Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00974-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00974-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
Demandados: Subsección B de la Sección segunda del Consejo de Estado1
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia, ii)
igualdad y iii) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Sandiego García Girado contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, a través de apoderado2, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] jamás fue
notificada personalmente del auto admisorio de la DEMANDA O MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ni tampoco
jamás ha sido notificada en legal forma por el emplazamiento […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 130012333000201900266-
01, vulneraron sus derechos fundamentales indicados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que, mediante la Resolución núm. 160849 de 27 de mayo de 2016, la
Administradora Colombina de Pensiones- Colpensiones le reconoció la pensión de
cónyuge sobreviviente del señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco.
4. Señaló que, la señora Arleth del Carmen Tovio Barreto promovió, a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, demanda en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones, para que le fuera
reconocida la pensión de sobreviviente, en calidad de compañera permanente del
señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco, demanda a la que fue vinculada la actora.
5. Indicó que, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado
con el número único de radicación 130012333000201900266-01, correspondió al
Tribunal Administrativo de Bolívar, sin haber sido notificada ni emplazada de la
demanda.
2 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “5ED_Poder(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”. Archivo
aportado en forma digital.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
6. Adujo que el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante providencia de 29
de abril de 2022, resolvió negar la pretensiones de la demandante, al considerar
que aunque se probó la relación de la señora Arleth del Carmen Tovio Barreto, no
acreditó la conformación de un hogar o comunidad de vida, al tener que los
testimonios presentados en el trámite del proceso, no fueron consistentes ni
eficientes para probar el «auxilio o apoyo mutuo, comprensión y vida en común, con
vocación de estabilidad y permanencia».
7. Inconforme con lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
sentencia de 29 de abril de 2022, la señora Arleth del Carmen Tovio Barreto,
promovió el recurso de apelación que la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, mediante sentencia de 21 de marzo de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 29 de abril de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar (sala de decisión 2), que negó las pretensiones
de la demanda, por las razones esbozadas en la parte motiva de esta providencia.
En su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR (i) La nulidad (parcial) GNR 160849 de 27 de mayo de
2016, por la cual Colpensiones sustituyó en la señora Sandiego García Giraldo el
100% de la pensión de vejez que devengaba el señor Gustavo Rafael Villareal
Pacheco; y (ii) La nulidad (total) GNR 57132 de 22 de febrero de 2017, que le negó
la sustitución de la aludida prestación a la demandante, en condición de compañera
permanente, confirmada por las Resoluciones SUB 118912 de 5 de julio siguiente y
DIR 14036 de 25 de agosto de la misma anualidad, que desataron los recursos de
reposición y apelación, en su orden.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ordenar a la Colpensiones, reconocer y pagar en partes iguales; 50% para
la señora Sandiego García Giraldo en calidad de cónyuge supérstite del causante,
y 50% para la señora Arleth del Carmen Tovio Barreto en calidad de compañera
permanente de aquél, la sustitución de la pensión del señor Gustavo Rafael Villareal
Pacheco a partir del 26 de marzo de 2016. Las sumas reconocidas serán canceladas
por la entidad demandada y deberán ser actualizadas de acuerdo con la fórmula
establecida por esta corporación.
A la señora Arleth del Carmen Tovio Barreto se le reconocen las mesadas
pensionales a partir del 26 de marzo de 2016, fecha en la que falleció el señor […].
No hay lugar a decretar la prescripción. […]”.
7.1. Como fundamento de su decisión, señaló que:
“[…] Para resolver el fondo del asunto, la Sala analizará la existencia de la
convivencia efectiva (criterio material y no formal), esto es, el apoyo mutuo y la vida
en común entre el causante y la demandante por un período no inferior a cinco años
continuos con anterioridad al deceso, tal como lo exige la Ley 100 de 1993 (artículo
4
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
47, letra a), modificada por la Ley 797 de 2003 (artículo 13), vigente a la fecha del
deceso del señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco (q. e. p. d.), de acuerdo con el
contenido y alcance desarrollado en el marco jurídico de este fallo. […]”.
