Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01028-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01028-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01028-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
27 de julio de 2026
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Radicado: 11001 03 15 000 2025 01028 00
Demandante: Arturo Bolívar Oñate Garzón
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA 15 ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación núm.: 11001 03 15 000 2025 01028 00
Actor: Arturo Bolívar Oñate Garzón
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP
Tesis: No incurrió en una causal de nulidad originada en la sentencia controvertida si
el demandante pretende utilizar dicho mecanismo para reabrir el debate procesal
definido por el juez natural de la causa.
SENTENCIA
La Sala procede a resolver el recurso extraordinario de revisión formulado mediante
apoderado judicial por el señor Arturo Bolívar Oñate Garzón, quien invocó la causal
5.a del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (en adelante CPACA), en contra de la sentencia del 25 de abril de 2024
emitida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Arturo Bolívar Oñate Garzón a través de apoderado judicial interpuso
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones
UGPP RDP 033032 del 24 de agosto de 2017, UGPP RDP 037550 del 29 de
septiembre de 2017 y UGPP RDP 040354 del 24 de octubre de 2017, mediante las
cuales la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), negó la reliquidación de la
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Demandante: Arturo Bolívar Oñate Garzón
pensión del accionante y resolvió el recurso de reposición y de apelación formulados
en contra de esa decisión.
2. En el capítulo atinente a las pretensiones solicitó lo que se transcribe
enseguida:
«III. Pretensiones declarativas
Con el debido respeto, solicito que el Despacho, previo el trámite del proceso
ordinario contencioso administrativo al que debe someterse esta demanda, y
teniendo en cuenta los hechos, los fundamentos de derecho, las disposiciones
violadas y los conceptos de violación que presento adelante, conceda las
siguientes pretensiones declarativas:
Primero. Que, por carecer de soporte legal válido, se declare la nulidad de la
Resolución UGPP RDP 033032 del 24/08/2017, mediante la cual la demandada
le negó al demandante la reliquidación de su mesada pensional, mediante el
reconocimiento de la pensión de jubilación por servicios al Estado, que él le pidió
a través de la petición presentada el 14/09/2017.
Segundo. Que, por carecer de soporte legal válido, se declare la nulidad de la
Resolución UGPP RDP 037550, del 29/09/2017, mediante la cual la demandada
resolvió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la citada
Resolución UGPP RDP 033032.
Tercero. Que, por carecer de soporte legal válido, se declare la nulidad de la
Resolución UGPP RDP 040354 del 24/10/2017, mediante la cual la demandada
resolvió en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la citada
Resolución UGPP RDP 033032.
Cuarto. Que por la misma razón se debe declarar nulo cualquier otro acto
administrativo que la UGPP haya proferido para negarle al demandante el derecho
que tenía y tiene a la reliquidación de su mesada pensional, con el reconocimiento
de la pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27
del Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Quinto. Que el demandante es beneficiario del Régimen de Transición Pensional
de la Ley 33 de 1985, establecido en el parágrafo 2º de esta norma.
Sexto. Que el 5 de septiembre de 1988, el demandante cumplió 20 años de trabajo
al servicio del Estado.
Séptimo. Que el demandante, antes de entrar en vigor la Ley 100 de 1993,
consolidó su derecho a la pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida
en el artículo 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de
1985.
Octavo. Que el demandante tiene derecho a beneficiarse en materia de pensiones
del principio constitucional de favorabilidad laboral y condición más beneficiosa.
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Noveno. Que el demandante tenía y tiene derecho a que se le reconozca la
pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del
Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Décimo. Que Cajanal, a través de la Resolución 13610 del 08 de julio de 2003, le
reconoció al demandante una pensión de vejez, que él no le había pedido y que
no es la pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27
del Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a la que él
tiene derecho.
Undécimo. Que Cajanal, al negarse a reconocerle al demandante la pensión de
jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del Decreto-Ley
3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a la que tenía y tiene
derecho, le violó los derechos constitucionales fundamentales de acceso a la
Seguridad Social y de favorabilidad laboral y condición más beneficiosa.
Duodécimo. Que la UGPP reemplazó a Cajanal en el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del
Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Decimotercero. Que la demandada tiene la obligación de reliquidar la mesada de
la pensión que Cajanal le reconoció al demandante a través de la Resolución
13610 del 8 de julio de 2003 (anexo 7, folios 36 a 40), con el reconocimiento de la
pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del
Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Decimocuarto. Que la demandada, con la expedición de las resoluciones RDP
033032 del 24/08/2017 (anexo 9, folios 48 a 52), RDP 037550 del 29/09/2017
(anexo 11, folios 59 a 63) y RDP 040354 del 24/10/2017 (anexo 12, folios 64 a
67), le violó al demandante los derechos constitucionales fundamentales de
acceso a la Seguridad Social y de favorabilidad laboral y condición más
beneficiosa, así como el derecho legal a recibir la pensión de jubilación por
servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968 y
en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Decimoquinto. Que hay razones constitucionales y legales válidas para decretar
como restablecimiento del derecho del demandante violado por las citadas
resoluciones, la reliquidación de la pensión del demandante con el reconocimiento
de la pensión de jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27
del Decreto-Ley 3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Decimosexto. Que el demandante, tiene el derecho de que la demandada le pague
el retroactivo legal no prescrito de la reliquidación pensional.
Decimoséptimo. Que el citado retroactivo corresponde al periodo comprendido
entre el 1º de julio de 2014 (fecha, ubicada tres años atrás de la fecha de
presentación de la petición de reclamación directa que el demandante presentó a
la demanda) y la fecha en que, en efecto, la demandada empiece a pagarle al
demandante el monto total de la pensión reliquidada y le pague el retroactivo de
la reliquidación.
