Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00993-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00993-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
22 de mayo de 2025
Demandante: Martha Ignacia Heilbron Lastra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2025-00993-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Santiago de Cali, veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00993-01
Demandante: MARTHA IGNACIA HEILBRON LASTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: Tutela por presunta mora judicial. Confirma decisión de
primera instancia que declaró la carencia actual de objeto por
hecho superado. En el trámite de tutela, la autoridad judicial
accionada profirió sentencia al interior del proceso ordinario.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra
la sentencia proferida en primera instancia el 14 de marzo de 2025, por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto
por hecho superado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito presentado el 21 de febrero de 2025, la ciudadana Marta Ignacia
Heilbron Lastra, obrando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo del Magdalena en la que solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso e igualdad. Lo anterior, por la presunta mora
judicial en la que incurrió la autoridad judicial accionada al interior del proceso
ordinario 47001-23-31-000-2019-00746-00.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, solicitó el respeto y protección de sus garantías
constitucionales y, en consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
1
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Demandante: Martha Ignacia Heilbron Lastra
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Rad: 11001-03-15-000-2025-00993-01
Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, se me dé respuesta
de fondo, respecto de mi solicitud de declaratoria de Nulidad dentro del proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho - Lesividad1
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
La Unidad Administrativa Especial Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social, en lo sucesivo la UGPP, promovió demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
modalidad de lesividad, contra la señora Martha Ignacia Heilbron Lastra.
El objeto de dicho contencioso fue cuestionar la legalidad de la Resolución No.
141298 del 27 de noviembre de 1991, por medio de la cual se reconoció pensión de
jubilación a favor del señor Orlando Antonio Pomares.
Por reparto correspondió el proceso al Tribunal Administrativo del Magdalena,
Despacho 004, bajo el radicado 47001-23-31-000-2019-00746-00.
Con ocasión del fallecimiento del beneficiario de la prestación, la cual tuvo acaeció
el 13 de julio de 2009, la UGPP mediante Resolución 02413 del 20 de septiembre
del mismo año reconoció la pensión de sobreviviente a la señora Martha Ignacia
Heilbron Lastra, en su calidad de cónyuge sobreviviente del señor Orlando Antonio
Pomares.
La señora Heilbron Lastra radicó ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, el
13 de diciembre de 2024, escrito en el que solicitó que se declarara la caducidad al
amparo del artículo 86 de la Ley 2381 de 20242.
1.4. Fundamentos de la solicitud de amparo
En sentir de la actora, la mora judicial en que ha incurrido la accionada, afecta sus
derechos fundamentales dado que se han excedido los términos procesales
establecidos por el legislador y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para
obtener una decisión de fondo.
1 Transcripción original del texto con posibles errores.
2 Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no Podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas y/o
contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas, y que estén en
curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o contenciosas,
y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de
Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.
2
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Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
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1.5. Trámite de la acción de tutela
Por auto del 26 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador de la primera
instancia admitió la acción de tutela, ordenó la notificación de la autoridad judicial
accionada, y vinculó como tercero con interés a la UGPP, en su condición de parte
demandante al interior del proceso ordinario 47001-23-31-000-2019-00746-00.
1.6. Intervención
1.6.1. Tribunal Administrativo del Magdalena
Por conducto de la magistrada ponente del proceso ordinario 47001-23-31-000-
2019-00746-00, solicitó que se declare la carencia actual de objeto por hecho
superado. Lo anterior, por cuanto en el proceso en cita se profirió sentencia el 20
de noviembre de 2024, la cual fue notificada a las partes e intervinientes el 4 de
marzo de 2025.
1.6.2. UGPP
Alegó que los hechos y pretensiones objeto de la acción constitucional, refieren
única y exclusivamente a la actuación desplegada por la autoridad judicial
accionada y, en consecuencia, solicitó su desvinculación del presente asunto.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B profirió sentencia el 14 de
marzo de 2025 en la que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado,
por cuanto cesó la vulneración de los derechos fundamentales alegados, toda vez
que la actora fue notificada de la sentencia de primera instancia dictada al interior
del proceso ordinario 47001-23-31-000-2019-00746-00.
Por otro lado, frente a la UGPP, negó su desvinculación del asunto, dado que, al
fungir como extremo demandante, tenía interés en las resultas del presente asunto.
Dicha providencia judicial fue notificada a las partes e intervinientes mediante correo
electrónico remitido el 26 de marzo de 2025.
1.8. Impugnación
La actora, dentro de la oportunidad procesal correspondiente3, presentó escrito en
el que reprochó la decisión de primera instancia. Lo anterior, por cuanto no se realizó
3 El escrito de impugnación fue radicado el 1 de abril de 2025.
3
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un pronunciamiento frente al fenómeno de caducidad que en su momento fue
alegado.
