Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01000-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-01000-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2025-01000-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01000-01
Accionantes: ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE EMPRESAS DE MEDICINA
INTEGRAL - ACEMI Y OTRO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial — coadyuvancia en
acciones populares. Confirma amparo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora y la accionada contra la sentencia de primera instancia proferida el 25 de
marzo de 2025 por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
en el Acuerdo 080 de 2019 (modificado por el Acuerdo 434 de 2024).
Por auto del 25 de febrero de 20251, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción constitucional y, mediante la providencia del
16 de julio de 2025 concedió la impugnación.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (en
adelante, ACEMI) y la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar
1 Índice 4 de Samai. Mediante este auto se notificó como accionado al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A. A su vez, se ordenó vincular como terceros con interés a la
Caja De Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., la Caja de Compensación
Familiar Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., la Unidad de Servicio Médico EPM - Entidad Adaptada de
Salud EAS016, Famisanar E.P.S., el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia, el
Servicio Occidental de Salud S.A., Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, la Alianza Medellín
Antioquia E.P.S. S.A.S., Nueva EPS S.A., la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico, Cajacopi
E.P.S. S.A.S., Asmet Salud E.P.S. S.A.S., Emssanar E.P.S. S.A.S., Salud Mia E.P.S., la Caja de
Compensación Familiar del Chocó - Comfachocó, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano
• Comfaoriente, la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, la Cooperativa Empresa
Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS, Salud Total E.P.S. S.A., EPS Sura, la
superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Defensoría del Pueblo.
1
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Accionantes: Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral
ACEMI y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección A
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(en adelante, ASOCAJAS), actuando por medio de sus representantes legales,
presentaron acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud de amparo pretenden
la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad.
2. Las anteriores trasgresiones se las adjudican a los autos del 20 de agosto
de 2024 y del 27 de enero de 2025, proferidos dentro del proceso de acción
popular con radicado 25000-23-41000-2024-00302-00, promovido por el
Ministerio de Salud y Protección Social.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: “QUE SE DEJEN SIN EFECTOS las decisiones contenidas en el
ordinal CUARTO del Auto de agosto 20 de 2024 y en el ordinal QUINTO del Auto
de 27 de enero de 2025 proferidos dentro del proceso de acción popular con
número de radicación 25000-23-41000-2024-00302-00.
SEGUNDO: “ORDENAR al Magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, dada
su condición de funcionario judicial a cargo del trámite y sustanciación de
proceso, que en el término de tres (3) días, contado a partir de la ejecutoria de
esta providencia, profiera una nueva decisión en la que valide la condición de
coadyuvantes de ACEMI y de ASOCAJAS respecto de las entidades señaladas
en sus escritos de coadyuvancia presentados dentro del proceso de acción
popular con número de radicación 25000- 23-41000-2024-00302-00”.
TERCERO: “ORDENAR al Magistrado FELIPE ALIRIO SOLARTE MAYA, dada
su condición de funcionario judicial a cargo del trámite y sustanciación de
proceso, que habilite que ACEMI y ASOCAJAS tengan la posibilidad de intervenir
en el curso del trámite judicial, así como la posibilidad de contestar la demanda
en el término de ley, o, en su defecto, dentro del lapso de diez (10) días que la
autoridad judicial constitucional disponga para el efecto, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 117 del Código General del Proceso.
1.2. Hechos
4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la
siguiente manera:
5. El 8 de febrero de 2024, el Ministerio de Salud y Protección Social presentó
acción de protección de los derechos e intereses colectivos contra la Nación,
Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y otros2 con el
objeto de que se protejan los derechos colectivos a la seguridad social en salud,
a la moralidad pública y al patrimonio público y de que se ordene a las entidades
2 La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca - Comfenalco Valle E.P.S., la Caja de
Compensación Familiar Compensar E.P.S., Sanitas S.A. E.P.S., la Unidad de Servicio Médico EPM - Entidad
Adaptada de Salud EAS016, Famisanar E.P.S., el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de
Colombia, el Servicio Occidental de Salud S.A., Capital Salud E.P.S.- S.A.S., Capresoca E.P.S.-S, la Alianza
Medellín Antioquia E.P.S. S.A.S., Nueva EPS S.A., la Caja de Compensación Familiar Cajacopi Atlántico,
Cajacopi E.P.S. S.A.S., Asmet Salud E.P.S. S.A.S., Emssanar E.P.S. S.A.S., Salud Mia E.P.S., la Caja de
Compensación Familiar del Chocó - Comfachocó, la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano
• Comfaoriente, la Asociación Mutual Ser Empresa Solidaria de Salud ESS, la Cooperativa Empresa
Solidaria de Salud y Desarrollo Integral - Coosalud ESS, Salud Total E.P.S. S.A. y EPS Sura.
