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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00977-01

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00977-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 21 de marzo de 2025, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, objeto de impugnación. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00977-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

22 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00977-01
Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)

Bogotá D.C, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00977-01
Demandante: GLORIA STELLA GUTIÉRREZ ORTEGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN F Y OTROS

Tema: Tutela contra providencia judicial. Pretensiones tramitadas bajo
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia de 21 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, que resolvió:

«PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Gloria
Stella Gutiérrez Ortega contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 50 Administrativo de Bogotá, por las razones
expuestas…»

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de febrero de 2025, la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega, mediante
apoderado, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al trabajo, igualdad, seguridad social, debido proceso y el principio de
la primacía de la realidad. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«1. Proteja los derechos fundamentales de la demandante al trabajo, igualdad, seguridad
social, debido proceso y al principio de primacía de la realidad.

2. Ordenar al Juzgado Cincuenta (50) Administrativo del Circuito de Bogotá y al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, que emitan un fallo de
reemplazo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, tomando en cuenta
los lineamientos de la presente tutela y garantizando el análisis de las pruebas bajo el
principio de primacía de la realidad.»

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El 9 de marzo de 2012, la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega inició su vinculación
con la Comisión Nacional del Servicio Civil, de ahora en adelante CNSC, mediante

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Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

contrato de prestación de servicios para desarrollar actividades relacionadas con la
gerencia de convocatorias y procesos misionales de la entidad.

Desde el 9 de marzo de 2012 hasta el 24 de febrero de 2020, celebró contratos
sucesivos con la CNSC, con interrupciones menores a un mes, salvo la interrupción
que ocurrió entre el 31 de diciembre de 2013 y el 11 de noviembre de 2014. Durante
este tiempo, desempeñó funciones permanentes como coordinación de
convocatorias, supervisión de procesos de selección y elaboración de informes.

En febrero de 2022, la actora solicitó a la CNSC el reconocimiento de la relación
laboral por el periodo en que prestó sus servicios, con el propósito de que se le
pagaran las prestaciones sociales que dejó de percibir. Dicha solicitud fue resuelta de
manera desfavorable mediante los Oficios 2022RS016579 del 18 de marzo de 2022 y
2022RS075205 del 21 de julio de 2022.

Contra los anteriores actos, la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega ejerció el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó que se ordenara a la
entidad demandada el reconocimiento de la relación laboral y las prestaciones
sociales que le hubiesen correspondido según el régimen salarial de la entidad
demandada, así como primas, vacaciones, bonificaciones, indemnizaciones, intereses
a las cesantías, sanción por el no pago oportuno de las cesantías, el pago de los
aportes a seguridad y caja de compensación familiar y demás dineros causados
durante el lapso de tiempo indicado y el reintegro de los valores pagados por concepto
de pólizas y de retención en la fuente.

El 21 de febrero de 2024, el Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones, porque, de la revisión del material probatorio, en particular de la prueba
documental, pudo establecer que, si bien prestó sus servicios a la CNSC en labores
de gestión administrativa, asesoría, estructuración y desarrollo de convocatorias para
concursos de méritos, no acreditó ni la efectiva continuidad en la prestación del
servicio1 ni el elemento subordinación2.

La parte actora interpuso recurso de apelación en el que cuestionó las conclusiones
del juez de primera instancia, con fundamento, entre otros argumentos, en que el
juzgado de primera instancia:

(i) Desconoció la continuidad en la prestación del servicio entre el año 2014 y
2020, porque asumió que los tiempos anteriores a noviembre de 2014 no
tuvieron relevancia jurídica, criterio que considera, desconoció la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

1 Lo anterior, porque los contratos aportados dieron cuenta que no existió prestación continúa e ininterrumpida entre el año 2012
hasta el 2019, sumado a que la certificación de la Dirección General de la Comisión Nacional del Servicio Civil precisó que la
prestación del servicio por parte de la señora Gutiérrez Ortega presentó una interrupción entre el 30 de diciembre de 2013 y el
12 de noviembre de 2014.
Adicionalmente, los objetos de los contratos correspondieron con las labores que adujo desarrollar y del expediente administrativo
estableció que su contratación se justificó con base en los estudios previos que demostraron la necesidad de contratar un
profesional especializado para la gerencia de las actividades inherentes al desarrollo de procesos de selección y por la
insuficiencia del personal de planta para cumplir con ese objeto.
2 El elemento subordinación, porque la prueba documental no resulto suficiente y la testimonial fue incluso más allá de las

afirmaciones de la demandante, lo que generó duda e incluso contrariedad, sin que las declaraciones a las que sí otorgó valor
suasorio no fueron suficientes para acreditar el aludido elemento.
Sobre el mismo elemento dijo que los correos electrónicos no daban cuenta de ese elemento y que no se demostró que cumpliera
funciones equivalentes en un cargo de planta de la entidad y porque la demandante nada indicó en relación con la forma en que
se hacía la supervisión de su contrato, que, fue ella misma quien realizó los aportes a salud, pensión y riesgos laborales.
A lo anterior se sumó, que no se configuró la exclusividad de la prestación personal del servicio, porque de manera coetánea
cumplía un contrato de prestación de servicios con otra entidad, lo que demostró la autonomía en disponer de su tiempo y cumplir
de manera concomitante las labores pactadas en ambas instituciones.
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(ii) Desconoció el término de duración contractual «estrictamente necesario»
que trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, pues su labor fue permanente
por un lapso superior a cinco años, en el que desarrolló actividades
misionales con personal de planta.

(iii) Restó valor probatorio a la declaración juramentada rendida en audiencia
pública virtual de la testigo Claudia Margarita Prieto Torres y al testimonio de
Constanza Del Pilar Guzmán. Así como, a su interrogatorio de parte, en el
que expuso las particularidades de su jornada de trabajo, que creditaban la
subordinación del servicio.

(iv) Adujo que las labores establecidas a la demandante son fortuitas o
esporádicas, lo que justificó la contratación de empleados de manera
continua, lo cual, a su juicio, solo distorsiona la esencia del contrato de
prestación de servicios, sino que también oculta una auténtica relación
laboral.

