Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00974-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00974-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00974-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
12 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D. C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00974-01
Demandante: Sandiego García Girado
Demandados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Nulidad y
restablecimiento del derecho. Defecto procedimental. Revoca.
Ampara.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala1 decide la impugnación presentada por la parte actora contra la
Sentencia de 3 de abril de 2025, proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado que declaró improcedente la acción de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
2. El 20 de febrero de 2025, Sandiego García Girado, a través de apoderado,
presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la que alegó la
vulneración de sus derechos al debido proceso (defensa), acceso a la
administración de justifica e igualdad. Según su escrito, dichas garantías habrían
sido transgredidas con las Sentencias de 29 de abril de 2022 y 21 de marzo de 2024
proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-
23-33-000-2019-00266-00/01. En consecuencia, a través de este mecanismo
constitucional solicitó que:
«PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales invocados por la parte accionante
SANDIEGO GARCIA GIRADO, identificada con CC No. 33.116.645 al DEBIDO
PROCESO, LA CONFIGURACIÓN DE VIA DE HECHO, DERECHO DE DEFENSA Y
EL DE CONTRADICCIÓN, EL ACCESO A LA ADMINISTRACCIÓN DE JUSTICIA,
VIOLACION A LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL
DERECHO PROCESAL Y EL DERECHO A LA IGUALDAD Y AL MINIMO VITAL.
SEGUNDO: Decretar la nulidad del proceso con número de radicado
13001233300420190026600 instaurado por la señora ARLETH DEL CARMEN TOVIO
BARRETO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE
PENSIONESCOLPENSIONES Y SANDIEGO GARCIA GIRADO, a partir de la
notificación del auto admisorio de la demanda y demás tramites y actuación es
posteriores , entre estos, dejar sin efectos las sentencia dictada el día 21 de marzo del
año 2024 por el CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B, que revocó la del día
29 de abril del año 2022 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR,
SALA DE DECISIÓN No. 02, sin perjuicio de las pruebas recaudadas y se le tenga
1
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del
Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para
conocer del proceso de la referencia.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00974 01
Accionante: Sandiego García Girado
notificada por conducta concluyente a la señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, del
auto admisorio de la demanda instaurada por ARLETH DEL CARMEN TOVIO
BARRETO contra ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-
COLPENSIONES Y SADIEGO GARCIA GIRADO y le corran los términos para ejercer
su derecho de defensa y contradicción dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que cursa ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR.
TERCERO: Se proceda a dejar sin efectos, o en su defecto, ordenar la suspensión de
la resolución SUB 449955 del 24 de diciembre del año 2024, RADICADO-
2024_26750576_10-2024_23413697, expedida por la ADMINISTRADORA
COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, y que acató la sentencia del 21 de
marzo del año 2024 despachada por el CONSEJO DE ESTADO EN SU SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA –SUBSECCION B, que
revocó la sentencia del 29 de abril del año 2022 , proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, SALA DE DECISIÓN No. 02, hasta que la
jurisdicción Administrativa dirima la controversia suscitada entre las presuntas esposa
y compañera permanentes del finado GUSTADO RAFAEL VILLAREAL PACHECO.»
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la parte actora indicó
que el 10 de enero de 2025 recibió un comunicado por parte de la Administradora
Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES, en la que se le indicó que debía
acercarse a la entidad para ser notificada de un trámite con relación a un
reconocimiento de pensión de sobreviviente con radicado No. 2025_26995865 de
24 de diciembre de 2024.
4. El 13 de enero de 2025, se dirigió a COLPENSIONES y se le notificó la
Resolución SUB-449955 de 24 de diciembre de 2024, mediante la cual dio
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia de 21 de marzo de 2024, que (i) declaró
la nulidad parcial de la Resolución GNR-160849 del 27 de mayo de 2016, por medio
de la cual había reconocido a la señora García Giraldo el 100% de la pensión de
vejez que devengaba Gustavo Rafael Villareal Pacheco, en calidad de cónyuge
supérstite; (ii) declaró la nulidad total de la Resolución GNR-57132 de 22 de febrero
de 2017, que había negado la sustitución pensional a Arleth del Carmen Tovio
Barreto, en calidad de compañera permanente del causante; y (iii) ordenó el
reconocimiento y pago de la sustitución pensional del señor Villareal Pacheco, en
partes iguales, esto es, un 50% para cada una de las antes mencionada (una en
calidad de compañera permanente y otra de cónyuge), a partir del 26 de marzo de
2016.