Decimoctavo. Que la demandada debe liquidar y pagarle al demandante, la
indexación de los valores del retroactivo de la reliquidación pensional.
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Decimonoveno. Que la demandada debe pagarle al demandante, los valores
correspondientes a los intereses moratorios reales, legales, vigentes en cada
periodo. Vigésimo. Que la demandada debe asumir las costas del presente
proceso y sus agencias en derecho.
IV Pretensiones condenatorias
Con el debido respeto, solicito al Despacho, que, previo el trámite del proceso
ordinario laboral contencioso administrativo de 1ª instancia al que debe someterse
esta demanda, y teniendo en cuenta los hechos, las pretensiones declarativas, los
fundamentos de derecho y las disposiciones violadas que presento adelante,
conceda las siguientes pretensiones condenatorias:
Primero. Que decrete la nulidad de las resoluciones UGPP RDP 033032 del
24/08/2017, RDP del 037550 del 29/09/2017 y RDP 040354 del 24/10/2017.
Segundo. Que, a título de Restablecimiento del Derecho lesionado por las
resoluciones precitadas, la Administración de Justicia le ordene a la demandada,
que reliquide la pensión del demandante con el reconocimiento de la pensión de
jubilación por servicios al Estado, establecida en el artículo 27 del Decreto-Ley
3135 de 1968 y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.
Tercero. Que, de igual manera, a título de Restablecimiento del Derecho lesionado
por las resoluciones precitadas, le ordene a la demandada que debe empezar a
pagarle al demandante la totalidad del monto de la mesada de la pensión de
jubilación por servicios al Estado, indexada a la fecha.
Cuarto. Que también a título de Restablecimiento del Derecho lesionado por las
resoluciones precitadas, le ordene a la demandada que debe pagarle al
demandante, el retroactivo legal no prescrito de la reliquidación pensional,
correspondiente al periodo comprendido entre el 10 de julio de 2014 (fecha,
ubicada tres años atrás de la de presentación de la reclamación directa que el
demandante le presentó a la demandada) y la fecha en que, en efecto, empiece a
pagarle el monto total de la pensión reliquidada y le pague el retroactivo de la
reliquidación.
Quinto. Que la demandada debe liquidar y pagarle al demandante, la indexación
de los valores que le debe reintegrar por concepto del retroactivo de la
reliquidación pensional.
Sexto. Que la demandada debe pagarle al demandante, los valores
correspondientes a los intereses moratorios reales (es decir, descontada la
inflación), legales, vigentes en cada periodo, liquidados sobre los montos que le
debe reintegrar por concepto del retroactivo de la reliquidación pensional.
Séptimo. Que la demandada debe asumir las costas del proceso y las agencias
en derecho que el Despacho fije, junto con las pretensiones ultra y extrapetita que
considere aplicables al caso.
Octavo. Que la demandada debe dar cumplimiento a la sentencia en los términos
del artículo 176 del CCA»1
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3. Como causales de nulidad formuló la vulneración de normas superiores. En ese
sentido, pidió que se declarara la nulidad de los actos demandados y como
consecuencia, se reliquidara su pensión de jubilación conforme al régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985 y en el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de
1968.
4. De la demanda identificada con el número de radicado 19001 23 33 000 2021
00077 00 conoció en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cauca que en
sentencia del 14 de septiembre de 2023, resolvió:
«FALLA:
PRIMERO. - DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la
Resolución UGPP RDP 033032 del 24/08/2017, la Resolución UGPP RDP
037550, del 29/09/2017, Resolución UGPP RDP 040354 del 24/10/2017 mediante
los cuales la UGPP negó al demandante la reliquidación de su mesada pensional
por servicios al Estado, conforme en el artículo 27 del Decreto-Ley 3135 de 1968
y en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, por las razones expuestas.
SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del
derecho CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL- UGPP, reliquidar a favor del señor ARTURO BOLÍVAR OÑATE
GARZÓN la pensión de vejez que le fue reconocida con la Resolución N° 13610
del 2003, con fundamento en las leyes 6 de 1945, 4º de 1966, Decreto Ley 3135
de 1968 y leyes 33 y 62 de 1985, en cuantía equivalente al 75% del promedio de
lo cotizado durante el último año de servicios, comprendidos entre el 31 de marzo
de 1991 y 31 de marzo de 1992, con la inclusión de los factores salariales sobre
los cuales se efectuaron cotizaciones.
TERCERO. - CONDENAR a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP a reconocer y pagar a favor del señor ARTURO
BOLÍVAR OÑATE GARZÓN, identificado con la cédula de ciudadanía N°
10.515.637, el valor de las diferencias que surjan de la reliquidación pensional
efectuada, desde el 15 de mayo de 2014, en atención a la prescripción; pues la
anteriores a esta fecha se encuentran prescritas. Las sumas adeudadas por este
concepto deberán ser actualizadas utilizando la fórmula señalada en la parte
considerativa de esta sentencia.
CUARTO. La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos de los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
QUINTO. CONDENAR en costas a la parte demandada, conforme a lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia. Liquídense por Secretaría las costas
del proceso.
SEXTO. - NOTIFIQUESE la presente sentencia a las partes de conformidad con
el procedimiento previsto en el artículo 203 del CPACA.
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SÉPTIMO-. NOTIFIQUESE la presente sentencia de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011»2
5. En contra de la precitada decisión la entidad accionada interpuso recurso de
apelación.
