentencia C-510 de 2004.

6

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La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho, así:

El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y
oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la
autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido4.

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la contestación de la
petición. Respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en
el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que señala el término de 15 días para
resolver la misma, de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí
dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la
autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el
cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del
término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de
dificultad o la complejidad de la solicitud.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que «la respuesta al derecho de
petición debe versar sobre aquello preguntado por la persona y no sobre un
tema semejante o relativo al asunto principal de la petición. Quiere decir, que la
solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de evasivas o premisas
ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la solicitud, sin que ello
implique la aceptación de lo solicitado. Desde luego, este deber de contestar de
manera clara y coherente, no impide que la autoridad suministre información
adicional relacionada con los intereses del peticionario, pues eventualmente ésta
puede significar una aclaración plena de la respuesta dada»5.

Igualmente, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[…] la notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla
el propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»6.

Este deber de comunicación de la respuesta también debe cumplirse cuando la
respuesta se circunscriba a indicar que se remitió la petición a la autoridad
competente. En palabras de la Corte Constitucional:

[…] El deber de notificación de (sic) mantiene, incluso, cuando se trate de
contestaciones dirigidas a explicar sobre la falta de competencia de la autoridad e
informar sobre la remisión a la entidad encargada7.

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos
de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se

4
Corte Constitucional, Sentencia T-332 de 2015.
5
Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 2013.
6
Ibídem.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2020.

7

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garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a
la participación política y a la libertad de expresión; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar,
en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es
decir, dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la
respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre
en la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose
de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre
la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta
comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido
sea positivo o negativo8.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, ya que el derecho de petición se ejerce y agota en la
solicitud y la respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o
no del derecho subjetivo.

2.5. Caracterización de la carencia actual de objeto por hecho superado

Existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental desaparece en
el trascurso de la acción de tutela, de suerte que el instrumento pierde
efectividad, lo que hace que la intervención del juez constitucional sea inane. Al
respecto, la Corte Constitucional ha señalado que «el juez de tutela no ha sido
concebido como un órgano consultivo que emite conceptos o decisiones inocuas
una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios hipotéticos,
consumados o ya superados».

Sobre el tema, cabe destacar la sentencia SU 522 de 2019, en la que se precisó
que si luego de acudir a la autoridad judicial, «la situación ha sido superada o
resuelta de alguna forma», no tendría sentido un pronunciamiento, puesto que
«la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío», siendo esta la «idea
central que soporta el concepto de carencia actual de objeto».

Sobre la figura del hecho superado, la Corte Constitucional indicó, en la
sentencia SU-225 de 2013, que esta «se configura cuando entre el momento de
la interposición de la acción de tutela y el momento del fallo se satisface por
completo la pretensión contenida en la demanda de amparo. En otras palabras,
aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela ha acaecido
antes de que el mismo diera orden alguna».

2.6. Estudio del caso concreto

La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición porque
la autoridad accionada no había dado respuesta a la petición elevada el 22 de
8
Corte Constitucional, Sentencia T-161 de 2011.

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octubre del 2024, en la que solicitó lo siguiente:

Ahora bien, pese a que la actora elevó la solicitud ante el Consejo Superior de la
Judicatura, ese mismo día esta entidad la remitió por competencia, a las 16:37,
a la Mesa de Entrada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por
medio del correo medeaj@cendoj.ramajudicial.gov.co, para el respectivo tramite
y gestión, información que fue suministrada en su debido momento a la
peticionaria al correo andresjulian36@gmail.com:

Por otro lado, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le traslado la
petición por competencia a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá, el 23 de octubre de 2024.

9

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De conformidad con lo anterior, considera la Sala que el Consejo Superior de la
Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, dieron
cumplimiento al deber establecido el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015,
referente a remitir la petición al competente y enviar copia del oficio remisorio a
la peticionaria, por lo que hay lugar a negar el amparo frente a estas
autoridades.

Con posterioridad, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá remitió respuesta al correo electrónico suministrado por la actora el 18
de noviembre de 2024, en el que además le enviaron un archivo adjunto con la
historia laboral del señor Campo Ignacio.

Del anterior mensaje de datos, se puede observar que la Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá le envió a la accionante un archivo adjunto del
cual se destacan los siguientes documentos:

• Certificado emitido el 31 de marzo de 1992, el cual indica que el señor
Campo Ignacio Díaz laboró hasta el 19 de enero de 1992 y que el último
cargo desempeñado era el de conductor grado 06 del Cuerpo Técnico de
Policía Judicial (pág. 29).

• Resolución 7822 del 11 de diciembre de 1992, relativa al reconocimiento
de un auxilio de cesantía definitiva al señor Campo Ignacio Díaz, en la

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que se dio la orden de pagar el valor respectivo a la señora Carmen Elisa
Godoy Leyva como cónyuge supérstite (págs. 1-5).

• Constancia expedida por el jefe de Sección de Pagaduría ante la Rama
Jurisdiccional, en el que hace constar los rubros pagados al señor Campo
Ignacio de 1991 a 1992 (pág. 28).

