Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00986-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-00986-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00986-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de mayo de 2025
Demandante: Floresmiro Suárez León
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00986-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00986-00
Demandante: FLORESMIRO SUÁREZ LEÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN CUARTA, SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente el
mecanismo por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Floresmiro Suárez León, actuando en nombre propio, inició acción de
tutela1 contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en la
que solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al nom bis in idem, al debido
proceso y el principio de la confianza legitima.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la providencia emitida por la autoridad judicial accionada el 14 de
febrero de 2025 dentro del incidente de desacato con radicado 25000-23-27-000-
2012-00340-00/01-02.
1 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual de recepción de tutelas de la Rama
Judicial, el 21 de febrero de 2025 a la cual se le asignó el número de reparto 2638247.
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Demandante: Floresmiro Suárez León
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
y otros
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1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. Se ordene (la sensación, (revocar) del auto 14/2/2025
3. Mediante los derechos que me asisten se solicita al director del proceso con
toda la consideración, la asistencia del delegado del ministerio público.
4.Con pulse se copia de la presente ante la procuraduría general de la nación el
fin de que se considere y sea procedente, inicie las investigaciones disciplinarias
correspondiente con forme a lo dispuesto art 1 de la ley 1755 del 2015 con la cual
se modifica el art 30 de [sic]lay 1437 del 2011
5.Tutelar los derechos fundamentales en conexidad al debido proceso y principio
de la confianza [sic]legitima, y a la igualdad art 13 al debido proceso (art 29 228,
CPN), el derecho a la justicia (art 229) se garantiza al derecho de toda persona
administración de justicia.
6.Se ordene la sensación o revocar el auto 14 de febrero del 2025 donde afirma
que estarse a la dispuesto en el ordenamiento 14 julio 2013 conformidad con
impuesto con la parte motiva de esta providencia.
7.Se ordene dar aplicación a la acción de cumplimiento en incidente de desacato
presentado ante el tribunal 31 de enero 2025.2
1.3. Hechos
El 12 de abril de 2012 el actor promovió acción de tutela contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social y la Secretaría de Gobierno Distrital, para
que le fueran amparados sus derechos fundamentales al mínimo vital y de petición,
los que consideró vulnerados debido a no se contestó la solicitud elevada el 6 de
enero de 2012 en la que pidió: (i) ser incluido como beneficiario del «Acuerdo del
Parque Tercer Milenio»; (ii) en consecuencia, se le otorguen los beneficios del
programa, y; (iii) se entregue los componentes a los que tiene derecho como
víctima del conflicto armado.
En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, en sentencia del 24 de abril de 2012 resolvió:
PRIMERO: No se tutela el derecho fundamental al mínimo vital ni los demás
derechos fundamentales solicitados por el señor Floresmiro Suárez León, según
los expuesto en la parte motiva.
[…]
2 Transcripción literal que puede contener errores.
2
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Demandante: Floresmiro Suárez León
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
y otros
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Lo anterior, dado que en la respuesta allegada por la Secretaría de Gobierno
Distrital se evidenció que el actor no hacía parte del censo del «Acuerdo del Parque
Tercer Milenio» y en consecuencia no se podían otorgar los beneficios del mismo.
Aunado a que consideró que el tutelante había sido sujeto de protección como
víctima del conflicto armado pues está inscrito en el RUPD y había recibido varias
ayudas humanitarias, por lo que, consideró que su mínimo vital se encontraba
cubierto, y que no existía vulneración a las garantías invocadas.
El accionante impugnó la decisión y en segunda instancia, el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, mediante sentencia del 5 de julio de 2012 decidió revocar el
proveído anterior, y en su lugar dispuso:
[…]
TUTÉLASE el derecho fundamental de petición del demandante. En consecuencia,
se ordena a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Victimas y la
Secretaría de Gobierno Distrital que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta decisión, informe al solicitante si dentro del
listado de las personas censadas que hacen parte del «Acuerdo Parque Tercer
Milenio», se encuentra el señor Floresmiro Suárez León, para que, posteriormente,
se determine la fecha cierta y razonable en que se estudiará su caso, en orden de
establecer, a través del trámite previo de caracterización cuáles son sus
circunstancias reales y actuales y si su situación de vulnerabilidad se mantiene o
no para luego proceder, si es del caso, a entregarle la respectiva asistencia, según
el riguroso orden de los turnos otorgados de acuerdo con la presentación de las
solicitudes.
