Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00989-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00989-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00989-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00989-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LO PRETENDIDO POR
LA ACTORA ES QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN
INTEGRAL A DE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN EL PROCESO
ORDINARIO, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS
QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE. ASUNTO ECONÓMICO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 21 de marzo de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1,
denegó la solicitud de amparo de la referencia.
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En adelante la Sección Segunda
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00989-01
Actora: UGPP
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La UGPP, actuando a través de apoderada judicial, en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales estima
vulnerados por el JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA2 y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO3, al haber proferido las
providencias de 7 de junio y 9 de agosto de 2024, respectivamente,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 2023-00313-01.
I.2.- Hechos
Comentó que el señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO
prestó sus servicios como docente del municipio de Barranquilla,
desde el 28 de mayo de 1973 y el 4 de agosto de 1997 y,
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En adelante el Juzgado
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2025-00989-01
Actora: UGPP
posteriormente, como magistrado del Tribunal Administrativo del
Atlántico, desde el 15 de agosto de 1997 al 8 de marzo de 2023.
Manifestó que a través de la Resolución núm. RDP 009196 de 16 de
abril de 2021, le reconoció al señor LUIS CARLOS MARTELO
MALDONADO una pensión gracia, en cumplimiento del fallo judicial
proferido por la Sala C del Tribunal Administrativo del Atlántico, por
medio del cual se ordenó pagarle una mesada de jubilación por la
cuantía de $1.165.214, efectiva a partir del 8 de marzo de 2003 y
por prescripción trienal con efectos fiscales desde el 23 de mayo de
2015.
Explicó que el 18 de agosto de 2023 solicitó a la Rama Judicial que
certificara la vinculación laboral del señor LUIS CARLOS MARTELO
MALDONADO, ante lo cual se evidenció que el mismo percibía la
mesada de la pensión gracia y el sueldo como magistrado de
Tribunal.
Indicó que, por lo anterior, mediante oficio de 2023142005441851
de 10 de octubre de 2023, suspendió la mesada de pensión gracia al
señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO hasta tanto no
reintegrara la suma de $263.802.065 o se demostrara el efectivo
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retiro del servicio.
Aseguró que, como consecuencia de ello, el señor LUIS CARLOS
MARTELO MALDONADO promovió demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra con
el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo antes
mencionado, al cual le fue asignado el número único de radicación
2023-00313-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, en
sentencia de 7 de junio de 2024, accedió a las súplicas de la
demanda.
Manifestó que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
apelación, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, en providencia
de 9 de agosto de 2024, confirmó la decisión del a quo al estimar
que, aun cuando el señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO
no podía percibir doble erogación del erario, no había lugar a
reintegrar el dinero por ese concepto, toda vez que no se demostró
la mala fe en el actuar del beneficiario.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
La parte actora sostuvo que las autoridades judiciales accionadas
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incurrieron en defecto fáctico, pues profirieron una decisión sin el
suficiente apoyo probatorio que la sustentara, además que valoraron
de forma indebida las pruebas aportadas al plenario, entre ellas, la
certificación laboral expedida por la Rama Judicial y la Resolución
núm. RDP 009196 de 16 de abril de 2021, con las cuales era posible
demostrar que, durante el período comprendido entre el 23 de mayo
de 2015 hasta el 8 de marzo de 2023, coexistió una doble asignación
proveniente del tesoro nacional, lo que claramente hacia
improcedente el pago de la pensión gracia.
En efecto, adujo que, aun cuando se consideró que en efecto la
pensión gracia no podía concurrir con ninguna otra asignación del
tesoro nacional, las autoridades judiciales accionadas no actuaron en
ningún sentido con el fin de que se corrigiera dicha irregularidad, en
la medida en que la no demostración de la mala fe del beneficiario
no lo eximia de responsabilidad por el desconocimiento de la norma,
máxime si ostentaba una dignidad de magistrado de Tribunal, lo que
lo haca conocedor de estos asuntos.