Si bien estos documentos parecieran dar respuesta a lo solicitado por la
accionante, lo cierto es que la parte actora requirió unas certificaciones
específicas que no le fueron aportadas.

En el primer punto de la petición requiere un certificado de tiempos laborados
por su esposo, y si bien el documento visible a folio 28 establece las fechas en
las que estuvo vinculado a la institución, esto es, desde el 26 de agosto de 1981
hasta el 19 de enero de 1992 (fecha de su deceso), solo indicó el último cargo
desempeñado y no hace referencia a cada uno de ellos con el tiempo específico
en el que lo ocupó.

Por otra parte, el segundo punto relacionado a la expedición de una constancia
de aportes a pensión, no se avizora en el archivo adjunto.

Como tercer punto, pidió que se certificara el salario, primas o bonificaciones
devengadas por su esposo, sin embargo, solo se allegó el documento visible a
folio 28 que corresponde únicamente a los años 1991 y 1992.

Finalmente, en los puntos 4 y 5 de la petición, requirió que se le informara a qué
entidad debía dirigirse para que se le reconociera la pensión de sobrevivientes
o, en caso de corresponder al Consejo Superior de la Judicatura, se procediera
a su reconocimiento a partir de 1992.

Frente a este punto, le respondió lo siguiente:

[…]
Los derechos laborales contemplados por el código sustantivo del trabajo
colombiano prescriben a los tres años de haberse causado, los derechos que
adquieren un trabajador como producto de una relación laboral en los términos
del código sustantivo del trabajo, no son eternos sino que prescriben tres años
después de haberse causado o adquirido; así lo contempla el artículo 488 del
mismo código, que reza “ Las acciones correspondientes a los derechos
regulados en este Código prescriben en tres (3) años, (que se cuentan desde que
la respectiva obligación se haya hecho exigible), salvo en los casos de
prescripciones especiales establecidas en el Código Procesal del Trabajo o en el
presente estatuto”.

La prescripción implica la pérdida del derecho por parte del trabajador y la
cesación de la obligación por parte del empleador puesto que se pierde la
oportunidad para reclamarlos judicialmente.

Nota Jurisprudencial 1. La demanda de inconstitucionalidad en contra del
artículo que establece que las acciones correspondientes a los derechos
regulados en el Código Sustantivo del Trabajo prescriben en tres (3) años,
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible, terminó en la
decisión de estarse a lo resuelto en la Sentencia C 072 de 1994, en la cual se
declaró la exequibilidad de dicha disposición, teniendo en cuenta que lejos de

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atentar contra la dignidad del trabajador, se caracterizan por establecer una
seguridad jurídica, por razones de beneficio mutuo de los extremos de la relación
laboral, que se ven en situación de inmediatez y prontitud, razón por la cual una
prescripción de largo plazo dificultaría a patronos y a trabajadores la tenencia o
conservación de pruebas que faciliten su demostración en el juicio. Es por ello
que la prescripción de tres años de la acción laboral es proporcionada con las
necesidades, y por tanto no es contraria a la igualdad, ya que ésta consiste en
una equivalencia proporcional, y no en una homologación jurídica absoluta de
materias diversas, lo cual sería, a todas luces, un absurdo. Estarse a lo Resuelto.
(Exequible). Sentencia C 916 de 2010. Corte Constitucional.

Interrupción de la prescripción de los derechos laborales.
La prescripción de los tres años puede ser interrumpida en los términos de los
artículos 499 del Código Sustantivo del trabajo y del 151 del Código Procesal del
Trabajo, esta interrupción sucede con la simple presentación de un escrito de
reclamo al empleador, y hará que la prescripción de los tres años inicie a contar
de nuevo. Naturalmente que el escrito de reclamación del derecho al empleador
debe presentarse antes de que prescriba el derecho, esto es, antes de los 3 años
de haberse hecho exigible el derecho reclamado. La prescripción también se
interrumpe con la presentación de la demanda en los términos del artículo 94 del
código general del proceso.

De lo anterior, se advierte que, esto no responde a lo que realmente se está
requiriendo en los puntos 4 y 5, pues la señora Godoy Leyva solicitó
específicamente información sobre la autoridad competente para reconocer su
pensión de sobreviviente, mientras que la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá se pronunció sobre la prescripción de los
derechos laborales en los términos del artículo 488 del Código Sustantivo del
Trabajo, como también la posibilidad de su interrupción al presentar la solicitud
ante el empleador; además, citó un pronunciamiento de la Corte Constitucional
sobre el tema, por lo que se trata de una respuesta que no es congruente ni
suficiente frente a lo solicitado por la peticionaria.
No obstante, la Sala advierte que por medio de memoriales enviados el 19 de
marzo de 2025, la entidad accionada allegó documentación adicional a la
inicialmente presentada al contestar la acción de tutela.

Una vez analizada la información, se observa lo siguiente:

El 13 de marzo del 2025, por medio de correo electrónico, se envió a la dirección

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electrónica aportada por la accionante una respuesta adicional a la petición
objeto de análisis, como se aprecia en el mensaje de datos de dicha fecha:

En la respuesta, hizo referencia a cada uno de los asuntos objeto de la petición
así:

Respecto del punto 1, referente a los tiempos en que laboró el señor campo
Ignacio Díaz, suministró un documento en el cual se certifica que empezó a
laborar desde el 25 de agosto de 1981 hasta el 19 de enero de 1992, así como
los cargos ocupados durante ese período.