II. LA SENTENCIA OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN
6. A través de sentencia del 25 de abril de 2024, la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado revocó el fallo de primera instancia y en su lugar
negó las pretensiones de la demanda bajo las siguientes consideraciones:
7. Tras aludir a los regímenes de transición de la Ley 100 de 1993 y de la Ley 33
de 1985, expresó que estaba acreditado que el actor se desempeñó en la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales (en adelante DIAN) desde el 19 de diciembre de
1968 hasta el 31 de marzo de 1992. Asimismo, señaló que mediante Resolución RDP
136101 del 8 de julio de 2003, la entidad demandada le reconoció la pensión de
jubilación a partir del 1° de marzo de 2001 con un monto equivalente al 75% del
promedio de lo devengado en los últimos 10 años de servicio de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
8. Precisó que el demandante cumplió con lo previsto en el parágrafo 2 del artículo
1 de la Ley 33 de 1985, al acreditar 15 años de servicio antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993. No obstante, señaló que el requisito de edad se cumplió el 10
de mayo de 1998, esto es con posterioridad a la emisión de esta última norma, por lo
que el derecho pensional solo se consolidó en ese momento.
9. Mencionó que, de conformidad con la sentencia del 11 de mayo de 2020,
proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado dentro
del proceso con radicado 25000 23 42 000 2013 06301 01, así como con la sentencia
SL 486 de 2013 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia,
cuando se acredita el tiempo de servicio antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993,
2 Ibídem
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pero el requisito de edad se cumple con posterioridad, el ingreso base de liquidación
debe determinarse con fundamento en el artículo 36 de esta última disposición.
10. Aludió a la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 emitida por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado e indicó que el
régimen de transición únicamente implica respetar la edad de jubilación prevista en la
norma anterior, mientras que en lo relativo a la liquidación de la prestación esta debe
regirse por la norma vigente al momento de adquirir el estatus pensional.
11. Indicó que de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto
de la pensión del demandante correspondía al 75 % del promedio de lo devengado
durante el tiempo que le faltaba para cumplir el requisito de edad, toda vez que, para
la entrada en vigor de dicha norma, le restaban menos de 10 años para adquirir el
derecho. En consecuencia, señaló que los actos enjuiciados resultaban más
favorables para el demandante, en la medida en que se tuvieron en cuenta los tiempos
durante los cuales prestó servicios a la DIAN y que fueron cotizados con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo que concluyó que se ajustaban
a derecho y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
III. EL RECURSO DE REVISIÓN
12. El señor Arturo Bolívar Oñate Garzón, por intermedio de apoderado judicial
invocó la causal prevista en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA, bajo las
siguientes consideraciones:
13. Indicó que en la providencia recurrida se avalaron los actos enjuiciados, pese
a que en estos no se determinó el ingreso base de liquidación con el promedio de los
aportes efectuados antes del 31 de marzo de 1992, fecha en la que dejó de ostentar
la calidad de servidor público. Añadió que adquirió el derecho a la pensión el 19 de
diciembre de 1988 cuando cumplió 20 años de servicio, por lo que dicha prestación
debía calcularse con base en los aportes realizados durante el tiempo en que prestó
servicios al Estado y no con aquellos efectuados con posterioridad en su condición de
trabajador del sector privado.
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14. Iteró que adquirió el derecho a la pensión por vejez antes de la entrada en vigor
de la Ley 100 de 1993, por lo que esta no resultaba aplicable de manera retroactiva.
En ese sentido, aseveró que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Constitucional,
la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado que no identificó, el derecho
pensional se adquiere con el cumplimiento del tiempo de servicios, mientras que la
edad constituye un requisito para el disfrute de la prestación.
15. Anotó que el ingreso base de liquidación debía determinarse a partir de los
factores salariales sobre los cuales efectivamente se realizaron los aportes
pensionales por parte de cada trabajador. Asimismo, resaltó que antes de la entrada
en vigencia de la Ley 100 de 1993, los factores salariales estaban legalmente definidos
por lo que los empleadores estatales tenían la obligación de realizar los aportes
teniendo en cuenta estos últimos.
16. Finalmente, pasó a resumir los antecedentes procesales de la demanda dentro
de la cual se profirió la sentencia objeto de revisión.
IV. CONTESTACIÓN
17. La UGPP contestó el recurso extraordinario de revisión afirmando que otorgó y
liquidó la pensión del señor Oñate Garzón de conformidad con el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993. Destacó que el IBL aplicado fue el correspondiente al
promedio devengado en los últimos 10 años que le faltaban para cumplir requisitos
para pensionarse.
18. Mencionó que no se configuró la causal 5 del artículo 250 del CPACA ya que
la pensión reconocida se encuentra ajustada al régimen previsto en las Leyes 33 y 62
de 1985 y a la jurisprudencia en la materia.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
19. La Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, rindió
concepto en este asunto, bajo las siguientes consideraciones:
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20. Luego de referirse a la naturaleza jurídica del recurso extraordinario de revisión,
aludir a la causal de revisión invocada, al marco general de la pensión, a los factores
de liquidación en el marco de las Leyes 33 y 62 de 1985 y al régimen de transición de
la Ley 100 de 1993, indicó que el IBL a que tenía derecho el demandante para la
liquidación de su pensión era el consignado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
ya que adquirió el estatus pensional el 10 de mayo de 1998, esto es, de manera
posterior a la entrada en vigor de esa norma.
21. Alegó que no se configuró la causal invocada y que de la revisión de la sentencia
recurrida lo que se advirtió es que se ciñó a las normas y jurisprudencia aplicables al
caso objeto de análisis.
22. En consecuencia, pidió que se declare infundado el recurso extraordinario de
revisión.
VI. TRÁMITE DEL RECURSO
23. En memorial del 2 de abril de 2025, la parte actora pidió desestimar el concepto
rendido por el Ministerio Público al considerar que contravenía la realidad del caso en
concreto, así como las normas constitucionales y legales reiterando en síntesis los
mismos reparos expuestos en el recurso extraordinario de revisión3.