(v) Determinó la demandante estuvo vinculada con otra entidad por un período
de tres (3) meses en el año 2015, frente a lo cual, alegó que el contrato de
prestación de servicios no lo impedía. Además, adujo que no es procedente
que bajo este argumento se descarte la ausencia de subordinación por
cuanto solo se trató de un contrato que duró 3 meses dentro de los años en
que prestó servicios la parte actora.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
en sentencia del 3 de julio de 2024, confirmó la decisión de primera instancia, en la
que precisó que, sí se acreditaron los elementos de la prestación personal del servicio
y la remuneración por el trabajo cumplido, no ocurrió lo mismo con el elemento
subordinación y dependencia, pues, con argumentos semejantes a los de primera
instancia determinó que el material probatorio allegado al expediente no logró
acreditar ese elemento.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte actora hizo amplia relación de «referentes jurisprudenciales sobre el contrato
realidad» del Consejo de Estado3 y de la Corte Constitucional4, a su juicio, las
autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos fáctico, sustantivo,
procedimental, por desconocimiento del precedente judicial y por violación directa de
la Constitución.

Frente al defecto fáctico, sostuvo que, aunque se reconoció la prestación personal
del servicio y la remuneración, se desestimó de manera infundada el elemento de
subordinación, a pesar de que se aportaron pruebas testimoniales y documentales
que acreditaban órdenes, control jerárquico y cumplimiento de un horario establecido.

Cuestionó que el fallo ignorara la continuidad en la prestación del servicio entre
noviembre de 2014 y febrero de 2020, con base exclusivamente en una interrupción
contractual previa de casi once meses. Alegó que entre los contratos celebrados en
ese segundo periodo no existieron vacíos superiores a quince días y que en todo
momento continuó con el desarrollo de funciones propias del objeto misional de la

3 Entre ellas, las sentencias: del 30 de septiembre de 2021; M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; radicado 76001-23-33-000-2018-
00204 01(3307-20); de unificación del 9 de septiembre de 2021; radicado 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016); del 27
de enero de 2022; M.P. William Hernández Gómez, radicado 08001-23-31-000-2014-00666-01 (0527 2018) y, del 8 de octubre
de 2020; M.P. Carmelo Perdomo Cuéter; radicado 08001-23-33-000-2014-90305-01(2143-19).
4 Entre otras, citó las sentencias C-154 de 1997, T-388 de 2020, y T-366 de 2023.

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CNSC, lo que evidenciaba la necesidad permanente de su función y un uso indebido
del contrato de prestación de servicios para encubrir una verdadera relación laboral.

Asimismo, relacionó como desconocidos: (i) los memorandos internos y las directrices;
(ii) el horario de trabajo y asistencia; (iii) los testimonios presentados en el proceso,
puntualmente, el de la señora Claudia Margarita Prieto Torres y de Constanza del Pilar
Guzmán Manrique; (iv) la naturaleza de las funciones realizadas y, (v) el interrogatorio
de parte.

Punto en el cual resaltó que la jurisprudencia del Consejo de Estado establece que
cuando las actividades contratadas son permanentes, misionales y se ejecutan bajo
condiciones de subordinación, se configura una relación laboral. En este sentido,
afirmó que la labor como gerente de convocatorias implicaba no solo coordinación de
procesos, sino también emisión de actos administrativos, respuesta a requerimientos
y supervisión de todas las etapas del concurso, lo cual desbordaba la autonomía de
un simple contratista y encajaba dentro de una relación de trabajo real y subordinada.

Sobre el defecto sustantivo lo sustentó por el presunto desconocimiento de las
normas que regulan la materia y el principio constitucional de primacía de realidad y
en punto al defecto por violación directa de la Constitución relacionó como
desconocidos los artículos 13, 25, 29 y 48 de la Constitución Política.

4. Trámite previo

Mediante auto del 26 de febrero de 2025, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó notificar al tutelante y a las
autoridades judiciales demandadas. Adicionalmente, al presidente de la Comisión
Nacional del Servicio Civil y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposiciones

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
consideró que la acción de tutela no cumplía con el requisito de relevancia
constitucional, ya que pretende reabrir un debate ya resuelto en sede judicial ordinaria.
Según el tribunal, la tutela es usada como una tercera instancia para volver a discutir
hechos y argumentos que ya habían sido analizados y decididos en el proceso
ordinario, lo cual desnaturaliza su función constitucional.

Afirmó que en la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos invocados y señaló
que sí valoró adecuadamente el material probatorio aportado al proceso, incluidos
contratos, testimonios y demás documentos, con fundamento en los que concluyó que
no se acreditó el elemento de subordinación necesario para establecer una relación
laboral, pues las funciones desarrolladas por la actora eran propias de un contratista
independiente, sin restricciones contractuales que limitaran su autonomía.

Finalmente, destacó que la actora incluso celebró un contrato simultáneo con el
Ministerio de Justicia, lo cual desvirtúa cualquier alegato de exclusividad o
dependencia laboral con la CNSC.

Por tanto, afirmó que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados y que
la providencia impugnada está debidamente motivada y ajustada a derecho,
solicitando que se negara la tutela por improcedente.

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El Juzgado Cincuenta Administrativo de Bogotá adujo que la acción de tutela fue
utilizada como una tercera instancia para cuestionar una valoración probatoria
previamente realizada con base en el debido proceso y sin arbitrariedad alguna.

El juzgado reiteró que, si bien se acreditaron los elementos de la prestación personal
del servicio y la remuneración, no se demostró el elemento clave de subordinación.
Se identificaron inconsistencias en los testimonios sobre horarios y cumplimiento de
órdenes, así como la falta de pruebas que evidenciaran control jerárquico directo o
dependencia funcional de la actora frente a la entidad. Además, destacó la existencia
de interrupciones contractuales, el carácter autónomo de la ejecución de los contratos
y la simultaneidad de la prestación de servicios a otra entidad pública, lo que indicaba
falta de exclusividad y autonomía en sus funciones.

Expresó que las funciones desempeñadas por la accionante no correspondían al giro
ordinario de la entidad ni a funciones asignadas a un cargo de planta existente en la
CNSC en ese momento. Por tanto, no se configuraron los elementos esenciales de
una relación laboral y la decisión judicial se encontraba suficientemente motivada y
ajustada a derecho.