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demandadas que realicen todas las acciones necesarias con «la finalidad [de]
cumplir a las inversiones de reservas técnicas de que tratan los artículos
2.5.2.2.1.9 y 2.5.2.2.1.10 del Decreto 780 de 2016».
6. El referido asunto le correspondió a la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad que admitió la demanda
mediante auto del 23 de abril de 2024. Esta decisión fue recurrida el 30 del mismo
mes y año por ACEMI y ASOCAJAS, quienes solicitaron ser reconocidas como
coadyuvantes de algunas de las entidades demandadas3.
7. Por medio de providencia del 20 de agosto de 2024, dicha autoridad
judicial resolvió el recurso de reposición y, entre otras decisiones, negó la
solicitud de coadyuvancia elevada. Como fundamento de ello, sostuvo que, de
conformidad con el artículo 244 de la Ley 472 de 1998, la coadyuvancia en este
medio de control «es respecto de la acción y no de los demandados».
8. Inconformes con lo anterior, las solicitantes interpusieron recurso de
reposición. Mediante auto del 27 de enero de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A decidió, entre otras cosas, no
reponer la providencia que resolvió las solicitudes de coadyuvancia. Reiteró que,
de conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, esta figura procesal en
el marco de la acción popular está orientada exclusivamente hacia el apoyo o
fortalecimiento de las pretensiones del demandante y no en la defensa o
representación de los demandados. A su vez, sostuvo que aquella tiene como
objetivo garantizar la protección de los derechos e intereses colectivos
presuntamente vulnerados, por lo que no permite extender su alcance para
justificar las actuaciones de las demandadas.
9. En dicho auto se tuvo como coadyuvante al señor Germán Fernández
Cabrera, en calidad de ciudadano interesado en el resultado del proceso.
1.3. Sustento de la vulneración
10. La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente y en defecto procedimental absoluto, por los
argumentos que a continuación se exponen.
11. Desconocimiento del precedente. Se desatendió el precedente pacífico
del Consejo de Estado consistente en establecer que la figura de la coadyuvancia
3 ACEMI solicitó ser reconocida como coadyuvante de Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS, Sanitas SA
EPS, Famisanar EPS, Servicio Occidental de Salud SA, Nueva EPS, Salud Total EPS, EPS Sura y Coosalud.
ASOCAJAS pidió que se reconociera como coadyuvante de Comfenalco Valle EPS, Compensar EPS,
Comfachocó y Comfaoriente EPS.
4 ARTICULO 24. COADYUVANCIA. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones, antes
de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará hacia la actuación futura. Podrán
coadyuvar igualmente estas acciones las organizaciones populares, cívicas y similares, así como el
Defensor del Pueblo o sus delegados, los Personeros Distritales o Municipales y demás autoridades que
por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses colectivos.
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está concebida en acciones populares también para el extremo pasivo y no
exclusivamente para coadyuvar las pretensiones de la parte demandante, como
establece el tribunal accionado.
12. De conformidad con la sentencia del 18 de junio de 2008, proferida por la
Sección Tercera del Consejo de Estado en el proceso de acción popular con
radicado 70001-23-31-000-2003-00618-01, la coadyuvancia en este mecanismo
procede tanto para la parte activa, como para la pasiva. Dicha providencia
establece que una lectura del artículo 24 de la Ley 472 de 1998, en armonía con
el alcance y el objeto de las acciones populares, lleva a concluir que el
ordenamiento jurídico brinda la posibilidad de que la coadyuvancia se predique
también con respecto a la parte demandada en este mecanismo.