En ese sentido, reiteró que su caso imponía forzosamente la aplicación del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024, el cual, para el caso sometido al Tribunal Administrativo
del Magdalena no fue objeto de estudio.
Reiteró que no se tuvieron en cuentas diversas decisiones del Consejo de Estado,
en las que se ha dado aplicación a la mencionada figura, lo cual denota que, en su
criterio, el Tribunal Administrativo del Magdalena contravino el criterio fijado por el
órgano de cierre.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora,
de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021. .
2.2. Problema jurídico
Conforme lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas y el
fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o
revoca la sentencia del 14 de marzo de 2025, por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B. A efectos de lo anterior, se debe resolver el siguiente
problema jurídico:
• ¿El Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en mora judicial al interior
del proceso ordinario 47001-23-31-000-2019-00746-00?
Para resolver el interrogante planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada, (iv) la carencia de objeto,
y (v) el caso concreto.
2.3. Naturaleza de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
4
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de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.
2.4. Derecho al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución5, del derecho fundamental al debido
proceso6 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia7.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y
con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada
a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales
previstas en la Constitución y en la ley […]»8.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los
jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de
los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad
y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador
acerca de los hechos materia de su decisión […]»9.
4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
5 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado”.
6 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio,
durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a
presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
7 Sentencia T-006 de 1992.
8 Sentencia T-476 de 1998.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
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Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una respuesta
rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y garantías”10, y de otro
lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de promover e impulsar todas
las condiciones que sean necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio
público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que
no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra
la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas […]»11.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia12 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»13.
2.5. La mora judicial injustificada
La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no
en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes.14
10 Corte Constitucional C-796 de 2006. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
11 Ibidem.
12 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.
13 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
14 Corte Constitucional, Sentencia T-1019 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
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Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos
procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»15.
En esa línea esa Corporación frente al particular, precisó que:
[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello,
la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar
del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es
producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de
carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo
previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está
ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial
no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el
cumplimiento de sus funciones.
Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial16, según la cual solo se predica si hay
dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. En
el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a
la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un
proceso.
2.6. De la carencia actual de objeto
La Sala ha explicado en varias ocasiones17 que la acción de tutela ha sido instituida
como un instrumento preferente y sumario, dirigido a la protección de derechos
fundamentales que sean violentados o amenazados de una manera actual e
inminente.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-230 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
16 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-
2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal
Administrativo de Antioquia. M.P.: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-
23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General
de la Nación.
17 Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta.
Sentencias del 15.11.17, M.P. Alberto Yepes Barreiro, Rad. 2017-00085-01 y del 19.10.17., M.P.
Rocío Araújo Oñate, Rad. 2017-2365-00.
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No obstante, existen eventos en los que la amenaza al derecho fundamental
desaparece en el trascurso de la acción de tutela, o la vulneración del derecho
fundamental amenazado se materializa en el curso del proceso, de suerte que el
instrumento pierde efectividad, lo que torna inane la intervención del juez
constitucional tendiente a impartir órdenes para que cese la vulneración de los
derechos fundamentales.
En efecto, actualmente la Corte Constitucional ha sostenido que la terminación del
proceso de tutela por carencia actual de objeto puede proceder en tres supuestos:
(i) hecho superado; (ii) daño consumado; y, (iii) una situación sobreviniente.
Al respecto, la Alta Corporación, en la sentencia T-481 del 201618, señaló que:
La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección efectiva de
los derechos fundamentales que son objeto de una amenaza o afectación actual. Por
lo tanto, se ha sostenido en reiterada jurisprudencia que, ante la alteración o el
desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los
derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el objeto jurídico sobre el que
recaería la eventual decisión del juez constitucional, cualquier determinación que se
pueda tomar para salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se
tornaría inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción.
A partir de los anteriores razonamientos, en sentencia T-494 de 1993 se destacó
sobre este respecto, que:
La tutela supone la acción protectora del Estado que tiende a proteger un derecho
fundamental ante una acción lesiva o frente a un peligro inminente que se presente
bajo la forma de amenaza. Tanto la vulneración del derecho fundamental como
su amenaza, parten de una objetividad, es decir, de una certeza sobre la lesión o
amenaza, y ello exige que el evento sea actual, que sea verdadero, no que haya sido
o que simplemente -como en el caso sub examine- que se hubiese presentado un
peligro ya subsanado” (negrillas inexistentes en el texto original)
Es por esto, que la doctrina constitucional ha desarrollado el concepto de la “carencia
actual de objeto” para identificar este tipo de eventos y, así, denotar la imposibilidad
material en la que se encuentra el juez de la causa para dictar alguna orden que
permita salvaguardar los intereses jurídicos que le han sido encomendados. Sobre el
particular, se tiene que éste se constituye en el género que comprende el fenómeno
previamente descrito, y que puede materializarse a través de las siguientes figuras:
(i) “hecho superado”, (ii) “daño consumado” o (iii) de aquella que se ha empezado a
desarrollar por la jurisprudencia denominada como el acaecimiento de una “situación
sobreviniente19.
