Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01000-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01000-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
25 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 11001-03-15-000-2025-01000-001
Demandantes : Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
– ACEMI y Asociación Nacional de Cajas de Compensación
Familiar – ASOCAJAS
Demandado : Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A
Vinculados : Caja De Compensación Familiar del Valle del Cauca -
Comfenalco Valle E.P.S., Caja de Compensación Familiar
Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., Unidad de Servicio
Médico EPM - Entidad Adaptada de Salud EAS016,
Famisanar E.P.S., Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles
Nacionales de Colombia, Servicio Occidental de Salud S.A.,
Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, Alianza
Medellín Antioquia E.P.S. S.A.S., Nueva EPS S.A., Caja de
Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, Cajacopi E.P.S.
S.A.S., Asmet Salud E.P.S. S.A.S., Emssanar E.P.S.
S.A.S., Salud Mia E.P.S., Caja de Compensación Familiar
del Chocó - Comfachocó, Caja de Compensación Familiar
del Oriente Colombiano - Comfaoriente, Asociación Mutual
Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, Cooperativa Empresa
Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS,
Salud Total E.P.S. S.A., EPS Sura, superintendencia
Nacional de Salud, Contraloría General de la República,
Ministerio de Salud y Protección Social y Defensoría del
Pueblo
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, igualdad y acceso a la administración de
justicia
Tema : Tutela contra providencia, solicitud de coadyuvancia del
extremo pasivo en acción popular
Decisión : Sentencia de primera instancia – accede
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI
y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
igualdad y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la parte actora frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá
lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
La demanda de tutela.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y la
Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar – ASOCAJAS, quienes
actúan a través de sus representantes legales, interpusieron el presente recurso de
amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A.
Por consiguiente, solicitaron dejar sin efectos «las decisiones contenidas en el
ordinal CUARTO del Auto de agosto 20 de 2024 y en el ordinal QUINTO del Auto
de 27 de enero de 2025 proferidos [por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A] dentro del proceso de acción popular con número
de radicación 25000-23-41000-2024-00302-00”, por cuyo conducto se les negó la
solicitud de coadyuvancia formulada para ejercer su derecho de defensa “a favor
de varias EPS que conforman la parte pasiva dentro de” ese asunto. En su lugar,
pidieron que se ordene a la autoridad accionada emitir una nueva providencia en la
que se acceda a dicho requerimiento y se les conceda “la posibilidad de contestar
la demanda en el término de ley, o, en su defecto, dentro del lapso de diez (10) días
que la autoridad judicial constitucional disponga para el efecto».
Hechos2.
Relatan las accionantes que, el 8 de febrero de 2024 el Ministerio de Salud y
Protección Social presentó demanda en ejercicio del medio de control de protección
de los derechos e intereses colectivos contra la Caja de Compensación Familiar
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., la Caja de Compensación Familiar
Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., la Unidad de Servicio Médico EPM -
Entidad Adaptada de Salud EAS016, Famisanar E.P.S., el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Servicio Occidental de Salud S.A.,
Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, la Alianza Medellín Antioquia
E.P.S. S.A.S., Nueva EPS S.A., la Caja de Compensación Familiar Cajacopi
Atlántico, Cajacopi E.P.S. S.A.S., Asmet Salud E.P.S. S.A.S., Emssanar E.P.S.
S.A.S., Salud Mia E.P.S., la Caja de Compensación Familiar del Chocó -
Comfachocó, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano -
Comfaoriente, la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, la
Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS,
Salud Total E.P.S. S.A. y EPS Sura (expediente 25000-23-41000-2024-00302-00),
por la presunta vulneración de los derechos e intereses colectivos a la defensa del
patrimonio público, la moralidad administrativa y el acceso al servicio público a la
seguridad social en salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, para lo
cual se solicitó ordenar a las anteriores entidades realizar todas las acciones
necesarias con «la finalidad cumplir a las inversiones de reservas técnicas de que
tratan los artículos 2.5.2.2.1.9 y 2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2016».
Indican que, que el referido asunto correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que, con auto de
23 de abril de 2024 lo admitió y vinculó como demandadas a la Superintendencia
Nacional de Salud y a la Contraloría General de la República, al ser las encargadas
de inspeccionar, vigilar y controlar la generación, flujo, administración y aplicación
de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Aducen que, contra ese proveído algunas entidades accionadas interpusieron
recurso de reposición y, en su caso, pidieron ser tenidas como coadyuvantes de la
Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S,
Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., Famisanar E.P.S., el Servicio Occidental
de Salud S.A., Nueva EPS S.A., Salud Total E.P.S. S.A., la Cooperativa Empresa
Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS, EPS Sura, la Caja de
Compensación Familiar del Chocó – Comfachocó y la Caja de Compensación
Familiar del Oriente Colombiano – Comfaoriente, lo cual fue negado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, mediante auto
de 20 de agosto de 2024, al considerar que «de conformidad con el artículo 24 de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
la Ley 472 de 19983 […] la coadyuvancia en el medio de control de protección de
los derechos e intereses colectivos es respecto de la acción y no de los
demandados».