[…]
“[…] En el caso sub judice, de las pruebas allegadas, en especial del informe técnico
efectuado por Colpensiones, se logra establecer que el señor Gustavo Rafael
Villareal Pacheco (q. e. p. d.) y la señora Sandiego García Giraldo contrajeron
matrimonio el 24 de diciembre de 1966 y procrearon 5 hijos, el vínculo matrimonial
permaneció hasta su deceso, no se liquidó la sociedad conyugal y, según se
concluye de las declaraciones de vecinos y familiares del causante, recaudadas en
la investigación efectuada por Colpensiones, convivieron hasta que él falleció.
Frente a la relación que existió entre el finado y la señora Arleth del Carmen Tovío
(sic) Barreto, se evidencia que, paralelamente sostenía una relación sentimental con
el señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco.
Que la misma lejos de calificarse de esporádica o accidental, tenia (sic) todos los
visos de permanente en el tiempo. Tanto es así, que pese mantener el vínculo con
su esposa la señora Sandiego García Giraldo, sostenía una relación con Arleth del
Carmen Tovio Barreto que era pública pues así lo reconocían los testigos que lo
atestaron tanto en la parte administrativa y judicial.
Relación que se caracterizó por el apoyo y soporte mutuo, pues como bien refiere la
señora Arleth del Carmen acompañó al señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco en
sus últimos días.
Por tal razón, más allá que no exista certeza en los extremos en que este vínculo se
desarrolló, pues los declarantes dicen que son siete (7), doce (12) o catorce (14), y
la demandante enrostra que diez (10) años, todos son coincidentes en un lapso que
supere los cinco (5) años.
En estas condiciones, para la Sala la decisión apelada debe revocarse y
reconocerse que el señor Gustavo Rafael Villareal Pacheco convivio
simultáneamente con las señoras Sandiego García Giraldo y Arleth del Carmen
Tovio Barreto. […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
8. La actora solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante SANDIEGO GARCIA GIRADO, identificada con CC No. […] al DEBIDO
PROCESO, LA CONFIGURACIÓN DE VIA DE HECHO, DERECHO DE DEFENSA
Y EL DE CONTRADICCIÓN, EL ACCESO A LA ADMINISTRACCIÓN DE JUSTICIA,
VIOLACION A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
DERECHO PROCESAL Y EL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL MINIMO VITAL.
3 Transcripción literal del texto
5
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
SEGUNDO: Decretar la nulidad del proceso con número de radicado
13001233300420190026600 instaurado por la señora ARLETH DEL CARMEN
TOVIO BARRETO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES Y SANDIEGO GARCIA GIRADO, a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda y demás tramites y actuación es posteriores, entre estos,
dejar sin efectos las sentencia dictada el día 21 de marzo del año 2024 por el
CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
• SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B, que revocó la del día 29 de abril del año
2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DECISIÓN No. 02, sin perjuicio de las pruebas recaudadas y se le tenga notificada
por conducta concluyente a la señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, del auto
admisorio de la demanda instaurada por ARLETH DEL CARMEN TOVIO BARRETO
contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES Y
SADIEGO GARCIA GIRADO y le corran los términos para ejercer su derecho de
defensa y contradicción dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que cursa ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR.
TERCERO: Se proceda a dejar sin efectos, o en su defecto, ordenar la suspensión
de la resolución SUB 449955 del 24 de diciembre del año 2024, RADICADO-
2024_26750576_10-2024_23413697, expedida por la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, y que acató la sentencia del 21
de marzo del año 2024 despachada por el CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B,
que revocó la sentencia del 29 de abril del año 2022 , proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN No. 02, hasta que la
jurisdicción Administrativa dirima la controversia suscitada entre las presuntas esposa
y compañera permanentes del finado GUSTADO RAFAEL VILLAREAL PACHECO.
[…]”.