En cuanto al segundo y tercer punto, en los que solicitó constancia de los
aportes a pensión, así como del salario, primas y bonificaciones, allegó el
Certificado de Tiempos de Servicio CETIL, en el que se detalla su asignación
básica mensual, los aportes a seguridad social, la prima de antigüedad y demás
emolumentos devengados y reconocidos entre 1984 y 1992.

Por otro lado, en relación con la solicitud contenida en el numeral cuarto, en la
que requiere información sobre a dónde debe dirigirse para que le reconozcan la
pensión de sobrevivientes, indicó lo siguiente:

[L]e informamos que, de acuerdo con el Decreto 4269 de 2022 emitido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, “Por el cual se distribuyen unas
competencias”, se establece que la ejecución de los procesos misionales de
carácter pensional, para aquellos radicados después del 8 de noviembre de 2011,
corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. Dado que el
certificado electrónico de tiempos de servicio (CETIL) indica que los aportes se
realizaron a la extinta CAJANAL, será esta entidad la encargada de estudiar el
caso de pensión de sobrevivientes de su esposo, CAMPO IGNACIO DÍAZ.

Finalmente, frente al punto 5 de la petición en la que solicitó: «En caso de ser
ustedes los responsables, solicito se reconozca mi pensión de sobrevivientes
desde el día 19 de enero de 1992», se advierte que fue atendida en los
siguientes términos:

Frente al numeral quinto, se indica que las funciones de la Dirección Seccional de
Administración Judicial están plasmadas en la Ley 270 de 1996 modificada por la
Ley estatutaria 2430 de 2024, en la cual se indica que exclusivamente cumplimos
un rol administrativo y pagador de la Rama Judicial. Es por ello que la Ley no nos
ha otorgado la facultad de estudio y reconocimiento pensional.

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En ese sentido, se advierte que, la autoridad administrativa contestó lo solicitado
por la parte accionante, dentro del marco de sus competencias y le notificó
debidamente la respuesta al canal electrónico informado en el escrito petitorio:
andresjulian36@gmail.com.

Por lo tanto, con la actuación de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá desapareció la circunstancia que podía
originar algún quebranto del derecho fundamental de la accionante comoquiera
que, encontrándose en curso el proceso de tutela de la referencia, respondió
cada uno de los puntos contenidos en la petición elevada por la tutelante el 22
de octubre de 2024, lo que implica que la solicitud de amparo carezca
actualmente de objeto.

La Corte Constitucional explicó que la terminación del proceso de tutela por
carencia de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho fundamental
desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud de amparo, por lo que
resulta innecesaria la intervención del juez constitucional tendiente a impartir
alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas.

Además, puntualizó que esta figura jurídica puede proceder en tres supuestos
de hecho: i) por hecho superado, ii) daño consumado y iii) por una situación
sobreviniente. Al respecto, señaló:

[…] La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o
afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que,
ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a
la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de
amparo pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanismo
extraordinario y expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al
desaparecer el objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para salvaguardar las
garantías que se encontraban en peligro, se tornaría inocua y contradiría el
objetivo que fue especialmente previsto para esta acción […]9.

En relación con los referidos tres supuestos, la Sala precisó lo siguiente:

i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción de tutela. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: «[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela

9
Sentencias SU-225 de 2013 y T-317 de 2005. Destacado por la Sala.

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se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la
vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez de
tutela dé una orden al respecto».10

iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los derechos
fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de tutela, con ocasión
del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad demandada. Sobre el
particular, la citada Corporación indicó que «(…) el hecho sobreviniente remite a
cualquier otra circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de
tutela relativa a lo solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y
por lo tanto caiga en el vacío (…)».11

Así las cosas, se advierte que, encontrándose en curso el presente proceso, se
resolvió la petición elevada por la señora Carmen Elisa Godoy Leyva el 22 de
octubre de 2024 de manera clara y precisa, por lo que se declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado, toda vez que desapareció la circunstancia
que podía originar algún quebranto del derecho fundamental de la accionante.

De ahí que cualquier orden que se imparta por parte de esta sala resultaría
inane, debido a que la posible vulneración cesó con la actuación de la autoridad
enjuiciada.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Deniéganse las solicitudes de desvinculación de la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas y la Presidencia del
Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Negar el amparo solicitado por la señora Carmen Elisa Godoy
Leyva mediante la acción de tutela de la referencia respecto de las pretensiones
formuladas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.

TERCERO: Declarar la carencia actual de objeto por hecho superado de la
acción de tutela promovida por la señora Carmen Elisa Godoy Leyva, conforme
a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días

10
Corte Constitucional, sentencia T-030 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
11
Corte Constitucional, sentencia SU-522 de 2019, M.P. Diana Fajardo Rivera.

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siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

Ausente con excusa
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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