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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01020-01

Fecha
19 de junio de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01020-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia en contra del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, por no superar el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-01020-01

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

19 de junio de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-0-1020-01
Accionante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-01020-01
Accionante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de
Antioquia
Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B
Referencia: Acción de tutela

TEMAS: Tutela contra providencia judicial. Requisito de procedencia. Relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación que presentó la parte actora en contra de la
sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado que declaró improcedente el amparo.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia, por
intermedio de apoderado, presentó escrito de tutela en el que solicitó la protección
de su derecho fundamental al debido proceso, que consideró vulnerado por el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, con ocasión de la sentencia
del 10 de julio de 2024 confirmatoria de la dictada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 7 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones en el marco del
medio de control de nulidad identificado con el radicado número 05001-23-33-000-
2016-02713-00/01.

2. Hechos

La causa petendi del escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica1:

2.1. La parte actora presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
en la que solicitó la declaratoria de nulidad el Acuerdo 07 del 27 de agosto de 1980
expedido por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Antioquia,
mediante el cual la Universidad de Antioquia estableció la planta de personal

1 Ibídem. / actuaciones del proceso ordinario incorporadas en SAMAI, en el siguiente enlace electrónico:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=05001233300020160271300050
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administrativo y reclasificó los cargos que debían ser desempeñados por empleados
públicos y por trabajadores oficiales.

2.2. El asunto le correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia
bajo radicado número 05001-23-33-000-2016-02713-00/01. Dicha autoridad dictó
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, al considerar que el ente
universitario contaba con autonomía para clasificar los cargos; además que, dicha
clasificación respetó los parámetros legales. Inconforme con la decisión, la parte
actora interpuso recurso de apelación.

2.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en decisión del 10 julio
de 2024 confirmó el fallo de primer grado.

3. Pretensiones y argumentos de la tutela

3.1. La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales alegados.
Como consecuencia de ello, pidió dejar sin efectos la sentencia de segunda
instancia “para que en su lugar se hagan las declaraciones necesarias que
conduzcan a la protección de los derechos fundamentales que le han sido
vulnerados a mi representada por parte de la accionada”.

3.2. Como fundamento de la acción de tutela, la solicitante sostuvo que la
providencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico y sustantivo.

Defecto fáctico. Sostuvo que la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado no tuvo en cuenta la sentencia proferida el 25 de julio de 1983 en la que se
resolvió la demanda de nulidad en contra del Acuerdo 07 de 1980 “aspecto que
cobra gran relevancia, pues si bien se demandó la nulidad parcial del acuerdo, el
Tribunal se pronunció sobre la legalidad de todo el acto administrativo, decisión que
le restó validez y que hizo tránsito a cosa juzgada”.

Señaló que, en la referida providencia el Tribunal Administrativo de Antioquia
concluyó que el acuerdo carecía de soporte jurídico y que esta consideración
resultaba relevante para proferir la decisión que ahora se cuestiona, pues, en su
concepto, afectaba la fuerza de ejecutoria del acuerdo.

Defecto sustantivo. Adujo que la autoridad accionada precisó que, el Consejo
Superior Universitario contaba con autonomía y competencia para adoptar la
clasificación de los empleos, sin embargo, a su juicio, dicha conclusión carece de
sustentó, pues se basó en normas que no tenían vigencia para el momento en que
se expidió el Acuerdo 7 de 1980.

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4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 27 de febrero de 20252 se admitió la acción de tutela, se
vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de Antioquia y a la
Universidad de Antioquia.

4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia3 remitió el expediente del proceso
de nulidad en medio digital. Asimismo, presentó informe en el que indicó que los
defectos alegados no están probados. Respecto al defecto fáctico señaló que la
sentencia del 25 de julio de 1983 no es un medio probatorio para demostrar la falta
de competencia del ente universitario. En lo relativo al defecto sustantivo precisó
que el análisis realizado en el proceso primigenio implicó la confrontación de las
normas que entraron en vigor luego de la expedición del acto que se acusó
orientadas por la fuerza vinculante de Constitución Política de 1991.

4.3. La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado4 solicitó que se
nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo. Para sustentar su petición,
indicó que la providencia cuestionada desarrolló el marco normativo y
jurisprudencial de la autonomía universitaria para concluir que las universidades
tienen competencia para clasificar los cargos que son ocupados por empleados
públicos y trabajadores oficiales.