13. En dicho fallo se estableció que, una interpretación restrictiva de dicha
disposición implicaría que únicamente se autoriza la coadyuvancia con respecto
a la parte activa. Sin embargo, debido a la naturaleza de este mecanismo
constitucional, concebido como una acción abierta a toda la comunidad, nuestro
ordenamiento «no solo autoriza la coadyuvancia en lo pasivo, sino que la
prohíja». En este orden de ideas, la Sección Tercera del Consejo de Estado
estableció que la tutela efectiva de los derechos colectivos, cuya efectividad es
objeto de este mecanismo, no solo autoriza, sino que impone y exige la
participación de la comunidad en estas acciones públicas. Por tanto, si estos
derechos rebasan la esfera individual y la solidaridad es el principio inmanente a
estos procesos, la ley debe fomentar cualquier tipo de intervención, sea para
coadyuvar o impugnar lo expresado en la demanda.
14. En la misma vía señalada, la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante auto del 2 de mayo de 2019 en el proceso de acción popular con
radicado 25000-23-27-000-2010-02540-00/01 estableció que una interpretación
armónica del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 y de conformidad con una línea
jurisprudencial consolidada, permite efectivamente la coadyuvancia de la parte
demandada en este tipo de mecanismos. Esta posición es referenciada en el auto
de unificación de la Sala Plena el 26 de junio de 2019, proferido en segunda
instancia de dicho trámite.
15. Esta postura fue avalada por la Sección Tercera del Consejo de Estado en
la sentencia de tutela del 15 de febrero de 2021, dictada en el proceso con
radicado 68001-23-33-000-2020-00994-00/01 y, a su vez, por la Sección Cuarta
de esta Corporación en la sentencia del 9 de agosto de 2018 en el proceso
constitucional con radicado 11001-03-15-000-2018-02242-00.
16. Defecto procedimental absoluto. En virtud de lo expuesto con
antelación, es evidente que la decisión adoptada por el tribunal accionado en el
ordinal quinto del auto del 27 de enero de 2025 incurre en este defecto. Lo
anterior, en la medida en que no solo desconoce el criterio jurisprudencial en cita,
sino que impide la intervención de las tutelantes, lo que cercena el ejercicio de
las prerrogativas propias del derecho de contradicción, entre las que se destacan
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la posibilidad de contestar la demanda, solicitar el decreto y práctica de pruebas,
aportarlas, controvertir las que presente la parte activa, promover incidentes,
entre otras.
1.4. Intervenciones
17. Salud Total E.P.S. S.A. coadyuvó la solicitud de amparo, en la medida en
que hace parte de ACEMI.
18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A argumentó que la coadyuvancia no puede ser empleada como un
mecanismo para modificar la posición procesal de las partes ni para reconfigurar
la dinámica propia de la acción popular, en términos de representación o defensa
de los demandados. Agregó que su alcance está circunscrito exclusivamente al
refuerzo de la protección de los derechos colectivos y, por tanto, no existe
fundamento jurídico que justifique su otorgamiento en favor de las actoras.
19. Emssanar E.P.S. S.A.S. coadyuvó la solicitud de las tutelantes con
fundamento en que estas conforman agremiaciones, conglomerados o grupos
especializados de EPS y Cajas de Compensación cuyo propósito es establecer
políticas a favor del sector. Agregó que, por tanto, tienen experticia en los temas
relacionados con la salud.
20. La Alianza Medellín Antioquia E.P.S. S.A.S. – Savia Salud E.P.S. adujo
que no tiene interés en el asunto, debido a que la decisión que se adopte recaerá
sobre la accionante y el tribunal accionado.
21. La E.P.S. Sura coadyuvó la acción.
22. Compensar E.P.S. solicitó que se accediera al amparo solicitado.
23. Comfenalco Valle E.P.S. coadyuvó lo pretendido por las actoras.
24. Empresas Públicas de Medellín E.S.P. señaló que carece de
legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que está llamada a
responder por la vulneración alegada.
