RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01004-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01004-00

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01004-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por los actores contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01004-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

20 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina1
Demandado: Tribunal Administrativo de Nariño

Tema: Acción de tutela por mora judicial/procedencia

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) debido proceso y iii) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por Digicom System Corporation S.A.
y Sistemas y Aplicaciones en Línea S.A.S., que conforman la Unión Temporal
Seguridad Vial Andina, contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, que conforman la Unión Temporal Seguridad Vial Andina2,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a

1 Cfr. índice núm. 3 de SAMAI. Documento denominado “11ED_Caratulapdf(.pdf) NroActua 3(.pdf) NroActua

3”. Archivo aportado en forma digital.
2 A través del Representante Legal de la Unión Temporal Seguridad Vial Andina.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

su juicio, con ocasión a que no “[…] ha emitido sentencia anticipada, incumpliendo
sus propios términos […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520012333000202000120-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

Proceso adelantado en ejercicio del medio de control de controversias
contractuales identificado con el número único de radicación
520012333000201600143-00

3. Señaló que, “[…] El 24 de febrero de 20216 (sic) el Municipio de Ipiales, interpuso
acción de controversias contractuales ante el Tribunal Administrativo de Nariño cuya
pretensión es la declaratoria de nulidad absoluta del contrato de concesión No. 115
de 24 de noviembre de 2014, proceso identificado con Radicación No. 52001-23-33-
000-2016-00143-00 y que cursa actualmente en dicho Despacho […]”.

4. Sostuvo que, “[…] Posteriormente, en auto del 1° de noviembre de 2018, la
Magistrada Ponente, […], decretó la medida cautelar de suspensión del Contrato
No. 115 de noviembre 24 de 2014 suscrito entre la Unión Temporal y el Municipio
de Ipiales. […]”.

5. Manifestó que, “[…] Contra dicho auto que decretó la medida cautelar, La
UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL ANDINA interpuso recurso de apelación
ante el Consejo de Estado- Sección Tercera subsección A, el cual fue resuelto con
ponencia de la Magistrada […], en auto del 09 de septiembre de 2019, y dispuso
devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Nariño por cuanto la
providencia de noviembre 1° de 2018, no cumplió con los requisitos previstos en
los artículos 125 y 229 del CPACA al no ser expedida por la Sala sino por el
Magistrado Ponente […]”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

6. Indicó que, “[…] Nuevamente la Sala del Tribunal Administrativo de Nariño
decretó la medida cautelar de suspensión del contrato, contra la cual, La UNIÓN
TEMPORAL SEGURIDAD VIAL ANDINA interpuso recurso de apelación ante el
Consejo de Estado, que fue resuelto favorablemente mediante auto de 8 de junio de
2020 revocando la medida cautelar de suspensión del contrato de concesión 115 de
2014 por carecer de fundamento legal. […]”.

7. Señaló que, “[…] Dando cumplimiento al auto del 8 de junio de 2020 del
Consejo de Estado, el 29 de diciembre de 2020 el Municipio de Ipiales y la UNIÓN
TERMPORAL (sic) SEGURIDAD VIAL ANDINA suscribieron el acta de
reanudación de la ejecución del contrato de concesión No. 115 de 2014. […]”.

Proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 520012333000202000120-00

8. Expuso que, “[…] Teniendo en cuenta que la providencia judicial del 1° de
noviembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, con ponencia
de la Magistrada tercera; doctora […], ocasionó perjuicios materiales irremediables
a la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL ANDINA, pues la misma produjo
efectos fácticos, impidiéndole obtener la remuneración propia del Contrato de
Concesión No. 115 de 2014 en virtud de la ejecución de sus obligaciones dentro
del mismo, se interpuso ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA contra la NACIÓN-
RAMA JUDICIAL ante el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO […] por los
supuestos de ERROR JUDICIAL y DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DEL
SERVICIO DE JUSTICIA. […]”.

9. Advirtió que, “[…] El proceso es de conocimiento de la CONJUEZ […] quien,
mediante AUTO DE 7 DE MARZO DE 2024 consideró que se encuentran
cumplidos los requisitos para dictar SENTENCIA ANTICIPADA previstos en el
numeral 1 del artículo 182 A de la ley 1437 de 2011 adicionado por el artículo 41
de la ley 2080 de 2021, prescindiendo de la etapa de audiencia inicial y practica
(sic) de pruebas. […]”.