Además de lo anterior, se conmina a las entidades [sic] demandas para que [sic]se
ser negativa la respuesta respecto a la verificación del referido censo, se le
explique al accionante las razones por las cuales no hizo parte del «Acuerdo
parque Tercer Milenio».
Como fundamento indicó que, a la petición del actor debía otorgarse un enfoque
diferencial, dado que se trataba un sujeto de especial protección constitucional,
pues se encontraba inmerso en una situación de debilidad manifiesta al ser una
víctima del desplazamiento forzado.
El anterior proveído se notificó por telegrama el 14 de noviembre de 20123.
El 30 de noviembre de 2012 el accionante solicitó que se iniciara un incidente por
desacato a la orden de tutela del ad quem constitucional del 5 de julio de 2012.
3 Índice 015 de Samai del proceso 25000232700020120034001
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Mediante autos del 5 de diciembre de 2012 y 18 de enero de 2013, el tribunal
accionado requirió al director de la Unidad Administrativa Especial para la Atención
y Reparación Integral a las Victimas -en adelante UARIV-, y al secretario de
Gobierno Distrital, para que se pronunciaran sobre el cumplimiento del fallo de
tutela. Posteriormente, en providencia del 13 de febrero de 2013 se requirió a la
directora de la UARIV, en el mismo sentido.
El incidente se resolvió en proveído del 9 de abril de 2013 en el que se decidió: (i)
abstenerse de sancionar al Secretario de Gobierno, porque dio una respuesta a la
petición del actor, en la que le informó que no se encontraba registrado en el listado
de personas censadas que hacen parte del «Acuerdo Parque Tercer Milenio»; (ii)
sancionó con multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a la señora
Paula Gaviria Betancur en calidad de directora de la UARIV, dado que no cumplió
la orden de tutela, ni demostró realizar gestiones para tal fin, pese a que se le
indicó que debía realizar la caracterización del actor y verificar si podía concederle
o no la prórroga de las ayudas humanitarias.
El auto se remitió al Consejo de Estado, Sección Cuarta, para agotar el grado
jurisdiccional de consulta contra la anterior decisión, la que se resolvió mediante
providencia del 30 de mayo de 2013, en los siguientes términos:
1. CONFÍRMASE, la decisión del 9 de abril de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en cuanto se
abstuvo de imponer sanción por desacato al secretario de Gobierno Distrital
2. REVÓCASE, la sanción por desacato al fallo de tutela, impuesta a Paula Gaviria
Betancur como directora de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas.
Lo anterior dado que, a su juicio, la UARIV aportó memorial en el que informó sobre
los trámites realizados para dar cumplimiento a la orden -en el trámite de consulta-
en el que refirió que en el oficio No. 20137305465221 del 8 de mayo de 2013
contestó la petición e informó al actor que (i) no hizo parte la lista de beneficiados
del «Acuerdo Parque Milenio» porque no aparece en la lista oficial levantada en el
Palacio Liévano del 2 de agosto de 2008 ; (ii) verificó el sistema SNARIV en el que
evidenció que al actor y su núcleo familiar ya se les otorgó un apoyo económico
para «generación de ingresos» el 28 de agosto de 2008; (iii) se le hizo entrega de
prórrogas de ayuda humanitaria, con última fecha el 25 de febrero de 2013.