25. El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia
señaló que no es responsable de las acciones u omisiones que motivaron la
acción constitucional y, por tanto, no está llamado a tramitar lo pretendido.
26. La Contraloría General de la República aseguró que sus funciones no
están relacionadas con la controversia propuesta.
27. Asmet Salud E.P.S. S.A.S sostuvo que el artículo 24 de la Ley 472 de
1998 no establece que la coadyuvancia sea exclusiva para la parte actora puesto
que, establece que puede ser solicitada por toda persona natural o jurídica.
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1.5. Sentencia de primera instancia
28. En sentencia del 25 de marzo de 2025, la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado: i) aceptó la solicitud de coadyuvancia formulada por
Salud Total E.P.S. S.A.; Emssanar E.P.S. S.A.S., E.P.S. Sura y Comfenalco Valle
E.P.S. y, ii) amparó los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia invocados por las actoras. En virtud
del amparo, ordenó lo siguiente:
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS el auto de 27 de enero de 2025, mediante el
cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección A
confirmó el proveído de 20 de agosto de 2024, con el que negó la solicitud de
coadyuvancia al extremo pasivo formulada por las tutelantes, dentro del medio de
control de protección de los derechos e intereses colectivos con radicado 25000-
23-41000-2024-00302-00, conforme a la motivación.
CUARTO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
primera, Subsección A que, dentro del término de cinco (5) días siguientes a la
notificación de esta providencia, dicte una providencia de remplazo en el aludido
asunto, en atención a las consideraciones planteadas en esta decisión.
29. Como fundamento de esta decisión, se expusieron los siguientes
argumentos. Mediante el auto enjuiciado se llevó a cabo una aplicación restrictiva
del artículo 24 de la Ley 472 de 1998 y se inobservó la tesis reiterada por el
Consejo de Estado en las sentencias del 18 de junio de 2008, 9 de agosto de
2018 y 15 de febrero de 2021. En efecto, mediante tales providencias, el órgano
de cierre en la materia ha establecido que la coadyuvancia aplica tanto a la parte
pasiva como a la activa, en atención a la naturaleza de los derechos que se
pretende proteger en dicha acción.
30. De igual forma, se incurrió en defecto procedimental absoluto por exceso
ritual manifiesto al privilegiar el aspecto formal de dicha disposición normativa
sobre la interpretación que ha dado el Consejo de Estado en su jurisprudencia
reiterada.
31. Por su parte, precisó que la pretensión relacionada con ordenar al tribunal
que brinde la posibilidad a las actoras de contestar la demanda de la acción
popular en el término que disponga el juez de tutela, no era procedente. Esto, en
la medida en que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 sostiene que una vez que
se acepte la coadyuvancia, esta «operará hacia la actuación futura». En este
sentido, las actoras podrán apoyar a las entidades de su interés en cualquier
momento y hasta antes de que se profiera el fallo de primera instancia.
1.6. Impugnaciones
32. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección A solicitó que se revoque el fallo de primera instancia puesto que, a
su juicio, no se cumplieron los requisitos específicos de procedencia de la acción
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de tutela contra providencias judiciales. Sostuvo que mediante la interpretación
que llevó a cabo en la providencia cuestionada, con respecto a la aplicación del
artículo 24 de la Ley 472 de 1998, no se incurrió en un uso irracional o
desproporcionado de algún procedimiento legal, por lo que no era posible concluir
que se configuró un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
33. Manifestó que, por el contrario, su labor hermenéutica fue plausible
sustentada en el carácter público, objetivo y no contradictorio de las acciones
populares, en donde el juez tiene el papel de velar por la protección de los
derechos e intereses colectivos. En tal sentido, reiteró los argumentos expuestos
en la providencia cuestionada.
34. Por último, indicó que el precedente invocado no era pacífico en el Consejo
de Estado y correspondía a decisiones aisladas de las distintas salas de esta
Corporación. Agregó que «han coexistido interpretaciones divergentes sobre el
alcance de la figura de la coadyuvancia en acciones populares, lo cual evidencia
que no hay un precedente uniforme ni consolidado que obligue a adoptar una
única interpretación». A pesar de lo anterior, la accionada no hizo referencia a
alguna providencia en particular que sustentara su afirmación.