6. Intervención de los terceros con interés

La Comisión Nacional del Servicio Civil se opuso a las pretensiones de la demanda
al considerar que esta no cumple con los requisitos de procedencia constitucional, ya
que pretende reabrir un debate legal que ya fue resuelto en sede judicial mediante un
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sostuvo que la acción de tutela no puede utilizarse como una tercera instancia para
revivir discusiones sobre hechos, pruebas o interpretación legal que ya fueron
ampliamente debatidos y decididos por los jueces naturales.

Para la CNSC no existió vulneración a derechos fundamentales, pues los fallos que
negaron las pretensiones de la demandante fueron debidamente motivados,
respetaron el debido proceso y se basaron en una valoración objetiva del material
probatorio.

Adujo que, tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia
concluyeron de forma legítima que no se configuró el elemento de subordinación
necesario para declarar la existencia de una relación laboral, y que la actora mantenía
autonomía contractual e incluso ejecutó contratos paralelos con otras entidades.

Finalmente, enfatizó que el caso carece de relevancia constitucional, ya que se trata
de un asunto legal de carácter prestacional, sin afectaciones claras a derechos
fundamentales. Por tanto, solicitó declarar improcedente la tutela, por no cumplir los
requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para este tipo de acciones
contra providencias judiciales.

7. Sentencia de primera instancia

El 21 de marzo de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado profirió sentencia de primera instancia en la que declaró improcedente la
acción de tutela.

Determinó que la acción de tutela pretendía reabrir un debate ya resuelto en sede
judicial por medio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en uso de
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este mecanismo como una instancia adicional, lo cual desnaturaliza su propósito
constitucional.

Consideró que las decisiones cuestionadas por la accionante no fueron arbitrarias ni
irrazonables, pues los jueces de instancia valoraron de manera integral las pruebas
allegadas al proceso. Se evidenció que las funciones realizadas por la demandante
eran de carácter especializado, no asignadas a cargos permanentes de planta y que
no existía prueba suficiente que demostrara subordinación laboral. Además, se
comprobó que la accionante suscribió contratos simultáneos con otras entidades, lo
que reafirmó su autonomía y desvirtuó la existencia de exclusividad, típica de una
relación laboral.

Recalcó que los argumentos esgrimidos en la tutela ya habían sido presentados en la
apelación dentro del proceso ordinario, por lo que no existía vulneración que justificara
el uso del amparo constitucional.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia con fundamento en
que se «desconoció el precedente jurisprudencial» aplicable. Señaló que existen
múltiples sentencias de la Corte Constitucional5 y del Consejo de Estado6 que
establecen que, cuando se acreditan los elementos del contrato de trabajo, debe
reconocerse la relación laboral, independientemente de la forma contractual utilizada.
En su opinión, el fallo omitió aplicar el principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades.

Asimismo, alegó que se configuró un «defecto fáctico» porque se desestimaron
pruebas que demostraban la subordinación, tales como como contratos de prestación
de servicios celebrados de manera continua con la CNSC, memorandos,
comunicaciones internas, directrices emitidas por la entidad dirigidas a la actora,
testimonios que evidenciaban la existencia de un horario, la obligación de reportar a
sus superiores y la naturaleza esencial y permanente de las funciones, que son
propias de la planta de personal.

Añadió que también se incurrió en un «defecto sustantivo» por desconocimiento del
principio de realidad sobre las formalidades, porque se validó la conclusión de la
autoridad judicial demandada, según la cual, no se acreditó algún elemento indicativo
de la existencia del elemento subordinación.

Por último, sostuvo que se configuró el «defecto procedimental absoluto» al no realizar
un análisis integral de procedibilidad de la tutela y por afirmar de manera genérica la
improcedencia de la solicitud de amparo.

Alegó que se causó un perjuicio al desconocer los derechos laborales de la accionante
e insistió en que cuestionó que se le restara valor a la relación continua con la CNSC
por una breve interrupción contractual, no desvirtúa por sí sola la existencia de una
relación laboral prolongada.

5 En esta oportunidad, relacionó las sentencias: SU-913 de 2009; SU-263 de 2015; SU-184 de 2019; SU-073 de 2020 y SU-128
de 2021.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28 de febrero de 2020, M.P. William Hernández Gómez,

Rad. 25000-23-26-000-2015-00567-01; Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 10 de mayo de 2021, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Rad. 11001-03-27-000-2017-00056-01. Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 12 de julio
de 2023, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001-03-25-000-2019-00123-01 y, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Sentencia del 15 de marzo de 2024, M.P. Luis Alfredo Zamora Acosta, Rad. 11001-03-27-000-2020-00045-01.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional7, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales8 y específicas9 de procedencia de la
acción de tutela.

Problema jurídico y solución

A la Sala le corresponde determinar si, en los términos de la impugnación presentada
por la parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, por cuanto la acción de tutela
no cumple el requisito de relevancia constitucional. En efecto, la parte actora la utiliza
para insistir en que no se debió declarar la nulidad de los actos administrativos que
negaron reconocer la existencia de la relación laboral entre la demandante y la CNSC.

7 La sala plena de lo contencioso administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (se destaca)
8 causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que

la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
9 la configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de

los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
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Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) el requisito general de relevancia constitucional y, (iii) el
análisis del caso concreto.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 10, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i)Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 11.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii)Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv)Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

10 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la sala plena del consejo de estado. radicado número: 11001 03 15 000 2012
02201 01 (ij). actor: alpina productos alimenticios s.a. consejero ponente: jorge octavio ramírez ramírez.
11 ibidem.

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Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

(se destaca)

Del requisito general de relevancia constitucional en el presente caso

En el escrito de impugnación la parte actora aduce desconocido el precedente judicial
del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en materia de contrato realidad,
asimismo, adujo que el juez de tutela de primera instancia incurrió en los «defectos
por desconocimiento del precedente judicial, fáctico, sustantivo, procedimental», todos
los argumentos dirigidos a insistir en que en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho cuestionado no se tuvieron en cuenta o se valoraron de indebida forma
los elementos probatorios que daban cuenta de la relación laboral encubierta.