8.1. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que4:
“[…] 11. Llama poderosamente la atención que no reposa al expediente digital del
proceso referenciado, aquella página del periódico en que se surtió el emplazamiento
y si verificamos el calendario Colombiano, se podrá constatar que, según la
constancia que se anexó del emplazamiento por parte del interesado, se constata,
dicha publicación se realizó en lista y en un día martes y en un medio totalmente
diferente al que ordenó el juzgado mediante la providencia. A su turno, acreditado
está de bulto a folio 79 del cuaderno principal que, el edicto emplazatorio de fecha
18 de octubre de 2019 en su texto dice emplazar a la señora “SANDIEGO GARCIA
TIRADO”, persona natural completamente diferente a la señora SAN DIEGO GARCIA
GIRADO, está ultima, quien si está demandada dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho. Por lo anterior, y al surtirse dicha publicación en esa
forma, quiere decir que la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, jamás fue notificada
y que se adelantó una demanda a sus espaldas violando flagrantemente sus derechos
fundamentales expuestos en esta acción de tutela: DEBIDO PROCESO, LA
CONFIGURACIÓN DE VIA DE HECHO, DERECHO DE DEFENSA Y EL DE
CONTRADICCIÓN, EL ACCESO A LA ADMINISTRACCIÓN DE JUSTICIA,
VIOLACION A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
DERECHO PROCESAL Y EL DERECHO A LA IGUALDAD […]”.
[…]
[…] 17. La señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, no cuenta con otro mecanismo de
defensa a su favor, para poder hacer valer sus derechos fundamentales al debido
proceso, derecho a la defensa y derecho de contradicción y por ende no pudo
4
Transcripción literal del texto
6
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
acceder a la administración de justicia oportunamente con miras a ser escuchada,
poder defenderse y contradecir el medio de control instaurado en su contra y llevar
pruebas fehacientes al mismo y que se tengan en cuenta dentro del medio de control,
dado que la señora ARLETH DEL CARMEN TOVIO BARRETO, en su calidad de
demandante y atendiendo las sentencias están ejecutoriadas, (i)ya acudió al fondo de
pensiones COLPENSIONES e hizo efectiva la resolución a su favor, (ii)igualmente
dicha señora está percibiendo desde finales del mes de enero y comienzo de febrero
de 2025 la mesada pensional del mes de enero de 2025 en un 50% y mientras
tanto la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO se le ha reducido en el 50% su mesada
pensional que venía disfrutando, lo que vulnera su mínimo vital.
18. De otro lado, no es posible acudir al recurso de revisión en este caso, habida
cuenta que no se estructura causal alguna para ello. En efecto, de acuerdo con el
artículo 31 de la Ley 712 de 2001, la revisión procede cuando: (i) la sentencia se
hubiese fundamentado en documentos falsos; (ii) la sentencia se apoye en
declaraciones de personas condenadas por el delito de falso testimonio; (iii) se
demuestre que la decisión fue determinada por un delito del juez; y (iv) el
apoderado judicial hubiese incurrido en infidelidad de los deberes
profesionales en perjuicio de su cliente, siempre que ello haya determinado la
decisión. El caso que nos ocupa no se adecúa a ninguna de esas causales, en
ese sentido, el requisito de subsidiariedad se cumple en este evento por ello.
[…]”.
[…]
“[…] 22. Existió un defecto procedimental por omisión dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la administradora
Colombiana de pensiones - Colpensiones y la señorea SANDIEGO GARCÍA
GIRADO, el cual consistió en que no se le notificó personalmente en legal forma del
auto admisorio de la demanda a la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, y tampoco
se le ha notificado en legal forma por el emplazamiento a la misma SAN DIEGO
GARCIA GIRADO, por ende no hubo la comparecencia al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que ha interpuesto la señora ARLETH DEL CARMEN
TOVIO BARRETO, contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES - COLPENSIONES y en contra de la señora SAN DIEGO GARCIA
GIRADO, lo que de paso a esta última cercenó su derecho a la igualdad, a la
defensa y contradicción constitucional y al libre acceso a la administración
judicial y su mínimo vital; adelantándose un proceso a sus espaldas, en
consecuencia, y de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados se encuentran identificados dentro de esta acción de
tutela. Ahora bien, sin que sea posible en este momento procesal alegar tal
vulneración dentro del mismo proceso o medio de control de la referencia,
habida cuenta existe sentencia ejecutoriada. Inclusive resolución emanada de
Colpensiones que actualmente empezó a dar cumplimiento a las sentencias, en
tanto, esta acción de tutela es el único mecanismo de defensa con que cuenta la
accionante.
