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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00995-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00995-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero de Estado, doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 22 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022. 23 Ibid. 24 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de febrero de 2021. 14 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00995-00 Accionantes: José Hernando Rico y otras TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00995-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2025-00995-00
Accionantes: JOSÉ HERNANDO RICO Y OTRAS
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTROS
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE DECLARA
IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por los accionantes contra el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca, el Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico,
Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, Mapfre Seguros Generales de
Colombia S.A., Axa Colpatria Seguros S.A., Zurich Colombia Seguros S.A. y Allianz
Seguros S.A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los señores José Hernando Rico, Yenni Márquez Buitrago y María Alejandra Rico
Márquez, actuando a través de apoderado, solicitaron el amparo de sus derechos
fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la providencia de
31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número de
radicación 76001-33-33-001-2020-00030-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00995-00
Accionantes: José Hernando Rico y otras

2.1. Indicaron que el 12 de diciembre de 2017 el señor José Hernando Rico se
desplazaba en una motocicleta por la avenida 4° norte # 23 – 53 del Barrio Versalles
de la ciudad de Cali y por causa del mal estado de la vía sufrió un accidente que le
causó “[…] luxación en el hombro y fractura de la cabeza del humero, así como
fractura y fisuras en la rodilla derecha […]”, estuvo incapacitado por 145 días y quedó
con una pérdida de la capacidad laboral del 13.58%.

2.2. Manifestaron que promovieron la demanda de reparación directa con radicación
núm. 76001-33-33-001-2020-00030-00/01 contra el Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, para que se
repararan los daños padecidos.

2.3. Expresaron que el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cali, autoridad judicial que, mediante providencia de 29
de julio de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

2.4. Refirieron que las partes interpusieron el recurso de apelación contra la anterior
decisión y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de sentencia
de 31 de julio de 2024, revocó la decisión de primera instancia y en su lugar negó las
pretensiones de la demanda.

2.5. Consideraronque la sentencia de segunda instancia vulneró sus derechos
fundamentales por haber incurrido en un defecto fáctico, en un defecto sustantivo
y en una decisión sin motivación.

2.6. Frente a los defectos alegados, argumentaron que “[…] del material probatorio
en su conjunto se puede concluir que el mal estado de la vía generó el accidente
que causo las lesiones que solicita que se repare; es decir que el municipio incurrió
en una omisión del deber legal de mantenimiento y señalización de los imperfectos
de la vía que representaban peligro para los conductores, por lo que el accidente
ocurrido resulta imputable por la omisión en sus funciones, lo que generó una falla
en el servicio […]”.

2.7. Expusieron que los testimonios de los señores Brandon Salas, José Aldemar
Becerra, José Aldemar y Henry Zapata Carabali afirmaron que la causa del
accidente “[…] fue un desnivel en la vía […]” y el informe de otro accidente de
tránsito, ocurrido una hora después, permite concluir el que “[…] hundimiento del
cuadrante derecho de la calzada […]” fue la causa de este.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

3

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

“[…] Primera. Solicito se ampare el derecho fundamental a la dignidad
humana, a la igualdad, al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia, consagrado en el artículo 29, 228, 229 superior y a
los principios que gobiernan a la administración de justicia establecidos en la
ley 270 de 1996 y a la reparación integral del daño.

Segunda: En consecuencia, de lo anterior se deje sin efectos la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Valle, que revocó la sentencia de
primera instancia.

Tercero: Solicito se proceda a expedir sentencia de remplazo o en su defecto
ordenar al Tribunal Administrativo de Valle que PROFIERA una nueva decisión
que ampare los derechos de las victimas [sic] demandantes […]”. [Negrilla y
mayúscula original del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 28 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés directo en el resultado del proceso al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cali.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las vinculadas,
se allegaron los siguientes informes:

5.1. La sociedad Zurich Colombia Seguros S.A. solicitó negar las pretensiones de
la acción de tutela porque no se observa vulneración de los derechos
fundamentales de los accionantes.

5.2. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cali manifestó que las
actuaciones adelantadas dentro del proceso de reparación directa en primera
instancia garantizaron los derechos fundamentales de la parte demandante.