VII. CONSIDERACIONES
7.1. Jurisdicción y competencia
24. De conformidad con lo previsto en el artículo 237 de la Constitución Política y
lo previsto en los artículos 248 y 249 CPACA, así como lo dispuesto en el numeral 1
del artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sala 15 Especial de Decisión del Consejo de Estado es competente
para conocer del asunto de la referencia.
7.2. Oportunidad
3 Visible a índice 20 del Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
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25. La Sala advierte que el recurso extraordinario de revisión fue interpuesto dentro
del término previsto en el artículo 251 del CPACA4, toda vez que la sentencia del 25
de abril de 2024 fue notificada el 11 de julio de ese año5 y el presente asunto fue
radicado el 24 de febrero de 20256, esto es, dentro del año siguiente a la ejecutoria
de la anotada providencia recurrida.
7.3. El recurso extraordinario de revisión
26. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo procesal que implica una
excepción a la cosa juzgada, pues constituye un medio de impugnación de las
sentencias que han producido plenos efectos jurídicos.
27. Ahora, como dicho recurso afecta el carácter de inmutable de la sentencia
judicial ejecutoriada, las decisiones que se producen con ocasión de su interposición
son de carácter excepcional, restrictivo, y están sometidas a las causales
taxativamente previstas en la ley, ello con el fin de evitar que se convierta en una
tercera instancia7; por lo que no comporta entonces una nueva oportunidad procesal
para reabrir el debate judicial, suplir la omisión probatoria de las partes, corregir yerros
en la interpretación o la aplicación del derecho o en la valoración de las pruebas.
28. En tal sentido, el recurrente debe cumplir los requisitos para presentar la
demanda consagrados en el artículo 252 del CPACA, en los que, además de designar
las partes y su representante, el nombre y domicilio del recurrente y los hechos y
4 «Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el
recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de
los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro
de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no
se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo
transaccional o conciliatorio»
5 Visible en el índice 15 del Sistema de Gestión SAMAI del proceso objeto del recurso extraordinario
de revisión.
6 Visible en el índice 1 del Sistema de Gestión SAMAI.
7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 11 de febrero de 1993,
Rad. 1992-00037-00 (Rev).
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omisiones que el sirven de fundamento, deberá señalar con precisión la causal y
exponer los motivos que justifican su procedencia.8
7.4. Único cargo: “Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación” (numeral 5 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011).
7.4.1. Alcance de la causal invocada
29. Los presupuestos de configuración de la causal invocada son de un lado, la
existencia de una nulidad que se origina en una sentencia ejecutoriada que puso fin
al proceso, y de otro, que contra dicha decisión no proceda recurso de apelación.
Adicionalmente, la jurisprudencia la ha entendido configurada cuando se evidencie
vulneración del derecho al debido proceso. El siguiente pronunciamiento recoge su
alcance:
«De la lectura de la norma se desprende que la configuración de la causal
necesita, de un lado, que haya tenido lugar una nulidad originada en la sentencia
y, del otro, que contra ella no proceda el recurso de apelación. Sin embargo,
debido a que el legislador no determinó cuáles son los eventos en los que se
considera que se ha configurado una “nulidad originada en la sentencia”, ha sido
la jurisprudencia del Consejo de Estado la que ha dotado de contenido esta
disposición9.
Así, esta Corporación ha señalado que esa condición se refiere a situaciones
“originadas en la misma sentencia recurrida o en circunstancias sobrevinientes
con influencia en la decisión, por desconocimiento grave o insaneable de alguna
ritualidad sustantiva propia de la actuación”10.
En ese sentido, de acuerdo con la posición pacífica del Consejo de Estado, esto
implica corroborar que: i) el vicio alegado se originó en la sentencia, es decir, que
se materializó con la adopción misma del fallo y no antes, y ii) la anomalía es de
tal magnitud que configura un defecto insaneable de la actuación, al punto que,
de no presentarse ese yerro, la decisión adoptada hubiese sido distinta11.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 17 de julio de 2013,
Rad. 2012-00231-00 (Rev).
9 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 16. Sentencia del 5 de mayo de 2020. Radicado
11001031500020170251900.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 7 de octubre de 2019, Radicado
11001333103520080018001.
11 Cfr. Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 14 de agosto de 2018,
Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°22. Sentencia
del 3 de diciembre de 2019, Radicado 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A. Sentencia del 18 de noviembre de 2018, Radicado
11001032500020150099600.
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En cuanto a la segunda exigencia, esta Corporación ha señalado que son dos los
grupos de anomalías que pueden dar lugar a un defecto insaneable derivado de
la sentencia12: el primero, relacionado con irregularidades que constituyen causal
de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la sentencia, y, el
segundo, relativo a los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden
derivar en la vulneración del artículo 29 Superior13.
El primer grupo estaría referido entonces a las causales de nulidad procesal
previstas en el CPACA, en el Código de Procedimiento Civil (CPC) o en el Código
General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia. El segundo, a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso14, lo cual
excluye la posibilidad de formular, por esta vía, cuestionamientos que
conciernan al contenido de la motivación, a la valoración probatoria o a la
forma de aplicación de una determinada norma.
Así, según la jurisprudencia de esta Corporación15 y a modo enunciativo, una
nulidad originada en la sentencia por circunstancias distintas a las causales de
nulidad procesal previstas en el CPACA o en el Código General del Proceso puede
acaecer en los siguientes eventos: i) cuando se dicta sentencia en un proceso que
terminó por desistimiento, transacción, perención o estando legalmente
suspendido o interrumpido y antes de la oportunidad para reanudarlo; ii) cuando
el fallo aparece firmado por menor o mayor número de magistrados o cuando es
adoptado con un número de votos diferente al previsto en la ley; iii) cuando la
sentencia carece totalmente de motivación; iv) cuando el fallo viola el principio de
non reformatio in pejus; v) cuando la sentencia condena a quien no es parte dentro
del proceso; vi) cuando el fallo se profiere con falta de competencia o de
jurisdicción; vii) cuando se dicta sentencia con pretermisión de las instancias
procesales previas; viii) cuando el demandado es condenado por cantidad
superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente
de la invocada en ésta; o ix) cuando la sentencia carece de congruencia interna o
externa.