35. La parte actora impugnó el fallo de primera instancia únicamente en lo
concerniente a la negativa de la pretensión consistente en que se le permita
contestar la demanda de acción popular y, en este sentido, solicitó que se
adicione el fallo con el fin de que se le brinde dicha posibilidad.
36. Indicó que el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 establece que «si se
presenta a la coadyuvancia antes del inicio de un término que define el principio
de una etapa procesal, ese coadyuvante debería poder ejercer sus derechos
procesales en esa misma etapa procesal». Por tanto, añadió que la solicitud de
coadyuvancia fue presentada por ACEMI el 22 de febrero de 2024 y por
ASOCAJAS el 5 de marzo siguiente, es decir, «10 meses antes de que quedara
en firme el auto que determinó el inicio del conteo del término de traslado para
contestar demanda».
37. Agregó que la negativa de la coadyuvancia le impidió contestar la
demanda popular en el término con el que contaban y, por tanto, la consecuencia
necesaria reconocer a tales entidades como coadyuvantes, es establecer que
son parte del proceso «desde antes de que empezara a correr el término para la
contestación de la demanda».
1.7. Manifestación de impedimento
38. El magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, mediante escrito del 27 de
agosto de 2025, manifestó́ estar impedido para conocer de la acción
constitucional del asunto. Consideró que estaba inmerso en la causal 1.º del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal.
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39. Al respecto, por auto de la misma fecha de la presente providencia, la Sala
declaró infundada la causal, pues no se encontró́ acreditado el supuesto de
hecho establecido en la norma.
II. CONSIDERACIONES
40. La Sala confirmará el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia de la parte
actora. Para ello, se estudiará lo siguiente: (i) la superación de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales;
y (ii) el cumplimiento de los elementos establecidos jurisprudencialmente para la
configuración del defecto por desconocimiento del precedente judicial.
2.1. Caso concreto
2.1.1. La solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
41. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún
defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
42. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
43. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo cumple
parcialmente con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como
pasa a exponerse.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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44. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
45. La Sala advierte que ACEMI y ASOCAJAS están legitimados en la causa
por activa, porque fueron las entidades a las que se les negó la solicitud de
coadyuvancia mediante el auto dictado en el medio de control objeto de la
presente acción constitucional. Por otro lado, se evidencia que la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está
legitimada en la causa por pasiva por haber proferido la decisión reprochada
mediante el presente trámite constitucional.
46. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional9, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
47. En este caso, la parte actora formuló los siguientes cargos contra la
providencia objeto de estudio: i) desconocimiento del precedente judicial, y ii)
defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto.
48. La Sala considera que este requisito se encuentra superado, por cuanto la
parte actora expuso con suficiencia los motivos por los cuales, a su juicio, en la
decisión cuestionada se desconoció la interpretación que del artículo 24 de la Ley
472 de 1998 ha dado el órgano de cierre en la materia, esto es, la Sección
Tercera del Consejo de Estado. De igual forma, referenció algunas providencias
presuntamente desatendidas e identificó la regla de derecho que regula el caso
en concreto y que se habría inaplicado.
49. En efecto, en el escrito inicial se insistió en que, de conformidad con dicha
autoridad, una lectura de dicha disposición, en armonía con el alcance y el objeto
de las acciones populares, lleva a concluir que el ordenamiento jurídico brinda la
posibilidad de que la coadyuvancia se predique también con respecto a la parte
demandada en este mecanismo. Este argumento se conjuga con lo sustentado
mediante el defecto procedimental absoluto por exceso ritual manifiesto en que
se habría incurrido.
9 Sentencia SU-215 de 2022.
9
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50. Por tanto, se advierte que las razones presentadas no comportan una
simple intención de revivir alguna de las etapas procesales ya zanjadas por el
juez del trámite ordinario, sino que estas reflejan una posible vulneración de sus
derechos fundamentales. Por tanto, de conformidad con lo expuesto, el presente
litigio reviste relevancia constitucional.