En los términos expuestos, la Sección Cuarta de esta Corporación consideró que
la UARIV cumplió con lo ordenado en el fallo de tutela pues contestó lo requerido
por el accionante, y le explicó los motivos por los cuales no fue registrado en el
censo del «Acuerdo Parque Milenio», asimismo, le recordó sobre los beneficios
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que ya le fueron entregados como población víctima del desplazamiento forzado y
le advirtió que el oficio de respuesta fue debidamente notificado, por lo que
concluyó que «la vulneración al derecho fundamental protegido ha cesado».
A renglón seguido, el Tribunal accionado profirió el auto del 25 de julio de 2013 de
«obedézcase y cúmplase» y dispuso el archivo de las diligencias.
El 31 de enero de 2025, el accionante radicó un nuevo incidente de desacato por
incumplimiento al fallo de tutela del 5 de julio de 2012 y pidió que se ordene a la
UARIV el cumplimiento a los acuerdos firmados en el «Tercer Milenio del año
2009» relacionado con el componente de vivienda digna al que consideró le asistía
derecho como víctima, pues refirió que su indemnización ha sido dilatada sin
justificación alguna.
La autoridad judicial accionada, mediante auto del 14 de febrero de 2025 dispuso:
«estarse a lo resuelto en providencia del 25 de julio de 2013», al considerar que
no existe ninguna circunstancia que habilitara un pronunciamiento adicional,
comoquiera que en el grado jurisdiccional de consulta se determinó que la orden
de tutela se encontraba cumplida.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada vulneró las garantías
invocadas y desconoció su calidad de víctima del desplazamiento forzado, ya que,
en el auto cuestionado, se confunde el incidente de desacato con la petición de
«cumplimiento de sentencia» que fue la solicitud que radicó.
Indicó que, tiene derecho a los beneficios que le fueron otorgados a las personas
asentadas en el Parque Tercer Milenio, tal como la vivienda digna, sin necesidad
de hacer postulaciones, dada su condición de vulnerabilidad.
Hizo mención que en el oficio 20125330413601 de la Secretaría Distrital se informó
que sí hace parte del censo, por tanto, consideró que le asistía el derecho a tener
una casa digna, y que ha pasado casi una década desde que se profirió el amparo,
sin que haya podido acceder a la misma, pese a que el Acuerdo se suscribió en
julio de 2009.
Adujo que las autoridades no están cumpliendo con su función pues si bien le
brindaron las ayudas humanitarias, no le entregaron su vivienda.
Puso de presente la postura de la Corte Constitucional sobre el estado de cosas
inconstitucional en el que se encuentran las víctimas del desplazamiento forzado
e hizo una extensa reflexión sobre el derecho al acceso a la administración de
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justicia, la prevalencia del derecho sustancial, la «Declaratoria Universal de los
Derechos Humanos» el «principio general del derecho», el debido proceso, la
confianza legítima, a la dignidad humana y a la honra, para concluir que existe una
negligencia judicial por parte del tribunal, quién confundió «el incidente de
desacato con la solicitud de cumplimiento en incidente de desacato».
Además, hizo un recuento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales para concluir que cumplía con estos. Aunado a que,
consideró que existían precedentes frente a este asunto, en los que se indica
cuando procede la tutela contra una sentencia de la misma naturaleza.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Por medio de auto del 9 de abril de 2025, la magistrada ponente admitió la acción
de tutela y ordenó notificar a la parte demandante4 y, como parte demandada, a
los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A 5.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV6, a la Secretaría de Gobierno Distrital7, y al Departamento
Administrativo Para la Prosperidad Social8 [entidades accionadas en la tutela anterior].
Del mismo modo, en auto del 30 de abril de 2025 vinculó al Consejo de Estado,
Sección Cuarta9, [ad quem dentro de la acción constitucional previa].
4 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a: tony.2larry@hotmail.com
5 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a:
scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co hrodrigc@cendoj.ramajudicial.gov.co
scs04sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co
rmemorialesposec04tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co
6 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co.
7 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a:
notificacionesjudiciales@gobiernobogota.gov.co.
contrataciontransparente@gobiernobogota.gov.co notifica.judicial@gobiernobogota.gov.co
8 Índice 013 de Samai. La notificación fue realizada a:
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co notificaciones.juridica@prosperidadsocial.gov.co.