Señalan que, inconformes con la mencionada decisión interpusieron recurso de
reposición, con fundamento en que, en varios pronunciamientos del Consejo de
Estado, se ha establecido que la coadyuvancia «no solo procedía respecto de la
parte actora, sino que también beneficiaba a la parte accionada en este tipo de
procesos», el cual fue desatado de manera desfavorable por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A el 27 de enero
de 2025, al estimar que:
«Se reitera que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998
no es posible acceder a lo solicitado, ya que la figura de la coadyuvancia en el marco
del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos está orientada
exclusivamente hacia el apoyo o fortalecimiento de la acción principal planteada por el
demandante y no hacia la defensa o representación de los demandados.
Esto significa que la coadyuvancia tiene como objetivo respaldar el propósito central
del medio de control que es garantizar la protección de los derechos e intereses
colectivos presuntamente vulnerados, sumando argumentos, pruebas o
colaboraciones que fortalezcan el objeto de la demanda. Sin embargo, esta figura no
extiende su alcance para ampliar o justificar las actuaciones de las entidades
demandadas, pues el diseño legal y procesal de este mecanismo no prevé esa
posibilidad.
En este contexto, la coadyuvancia no puede ser utilizada como una herramienta para
modificar la posición procesal de los involucrados ni para alterar el enfoque de la acción
judicial en términos de defensa de los intereses de los demandados, dado que su
finalidad es estrictamente contribuir al éxito de la protección de los derechos colectivos
invocados por el demandante y por lo tanto no existe fundamento para aceptar la
solicitud de coadyuvancia impetrada».
Sostienen que, se negó su solicitud de coadyuvancia, pero se admitió la de un
ciudadano a favor de la parte actora, lo cual transgrede su derecho a la igualdad.
Exponen que las providencias objeto de censura incurren en desconocimiento del
precedente jurisprudencial del Consejo de Estado4 y en defecto procedimental por
3
ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes de que se profiera
fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones
las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales
o Municipales y demás autoridades que por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses
colectivos.
4
Para el efecto, mencionó las siguientes providencias: (i) sentencia de 9 de agosto de 2018, en la que, un asunto de similares
contornos, se resolvió a favor de la parte actora, al indicar que “al haberse negado la coadyuvancia a favor [del extremo]
pasiv[o], reconociéndose la de parte actora, […] comporta una interpretación restringida del artículo 24 de la Ley 472 de 1998
que implica [un] rigor excesivo en la aplicación de las normas procesales en perjuicio del derecho sustancial, específicamente
en el acceso a la administración de justicia”; (ii) auto de 2 de mayo de 2019, en el que se señaló que “una interpretación
armónica [de dicha norma], contenida en una línea jurisprudencial consolidada, efectivamente permite la coadyuvancia de la
parte demandada en las acciones populares”, posición que fue ratificada a través de proveído de 26 de junio de 2019; y (iii)
fallo de tutela de 15 de febrero de 2024, en virtud del cual se adujo que se “ha extendido el alcance de la figura de la
coadyuvancia en materia de acciones populares, no solo a los que pretendan integrar el extremo activo de la litis, sino también
a quienes busquen desvirtuar las pretensiones de la demanda o ejercer su derecho de contradicción”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
exceso ritual manifiesto, por la indebida y restrictiva interpretación del artículo 24
de la Ley 472 de 1998, puesto que la mencionada disposición, no realiza ninguna
distinción respecto de la parte que se coadyuva, por lo que, al impedírseles
«interven[ir] como coadyuvantes de[l extremo pasivo], [se les] cercen[a] el ejercicio
de las prerrogativas propias del derecho de contradicción, entre las que se
destacan, la posibilidad de contestar demanda, solicitar el decreto y práctica de
pruebas, aportarlas, controvertir las que presente la parte activa, intervenir en su
recaudo, promover incidentes, participar en las audiencias que se celebren,
presentar alegatos de conclusión y acompañar la impugnación de providencias».