51. Subsidiariedad. En este caso, se cumple con este presupuesto, ya que
la parte actora no cuenta con otros mecanismos judiciales ordinarios ni
extraordinarios para controvertir la providencia que cuestiona mediante esta vía.
52. Inmediatez. También se acredita este requisito sin que sea necesario
constatar la fecha de ejecutoria, pues el auto que se reprocha fue proferido por
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 27 de enero de 2025. Es decir, el actor promovió la acción de
tutela10 dentro del término razonable para ejercer esta acción establecido por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.
53. Tutela contra tutela. Se supera este presupuesto ya que no se
controvierte una decisión de tutela, pues la providencia reprochada fue proferida
al interior del trámite de la acción popular con radicado 25000-23-41000-2024-
00302-00.
54. Identificación razonable de los hechos. Finalmente, en la solicitud de
amparo se presentó una explicación clara y suficiente de los hechos y
argumentos por los que la parte actora consideró que le fueron vulnerados sus
derechos fundamentales. Por ende, cumplió con la carga mínima en dar las
razones por las cuales considera que la autoridad accionada incurrió en una
vulneración de las garantías.
2.1.2. La providencia controvertida incurrió en desconocimiento del
precedente judicial
55. De forma previa, la sala advierte que el estudio de los defectos se limitará
al desconocimiento del precedente, debido a que los argumentos relacionados
con el defecto procedimental absoluto que alegó obedecen realmente a una
reiteración de las razones expresadas en el cargo por desconocimiento del
precedente, cuya configuración se tradujo en una vulneración del derecho de
contradicción y defensa de las actoras en el trámite de la acción popular.
56. De acuerdo con la posición de la Sala, por regla general, se entiende como
precedente aquella sentencia o conjunto de sentencias, que presentan
similitudes fácticas y jurídicas con un caso nuevo objeto de estudio, de las cuales
se desprende una regla para resolver la controversia (ratio decidendi) que obliga
10 Radicada el 21 de febrero de 2025. Índice 2 de Samai.
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al juez a fallar en el mismo sentido11. Cabe destacar que el acatamiento de la
ratio decidendi no está atado al número de decisiones que traten el tema objeto
de discusión, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una
regla o sub-regla de derecho12.
57. De apartarse del precedente, sin que el operador judicial cumpla con una
carga argumentativa encaminada a justificar de forma suficiente y razonada por
qué no aplicará lo establecido con anterioridad, se configura el defecto por
desconocimiento del precedente judicial.
58. En ese orden, la Sala considera que la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al proferir el auto del 27
de enero de 2024, incurrió en el defecto aludido. Esto, por ignorar los parámetros
establecidos la Sección Tercera en la sentencia del 18 de junio de 2008 proferida
en el proceso de acción popular con radicado 70001-23-31-000-2003-00618-
0113.
59. En dicha sentencia, el órgano de cierre en la materia y autorizado para
interpretar las normas aplicables a las controversias que versen sobre la
protección de derechos e intereses colectivos estableció que una lectura «insular
del precepto» contenido en el artículo 24 de la Ley 472 de 1998 llevaría a concluir
que esta disposición autoriza únicamente la coadyuvancia de las pretensiones
formuladas por la parte activa en este tipo de procesos. El tenor literal de esta
norma consagra:
Artículo 24. Toda persona natural o jurídica podrá coadyuvar estas acciones,
antes de que se profiera fallo de primera instancia. La coadyuvancia operará
hacia la actuación futura. Podrán coadyuvar igualmente estas acciones las
organizaciones populares, cívicas y similares, así como el defensor del pueblo o
sus delegados, los personeros distritales o municipales y demás autoridades que
por razón de sus funciones deban proteger o defender los derechos e intereses
colectivos.
60. En efecto, esta fue la conclusión a la que llegó el tribunal accionado al
considerar que, de conformidad con dicho artículo, la figura procesal de la
coadyuvancia está orientada exclusivamente al apoyo y fortalecimiento de las
pretensiones del demandante, puesto que su objetivo es garantizar la protección
de los derechos e intereses colectivos y no la defensa de los demandados –
presuntos vulneradores de tales garantías–.
