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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01016-01

Fecha
5 de junio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia del 4 de abril de 2025, dictada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-01016-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de junio de 2025

Demandantes: Carlos Uriel Fernández Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01016-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C. cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01016-01
Demandante: CARLOS URIEL FERNÁNDEZ GARZÓN
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Subsidiariedad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la impugnación interpuesta por la parte accionante
en contra de la providencia del 4 de abril de 2025, proferida por el Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se declaró
improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1 Solicitud de amparo

El señor Carlos Uriel Fernández Garzón, mediante apoderado judicial,
formuló acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Boyacá y el
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, con el fin de
que se le amparen sus derechos fundamentales al debido proceso y al
derecho de defensa.

Consideró vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la
sentencia proferida el 29 de octubre de 2024 por el juzgado en mención, a
través de la cual fue condenado al pago de los valores determinados por
lucro cesante y perjuicios morales, dentro del proceso de reparación directa
con radicado 15001-33-33-009-2023-00045-00/01, promovido por los
señores Claudia Saisy Calderón Chavarro y otros contra la E.S.E. Hospital
Regional del Valle de Tenza y otros.

1.2 Pretensiones

En concreto, solicitó lo siguiente:

Teniendo en cuenta todo lo narrado en el capítulo de los hechos del escrito
de esta Acción Constitucional, ruego a ustedes Honorables Magistrados
ORDENAR AMPARAR EL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEBIDO

1

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Demandantes: Carlos Uriel Fernández Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01016-01

PROCESO, DERECHO DE LA DEFENSA Y CONTRADICCION (ART 29
C.P.C), pues tal como se ha narrado con el citado acápite, se está violando
los derechos fundamentales aquí mencionados.

PRIMERO: Se decrete la Nulidad de todo lo actuado dentro del proceso No
15001333300920230004500, en razón a que la demanda de orden
administrativo no es lo procedente, si no quien tiene la competencia por
factores de jurisdicción (penal) y territorialidad es el Juez Penal del Circuito
del Municipio de Chocontá (Cundinamarca), y que se debe tener como ente
acusador a la Fiscalía General de la Nación, Fiscal Seccional de Chocontá
(Cundinamarca), teniendo como referencia el Código único de la
investigación 25 183 61 01241 2022 80017, de acuerdo con la certificación
que se anexa.

SEGUNDO: Se ordene que el proceso administrativo debe ser enviado a la
Fiscalía Seccional de Chocontá (Cundinamarca), con el número de
referencia de la Investigación Judicial enunciada en el ordinal anterior, tal
como nos los enseña la normatividad que a continuación se enuncia. Cita:
Departamento de Derecho Procesal, Universidad Externado de
Colombia, 04 de junio de 2024, artículo 138 C.G.P. – Exequible Corte
Constitucional C-537 de 2016, Efectos de la declaración de falta de
jurisdicción o competencia y de la nulidad declarada.

PETICION SUBSIDIARIA

Honorables Magistrados en el evento de que ustedes no comulguen con las
peticiones principales, ruego a ustedes encarecidamente que por lo menos
se decrete la suspensión del proceso y se ordene al Tribunal Administrativo
de Boyacá que dentro del proceso con radicado 1500133330092023-00045-
01 debe proferir la correspondiente providencia, que no debe ser otra por lo
menos la de decretar la misma , mientras se resuelve por la justicia penal
quien debe ser declarado responsable del homicidio culposo motivo de la
demanda que curso en primera instancia en el JUZGADO NOVENO (9)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE TUNJA (BOYACA), referenciado así
15001333300920230004500, de acuerdo con el artículo 137 Y 138 del C.G.P
Y 161 Y 162 DEL C.G..1

1.3 Hechos

Los señores Claudia Saisy Calderón Chavarro, José Miguel Zea Celis,
Cristian Alejandro Zea Calderón y Leidy Yuliana Zea Calderón instauraron
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra
del Hospital Regional del Valle de Tenza E.S.E., Yeison Vladimir Martínez
Olaya, Carlos Uriel Fernández Garzón, Edwin Fernando García Muñoz y
Grettel Tatiana Guaqueta Montoya, con el fin de que se les declarara
extracontractual y solidariamente responsables de los perjuicios causados
por el fallecimiento de la señora Yeny Lorena Zea Calderón en el accidente
de tránsito ocurrido el 3 de marzo de 2022.