23. Nos encontramos frente a una posible causación de un perjuicio irremediable,
por lo que se hace urgente la intervención del Juez constitucional; debiendo aclararse
que el recurso extraordinario de revisión del art. 248 del CPACA no es un mecanismo
idóneo para resolver la controversia planteada y dentro de ella no es posible hacer
uso de las causales del art. 250 de la misma normatividad, por cuanto estamos en
presencia de una señora de la tercera edad y con poca expectativa de tiempo de vida;
en síntesis por el hecho de que a la accionante se le haya adelantado un juicio a sus
espaldas y violado sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y
el acceso a la administración de justicia y atentar por ende contra su mínimo vital,
inclusive el derecho a la igualdad con que ella cuenta. Por ello, la tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la disminución de su
7
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
mesada pensional de manera sorpresiva podrá causar un impacto emocional y la
lesión continua a su mínimo vital de la pensionada, el cual venía percibiendo. […]”.
[…]
“[…] 25. A la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, se le vulneró su derecho
constitucional establecido en el artículo 29 de la carta magna, que a su vez, deriva
en una causal de nulidad establecida en el artículo 161 del C.G.P, al cual se acude
por vía de aplicación de normas en materia de la jurisdicción administrativa […]”.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de febrero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Bolívar; y
iii) vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones y a Arleth
del Carmen Tovío Barreto, en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles un término de tres (3) días para que rindieran informes sobre el
particular.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que
la acción de tutela es improcedente porque carece de relevancia constitucional,
porque está dirigida a señalar la inconformidad con el resultado del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, siendo una instancia adicional al proceso
ordinario con la que se pretende que el juez constitucional, irrumpa en la órbita del
juez ordinario.
10.1. Señaló que, la acción de tutela incumple el requisito de procedibilidad porque
la actora cuenta con otros mecanismos ordinarios, como el recurso de apelación,
en contra del resultado que le negó las pretensiones, y que invoca, no le fue
notificado.
10.2. Indicó que, de considerar que la acción de tutela es procedente, solicitó sea
negada, al considerar que no hay vulneración de los derechos fundamentales
invocados, porque lo que alega es un defecto procedimental.
8
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
10.3. Expresó que, de acuerdo con el registro, se ordenó la notificación personal de
la demanda a la actora sin que fuera posible, por lo que se dispuso el emplazamiento
y la designación de un curador ad- litem, en los términos del artículo 565 del Código
General del Proceso6, por lo cual no se configura el defecto procedimental que alega
la actora.
10.4. Aclaró que, “[…] el marco jurídico vigente posibilita que, los derechos e
intereses de la persona que no comparezca al proceso judicial, a pesar de haber
sido llamada a ello, pueden ser agenciados por un curador ad-litem, quien está
facultado y obligado a ejercer la defensa técnica de la parte que representa.[…]”.
11. El Tribunal Administrativo de Bolívar indicó que, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, no se aportó dirección para notificación de la actora,
por lo que mediante Auto núm. 531/2019 de 12 de septiembre de 2019, ordenó su
emplazamiento, para lo cual adjuntó las respectivas constancias de la publicación,
así como el enlace para la consulta del Registro Público de Personas Emplazadas.
11.1. Indicó que, el 15 de octubre de 2021, al surtir el edicto emplazatorio, ordenó
la designación de un curador ad- litem- mediante Auto 014 de 2021 de 11 de febrero
de 2021, a quién se le han notificado todas las actuaciones del proceso relativas a
la actora.
12. La Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones- consideró que
acceder a las pretensiones de la actora a través de la acción de tutela, sería invadir
la órbita del juez ordinario y su autodominio, excediendo las competencias del juez
constitucional, porque no se probó que se hubiera causado la vulneración de los
derechos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable.
12.1. Indicó que modificar órdenes judiciales ejecutoriadas, desconoce los principios
de certeza, seguridad jurídica y legalidad.
5 Artículo 56. Funciones y facultades del curador ad lítem. El curador ad lítem actuará en el proceso hasta
cuando concurra la persona a quien representa, o un representante de esta. Dicho curador está facultado para
realizar todos los actos procesales que no estén reservados a la parte misma, pero no puede recibir ni disponer
del derecho en litigio.