12 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26. Sentencia del 3 de febrero de 2015, Rad.:
11001031500019980015701; Consejo de Estado, Sala Especial No. 26. Sentencia del 3 de febrero de
2015 Rad.: 11001031500020110163900; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22.
Sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad.: 11001031500020150234200 y Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión N°2. Sentencia del 1° de octubre de 2019, Rad.: 11001031500020130221600.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 16 de julio de 2007, Rad.:
11001031500020070065300. Se toma el resumen de la causal contenido en el radicado No
110010315000201300702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión N° 10, Rad.: 11001031500020120023000.
14 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N°15. Sentencia del 5 de noviembre de 2019.
Radicado 11001031500020180141500.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 3 de febrero de
2015, Rad.: 11001031500020090049400; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 26.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Rad.: 11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sala
Plena, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 3 de diciembre de 2019, Rad.:
11001031500020140309300; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia de 29 de
abril de 2015, Rad.: 20083531900; Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del
24 de octubre de 2019, Rad.: 11001032500020130023300; Consejo de Estado, Sala Especial de
Decisión N°15, Sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.: 11001031500020180141500; Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2019, Rad.:
11001032500020140032500; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 22. Sentencia del 2 de
febrero de 2016, Rad.: 110010315000201502342; Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión N° 4.
Sentencia del 23 de julio de 2019, Rad.: 11001031500020180434500.
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La congruencia interna se refiere a la correspondencia que debe existir entre la
parte motiva y la resolutiva de la sentencia, mientras que la externa propende
porque la decisión contenida en parte resolutiva se encuentre en concordancia
con lo pedido en la demanda y en su contestación16, es decir, que haya identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones y excepciones oportunamente
presentadas, salvo por las competencias oficiosas que la ley otorga al juzgador17.
Lo anterior encuentra fundamento en el artículo 281 del CGP18 ꟷque reformó el
artículo 305 del CPCꟷ, aplicable por remisión normativa del artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.
Cuando falta esa congruencia externa, se habla de decisiones ultrapetita, que
tienen lugar cuando se reconoce un mayor derecho al pretendido, extrapetita
cuando se reconoce un derecho no reclamado o que siendo reclamado se
concede por una causa distinta al supuesto fáctico y jurídico de la demanda, o
infrapetita cuando no se resuelve algún asunto debidamente planteado19. De
fondo, la razón por la cual procede la nulidad originada en la sentencia cuando se
desconoce el principio de congruencia, es porque el fallador excede su
competencia, la que, como se ha dicho, está determinada por las pretensiones y
los fundamentos de la demanda, y por la contestación y las excepciones
propuestas20.
En conclusión, la procedencia de la causal de nulidad originada en la sentencia
de que trata el numeral 5° del artículo 250 del CPACA impone acreditar, de un
lado, que el recurso se interpone contra una sentencia respecto de la cual no
procede el recurso de apelación y, del otro, que el fallo a infirmar dio origen a una
nulidad procesal de las que tratan las codificaciones procesales o a un defecto con
implicaciones graves en la garantía del debido proceso».
30. Como quedó expresado, también procede esta causal cuando la sentencia
afecta el núcleo esencial del derecho fundamental al debido proceso que está
integrado por las siguientes garantías mínimas: i) el principio de legalidad; ii) el
principio del juez natural; iii) el derecho a la observancia de las formas propias de cada
juicio; iv) el principio de favorabilidad; v) el derecho a la presunción de inocencia; vi)
el derecho a la defensa; vii) el derecho a la publicidad de las actuaciones procesales
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 1 de marzo de 2018. Radicado
11001-03-25-000-2013-00838-00.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado
11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
18 “ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las
pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con
las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la
demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial
sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca
probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o
que la ley permita considerarlo de oficio. (…)”.
19 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Sentencia de 16 de
agosto de 2002. Radicado 760012324000199704345-01(12668).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección A.
Sentencia de 13 de agosto de 2021. Radiado 11001-03-26-000-2019-00100-00(64246).
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y la no dilatación injustificada de las mismas; viii) el derecho a presentar y controvertir
pruebas; ix) el derecho a impugnar las providencias; x) el principio de non reformatio
in pejus; xi) el derecho a no declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero
permanente o ciertos parientes; xii) el principio de independencia judicial; xiii) el
derecho de acceso a la administración de justicia. Así lo ha reconocido la
jurisprudencia de esta Corporación21:
«En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de revisión,
esta corporación, en sentencia del 5 de abril de 201622, explicó que, igualmente,
se ha aceptado que pueden existir otros motivos no contemplados en los códigos
procesales como causales de nulidad, pero que surgen de la vulneración directa
del artículo 29 Constitucional, evento en el cual corresponderá al juez determinar
si el hecho que se dice contrario a este derecho, puede configurar la causal de
revisión en comento, circunstancia que se deriva de la exigencia de actuar como
juez de constitucionalidad y de convencionalidad en garantía de los derechos
fundamentales de quienes intervienen en un proceso judicial23.
(…)
Así lo entendió también la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las
previstas en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142
del mismo y las que se originen en la sentencia por violación del debido proceso
constitucional, contemplado en el artículo 29”24.
Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una causal
diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad originada
en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional, en donde
el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega tiene la
entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda irregularidad
tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que ha puesto fin
al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter sustancial en la
medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el núcleo esencial
o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido proceso».