El proceso se tramitó ante el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja con el radicado 15001-33-33-009-2023-00045-00,
despacho que en sentencia del 29 de octubre de 2024 condenó

1 Trascripción literal con posibles errores.

2

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Demandantes: Carlos Uriel Fernández Garzón
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01016-01

solidariamente a Carlos Uriel Fernández Garzón, Edwin Fernando García
Muñoz y Grettel Tatiana Guaquetá a cancelar en favor de la señora Claudia
Daisy Calderón Chavarro la suma de dos millones ciento noventa y seis mil
quinientos setenta pesos ($2.196.570) por concepto de lucro cesante
consolidado y su actualización en los términos indicados en la providencia.

De igual manera los condenó de manera solidaria al pago de los perjuicios
morales en favor de los demandantes y en la cuantía fijada en la sentencia, a
quienes se les concedió el plazo de un mes contado a partir de la ejecutoria
de la sentencia para su cancelación.

Los demandados Carlos Uriel Fernández Garzón, Edwin Fernando García
Muñoz, Grettel Tatiana Guaqueta Montoya, interpusieron recurso de
apelación en contra la providencia, el que fue admitido en providencia del 16
de diciembre de 2024 por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá.

1.4 Sustento de la vulneración

El accionante afirmó que su derecho al debido proceso, en particular su
derecho de defensa, fue vulnerado por cuanto el juez de primera instancia
debió dictar sentencia inhibitoria y remitir al juez competente, que
consideró es el juez penal de Chocontá, a quien le corresponde condenar
o absolver a los responsables, y no al juez de lo contencioso
administrativo.

Indicó, que el Tribunal Administrativo de Boyacá debió declarar la nulidad
de todo lo actuado o, a lo sumo, decretar la suspensión del proceso en los
términos de los artículos 161 y 163 del Código General del Proceso, por
cuanto la investigación penal por la muerte de la señora Yenny Lorena
Zea Calderón se encuentra vigente, trámite que determinará el
responsable del homicidio culposo y en contra de quien se debe formular
el incidente de reparación integral que consagra el artículo 102 y ss del
Código de Procedimiento Penal.

1.5 Trámite de la acción de tutela en primera instancia

Mediante auto del 27 de febrero de 2025, la magistrada ponente de la
primera instancia admitió la solicitud de amparo y dispuso tener como
accionados al Tribunal Administrativo de Boyacá y al Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Igualmente, ordenó vincular como terceros con interés en el resultado al
gerente del Hospital Regional del Valle de Tenza, a los señores Claudia
Daisy Calderón Chavarro, Leidy Yuliana y Cristian Alejandro Zea Calderón,
José Miguel Zea Celis, Yeison Vladimir Martínez Olaya, Edwin Fernando
García Muñoz y Grettel Tatiana Guaquetá Montoya y los representantes
legales de las sociedades La Previsora Compañía de Seguros S.A.,
Compañía Mundial de Seguros S.A. y Laboramos S.A.S.

3

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Efectuadas las notificaciones respectivas2, se presentaron las siguientes:

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

La magistrada ponente del proceso de reparación directa en segunda
instancia, manifestó que el auto que admitió el recurso de apelación no está
incurso en ninguna de las causales de procedencia de la acción de amparo,
sin que se haya vulnerado derecho fundamental al accionante.

Advirtió que el tutelante no planteó al momento de interponer el recurso de
alzada en contra de la sentencia de primera instancia, ni en los alegatos de
conclusión de segunda instancia, vicio o nulidad alguna, que, a pesar de su
no formulación se verificará, de ser procedente, en la oportunidad procesal
correspondiente.

1.6.2. Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

La titular del despacho judicial señaló que la acción de tutela es
improcedente, ya que el accionante no ejerció los medios de defensa o
recursos en el proceso ordinario que la ley le otorga para la exponer su
inconformidad.