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 25 de
febrero de 2025, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión, (i) se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A; y (ii) se dispuso vincular a la Caja De Compensación Familiar del
Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., la Caja de Compensación Familiar
Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., la Unidad de Servicio Médico EPM -
Entidad Adaptada de Salud EAS016, Famisanar E.P.S., el Fondo de Pasivo Social
de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el Servicio Occidental de Salud S.A.,
Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, la Alianza Medellín Antioquia
E.P.S. S.A.S., Nueva EPS S.A., la Caja de Compensación Familiar Cajacopi
Atlántico, Cajacopi E.P.S. S.A.S., Asmet Salud E.P.S. S.A.S., Emssanar E.P.S.
S.A.S., Salud Mia E.P.S., la Caja de Compensación Familiar del Chocó -
Comfachocó, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano -
Comfaoriente, la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, la
Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS,
Salud Total E.P.S. S.A., EPS Sura, la superintendencia Nacional de Salud, la
Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y Protección Social y la
Defensoría del Pueblo, en los términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Salud Total E.P.S. S.A.5 coadyuva la solicitud de amparo, en atención a que
«hace parte de ACEMI, gremio que conforman las EPS […] y de la cual […] deviene
procedente su derecho de actuar como coadyuvante».
5
Índice 00009 de Samai.
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Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
2.1.2 El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A6 argumenta que «la coadyuvancia no puede ser empleada como un
mecanismo para modificar la posición procesal de las partes ni para reconfigurar la
dinámica propia de la acción popular en términos de representación o defensa de
los demandados. Su alcance está circunscrito exclusivamente al refuerzo de la
pretensión de protección de los derechos colectivos, y, en consecuencia, no existe
fundamento jurídico que justifique su otorgamiento a favor de la accionante».
2.1.3 La Superintendencia Nacional de Salud7 depreca su desvinculación de la
acción de tutela de la referencia, comoquiera que «la presunta vulneración de los
derechos fundamentales reclamados […] no deviene de una acción u omisión»
suya.
2.1.4 Emssanar E.P.S. S.A.S.8 coadyuva la solicitud de las tutelantes, con
fundamento en que, estas «conforman agremiaciones, conglomerados o grupos
especializados de EPSs y Cajas de Compensación […] cuyo propósito es
establecer políticas en pro del sector, razón por la cual […] tienen la experticia en
los temas de salud y por ende una doble connotación de importancia para el
proceso».
2.1.5 La Alianza Medellín Antioquia E.P.S. S.A.S. - Savia Salud E.P.S.9 aduce
que, «no tiene injerencia en el asunto, ya que, la decisión que se tome recaerá
sobre la accionante y el tribunal accionado».
2.1.6 EPS Sura10 se limita a indicar que coadyuva el presente trámite constitucional.
2.1.7 Compensar E.P.S.11 expone que, «aunque la decisión que resuelva esta
controversia constitucional no puede implicar algún tipo de decisión en [su] contra
[…], es menester pronunciar[se] sobre el fondo del asunto, en orden a que se
tutelen las garantías del debido proceso dentro de la acción popular que suscita
[esta] acción de tutela».
6
Índice 00011 de Samai.
7
Índice 00013 de Samai.
8
Índice 00014 de Samai.
9
Índice 00015 de Samai.
10
Índices 00016 y 00019 de Samai.
11
Índice 00017 de Samai.
6
Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
2.1.8 La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco
Valle E.P.S.12 coadyuva la acción de tutela de la referencia, al considerar que «las
decisiones fustigadas en sede constitucional desconocieron los antecedentes
jurisprudenciales del Consejo de Estado que, [permite] la coadyuvancia respecto
del extremo pasivo en las acciones populares».
2.1.9 Empresas Públicas de Medellín E.S.P.13 asevera que «carece de
legitimación en la causa por pasiva, teniendo en cuenta que el supuesto daño que
se le ha causado a la[s demandantes] sería imputable a otros agentes quienes
eventualmente intervinieron en la causación de este y por lo tanto […] no está
llamada a responder por la vulneración o amenaza de derecho fundamental
alguno».
2.1.10 El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia14
señala que «no es […] responsable de los presuntos hechos u omisiones que
motivaron la acción constitucional de la referencia; por ello, no es[tá] […] llamad[o]
a resistir las pretensiones de la demanda».
2.1.11 La Contraloría General de la República15 sostiene que «las controversias
relacionadas […] [no son] producto de acciones, omisiones o incumplimientos en
[sus] funciones y competencias […] en razón a la vigilancia y control fiscal definidas
en la Constitución Política de 1991 (artículos 119 y 267) y el ordenamiento
normativo (Decreto 403 de 2020), que recaen sobre la gestión fiscal de la
administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes
públicos».