31. En síntesis, para que prospere el recurso extraordinario de revisión se debe
verificar: (i) que no proceda recurso de apelación contra la sentencia objeto del
recurso, (ii) que el vicio se refleje en la sentencia misma o en circunstancias
21 Cfr radicado 2021-00012-00 del 6 de mayo de 2021; CP Rocío Araujo Oñate.
22 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.
Radicación: 110010315000 2008 00320 00
23 La posición sostenida en la citada Ob.Cit. 26 fue ratificada por el Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes
Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), en la que se unificó el criterio sobre el alcance de la causal,
precisando que puede configurarse cuando se evidencia una violación del artículo 29 Constitucional –
debido proceso.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga Mélida
Valle de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron otras dos
decisiones en igual sentido.
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sobrevinientes con influencia en la decisión, (iii) que se alegue y demuestre alguna de
las causales consagradas en el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil o 133
del Código General del Proceso, dependiendo de cuál sea la norma aplicable al
momento de presentar el recurso extraordinario de revisión, o que se alegue y
demuestre la vulneración al debido proceso constitucional, consistente en que se haya
proferido sentencia con fundamento en una prueba obtenida ilegalmente u otro motivo
que derive expresamente del artículo 29 de la Carta Política, y (iv) que la anomalía
sea de tal entidad que configure un defecto insaneable, al punto que de no presentarse
ese yerro, la decisión a adoptar hubiese sido distinta.
7.5. El análisis de la causal en el asunto
32. No está en controversia el hecho de que contra la sentencia recurrida no
proceden recursos, pues con ella se definió el juicio ordinario sobre la validez del acto
mediante el cual la UGPP negó la reliquidación de la pensión de vejez del señor Arturo
Bolívar Oñate Garzón.
33. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si en la sentencia proferida por
la Sección Segunda de esta Corporación se configuró la causal de revisión invocada
por el recurrente, quien sostiene que dicha providencia convalidó la legalidad de los
actos administrativos demandados, pese a que estos desconocieron el régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985, al liquidar el ingreso base de liquidación con
fundamento en los aportes efectuados como trabajador del sector privado y no en
aquellos realizados como servidor público antes de la entrada en vigencia de la Ley
100 de 1993.
34. Al respecto, es menester señalar que en la decisión recurrida se resolvió la
controversia planteada en sede ordinaria bajo las siguientes consideraciones:
«De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que (i) el actor prestó
sus servicios en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desde
el 19 de diciembre de 1968 hasta el 31 de marzo de 1992 (más de 22 años); y (ii)
mediante Resolución RDP 13610 del 8 de julio de 2003, la UGPP le reconoció
pensión de jubilación a partir del 1° de marzo de 2001, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, esto es con «el 75% del
promedio de lo devengado sobre el salario promedio de 1 año 8 meses 28 días,
con lo cotizado al ISS entre el 1° de enero de 1995 y el 28 de febrero de 2001 (628
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días), teniendo en cuenta que el interesado cotizó al ISS» determinación contra la
cual el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, desatado en
forma desfavorable a través de las Resoluciones RDP 037550 del 29 de
septiembre de 2017 y RDP 040354 del 24 de octubre de 2017.
Ahora bien, es necesario precisar que el actor cumplió con el requisito previsto en
el parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 33 de 1985, consistente en acreditar 15 años
de servicio, continuos o discontinuos, para la entrada en vigencia de la norma en
mención, esto es, el 29 de enero de 1985, puesto que laboró en la DIAN desde el
19 de diciembre de 1968 hasta el 31 de marzo de 1992.
Sin embargo, resulta relevante desatacar que la edad de 55 años la cumplió
después de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esto fue el 10 de mayo de
1998. De manera que, sólo con la acreditación de este requisito el actor logró
consolidar su estatus pensional.
En consecuencia, esta Subsección, entre otras, en la sentencia del 11 de mayo
de 202025, al analizar un asunto con una situación fáctica y jurídica similar, sostuvo
que para efectos de liquidar la pensiones de aquellos que acreditaron el tiempo
de servicios, pero la edad se cumplió en vigencia de la Ley 100 de 1993, con el
propósito de encontrar una interpretación que armonice la finalidad del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 y la situación particular de quienes fueron
incorporados al Sistema General de Pensiones, pero no realizaron cotizaciones
durante la citada ley, en materia de factores se debe acudir a la norma vigente al
momento de la consolidación del estatus pensional. Al respecto, se pone de relieve
que dicha postura fue sustentada en la decisión asumida por la Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral SL 486-2013, radicación 41562.
De lo anterior, se colige que, a pesar de que el demandante cumplió el requisito
exigido para ser acreedor del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto
es que al consolidar su estatus pensional luego de la entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, será esta última norma la que le resulta aplicable, en ese entendido,
tiene derecho a la pensión con la edad exigida antes de esta última, pero el IBL
es el previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
Por su parte, resulta indiscutible que el demandante es beneficiario del régimen
de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual significa que,
para el reconocimiento de su pensión, se aplican las reglas de la Ley 33 de 1985,
en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo.
Así las cosas, para dar respuesta al problema jurídico planteado, la Subsección
aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de 28 de agosto de
2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de
casos fáctica y jurídicamente iguales26. La misma Sala Plena precisó que la
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 25000-23-42-000-2013-06301-01
(0018-2016), Consejero Ponente Dr. César Palomino Cortés.
26 La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de
Estado, precisó: “[…] sólo a la jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos
de cierre de las jurisdicciones - constitucional, ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional
disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella, las autoridades judiciales deben acudir
al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente iguales. Pero dicha
limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa del
margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función
judicial. Por eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades
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sentencia de unificación se aplicaría con efectos retrospectivos «(…) a todos los
casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a
través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables».