9 Índice 025 de Samai. La notificación fue realizada a: notiflrodriguez@consejodeestado.gov.co;
avelascoa@consejodeestado.gov.co; marilinnino@hotmail.com; freyc@consejodeestado.gov.co;
llopezr@consejodeestado.gov.co; yacevedoa@consejodeestado.gov.co;
sladinoc@consejodeestado.gov.co; notifwramos@consejodeestado.gov.co;
notifmgutierrez@consejodeestado.gov.co; mherrerat@consejodeestado.gov.co;
vbalcarcelg@consejodeestado.gov.co; notifmchaves@consejodeestado.gov.co;
ychavarroc@consejodeestado.gov.co; abarbosaq@consejodeestado.gov.co.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A10
En documento radicado el 11 de abril de 2025 la magistrada ponente de la decisión
cuestionada rindió informe en el que hizo un recuento sobre las actuaciones de la
acción de tutela y el incidente de desacato dentro del proceso 25000-23-27-000-
2012-00340-00/01 para concluir que, la orden de segunda instancia estaba dirigida
a que las accionadas verificaran si el actor hacía parte del listado de personas
censadas en el «Acuerdo Parque Tercer Milenio» y así se lo hicieran saber, y
además, que se estudiara la situación de vulnerabilidad -para ese entonces- a fin
de establecer si tenía o no derecho a la entrega de asistencias, lo que, en su sentir,
efectivamente se hizo, por tanto, concluyó que la orden del juez se tenía por
cumplida.
Por lo anterior, solicitó que se declare improcedente este mecanismo, ya que, a su
juicio, el debate procesal planteado ya fue objeto de discusión en el trámite de
tutela, y que desborda el fin del incidente de desacato, cuyo propósito es lograr el
cumplimiento efectivo del fallo, lo que, iteró, en el caso en cuestión era informar al
accionante si hacía parte del listado de beneficiarios del «Acuerdo Parque Tercer
Milenio» y si le asistía o no derecho a la entrega de más ayudas.
1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las
Víctimas - UARIV11
La representante judicial de la entidad, en memorial del 21 de abril de 2025 allegó
respuesta en la que solicitó ser desvinculada del trámite por carecer de
legitimación en la causa por pasiva, dado que, consideró que no ha incurrido en la
vulneración de las garantías invocadas, aunado a que no tiene peticiones
pendientes por resolver frente al accionante y que el accionado es la autoridad
judicial, quién, además, tiene competencia para emitir algún pronunciamiento para
lo pretendido.
Explicó que ya dio respuesta en debida forma a la petición incoada por el señor
Suárez León, de manera que consideró que no es posible exigirle más a esta
10 Índice 016 de Samai.
11 Índice 017 de Samai.
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entidad, pues ya cumplió la obligación de salvaguardar el precepto constitucional
encomendado.
Finalmente, recordó al accionante los canales de contacto de la UARIV, a los que
podrá acudir en caso de requerir alfo adicional.
1.6.3. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá D.C.12
El director jurídico de la entidad contestó en memorial radicado el 22 de abril del
presente año y pidió ser desvinculado de esta acción dado que consideró que no
tiene legitimación en la causa por pasiva para garantizar la protección de los
derechos que el actor considera transgredidos, cuya competencia radica en
cabeza de la autoridad judicial.
A renglón seguido expuso las funciones que ostenta, en su calidad de secretario
Distrital, y que se encuentran contenidas en el artículo 38 del Decreto 1421 de
1993, el Acuerdo Distrital 15 de 1999, y el Decreto 411 de 2016 que modificó la
estructura organizacional de esa dependencia. Lo anterior para concluir que lo
pretendido por el tutelante no se encuentra dentro de sus facultades y, en
consecuencia, consideró que existe la vulneración de los derechos fundamentales
alegados por el tutelante por parte de esta autoridad.