2.1.12 Asmet Salud E.P.S. S.A.S.16 no se opone a lo pretendido por la parte actora,
por cuanto, a su juicio, «se encuentra plenamente demostrada una violación a
derechos fundamentales […] impetrados en esta acción constitucional, ya que el
juzgado fundó su negación en razón a que a su criterio la coadyuvancia no operaba
en la acción popular para la defensa de los demandados, no obstante, se tiene que
lo reglado en el artículo 24 de Ley 472 de 1998 NO establece que la coadyuvancia
sea exclusiva para la parte accionante, todo lo contrario, indica que esta figura está
dirigida a toda persona natural o jurídica».
12
Índices 00018, 00020 y 00023 de Samai.
13
Índice 00021 de Samai.
14
Índice 00025 de Samai.
15
Índice 00027 de Samai.
16
Índice 00031 de Samai.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
2.1.13 Sanitas S.A. E.P.S., Famisanar E.P.S., el Servicio Occidental de Salud
S.A., Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, Nueva EPS S.A., la Caja
de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, Cajacopi E.P.S. S.A.S., Salud
Mia E.P.S., la Caja de Compensación Familiar del Chocó - Comfachocó, la Caja
de Compensación Familiar del Oriente Colombiano - Comfaoriente, la
Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, la Cooperativa
Empresa Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS, el Ministerio
de Salud y Protección Social y la Defensoría del Pueblo guardaron silencio en
la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud
de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y
333 de 2021.
3.2 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por
los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como
mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,
permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando
quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones preliminares.
3.3.1 Providencia objeto de reproche.
En el asunto sub examine las demandantes pretenden que se dejen sin efectos los
proveídos de (i) 20 de agosto de 2024, por medio del cual el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A negó la solicitud de
coadyuvancia que formularon respecto de algunas de las entidades accionadas
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
dentro del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos
con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00; y (ii) 27 de enero de 2025, por cuyo
conducto, confirmó esa decisión.
Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de 27 de enero de 2025, por ser la que, al desatar el recurso de reposición
interpuesto contra la de 20 de agosto de 2024, decidió de manera definitiva el
mencionado asunto.
3.3.2 Solicitud de coadyuvancia.
Salud Total E.P.S. S.A., Emssanar E.P.S. S.A.S., EPS Sura y la Caja de
Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., quienes
integraron el extremo pasivo en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00, en el que se
profirió el proveído de reproche y fueron vinculadas al presente trámite
constitucional como terceras con interés, piden se les tenga como coadyuvantes de
las actoras, al considerar que, con la decisión de no admitir su solicitud de
coadyuvancia en dicho trámite, se transgredieron las garantías superiores
invocadas.
Al respecto, se advierte que, la coadyuvancia es una figura procesal por medio de
la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º17 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 71 18 del
Código General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de
los artículos 419 del Decreto 306 de 199220 y 2.2.3.1.1.321 del Decreto 1069 de
201522 y de lo precisado por la Corte Constitucional23.
17
“Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.
18
“Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia[...]”.
19
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
20
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
21
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
22
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
23
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
En ese orden de ideas, comoquiera que, las aludidas entidades están habilitadas
para intervenir en el presente asunto, puesto que, se reitera, fueron vinculadas
como terceras con interés24 y expusieron las razones por las cuales se deben
atender las pretensiones del mecanismo constitucional, se accederá a su solicitud
de coadyuvancia.
3.4 Problema jurídico.
Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el auto de 27
de enero de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección primera, Subsección A confirmó el proveído del 20 de agosto de 2024, con
el que negó la solicitud de coadyuvancia al extremo pasivo formulada por las
tutelantes, en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00; y, en caso afirmativo, si
se han vulnerado las garantías superiores al debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista
de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, pues no obstante el reconocimiento del principio de
autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de una
providencia judicial, derechos fundamentales.
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de 1994
se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
24
Mediante auto de 25 de febrero de 2025 visible en el índice 00004 de Samai.
10
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calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando
se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i)
defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en
una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando
resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder
a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico,
se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación
proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora;(v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que
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esto hubiese sido posible; (vi) Que no se trate de sentencias de tutela, en
consideración al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra
decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga indudable relevancia
constitucional resulta procedente.
Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión
que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto
procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente al margen
del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador
carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la
decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido,
se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi)
decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;
(vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos
la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii)
violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera
el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está
ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales25; sin embargo,
25
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,
C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993,
AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-
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rectificó su posición mediante sentencia de 31 de julio de 201226, en el sentido de
disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos fundamentales, con observancia de los parámetros fijados
jurisprudencialmente, así como los que en el futuro determine la ley y la
jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha
aplicado en los términos antes expuestos27.