9.1. Precisó que, “[…] Conforme con lo anterior, en el AUTO DE 7 DE MARZO DE
2024, la Honorable Conjuez dispuso que “En consecuencia, las partes podrán

4

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

presentar sus alegatos por escrito dentro del término de traslado (10 días),
contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la presente providencia. El
señor Agente del Ministerio Público contará con el mismo término para presentar
concepto, si a bien lo tiene. Vencido dicho término se procederá a dictar sentencia
anticipada”. “Se advierte a las partes de que el Tribunal cuenta con un número
elevado de procesos para dictar sentencia, tanto de primera y segunda instancia,
y las acciones constitucionales y asuntos especiales que por virtud de la
Constitución y la Ley tienen prelación, por lo que, en lo posible, tratará de emitir
sentencia en el presente asunto dentro de los veinte (20) días ya señalados”. […]”.

10. Indicó que, “[…] Los plazos establecidos por la Ponente se encuentran
vencidos sin que el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Conjueces y la
Conjuez Ponente, hayan emitido sentencia anticipada, incumpliendo sus propios
términos. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

11. Los actores solicitaron en su escrito de tutela3:

“[…] Solicito al Señor(a) Juez(a) constitucional, se conceda la protección a los
derechos fundamentales de la UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL ANDINA, al
debido proceso y acceso a la justicia, vulnerados por los accionados y en
consecuencia se disponga las medidas:

PRIMERO: - Se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NARIÑO, SALA DE
CONJUECES Conjuez Ponente MONICA LÓPEZ ESTUPIÑAN, se sirva dictar
sentencia anticipada, dentro del proceso de Reparación Directa No. 52001-23-33-
2020-00120-00, que cursa en dicho Despacho; y en su lugar, se abstenga de dilatar
injustificadamente las actuaciones procesales. […]”.

11.1. Como fundamento de su solicitud manifestaron que4:

“[…] PERJUICIO IRREMEDIABLE

La UNIÓN TEMPORAL SEGURIDAD VIAL ANDINA interpuso la acción de
reparación directa con la Administración de Justicia por la imposición irregular de
una medida cautelar que por más de un (1) año suspendió la ejecución del contrato
de concesión 115 de 2014, privándola de los ingresos que contractual y legalmente

3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

le correspondía recibir. Adicional a ese perjuicio económico que se reclama por dicho
medio de control, la UNIÓN TEMPORAL tuvo que soportar la suspensión del contrato
por cuatro (4) años más, hasta que finalmente el Consejo de Estado dictó la
revocatoria de dicha medida por infundada, para un tiempo total de suspensión de
cinco (5) años, es decir, la mitad del plazo del contrato.

La inseguridad jurídica que la UNIÓN TEMPORAL se ha visto avocada a soportar,
no únicamente en este proceso, sino también en el instaurado por el Municipio; está
generando un perjuicio irremediable en el sentido de que la percepción es que el
contrato de concesión en el Municipio de Ipiales es ilegal, irregular, que está
demandado por ilegal, que es un acto de corrupción; inclusive, la terminación del
contrato de concesión ha sido promesa de campaña de quienes llegaron a la alcaldía
del Municipio.

Este estado de cosas ha dificultado la ejecución del contrato, puesto que el entorno
de desconfianza e inestabilidad jurídica en que se encuentra la concesión, impide el
acceso a créditos para las inversiones que demanda la implementación del sistema
de foto detección de multas; así mismo, las inversiones tecnológicas ya realizadas y
que debido a la falta de ejecución del contrato, se deterioraron y se volvieron
obsoletas, lo que obliga a la UNIÓN TEMPORAL a asumir su reposición.

Contar con la sentencia anticipada es un derecho que le asiste a la UNIÓN
TEMPORAL de conocer la decisión del juez de primera instancia de conceder o
negar los derechos y pretensiones invocadas, lo cual le pondría punto final a la
inseguridad jurídica que hoy vive y que la tiene sumida en un entorno de
desconfianza institucional. Así sabremos con claridad cuál es el futuro de la
concesión.