Puntualizó que se resolvieron todos los argumentos expuestos en el recurso de
apelación. Agregó que la decisión, desfavorable a los intereses de la parte actora,
no vulneró sus derechos fundamentales y, que avalar la tesis que planeta la acción
de tutela implicaría admitir que solo la providencia que accede a las súplicas de la
demanda es la que se ajusta a derecho y efectiviza las garantías de los usuarios de
la administración de justicia.

4.4. La Universidad de Antioquia guardó silencio en esta etapa procesal.

5. La sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado profirió sentencia del 20 de marzo de
20255 que declaró improcedente la acción de tutela por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

Como sustento de su decisión, indicó que, aunque la parte actora afirmó que la
autoridad accionada dejó de valorar una prueba al momento de dictar la sentencia
del 10 de julio de 2024, “lo cierto es que lo que se pretende es que se analice
nuevamente un argumento que fue planteado dentro de la demanda de nulidad y
que fue ampliamente analizado tanto por el juez de primera como de segunda
instancia relacionado con la pérdida de fuerza de ejecutoria del acto acusado”.

2 Índice 00005 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
3 Índice 00009 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
4 Índice 00010 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.
5 Índice 00014 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

3

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Señaló que lo mismo ocurre con el argumento orientado a controvertir la
competencia de la Universidad de Antioquia para expedir el Acuerdo 07 de 1980,
pues “realmente sus reproches van dirigidos a cuestionar los fundamentos de la
decisión que negó la nulidad por falta de competencia. En ese sentido, es evidente
que lo que busca la parte actora es insistir y reiterar el debate que ya se agotó en el
proceso ordinario”.

A partir de lo anterior concluyó que las alegaciones relativas a la falta de
competencia del ente universitario para realizar la clasificación de los empleos y la
falta de valoración de la sentencia del 25 de julio de 1983, son argumentos
encaminados a sustentar los mismos cargos que fueron expuestos al interior del
proceso de nulidad, por lo que el mecanismo constitucional fue utilizado para que
se evalué nuevamente el asunto y se emita una resolución distinta a la adoptada
por el juez natural.

6. Impugnación

La parte actora presentó escrito de impugnación6 en el que solicitó revocar el fallo
de primer grado y, en su lugar, conceder la protección deprecada.

Para sustentar su posición argumentó que lo que se busca con la acción de tutela
es el amparo de sus derechos fundamentales, dado que la sentencia objeto de tutela
incurrió en defecto fáctico y sustantivo, y en tal sentido, no se pretende crear una
instancia adicional. Agregó que, además de haberse vulnerado su derecho al debido
proceso, se afectaron los derechos de los trabajadores, por su calidad de cambio
de trabajadores oficiales a empleados públicos.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de la
Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia al ser la
titular del derecho que afirma fue vulnerado, dado que actuó como demandante en
el proceso de nulidad adelantado bajo el radicado núm. 05001-23-33-000-2016-
02713-00/01.

2.2. Por otro lado, está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por cuanto fue el juez segunda

6 Índice 00018 del aplicativo SAMAI del expediente digital de primera instancia.

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instancia dentro del proceso mencionado y fue su actuación a la que la parte
accionante le atribuyó la vulneración de su garantía constitucional.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si los argumentos expuestos en el escrito de la
impugnación tienen el alcance para confirmar, modificar o revocar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente el amparo.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20057 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela8 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 9.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se

7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
8 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al
cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez
de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en
el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión
de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los
hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del
proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
9 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se
presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber:
a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que
ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es,
cuando el juez no tuvo en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto
material o sustantivo, el que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes
o inconstitucionales, en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos
y la decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo
condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el
incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g)
desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación
directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme
al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación
de sus postulados.
9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”10.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”11.

En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

10 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
11 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto12.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por consiguiente, confirmará el fallo de primera instancia.

5.1. Al analizar el escrito de tutela y el de la impugnación, se advierte que la parte
actora considera que decisión cuestionada incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, dado que i) no valoró el fallo del 25 de julio de 1983 cuyas conclusiones
sustentaban la pérdida de fuerza de ejecutoria del Acuerdo 07 de 1980 y; ii) no tuvo
en cuenta que el ente universitario no tenía competencia para expedir dicho
acuerdo.