3.6 Caso concreto.
Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia de las tutelantes; (ii) contra la decisión objeto de censura
no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el
supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de
inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia atacada quedó
ejecutoriada el 7 de febrero de 202528 y la solicitud de amparo se presentó el 21 de
los mismos mes y año, es decir, dentro de un término prudencial (14 días); y (v) el
auto acusado no es de tutela.
En razón a que, se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas desconocimiento del
precedente y defecto procedimental por exceso ritual manifiesto invocadas por las
accionantes.
3.6.1 Desconocimiento del precedente.
Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
03194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
26
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
27
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-
00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.
2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp.
2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012,
exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve.
28
Notificado por estado el 4 de febrero de 2025.
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providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como
defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene
su origen en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los
precedentes fijados por la Corte Constitucional en su jurisprudencia29, y la segunda
hace referencia a cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente
horizontal o vertical sin justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la
providencia adolece de un defecto sustantivo30 en virtud de los principios del debido
proceso, igualdad y buena fe31.
En el presente caso, las demandantes sostienen que, la decisión reprochada
incurre en desconocimiento del precedente, en la medida en que, inobservó las
siguientes providencias del Consejo de Estado: (i) sentencia de 9 de agosto de
201832, en la que, un asunto de similares contornos, se resolvió a favor de la parte
actora, al indicar que «al haberse negado la coadyuvancia a favor [del extremo]
pasiv[o], reconociéndose la de parte actora, […] comporta una interpretación
restringida del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 que implica [un] rigor excesivo en
la aplicación de las normas procesales en perjuicio del derecho sustancial,
específicamente en el acceso a la administración de justicia»; (ii) auto de 2 de mayo
de 201933, en el que se señaló que «una interpretación armónica [de dicha norma],
contenida en una línea jurisprudencial consolidada, efectivamente permite la
coadyuvancia de la parte demandada en las acciones populares», posición que fue
confirmada a través de proveído de 26 de junio de 201934; y (iii) fallo de tutela de
15 de febrero de 202135, en virtud del cual se adujo que se «ha extendido el alcance
de la figura de la coadyuvancia en materia de acciones populares, no solo a los que
pretendan integrar el extremo activo de la litis, sino también a quienes busquen
desvirtuar las pretensiones de la demanda o ejercer su derecho de contradicción».
29
Sentencia T-360 de 2014: “En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i)
se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela”.
30
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
31
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
32
Expediente 11001-03-15-000-2018-02242-00, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
33
Expediente 25000-23-27-000-2010-02540-01, C. P. Alberto Montaña Plata.
34
Expediente 25000-23-27-000-2010-02540-01, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
35
Expediente 68001-23-33-000-2020-00994-01, C. P. Nicolás Yepes Corrales.
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Sobre el particular, se advierte que, las aludidas providencias que se aducen como
desconocidas, no fueron aportadas a las presentes diligencias, a pesar de que es
una carga que le corresponde a la parte accionante; no obstante, se realizó su
búsqueda en la herramienta electrónica para la gestión judicial del Consejo de
Estado denominada Samai y se pudo verificar que, en cuanto a la sentencia de 9
de agosto de 2018, la Sección Cuarta, en relación con la coadyuvancia de la parte
accionada dentro de las acciones populares, dispuso:
«5.5.1. Sea lo primero indicar que, la Sección Tercera de esta Corporación en sentencia
del 18 de junio de 2008 identificada con radicado No. AP-7000 1-23-31-000-2003-
00618-01 y con ponencia de la Dra. Ruth Stella Correa Palacio señaló que el
ordenamiento jurídico colombiano permite la coadyuvancia en el pasivo en las acciones
populares.
De la providencia se extraen los siguientes apartes pertinentes para el análisis del caso
concreto:
"Dos personas intervinieron en el proceso como coadyuvantes del escrito de
demanda, mientras que otros tres "coadvuvaron" los escritos de defensa de los
accionados. lo cual impone a la Sala precisar el alcance de este tipo de
intervenciones en el proceso popular y determinar su procedencia o no.
Basta lo expuesto para advertir que la tutela efectiva de los derechos colectivos
no sólo autoriza sino impone y exige en estas acciones públicas, la participación
de la comunidad, quien por lo mismo debe ser informada a través de un medio
masivo de comunicación o de cualquier medio eficaz, a efectos de garantizar su
eventual intervención en cualquier sentido en esta acción pública (art. 21 de la
ley 472).