Al respecto, es preciso señalar que no es preciso atribuirle al juez de tutela de primera
instancia la configuración de algún defecto o causal específica de procedencia, pues
estas solo se predican de las providencias que se cuestionan en ejercicio de la acción
de tutela.

Sin embargo, del escrito de impugnación es posible advertir que la parte actora insiste
en las inconformidades de la demanda de tutela, que, básicamente tienen que ver con
la indebida valoración probatoria de las pruebas allegadas al proceso, que daban
cuenta de los elementos de la relación laboral, en particular, del elemento
subordinación y del desconocimiento del precedente judicial en materia de contrato
realidad.

Al respecto, la Sala anticipa que estos argumentos no cumplen con el requisito de
relevancia constitucional, porque ya fueron propuestos en ese escenario jurisdiccional
que se cuestiona por esta vía, pues, tal como se evidencia en el recurso de apelación
interpuesto por la demandante en dicho trámite, que, en lo pertinente, alegó:

«Si se observan las interrupciones entre un contrato y otro, desde el 12 de noviembre de
2014 hasta el 24 de febrero de 2020, en la mayoría de casos no superaban el lapso de 3
y 4 días y en solo dos contratos, el 027-2016 al 167-2016 y el 284-2016 al 167-2017 hubo
una interrupción de 14 y 13 días respectivamente, lo que deja sin sustento el argumento
del a quo referente a que no se acreditó la continuada prestación personal del servicio, por
lo menos en los últimos seis años, aunado a que en la prueba testimonial como en la
declaración de parte se indica que mi mandante jamás dejó de prestar el servicio durante
esas interrupciones.

En consecuencia, esta actividad que desplegó la CNSC va en contravía del término de
duración contractual “estrictamente necesario” de que trata el artículo 32 de la Ley 80 de
1993, por cuanto en la realidad la labor de mi mandante fue permanente por un lapso
superior a cinco (5) años, caso en el cual, debieron desarrollarse las actividades misionales
con personal de planta o en su defecto, crear el cargo correspondiente, tal como lo ordena
el artículo 2º del Decreto 2400 de 1968.

Demostrado está, de acuerdo a las probanzas arrimadas al contentivo, la prestación
personal e indelegable del servicio prestado por mi mandante para la demandada
Comisión Nacional del Servicio Civil, como también su remuneración mediante los mal
llamados honorarios por sus servicios prestados e igualmente está probado hasta la
saciedad la subordinación a la que era sujeta la demandante mediante sus constantes
órdenes e imposiciones directas para el cumplimiento de tareas del contrato realidad.”

Inexplicablemente se le resta valor probatorio a la declaración jurada que en audiencia
pública virtual expone la testigo CLAUDIA MARGARITA PRIETO TORRES quien a la
pregunta de si conocía la jornada de trabajo de la demandante, responde que iniciaba
todos los días de 8 a.m. a 5 p.m. , teniendo una hora de almuerzo de 12:30 a 1:30 p.m.,
pero no todas la veces salía a las 5 p.m. por la responsabilidad que ella tenía como gerente
de convocatoria y había días que salía a las 10 p.m.; igualmente manifiesta conocer sus
funciones y contratos suscritos, las reuniones frecuentes impuestas el comisionado con
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todos los gerentes de convocatoria (incluida la actora) en donde se les imponían tareas
perentorias.

Ni que decir de la falta de juicio en la valoración del testimonio de CONSTANZA DEL
PILAR GUZMAN como que no se le da credibilidad a su versión sobre el horario laboral
de la trabajadora demandante que tenía que laborar hasta los fines de semana y de su
asistencia a las instalaciones de la CNSC de lunes a viernes para prestar sus servicios,
amén de existir una bitácora de entrada y salida de personal (libro) en donde se registraba
el cumplimiento de horario de la actora que no fue aportado con la demanda.

Frente a este particular al analizar estas dos situaciones en función del objeto contractual
convenido (Prestación de servicios profesionales para gerenciar procesos de selección),
resulta claro que la demandante no podía prestar sus servicios en lugar diferente a la sede
principal de la entidad demandada dada la inescindible relación entre las actividades
ejecutadas por la contratista y el giro ordinario de la entidad demandada.

No le encuentra valor probatorio al interrogatorio de parte rendido por la deponente
demandante cuando expone las particularidades de su jornada de trabajo, dónde la
desarrollaba y que entre la terminación de un contrato y su renovación nunca superaron
los 15 días, no obstante ella nunca jamás dejó de prestar sus servicios, es decir, entre la
terminación de un contrato y su posterior renovación, no hubo solución de continuidad,
puesto que como GERENTE DE CONVOCATORIA, y dada la alta responsabilidad de su
cargo, debía continuar laborando para atender todas y cada una de las etapas del proceso
de selección de las convocatorias en que participaba, conforme a los cronogramas de
trabajo establecidos en cada convocatoria. Si ello no indica subordinación por la necesidad
de su participación en todas las etapas del proceso, ya que, si dejaba de prestar sus
servicios, el cronograma se veía afectado, luego no se entiende de qué manera la
juzgadora de primera instancia deslegitima el citado elemento como componente de la
relación laboral.

Es decir, mi mandante no solo participaba en los procesos de convocatoria, sino que tenía
además unas funciones que requerían de su participación diaria, directa y personal por
cuanto se presentaban situaciones propias del cargo y de las convocatorias, como eran la
atención de inquietudes de los directivos de las entidades públicas que ofertaban los
empleos, reclamos de los participantes en los procesos de selección y acciones judiciales
relacionados con los procesos de selección. (…)».