6 LEY 1564 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
9
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
12.2. Solicito que la vinculación a la acción de tutela sea a los funcionarios
competentes, de acuerdo con el organigrama de la entidad, la que recae en la
Subdirección de Determinación de Derechos VII, y no en el Presidente de la
Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones-.
12.3. Solicitó que, la acción de tutela sea declarada improcedente ante la existencia
de la cosa juzgada, porque los fundamentos de hecho y de derecho fueron objeto
de estudio judicial.
13. La señora Arleth Tovio Barreto indicó que tiene derecho acceder a la pensión
de compañera permanente sobreviviente por reunir los requisitos exigidos por la ley
y la jurisprudencia en relación con la convivencia.
13.1. Señaló que la primera instancia fue favorable a la actora, y que el Consejo de
Estado revocó la sentencia apelada por la señora Arleth Tovio Barreto, en la que le
fue reconocido el 50% de la pensión de sobreviviente a cada una, providencia en la
que consideró que no hubo vulneración de los derechos fundamentales de la actora.
13.2. Manifestó que “[…] tanto a la esposa como a la compañera permanente les
fue reconocido su derecho en la proporción que la ley y la jurisprudencia señalan.
Es decir, lo cierto es que a la señora Sandiego García Girado no se le desconoció
su derecho, tal como se advierte en la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
pero a mi representada si se le reconoció su derecho como compañera permanente
del fallecido, esto es, en un 50% para cada una. […]”.
13.3. Adujo que se debe denegar la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
10
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 139 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 201910, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problema jurídico
16. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el
requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii)
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; iv) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo
y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; procediendo
posteriormente a vi) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y
90”.
10 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
11
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
18. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena11, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
19. Esta Sección adoptó12 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200513, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto
de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.
21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
13 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”14 que encaje en dichos parámetros.
22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que
este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201415.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedencia de subsidiariedad.
Acerca del requisito general de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
25. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos 86
superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 16, indica que la
solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener la
protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone su
procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
14 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
16 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
13
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
26. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para controvertir
la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un
perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto que dichos
mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los derechos
fundamentales.
27. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional17:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200918 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez que
recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción
determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con la
cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial. Las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer espacio
de protección de los derechos fundamentales de los asociados, especialmente en lo
que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en este sentido que la
sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos dirigidos a la
preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso, tal
como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por tanto, no es
admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho
fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso,
pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas
necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades procesales que
puedan afectarle.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el
mismo sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P.
Luis Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la
jurisdicción contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio
de defensa judicial.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del requisito
de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i) el juez
natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial; y iii)
la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
28. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
29. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
30. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
19 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
15
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
31. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
32. Atendiendo a que la Corte Constitucional3 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
16
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional20 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
35. La actora, a través de apoderado21, presentó acción de tutela contra la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y el Tribunal
Administrativo de Bolívar, porque, a su juicio, con ocasión a que “[…] jamás fue
notificada personalmente del auto admisorio de la DEMANDA O MEDIO DE
CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, ni tampoco
jamás ha sido notificada en legal forma por el emplazamiento […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el número único de radicación 130012333000201900266-
01, vulneraron indicados supra.
20 Corte Constitucional, sentencia C - 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “5ED_Poder(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2”.
Archivo aportado en forma digital.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
36. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
37. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema jurídico
planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
38. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
38.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 130012333000201900266-01.
38.2. Copia de los informes allegados por las autoridades judiciales demandadas y
de los terceros con interés legítimo.
Solución del caso concreto
39. La actora en su escrito de tutela solicitó lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales invocados por la parte
accionante SANDIEGO GARCIA GIRADO, identificada con CC No. 33.116.645 al
DEBIDO PROCESO, LA CONFIGURACIÓN DE VIA DE HECHO, DERECHO DE
DEFENSA Y EL DE CONTRADICCIÓN, EL ACCESO A LA ADMINISTRACCIÓN DE
JUSTICIA, VIOLACION A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL
SOBRE EL DERECHO PROCESAL Y EL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL
MINIMO VITAL.