Manifestó que, en cuanto a la posible nulidad indicada por el demandante,
conforme al fuero de atracción el juez de lo contencioso administrativo tiene
competencia para juzgar a entidades públicas como también a sujetos de
derecho privado, a quienes se les imputen acciones u omisiones causantes
de daños antijurídicos.

1.6.3. Hospital Regional del Valle de Tenza E.S.E.

Afirmó que la entidad no realizó conducta alguna con la cual se hayan
vulnerado los derechos fundamentales del accionante, quien conforme a su
pretensión de nulidad del proceso ordinario, debe utilizar los medios
procesales que la ley le concede para su formulación, por lo que no se
cumple con el requisito de la subsidiariedad.

1.6.4. Yeison Vladimir Martínez Olaya

En calidad de demandado en el proceso ordinario, manifestó que el
accionante tuvo oportunidades procesales para controvertir su condición de
sujeto procesal, como fueron la contestación de la demanda, la formulación
de excepciones previas o mediante la formulación de incidente de nulidad, lo
que de todos modos, debe ser resuelto en la sentencia de segunda instancia.

2 Mediante comunicaciones del 7 de marzo de 2025 a los correos electrónicos de las

accionadas y de los terceros con interés. Índice 17 primera instancia. Samai
4

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1.7 Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en sentencia del 4 de
abril de 2025, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de la subsidiariedad.

Refirió que el accionante fue notificado en debida forma del auto admisorio
del proceso ordinario, sin que haya contestado la demanda ni formulado la
excepción o nulidad por la falta de competencia y/o jurisdicción del juez de lo
contencioso administrativo, con fundamento en la naturaleza de la
controversia que planteó la parte actora, como tampoco en la audiencia
inicial o en el recurso de apelación formulado en contra de la sentencia de
primera instancia.

Resaltó que el proceso de reparación directa se encuentra aún en curso,
trámite en el cual el accionante debe poner en conocimiento cualquier vicio
que considera se presenta, cuya decisión corresponde al juez natural.

1.8. Impugnación

En el escrito de impugnación presentado de manera oportuna, el mandatario
judicial del accionante reiteró las apreciaciones relativas a que la autoridad
competente es la jurisdicción penal, lo que obligaba a que el juez ordinario en
el proceso de reparación directa dictara un fallo inhibitorio, toda vez que
según su juicio, el presunto particular afectado debe actuar como víctima
dentro del proceso penal o mediante un proceso civil de responsabilidad
extracontractual.

Expresó que la jurisprudencia y la doctrina han determinado que las
providencias ilegales no atan al juez ni a las partes, por lo que es procedente
declarar la nulidad de lo actuado en el proceso ordinario, para evitar la
posibilidad de sentencias contradictorias con relación a la responsabilidad
como consecuencia del accidente de tránsito acaecido.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1 Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la
parte accionante en contra de la providencia del 4 de abril de 2025, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto
Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

5

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por no cumplir el requisito general de
procedibilidad de la subsidiariedad.

Para el efecto, se estudiará: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y (iii) el caso concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20123, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema4.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias
judiciales5.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados
hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial.

2.4. Del requisito de la subsidiariedad

La acción de tutela está consagrada para garantizar derechos fundamentales
cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por particulares, pero su procedencia está
supeditada a los requisitos generales de procedibilidad.

3 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN

DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada
Ponente: María Elizabeth García González.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.
5 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela

contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia.
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica.
actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela no
procede, entre otros, cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales.

La norma en cita consagra textualmente:

“ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA.
La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

(…)”

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.

De tal modo que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que
resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que
se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la
acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

Por lo tanto, es claro que la tutela es un mecanismo residual y excepcional
para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
constitucional y, por ende, la procedencia de esta acción constitucional
contra providencia judicial no puede ser ajena a esas características.

En caso contrario, en el evento en que el asunto supere dichos requisitos,
corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir
de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Al respecto, resulta del caso reiterar que esta acción constitucional no puede
ser considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo,
para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son
propias del juez natural.