En el recurso de apelación la parte actora también expuso cuestionamientos sobre la
valoración probatoria en punto a la evidencia de órdenes verbales, las instrucciones
que recibía y la existencia de un cargo con funciones semejantes al interior de la planta
de personal en la entidad:
«Otra contradicción en que incurre el a quo es en afirmar que la demandante no recibía
órdenes verbales de los comisionados, pero ella sí las emitía a funcionarios de la entidad
(véase folio 47 de la sentencia) referentes a emitir respuesta a determinados memorandos,
o les informaba sobre la jornada laboral a cumplir por adecuaciones en las instalaciones
en donde se prestaba el servicio. Lo anterior, por cuanto un verdadero prestador de
servicios no tiene la facultad de emitir órdenes e instrucciones a funcionarios de planta u
otros prestadores de servicios de la entidad, como sí lo hace una persona que está
investida de un cargo de dirección amén de las facultades y órdenes que le imparten sus
superiores (comisionados) como el que tenía mi mandante en su calidad de gerente de
convocatoria y en tal sentido se prueba otro aspecto de la subordinación a la que ella
estaba sometida.

De igual forma, no es de recibo para este suscrito que no se encuentre probada la relación
laboral por parte del a quo al indicar que mi mandante no haya informado sobre el cargo
homologable en la planta de personal de la entidad, pues como se manifestó, el cargo no
existía para la fecha en que ella terminó su relación contractual solicitada como laboral
con la entidad, ya que el mismo fue creado a partir de 2022, precisamente porque la CNSC
reconoció que las labores que realizó mi mandante debían ser desarrolladas por personal
de planta y no por prestadores de servicios».

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En el mismo sentido, en el recurso de apelación la parte actora cuestionó lo
relacionado con su vinculación con otra entidad por un período de tres (3) meses en
el año 2015:

«Respecto al argumento del a quo para descartar la subordinación al haber estado mi
mandante vinculada con otra entidad por un periodo de tres meses en el año 2015, se
debe indicar que ni el contrato de prestación de servicios lo impedía y no es riguroso en
la relación laboral que no se pueda prestar una actividad a otra entidad si no se encuentra
prohibida. Además, no es dable o entendible que bajo este argumento se descarte la
ausencia de subordinación por cuanto solo se trató de un contrato que duró 3 meses
dentro de los años en que prestó servicios mi mandante (…)»

Argumentos sobre que el juez natural de la causa ya se pronunció. Así se lee en la
sentencia objeto de debate en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, consideró:

En cuanto a los argumentos relacionados con la continuidad en la prestación del
servicio en la entidad, precisó:
«DE LA PRESTACIÓN PERSONAL DEL SERVICIO (…) Así las cosas, considera pertinente el Despacho
precisar entonces que contrario a las pretensiones de la demandante en punto a la declaratoria de la relación
laboral única e ininterrumpida entre el 9 de marzo de 2012 hasta el 24 de febrero de 2020, tenemos que se
encuentra demostrado a nivel documental que entre la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega y la Comisión
Nacional del Servicio Civil - CNSC, existió una pluralidad de vínculos dentro de ese lapso de tiempo, ya que se
pudo evidenciar que existió una primera relación entre el 9 de marzo de 2012 al 30 de diciembre de 2013 y una
segunda relación a partir de 12 de noviembre de 2014 y hasta el 24 de febrero de 2020.

Y se indica que existieron entonces dos vinculaciones y no solo una, atendiendo que conforme la relación
contractual previamente realizada, se evidenció una interrupción mayúscula por cuanto fue superior a los 30 días
hábiles, lo que de conformidad con la regla de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado ya estudiada
con anterioridad, deja ver la presencia y/o configuración de solución de continuidad en la prestación del servicio
– es decir, interrupción o falta de relación laboral entre una vinculación u otra - aspecto este que tendría incidencia
sobre un eventual estudio de prescripción si ello fuera procedente.

En ese orden de ideas y atendiendo entonces el mandato jurisprudencial referido líneas previas, el Despacho
entonces se sujetará a lo efectivamente demostrado a nivel contractual, y en tal sentido, la instancia estudiará lo
pertinente a la eventual configuración de un contrato realidad entre el 9 de marzo de 2012 hasta el 24 de febrero
de 2020, lapso en el cual, se advirtió una interrupción en la continuidad contractual, por lo que atendiendo lo que
se encuentre acreditado, se harán las respectivas observaciones. (…)

En ese orden de ideas, del examen de la documentación verificada y lo referido en las declaraciones estudiadas,
a juicio de esta juzgadora se halla más que acreditado, la efectiva prestación del servicio, pero no así la
continuidad en el desempeño de las labores, atendiendo la mayúscula interrupción contractual advertida.

Por tal motivo, es que se considera por el Despacho, que la Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC, no
desconoció lo dispuesto en el artículo 226 del Decreto 2400 de 1968 - Por el cual se modifican las normas que
regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.

Ello, debido a la especial circunstancia que se pudo establecer al momento de la revisión del contenido del
expediente administrativo y que permitió evidenciar la ausencia de continuidad tanto en el tiempo, como en la
prestación del servicio.

En cuanto a los argumentos relacionados con la existencia de otros contratos de
prestación de servicios con otra entidad, que acreditaban que no existía subordinación
y dependencia exclusiva a la CNSC, indicó:
«Lo que significó que la señora Gloria Stella Gutiérrez Ortega no sostuvo una única vinculación con la entidad lo
que entonces no permite concluir que la vinculación contractual de aquel, hubiere desconocido el principio de
igualdad, atendiendo que para el ejercicio de funciones de carácter permanente y relacionadas con la esencia
de la entidad, se deben crear los empleos respectivos y por lo tanto, no es viable la celebración de contratación
por prestación de servicios para el desempeño de ese tipo de funciones.

Aunado a ello, y sin perjuicio de lo anterior, considera el Despacho que, por parte de la entidad demandada, y
contrario a lo que manifestara la parte actora, no existió entonces el ánimo permanente de contratar a la aquí
demandante por el factor de la temporalidad, tal y como se desarrollará más adelante.(…)

(…)
Es por esto por lo que a criterio de la instancia no se configura la exclusividad de la prestación personal del
servicio por parte de la reclamante, debido a que de manera coetánea aquella cumplía con un contrato de
prestación de servicios en la entidad demandada y estaba vinculada mediante un vínculo contractual con otra
entidad diferente, siendo entonces ello una muestra de la autonomía con la que contaba la señora Gutiérrez para
efecto de disponer de su tiempo y cumplir de manera concomitante las labores pactadas con ambas instituciones.
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Así las cosas, adicionalmente a lo ya estudiado líneas atrás, al no presentarse la exigida exclusividad, no puede
pretender entonces la demandante la declaratoria de una relación laboral con la Comisión Nacional del Servicio
Civil.