Se recuerda que fue la misma Consejera Ponente quien fijó el plazo para dictar
sentencia anticipada, lo que generó también la expectativa de una pronta solución al
conflicto, de tal manera que el amparo que solicitamos no es infundado. Si bien,
podría el Juez Constitucional pensar que este asunto es meramente contractual o
económico, solicito tener en cuenta que la inseguridad jurídica que soporta la UNIÓN
TEMPORAL es decisiva en su vida jurídica y la de quienes la integran; porque
mantener ese estado de incertidumbre conlleva a volver inviable e insostenible la
ejecución del contrato y por ende a su incumplimiento. Lo cual representa un
perjuicio irremediable no solo económico sino reputacional.

La situación expuesta cumple con los requisitos de inminencia, en el sentido de que
el contrato de concesión puede ser terminado próximamente; lo cual constituye un
perjuicio grave económicamente e injusto ante todos los esfuerzos que la UNIÓN
TEMPORAL ha hecho para mantenerse cumplida; y precisa de una medida de
protección urgente, teniendo en cuenta que es la misma Accionada quien incumplió
el plazo fijado para dictar sentencia.

Estos elementos son los que por vía jurisprudencial ha decantado la Corte
Constitucional la decir que: “En primer lugar, inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo
demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el
perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable”.

6

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

De tal manera que al no contar con una herramienta ordinaria dentro de los medios
de defensa idóneo y eficaz, que garantice una protección inmediata al debido
proceso y acceso a la justicia de la UNIÓN TEMPORAL, es procedente la presente
acción de tutela. […]”.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de febrero de 2025: i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo
de Nariño; y iii) vinculó a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en calidad de tercero con interés legítimo, concediéndole el
término de tres (3) días para que rindan informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo

13. El Tribunal Administrativo de Nariño rindió informe en los siguientes
términos:

“[…] La Unión Temporal Seguridad Vial Andina presentó demanda de medio de
control reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a la cual se le asignó el radicado 52001-23-33-000-2020
00120-00 del Tribunal Administrativo de Nariño, según acta de reparto del 9 de
marzo de 2020 (ver índice Samai 34).

Mediante auto de fecha 27 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño
con ponencia del magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos admitió la demanda.

A través de auto proferido el 29 de abril de 2021, los magistrados de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, se declararon impedidos para
conocer del asunto aduciendo las causales previstas en los numerales primero y
noveno del artículo 141 del Código General del Proceso y ordenó remitir el
expediente al Despacho del cual soy titular a efectos que, la Sala Segunda de
Decisión resuelva lo pertinente.

Con auto de fecha 16 de junio de 2021, la sala segunda de decisión con ponencia
de la suscrita aceptó el impedimento formulado por la magistrada Sandra Lucía
Ojeda Insuasty para conocer de la manifestación de impedimento de la Sala Primera
dentro del asunto de la referencia.

Así mismo, con auto proferido el 16 de junio de 2021, la Sala Segunda de decisión
con mi ponencia, aceptó el impedimento formulado por los magistrados Edgar
Guillermo Cabrera Ramos, Beatriz Isabel Melodelgado Pabón y Álvaro Montenegro
Calvachy, integrantes de la Sala Primera de esta Corporación.

Posteriormente, mediante auto de fecha 11 de agosto de 2021, los magistrados de
la Sala Segunda de Decisión, manifestamos el impedimento para conocer del asunto
aduciendo las causales previstas en los numerales primero y noveno del artículo 141
del Código General del Proceso y en consecuencia se ordenó remitir por Secretaría

7

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

el asunto de la referencia a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo de su
competencia.

El Consejo de Estado a través de auto de fecha 07 de diciembre de 2021, aceptó el
impedimento de los magistrados de la Sala Segunda de decisión.

Como consecuencia de lo anterior, a través de auto de fecha 24 de marzo de 2022,
dispuse obedecer lo resuelto por el Consejo de Estado y remitir el asunto a la
Presidencia de esta Corporación, para que proceda con el sorteo de conjueces, lo
cual fue efectuado el 5 de abril del mismo año.

