Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01038-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01038-00
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez
4 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá D. C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: MARÍA GLADYS RUEDA CHÁVEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional/ REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL-
INMEDIATEZ –No se cumple porque la demanda de tutela se presentó́ después de
cumplido el término considerado como razonable para cuestionar una providencia judicial /
SUBSIDIARIEDAD - No se satisface el requisito al no haber hecho uso de los medios de
defensa contemplados en el ordenamiento jurídico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada
por la señora María Gladys Rueda Chávez en contra del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, de
conformidad con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
La demanda
1. El 24 de febrero de 2025 la señora María Gladys Rueda Chávez, actuando
mediante apoderado, presentó acción de tutela en contra del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad y acceso a la administración de justicia.
Hechos relevantes
2. El 5 de junio de 2008, la señora María Gladys Rueda Chávez se realizó una
lipoescultura y aumento de senos (mamoplastia) en la Clínica Santillana de la ciudad
de Cali, en donde le fueron implantadas las prótesis mamarias de marca Poly
Implant Prothese (PIP) las cuales se encontraban autorizadas por el INVIMA sin que
causaran rechazo alguno.
1
Que ingresó para fallo el 25 de marzo de 2025.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
3. A estas prótesis le fue otorgado el registro sanitario No. INVIMA V-003888-R1
para importar y vender el producto, el cual era importado por la sociedad Colombian
Medical International S.A. De otro lado, el INVIMA renovó el registro sanitario a la
misma comercializadora mediante Resolución No. 2009006212 del 5 de marzo de
2009, sin realizar vigilancia y control sobre la calidad de las prótesis importadas por
la sociedad Colombian Medical International S.A.
4. Luego de realizarse el procedimiento quirúrgico de implantes de las
mencionadas prótesis, la señora Rueda Chávez percibió un dolor leve en las mamas
izquierda y derecha al dormir y hacer giros a los lados, por lo que el 3 de junio de
2009 se realizó una mamografía, sin embargo, no se observó signos indicativos de
malignidad.
5. A través de los diferentes medios de comunicación se generó una alarma
mundial y un llamado nacional del INVIMA para el retiro de los implantes, pero, a
pesar de las diferentes consultas clínicas que realizó la accionante, en todos se
concluyó que no existían signos mamográficos de malignidad. No obstante, en virtud
de la resolución No. 00000258 del 29 de febrero de 2012 fue remitida por parte de
la NUEVA EPS al Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. lugar
donde le fueron retiradas las prótesis mamarias PIP el 26 de octubre de 2012.
6. Con base en esa situación, la señora María Gladys Rueda Chávez ha
permanecido en constante alerta ante la posibilidad de padecer daños en su cuerpo
y poner en riesgo su vida, así como el someterse nuevamente a una cirugía y asumir
los costos derivados de la operación para el retiro de los implantes. Motivo por el
cual presentó una demanda de reparación directa en contra de la Nación –
Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (INVIMA)-.
7. El reparto le correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Cali quien mediante sentencia del 7 de marzo de 2019 i) declaró probada la
excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva” propuesta por el
Ministerio de Salud y de la Protección Social; ii) negó las pretensiones de la
demanda; iii) condenó en costas a la parte actora y en favor de la parte demandada
e iv) indicó que ejecutoriada la providencia, se realizara la respectiva liquidación por
secretaría de conformidad con el artículo 366 del CGP.
8. Inconforme con la decisión, la señora Rueda Chávez presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca a
través de sentencia del 29 de febrero de 2024, en la que i) confirmó la decisión de
primera instancia; ii) condenó en costas a la parte vencida y iii) remitió el expediente
al juzgado de origen.
9. El 1° de agosto de 2024, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito
profirió el auto en virtud del cual aprobó la liquidación de costas el 1 de agosto de
2024.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Pretensiones
10. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción textual):
“1. Que se declare vulnerados los derechos fundamentales de acceso efectivo a la
Administración de Justicia, al debido proceso y a la igualdad, que han sido vulnerados
por las autoridades judiciales antes mencionadas, con motivo de la condena en
costas en contra de la señora MARIA GLADYS RUEDA CHAVEZ dentro del proceso
ACCION DE REPARACIÓN DIRECTA seguido contra el MUNICIPIO DE SANTIAGO
DE CALI Y OTRO, distinguido con el número de radicación 76001-33-33-006-2014-
00468-00, por la errónea interpretación del art. 118 del CPACA que hiciera el Juzgado
6° Administrativo del Circuito de Cali y la omisión del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021 por parte del Honorable Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las
razones expuestas en precedencia, y en consecuencia, se tutelen o protejan esos
derechos constitucionales.