5. El 27 de enero de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar remitió copia del
expediente digital a la hoy accionante, en atención a un derecho de petición que
esta había radicado ante dicha autoridad judicial, con el fin de revisar todas las
actuaciones surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado No. 13001-23-33-000-2019-00266-00/01.
6. Como fundamentos de derecho, la accionante sostuvo que el Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrió en un defecto procedimental por omisión,
consistente en que no se le notificó personalmente el auto admisorio de la demanda,
ni se le notificó en debida forma el emplazamiento realizado por Arleth del Carmen
Tovio Barreto. Indicó que dicho emplazamiento se dirigió a una persona diferente,
toda vez que en el edicto emplazatorio se incurrió en un error en su apellido, al
registrarse como «Tirado» en lugar de «Giraldo». Además, advirtió que el número
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Accionante: Sandiego García Girado
de cédula que se incluyó en el Registro Nacional de Personas Emplazadas no
correspondía al suyo. Pese a la existencia de aquellas irregularidades, el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho continuó su curso.
7. Afirmó que en el expediente que le fue remitido por el Tribunal Administrativo
de Bolívar no se encontraba la constancia de publicación del edicto emplazatorio.
Señaló que lo único que se realizó fue el registro correspondiente en el Registro
Nacional de Personas Emplazadas, el cual igualmente incurrió en un error al
identificar a la hoy accionante bajo un número de cédula totalmente diferente.
8. Argumentó que no contaba con otro mecanismo de defensa judicial para hacer
valer sus derechos fundamentales al debido proceso (defensa) y acceso a la
administración de justicia, dado que se trata de una persona adulta mayor de 85
años, con diversas patologías en su salud. En tal sentido, explicó que acudir al
recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de Estado resultaría
desproporcionado, pues ese trámite podría tardar varios años, agravando aún más
su situación, considerando su expectativa de vida.
9. Señaló que COLPENSIONES, autoridad que fungió como parte demandada
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, había aportado al
expediente documentación del trámite administrativo en la que se evidenciaba la
dirección de residencia de Sandiego García Giraldo. Información, a su juicio,
permitía integrar debidamente el contradictorio y efectuar la notificación a la hoy
accionante conforme a lo establecido en la ley procesal.
Intervenciones2
10. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó
que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se negara el
amparo deprecado. Adujo que el caso que carecería de relevancia constitucional,
pues consideró que la discusión planteada por la accionante frente al fallo
cuestionado se reducía a un desacuerdo con su resultado, pretendiendo convertir
la acción de tutela en una instancia adicional a las ya surtidas dentro del proceso
ordinario. Sostuvo que la accionante no promovió la nulidad de lo actuado dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento, lo que evidenciaba que contaba con otros
mecanismos judiciales para la protección de sus derechos fundamentales.
11. Indicó que en caso de considerarse procedente la acción, debía negarse el
amparo solicitado, por cuanto en el expediente se constató que sí se había
ordenado la notificación personal de la hoy accionante. No obstante, al no ser
posible su realización, se procedió a su emplazamiento y se designó un curador ad-
litem, con el fin de garantizar el derecho al debido proceso, lo cual, a su juicio,
desvirtuaba la alegada configuración de un defecto procedimental.
2
Mediante Auto de 25 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia y se ordenó su notificación a la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y al Tribunal Administrativo de Bolívar, y vincular a
COLPENSIONES y a Arleth del Carmen Tovío Barreto, en calidad de terceros con interés.
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Accionante: Sandiego García Girado
12. El Tribunal Administrativo de Bolívar solicitó su desvinculación del trámite
y sostuvo que la acción de tutela resultaba improcedente, por cuanto no se presentó
irregularidad procesal ni se configuró vulneración de derechos fundamentales que
afectara la validez del trámite, dado que las actuaciones se surtieron conforme a los
parámetros establecidos en las Leyes 1437 de 2011 (CPACA) y 1564 de 2012
(CGP).
13. Destacó que la hoy accionante estuvo representada por un curador ad-litem,
quien contaba con facultades procesales para solicitar la nulidad de las actuaciones,
como las que fueron señaladas en el escrito de tutela.