18 Corte Constitucional, Sentencia T-481 1.09.2016, M.P. Carlos Bernal Pulido
19 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, bajo el número 6, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010 y T-200 de 2013”».
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Con base en el anterior marco referencial, el Tribunal Constitucional ha sostenido
que el hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto Ley
2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual se
materializa cuando en el trámite de una acción de tutela se demuestra que la
autoridad demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.20
En palabras de la Corte Constitucional, la «(…) primera de estas figuras [hecho
superado], regulada en el artículo 26 del decreto 2591 de 1991, comprende el
supuesto de hecho en el que, entre el momento en que se interpone la demanda de
amparo y el fallo, se evidencia que, como producto del obrar de la entidad
accionada, se eliminó la vulneración a los derechos fundamentales del actor, esto
es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acción o abstención) y, por tanto,
(i) se superó la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda
realizar el juez de tutela para lograr la protección de unos derechos que, en la
actualidad, la accionada ha dejado de desconocer»”21
En concordancia con lo anterior, para la aplicación del hecho superado resulta
irrelevante determinar si la eliminación de la vulneración de los derechos
fundamentales ocurre antes o después del fallo de primera instancia (resalta
esta Sección), lo que indica que el juez podría optar por analizar de fondo la
conducta de la autoridad demandada, para determinar si en todo caso se vulneraron
o no los derechos fundamentales.
En efecto, la Corte Constitucional ha empleado esta figura incluso en aquellos casos
en los cuales la cesación de la vulneración de los derechos fundamentales ocurre
luego de que se ha proferido la decisión de segunda instancia, durante el trámite de
revisión ante ese Tribunal.22
En estas situaciones, aunque la vulneración de los derechos fundamentales se
supere antes del pronunciamiento judicial de primera o segunda instancia, se ha
destacado que no es perentorio para el fallador de instancia pronunciarse sobre la
conducta desplegada por la autoridad demandada, para formular un juicio de
reproche, en caso de que sea necesario, y advertir sobre la no repetición de la
conducta lesiva de los derechos afectados. Así lo ha indicado la Corte
Constitucional:
En estos casos, “no es perentorio para los jueces de instancia, aunque sí para
Corte en sede de Revisión,23 incluir en la argumentación de su fallo el análisis
20 Corte Constitucional. Sentencia T-038 del 01.02.19. M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Sentencia T-481 del 1.09.16 M.P. Carlos Bernal Pulido
22 A manera de ejemplo, ver la sentencia T-662 del 29.11.16. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
23 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 45, la cual
se transcribe literalmente: “Esto se debe a que la Corte Constitucional, como Juez de máxima
jerarquía de la Jurisdicción Constitucional tiene el deber de determinar el alcance de los derechos
fundamentales cuya protección se solicita».
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sobre la vulneración de los derechos fundamentales planteada en la demanda.
Sin embargo puede hacerlo, sobre todo si considera que la decisión debe incluir
observaciones acerca de los hechos del caso estudiado, incluso para llamar la
atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la
tutela, o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so
pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera”.24 Según la jurisprudencia de
la Corte, lo que sí resulta ineludible en estos casos, es que la providencia judicial
incluya la demostración de la reparación del derecho antes del momento del fallo, es
decir que se demuestre el hecho superado25”.26 (Negrita y subrayado fuera de texto).
Pero en sede de revisión, la Corte Constitucional sí se debe pronunciar para
formular un juicio de reproche, si ello hay lugar. Sobre el particular, la Alta
Corporación en cita ha dicho lo siguiente:
Se está frente a un hecho superado cuando durante el trámite de amparo las acciones
u omisiones que amenazan al derecho fundamental desaparecen por la satisfacción
de la pretensión que sustenta la acción de tutela, por lo que la orden a impartir por
parte del juez constitucional pierde su razón de ser, pues que el derecho ya no se
encuentra en riesgo27.