Mediante autos de fecha 5 de abril de 2022, 30 de agosto de 2023 y 23 de noviembre
de 2023, la Presidencia de la Corporación fijó el sorteo de la sala de conjueces, los
cuales se realizaron en las fechas señaladas en esos autos, designándose como
Conjuez Ponente a la doctora Mónica López Estupiñán quien aceptó la misma
mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2023.

A través de auto de fecha 07 de marzo de 2024, la Conjuez Ponente profirió auto a
través del cual dispuso dar aplicación al numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, adicionado por la Ley 2080 de 2021 y ordenó correr traslado a las partes
para que presenten sus alegatos de conclusión por escrito dentro de los diez (10)
días siguientes, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
(índice Samai 00045)

El 28 de agosto de 2024 secretaría dio cuenta a la señora Conjuez Mónica López
Estupiñán, informando que el asunto se encuentra para sentencia remitiéndose el
enlace del expediente digital (índice Samai 00045).

Mediante comunicación sostenida con secretaría, la conjuez ponente solicitó remitir
proyecto de sentencia a la sala de decisión. A través del correo electrónico de
secretaría dispuesto para la tramitación de asuntos de conjueces, esto es,
conjtadminpas@cendoj.ramajudicial.gov.co, el día 05 de marzo de 2025 se remitió
proyecto de fallo al email de la Conjuez Sara Lucia Delgado Martínez. […]”.

14. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial solicitó: i) su desvinculación; y ii) negar las pretensiones de la acción de
tutela, por las siguientes razones:

“[…] 2.3. Caso concreto

Se observa prima facie que el accionante pretende que se amparen los derechos
fundamentales invocados, como quiera que el Tribunal Administrativo de Nariño se
ha abstenido de emitir sentencia anticipada en el marco del medio de control de
reparación directa, identificado con el número de radicación 52001-23-33-000-2020-
00120-00, en virtud de la providencia de 7 de marzo de 2024, proferida por dicha
Corporación.

Lo anterior, en tanto que, a su juicio “(…) Los plazos establecidos por la Ponente se
encuentran vencidos sin que el Tribunal Administrativo de Nariño Sala de Conjueces
y la Conjuez Ponente, hayan emitido sentencia anticipada, incumpliendo sus propios
términos (…)”.

Nótese que el interés sustancial en el sub examine está encaminado a obtener
sentencia del referido despacho sentencia anticipada de primera instancia, en el
marco de su facultad jurisdiccional, lo que implica que mi representada no es la

8

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

llamada a responder por la decisión adoptada por esa Corporación, la cual se
encuentra amparada bajo los principios de autonomía e independencia judicial.

Ahora bien, se destaca que el Consejo de Estado, mediante providencia de 5 de
marzo de 2021, indicó: […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, resulta improcedente incluir a la DEAJ como tercero
con interés en las resultas del proceso, lo que impone ordenar su desvinculación en
su lugar y, negar las pretensiones de la demanda de tutela, al no existir la vulneración
a el derecho fundamental alegado por el accionante. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20216 y con el artículo 137 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20198, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos

13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

Cuestión previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

17. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

18. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

19. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20069, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de

9 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[10].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

20. La Sala advierte que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó
su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por
pasiva.

21. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue vinculada al proceso de
tutela de la referencia como tercero con interés, en la medida en que integra la parte
demandada en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación 52001 23-33-000-
2020-00120-00, es decir que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.

22. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.

23. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva formulada respecto de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial

10 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

11

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

Problemas Jurídicos

24. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si se deben
proteger los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso y petición invocados por los actores, los cuales consideran
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño, con ocasión a que no “[…] ha
emitido sentencia anticipada, incumpliendo sus propios términos […]”, en el proceso
adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con
el número único de radicación 520012333000202000120-00.

25. Para resolver los anteriores interrogantes esta Sala analizará los siguientes
temas: i) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso; ii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia; iii) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de petición; iv) el derecho a la
administración de justicia y el debido proceso frente a la mora judicial; v) análisis del
caso concreto; y finalmente vi) las conclusiones de la Sala.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

26. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

27. Atendiendo a que, la Corte Constitucional11 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación

11 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo

12

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

28. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”

29. Atendiendo a que, la Corte Constitucional12 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

12 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

13

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
petición

30. Visto el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas
para garantizar los derechos fundamentales. […]”

31. Atendiendo a que, en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional13 ha
precisado que “[…] el contenido esencial de este derecho comprende: (i) la
posibilidad efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las
autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii)
la respuesta oportuna, esto es, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo;
(iii) una respuesta de fondo o contestación material, lo que implica una obligación
de la autoridad a que entre en la materia propia de la solicitud, según el ámbito de
su competencia, desarrollando de manera completa todos los asuntos planteados
(plena correspondencia entre la petición y la respuesta) y excluyendo fórmulas
evasivas o elusivas […]”.