SEGUNDO: Decretar la nulidad del proceso con número de radicado
13001233300420190026600 instaurado por la señora ARLETH DEL CARMEN
TOVIO BARRETO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES Y SANDIEGO GARCIA GIRADO, a partir de la notificación del auto
admisorio de la demanda y demás tramites y actuación es posteriores, entre estos,
dejar sin efectos las sentencia dictada el día 21 de marzo del año 2024 por el
CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
18
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
• SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B, que revocó la del día 29 de abril del año
2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE
DECISIÓN No. 02, sin perjuicio de las pruebas recaudadas y se le tenga notificada
por conducta concluyente a la señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, del auto
admisorio de la demanda instaurada por ARLETH DEL CARMEN TOVIO BARRETO
contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES Y
SADIEGO GARCIA GIRADO y le corran los términos para ejercer su derecho de
defensa y contradicción dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que cursa ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR.
TERCERO: Se proceda a dejar sin efectos, o en su defecto, ordenar la suspensión
de la resolución SUB 449955 del 24 de diciembre del año 2024, RADICADO-
2024_26750576_10-2024_23413697, expedida por la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, y que acató la sentencia del 21
de marzo del año 2024 despachada por el CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B,
que revocó la sentencia del 29 de abril del año 2022 , proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN No. 02, hasta que la
jurisdicción Administrativa dirima la controversia suscitada entre las presuntas esposa
y compañera permanentes del finado GUSTADO RAFAEL VILLAREAL PACHECO.
[…]”.
39.1. Como fundamento de su solicitud, la actora señaló que22:
“[…] 17. La señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, no cuenta con otro mecanismo
de defensa a su favor, para poder hacer valer sus derechos fundamentales al debido
proceso, derecho a la defensa y derecho de contradicción y por ende no pudo
acceder a la administración de justicia oportunamente con miras a ser escuchada,
poder defenderse y contradecir el medio de control instaurado en su contra y llevar
pruebas fehacientes al mismo y que se tengan en cuenta dentro del medio de control,
dado que la señora ARLETH DEL CARMEN TOVIO BARRETO, en su calidad de
demandante y atendiendo las sentencias están ejecutoriadas, (i)ya acudió al fondo de
pensiones COLPENSIONES e hizo efectiva la resolución a su favor, (ii)igualmente
dicha señora está percibiendo desde finales del mes de enero y comienzo de febrero
de 2025 la mesada pensional del mes de enero de 2025 en un 50% y mientras
tanto la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO se le ha reducido en el 50% su mesada
pensional que venía disfrutando, lo que vulnera su mínimo vital.
18. De otro lado, no es posible acudir al recurso de revisión en este caso, habida
cuenta que no se estructura causal alguna para ello. En efecto, de acuerdo con el
artículo 31 de la Ley 712 de 2001, la revisión procede cuando: (i) la sentencia se
hubiese fundamentado en documentos falsos; (ii) la sentencia se apoye en
declaraciones de personas condenadas por el delito de falso testimonio; (iii) se
demuestre que la decisión fue determinada por un delito del juez; y (iv) el
apoderado judicial hubiese incurrido en infidelidad de los deberes
profesionales en perjuicio de su cliente, siempre que ello haya determinado la
decisión. El caso que nos ocupa no se adecúa a ninguna de esas causales, en
ese sentido, el requisito de subsidiariedad se cumple en este evento por ello.
[…]”.
[…]
“[…] 22. Existió un defecto procedimental por omisión dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho adelantado contra la administradora
Colombiana de pensiones - Colpensiones y la señorea SANDIEGO GARCÍA
GIRADO, el cual consistió en que no se le notificó personalmente en legal forma del
22
Transcripción literal del texto
19
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
auto admisorio de la demanda a la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, y tampoco
se le ha notificado en legal forma por el emplazamiento a la misma SAN DIEGO
GARCIA GIRADO, por ende no hubo la comparecencia al medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho que ha interpuesto la señora ARLETH DEL CARMEN
TOVIO BARRETO, contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES - COLPENSIONES y en contra de la señora SAN DIEGO GARCIA
GIRADO, lo que de paso a esta última cercenó su derecho a la igualdad, a la
defensa y contradicción constitucional y al libre acceso a la administración
judicial y su mínimo vital; adelantándose un proceso a sus espaldas, en
consecuencia, y de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración
como los derechos vulnerados se encuentran identificados dentro de esta acción de
tutela. Ahora bien, sin que sea posible en este momento procesal alegar tal
vulneración dentro del mismo proceso o medio de control de la referencia,
habida cuenta existe sentencia ejecutoriada. Inclusive resolución emanada de
Colpensiones que actualmente empezó a dar cumplimiento a las sentencias, en
tanto, esta acción de tutela es el único mecanismo de defensa con que cuenta la
accionante.