61. No obstante, en aquella sentencia, la Sección Tercera del Consejo de
Estado sostuvo que una lectura armónica de dicho precepto normativo con el
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de julio de
2021. Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01626-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
12 Ver, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia de
6 de mayo de 2021, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-00281-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 8 de junio de
2008. M.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 70001-23-31-000-2003-00618-01.
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objeto, naturaleza y alcance de tal medio de control «permite concluir que la ley
472 en su conjunto conlleva a una conclusión diversa: el ordenamiento jurídico
no sólo autoriza la coadyuvancia en lo pasivo, sino que la prohíja». Dicha
autoridad puso de presente que el medio de control es una «acción abierta a
todos en interés del orden jurídico», en la medida en que los bienes jurídicos
tutelados no son individuales, sino compartidos por el común de la sociedad, de
allí su denominación de «intereses colectivos».
62. De igual forma, precisó que, de conformidad con los artículos 1 y 95.2
constitucionales, esta acción es un instrumento que tutela el interés público y
constituye «un fiel desarrollo del principio-deber de solidaridad». En virtud de lo
anterior, señaló que la protección de los derechos colectivos buscada por este
instrumento no solo autoriza, sino que impone la participación de la comunidad
y, por tanto, esta debe ser informada de la existencia de estos procesos por un
medio eficaz, «a efectos de garantizar su eventual intervención en cualquier
sentido».
63. Agregó que dicha dimensión de los derechos colectivos «evidencia la
importancia de la apertura del proceso a todo aquel que desee intervenir», sin
que se exija, de una interpretación forzosa del artículo 24 de la Ley 472 de 1998,
que únicamente pueda coadyuvarse la demanda popular. Finalmente, en
consonancia con lo expuesto, la Sección Tercera del Consejo de Estado
estableció que era evidente que cualquier persona de la comunidad puede tanto
coadyuvar las pretensiones formuladas en la acción, como la defensa del
demandado. Lo expresó de la siguiente forma:
resulta evidente que si se trata de remedios procesales colectivos concebidos para
proteger derechos comunitarios, esto es, no circunscritos a una persona en
particular, cualquier individuo de la comunidad puede en interés de la misma no
sólo acompañar las pretensiones formuladas, sino también está autorizado para
impugnar la demanda y en consecuencia coadyuvar al accionado. Al fin y al cabo
la sentencia popular terminará por afectar directa o indirectamente a una pluralidad
de sujetos, dados sus efectos de cosa juzgada erga omnes (art. 35 de la ley 472)
64. Si bien la providencia alegada como desconocida fue proferida en el 2008,
dicha postura no se ha variado ni ha sido reformulada por el órgano de cierre en
la materia. Por el contrario, en providencias posteriores distintas salas de
decisión del Consejo de Estado han avalado dicho criterio. Mediante auto del 2
de mayo de 201914, el Consejo de Estado determinó que una interpretación
armónica de la Ley 472 de 1998 contenida en una línea jurisprudencial
consolidada, efectivamente permite la coadyuvancia de la parte demandada en
acciones populares, siempre que se promueva dentro del límite temporal
determinado por la norma, esto es, hasta antes de que se profiera el fallo de
primera instancia.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Auto de ponente del 2 de mayo de 2019.
M.P. Alberto Montaña Plata. Radicado 25000-23-27-000-2010-02540-01(AP).
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65. Por su parte, la Sección Primera del Consejo de Estado, en fallo del 30 de
noviembre del 202315 estableció en sus consideraciones que el artículo 24 de la
Ley 472 de 1998 permite la participación en el proceso a las personas o entidades
que se consideren beneficiadas o perjudicadas por el objeto de la controversia
popular «siempre que soliciten oportunamente su reconocimiento como
coadyuvantes del extremo pasivo o activo» (énfasis de la Sala). En este
sentido, en una interpretación de aquella norma, la sala de decisión estableció la
posibilidad de que toda persona cuyo interés pueda verse suscitado en el trámite
de una acción popular, puede solicitar su reconocimiento como coadyuvantes
tanto de la parte demandante, como de la accionada.