Debido a que la reclamada exclusividad propia de la relación laboral de una persona natural con el Estado,
implica la dedicación total y absoluta de tiempo legal y reglamentario para el desempeño de las funciones propias
del cargo y por ende, no se puede presentar alternancia en el ejercicio del empleo con otra vinculación laboral
que implica la prestación personal del servicio tal y como ha acontecido en este caso, como fuera admitido por
la parte actora, ya que frente a los contratos de prestación de servicios y las funciones que requieran dedicación
de tiempo completo, la jurisprudencia ha entendido que tal aspecto desvirtúa su índole de contrato estatal y, por
ende, se le asignaría el carácter y/o naturaleza de relación laboral.».

En punto a la inexistencia de un cargo de la planta de persona de la entidad que
realizara las mismas funciones de la demandante y a las obligaciones contractuales
que debía cumplir por su condición de asesora, precisó:
«(…)
Así mismo, se puntualizó en el precitado manual de funciones que los requisitos de estudio para ese cargo, eran
los de núcleo básico del conocimiento en psicología – Título Profesional en Psicología y de 42 a 56 meses de
experiencia profesional relacionada.

Establecido lo anterior, es claro para el Despacho que, para el presente asunto, en el espacio temporal en que
la aquí demandante prestó sus servicios a la CNSC, no existía en la planta de personal un cargo respecto del
cual se pudiera predicar similitud y/o semejanza de las funciones respecto de las actividades y obligaciones
contractuales desempeñadas por la aquí demandante y a las que se hizo referencia líneas anteriores. Y ello
obedeció a que entre los años 2012 a 2020 no existió en la planta de personal, un cargo que asimilara las tareas
que cumplió la señora Gutiérrez Ortega – ya que como ella misma lo admitió en su atestación, en varias
oportunidades, se solicitó a la propia entidad que se creara ese cargo, atendiendo la alta responsabilidad y la
importancia de las funciones desempeñadas – y por el contrario, el empleo que más se asimila en relación con
las funciones desempeñadas por aquella como gerente de convocatoria, solo se creó después del 11 de enero
de 2022, es decir, casi dos años después de haber cesado o finalizado el vínculo contractual entre la CNSC y la
aquí demandante.
(…)

Atendiendo estas calidades, la instancia cuando procedió con la revisión del texto de los contratos de prestación
de servicios suscritos por la demandante con la entidad accionada, y advirtiéndose ab initio, que no se pudo
encontrar como tal un cargo puntual o especifico que la ciudadana Gloria Stella Gutiérrez Ortega hubiese
desempeñado y que fuese homologable con la planta de personal de la Comisión Nacional del Servicio Civil –
CNSC.

Más, cuando con ocasión de los objetos contractuales, aquella prestaba tareas de asesoría a despachos de
comisionados y gerencia de diferentes convocatorias de concurso, ante la insuficiencia de personal certificada
según el contenido de la justificación de los requerimientos y que sirvió de base para la contratación de la hoy
demandante, en aras de garantizar la prestación del servicio.Por lo tanto, revisando las actividades y obligaciones
específicas que la demandante debía atender, se encuentran las que se enlistaron en el acápite de la prestación
personal del servicio.

Así mismo, respecto a las tareas, actividades u obligaciones que debía cumplir la ciudadana Gutiérrez Ortega,
tenemos que aquella en su salida procesal en audiencia de pruebas, explicó que entre sus obligaciones
contractuales estaban las de desarrollo y asesoría en los procesos de selección y/o convocatoria a concursos de
mérito para acceso a la carrera administrativa. En virtud de lo cual, debía asistir a reuniones en donde se definía
el tipo de convocatorias y ponderación de las pruebas que deban surtirse y cuáles tenían mayor incidencia en el
concurso de méritos y también se definía el cronograma del concurso de méritos.

Por eso manifestó que las funciones por ella desempeñadas con ocasión de la prestación del servicio, estaban
reflejadas en las tareas del empleo de Asesor, Grado 15, por cuanto su propósito principal era el de desarrollo y
asesoría; aunque luego admitió que ese cargo fue creado en el año 2022, cuando ya se había retirado. Por ello,
estimó que las funciones por ella desempeñadas respondían a la esencia de la CNSC y fueron permanentes y
misionales.

Aunado a ello, destacó que los gerentes de convocatoria recibían a directivos públicos, a las universidades y a
sus equipos de trabajo, para efecto de atender solicitudes o inquietudes relacionadas directamente con la
planeación o ejecución de las convocatorias, así como que la documentación que manejaba solo podía ser
consultada desde su lugar de trabajo, atendiendo temas de confidencialidad y seguridad informática. Así mismo
destacó que de manera usual, se solía reunir semanalmente con los comisionados de quienes recibía de manera
ordenes o lineamientos a seguir frente a preguntas que hacían los directivos de las entidades públicas, así como
que, atendiendo la alta responsabilidad de gerenciar concursos de méritos, debía trabajar todos los días para
atender inquietudes, reclamos, acciones judiciales y demás relacionados con los procesos de selección que
gerenciaba».

Igualmente, desplegó la valoración probatoria en relación con los testimonios y la
declaración de parte que la parte actora consideró indebidamente valorados en el
recurso de apelación, así:
«Tales manifestaciones fueron secundadas y/o corroboradas parcialmente con las manifestaciones realizadas
por Claudia Margarita Prieto Torres y Constanza del Pilar Manrique, quienes fungieron como compañeros de

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trabajo de la interesada y/o tuvieron contacto con aquel cuando estuvo vinculado contractualmente con la entidad,
entre los años 2012 a 2019.

Refirieron que la aquí demandante se vinculó a la entidad para efecto de desempeñarse como gerente de
convocatoria, estando así relacionada con la planeación y ejecución de las convocatorias, así como el manejo
de personal a cargo, teniendo que encargarse de actividades de planeación, coordinación y desarrollo de las
convocatorias encargadas, así como de la presentación de informes y resultados respecto a la gestión
encomendada.