23. Nos encontramos frente a una posible causación de un perjuicio irremediable,
por lo que se hace urgente la intervención del Juez constitucional; debiendo aclararse
que el recurso extraordinario de revisión del art. 248 del CPACA no es un mecanismo
idóneo para resolver la controversia planteada y dentro de ella no es posible hacer
uso de las causales del art. 250 de la misma normatividad, por cuanto estamos en
presencia de una señora de la tercera edad y con poca expectativa de tiempo de vida;
en síntesis por el hecho de que a la accionante se le haya adelantado un juicio a sus
espaldas y violado sus derechos al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y
el acceso a la administración de justicia y atentar por ende contra su mínimo vital,
inclusive el derecho a la igualdad con que ella cuenta. Por ello, la tutela procede como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la disminución de su
mesada pensional de manera sorpresiva podrá causar un impacto emocional y la
lesión continua a su mínimo vital de la pensionada, el cual venía percibiendo. […]”.
“[…] 25. A la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, se le vulneró su derecho
constitucional establecido en el artículo 29 de la carta magna, que a su vez, deriva
en una causal de nulidad establecida en el artículo 161 del C.G.P, al cual se acude
por vía de aplicación de normas en materia de la jurisdicción administrativa . […]”.
40. La Sala considera que, la solicitud de tutela no cumple con el requisito general
de procedencia de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela, en la medida
en que, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, se
observa que, de conformidad con el artículo 13323 del Código del Código General
23
ARTÍCULO 133. CAUSALES DE NULIDAD. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos: 1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de
competencia. 2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso
legalmente concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. 3. Cuando se adelanta después de
ocurrida cualquiera de las causales legales de interrupción o de suspensión, o si, en estos casos, se reanuda
antes de la oportunidad debida. 4. Cuando es indebida la representación de alguna de las partes, o cuando
quien actúa como su apoderado judicial carece íntegramente de poder. 5. Cuando se omiten las oportunidades
para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la
ley sea obligatoria. 6. Cuando se omita la oportunidad para alegar de conclusión o para sustentar un recurso o
descorrer su traslado. 7. Cuando la sentencia se profiera por un juez distinto del que escuchó los alegatos de
conclusión o la sustentación del recurso de apelación. 8. Cuando no se practica en legal forma la notificación
del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque
sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a
cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a
20
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
del Proceso24, la actora contaba, previo al cumplimiento de los requisitos legales,
con los medios legales de defensa para controvertir lo planteado en la presente
acción de tutela.
41. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que, con fundamento en la ley, existe
en el caso sub examine otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la
protección de los derechos fundamentales de la actora, previo al cumplimiento de
los requisitos legales, para poner en conocimiento del juez natural sus
inconformidades planteadas en el presente escrito de tutela, como lo fueron las
posibles irregularidades en que incurrieron la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Bolívar.
Análisis del perjuicio irremediable
42. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
43. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la acción
de tutela, la Corte Constitucional25 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”26[…]”.
cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado. Cuando en el curso del proceso se
advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto admisorio de la demanda o del
mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación
posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código.
PARÁGRAFO. Las demás irregularidades del proceso se tendrán por subsanadas si no se impugnan
oportunamente por los mecanismos que este código establece.
24 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
25 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
21
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
44. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la actora se encuentre
en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
45. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo para
lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan otros
recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de los
afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
46. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela que presentó la actora
contra las autoridades judiciales accionadas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
22
Núm. único de radicación: 110010315000202500974-00
Actora: Sandiego García Girado
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.