1.6.4. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social13
El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Acciones Constitucionales de la
Oficina jurídica de la entidad allegó memorial de respuesta el 24 de abril de 2025
en el que indicó que la tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad contra
providencias judiciales porque no se agotaron todos los mecanismos de defensa
judicial con que contaba el actor, previo a acudir a este mecanismo, dado que, a
su juicio, el accionante contaba con el recurso extraordinario de revisión contra
sentencias previsto en el artículo 250 del CPACA.
En ese sentido, concluyó que, tal como lo ha dispuesto la Corte Constitucional en
las sentencias SU-090 de 2018, SU-026 de 2021 y SU-157 de 2022 en este caso
no se superó el requisito de subsidiariedad, ni encontró la existencia de un perjuicio
irremediable.
1.6.5. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, no allegó pronunciamiento alguno, a
pesar de que fue debidamente vinculado a la presente acción.
12 Índice 018 de Samai.
13 Índice 020 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
de presentada por el señor Floresmiro Suárez León, contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y el
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de conformidad con lo
establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa
La UARIV y la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. D.C., solicitaron su
desvinculación del presente trámite, tras considerar que no les asiste legitimación
en la causa por pasiva.
Sobre el particular, la Sala precisa que no se accederá a la mencionada solicitud.
Esto, en virtud de que su vinculación se hizo como terceros en virtud del eventual
interés que les puede representar el presente trámite, por ejemplo, ante una
decisión favorable a la parte actora. Lo anterior, dado que fungieron como
accionadas dentro del proceso de tutela que dio origen a la presente acción.
2.3. Problema jurídico
Acorde con lo señalado en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a la Sala resolver:
• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?
En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:
• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
A, vulneró las garantías invocadas por el actor, con ocasión de la
providencia proferida el 14 de febrero de 2025 dentro del incidente de
desacato con radicado 25000-23-27-000-2012-00340-00/01-02?
Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) procedencia de la acción de tutela contra los autos que
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resuelven el incidente de desacato; (iii) el requisito de relevancia constitucional, y;
(iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201214
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema15 y declaró su
procedencia.16
Esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar
su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que
se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
15 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
16 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
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2.5. Procedencia de la tutela contra autos que resuelven incidente de
desacato
Esta Sala ha considerado que la naturaleza jurídica del incidente de desacato
corresponde a la de un trámite sancionatorio, por lo que contra las decisiones que
se adopten en el mismo procede excepcionalmente la acción de tutela, cuando se
pretenda obtener la protección de un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la procedencia de la acción de
tutela contra decisiones asumidas en el trámite de un incidente de desacato, de la
siguiente manera:
[…] Tratándose de solicitudes de amparo en contra de las providencias proferidas
en el curso de un incidente de desacato, como aquella que resuelve el incidente,
la Corte ha establecido que procede la acción de tutela excepcionalmente, siempre
que logre verificarse la existencia de una vía de hecho. Lo anterior, por cuanto es
claro que, por medio del incidente de desacato, las autoridades judiciales toman
decisiones que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Entonces, siendo procedente de forma excepcional la acción de tutela debe
tenerse presente que durante el trámite de tal incidente no se deberán ventilar
asuntos que afecten la ratio decidendi, ni la decisión que con base en ésta se
adoptó en el fallo de tutela, y que sirve como fundamento para promover el
incidente de desacato. Así, el estudio de una acción de tutela interpuesta contra
un incidente de desacato deberá limitarse, en todo caso, a la conducta desplegada
por el juez durante el incidente mismo, sin consideración alguna del fallo que le
sirve de trasfondo. Lo contrario sería revivir un asunto debatido que hizo tránsito a
cosa juzgada […]17
De manera que, el desacato es incidental por ser un instrumento sancionatorio de
creación legal, cuyo procedimiento se surte previa petición de la parte interesada
y requiere un análisis de la responsabilidad subjetiva.