El derecho de acceso a la administración de justicia y el debido proceso
frente a la mora judicial

32. La jurisprudencia constitucional al referirse a la afectación del derecho al
acceso a la administración de justicia, por mora en el trámite de los procesos
judiciales, ha señalado que “[…] quien presenta una demanda, interpone un recurso,
formula una impugnación o adelanta cualquier otra actuación dentro de los términos
legales, estando habilitado por ley para hacerlo, tiene derecho a que se le resuelva
del mismo modo, dentro de los términos legales dispuestos para ello […]”14.

13 Corte Constitucional, Sentencia T-077 de 2 de marzo de 2018, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
14 Ver, entre otras, Corte Constitucional, sentencia T-1154 de 18 de noviembre de 2004, M.P. Alfredo Beltrán

Sierra.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

33. No obstante lo anterior, como lo sostuvo esta Sala en la providencia de 14 de
abril de 201615, reiterada mediante la sentencia de 18 de mayo de 201716, “[…] el
no cumplimiento de los términos por parte del operador judicial, no implica
automáticamente la vulneración de los derechos fundamentales, pues, pese a que
es obligación de la autoridad acatar los tiempos establecidos por la normativa
aplicable, también lo es que debe dar prevalencia al derecho sustancial sobre el
formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio
constitucional […]”.

34. En las providencias citadas supra, se reiteró la postura de la Corte
Constitucional en las que se ha establecido que cuando se alega la vulneración de
derechos fundamentales por mora judicial, es indispensable analizar las causas que
dieron origen a esta17, con el fin de determinar si dicha mora obedece a temas como
la complejidad del asunto en estudio, la naturaleza de los hechos investigados o la
interposición de recursos y solicitudes, entre otros. Al respecto, la Corte
Constitucional, en la sentencia T-230 de 201318, afirmó:

“[…] La jurisprudencia también ha señalado que, atendiendo la realidad del país, en
la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es
imputable al actuar de los funcionarios judiciales. Así, por ejemplo, existen procesos
en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en
las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para
analizar la normatividad existente. Por ello, la Jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del Juez o cuando existe una
justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en
la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial
sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos
se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro
del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la Administración de
Justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii)
cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 14 de abril de

2016, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001031500020150216000.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 8 de mayo de

2017, C.P. María Elizabeth García González, número único de radicación 11001 03 15 000 2016-03244-01
17 Al respecto, también la Sala, en la sentencia de 7 de febrero de 2008 Expediente núm. 2007-01377-00, C.P.:

doctor Marco Antonio Velilla Moreno), sostuvo que: “no toda dilación en la decisión equivale a mora o a
negligencia, dadas las condiciones estructurales, que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales y que no se puede a través de la acción de tutela ordenar a los jueces el impulso procesal o
pronunciamiento de fondo en los asuntos sometidos a su conocimiento, “por cuanto se perdería la finalidad
para la cual fue creada la tutela y, se desnaturalizaría su función, eminentemente protectora de derechos
fundamentales, si se permitiera que fuera utilizada como un mecanismo para alterar el turno de un proceso
judicial, so pretexto de resolver, con efectos inter partes, los problemas estructurales de congestión que
aquejan a la Rama Judicial pues, es sabido que sus efectos son erga omnes ya que, a todos, por igual, afecta
el notable incremento del tiempo que demanda la decisión, con carácter definitivo, de los asuntos y
controversias que se someten a su consideración...” (Sentencia T-256 de 17 de marzo de 2004).
18 Corte Constitucional, sentencia T-230 de 18 de abril de 2013, M.P. Luís Guillermo Guerrero Pérez

15

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

resolución de la controversia en el plazo previsto en la Ley. […]”. (Resaltado de la
Sala).