Esa dimensión singular de los derechos colectivos evidencia la importancia de
la apertura del proceso a todo aquel que desee intervenir, sin que ello exija
forzosamente, como prima facie podría deducirse del citado artículo 24 de la ley
472, que sea solamente para coadyuvar la demanda popular. Si los derechos
rebasan la esfera individual y si la solidaridad es el principio inmanente a estos
procesos. la ley debe fomentar cualquier tipo de intervención en los mismos, ya
sea para coadyuvar ora para impugnar lo expresado en la demanda.
En otros términos, al pertenecer estos intereses a una pluralidad de sujetos se
precisa en el proceso de conocer las distintas perspectivas sobre su posible
afectación. visión universal que ayudará al juez a adoptar una decisión que
realmente proteja los intereses jurídicos del colectivo, en el marco de un
verdadero derecho solidario,
(…)
Como corolario de lo expuesto, resulta evidente que, si se trata de remedios
procesales colectivos concebidos para proteger derechos comunitarios, esto es,
no circunscritos a una persona en particular, cualquier individuo de la comunidad
puede en interés de la misma no sólo acompañar las pretensiones formuladas.
sino también está autorizado para impugnar la demanda y en consecuencia
coadyuvar al accionado. Al fin y al cabo, la sentencia popular terminará por
afectar directa o indirectamente a una pluralidad de sujetos. dados sus efectos
de cosa juzgada erga omnes (art. 35 de la ley 472)'°," (Destaca la Sala)
5.5.2. Esta sentencia, contiene supuestos de hecho que se identifican con el caso
objeto de estudio respecto del problema jurídico que se debía resolver, esto es, si
procede la intervención por coadyuvancia respecto de la parte pasiva en las acciones
populares, así pues, se tiene que en la providencia en cita tres personas solicitaron ser
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tenidos como coadyuvantes de la parte accionada por lo que el Consejo de Estado
encontró necesario determinar el alcance de la mencionada figura procesal en las
acciones populares.
Es así que, la similitud en el supuesto de hecho de controversia y la regla de derecho
creada en la mencionada providencia hace que constituya precedente vinculante para
la Corporación accionada.
Se tiene entonces que, una alta Corporación, en ejercicio de sus competencias,
estableció el alcance que debía darse al artículo 24 de la Ley 472 de 1992, en el sentido
que la figura procesal de la coadyuvancia aplica tanto para la parte activa como para
la pasiva, en atención a la naturaleza de los derechos que pretende proteger esta
acción y al principio de solidaridad que la caracteriza. De esta manera, el argumento
expuesto por la autoridad judicial acusada respecto a la interpretación literal que debía
hacerse del artículo en comento pierde fuerza ante el pronunciamiento específico de la
Sección Tercera del Consejo de Estado que da un alcance más amplio a la intervención
por coadyuvancia en las acciones populares.
[…]
De manera tal, que esta Sala no comparte la apreciación de la Corporación accionada,
pues el que se haga énfasis en la procedencia de la coadyuvancia por activa y su
alcance no implica que se niegue su aplicación a la parte pasiva, sino que el estudio
jurídico estaba limitado por los hechos y actuaciones que se surtieron en el proceso
que, evidentemente difieren del estudiado en esta oportunidad.
5.6. De otra parte se tiene que, en la providencia acusada se indicó que una correcta
interpretación del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 exige que se consulte la naturaleza
pública de la acción popular, los bienes jurídicos que pretende proteger y su finalidad,
en consecuencia, procede la Sala a estudiar la figura de la coadyuvancia desde la
perspectiva propuesta.
Sea lo primero, indicar que no existe duda respecto del carácter público de esta acción
ni que el mismo está dado en virtud de los bienes jurídicos que protege, derechos
colectivos, cuya titularidad está en cabeza de la comunidad, es por ello que a través de
este mecanismo de protección se pretende facilitar la participación de todos en los
asuntos que afectan a la comunidad como titular de derechos, es decir, la acción
popular ésta encuentra sus bases en el principio de solidaridad.
[…]
Entonces, aun considerando la finalidad de la acción popular y el tipo derechos que
protege, para esta Sala no emerge con la claridad que señala la accionada, la
conclusión de que la figura de la coadyuvancia en estas acciones sólo es procedente
respecto de la parte activa, pues si bien es claro que esos elementos dan sentido a la
intervención de terceros por activa, lo cierto es que también sirven como fundamento
para admitirla en la parte pasiva, pues el principio de solidaridad sobre el que se erigen
las acciones populares promueve la intervención de todos los ciudadanos sin restringir
la parte a la que deben coadyuvar, lo cual de contera permite que el juez de la causa
tenga un panorama extenso del posible escenario de vulneración de derechos
colectivos.
