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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00992-01

Fecha
8 de mayo de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00992-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de marzo de 2025, proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00992-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

8 de mayo de 2025

Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00992-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00992-01
Demandante: CONSORCIO WTD AGUACOL TUNJA 2008
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ,
DESPACHO 2 Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 17 de marzo de 2025, dictada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela instaurada por el Consorcio WTD Aguacol Tunja 2008 contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2 y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008, por intermedio de su
representante legal, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2 y el Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de la buena fe.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión del
auto del 21 de marzo de 2024, proferido por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, que rechazó la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-
33-33-004-2024-00034-00/01, promovido por el accionante contra el
municipio de Tunja, por haber operado el fenómeno jurídico de la
caducidad.

Así mismo, por la providencia del 18 de abril de la misma anualidad,
mediante la cual la referida autoridad rechazó por extemporáneo el
recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión.

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Demandante: Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00992-01

Finalmente, por el proveído del 2 de julio de 2024, emitido por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, que resolvió el recurso de
queja contra el auto del 18 de abril de 2024, en el que determinó bien
denegado el recurso de apelación.

1.2 Pretensiones

En el escrito de tutela, la parte accionante no manifiesta de manera clara
lo que pretende con la acción de amparo; sin embargo, de su lectura se
puede inferir que lo pretendido es dejar sin efectos los autos del 21 de
marzo y 18 de abril de 2024 proferidos por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, así como la
providencia del 2 de julio de la misma anualidad emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2.

1.3. Hechos

El accionante manifestó que interpuso demanda dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio de
Tunja, con el fin de que se anulara (i) el auto del 23 de abril de 2018,
mediante el cual la Tesorería General del ente territorial libró
mandamiento de pago en su contra, (ii) la Resolución 080 del 3 de mayo
de 2019, en la que se resolvieron las excepciones propuestas en el
proceso administrativo de cobro coactivo 2018-3993 y (iii) la Resolución
324 del 13 de noviembre de 2019, que resolvió un recurso de reposición.

Además de lo anterior, en dicha demanda solicitó que se condenara al
municipio al pago de cuatrocientos veintiún millones doscientos setenta y
nueve mil cuatrocientos dos pesos ($421’279.402), reconocidos como
deuda a favor del Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008.

Indicó que, por reparto, correspondió conocer de la demanda al Juzgado
Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, bajo
radicado 15001-33-33-004-2024-00034-00 el cual, mediante auto de 21
de marzo de 2024, resolvió rechazar la demanda por haber operado el
fenómeno de la caducidad.

Por lo anterior la demandante interpuso recurso de apelación el cual fue
rechazado por extemporáneo mediante providencia del 18 de abril
siguiente, lo cual condujo a que presentara el recurso de reposición y en
subsidio el de queja.

El juzgado, mediante auto del 16 de mayo de 2024, decidió no reponer la
anterior decisión y concedió el recurso de queja, el cual fue resuelto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2, mediante auto de 2
de julio del mismo año, en el cual consideró bien denegado el recurso de
apelación.

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1.4. Sustento de la petición

El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales por
parte de las autoridades demandadas pues, en su criterio, en el proceso
promovido contra el municipio de Tunja no había operado el fenómeno
jurídico de la caducidad al momento de radicar la demanda.

Para el efecto, transcribió in extenso el recurso de apelación presentado
contra el auto que rechazó la demanda, en el cual plasmó los argumentos
de inconformidad frente al conteo realizado por la autoridad judicial en
relación con la oportunidad para radicar el medio de control.

A su vez, consideró que este recurso fue rechazado de manera arbitraria,
ya que no se tuvo en cuenta que la decisión apelada fue notificada
electrónicamente mediante correo enviado el 22 de marzo de 2024, lo que
implicaba que su notificación se entendía efectivamente realizada una vez
transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje de datos,
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 52 de la Ley 2080 de 2021.