35. Asimismo, la Corte Constitucional ha considerado que la mora judicial es un
fenómeno contrario a los derechos fundamentales y al debido proceso, y se
evidencia cuando: “[…] (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados
en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable
que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de
trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las
funciones por parte de una autoridad judicial […]”19.

36. En suma, cuando en la acción de tutela se alega la vulneración de derechos
fundamentales por mora judicial, esta próspera, excepcionalmente, sólo cuando se
demuestra que: i) se está ante un caso de dilación injustificada; ii) cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es
el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones; iii) por el contrario,
cuando la mora está justificada en la complejidad del asunto, en problemas
estructurales de la administración de justicia o cuando las circunstancias
imprevisibles no permiten que el caso se resuelva dentro del término legal, no hay
lugar a acceder a las pretensiones de la acción de tutela.

Análisis del caso concreto

37. Los actores, que conforman la Unión Temporal Seguridad Vial Andina20,
presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Nariño, porque, a
su juicio, con ocasión a que no “[…] ha emitido sentencia anticipada, incumpliendo
sus propios términos […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520012333000202000120-00, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.

38. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo

19 Corte Constitucional, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa
20 A través del Representante Legal de la Unión Temporal Seguridad Vial Andina.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

39. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

40. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:

40.1. Copia digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520012333000202000120-00

Solución del caso concreto

Análisis de la presunta mora judicial en el proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 520012333000202000120-00

41. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico,
corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si lo requerido por los actores a
través de la acción constitucional de la referencia ya fue tramitado por el Tribunal
Administrativo de Nariño.

42. En efecto, los actores pretenden que mediante el ejercicio de la acción de
tutela se le protejan sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, al debido proceso y petición, presuntamente vulnerados por Tribunal
Administrativo de Nariño, con ocasión a que no “[…] ha emitido sentencia anticipada,
incumpliendo sus propios términos […]”, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
520012333000202000120-00.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

43. Al respecto, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Nariño rindió
informe en los siguientes términos:

“[…] La Unión Temporal Seguridad Vial Andina presentó demanda de medio de
control reparación directa en contra de la Nación - Rama Judicial- Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, a la cual se le asignó el radicado 52001-23-33-000-2020
00120-00 del Tribunal Administrativo de Nariño, según acta de reparto del 9 de
marzo de 2020 (ver índice Samai 34).

Mediante auto de fecha 27 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Nariño
con ponencia del magistrado Edgar Guillermo Cabrera Ramos admitió la demanda.

A través de auto proferido el 29 de abril de 2021, los magistrados de la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, se declararon impedidos para
conocer del asunto aduciendo las causales previstas en los numerales primero y
noveno del artículo 141 del Código General del Proceso y ordenó remitir el
expediente al Despacho del cual soy titular a efectos que, la Sala Segunda de
Decisión resuelva lo pertinente.

Con auto de fecha 16 de junio de 2021, la sala segunda de decisión con ponencia
de la suscrita aceptó el impedimento formulado por la magistrada Sandra Lucía
Ojeda Insuasty para conocer de la manifestación de impedimento de la Sala Primera
dentro del asunto de la referencia.

Así mismo, con auto proferido el 16 de junio de 2021, la Sala Segunda de decisión
con mi ponencia, aceptó el impedimento formulado por los magistrados Edgar
Guillermo Cabrera Ramos, Beatriz Isabel Melodelgado Pabón y Álvaro Montenegro
Calvachy, integrantes de la Sala Primera de esta Corporación.

Posteriormente, mediante auto de fecha 11 de agosto de 2021, los magistrados de
la Sala Segunda de Decisión, manifestamos el impedimento para conocer del asunto
aduciendo las causales previstas en los numerales primero y noveno del artículo 141
del Código General del Proceso y en consecuencia se ordenó remitir por Secretaría
el asunto de la referencia a la Sección Tercera del Consejo de Estado, para lo de su
competencia.

El Consejo de Estado a través de auto de fecha 07 de diciembre de 2021, aceptó el
impedimento de los magistrados de la Sala Segunda de decisión.

Como consecuencia de lo anterior, a través de auto de fecha 24 de marzo de 2022,
dispuse obedecer lo resuelto por el Consejo de Estado y remitir el asunto a la
Presidencia de esta Corporación, para que proceda con el sorteo de conjueces, lo
cual fue efectuado el 5 de abril del mismo año.