14. Manifestó que, frente a una eventual falta de notificación o notificación
defectuosa, la accionante tenía la posibilidad de alegar dicha situación en distintos
escenarios procesales, entre ellos, el recurso extraordinario de revisión, en los
términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA. En consecuencia, concluyó que
la accionante disponía de otros mecanismos de defensa judicial para controvertir
las supuestas falencias advertidas.
15. COLPENSIONES solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela,
al considerar que no se materializó ningún vicio, defecto o vulneración de derechos
fundamentales atribuible a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado. Señaló que la acción resultaba improcedente, toda vez que existían
mecanismos para controvertir lo planteado por la parte actora, por lo que no podía
utilizarse la tutela como una tercera instancia.
16. Indicó que debía negarse el amparo solicitado, ya que los hechos y derechos
invocados por la accionante ya habían sido objeto de análisis judicial y no se
demostró que se le hubieran vulnerado los derechos fundamentales invocados en
el escrito de tutela.
17. La Secretaría General del Tribunal Administrativo de Bolívar rindió
informe en el que detalló cada una de las actuaciones realizadas en relación con las
notificaciones efectuadas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Sostuvo que todas las diligencias fueron notificadas en debida forma.
18. Arleth del Carmen Tovio Barreto solicitó negar la acción de tutela,
argumentando que no se materializó vulneración alguna al debido proceso, toda vez
que la notificación se efectuó conforme a lo previsto en los artículos 180 y 293 del
Código General del Proceso (CGP). Además, indicó que posteriormente se designó
curador ad-litem para representar a la hoy accionante.
19. Señaló que durante el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se
demostró que ambas partes contaban con el derecho a la pensión de sobreviviente,
situación que impedía predicar la existencia de una vulneración de derechos.
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Sentencia impugnada
20. El 3 de abril de 2025, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la
improcedencia de la acción de tutela al concluir que no se cumplió con el requisito
de subsidiariedad, dado que la actora contaba con medios legales de defensa para
controvertir lo planteado en la acción de tutela, mecanismo constitucional destinado
a garantizar la protección de derechos fundamentales.
21. Evidenció que no existía un perjuicio irremediable que justificara la
procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Sostuvo que, del análisis del
acervo probatorio, no era posible establecer que la hoy accionante se encontrara en
una situación de debilidad manifiesta que impusiera la adopción de medidas
urgentes, impostergables e inmediatas para proteger sus derechos fundamentales.
22. Por lo anterior, consideró que la acción de tutela no constituía un mecanismo
alternativo para la protección de los derechos alegados, dado que es un mecanismo
residual y subsidiario, procedente únicamente cuando no existan otros recursos o
medios judiciales que permitan salvaguardar los intereses de los afectados.
Impugnación
23. La parte actora sostuvo que no compartía los argumentos de la decisión de
tutela de primer grado, toda vez que se pasaron por alto situaciones que guardan
relación entre las circunstancias de hecho y la trasgresión de los derechos
fundamentales que fueron vulnerados dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Concretamente alegó:
«La tesis del despacho es que no se no cumple con el requisito general de procedencia
de subsidiariedad que caracteriza a la acción de tutela.
Si se estudia con detenimiento los relatos contentivos de antecedentes de hechos
plasmados en la acción de tutela, se evidenciará que, trata de un PROCESO DE
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO en el cual no se vinculó en legal
forma a la demandada, tercera o Litis consorte necesaria SANDIEGO GARCIA
GIRADO, identificada con CC # 33.116.845, quien actualmente tiene 85 años de edad
y padece varias patologías que aquejan su salud y para colmo de males se le reduce
su pensión de sobreviviente al 50%.
Si se estudia con detenimiento el caso específico se evidenciará que, a quien se notificó
mediante emplazamiento fue a otra persona diferente: “SANDIEGO GARCIA TIRADO”,
con número de cedula totalmente diferente y no a la señora SANDIEGO GARCIA
GIRADO. (Ello se acreditó en el expediente remitido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar- Ver constancia de emplazamiento entregada por el abogado actor).