Explicó que, descontando la vacancia judicial por la semana santa que
transcurrió entre el 25 y el 31 de marzo siguiente, los dos días hábiles a
que hace referencia la norma correspondieron al 1º y 2 de abril del mismo
año, así que los tres días para presentar la apelación corrieron entre el 3 y
el 5 de abril de 2024.

Afirmó que el recurso fue interpuesto por su apoderado el 4 de abril de
2024, así que no procedía su rechazo al haber sido radicado de forma
oportuna.

Finalmente, aseguró que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho
No. 2, mediante auto del 2 de julio de 2024, estimó bien denegado el
recurso de apelación sin ninguna consideración frente a las realidades
fácticas y jurídicas del caso concreto, lo cual resultaba un menoscabo de
sus garantías constitucionales.

1.5. Trámite de primera instancia

Mediante auto de 3 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, admitió la acción de tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2 y al Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja, para que, si lo
consideraban del caso, intervinieran en el presente proceso en calidad de
accionados.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No. 2

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El magistrado ponente que resolvió el recurso de queja interpuesto por el
actor manifestó que la decisión adoptada se efectuó en derecho y no
como fruto de la arbitrariedad o de la voluntad subjetiva del fallador.

Expresó que dicha decisión no amenaza ninguno de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora, pues la providencia objeto
de tutela no incurrió en defecto alguno, sino que fue producto del ejercicio
razonable de su autonomía, atendiendo el sentido y alcance de las
disposiciones procesales correspondientes y de la misma jurisprudencia
que sobre la materia ha proferido el Consejo de Estado.

1.6.2 Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial
de Tunja

La titular del despacho describió las actuaciones judiciales efectuadas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado
por el Consorcio WTD AGUACOL Tunja 2008, señalando que en este se
garantizó el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, ya
que las notificaciones se realizaron en debida forma y de manera
oportuna.

Solicitó que se declare improcedente la acción de tutela por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional, toda vez que se está
utilizando como una tercera instancia para abrir una discusión que ya fue
resuelta.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 17 de marzo de 2025, la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de
tutela al considerar que el asunto a tratar no cumplía con el requisito de la
inmediatez.

Lo anterior, por cuanto la última providencia cuestionada por el actor fue
la del 2 de julio de 2024, la cual fue notificada el 5 de julio de la misma
anualidad, quedando ejecutoriada el 2 de julio de 2024, mientras que la
solicitud de amparo fue radicada el 21 de febrero de 2025, esto es, fuera
del término prudencial de seis meses establecido jurisprudencialmente.

1.8. Impugnación

Mediante escrito del 1° abril de 2025, la parte accionante presentó
impugnación contra el fallo de primera instancia en el que reiteró los
argumentos expresados en la acción de tutela frente al auto que decretó
la caducidad y cuestionó las respuestas brindadas tanto por el juzgado
como por el tribunal, al considerar que omitieron efectuar un serio y
riguroso análisis frente a sus actuaciones en el proceso ordinario.

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Expuso que la última actuación surtida en el trámite del proceso ordinario
de nulidad y restablecimiento del derecho fue el auto del 29 de agosto de
2024, mediante el cual el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Tunja dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, el cual le fue notificado el 30 de
agosto de la misma anualidad, razón por la cual considera que se
encuentra dentro de los 6 meses permitidos para interponer la acción de
tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora contra la providencia del 17 de marzo de 2025, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo emitido en primera instancia por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, conforme lo planteado por la parte
actora.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i)
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisito
de procedibilidad adjetiva de inmediatez y iii) estudio del caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de
julio de 2012, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía
sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
y en ella concluyó:

«(…)si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la
acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del
pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han
abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando
se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados
hasta el momento Jurisprudencialmente.» (Negrilla fuera de texto)

Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha
modificado su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en
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consecuencia, conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela
que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran
algún derecho fundamental, observando al efecto, los parámetros fijados
hasta el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la
decisión de unificación.

Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se
hará ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…)
fijados hasta el momento jurisprudencialmente (…)».