Sostuvo que en la Resolución núm. RDP 009196 de 16 de abril de
2021, en su artículo 4º se indica que “La presente pensión estará
sujeta a todas las incompatibilidades legales”, lo que significa que se
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advertía que tal prestación si era sujeta de incompatibilidades con
otras asignaciones, por lo que siendo diligente y precavido el señor
LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO, debió consultar a la UGPP
o a la extinta CAJANAL.
Indicó que tanto el JUZGADO como el TRIBUNAL incurrieron en
defecto sustantivo, toda vez que desconocieron que en el caso era
procedente que se inaplicara la Resolución núm. RDP 009196 de 16
de abril de 2021 en lo relativo a los efectos fiscales de la pensión
gracia, advirtiendo que las mesadas pensionales reconocidas en el
período comprendido entre el 23 de mayo de 2015 y el 8 de marzo
de 2023, eran irregulares, por existir una incompatibilidad entre la
pensión gracia y la asignación salarial, por lo que estaba facultada
para efectuar el cobro, en sede administrativa, de las mesadas
pagadas irregularmente.
Afirmó que, de conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-066 de 2010, que hace referencia al
artículo 128 de la Constitución Política, existe una clara
incompatibilidad en la recepción de más de una asignación que
provenga del erario, situación que también ha sido objeto de debate
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Actora: UGPP
en varias oportunidades por el Consejo de Estado 4, por lo que
también se incurrió en desconocimiento en precedente judicial
en el asunto.
Agregó que en el caso bajo examen se encuentra demostrado el
perjuicio irremediable, comoquiera que existe una evidente
incompatibilidad entre la pensión gracia y el salario como magistrado
que devengó el beneficiario del 23 de mayo de 2015 hasta el 8 de
marzo de 2023, lo que genera un grave perjuicio por el pago doble
de asignación con recursos del tesoro público.
I.4.- Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, la actora pretende que se amparen
sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en
consecuencia:
“[…] DEJAR sin efectos las decisiones contenciosas del 07 de
junio de 2024 y 09 de agosto de 2024 dictadas por el JUZGADO
SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA y el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 – SALA DE
DECISIÓN ORAL dentro del medio de control de nulidad y
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia
de 26 de enero de 2006, radicación 25000-23-25-000-2001-10688-01
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Actora: UGPP
restablecimiento del derecho 08-001-33-33-006-2023-00313-
00, en razón a la evidente vía de hecho y abuso del derecho.
TERCERO. TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO DESPACHO 003 - SALA DE DECISIÓN ORAL,
dictar nueva sentencia ajustada a derecho, esto es REVOCANDO
la sentencia del JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA y en su lugar negar la
pretensiones de la demanda, en consideración a que la UGPP
pagó de buena fe las mesadas pensionales durante el 23 de
mayo de 2015 y el 8 de marzo de 2023, sin embargo, nunca fue
informada sobre la asignación salarial proveniente del erario que
era recibida por el señor MARTELO MALDONADO, en
consecuencia, resulta viable jurídicamente efectuar el recobro
de los valores irregularmente pagados […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1- El JUZGADO indicó que no hay razones objetivas para que la
acción de tutela de la referencia prospere, pues no se incurrió en
acción u omisión alguna que configure la vulneración de los derechos
fundamentales de la actora, por lo que solicitó declarar improcedente
la solicitud de amparo de la referencia.
I.5.2.- El TRIBUNAL pese a ser notificado en debida forma del
presente trámite constitucional, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional –
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Actora: UGPP
Consorcio FOPEP, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, toda vez que lo pretendido por la entidad accionante
es la garantía y protección de los derechos fundamentales
reclamados, los cuales no han sido transgredidos por esa entidad.
I.6.2.- El señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO advirtió
que lo pretendido por la parte actora es convertir la acción de tutela
en una tercera instancia del proceso ordinario, lo cual no resulta de
recibo, máxime cuando no se ha incurrido en los defectos alegados,
pues las autoridades judiciales accionadas profirieron su decisión con
fundamento en las pruebas y las normas aplicables al asunto.
En ese orden de ideas, solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo de la referencia o, en su defecto, denegar las pretensiones
de la acción de tutela.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 21 de marzo de 2025, luego de determinar
que la presente acción de tutela cumplía con los requisitos generales
de procedibilidad, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación
efectuó el estudio del fondo del asunto, para concluir que no había
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lugar a conceder el amparo pretendido.