En ese sentido, y también al no realizar el emplazamiento en la forma ordenada por el
tribunal administrativo de Bolívar, en un día domingo y en el periódico expresado por el
ese despacho, configuran que la señora SANDIEGO GARCIA GIRADO, identificada
con CC # 33.116.845, jamás fue legalmente vinculada, en el entendido a ella no se le
surtió el emplazamiento.
Ello se plasma nítidamente del acervo probatorio contentivo del expediente remitido por
el Tribunal administrativo de Bolívar. Incluso otras falencias se dan cuenta, como la
dirección de la señora SAN DIEGO GARCIA GIRADO, aparece numerosas veces en
el expediente administrativo remitido al despacho por Colpensiones y decretada como
prueba en ese proceso, y jamás se le surtió la notificación por esa vía.»
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24. Sumado a lo anterior, señaló que la Sección Primera del Consejo de Estado
pasó por alto que la hoy accionante es una mujer de la tercera edad, con 85 años,
y que presenta múltiples «achaques» de salud.
25. Afirmó que si bien en la sentencia se declaró improcedente la acción de tutela
bajo la tesis de que existen otros mecanismos de defensa judicial para garantizar la
protección de los derechos fundamentales, el fallo no profundizó en cuáles eran
esos mecanismos legales con los que contaba la parte actora, limitándose a una
mención general del artículo 133 del Código General del Proceso.
II. CONSIDERACIONES
Cuestión previa
26. Revisado el escrito de tutela se advierte que los reparos de la accionante
están dirigidos a dejar sin efectos la Sentencia de 21 de marzo de 2024. No
obstante, y para efectos del requisito de procedibilidad de inmediatez se tendrá en
cuenta la fecha en que la señora García Girado tuvo conocimiento del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-23-33-000-2019-00266-00/01. Es
decir, el 13 de enero de 2025, esto es, cuando le cual fue notificada de la Resolución
No. SUB-449955 por medio de la cual se dio cumplimiento a la sentencia objeto de
reproche en la presente acción constitucional.
27. En relación con la solicitud de desvinculación presentada por parte del
Tribunal Administrativo de Bolívar, esta Sala la negará pues el resultado de la
controversia podría ser de su interés, teniendo en cuenta que fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, si la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado incurrió en un defecto procedimental por omisión al proferir la
Sentencia de 21 de marzo de 2024, por la indebida notificación dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual le impidió tener conocimiento
oportuno de las actuaciones procesales y afectó directamente su derecho al debido
proceso (defensa), acceso a la administración de justicia e igualdad.
Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
29. La presente acción de tutela resulta procedente porque: (1) se orientó a
lograr el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso (defensa),
acceso a la administración de justicia e igualdad, de cara una presunta indebida
notificación dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, es decir,
la controversia cuenta con relevancia constitucional; (2) se tiene acreditada la
legitimación, tanto activa como pasiva, porque Sandiego García Girado es la titular
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de las garantías mencionadas y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado fue la autoridad que profirió la Sentencia de 21 de marzo de
20243; (3) hubo un plazo razonable entre la vulneración alegada (13/01/2025) y la
presentación de la acción de tutela (20/02/2025); (4) cuestionó una irregularidad
procesal relevante, pues se trató de la presunta una indebida notificación de la
admisión de la demanda de un proceso que trajo consigo la disminución del 50%
de la mesada pensional que le había sido reconocida previamente; (5) se
identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los
cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales; y (6) la tutela no se
interpone contra una providencia de igual naturaleza.
30. Ahora bien, en relación al presupuesto de subsidiariedad es necesario
mencionar que, contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primer grado, a pesar
de existir otros mecanismos judiciales para controvertir las decisiones adoptadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, concretamente, el
recurso extraordinario de revisión bajo la causal 5 del artículo 250 del CPACA, en
el presente caso se justifica la procedencia excepcional de la acción de tutela a ser
la parte actora una persona de la tercera edad, situación que da lugar al deber
reforzado de protección por parte del juez constitucional y exige la adopción de
medidas inmediatas que eviten perjuicios irremediables4. Adicionalmente, se
advierte que la accionante cuenta con múltiples padecimientos de salud, tales como
hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo II, cardiopatía isquémica, enfermedad
renal crónica (erc) avanzada, accidente cerebrovascular isquémico (acv isquémico),
enfermedad carotidea con manejo endovascular, hipoacusia (sorda) y gonalgia
bilateral. Situaciones que fueron demostrados mediante la historia clínica5 aportada
en el proceso.