2. Que como consecuencia de la anterior declaración, se revoque el numeral tercero
(3°) de la sentencia 014 del 07 de marzo de 2019, proferida por el Juzgado 6°
Administrativo del Circuito de Cali, que condenó en costas a la Accionante, y se
revoque igualmente, el numeral 2° de la sentencia 044 del 29 de febrero de 2024,
que condenó de (sic)
3. Que en consecuencia, en el respectivo fallo, el Honorable Consejo de Estado,
disponga abstenerse de condena en costa en contra de la señora MARIA GLADYSW
RIEDA (sic) CHAVEZ, dentro del proceso de Reparación Directa con Radicación
76001-33-33-006-2014-00468-00.”
Fundamentos de la demanda de tutela
11. La parte actora sostuvo que no existe razonamiento alguno para imponer la
mencionada condena en costas y agencias en derecho, debido a que la demanda
no se presentó con manifiesta carencia de fundamento legal, yendo en contravía
del artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
Tampoco existe explicación del porqué se generó costo al INVIMA con motivo del
proceso.
12. Indicó que el 11 de julio de 2024, se corrió traslado a la parte demandante de la
mencionada liquidación y mediante memorial del 16 de julio de 2024, expuso la
improcedencia de las costas y agencias en derecho; no obstante, mediante auto del
1° de agosto de 2024 fueron fijados dichos rubros sin proferir algún pronunciamiento
respecto a la réplica formulada.
13. Expresó que el INVIMA actualmente adelanta un proceso de cobro coactivo en
su contra, correspondiente al número 201400468 y se profirió el mandamiento de
pago 24001601 del 23 de diciembre de 2024 que fue notificado el 3 de febrero de
2025.
14. Puso de presente que se cumplen con las causales generales de procedibilidad,
toda vez de que es evidente la relevancia constitucional, porque se condenó en
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
costas y agencias en derecho solo por haber resultado vencida en el “juicio” con
apoyo de normas ajenas al proceso contencioso administrativo como lo es el artículo
365 del CGP y se omitió lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 que
regula la condena en costas. De otra parte, expuso de manera específica que no
cuenta con otro mecanismo judicial distinto a la acción de tutela, pues si bien podría
presentar un recurso extraordinario de revisión, lo cierto es que se encuentra en un
proceso de cobro coactivo por lo que no cuenta con otro mecanismo expedito.
15. Adicionalmente, adujo que presentó la solicitud de amparo en un tiempo
razonable debido a que la sentencia de segunda instancia se profirió el 29 de febrero
de 2024 y fue notificada el 18 del mismo mes y año, quedando ejecutoriada el 25
de abril de la misma anualidad, además de que el 16 de julio de 2024, se expuso
las razones de ilegalidad de las decisiones de instancia.
16. Argumentó que, se presentó un defecto por desconocimiento del precedente de
la Corte Constitucional2, asimismo no se acreditó la ocurrencia de gastos
sufragados por la demandada ni el pago de honorarios por su representación en el
mismo. Por último, solicitó una medida provisional de acuerdo con el cobro coactivo
que actualmente se adelanta en su contra.
Trámite en primera instancia
17. Mediante auto del 26 de febrero de 2025, el despacho sustanciador admitió la
acción de tutela de la referencia, ordenó notificar a las partes y terceros interesados
en las resultas del proceso. De otro lado, requirió al INVIMA para que remitiera un
informe del estado actual del proceso de cobro coactivo identificado con el No.
201400468, negó negó la medida provisional solicitada y reconoció personería
adjetiva a la abogada que representa a la actora.
Intervenciones
18. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)
expuso que como los hechos hacen referencia de decisiones judiciales, la entidad
se abstendrá de pronunciarse.
Además, envió copia del auto No. 24001601 del 23 de diciembre de 2024 por el cual
se libra mandamiento de pago dentro del proceso de cobro por jurisdicción coactiva
No. 201400468.
19. El Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali indicó que
contra la sentencia de segunda instancia no se presentó recurso o solicitud de
aclaración respecto a la decisión de condenar en costas. Por tanto, recibió el
proceso físico de segunda instancia el 6 de mayo de 2024 y el 15 de julio de 2025
(sic) profirió el auto No. 649 mediante el cual ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto
en la sentencia de segunda instancia.