5.2. Ahora, del análisis de los aspectos abordados en la providencia del 10 de julio
de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y que
puso fin a la actuación, así como de las pruebas incorporadas al proceso, se advierte
que la Corporación arribó a las siguientes conclusiones.

Respecto de la competencia de la Universidad de Antioquia para clasificar a su
personal en empleados públicos y trabajadores oficiales, explicó:

“[…] 43. En cuanto a este aspecto, la Sala destaca que la Universidad de
Antioquia es un ente universitario autónomo de naturaleza pública, con
régimen estatal, conforme con lo dispuesto en el artículo 68 de la
Constitución Política. Su creación se estableció mediante la Ley 71 de 1878
del Estado Soberano de Antioquia y su personería jurídica se deriva de la
Ley 153 de 1887. Además, fue reconocida por el Ministerio de Educación
Nacional mediante el Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964 y se rige por la
Ley 30 de 1992 y demás normas concordantes y aplicables.

12 Cfr. sentencia C-590 de 2005.

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44. Como ente universitario, la Universidad de Antioquia goza de autonomía
universitaria según el artículo 69 de la Constitución Política, el cual establece
que las universidades tienen la capacidad de autodeterminación en la
gestión de sus asuntos internos. Esta autonomía incluye la facultad para
establecer sus propios estatutos y reglamentos, así como para regular
aspectos fundamentales de su funcionamiento administrativo y académico.
La autonomía universitaria, tal como ha sido reafirmada por la jurisprudencia
constitucional, es una «garantía institucional» que asegura a las
universidades la libertad de autorregulación filosófica y autodeterminación
administrativa, siempre dentro del marco de la Constitución y la ley.

45. La Ley 30 de 1992 refuerza esta autonomía al otorgar a las
universidades públicas la competencia para definir el régimen de su
personal. En particular, sobre el personal administrativo del ente
universitario, el artículo 79 de esta ley establece que el estatuto general de
cada universidad estatal u oficial debe incluir, como mínimo y de acuerdo
con las normas vigentes, las disposiciones sobre derechos, obligaciones,
inhabilidades, situaciones administrativas y régimen disciplinario del
personal. Esto significa que la ley delega en el estatuto general de cada
universidad la regulación específica de estos aspectos, en concordancia con
las normas vigentes.

46. La Corte Constitucional, en sentencia C-299 de 1994, destacó que las
universidades están facultadas para expedir sus propios estatutos, los
cuales constituyen regulaciones sublegales sujetas a la Constitución y la ley,
encargadas de puntualizar las reglas sobre el funcionamiento de las
instituciones de educación superior, su organización administrativa, los
requisitos para la admisión del alumnado, la selección del personal docente
y la clasificación de los servidores, entre otros aspectos. Además, en el Auto
679 de 2023 advirtió expresamente que «se encuentran facultadas para
definir los cargos que serán desempeñados por empleos públicos y los que
deben ser realizados por trabajadores oficiales».

47. En este contexto, la autonomía universitaria permite que las
universidades públicas, en ejercicio de esta garantía constitucional, puedan
determinar la clasificación del personal docente y administrativo, de
conformidad con las modalidades señaladas en la ley, y establecer el
régimen para la prestación de los servicios. Ello implica la facultad para
determinar los cargos que serán desempeñados por empleados públicos y
aquellos que serán ejercidos por trabajadores oficiales.

48. Por consiguiente, en el entendido que el Consejo Superior de la
Universidad de Antioquia mediante el Acuerdo 7 de 1980 estableció la planta
de personal administrativo y clasificó los cargos que debían ser
desempeñados por empleados públicos y por trabajadores oficiales, la Sala
concluye que actuó dentro del ámbito de su competencia constitucional
(artículo 69 de la Constitución Politica) y legal (Ley 30 de 1992) de tal manera
que la causal de nulidad invocada no se configuró”.

En lo atinente a la pérdida de fuerza de ejecutoria del Acuerdo 07 de 1980, indicó:

“[…] 71. En el recurso de apelación, la parte demandante acusó al Acuerdo
07 del 27 de agosto de 1980 de pérdida de fuerza ejecutoria, pues consideró
que se presentaron todas las causales descritas en el artículo 91 del
CPACA, en tanto a varias decisiones judiciales declararon que algunos de
los puestos de trabajo catalogados en el acto demandado como empleados
públicos, fueron declarados como trabajadores oficiales.