La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:
«El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley
100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985».
La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición, es la
siguiente:
«(…) 85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite
concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta
para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes
pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos
regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los
mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la
Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un
elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base
de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino
como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe
darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los
elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen
transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de
servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de
pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las
condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
judiciales cuentan con la facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes
jurisdiccionales de cierre, previo cumplimiento de determinadas condiciones (…)”.
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a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de
Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)».
La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los
servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la
Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes
términos:
«(…) Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la
pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado
en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el
tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. (…)».
La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.
Esta subregla se sustenta, así:
«(…) 99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48
constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de pensiones,
previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento
salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se
adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para
la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones (…).».
De acuerdo con las reglas del precedente, el IBL para quienes están en transición
es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de la Ley 100 de
1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los requisitos de
“edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en
la Ley 33 de 1985”.
Así, en el caso concreto, el señor Arturo Bolívar Oñate Garzón no tiene derecho a
la reliquidación de su pensión de vejez incluyendo lo devengado durante el último
año de servicios, pues si bien es cierto que adquirió el tiempo de servicio durante
el régimen de transición previsto en la Ley 33 de 1985, también lo es que el estatus
pensional lo alcanzó el 18 de mayo de 1998, es decir, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, por lo tanto, el monto de su pensión
corresponde al 75% (tasa de remplazo) sobre un ingreso de liquidación IBL
equivalente al “promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para
ello, o el cotizado durante todo el tiempo si éste fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según
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certificación que expida el DANE (…)27
Ahora, la Sala precisa que la decisión del Tribunal de origen no fue acertada toda
vez que ordenó la reliquidación de la pensión de vejez del accionante en cuantía
equivalente al 75% del promedio de lo cotizado durante el último año de servicios,
es decir, el periodo comprendido entre el 31 de marzo de 1991 y 31 de marzo de
1992 con inclusión de los factores salariales sobre los cuales se efectuaron
cotizaciones, de conformidad con las Leyes 6ª de 1945, 4ª de 1966, Decreto Ley
3135 de 1968 y Leyes 33 y 62 de 1985; cuando lo cierto es que se le debía liquidar
de conformidad con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo tanto,
el monto de su pensión corresponde al 75% (tasa de remplazo) sobre un ingreso
de liquidación IBL equivalente al promedio de lo devengado en el tiempo que le
hiciera falta para ello, pues a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 le
faltaban menos de diez años para adquirir el derecho, lo anterior, se insiste, por
cuanto cumplió el requisito de la edad con posterioridad a la Ley 100 de 1993.
No obstante, resulta pertinente precisar que en el caso concreto se advierte que
en sede administrativa el reconocimiento fue efectuado con lo que el actor
devengó en 1 año, 8 meses y 28 días de servicio, siendo estos anteriores al retiro
del servicio, de manera que ese reconocimiento resulta más favorable al
pensionado, puesto que el estatus pensional lo acreditó el 10 de mayo de 1998
con el cumplimiento de la edad, por lo que resultaría superior el tiempo que le
faltaba para consolidar el estatus de pensionado hasta la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993.
Por lo tanto, la Sala concluye que se dejará incólume la decisión adoptada por la
accionada en los actos administrativos censurados, en los que se indicó que para
reconocer la pensión del accionante, resultaba aplicable al artículo 36 de la Ley
100 de 1993, en consonancia con lo dispuesto en la Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018, en el sentido que el régimen de transición solamente implica
respetar la edad establecida en el régimen anterior, pero en lo referente a la
liquidación de la prestación corresponderá a la norma vigente al momento de
adquirir el estatus pensional»28 (Subrayas de la Sala).
35. Así las cosas, se advierte que en la providencia recurrida se explicaron de manera
expresa y suficiente las razones por las cuales el ingreso base de liquidación debía
determinarse con el promedio de las cotizaciones efectuadas con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, en atención a que el actor consolidó su
estatus pensional al amparo de dicha normativa. Para tal efecto, se acudió a la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo en el proceso 52001 23 33 000 2012 00143 01, así como
a precedentes judiciales de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia, en
los que se precisó que si bien el régimen de transición preserva los requisitos de edad,
27 Se aplica el inciso 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigor del
Sistema General de Pensiones le faltaban menos de diez años para adquirir el derecho.
28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B.
Sentencia del 25 de abril de 2024. Proceso radicado número 19001 23 33 000 2021 00077 01.
Consejero Ponente: Jorge Portocarrero Banguera.
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tiempo de servicio y tasa de reemplazo, el ingreso base de liquidación se rige por la
norma vigente al momento de adquirir el derecho pensional, que para el caso del señor
Oñate Garzón correspondía al inciso 3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que
cumplió el requisito de edad bajo el imperio de esta norma.
36. Lo expuesto es relevante, pues pone en evidencia que la inconformidad del
accionante radica en realidad en el análisis efectuado en la providencia cuestionada
al estar en desacuerdo con las conclusiones allí adoptadas, sin que el recurso
extraordinario de revisión se constituya en una instancia adicional que permita reabrir
el debate ya resuelto por el juez natural de la causa.
37. Prueba de lo anterior, es lo expuesto en el recurso extraordinario de revisión en el
que se indicó:
« La causal de nulidad de la sentencia objeto del recurso extraordinario de revisión
interpuesto a través de esta demanda se configura por las siguientes razones:
1. Porque revocó en su totalidad la sentencia anticipada dictada por el Tribunal A-
quo, cuando lo que debía revocarse por no estar ajustado a la jurisprudencia
proferida por las Altas Cortes sobre el tema, era solamente lo relacionado con el
procedimiento de cálculo del IBL de la pensión de jubilación por servicios al
Estado, a la que el demandante tenía y tiene derecho legal, circunstancia que le
viola derechos constitucionales fundamentales, como se indica y se demuestra en
detalle en el subcapítulo siguiente.