66. A su vez, en la sentencia de tutela del 9 de agosto de 201816, la Sección
Cuarta del Consejo de Estado aplicó el criterio jurisprudencial establecido en la
sentencia del 18 de junio de 2008 de la Sección Tercera. De esta forma, concluyó,
en un asunto con presupuestos fácticos análogos al estudiado en esta
controversia, que la titularidad de un derecho colectivo no exige que las
intervenciones sean exclusivamente para apoyar las pretensiones de la
demanda, puesto que es posible que alguna persona o entidad coadyuve al
sujeto pasivo del litigio al considerar que el derecho colectivo no está siendo
vulnerado.
67. En el mismo sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, en el fallo de tutela del 15 de febrero de 2021 17 aplicó también dicho
criterio y advirtió que, debido a la naturaleza de las acciones populares, el artículo
24 de la Ley 472 de 1994 debía ser interpretado ampliamente en el sentido de no
limitar la coadyuvancia únicamente a los interesados en el éxito de la demanda,
puesto que ello podría conllevar al desconocimiento del derecho de defensa y
contradicción de aquellos que estén en desacuerdo con el objeto de la acción y
no fueron demandados o vinculados.
68. Los argumentos expuestos con antelación permiten concluir que la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca desatendió el criterio establecido por la Sección Tercera del
Consejo de Estado en la sentencia del 18 de junio de 2008, el cual ha sido
avalado y reiterado en varias oportunidades por distintas salas de decisión del
Consejo de Estado, tanto en su calidad de órgano de cierre como de juez de
tutela.
69. El tribunal accionado se apartó de dicho precedente, sin cumplir con una
carga argumentativa suficiente y razonada sobre los motivos por los cuales no
atendió dicho criterio, puesto que el único argumento otorgado al respecto fue su
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 30 de
noviembre de 2023. Radicado 85001-23-33-000-2019-00102-02
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia del 9 de agosto de
2018. M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Radicado 11001-0315-000-2018-02242-00
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 15 de febrero de 2021. M.P
Nicolás Yepes Corrales. Radicado 68001-23-33-000-2020-00994-01.
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interpretación del artículo 24 de la Ley 472 de 1998. En tal sentido, se configuró
el defecto por desconocimiento del precedente y, por tanto, la autoridad judicial
accionada vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia y a la igualdad.
70. Finalmente, en relación con la pretensión formulada en el escrito de tutela
consistente en que se le brinde a la parte actora la posibilidad de contestar la
demanda, en la cual se insistió en el memorial de impugnación, se advierte que
se reiterarán las razones por las cuales no se accedió a dicha solicitud en la
sentencia de primera instancia.
71. En efecto, el artículo que regula la coadyuvancia en el medio de control
objeto de esta controversia establece que «la coadyuvancia operará hacia la
actuación futura», lo que implica que no es posible que, una vez reconocida la
coadyuvancia, se retrotraigan etapas procesales fenecidas. Debido a que
actualmente el traslado para contestar la demanda en el proceso ya se surtió, no
es posible acceder a dicha pretensión, puesto que la coadyuvancia deberá ser
reconocida a futuro, desde la etapa procesal actual del trámite.
72. Aunado a lo anterior, la sala considera que la aplicación de dicha
disposición según la cual la coadyuvancia opera hacia la actuación futura no
resulta irrazonable ni desproporcionada en este caso. Esto, dado que las
sociedades tutelantes tienen precisamente la condición de coadyuvantes y, por
tanto, no son parte del proceso de la acción popular. Ello se traduce en que, en
principio, las eventuales órdenes del juez popular no podrían recaer sobre ellas.
Por tanto, no solo no es necesario retrotraer la actuación, sino que una decisión
en ese sentido podría resultar incluso contraria a los principios que orientan las
acciones populares, entre ellos, los de celeridad, eficacia y economía, previstos
en la Ley 472 de 1998.
73. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia que
amparó los derechos fundamentales invocados por la parte actora, en los
términos indicados en esta sentencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2025 dictada por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, de conformidad con lo
expuesto en las consideraciones de este fallo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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