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72. Al respecto, la Sala concuerda con el juez de primera instancia en el
sentido de que las causales de pérdida de fuerza ejecutoria de los actos
administrativos se encuentran expresamente previstas en el artículo 91 del
CPACA, así:

[…]

73. De acuerdo con lo anterior, le asistía a la parte demandante demostrar
que se configuró alguna de las causales transcritas, no obstante, ello no
ocurrió en el sub examine, porque si bien es cierto que a través de varias
decisiones judiciales se ha declararon que algunos de los puestos de trabajo
catalogados en el acto demandado como empleados públicos, en realidad
son trabajadores oficiales, estas se tratan decisiones que tienen el carácter
de inter partes donde se analizó cada asunto en particular, es decir, que
obligan y son aplicables a las partes del proceso, no a la comunidad, y en
esa medida, dicha circunstancia no configura ninguna de las referidas
causales.

74. Además, en razón a que se ha establecido que el Acuerdo 07 del 27 de
agosto de 1980 no infringió normas superiores y que la clasificación
realizada por la Universidad se enmarca en el ejercicio de la autonomía
universitaria dispuesta en el artículo 69 de la Constitución Política, no puede
concluirse que las razones que sustentan el acuerdo hayan desaparecido.

75. En consecuencia, al no haberse demostrado que el acto acusado fue
suspendido provisionalmente, que sus fundamentos de hecho y de derecho
hayan desaparecido, que la autoridad no haya realizado los actos
necesarios para su ejecución, que esté sujeto a una condición resolutoria o
que haya perdido vigencia, la Sala concluye que este cargo no está llamado
a prosperar”.

En conclusión, para la autoridad judicial accionada i) la Universidad de Antioquia,
al expedir el Acuerdo 07 de 1980 que determinó los cargos que debían ser
desempeñados por empleados públicos y por trabajadores oficiales, actuó dentro
del ámbito de sus competencias, dado que la autonomía universitaria permite a las
universidades públicas determinar la clasificación del personal docente y
administrativo conforme a las modalidades establecidas en la Ley; ii) la parte actora
no demostró que el referido acto estuviese incurso en algunas de las causales de
pérdida de ejecutoriedad previstas en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, por
ello, a pesar que existen diferente decisiones que han declarado que algunos de
los cargos incluidos en el acuerdo en realidad eran empleos públicos, sus efectos
son inter partes.

En virtud de lo anterior, la Sala advierte que el debate planteado en este caso fue
adecuadamente examinado por el juez competente. Asimismo, no se aprecia que
la decisión haya sido dictada de forma arbitraria, sin respaldo o análisis de los
hechos y fundamentos normativos, ni que se hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora durante el desarrollo del proceso.

Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a
través del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de

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manera clara que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender
como acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su
carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe aportar elementos suficientes
que permitan al juez constitucional advertir tal vulneración13.

5.3. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte accionante pretende
imponer su interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad
enjuiciada, así como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y
continuar con el debate surtido en el trámite del proceso primigenio, pues a partir de
la revisión del mismo se advierte que los argumentos expuestos en este escenario
guardan identidad con los allí alegados, sin que haya demostrado la violación del
derecho fundamental para el que pidió su protección.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el proceso de nulidad toda vez que
reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados, sin esbozar las
razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue vulnerado
con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional, toda
vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.4. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y
subsidiaria, por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de
los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una
posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión
proferida por esta, sin que ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un
nuevo estudio del caso como si fuera una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada14, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o
de interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso
ordinario15.

5.5. Ahora si bien en la impugnación se cuestionó que el análisis de la vulneración
se centró únicamente en la sentencia ordinaria de segunda instancia, lo cierto es
que dicha circunstancia no se enmarca en una irregularidad sustancial. En efecto,
como también se precisó en esta providencia, la evaluación debe recaer sobre la
providencia que puso fin a la instancia, pues es la que define el asunto y por tanto
consolida el contexto de la posible lesión a las garantías de los accionantes,

13 Sentencia SU215 de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
15 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-0-1020-01
Accionante: Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia

5.6. Así las cosas, la Sala concluye que la acción de tutela no cumple con el requisito
de relevancia constitucional. En consecuencia, se confirmará la decisión de primer
grado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de marzo de 2025 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de
amparo de la Asociación de Pensionados y Jubilados de la Universidad de Antioquia
en contra del Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección B, por no superar
el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS

11

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