No obstante lo anterior, esta Corporación ha señalado que puede adelantar el
estudio del asunto sometido a su conocimiento, pues le corresponde en sede
de revisión, determinar el alcance de los derechos fundamentales cuya
protección se solicita28, pronunciarse sobre la vulneración invocada en la demanda
conforme al artículo 24 del Decreto 2591 de 199129 y determinar si, con atención de
las particularidades del caso, procede el amparo de la dimensión objetiva de los
derechos conculcados30. Dicho análisis puede comprender: i) observaciones sobre
los hechos del caso estudiado; ii) llamados de atención sobre la situación que originó
la tutela; iii) el reproche sobre su ocurrencia y la advertencia sobre la garantía de no
repetición31; y iv) la posibilidad de adoptar las medidas de protección objetiva 32”.33
(Negrita y subrayado fuera del texto)
El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho fundamental
que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la interposición de
la acción de tutela. Al respecto, ha sostenido el Tribunal Constitucional: «la
24 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 46, la cual
se transcribe literalmente: “Ver sentencia T-612 de 2009».
25 «El pasaje bajo transcripción presenta la siguiente nota de pie de página, con el número 47, la cual
se transcribe literalmente: “Sentencia T-170/09».
26 «Corte Constitucional. Sentencia T-112/2010, M.P. Mauricio González Cuervo».
27 «Sentencia T-311 de 2012 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva».
28 «Sentencia T-170 de 2009 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
29 «ARTICULO 24. PREVENCIÓN A LA AUTORIDAD. Si al concederse la tutela hubieren cesado
los efectos del acto impugnado (…) en el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún
caso vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que,
si procediere de modo contrario, será sancionada de acuerdo con lo establecido en el artículo
correspondiente de este Decreto, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que ya hubiere
incurrido. El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado
para evitar la repetición de la misma acción u omisión».
30 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
31 «Sentencia SU-225 de 2013 M.P. Alexei Julio Estrada».
32 «Sentencia T-576 de 2008 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto».
33 «Corte Constitucional. Sentencia T-662 de 2016».
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segunda de las figuras referenciadas [daño consumado], consiste en que a partir de
la vulneración ius-fundamental que venía ejecutándose, se ha consumado el daño
o afectación que con la acción de tutela se pretendía evitar, de forma que ante la
imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no
es factible que el juez de tutela dé una orden al respecto».34
Por último, la Corte Constitucional ha distinguido el supuesto de hecho
correspondiente a la situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de
los derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la acción de
tutela, pero por una circunstancia que no se encuadra en los conceptos de
daño consumado y hecho superado.
La citada Corporación ha indicado lo siguiente sobre este supuesto de hecho para
declarar la carencia actual de objeto:
El hecho sobreviniente ha sido reconocido tanto por la Sala Plena como por las
distintas Salas de Revisión. Es una categoría que ha demostrado ser de gran
utilidad para el concepto de carencia actual de objeto, pues por su amplitud
cobija casos que no se enmarcan en los conceptos tradicionales de daño
consumado y hecho superado. El hecho sobreviniente remite a cualquier ‘otra
circunstancia que determine que, igualmente, la orden del juez de tutela relativa a lo
solicitado en la demanda de amparo no surta ningún efecto y por lo tanto caiga en el
vacío’. No se trata entonces de una categoría homogénea y completamente
delimitada.35 (Negrita y subrayado fuera del texto).
2.7. Caso concreto
La Sala anticipa que confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado. Lo anterior, por cuanto las
circunstancias que dieron origen a la interposición de la acción de tutela han
desaparecido.
En ese sentido, es de resaltar que la actora en sus hechos reprochó que había
radicado ante el Tribunal Administrativo del Magdalena sendas solicitudes en las
que peticionó la aplicación de la figura de la caducidad establecida en el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024.
Asimismo, en su escrito cuestionó la tardanza que, en su criterio, había excedido
los términos judiciales establecidos por el legislador para la adopción de una
decisión de fondo.
Por lo anterior, si bien es reprochable que haya transcurrido tanto tiempo entre la
decisión, la cual, se reitera, data del 20 de noviembre de 2024, y su notificación, que
solo se realizó el 4 de marzo de 2025, dicha situación no desdibuja el hecho que los
34 «Corte Constitucional. Sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado».
35 «Corte Constitucional. Sentencia SU-522/2019, M.P. Diana Fajardo Rivera».
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motivos que sustentaron la formulación del amparo constitucional han
desaparecido.
Ahora bien, en su impugnación la parte en cita alegó que la accionada no tuvo en
cuenta las solicitudes que le fueron presentadas, así como tampoco la
jurisprudencia pertinente proferida por el Consejo de Estado. Frente a tales
argumentos, se debe indicar que esta instancia judicial no es la llamada a resolver
estos reparos, pues, dicha situación debe ser puesta en conocimiento a través del
recurso de apelación correspondiente.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de marzo de 2025, por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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