En efecto, la sentencia anticipada dictada por el Tribunal A-quo no se ajusta, en
lo fundamental, a la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes sobre el tema de
los regímenes de transición de las leyes 33 de 1985 y 100 de 1993, pero solo en
lo correspondiente al cálculo del IBL de la mesada pensional del recurrente, debido
a que teniendo en cuenta dicha jurisprudencia, ese IBL no puede ser el 75% del
promedio del IBC de los aportes cotizados por su empleador, el Minhacienda,
durante el último año de servicios del recurrente, como lo indica la sentencia del
Tribunal A-quo; sino el 75% del IBC promedio de los aportes cotizados por el
Minhacienda para la pensión del recurrente, durante los 4,11 últimos años en que
él fue empleado suyo, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo
36 de la Ley 100 de 1993.
2. Porque avaló el procedimiento con el cual Cajanal calculó el IBL de la pensión
que le reconoció al recurrente, que no fue la de jubilación por servicios al Estado,
lo que es ilegal, arbitrario, inconstitucional, desconsiderado, absurdo y doloso, o
al menos gravemente culposo en mi opinión, debido a que no se ajusta en manera
alguna a la citada jurisprudencia de las Altas Cortes, tal como lo demuestran los
hechos u omisiones que motivan el recurso interpuesto, presentados atrás y las
razones de hecho y de derecho que sustentan el recurso interpuesto, las que se
exponen enseguida. En conclusión, por las razones expuestas, la sentencia objeto
del presente recurso es una vía de hecho, y como no es apelable por ser de 2ª
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instancia, se enmarca en la causal de nulidad del numeral 5 del artículo 250 del
CPACA»29 (Subrayas de la Sala).
38. Asimismo, como se vio y aunque en el recurso se afirmó que la providencia
cuestionada era contraria a la jurisprudencia sobre la materia, lo cierto es que no se
señalaron de manera precisa las decisiones presuntamente desconocidas, máxime
cuando el fallo objeto de controversia se fundamentó en una sentencia de unificación
proferida por esta Corporación.
39. En ese contexto, no se advierte la configuración de una nulidad originada en la
sentencia en los términos del numeral 5 del artículo 250 del CPACA, por cuanto la
providencia cuestionada contiene una motivación suficiente, coherente y fundada en
el marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto. Además, los
cuestionamientos planteados por el accionante no evidencian un vicio de esa
naturaleza en la decisión recurrida, sino una discrepancia frente a la interpretación
jurídica adoptada por el juez natural de la causa, lo cual, se insiste, resulta ajeno al
ámbito del recurso extraordinario de revisión.
40. En consecuencia, el recurso no prospera.
7.6. Costas
41. Vistos los artículos 18830 y 25531 del CPACA, así como el artículo 365 del
CGP32, en especial su numeral 8, la Sala considera que hay lugar a imponer una
29 Visible en el índice 2 del Sistema de Gestión SAMAI.
30 «Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil.»
31 «Artículo 255. Sentencia. Vencido el período probatorio se dictará sentencia.
Si el competente encuentra fundada alguna de las causales de los numerales 1 a 4 y 6 a 8 del
artículo 250 de este código, o la del literal b) del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, invalidará la
sentencia revisada y dictará la que en derecho corresponde.
En la sentencia que invalide la decisión revisada se resolverá sobre las restituciones, cancelaciones,
perjuicios, frutos, mejoras, deterioros y demás consecuencias de dicha invalidación. Si en el expediente
no existiere prueba para imponer la condena en concreto, esta se hará en abstracto y se dará
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 de este código.
Si halla fundada la causal del numeral 5 del señalado artículo 250, o la del literal a) del artículo 20 de
la Ley 797 de 2003, declarará la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con la causal que
dio lugar a la revisión, y devolverá el proceso a la autoridad judicial de origen para que rehaga lo actuado
o dicte sentencia de nuevo, según corresponda.
Si se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente.
32 «Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en
que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
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condena en costas a la parte demandante, como quiera que se declaró infundado el
recurso extraordinario de revisión. Por lo tanto, se dará aplicación al Acuerdo PSAA
16- 10554 del 5 de agosto de 2016, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura,
y se impondrá a favor de la UGPP, por concepto de agencias en derecho y a cargo
del demandante, la suma equivalente a 1 salario mínimo legal mensual vigente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión instaurado
contra de la sentencia del 25 de abril de 2024 emitida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado 19001 23
33 000 2021 00077 01, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS por concepto de agencias en derecho al
demandante y en favor de la UGPP, en la suma equivalente a 1 salario mínimo legal
mensual vigente, según lo explicado en la parte motiva de esta providencia.
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente
el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además,
en los casos especiales previstos en este código.
Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la
formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de
lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva la actuación que dio lugar a aquella.
3. En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará
al recurrente en las costas de la segunda.
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será
condenada a pagar las costas de ambas instancias.
5. En caso de que prospere parcialmente la demanda, el juez podrá abstenerse de condenar en costas
o pronunciar condena parcial, expresando los fundamentos de su decisión.
6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en
proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por
partes iguales entre ellos.
7. Si fueren varios los litigantes favorecidos con la condena en costas, a cada uno de ellos se les
reconocerán los gastos que hubiere sufragado y se harán por separado las liquidaciones.
8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación.
9. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán
renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción».
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Demandante: Arturo Bolívar Oñate Garzón
Cópiese, notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Aclara voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sala Transitoria en la
sede electrónica para la gestión judicial Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley
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