Es así como mientras el cumplimiento implica un análisis objetivo, el incidente de
desacato va más allá y estudia la responsabilidad subjetiva del funcionario
encargado de cumplir el fallo, esto es, las razones que lo llevan a omitir el deber
de atender la orden judicial.
En todo caso, el incumplimiento de una providencia judicial proferida dentro de un
trámite incidental por no acatar una orden judicial es una violación sistemática de
la Constitución Política, por cuanto frustra la consecución de los fines esenciales
17 Corte Constitucional, sentencia T-482 de 2013. M.P. Alberto Rojas Ríos
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del Estado, por lo que es evidente que la obligación primordial del juez
constitucional es hacer cumplir íntegramente la orden judicial de protección.
Al respecto, la Corte Constitucional señaló que «[…] [e]s el desacato un ejercicio del
poder disciplinario y por lo mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una
responsabilidad subjetiva […]»18 en tal sentido, se prohíbe la responsabilidad
objetiva, en tanto que para sancionar por el incumplimiento de una orden judicial
es necesario que esta sea el resultado de una acción u omisión ejecutada dolosa
o culposamente del agente.
La mencionada corporación ha considerado, en eventos relacionados, lo siguiente:
[…] las razones que el peticionario exponga en su escrito de tutela deben ser
coherentes con los argumentos esgrimidos durante el incidente y que las pruebas
que pretenda hacer valer hayan sido solicitadas, conocidas o analizadas en la
etapa incidental porque de lo contrario la tutela no sería procedente en tanto que
ésta no puede ser utilizada como un remedio procesal ante la desidia o negligencia
del interesado […]19
El parámetro que se debe tener en cuenta para sancionar, lo establece la orden
impartida, esto es, debe existir certeza acerca de la conducta esperada y la forma
específica en que esta debe materializarse y esa orden es la que el juez debe
verificar de manera rigurosa.
Por tanto, durante el trámite incidental de desacato debe garantizarse al
funcionario el derecho al debido proceso en todas las actuaciones, por lo que, de
advertirse una conducta positiva por parte del mismo, de la cual pueda inferirse
que ha obrado de buena fe y no con el ánimo de evadir los mandatos de la orden
judicial, no hay lugar a la imposición de sanciones.20
Así las cosas, ante estos eventos el juez constitucional que conoce de una tutela
contra providencias dictadas en el trámite del incidente de desacato se encuentra
limitado a establecer:
18Corte Constitucional, sentencia T-763 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
19 Corte Constitucional, sentencia T-343 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-939 de 2005 ha considerado: «…Conforme
a la naturaleza sancionatoria del desacato, cualquier medida proveniente de éste debe estar
soportada por la garantía del debido proceso respecto de cada uno de los disciplinados y precedida
por la comprobación probatoria de cada uno de sus elementos, es decir, el incumplimiento de la
orden y la responsabilidad subjetiva de cada uno de sus destinatarios. De no reunirse cualquiera
de los presupuestos mencionados, conforme al reglamento que rige la acción de tutela y la
jurisprudencia de esta Corporación, no será posible impartir sanción alguna, pero si ello llegare a
ocurrir, procederá el examen de las decisiones a partir de los criterios de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales»
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i) Si el juez del desacato actuó de conformidad con la orden de amparo proferida,
ii) si se respetó el debido proceso de las partes y,
iii) si la sanción impuesta, de ser el caso, resulta arbitraria, sin que con ello se
pueda reabrir el debate de fondo ni cambiar la protección concedida o el alcance
y contenido de aquella.