Para tal efecto, indicó que el TRIBUNAL le dio la razón a la UGPP en
cuanto a la incompatibilidad de los dineros percibidos por el señor
MARTELO, pero resaltó que la nulidad de los actos administrativos
surgió por haber ignorado el debido proceso administrativo, por lo
que se debían reintegrar las mesadas dejadas de pagar desde
septiembre de 2023 al beneficiario, momento en el cual ya se había
desvinculado de la Rama Judicial e ingresado a nómina de
pensionados.
Sostuvo que lo anterior implica que, contrario a lo afirmado por la
UGPP, el TRIBUNAL no desconoció el verdadero alcance del artículo
128 de la Carta Política.
Explicó que, en cuanto a la posibilidad de recobrar los dineros
pagados entre los años 2015 a 2023, concordaba con el a quo en
tanto que la entidad no había logrado demostrar que el beneficiario
actuó de mala fe, por lo que no solo le correspondía demostrar en el
proceso ordinario la ilicitud de la duplicidad de los emolumentos, sino
que aquel actuó de manera desleal para obtenerla, por lo que la
providencia cuestionada se ajustó tanto al marco normativo como
jurisprudencial vigente.
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Finalmente, en cuanto al defecto fáctico alegado, aseveró que el
TRIBUNAL sí valoró las pruebas según lo pedido por la UGPP, por lo
que el hecho de que no se haya ordenado el recobro de los dineros
pagados, no implica una indebida valoración probatoria, de tal forma
que no se encontraban vulnerados los derechos fundamentales
invocados.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que, contrario a lo advertido por el a quo, sí se incurrió
en los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial, máxime cuando con ellos se ha generado un perjuicio al
erario por tener que pagarle al señor LUIS CARLOS MARTELO
MALDONADO la suma de $263.802.065 por mesadas pensionadas
desde el 15 de agosto de 1997 hasta el 8 de marzo de 2023, cuando
devengaba salario por estar laborando como magistrado del Tribunal,
lo que constituye una vía de hecho que debió ser declarada por las
autoridades judiciales accionadas por existir mala fe en su actuar.
Insistió en que el principio de buena fe que predica el a quo para que
hubiera sido procedente la improcedencia del pago de los valores por
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mesadas pensionales se encuentra más que probado, ya que el señor
LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO no es un ciudadano del
común sino un abogado de quien no se puede predicar una
exoneración de no conocer la Constitución Política ni la ley, pues
fungió como magistrado por más de 20 años.
Indicó que el señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO ocultó
a la administración que aún no se encontraba retirado
definitivamente del servicio para obtener el pago de la mesada
pensional por estar devengando salario en su rol de magistrado de la
Rama Judicial y prueba de ello son los documentos allegados al
expediente pensional que ponían de presente que el causante en un
mismo período devengó mesada pensional y salario.
Aseveró que aun cuando las autoridades judiciales accionadas
consideraron que en efecto la pensión gracia no podía concurrir con
ninguna otra asignación del tesoro nacional, por ser incompatible,
decidieron pasar por alto corregir dicha irregularidad en grave
detrimento del erario y desconocimiento de lo dispuesto en el artículo
128 de la Carta Política.
Reiteró que no es posible predicar una buena fe en el actuar del señor
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LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO frente a la administración,
pues no fue leal y honesta, con lo cual se desvirtúa lo planteado tanto
por el JUZGADO, TRIBUNAL y el a quo, al denegar la protección
constitucional solicitada.
En esa medida, solicitó revocar la decisión del juez de primera
instancia y, en su lugar, acceder a las pretensiones por configurarse
una vía de hecho que hoy ocasiona un grave perjuicio al erario al
imponerle el pago de valores por mesada pensional durante el
período que se encontraba laborando y devengando salario.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
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distribución de negocios entre las secciones.
Cuestión previa
Previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario
precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el
punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la
sentencia.
La Sala advierte que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional . Consorcio FOPEP, solicitó su desvinculación en la
presente acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por
pasiva.
Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001
de 30 de noviembre de 2006[1], se refirió a la falta de legitimación en
la causa por pasiva en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta
Corporación en la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio
Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia
de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se
pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las
razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia
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favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa
es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés
sustancial que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad
procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de
desconocer o controvertir la reclamación que el actor le
dirige mediante la demanda sobre una pretensión de
contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un
proceso preferente y sumario, con ello no se quiso
consagrar un instrumento judicial carente de garantías
procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal
sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes
o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en
cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta
sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que
tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan.
Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra
autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares
por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala
el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés
Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite
procesal se deduce que el demandado no es responsable del
menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede,
bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el
demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya
omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que
inflige el daño […]”. (Destacado de la Sala).
Ahora bien, comoquiera que el Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional - Consorcio FOPEP, sustituyó a la Caja Nacional de
Previsión en lo relacionado con el pago de las pensiones de vejes o
jubilación y los demás fondos insolventes del sector público del orden
nacional y que es la entidad que ejecuta el pago reportado por la
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UGPP, fue vinculado en calidad de tercero, por lo que le asiste interés
directo en las resultas del proceso constitucional de la referencia,
razón por la cual la Sala denegará la solicitud de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
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inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
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una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el presente caso, la actora pretende que se dejen sin efecto las
sentencias de 7 de junio y 9 de agosto de 2024, proferidas por
el JUZGADO y el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
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radicación 2023-00313-01.
La controversia tiene origen en el hecho, según el cual, la UGPP le
suspendió al señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO la
mesada pensional, por encontrar que el mismo percibía también el
salario como empleado de la Rama Judicial, lo que conllevó que el
causante promoviera el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se encontró que, en efecto,
no era posible percibir doble erogación del erario, pero que, en todo
caso, no había lugar a reintegrar el dinero percibido comoquiera que
no se demostró el mal actuar.
El disenso de la entidad actora radica en el hecho de que, en su
sentir, el JUZGADO y el TRIBUNAL incurrieron en los defectos
fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente, pues si se
demostró el mal actuar del señor LUIS CARLOS MARTELO
MALDONADO al omitir informar a la administración que se
encontraba vinculado como magistrado de Tribunal mientras estaba
percibiendo una pensión gracia, se debió ordenar el reintegro de los
dineros pagados desde el 23 de mayo de 2015 al 8 de marzo de
2023.
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que denegó la solicitud de
amparo, al estimar que el TRIBUNAL no incurrió en los defectos
invocados.
En la impugnación la actora manifestó que el a quo pasó por alto que
se encontraba demostrado el actuar desleal y deshonesto del
causante y, además, iteró los argumentos iniciales, esto es, que las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos fáctico,
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, pues el señor
MARTELO MALDONADO percibió por más de 20 años doble
erogación del erario, lo que va en contravía del artículo 128 de la
Constitución Política y genera un grave perjuicio a la entidad.
Es del caso advertir que si bien la acción de tutela se presentó contra
el JUZGADO y el TRIBUNAL, lo cierto es que la providencia de 9 de
agosto de 2024 confirmó la sentencia de 7 de junio de 2024, razón
por la que la Sala realizará únicamente el análisis de la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados a la sentencia
proferida por el ad quem, máxime si ésta fue la que dio por
terminado el proceso.
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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen con los presupuestos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de
ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos deprecados e incurrió en los defectos alegados.
En este punto, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
esenciales, propias del debido proceso constitucional5, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».6
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación7, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
5
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [8]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [9].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [10].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [11].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
[8] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[9] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[11] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [12]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [13].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [14]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
[12] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[13] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[14] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional
en sentencia SU-215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho
requisito tiene como finalidades las siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
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excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación
que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó
que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el
requisito de relevancia constitucional debía analizarse:
“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la
independencia del juez ordinario.
Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que los argumentos
que invoca la parte actora como fundamento de la presunta
vulneración de los derechos deprecados, fueron objeto de
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pronunciamiento por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo. En efecto, el TRIBUNAL mediante la sentencia de 9
de agosto de 2024, señaló lo siguiente:
“[…] En orden de desatar la apelación del extremo pasivo, resalta la
Sala que es pacífica la jurisprudencia de nuestro Organismo de Cierre,
así como de la Corte Constitucional, en la que se considera que el
principio de buena fe es aquel que exige a los particulares y a las
autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta
honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse
de una persona correcta, por lo que este principio presupone la
existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se
refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra
dada”. En este sentido y conforme al artículo 83 superior, este
principio implica que (i) las actuaciones de los particulares y de las
autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena
fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares
adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones
jurídico administrativas. Esta última característica opera como
presunción legal que admite prueba en contrario.
De acuerdo a lo anterior, y conforme se resaltó en la jurisprudencia
aplicable al sub examine destacada en acápite anterior, tenemos que
el principio de la buena fe incorpora una presunción legal que admite
prueba en contrario y por ello, le corresponde a quien lo echa de
menos, probar que el peticionario actuó de mala fe. En consecuencia,
en tratándose de un error de la administración al concederse el
derecho a quien no reunía los requisitos legales, no puede la entidad
alegar a su favor su propia culpa para tratar de recuperar un dinero
que fue recibido por una persona de buena fe.
Precisa la Sala que ésta clara línea jurisprudencial se ha mantenido
para los casos en que se han recibido prestaciones periódicas producto
de un error de la administración. La posición así fijada encuentra su
razón de ser en el principio de la buena fe, que implica la convicción
del ciudadano, en que el acto emanado de la administración está
sujeto a legalidad y por ende no tiene que prever que sea susceptible
de demanda judicial o revocatoria, pues existe una legítima confianza
en la actuación pública dada precisamente por la presunción de
legalidad de la que gozan los actos administrativos.
Establecido lo anterior tenemos que, conforme los hechos probados
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en el proceso, está demostrado que, al aquí accionante, señor LUIS
CARLOS MARTELO MALDONADO le fue reconocida una pensión gracia
mediante Resolución RDP 009196 del 16 de abril de 2021, expedida
por la aquí accionada en cumplimiento de una orden judicial emanada
de esta Corporación el 9 de febrero de 2021, en virtud de la cual era
acreedor de las mesadas pensionales reconocidas de forma vitalicia, a
partir del 8 de marzo de 2003, con efectos fiscales a partir del 23 de
mayo de 2015, actos estos sobre los cuales no hay discusión alguna
respecto de su legalidad.
Conforme se desprende del contenido de los actos acusados, la
entidad demandada UGPP asegura que al momento de efectuarse los
anteriores desembolsos existió a favor del actor una simultaneidad en
el pago por concepto de salario y pensión provenientes del tesoro
público en los mismos periodos, contrariando lo dispuesto en el
artículo 128 de nuestra Carta Política y a su vez, lo determinado en el
artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, resaltando además que dicha
situación no fue informada a la Unidad conforme lo ordena el artículo
3° del Decreto 583 de 1995; por lo tanto, consideró procedente la
suspensión del reconocimiento pensional desde la mesada del mes de
septiembre de 2023, hasta tanto se confirme el retiro efectivo del
servicio al actor, y el recobro de los valores pagados de forma
simultánea desde el 23 de mayo de 2015, hasta la nómina del mes de
agosto 2023.
Ahora bien, el señor LUIS CARLOS MARTELO MALDONADO soló tuvo
conocimiento de dicha decisión al no recibir el pago de la mesada
correspondiente al mes de septiembre del año 2023, sin que la parte
accionada haya adelantado ningún procedimiento acorde a los
postulados establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo en el Título III capítulo 1 “reglas
generales del procedimiento administrativo común y general”, o en lo
dispuesto en el capítulo IX del mismo título, que regula lo concerniente
a la revocatoria directa de los actos administrativos, conociendo los
argumentos expuestos en el párrafo precedente en la respuesta
contenida en el oficio con radicado No. 2023142005441851 de 10 de
octubre de 2023 expedido por el FOPEP, mediante el cual se dio
respuesta al requerimiento efectuado por el actor a la aquí accionada,
mediante memorial de 28 de septiembre de 2023, petición que amplió
el 3 de octubre de la misma anualidad.