En consecuencia, la titularidad de un derecho colectivo no exige que la intervención en
el proceso sea exclusivamente para apoyar las pretensiones de la demanda sino que
admite que se ejerza en el otro extremo de la litis por considerar, como sucede en el
caso concreto, que no se está vulnerando el mismo, es decir, la coadyuvancia en la
pasiva no implica, como lo propone la accionada, que se está defendiendo un interés
subjetivo, por el contrario, como en la providencia acusada se indicó, el objeto de esta
acción no es la solución de controversias subjetivas, sino determinar si se está
vulnerando un derecho colectivo y de ser así adoptar las medidas necesarias para
hacer cesar su lesión o amenaza».
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Por su parte, frente a los autos de 2 de mayo y 26 de junio de 2019, los cuales
corresponden al mismo trámite, cabe advertir que, en el primero se rechazó una
solicitud de coadyuvancia de la parte demandada, decisión contra la cual se
interpuso recurso de súplica, siendo desatado en el segundo, en el sentido de
adecuar aquel al de reposición, con fundamento en que «el recurso de apelación
en materia de acciones populares sólo procede en los casos expresamente
señalados en la Ley 472 de 1998, por lo que contra el resto de las decisiones
proferidas en el marco de una acción popular sólo procede el de reposición», es
decir, la controversia giró en torno a determinar cuál era el recurso procedente
contra esa decisión y no sobre la coadyuvancia en acciones populares, por lo que,
dichos pronunciamientos no constituyen precedente jurisprudencial en el sub lite.
Finalmente, en cuanto al fallo de tutela de 15 de febrero de 2021, la Subsección C
de la Sección Tercera, sostuvo:
«[…] se advierte que, por la naturaleza de las acciones populares, al artículo 24 de la
Ley 472 de 1994, debe interpretarse de manera amplia, pues no se puede limitar la
intervención de terceros, únicamente, a los interesados en el éxito de la demanda,
porque ello conllevaría el desconocimiento del derecho de defensa y contradicción de
quienes estén en desacuerdo con el objeto de la acción y no fueron demandados o
vinculados».
De lo trascrito se colige que, con la determinación de negar la solicitud de
coadyuvancia de las accionantes respecto del extremo pasivo dentro de la acción
popular con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00, con fundamento en que, en
virtud del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 esa figura jurídica solo es aplicable al
extremo activo, no solo se hizo una aplicación restrictiva de esa prerrogativa, sino
que, además, se inobservaron los referidos pronunciamientos de esta Corporación
(sentencias de 18 de junio de 2008, 9 de agosto de 2018 y 15 de febrero de 2021),
en los que, como se evidenció, se hizo énfasis en que «la coadyuvancia aplica tanto
para la parte activa como para la pasiva, en atención a la naturaleza de los derechos
que pretende proteger esta acción y al principio de solidaridad que la caracteriza».
Así las cosas, se concluye que, la providencia cuestionada incurre en
desconocimiento del precedente.
3.6.2 Defecto procedimental.
Se precisa que puede presentarse en dos modalidades: (i) absoluto, cuando el
funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento legalmente
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establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…] hay una
renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por
extremo rigor en la aplicación de las normas procesales»36, es decir, se privilegian
aspectos formales sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso
a la administración de justicia37.
La Corte Constitucional, en sentencias SU-195 de 2002, C-590 de 2005 y T-737 de
2007, ha indicado que, en la causal por defecto procedimental deben concurrir los
siguientes elementos: (i) que, no se pueda corregir la irregularidad por otra vía; (ii)
que, el defecto procesal afecte directamente la decisión acusada de vulnerar
derechos constitucionales fundamentales; (iii) que, la irregularidad haya sido
alegada, salvo que, las propias circunstancias del caso lo impidieran; (iv) que, como
consecuencia de lo anterior, se vulneran garantías superiores38; y (v) que, no puede
ser atribuible al afectado el desconocimiento del procedimiento que se arguye 39.
Resulta oportuno anotar que la aludida Corporación40 también ha indicado que, el
defecto procedimental de carácter absoluto se configura cuando el juez no observa
las formas propias de cada juicio, bien sea porque sigue uno ajeno al autorizado
(actúa por fuera de sus competencias), lo que implica exigir trámites o requisitos
que no corresponden, u omite adelantar etapas procesales en desconocimiento del
principio de legalidad y, por ende, del derecho fundamental al debido proceso de
las partes intervinientes.