2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad
2.6.1. Relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia SU-215 de 202221 explicó que para dejar
sin efectos una sentencia debe advertirse el cumplimiento de unos requisitos de
procedencia, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tanto, cuando se interponga un mecanismo de amparo constitucional contra
una decisión judicial debe examinarse:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
21 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal22
(Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico23; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional24.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal25”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales26”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto27, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal28. (Resaltado
de la Sala)
3. Caso concreto
La actora pretende, vía acción de tutela, dejar sin efectos el auto del 14 de febrero
de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, en el que resolvió estarse a lo resuelto en la providencia del 25 de
22 Sentencia SU-573 de 2019.
23 Sentencia SU-103 de 2022.
24 Sentencia SU-103 de 2022.
25 Sentencia SU-103 de 2022.
26 Sentencia SU-128 de 2021.
27 Sentencia SU-573 de 2019.
28 Ibid.
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julio de 2013, por medio de la que dispuso obedecer lo resuelto por el Consejo de
Estado, Sección Cuarta en el proveído del 30 de mayo de 2013 en el que consideró
que la vulneración al derecho fundamental del accionante que había sido objeto
de protección, había cesado, pues concluyó que se había cumplido la orden
dispuesta en la sentencia de tutela del 5 de julio de 2012 proferida por dicha
Corporación dentro del expediente de tutela con radicado 25000-23-27-000-2012-
00340-00/01.
Lo anterior, ya que, para el tutelante, en la providencia enjuiciada el tribunal
accionado confunde el incidente de desacato29, y el cumplimiento del fallo30 y en
sentido, consideró que ello ocasionó la negativa a dar trámite a su solicitud que
generó la vulneración de los derechos invocados, máxime si se tiene en cuenta
que se trata de una persona en situación de vulnerabilidad al ser víctima del
desplazamiento forzado.
Así entonces, previo a decidir, se hará un breve recuento de lo acontecido en el
proceso de tutela resuelto previamente. Se evidencia que la petición inicial del
actor tenía como finalidad: (i) ser incluido como beneficiario del «Acuerdo del
Parque Tercer Milenio»; (ii) en consecuencia, que se le otorguen los beneficios del
programa, y; (iii) se entregue los componentes a los que tiene derecho como
víctima del conflicto armado.
Pese a que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, en sentencia del 24 de abril de 2012 negó el amparo, dicha decisión
fue revocada en segunda instancia por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
que en providencia del 5 de julio de 2012 amparó el derecho de petición del
tutelante.
Al respecto, advierte la Sala que la orden dispuesta por la Sección Cuarta de esta
Corporación en el proveído del 5 de julio de 2012, fue que la UARIV y la Secretaría
Distrital: (i) informaran al solicitante si estaba inscrito dentro del censo del
«Acuerdo Parque Tercer Milenio», y; (ii) que la UARIV estudiara las circunstancias
reales y actuales del petente en aras de agotar el trámite de caracterización para
luego decidir si le asistía o no el derecho a las asistencias en su calidad de víctima.
Entonces, como en sentir del actor se incumplió la orden, promovió el incidente de
desacato el 30 de noviembre de 2012 que se resolvió por el tribunal accionado en
auto del 9 de abril de 2013, en el que sancionó a la directora de la UARIV por
29 Esta figura se refiere a la potestad disciplinaria que tiene el juez para hacer cumplir la orden
desplegada en la sentencia de tutela y se encuentra consagrada en el artículo 52 del Decreto 2591
de 1991.
30 Esta se relaciona con el acatamiento del fallo por parte de la autoridad responsable del agravio
a los derechos fundamentales protegidos, la que se encuentra consagrada en el artículo 52 ibidem.
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incumplimiento a la sentencia de tutela; cuya decisión se revocó por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado en el proveído del 30 de mayo de 2013.
En este último auto el juez de tutela concluyó que la UARIV cumplió el fallo durante
el grado jurisdiccional de consulta, pues en el oficio 20137305465221 del 8 de
mayo de 2013, aportado al trámite, contestó al accionante: (i) que no hizo parte del
censo del «Acuerdo Parque Tercer Milenio», y; (ii) que ya se le habían entregado
las prórrogas del componente de ayuda humanitaria que le fueron reconocidas, así
como el rubro para «generación de ingresos».
Por lo anterior, la autoridad judicial accionada profirió el auto del 25 de julio de
2013 de «obedézcase y cúmplase» con relación al auto que resolvió el grado de
consulta, que declaró cumplida la orden de tutela que había amparado el derecho
de petición y, en consecuencia, dispuso el archivo del expediente.