Así las cosas, se logra evidenciar que la parte accionada no adelantó
ninguna actuación administrativa tendiente a verificar lo sucedido con
los dineros consignados en favor del demandante, sino que de hecho
y sin acto administrativo que lo ordenara, y mucho menos sin
notificación alguna que cumpliera con el debido proceso, derecho de
audiencia y defensa, procedió a retener de la mesada del actor, cuyo
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pago se reanudaría cuando el aquí demandante cumpla dos
condiciones: i) Reintegre el valor de las mesadas pagadas desde el 23
de mayo de 2015 hasta la causada en el mes de agosto de 2023,
cantidad esta que según la UGPP asciende a la suma de $263.802.065,
y ii) Demuestre su efectivo retiro del servicio, acción que causó un
detrimento y/o perjuicio en el actor, a causa de una decisión
abiertamente unilateral, la cual, dada su trascendencia, ha debido ser
adoptada después de realizarse una actuación administrativa, con
arreglo a las disposiciones vigentes, y que, de esta manera, se
permitiera al interesado la oportunidad de conocer la actuación desde
el inicio, ejerciendo el derecho de defensa, sin el desconocimiento del
debido proceso, empleando los medios legales otorgados por la ley
para tal efecto, esto es, para su defensa.
Precisa la Sala que, para la devolución de prestaciones periódicas por
parte de los particulares, se exige la demostración de su mala fe, pues
la buena fe en sus actuaciones es una presunción constitucional; es
decir, la demostración de que los particulares hubiesen asaltando la
buena fe para hacerse acreedores a una prestación a la que no tenían
derecho. Lo anterior encuentra apoyo normativo en el Literal c) del
Numeral 1° del artículo 164 de la Ley 1437 de 22011, cuyo tenor literal
es el siguiente:
[…]
Corolario de lo anterior, destaca la sala que conforme Resoluciones
Nos. RDP 009196 del 16 de abril de 2021 y RDP 013532 del 28 de
mayo de 2021, la entidad accionada, en cumplimiento a un fallo
judicial proferido por esta Corporación el 09 de febrero de 2021,
ordenó reconocer y pagar a favor del señor Luis Carlos Martelo
Maldonado una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, en
cuantía de $1.062.357.oo, efectiva a partir del 8 de marzo de 2003,
con efectos fiscales a partir del 23 de mayo de 2015, a cargo del Fondo
de Pensiones Públicas del Nivel Nacional FOPEP, actos estos sobre los
cuales no hay discusión sobre su legalidad, existiendo, conforme lo
señala la demandada, una simultaneidad a favor del actor en el pago
por concepto de salarios por parte de la Rama Judicial y una pensión
gracia provenientes del tesoro público en los mismos periodos (del 23
de mayo de 2015 hasta el mes de agosto de 2023), contrariando lo
dispuesto en el artículo 128 de nuestra Carta Política y a su vez, lo
determinado en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, siendo
incompatibles dichos pagos, resaltándose que dicha situación no fue
informada por el actor a la entidad conforme lo señala el artículo 3 del
Decreto 583 de 1995, generando el pago simultáneo de dos
erogaciones del erario público.
Ahora, esta situación creó a favor del aquí accionante una situación
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jurídica de carácter particular y concreto, en la medida en que le
reconoció el pago de una suma específica, por concepto de una
mesada por pensión gracia que, por lo mismo, ingresó a su
patrimonio, y no obstante la prohibición de doble erogación del erario
público, conforme afirma la accionada, está la Administración en la
obligación de iniciar el procedimiento administrativo reglado en el
Título III capítulo 1 de la Ley 1437 de 2011, o de demandar su propio
acto en caso de este existir (capítulo IX del mismo título), ante la
imposibilidad de obtener el consentimiento del particular para
revocarlo; aunado a lo anterior tenemos que la demandada incurrió
en error al reconocer en cumplimiento de un fallo judicial, a través de
las Resoluciones Nos. RDP 009196 del 16 de abril de 2021 y RDP
013532 del 28 de mayo de 2021, el pago de una pensión mensual
vitalicia de jubilación gracia efectiva a partir del 8 de marzo de 2003,
con efectos fiscales a partir del 23 de mayo de 2015, sin suspender
su pago hasta que demostrara el retiro efectivo del servicio, equívoco
en el que no tuvo participación el titular del derecho, lo que confirma,
que si la Administración, fundada en su propia negligencia, pretende
la devolución de las sumas pagadas en exceso, como en este caso,
vulnera de manera franca el principio de la buena fe del gobernado.