31. Comoquiera que la acción de tutela es procedente, la Sala revocará la
decisión de primer grado y estudiará el fondo de la controversia.
Análisis de vulneración alegada: estudio de defecto
32. La Sala concederá la solicitud de amparo, por las razones que pasan a
explicarse:
3
Notificada el 15 de junio de 2024.
4
De conformidad con las reiteraciones jurisprudenciales de la Corte Constitucional, tal como lo mencionó en la Sentencia T-
083 de 2023. «De acuerdo con el artículo 13 de la Constitución, el Estado debe promover las medidas necesarias para
garantizar la igualdad real y efectiva para los grupos históricamente discriminados o marginados. Asimismo, le corresponde
otorgarles una protección especial a aquellas personas que por su situación económica, física o mental estén en una condición
de debilidad manifiesta. A su turno, el artículo 46 superior, establece expresamente una protección especial en favor de las
personas de la tercera edad y radica en cabeza de las autoridades la garantía de la seguridad social integral. A partir de lo
anterior, la Corte ha establecido que los adultos mayores, los ancianos y las personas de la tercera edad son sujetos de
especial protección por parte del Estado.
Los adultos mayores son las personas que superan los 60 años o “que, sin superar esa edad, pero con más de 55 años,
tenga[n] condiciones de desgaste físico, vital y psicológico [que] así lo determinen. Las personas de la tercera edad son los
adultos mayores que han superado la esperanza de vida establecida por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE). Para el 2023, esta se estimó para las mujeres en 80 años, para los hombres en los 73 años y para ambos
sexos la edad de 76 años. Por consiguiente, una persona se considera de la tercera edad cuando supera esa edad. Teniendo
en cuenta lo expuesto, las personas de la tercera edad gozan de protección reforzada por parte del Estado. Tratándose del
estudio de procedencia de la acción de tutela promovida por personas de la tercera edad, les corresponde a los jueces valorar
dicha circunstancia junto con otros elementos, como la situación socioeconómica y la condición de salud. El análisis conjunto
de estos factores permite determinar la eficacia de los medios ordinarios de defensa judicial. Esto con el propósito de que no
se les adjudique a personas vulnerables una espera infructuosa y perjudicial, al extremo de que el sujeto permanezca a la
espera de una decisión mientras existe una vulneración o amenaza de sus garantías fundamentales.»
5
Historia clínica de 1 de febrero de 2024, 14 de marzo de 2024, 12 de julio de 2024 y 13 de enero de 2025, donde se señalan
las condiciones de salud de la señora Sandiego García Girado.
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33. La accionante fundamentó la acción de tutela en que el Tribunal Administrativo
de Bolívar y la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
continuaron con el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, a pesar de la
indebida notificación de la demanda, incurriendo, a su juicio, en un defecto
procedimental.
34. Al respecto, se observa que dentro del expediente digital del proceso de
nulidad y restablecimiento, se probó que: (i) Arleth del Carmen Tovio Barreto
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
COLPENSIONES y de la señora Sandiego García Girado; (ii) no se logró la
notificación personal de esta última, toda vez que la parte demandante manifestó
no conocer su dirección de notificación; (iii) COLPENSIONES fue debidamente
notificada, contestó la demanda y aportó el expediente administrativo del causante,
así como información relacionada con la señora García Girado; (v) el Tribunal
Administrativo de Bolívar ordenó el emplazamiento de quien identificó como
Sandiego García «Tirado», con cédula de ciudadanía No. 9.057.404; y (v) el edicto
fue publicado y registrado en el Registro Nacional de Emplazados con dicha
información.
35. Frente a estos hechos, la Sala advierte que tanto el Tribunal Administrativo de
Bolívar como la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrieron en un defecto procedimental, al haber pasado por alto que el nombre
correcto de la demandada era Sandiego García Girado y no «Tirado», y que su
número de cédula de ciudadanía era 33.116.845 y no «9.057.404». Esta falta de
individualización adecuada de la parte demandada condujo a una notificación
indebida mediante emplazamiento, en contravía de lo dispuesto en los artículos 108
y 293 del Código General del Proceso, afectando sustancialmente el derecho al
debido proceso y de contera el ejercicio efectivo de defensa de la hoy accionante.