Pese a lo anterior, el 14 de febrero de 2025 el actor radicó nuevamente un
incidente de desacato en el que solicitó que se ordene a la UARIV dar
cumplimiento a los compromisos del «Acuerdo Parque Milenio» y en consecuencia
que se le otorgue la indemnización para adquirir una vivienda digna, ya que indicó
que han pasado muchos años sin recibir tal componente.
En ese sentido, el tribunal resolvió -en el auto aquí cuestionado-, «estarse a lo
resuelto en el auto del 25 de julio de 2013» esto es, el auto de obedézcase y
cúmplase proferido con ocasión del auto del 30 de mayo de 2013 proferido por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el que se resolvió dar por cumplida la orden
de tutela del 5 de julio de 2012. En consecuencia, para la autoridad judicial no
había lugar a emitir ningún pronunciamiento diferente, máxime cuando el actor
alegaba los mismos hechos ya debatidos en el proceso anterior.
En los términos expuestos, la Sala no evidencia un argumento sólido que
demuestre la vulneración de las garantías constitucionales invocadas por el
tutelante, sino que reitera los argumentos expuestos en el mecanismo anterior,
esto es, que debió ser incluido como beneficiario del «Acuerdo Parque Milenio»
por ser una víctima del conflicto armado y que tiene derecho a obtener los
beneficios de vivienda derivados del mismo, lo cual, como ya le explicó la autoridad
judicial accionada, no le es aplicable porque no hizo parte de la «lista oficial
levantada en el Palacio Liévano del 2 de agosto de 2008».
Al respecto, se no advierte que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A, hubiese tenido que desplegar argumentos
diferentes a los que esgrimió el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el auto del
30 de mayo de 2013 en el que declaró cumplido el fallo de tutela, y en ese sentido,
el juzgado estaba en la obligación de acatar la decisión dictada por la Corporación,
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máxime, cuando la petición del actor es la misma elevada en el proceso de tutela
anterior, por lo que, esta Sala no advierte un actuar caprichoso o arbitrario por la
autoridad judicial, sino por el contrario, acató la orden judicial proferida por el
superior jerárquico.
No obstante, considera la Sala que la parte accionante lo que realmente pretende
es que mediante este mecanismo constitucional se reabra el estudio realizado por
el juez que resolvió el grado jurisdiccional de consulta, sin embargo, dado que han
trascurrido más de 12 años desde que dicha providencia quedó ejecutoriada, el
actor inicia un nuevo incidente, con los mismos razonamientos del anterior, con el
fin de obtener otro pronunciamiento por parte de la autoridad judicial, de lo cual se
puede colegir que se trata de los mismos planteamientos expuestos en esta sede,
que, como se indicó, ya fueron analizados por la Sección Cuarta de esta
Corporación en el trámite de consulta.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos del escrito
introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías y hacer un uso de
lenguaje de carácter constitucional, no exponen con suficiencia razones de peso
que justifiquen la intromisión de otro juez de tutela, cuando, además, no se
evidencia prima facie la vulneración de los derechos fundamentales por parte de
la autoridad judicial accionada.
En ese sentido la carga argumentativa a la que hace alusión la Corte Constitucional
no se satisface simplemente con enunciar y transcribir artículos de la Constitución
Política para cumplir el mencionado ejercicio, sino que dicha labor comprende un
razonamiento que permita advertir la existencia de una transgresión de alguna
garantía superior con relación a la decisión reprochada.
Se resalta que la administración de justicia garantiza que los funcionarios judiciales
gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por la que,
en principio, no es procedente reprochar sus decisiones vía acción de tutela;
máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate planteado
por la tutelante muestra una inconformidad con el examen del juez constitucional
en el grado jurisdiccional de consulta, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Floresmiro Suárez León contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y otro, por no satisfacer el requisito de relevancia
constitucional
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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