Ahora, alega la entidad accionada que el actor tenía pleno
conocimiento que tenía una vinculación con la Rama Judicial de lo cual
no informó al momento del reconocimiento de la pensión gracia;
además, al fungir como Magistrado en la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, tenía pleno conocimiento de las normas y el deber del
actor y que la administración esperaba, es que exista una exigencia
personal al momento de actuar, basados en la honestidad, rectitud y
credibilidad, principios a los cuales se encuentran sometidos el actuar
de las autoridades públicas y de los particulares.
Sobre el particular, es menester señalar que, conforme los cargos de
la demanda, el convencimiento del actor radicaba en la legalidad de
recibir concomitantemente, el pago por concepto de salarios por parte
de la Rama Judicial y una pensión mensual vitalicia de jubilación gracia
provenientes del tesoro público en los mismos periodos (del 23 de
mayo de 2015 hasta el mes de agosto de 2023). Lo anterior, al
considerar que con la expedición de la Ley 60 de 1993, la limitación o
restricción de no percibir dos asignaciones del tesoro público por parte
de los docentes, desapareció, ya que el inciso 3° del artículo 6° de la
ley 60 de 1993, que es una norma posterior a la ley 4ª de 1992,
permitió la doble asignación para los educadores, no solo de las
derivadas de la actividad docente, sino de las percibidas en razón de
actividades ajenas a este ejercicio profesional, como serian sueldo o
salario. Y es que esa primacía del inciso 3° del artículo 6° de la ley 60
de 1993 sobre el literal g) del artículo 19 de la ley 4ª de 1992, se
presenta porque de conformidad con el artículo 2° de la ley 153 de
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1887, siendo ambas leyes preexistentes al hecho que se juzga, se
debe aplicar la posterior, o sea y en este caso el inciso 3° del artículo
6° de la ley 60 de 1993.
[…]
Lo anterior aunado al hecho, de que, en el transcurso del proceso, no
se afirmó ni se demostró que el aquí accionante, señor LUIS CARLOS
MARTELO MALDONADO, hubiera incurrido en comportamientos
deshonestos, fraudulentos, abiertamente ilegales, en actos dolosos y
de mala fe, para obtener la suma de dinero pagada en exceso.
Con lo anterior, los pagos efectuados por la accionada tienen amparo
legal, porque fueron recibidos de buena fe por la actora y en ese
orden, se considera que mal puede ahora la demandada, alegar a su
favor, su propia culpa, para tratar de recuperar unos dineros, que
como se advierte, fueron recibidos por una persona amparada por el
principio de la buena fe […]”
Realizadas las anteriores observaciones, la Sala constata que lo
planteado en la presente acción de tutela no se refiere a un asunto
de relevancia constitucional, -en los términos señalados en la
jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que haga imperiosa la
intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora.
En efecto, la Sala encuentra que en el presente caso se advierte que
la divergencia de la parte actora y sus pretensiones ya fueron objeto
de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial accionada y,
además, se limitan a una discusión meramente económica. En
consecuencia, cualquier orden impartida en sede de tutela tendría un
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impacto económico, lo cual desconoce la finalidad de esta acción
constitucional.
Dichos aspectos, carecen de una perspectiva constitucional, en la
medida en que se encuentran relacionados con el reintegro de los
dineros que, a juicio de la parte actora, deben ser reintegrados por
el causante, aspecto que, se reitera, fue estudiado en la providencia
cuestionada, por lo que solo se procura su discusión en sede de tutela
para buscar la oportunidad de debatir, en una tercera oportunidad,
la posición de la actora, lo cual resulta improcedente.