En efecto, sabido es que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo
86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al
amparo –procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección
declarará improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el
fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo
impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural.

2.4. Requisito de procedibilidad adjetiva de inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela

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debe incoarse en un plazo razonable1, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico
establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de
protección actual, inmediato y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia
de las acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber
transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho
generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo.

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de
julio de 2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de
procedibilidad adjetiva lo siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de
conformidad con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe
ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y
consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o
amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la solicitud
de amparo pierde su sentido y su razón de ser como mecanismo
excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo, lejos de ser
razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de protección
constitucional2.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito
de procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si
resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o
se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de un
derecho fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció
mediante la formulación de la acción de tutela3.

Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la
autoridad judicial está obligada a tomar en cuenta el tiempo que
transcurre entre el hecho generador de la violación de los derechos
presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo anterior en virtud
a que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la medida que se
reclama no se requiere con prontitud.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona los autos del 21 de marzo y 18 de abril de 2024
proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Tunja, así como la providencia del 2 de julio de la misma
anualidad emitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Despacho No.

1 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-000-

2008-01018-01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
2 Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
3 «Fallo T-135 de 2015».

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2, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
instaurado por la parte actora contra el municipio de Tunja.

En primera instancia, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, mediante fallo de 17 de marzo de 2025, declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de inmediatez.

La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la presente solicitud de
amparo no supera el referido requisito de procedibilidad, por cuanto el
último auto cuestionado fue proferido el 2 de julio de 2024, notificado el 5
de julio de la misma anualidad, quedando ejecutoriado el 12 de julio
siguiente y la acción de tutela se presentó el 21 de febrero de 2025 es
decir, después de más de 7 meses de ejecutoriada la providencia, tiempo
que supera el plazo razonable para reclamar la protección de los
derechos fundamentales.

Para justificar la presentación tardía de la acción de amparo, la parte
accionante adujo que la última actuación efectuada por el juzgado dentro
del proceso ordinario fue el auto del 29 de agosto de 2024, en el cual se
dispuso obedecer y cumplir lo resuelto por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, notificado el 30 de agosto de la misma anualidad.

Por tal motivo, el actor considera que se encuentra dentro de los 6 meses
permitidos para interponer la acción de tutela.

Para la Sala, tal argumento no es de recibo en consideración a que el
plazo razonable de los seis (6) meses para interponer la acción de tutela
se contabiliza desde la ocurrencia del hecho generador, el cual es la
notificación o ejecutoria de la providencia judicial cuestionada según sea
el caso y que da lugar a la solicitud de protección.

Así, la inmediatez es más bien un requisito que busca que esta solicitud
de amparo se presente desde el mismo momento en que se tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales,
lo anterior en consideración a que la tutela es un medio excepcional para
la protección pronta y eficaz de tales derechos.

Cabe señalar que la Corte Constitucional ha considerado que, en los
asuntos referentes a las acciones de tutela contra providencias judiciales,
el análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues «la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente»4.

Por consiguiente, para la Sala no es admisible el argumento presentado
por la accionante para superar el requisito de inmediatez, toda vez que no
se enmarcan en algunas de las situaciones que la Corte Constitucional ha

4 Sentencia T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en las Sentencias T-

410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
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establecido como justificación, es decir, que (i) se encuentre en una
situación que lo ubique en estado de vulnerabilidad (indefensión,
interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros);
(ii) la inactividad vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros
afectados con la decisión; (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; y (iv) la vulneración a sus derechos ha sido permanente en el
tiempo.

En consideración a lo anterior, esta Colegiatura comparte la posición
asumida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado,
en virtud de la cual el tiempo que dejó pasar la parte actora para alegar la
presunta vulneración de sus derechos no acredita el requisito de
inmediatez y, por tanto, hace improcedente la solicitud de amparo.

Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de inmediatez.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 17 de marzo de 2025, proferida
por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, que
declaró improcedente la acción de tutela.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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