2
Mencionó las sentencias C.157 de 2013 y T-125 del 2012.
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
20. Expresó que una vez en firme esa decisión, el 1° de agosto de 2024 se
profirió auto de sustanciación No. 716 en el cual se fijaron las agencias en derecho
de primera instancia en favor de la parte demandada y en la misma fecha se profirió
auto No. 717 en la que se aprueba la liquidación de costas. Decisión que no fue
recurrida, así como tampoco lo que se dijo sobre la liquidación secretarial.
Expuso que si la demandante estaba en desacuerdo con la condena pudo recurrir
la sentencia y los otros motivos de disenso. Además de que la condena en costas
estaba fijada en las sentencias por lo cual se podían recurrir o atacar a efectos de
evitar esa condena, sin que no fue objeto de recurso.
21. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca afirmó que la acción de
tutela solo procede de manera excepcional contra providencias judiciales, porque
esta acción constitucional no está diseñada para afectar el trámite ni tampoco las
decisiones que se profieren en distintos procesos. De otro lado, puso de presente
que no se incurrió en los defectos alegados por la actora, dado que la providencia
fue clara y coherente de acuerdo con el artículo 188 del CPACA.
Adujo que esa norma vigente solo trajo como excepción a la imposición de la
condena en costas los asuntos en los que se ventilara un interés público; situación
que no aplicaba en el asunto de la accionante, porque se trataba de una demanda
ordinaria en la que se discute una reparación de perjuicios de carácter particular.
Por eso en la sentencia No. 044 del 29 de febrero de 2024, se indicó que la condena
en costas se aplicaba de acuerdo con el artículo 365 del CGP por el vacío que
existía en el CPACA pero que fue suplida por la Ley 2080 de 2021.
Adicionalmente, argumentó que el Consejo de Estado venía aplicando un criterio
objetivo valorativo, el cual debe proceder en todas las sentencias respecto del
reconocimiento de la condena en costas cuando se demostraba en el proceso que
las mismas se habían causado. Además de que en el artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, dicha norma no fue considerada para efectos de establecer la condena en
costas teniendo en cuenta el inciso cuarto del artículo 86 ibidem, estableció que los
recursos interpuestos se regirían por las leyes vigentes cuando se presentaron, por
lo que la decisión se fundamentó en la normatividad que regía para el momento en
que fue interpuesto el recurso de apelación consonante con los criterios de esta
Corporación sobre la imposición y liquidación de costas.
22. El Ministerio de Salud y Protección Social3, la Sociedad Colombian
Medical International S. A4 y los señores Paulino Antonio Mosquera García,
3
Fue notificado el 3 de marzo de 2025 al correo electrónico
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co. Ver índice 8 de samai
4
Fue notificado el 6 de marzo de 2025, al correo electrónico colmedical@hotmail.com, correo que
fue tomado del certificado de existencia y representación legal, tal como aparece en el índice 19 de
Samai. Asimismo, el 18 de marzo de 2025 la Secretaría General del Consejo de Estado publicó un
aviso en el que hacía saber al representante legal de la Sociedad Colombian Medical S.A. del auto
admisorio proferido por este despacho.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
Edwin Arcesio Hernández, Jefferson Mosquera Rueda y Mónica Mosquera
Rueda5 no intervinieron pese a estar notificados.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
23. La Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de fondo en la
presente controversia, por cuanto no se cumplen con los requisitos de inmediatez y
subsidiariedad como presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales.
Del requisito de inmediatez
24. La Corte Constitucional ha definido los siguientes criterios orientadores con el
propósito de determinar, en cada caso, si se cumplió o no con el requisito de
inmediatez: i) la situación personal del peticionario; ii) el momento en el que se
produce la vulneración; iii) la naturaleza de la misma; iv) la actuación contra la que
se dirige la tutela y v) los efectos de la tutela6
25. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha
considerado que para efectos de establecer si la acción de tutela contra providencia
judicial se ejerció oportunamente, es decir, que se cumple con el requisito de la
inmediatez, se debe verificar que se hubiese presentado dentro de los 6 meses
siguientes a la notificación o ejecutoria de la providencia cuestionada, según sea el
caso.
26. Por otra parte, esta Subsección ha precisado que, en principio, el plazo de 6
meses se debe contabilizar desde la notificación de la providencia que se cuestiona,
por cuanto es a partir de que se conoce la decisión que se puede advertir la posible
vulneración de derechos fundamentales por la configuración de uno o varios de los
defectos que hacen procedente la acción de tutela contra providencia judicial.