Afirmaron que en la CNSC había empleados de la planta de personal que cumplían las mismas funciones que
desempeñó la aquí demandante y que fueron nombrados por acto administrativo y cuyos cargos fueron creados
en el año 2022, pero luego admitieron que durante el tiempo en que estuvo vinculada la demandante, no había
como tal en la planta de personal, un cargo que cumpliera las mismas funciones que las desempeñadas por la
señora Gutiérrez Ortega.

Incluso fueron más allá, al afirmar que la aquí demandante cumplía con un horario de trabajo que iniciaba todos
los días a las 8 am hasta las 5 pm y tenía una hora de almuerzo de 12:30 a 1:30 pm, así como que aquella por
la responsabilidad que ella tenía como gerente de convocatoria, había días que en los que salía a las 10 pm.

Manifestaron además que el respectivo despacho del comisionado a donde era asignada la demandante, le
suministraba los elementos de trabajo, ya que se le asignaba un espacio físico en donde ella debía cumplir con
sus funciones, junto con un equipo de cómputo, teléfono, papelería y demás elementos de material que requería
para el cumplimiento de sus tareas, al punto que ella tenía un inventario y al finalizar el contrato debía entregar
ese inventario de bienes.

Ante esas circunstancias, considera el Despacho que en relación con la tacha de sospecha formulada respecto
a las atestaciones de Claudia Margarita Prieto Torres y Constanza del Pilar Manrique formulado por el apoderado
judicial de la entidad demandada – por cuanto presentaron demandas contra la CNSC por temas de contrato
realidad y en tal sentido, asistirle interés indirecto en las resultas del proceso – el Despacho considera que la
misma debe desestimarse. (…)

Pese a la credibilidad otorgada a las precitadas testigos, estima el Despacho que sus declaraciones no tienen la
entidad suficiente para considerar que en el presente asunto el aspecto de la subordinación se encuentre
debidamente acreditado. Más cuando, es evidente que aquellas fueron más allá de las afirmaciones realizadas
por la demandante, aduciendo circunstancias a las que aquella ni siquiera hizo referencia, generando así un
ámbito de duda.

Ello, debido a que mientras la demandante afirmó que “debía trabajar todos los días” pero jamás puntualizó estar
sometida a un horario de trabajo, las testigos de cargo afirmaron que aquella “estaba sometida a la jornada
laboral de todos los servidores de la Comisión” y por ello, de lunes a viernes debía ingresar a las 8:00 a.m. y
salía formalmente a las 5:00 p.m., con una hora de almuerzo, situación esta entonces que genera dudas a la
instancia, en punto a la divergencia que se presenta sobre el tema, ya que pese a que la actora en su demanda,
refirió haber estado sometido al cumplimiento de horarios de trabajo, no se pudo vislumbrar ello en la documental
aportada, más específicamente en los contratos de prestación de servicio y en el propio expediente
administrativo.

Y tal duda se acrecienta con el hecho que la interesada puntualizó luego que nunca recibió una instrucción directa
de parte de un comisionado para cumplir el horario de trabajo señalado para el personal, aunque por las agendas
de trabajo y las reuniones que sostenía, de manera implícita debía estar en las instalaciones de la CNSC.

En el mismo sentido, se tiene que mientras la demandante refirió que había una lista de asistencia del personal
que acudía a las instalaciones de la entidad demandada, las testigos afirmaron que en la sede de la entidad
había un registro de entrada y salida – libro que estaba a cargo de la administración. En el cual se constata de
la asistencia a las instalaciones de la entidad; así como que había asesores que estaban pendientes del
cumplimiento del horario por parte de los contratistas.

Siendo entonces ello una situación que deja ver una contrariedad entre lo afirmado por la misma demandante y
quienes sirvieron como testigos de cargo, que no es menor, ya que atenúa el valor suasorio de estas últimas, al
tiempo que no permite evidenciar el reclamado componente de la subordinación.

Esto además se concatena con el hecho de que mientras la quejosa refirió que no podía retirarse de las
instalaciones, porque las aplicaciones informáticas de la CNSC no se podían usar por fuera de la entidad; las
declarantes que comparecieron a la vista pública, guardaron total silencio sobre el tema. Situación esta que llama
la atención, debido a que si bien a nivel contractual se encontró la existencia de clausulas de confidencialidad y
guarda de la información, no se halló algo relacionado con temas de sistemas informáticos únicos y exclusivos
de la entidad. Por el contrario, la única obligación contractual en tal sentido, era la de entregar en medio
magnético o físico el soporte de las actividades realizadas, una vez finalizado el contrato respectivo.

Es por ello que atendiendo las declaraciones escuchadas a la vista pública, considera la instancia que las mismas
si bien tienen valor suasorio para soportar algunos escenarios fácticos planteados en la demanda, no es
suficiente para tener por debidamente acreditado el componente de la subordinación – como elemento
diferenciador entre una relación laboral encubierta-contrato realidad, de un contrato de prestación de servicios –
como pasara a verse.(…)».

Sobre la asignación de tareas y obligaciones, el cumplimiento de horarios e
instrucciones dadas por sus superiores, la sentencia también se pronunció, así:
(…)
Ahora, continuando con el desarrollo del aspecto de la subordinación, se insiste que en relación con el tema de
cumplimiento de horarios o jornadas de trabajo que presuntamente debía cumplir la aquí demandante, se
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procedió a consultar la totalidad de la documental aportada y extraña el Despacho que en la misma se omita
cualquier mención o sugerencia respecto al cumplimiento de horarios. Ya que ni a nivel contractual estaba
pactado un tema de sometimiento a jornadas de trabajo, ni mucho menos se encontró en los informes de
cumplimiento de actividades contractuales firmados por la suscrita y el respectivo supervisor contractual; ni
mucho menos se encontró la existencia de alguna planilla de turnos u horarios a cumplir por parte de la aquí
demandante, desmintiéndose así entonces cualquier atisbo de imposición sobre tal aspecto, minándose aún más
el componente de la subordinación.