5.3. La sociedad Allianz Seguros S.A. precisó que acción constitucional carece de
relevancia constitucional porque en el escrito de tutela se hizo una mención
superficial a las causales específicas de procedibilidad de la acción de amparo, lo
que implica una falta de carga argumentativa.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 20245.

VI.2. Cuestión previa

7. El doctor Oswaldo Giraldo López, en su calidad de Consejero de Estado de la
Sección Primera, manifestó encontrarse impedido para efectos de conocer y decidir
la presente acción constitucional por las siguientes razones:

“[…] Por su conducto me permito manifestarle a la Honorable Sala de la
Sección Primera que podría encontrarme incurso en la causal de impedimento
prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
norma aplicable por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 19916, cuyo
texto es del siguiente tenor:

[…]

Lo anterior, en consideración a que mi esposa, Jeannette Forigua Rojas, es
miembro de la Junta Directiva de la sociedad Allianz Compañía de Seguros
S.A., empresa que actúa en la acción de tutela de la referencia en calidad de
accionada. […]”.

8. En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión considera que, en efecto, se encuentra
configurada la causal de impedimento prevista en el artículo 56, numeral 1°, de la
Ley núm. 906 de 31 de agosto de 20047, aplicable en virtud del artículo 39 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, en razón a que la sociedad Allianz Seguros S.A.
es parte accionada en este proceso.

9. Por lo anterior, se aceptará el impedimento manifestado.

VI.3. Problemas jurídicos

10. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan

los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
“Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concurran las
causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente.
El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el
procedimiento disciplinario, si fuere el caso.”
7
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello es así, se
deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante, al haber incurrido, presuntamente, en un
defecto fáctico, en un defecto sustantivo y en una decisión sin motivación.

11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente
ir) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

13. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ir) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; si) el cumplimiento del principio de
inmediatez; vi) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

18. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

19. Los señores José Hernando Rico, Yenni Márquez Buitrago y María Alejandra
Rico Márquez, actuando a través de apoderado, solicitaron el amparo de sus
derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso y
al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyeron a la
providencia de 31 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el
número de radicación 76001-33-33-001-2020-00030-00/01.

10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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20. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

21. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental12 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones13.

22. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales14, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces15.

23. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación16, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]”.
[Negrilla fuera del texto].

12
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime
Córdoba Triviño.
13
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
14
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de atacar
y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
15
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En
igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
16
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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24. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202217 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los deberes
del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
[…]

17
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

9

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d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado fuera del texto].

25. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 202318.

26. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales19.

27. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
vulneró sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, por haber incurrido,
presuntamente, en un defecto fáctico, un defecto sustantivo y en una decisión sin
motivación.

28. Frente a los defectos alegados, argumentaron que “[…] del material probatorio
en su conjunto se puede concluir que el mal estado de la vía generó el accidente
que causo las lesiones que solicita que se repare; es decir que el municipio incurrió
en una omisión del deber legal de mantenimiento y señalización de los imperfectos
de la vía que representaban peligro para los conductores, por lo que el accidente
ocurrido resulta imputable por la omisión en sus funciones, lo que generó una falla
en el servicio […]”.

29. Expusieron que los testimonios de los señores Brandon Salas, José Aldemar
Becerra, José Aldemar y Henry Zapata Carabali afirmaron que “[…] lo que causó el
accidente fue un desnivel en la vía […]” así como el informe de otro accidente de
tránsito ocurrido una hora después, en el que se señala como causa del accidente
el “[…] hundimiento del cuadrante derecho de la calzada […]”, constituyen pruebas
determinantes para demostrar que los hechos del 12 de diciembre de 2017 fueron
consecuencia de la imperfección de la vía.

18
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22 de
marzo de 2023.
19
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.:
2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

30. En criterio de esta Sala de Decisión, la presente controversia carece de
relevancia constitucional porque: i) el debate no se realizó desde una óptica
constitucional y carece de carga argumentativa y, ii) la parte accionante pretende
utilizar este mecanismo como una tercera instancia con lo que busca reabrir la
discusión que fue resuelta por el órgano de cierre de la jurisdicción de lo
contencioso administrativo.