27. Sin embargo, dicho requisito puede llegar a flexibilizarse siempre y cuando se
acredite que (i) existe un motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) la
inactividad injustificada podría causar lesión a derechos fundamentales de terceros
y (iii) existe un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración
de los derechos de los interesados7.
28. En ese sentido, para la Sala, solo procede contabilizar el término de 6 meses
desde la ejecutoria de la decisión en los casos que se hubiese realizado un trámite
adicional con ocasión del fallo, como lo sería una solicitud de aclaración, de
corrección o de adición de sentencia o, incluso, una solicitud de nulidad, por cuanto
5
Fueron notificados el 4 de marzo de 2025, de acuerdo con el memorial con respuesta del despacho
comisorio y constancia de notificación que realizó el Juez Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Cali. Ver índice 18 de samai.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-391 del 27 de junio de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
7
Ver Sentencia T-546 de 2014
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
los pronunciamientos que se dicten con ocasión de esas solicitudes podrían tener
incidencia en la decisión que se cuestiona por vía de tutela y, por tanto, en principio,
también tendrían que ser objeto de cuestionamiento.
29. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la -inmediatez- es una
exigencia jurisprudencial que reclama la verificación de una correlación temporal
entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos
fundamentales, que puede explicarse de la siguiente forma: es improcedente la
acción de tutela contra actuaciones judiciales cuando el paso del tiempo es tan
significativo, que es irrazonable y desproporcionado un control constitucional de la
actividad judicial por vía de la acción de tutela.
30. En el caso bajo estudio, la señora María Gladys Rueda Chávez solicita la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de la
imposición de condena en costas de primera y segunda instancia así como las
agencias en derecho por haber sido la parte vencida dentro del proceso de
reparación directa, mediante la cual se utilizaron normas que, en su entender, no
aplicables al proceso y descartando la aplicación de una pertinente como lo es el
artículo 47 de la Ley 2080 de 2021.
31. La sala estima que el plazo de 6 meses -considerado como razonable para
presentar la demanda de tutela- debe contabilizarse a partir de la fecha de
notificación de la sentencia segunda instancia del 13 de marzo de 2024 con la cual
finalizó el proceso y se impuso la condena por concepto de los mencionados rubros.
32. Conforme a ello, se constata que de conformidad con el índice 13 y 14 de samai
del proceso 76001-33-33-006-2014-00468-00/01, los sujetos procesales conocieron
del contenido de la decisión el 18 de marzo de 2024.
33. Por ello, es evidente que la acción de tutela de la referencia no se interpuso
dentro de un término razonable, pues se presentó hasta el 24 de febrero de 2025
ante esta Corporación cuando ya habían transcurrido más de seis meses.
34. Tal como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional8, el requisito de la
inmediatez protege los derechos de terceros “que pueden ser vulnerados por una
8
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013. M.P. Alexei Julio Estrada.
7
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
tutela ejercida en un plazo irrazonable9” y garantiza la seguridad jurídica, al impedir
que el amparo se convierta en un factor que atente contra ese principio10. Asimismo,
con ello también se frena el abuso del derecho al “evitar el uso de este mecanismo
constitucional de acción de tutela como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos11”.
35. Dicho precedente se fundamenta en lo señalado por la jurisprudencia del
Consejo de Estado12, la cual señala que el principio de inmediatez, que opera de
forma general frente a todas las acciones de tutela, es más estricto cuando se
interpone contra providencias judiciales, por lo que, como lo ha sostenido la Corte
Constitucional, “si se deja pasar un tiempo significativo desde el hecho vulneratorio
de los derechos, resulta claramente desproporcionado el control constitucional de
una providencia judicial por la vía de tutela”1314.
36. De conformidad con lo anterior, la Subsección declarará improcedente la
petición de amparo por el incumplimiento del requisito de inmediatez.
Del requisito de la subsidiariedad
37. Con todo, aún si se prescindiera del anterior presupuesto de procedibilidad de
la acción de tutela, la Sala encuentra que la acción de tutela no cumple con el
requisito de subsidiariedad que como se demostrará, tampoco fue acreditado, en el
caso objeto de estudio.
38. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional ha señalado
que, cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial
rigor. Esto es necesario para no menoscabar los principios de autonomía e
independencia judicial, así como los de legalidad, cosa juzgada y juez natural, que
son elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por esta razón, la
procedencia de la acción contra providencias judiciales requiere un mayor rigor en
la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia objeto de tutela, y el
análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe limitarse exclusivamente a los
argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.15
9
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084
de 2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
10
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905
de 2006, T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883
de 2009, entre otras.