Ahora, pese a que quedara acreditado que la aquí demandante efectivamente se le hacía entrega de unos
elementos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas y obligaciones (Fls. 4 – 19 archivo 41 del expediente
digital), y que cumpliera con sus compromisos en las instalaciones de la CNSC, queda la duda – por ausencia
de prueba – de la obligatoriedad de suscribir un registro de ingreso o salida de las instalaciones de la Comisión
Nacional del Servicio Civil.

Por cuanto que si bien las testigos de cargo afirmaron que debía suscribirse un libro de registro que constituía
una especie de control respecto al cumplimiento de horario - siendo este un aspecto determinante en una relación
laboral, ya que este es un poder que le asiste al empleador para el control de sus trabajadores – no existe en el
plenario soporte documental de ello y por el contrario, queda en el aire si ese control, lo llevaba la CNSC o si por
el contrario, era de una empresa de vigilancia; que suele tomar registro de las personas que ingresan y salen de
determinado lugar, a efectos de brindar precisamente un servicio de seguridad.

Estas circunstancias entonces desdibujan un escenario de control patronal en cuanto al cumplimiento de un
horario de trabajo, lo cual se concatena con el hecho que, en el texto integral de los contratos aportados al
expediente, no se encontró la fijación de un horario predeterminado fijo e inamovible o el imperioso cumplimiento
de un número de horas fijas. Presentando así un escenario en el que la demandante podía disponer de su tiempo,
ya que, para el cumplimiento de sus tareas, no tenía que estar sujeto a determinada franja horaria.

Aunado al hecho que la señora Gutiérrez Ortega si podía ausentarse en el cumplimiento de sus tareas o
actividades, ya que como se pudo evidenciar al momento de hacer la revisión de los documentos que se allegaron
al plenario, incluso aquella tenía la libertad de prestar sus servicios a otras entidades, de manera concomitante
que lo hacía para la CNSC, conforme se pudo vislumbrar en el archivo 048 del expediente digital y que da cuenta
de la suscripción de otrosí de un contrato que celebró la aquí demandante con el Ministerio de Justicia en el año
2015 y a lo que se referirá la instancia más adelante.

Por ende, se insiste en que, al revisar el texto de los contratos firmados, no se consignaron clausulas relacionadas
con la fijación de turnos, horario o número de horas a cumplir en el mes y al revisar las obligaciones de la entidad
contratante, solo se hizo referencia al pago oportuno de los honorarios y el suministro de información necesaria
para el cumplimiento del objeto contractual, más no a la imposición de un horario o turno o número de horas a
cumplir al mes. Como aquella misma incluso lo admitió, por iniciativa propia solía quedarse el tiempo que
estimaba necesario para cumplir con sus obligaciones y compromisos, sin que mediara orden o instrucción para
ello, al punto tal que a (sic) motu proprio continuaba prestando sus servicios, aún cuando el periodo de duración
de los contratos ya había fenecido y no había firmado un nuevo vinculo.

Aunado a ello, se resalta además la posibilidad con la que contaba la interesada de disponer lo atinente al periodo
de ejecución del objeto contractual, ya que como se resaltó al momento de hacer la relación contractual, por
solicitud de aquella, se suspendió el cumplimiento del contrato 167-2017 desde el 5 hasta el 20 de septiembre
de 2017. (Fls. 49 – 50 Archivo Contrato 167-2017 obrante dentro de la Carpeta Expediente Administrativo)

Por último, frente al elemento de la subordinación, la instancia llama la atención en punto a que el mismo
comprende – además del cumplimiento de un horario de trabajo, el acatamiento de ordenes impartidas por los
superiores jerárquicos y/o jefes inmediatos, la dependencia – un aspecto sumamente relevante a saber cómo lo
es la exclusividad que es una característica propia de una relación laboral, aspecto este que se torna imperioso
para demostrar la eventual relación laboral pretendida por la señora Gloria Stella Gutiérrez.

Ello, debido a que se conoció documentalmente que durante una parte del tiempo en que prestó sus servicios a
la Comisión Nacional del Servicio Civil – enero a marzo de 2015 – prestó sus servicios al Ministerio de Justicia y
del Derecho, siendo esto de manera simultánea.

(…)
Por lo tanto, la instancia considera que los elementos que comprende la subordinación y que se han estudiado
a lo largo del desarrollo del acápite no se demostraron por parte de la ciudadana demandante, como era su deber
procesal, lo que de contera significa entonces que, en el caso estudiado, nos encontramos en presencia de una
verdadera relación contractual estatal y no ante una relación de trabajo con una entidad pública. (…)»

En esa medida, resulta evidente que la parte accionante pretende, mediante el
ejercicio de la presente acción, reabrir un debate ya resuelto en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, en el cual se analizó de fondo la existencia de una
presunta relación laboral con la CNSC específicamente, de los elementos probatorios
que darían cuenta del elemento subordinación y naturaleza misional de las funciones
desarrolladas.

Sin embargo, sobre tales aspectos ya existe pronunciamiento por parte del juez natural
de la causa, lo que impide a esta Sala emitir una decisión de fondo, al no superarse
el presupuesto previsto en el numeral v) de la jurisprudencia constitucional para
acreditar la relevancia constitucional del caso.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00977-01
Demandante: Gloria Stella Gutiérrez Ortega

Finalmente, debe destacarse que, aunque la parte actora insiste en el
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado y de la Corte
Constitucional en materia de contrato realidad, tal cargo lo emplea para insistir
exactamente en los mismos argumentos que expuso en el trámite de nulidad y
restablecimiento del derecho y ahora en ejercicio de la presente acción de tutela, es
decir para prolongar la misma discusión, por lo que tampoco resulta procedente un
pronunciamiento en ese sentido.

Con todo, se advierte que las providencias cuestionadas señalaron el precedente
judicial vigente y que resultaba aplicable al caso objeto de estudio, sin embargo, como
se vio, la falta de prosperidad de las pretensiones no obedeció al desconocimiento de
una postura judicial en la materia, sino a la ausencia probatoria en cuanto al elemento
subordinación.

Lo anterior es suficiente para señalar que la acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

De acuerdo con lo anterior, en el presente caso se impone confirmar la sentencia de
primera instancia del 21 de marzo de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección A, objeto de impugnación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia de primera instancia del 21 de marzo de 2025, proferida por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, objeto de impugnación.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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