En el asunto sub examine las demandantes aducen que, la providencia cuestionada
incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, por la indebida y
restrictiva interpretación del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, al considerar que, la
mencionada disposición, no realiza ninguna distinción respecto de la parte que se
coadyuva, lo que implica que, al impedírseles «interven[ir] como coadyuvantes de[l
extremo pasivo], [se les] cercen[e] el ejercicio de las prerrogativas propias del
derecho de contradicción, entre las que se destacan, la posibilidad de contestar
demanda, solicitar el decreto y práctica de pruebas, aportarlas, controvertir las que
presente la parte activa, intervenir en su recaudo, promover incidentes, participar
36
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
37
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
38
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
39
Al respecto, ver las sentencias T-538 de 1994, SU-478 de 1997, T-654 de 1998 y T-781 de 2011, entre otras.
40
Sentencias SU-159 de 2002, T-996 de 2003 y T-363 de 2013 de la Corte Constitucional, entre otras.
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en las audiencias que se celebren, presentar alegatos de conclusión y acompañar
la impugnación de providencias».
Con el propósito de dilucidar si el referido reproche tiene o no asidero jurídico, cabe
precisar que, el artículo 24 de la Ley 472 de 199841, en su tenor literal establece:
«ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar
estas acciones, antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia
operará hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las
organizaciones populares, cívicas y similares, así como el Defensor del Pueblo o sus
delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que por razón
de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos».
(Énfasis propio).
De la anterior norma se colige que, todas las personas, tanto naturales como
jurídicas, pueden hacer uso de la figura jurídica de la coadyuvancia en las acciones
populares, sin que se restrinja solo a un extremo de la litis, estableciéndose como
única condición que, ello ocurra antes de que se profiera fallo de primera instancia.
Por consiguiente, se puede concluir que, la providencia censurada como lo
señalaron las tutelantes, incurre en defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto, al privilegiar el aspecto formal del artículo 24 de la Ley 472 de 1998
que, como se advirtió en precedencia, fue interpretado de manera errónea, en
detrimento de su derecho al acceso a la administración de justicia, lo que impone
acceder al amparo solicitado.
Sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la pretensión de las accionantes
encaminada a que se les conceda «la posibilidad de contestar la demanda en el
término de ley, o, en su defecto, dentro del lapso de diez (10) días que la autoridad
judicial constitucional disponga para el efecto», cabe precisar que, ello no es
procedente, comoquiera que, como se indicó en la citada prerrogativa, una vez se
acepte la coadyuvancia esta “operará hacia la actuación futura”, es decir, en
cualquier momento y hasta antes que se profiera el fallo de primera instancia,
aquellas podrán apoyar a las entidades de su interés (la Caja de Compensación
Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., Compensar E.P.S., Sanitas
S.A. E.P.S., Famisanar E.P.S., el Servicio Occidental de Salud S.A., Nueva EPS
S.A., Salud Total E.P.S. S.A., la Cooperativa Empresa Solidaria de Salud y
Desarrollo Integral - Coosalud ESS, EPS Sura, la Caja de Compensación Familiar
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“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
del Chocó – Comfachocó y la Caja de Compensación Familiar del Oriente
Colombiano – Comfaoriente), las cuales, en todo caso, ya fueron vinculadas como
demandadas en la acción popular con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00,
pudiendo ejercer sus derechos de defensa y contradicción.
IV. DECISIÓN
Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto las
tutelantes acreditaron que la providencia de 27 de enero de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, incurrió
en desconocimiento del precedente y defecto procedimental por exceso ritual
manifiesto. Por tal motivo, se accederá a la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por Salud Total
E.P.S. S.A., Emssanar E.P.S. S.A.S., EPS Sura y la Caja De Compensación
Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., conforme a lo esgrimido en
la parte considerativa de este fallo.
SEGUNDO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia invocados por la Asociación Colombiana de
Empresas de Medicina Integral – ACEMI y la Asociación Nacional de Cajas de
Compensación Familiar – ASOCAJAS, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto de 27 de enero de 2025, mediante el
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A
confirmó el proveído de 20 de agosto de 2024, con el que negó la solicitud de
coadyuvancia al extremo pasivo formulada por las tutelantes, dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-
23-41000-2024-00302-00, conforme a la motivación.
CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
primera, Subsección A que, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2025-01000-00
Demandantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral – ACEMI y otra
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A
notificación de esta providencia, dicte una providencia de remplazo en el aludido
asunto, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.
QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO. Si el presente fallo no es impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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