Mediante autos de fecha 5 de abril de 2022, 30 de agosto de 2023 y 23 de noviembre
de 2023, la Presidencia de la Corporación fijó el sorteo de la sala de conjueces, los
cuales se realizaron en las fechas señaladas en esos autos, designándose como
Conjuez Ponente a la doctora Mónica López Estupiñán quien aceptó la misma
mediante escrito de fecha 13 de diciembre de 2023.

A través de auto de fecha 07 de marzo de 2024, la Conjuez Ponente profirió auto a
través del cual dispuso dar aplicación al numeral 1° del artículo 182A de la Ley 1437
de 2011, adicionado por la Ley 2080 de 2021 y ordenó correr traslado a las partes
para que presenten sus alegatos de conclusión por escrito dentro de los diez (10)
días siguientes, contados a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia
(índice Samai 00045)

18

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

El 28 de agosto de 2024 secretaría dio cuenta a la señora Conjuez Mónica López
Estupiñán, informando que el asunto se encuentra para sentencia remitiéndose el
enlace del expediente digital (índice Samai 00045).

Mediante comunicación sostenida con secretaría, la conjuez ponente solicitó remitir
proyecto de sentencia a la sala de decisión. A través del correo electrónico de
secretaría dispuesto para la tramitación de asuntos de conjueces, esto es,
conjtadminpas@cendoj.ramajudicial.gov.co, el día 05 de marzo de 2025 se
remitió proyecto de fallo al email de la Conjuez Sara Lucia Delgado Martínez.
[…]”. (Resaltado fuera del texto original)

44. Asimismo, la Sala observa que, para tal efecto, la autoridad judicial accionada
allegó constancia de envío del proyecto de sentencia a la respectiva Conjuez, como
se observa a continuación21:

45. De lo expuesto supra y de conformidad con el acervo probatorio, la Sala
advierte que en efecto a la fecha no se ha proferido sentencia anticipada en el
proceso de los actores; sin embargo, se advierte que, recientemente, esto es, el 5
de marzo de 2025, se remitió el proyecto de sentencia por parte de la Conjuez
Ponente para su respectivo estudio.

46. Además, la Sala precisa que, en el auto de 7 de marzo de 2024, se advirtió
expresamente que:

21 Cfr. Índice núm. 10 de SAMAI. Documento denominado “18_MemorialWeb_Respuesta-
constanciaenviosal(.pdf) NroActua 10”. Archivo aportado en medio digital.

19

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

“[…] Se advierte las partes de que el Tribunal cuenta con un número elevado
de procesos para dictar sentencia, tanto de primera y segunda instancia,
y las acciones constitucionales y asuntos especiales que por virtud de la
Constitución y la Ley tienen prelación, por lo que, en lo posible, tratará de
emitir sentencia en el presente asunto dentro de los veinte (20) días ya
señalados […]”. (Resaltado por la Sala)

47. Al respecto, resulta necesario recordar que el no cumplimiento de los
términos por parte del operador judicial, no implica automáticamente la vulneración
de los derechos fundamentales, pues, pese a que es obligación de la autoridad
acatar los tiempos establecidos por la normativa aplicable, también lo es que existen
circunstancias que justifican la mora en la decisión del asunto.

48. En ese sentido, la Sala advierte que hubo una actuación reciente relacionada
con la solicitud que presentaron los actores y que evidencia que la autoridad judicial
accionada ha sido diligente con el trámite de dicho proceso tal como se observa del
informe rendido por dicha autoridad y el respectivo soporte que para tal efecto se
allegó.

49. En ese orden de ideas, la Sala negará la solicitud de tutela, toda vez que se
advierte que la autoridad judicial accionada no ha sido negligente en el trámite del
proceso objeto de estudio y que recientemente hubo una actuación encaminada a
resolver la solicitud de los actores.

Conclusiones de la Sala

50. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala negará la solicitud de tutela presentada por los
actores contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

20

Núm. único de radicación: 110010315000202501004-00
Actora: Unión Temporal Seguridad Vial Andina

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de tutela presentada por los actores contra la
autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.