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2.5. Caso concreto

El accionante afirmó que su derecho al debido proceso, en particular su
derecho de defensa, fue vulnerado por el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja al no dictar sentencia inhibitoria y remitir el
proceso al juez competente, como también por parte del Tribunal
Administrativo de Boyacá al no declarar la nulidad de todo lo actuado o
decretar la suspensión del proceso de conformidad con los artículos 161 y
163 del G.G.P.

El señor Carlos Uriel Fernández Garzón, a pesar de haber integrado la parte
demandada en el proceso de reparación directa, pretende que los
accionados invaliden de oficio el trámite del proceso de reparación directa al
considerar que corresponde a la jurisdicción penal determinar la
responsabilidad como consecuencia del accidente de tránsito en el cual
perdió la vida la señora Yeny Lorena Zea Calderón.

No obstante, la Sala advierte que el accionante contó con un mecanismo de
defensa judicial para proteger los derechos fundamentales, como era el de
proponer la excepción previa de falta de jurisdicción o de competencia, sin
perjuicio de que la autoridad de conocimiento al momento de dictar
sentencia de segunda instancia se pronuncie respecto de la autoridad
competente en el caso concreto.

Ahora bien, la regla general de improcedencia puede ser superada en
circunstancias excepcionales y debidamente probadas, esto es, la existencia
de un perjuicio irremediable.

Por lo anterior, al momento de analizar si en un caso particular se está ante
un perjuicio irremediable que justifique el superar el requisito de la
subsidiariedad, deben evaluarse en conjunto los siguientes elementos, los
cuales han sido definidos de forma reiterativa bajo los siguientes términos7:

i)Que el perjuicio sea inminente, lo cual implica que la amenaza exista o esté
por existir.
ii) Que éste sea grave y tenga la suficiente entidad para comprometer un
bien moral o material de la persona.
iii) Que haya necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la
condición de amenaza del derecho fundamental.
iv) Que no se pueda postergar la acción de tutela, pues de lo contrario el
mecanismo de protección sería ineficaz.

Además, es necesario que este perjuicio irremediable debe ser inminente o
actual, y además ha de ser grave, y requerir medidas urgentes e
impostergables.

Los presupuestos para la configuración del perjuicio irremediable fueron
delimitados por la Corte Constitucional desde la sentencia T-225 de 1993,

7 Corte Constitucional, sentencias T-225 de 1993, T-809 de 2013, T-695 de 2014 y T-884 de 2014,

entre otras.
8

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con ponencia del magistrado Vladimiro Naranjo Mesa, postura reiterada y
reconocida posteriormente por la Sala Plena de esa corporación en la
sentencia C-531 de 1993, en el sentido de indicar:

“… son elementales para la comprensión de la figura del perjuicio
irremediable, A) El perjuicio ha de ser inminente: "que amenaza o está
por suceder prontamente"…. B) Las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable han de ser urgentes, C) No basta
cualquier perjuicio, se requiere que éste sea grave, lo que equivale a la
gran intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona… D) La urgencia y la gravedad determinan que
la acción de tutela sea impostergable, ya que tiene que ser adecuada
para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Si hay
postergabilidad de la acción, ésta corre el riesgo de ser ineficaz por
inoportuna… Se trata del sentido de precisión y exactitud de la medida,
fundamento próximo de la eficacia de la actuación de las autoridades
públicas en la conservación y restablecimiento de los derechos y
garantías básicos para el equilibrio social”.

Al descender al caso concreto, la Sala no encuentra demostrado que el
señor Carlos Uriel Fernández Garzón se encuentre en una situación de tal
gravedad que permita que se supere el requisito de la subsidiariedad, pues
no realizó ninguna manifestación, ni aportó prueba alguna en tal sentido.

De hecho, de acuerdo con la revisión del expediente ordinario y, tal y como
fue manifestado en las intervenciones del presente trámite constitucional, el
actor no intervino, ni contestó la demanda ordinaria y, en todo caso, aún se
encuentra en trámite el recurso de apelación contra la sentencia que
considera contraria a sus intereses.

Tales circunstancias, sumadas a la posibilidad de formular sus
inconformidades a través de las excepciones previas, hacen evidente la
improcedencia de la acción de tutela, por lo que se confirmará el fallo de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia del 4 de abril de 2025, dictada por la
Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01016-01

TERCERO: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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