31. Esta Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto
supere el requisito general de relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional.
Para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una “[…] afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales […]”.

32. Se resalta que cuando se alega la configuración de un defecto fáctico es deber
de la parte accionante, a efectos de superar la carga mínima argumentativa, cumplir
con los siguientes requerimientos, y no solo con identificar las pruebas que fueron
dejadas de valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial: i) explicar e
identificar las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica que fueron
omitidas por el juez; ii) exponer por qué la omisión de la autoridad judicial fue
determinante en decisión adoptada, y iii) indicar las razones por las que la omisión
de la autoridad judicial constituye una actuación grosera, arbitraria e irrazonable20.

33. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada mediante providencia judicial no
conduce a que el juez de tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta
autoridad no actúa como instancia adicional o de revisión del proceso y, es por esto,
que la intervención del juez constitucional se encuentra limitada por los argumentos
que el extremo accionante haya expuesto o planteado en el mecanismo de amparo.

34. Esta falencia argumentativa no puede ser subsanada por el juez de tutela, dado
que la presente acción constitucional se dirige contra una providencia judicial que
ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible el cumplimiento de una
carga mínima argumentativa que habilite un examen de fondo del caso. En armonía
con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 señaló lo
siguiente:

[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia

20 Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción

de tutela promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con
radicado número 11001-03-15-000-2020-00342-00.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

reprochada”21. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis
únicamente a los argumentos propuestos por el accionante, además de
verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de
procedencia […]. [Negrilla fuera del texto].

35. Además, se observa que la discusión expuesta en esta instancia constitucional
fue analizada por la autoridad judicial accionada en la providencia cuestionada:

“[…] B. IMPUTABILIDAD DEL DAÑO ANTIJURÍDICO AL ESTADO

94. Ahora bien, corresponde a la Sala dilucidar dentro de los elementos de la
responsabilidad, lo concerniente a la imputación jurídica por responsabilidad
extracontractual que se le hace al Estado, de la cual, como quiera que los
demandantes la circunscriben a la falla del servicio, debe probarse la conducta
reprochable en la cual eventualmente incurrió la administración, por falta de
mantenimiento de la vía.

[…]

96. A partir de lo anterior, debe decirse que respecto al accidente de tránsito
que sufrió el demandante fueron allegadas las siguientes pruebas:

[…]

111. Ahora bien, teniendo en cuenta que en los recursos interpuestos se
cuestiona la valoración de las pruebas testimoniales, resulta oportuno indicar
que frente a dicho aspecto la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado:

“Como es bien sabido, la atendibilidad de la prueba testimonial depende
en buena medida de que las declaraciones rendidas sean responsivas,
condición que ha de entenderse satisfecha cuando …las respectivas
contestaciones se relaten concienzudamente …, relato que por lo tanto
debe incluir … la expresión de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que ocurrió el hecho, y la explicación concerniente al lugar,
modo y tiempo como el testigo tuvo conocimiento del mismo”, toda vez
que solamente así, explicando cómo de qué manera tuvo el declarante
conocimiento del hecho acerca del cual testifica, podrá el juzgador
apreciar la veracidad con que el testimonio se produce y si realmente
dicho declarante tiene o no el conocimiento que se atribuye, resultado al
que no es fácil arribar pues supone comprobar, ante esa información
así suministrada, si el testigo declaró sobre hechos que pudieron
caer bajo la acción de sus sentidos, si apoya o no su dicho en
observaciones personales suyas, si la declaración resulta verosímil
por no contrariar los dictados del sentido común ni las leyes
elementales de la naturaleza y, en fin, si esa misma declaración,
además de original y persistente, es consonante con el resto del
material probatorio obrante en el proceso. …, preciso es no olvidar
que las declaraciones efectuadas, sea para acogerlas o para desecharlas
han de tomarse en su integridad”39 (Negrillas y subrayas de la Sala).