Sobre el incumplimiento del requisito de relevancia constitucional en
los debates que versan sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho
fundamental, la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 27
de noviembre de 201915, sostuvo lo siguiente:
“[…] 3.6. Ausencia de relevancia constitucional
45. La finalidad de la acción de tutela es conjurar aquellas
situaciones en que la decisión de la autoridad judicial incurre
en graves falencias, de relevancia constitucional, que conllevan
una decisión incompatible con la Constitución. Por tal razón, la
jurisprudencia constitucional ha reiterado que uno de los
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019. Referencia: Expedientes T-
15
7.457.373, T-7.457.923 y T-7.466.562. M.P. Carlos Bernal Pulido
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requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales es que el asunto tenga
evidente relevancia constitucional; esto es, que se oriente a la
protección de derechos fundamentales, “involucre garantías
superiores y no sea de competencia exclusiva del juez
ordinario”.
46. Dado que “la garantía de que cada órgano goce de
autonomía, en el sentido que debe poder desenvolverse y
desplegar su actividad por sí mismo, y autogobernarse, son
actividades que resultan básicas para definir el equilibrio en el
ejercicio del poder público”, los órganos judiciales de cierre
“tienen entre sus competencias ‘la unificación de jurisprudencia
como forma de precisar con autoridad y vocación de
generalidad el significado y alcance de las diferentes áreas del
ordenamiento jurídico”.
[…]
En tales términos, la acreditación de esta exigencia, más allá
de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una
relación con derechos fundamentales, supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo
mismo que una simple relación con aquel.
47. Con fundamento en lo anterior, esta Corte ha
manifestado que la relevancia constitucional tiene tres
finalidades, a saber: (i) preservar la competencia y la
independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los
jueces.
48. Primero, la controversia debe versar sobre un
asunto constitucional, pero no meramente legal y/o
económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a
un derecho de índole económico, deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su
trámite, dado que “le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
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netamente legal o reglamentario”, so pena de
“involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a
otras jurisdicciones”. En tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i)
cuando la discusión se limita a la mera determinación de
aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación
o aplicación de una norma “de rango reglamentario o legal”,
salvo que de esta “se desprend[a]n violaciones a los derechos
y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea evidente su
naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones
particulares o privadas, “que no representen un interés
general”.
49. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate
jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de
algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono
que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e
“indiscutible” relevancia constitucional, dado que el único
objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y
subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por
tal razón, es necesario que “la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un
derecho fundamental”. Esto significa que el asunto debe ser
trascendente para (i) “la interpretación del estatuto superior”,
(ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación
del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo
anterior, exige al juez “indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes”.
50. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso
adicional orientado a discutir asuntos de mera legalidad. Según
la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios”, pues la competencia del
juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal”. En este orden de ideas, la tutela en contra de una
sentencia dictada, en particular, por una Alta Corte, exige
valorar, prima facie, si la decisión se fundamentó en una
actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría
“la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales, como
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de los de las demás jurisdicciones”, en estricto respeto a la
independencia de los jueces ordinarios.
[…]
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por
los actores no cumplen con esta exigencia jurisprudencial,
debido a que la controversia planteada: (i) versa sobre un
asunto meramente legal, con una connotación patrimonial
privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta
afectación de un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el
debate concluido por el juez ordinario, por cuanto no se
advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la
autoridad judicial […]”.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte
actora, sino la reiteración de planteamientos que ya fueron
estudiados por el juez natural, que obedecen a un debate de mera
legalidad y que se circunscriben a un asunto meramente económico,
en el cual el juez de tutela no puede inmiscuirse, so pena de otorgar
a la acción de tutela el carácter de una tercera instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones judiciales y de paso invadir
la competencia y la independencia del juez ordinario.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primer grado que
denegó el amparo constitucional de la referencia y, en su lugar,
declarará improcedente la presente acción de tutela por carencia del
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requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: DENEGAR la solicitud de desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva presentada por el Fondo de
Pensiones Públicas del Nivel Nacional - Consorcio FOPEP, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la decisión de primera instancia que
denegó la solicitud de amparo constitucional de la referencia y, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela por
falta del requisito general de la relevancia constitucional, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
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CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 26 de junio de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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