36. Por otro lado, se reprocha a las autoridades judiciales haber omitido la
valoración de las pruebas aportadas por COLPENSIONES, en las cuales constaba
información relevante sobre la señora Sandiego García Girado, como su dirección
de domicilio, número de cédula y otros documentos que habrían permitido
individualizarla adecuadamente y garantizar una notificación válida. La omisión en
el análisis de dicha prueba condujo a una notificación defectuosa y ello, a su turno,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración
de justicia e igualdad. A pesar de esta situación, los jueces decidieron continuar el
proceso sin verificar la correspondencia entre la información del edicto emplazatorio
y los datos reales de la demandada, limitándose a designar un curador ad-litem
como supuesto mecanismo de protección de sus derechos.
37. Ahora bien, si bien se nombró un curador ad-litem para representar a la
accionante durante el proceso, dicha designación no subsanó el defecto de
notificación ni garantizó de forma plena su derecho de defensa. El curador ad-litem
actúa como representante judicial cuando la persona no comparece al proceso pese
a ser necesaria su vinculación, pero esta figura presupone una notificación válida y
una correcta que de suyo implica la identificación de la parte ausente. En el presente
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Accionante: Sandiego García Girado
caso, la errada identificación (nombre y número de cédula incorrectos) y el
consecuente emplazamiento inválido impidieron que la señora García Girado
tuviera un conocimiento real y efectivo del proceso desde su inicio, limitando
sustancialmente la capacidad del curador para ejercer una defensa adecuada. Por
tanto, la designación del curador no subsana el defecto procedimental ni elimina la
vulneración del debido proceso.
38. En consecuencia, al verificarse la configuración de un defecto procedimental
absoluto derivado de la indebida notificación del auto admisorio de la demanda,
resulta imperativo retrotraer todas las actuaciones procesales surtidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 13001-23-33-000-2019-
00266-00/01 hasta la expedición de aquella providencia (auto admisorio). Esta
irregularidad, al afectar directamente el derecho al debido proceso (defensa y
contradicción) de la señora García Girado, comprometió la validez de todas las
actuaciones posteriores a la admisión de la demanda. Por tanto, se impone la
necesidad de corregir dicha falencia mediante la reanudación del trámite a partir del
auto admisorio, garantizando su notificación en debida forma. Solo de esta manera
se podrá restablecer la legalidad del procedimiento y asegurar el respeto pleno del
debido proceso y el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de la parte
afectada.
39. Debe destacarse que el derecho fundamental al debido proceso no solo
comprende el derecho a ser oído, sino también el derecho a ser debidamente
notificado, ya que esta última garantía es la que permite el conocimiento efectivo
del proceso y la posibilidad real de ejercer la defensa. La incorrecta individualización
y notificación de la accionante representa una afectación grave a sus derechos
fundamentales, que compromete la validez de todo lo actuado y la confianza
legítima en la administración de justicia.
40. En conclusión, se ordenará retrotraer las actuaciones procesales adelantadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho hasta el momento en
que se admitió la demanda, como única medida idónea para restablecer las
garantías vulneradas y asegurar la tutela efectiva de los derechos fundamentales
de la accionante. No obstante, es preciso aclarar que las pruebas válidamente
recaudadas durante el trámite deberán conservarse y ser valoradas dentro de la
nueva secuencia.
Conclusión
41. Con los anteriores argumentos, la Sala revocará la decisión de primera
instancia emitida por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente la solicitud de amparo, y en su lugar, concederá la acción de tutela
por encontrarse configurado el defecto procedimental por omisión en los términos
alegados por la parte actora.
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 00974 01
Accionante: Sandiego García Girado
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
TERCERO: REVOCAR la Sentencia de 3 de abril de 2025 de la Sección Primera
del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela presentada
por Sandiego García Girado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho al debido proceso de Sandiego García Girado,
por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS las actuaciones procesales, incluidas las
sentencias de primera y segunda instancia, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 13001-23-33-000-2019-00266-00/01, hasta el
auto admisorio de la demanda, con el fin de que se surta su debida notificación. En
consecuencia, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Bolívar para que, dentro de
las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia de tutela, notifique en
debida forma el auto admisorio de la demanda y rehaga el trámite del mencionado
proceso de forma expedita.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente de tutela a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior sentencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado Electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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