21 Sentencia SU-074 de 2022.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

112. A partir de lo anterior, debe decirse que ante la ausencia de otros
elementos de convicción que permitan verificar lo afirmado por los señores
JOSE ALDEMAR BECERRA y JEAN BRANDON GONZÁLEZ SALAS, es claro
que sus afirmaciones no son suficientes para probar le nexo de causalidad
entre el daño sufrido por los demandantes y el actuar de la entidad territorial
demandada.

113. En este punto es menester indicar, que la historia clínica allegada al
expediente tampoco permite establecer las circunstancias que rodearon el
accidente, pues solamente acredita la existencia del daño. En efecto, dicho
documento hace referencia a los reportes efectuados por los galenos que
trataron al aquí actor y las condiciones médicas en las que éste se encontraba
al momento de su ingreso a la institución de salud, los procedimientos
realizados y la evolución del paciente, hasta que se produce su egreso; en otras
palabras, no prueba cuál fue la causa eficiente del accidente de tránsito.

114. Por otro lado, debe decirse que la Sala no desconoce la manifestación
puesta de presente por el demandante en su interrogatorio ni en el oficio
dirigido a su empleador y en el que afirmó que su caída se debió al mal estado
de la vía; sin embargo, los mismos constituyen apreciaciones subjetivas que
requieren el acompañamiento de otros medios de prueba que acrediten la
causación del daño.

115. En este orden de ideas, el escaso material probatorio, contrario a lo que
determinó el a quo, no permite establecer con claridad que la causa eficiente
del daño fue producto del estado en el que se encontraba la vía, lo que impide
a la Sala tener por acreditada la relación de causalidad con el daño antijurídico
padecido por el señor JOSE HERNANDO RICO; requisito éste elemental para
poder atribuirle responsabilidad por los hechos acá demandados.

116. Lo anterior significa que, en el presente caso, la Sala advierte que la regla
de la carga de la prueba desató sus efectos típicos, pues se ha establecido la
insuficiencia de elementos probatorios que demuestren que el accidente de
tránsito ocurrido se generó verdaderamente por una deformidad asfáltica, que
fue el punto central sobre el cual se estructuró la demanda.

117. En efecto, es de destacar que la carga de la prueba se aplica en el evento
de que, al momento de tomar la decisión, el juez no encuentre certeza respecto
de los hechos, caso en el cual, para efectos de procesos contenciosos de
reparación directa por falla del servicio, la premisa exige negar las pretensiones
de la demanda cuando la parte actora no logra acreditar el hecho generador
del daño como presupuesto fáctico de la imputación del mismo al Estado. […]”.
[Negrilla, cursiva subrayado y mayúscula original del texto].

36. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta sede
constitucional fue analizado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no
se observa que la decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen
desconocido los derechos fundamentales de la parte accionante en el proceso
judicial.

37. En este punto, vale la pena señalar que de conformidad con los principios de libre
valoración de la prueba, autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de
la Constitución Política), los jueces gozan de amplias facultades para valorar las

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

pruebas dentro del proceso. En ese sentido, es al juez natural de la causa a quien le
corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, bajo las reglas de la sana
crítica.

38. De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por una
inconformidad con la valoración de las pruebas solo tiene cabida cuando la decisión
contenga errores graves, que desconozcan los principios de la sana crítica. Esta
oportunidad lo perseguido por los accionantes es controvertir el análisis probatorio
efectuado por el juez contencioso, lo que claramente constituye una desnaturalización
de este mecanismo, en tanto que está siendo utilizado como una tercera instancia.

39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado […]”22.

40. Significalo expuesto, en palabras de la Corte Constitucional, que este “[…]
mecanismo de amparo constitucional […]” no puede ser “[…] utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial
[…]”; ya que en “[…] el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las
decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos
[…]”23. En esa medida, “[…] [s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara
arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra
providencias judiciales […]”24.

41. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por el Consejero de Estado,
doctor Oswaldo Giraldo López, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

22
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.
23
Ibid.
24
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 de 2021, Exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; 5 de
febrero de 2021.

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Accionantes: José Hernando Rico y otras

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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