11
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692
de 2006, T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
12
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
13
En la sentencia se cita la providencia SU-961 de 1999
14
Sentencia T-189 de 2009.
15
Con base en el criterio expuesto, hay lugar a afirmar que la relevancia constitucional supone que
la tutela no se emplee para insistir en las inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es
deber del juez de tutela y de impugnación, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando
como una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
8
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
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Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
39. En este sentido, y en correlación con el requisito de subsidiariedad, la Corte
Constitucional ha indicado reiterativamente que el artículo 86 de la Constitución
Política prescribe que la acción de tutela tiene carácter subsidiario respecto de los
medios ordinarios de defensa judicial. El principio de subsidiariedad parte del
supuesto de que las acciones y recursos judiciales ordinarios están diseñados para
proteger la vigencia de los derechos fundamentales y, por lo tanto, los jueces
ordinarios son quienes tienen el deber preferente de garantizarlos16.
40. En virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela sólo procede en dos
supuestos excepcionales17. Primero, como mecanismo de protección definitivo, si el
afectado no dispone de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz. De acuerdo
con la jurisprudencia constitucional, el mecanismo judicial ordinario es idóneo si “es
materialmente apto para producir el efecto protector de los derechos
fundamentales”18. Por su parte, es eficaz si “está diseñado para brindar una
protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados”19 (eficacia en
abstracto), en consideración de las circunstancias en que se encuentre el solicitante
(eficacia en concreto)20. Segundo, como mecanismo de protección transitorio si, a
pesar de existir medios ordinarios idóneos y eficaces, la tutela se utiliza con el
propósito de evitar un perjuicio irremediable.
41. En el presente asunto, la parte accionante indicó que el 16 de julio de 2024
presentó un memorial dentro del proceso ordinario en el que exponía las razones
de improcedencia de las costas y agencias en derecho pero que no existió ningún
pronunciamiento por la parte accionada. No obstante, una vez revisado el proceso
76001-33-33-006-2014-00468-00/01 en Samai, esta Sala encuentra que la
accionante no hizo uso de los mecanismos idóneos y efectivos dentro del
ordenamiento jurídico para obtener la satisfacción de sus pretensiones, en tanto que
no advierte que dentro del proceso haya presentado recurso de reposición y
propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia
cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales. En caso de que se trate de los
mismos argumentos es factible que el juez concluya que el mecanismo constitucional se está
empleando como una instancia adicional.
16
Ver, Corte Constitucional, sentencia SU-691 de 2017.
17
Ver, Corte Constitucional, sentencia T-071 de 2021.
18
Ver, Corte Constitucional, sentencia SU-379 de 2019.
19
Ibidem.
20
Decreto 2591 de 1991, art. 6. “La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos
o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a
su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante”.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
apelación en los términos de los artículos 36621 del CGP y 188 del CPACA22 en
contra del auto del 1° de agosto de 2024, proferido por el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Cali en virtud del cual aprobó la liquidación de
costas y agencias en derecho. Por tanto, no es posible que el juez constitucional
emita un pronunciamiento al respecto, cuando la parte accionante contaba con los
medios idóneos y eficaces contemplados en el ordenamiento jurídico con miras a
suscitar una discusión frente a la condena por los mencionados conceptos.
42. Al respecto, es necesario resaltar que la causal de improcedencia de la acción
consistente en la existencia de otros medios de defensa tiene el propósito de
respetar la división de competencias que la Constitución Política ha delineado y el
principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, invadir la órbita de
competencia del juez natural de la causa implica desconocer el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
función para la cual fueron revestidos de autonomía e independencia.
43. Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la Subsección declarará
improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Gladys Rueda
Chávez en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Sexto
Administrativo Oral del Circuito de Cali.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
21
“Artículo 366. Liquidación: Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia,
inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto
de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:
(…)
La liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo podrán
controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el auto que apruebe la
liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto diferido, pero si no existiere
actuación pendiente, se concederá en el suspensivo” (Subrayado fuera del texto).
22
“Artículo 188. Condena en costas: Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las
normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
10
Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01038-00
Accionante: María Gladys Rueda Chávez
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro
Referencia: Acción de tutela (primera instancia)
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la
señora María Gladys Rueda Chávez, en contra del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cali.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: En caso de no ser impugnada, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
11
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