Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-01040-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-01040-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
4 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F y Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Girardot
Referencia: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Subtema 1: Requisitos generales de la acción
de tutela contra providencia judicial. Subtema 2: Relevancia constitucional. Improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Eusebia
Góngora contra la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Eusebia Góngora, por intermedio de apoderado judicial1, solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso,
a la defensa, a la igualdad y a la seguridad social, que consideró vulnerados por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, con
ocasión del auto del 28 de enero de 2025, que confirmó el proveído dictado el 5 de
noviembre de 2024, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot,
mediante el cual se rechazó la demanda en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, identificado con el número de radicado 25307-33-33 002-2024-00225-
00/01.
2. Hechos
2.1. Eusebia Góngora presentó demanda contra la Administradora Colombiana de
Pensiones —Colpensiones— con el fin de que se declarara la nulidad de las
1 Índice 00002 aplicativo SAMAI, certificado 2F89EEF595058E52 C90C4085A831EC3F
836EAF6CCC9EC806. Poder conferido al abogado José Nicolás Higuera Ruiz
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
Resoluciones Nos. SUB 22101 del 25 de enero de 2018 y SUB 48086 del 26 de
febrero del mismo año. Como restablecimiento del derecho solicitó que se liquide la
pensión de vejez de conformidad con lo establecido en el Decreto 758 de 1990,
teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en los últimos 10 años
de servicio, incluyendo en el IBL la asignación básica, subsidio de alimentación,
auxilio de transporte, sobresueldo, prima de servicios, bonificación por servicios
prestados y vacaciones, entre otros, desde la fecha del retiro del servicio —1 de
abril de 2015— hasta que se efectúe el pago con retroactividad y con los
correspondientes intereses moratorios.
Solicitó, además, que se le reconociera y pagara la indexación de la primera mesada
pensional. Así mismo, que se le respetara el régimen de transición al cual tiene
derecho por edad y por tiempo de servicio.
2.2. La demanda fue radicada ante la jurisdicción ordinaria laboral, sin embargo, el
Tribunal Superior de Bogotá la remitió por competencia funcional a la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
2.3. Una vez remitido, el asunto se identificó bajo el número de radicado 25307-33-
33 002-2024-00225-00, y le correspondió por reparto al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Girardot, el cual, mediante auto del 8 de octubre de
2024, inadmitió el medio de control porque consideró que debía subsanarse en los
siguientes aspectos:
“[...] 1. Acreditar el cumplimiento del derecho de postulación, esto es, actuar a
través de mandatario judicial de conformidad con el artículo 160 de la Ley 1437
de 2011 y el artículo 74 del Código General del Proceso, distinguiendo
claramente el asunto para el cual otorga el mandato y en función de los tópicos
materia de corrección enunciados. Lo anterior en tanto, si bien se aduce en la
demanda que se acompaña el poder […], no obra en el material documental
aportado […].
2. La parte actora dirige la demanda de nulidad contra las Resoluciones (i) SUB
22101 del 25 de enero de 2018 y (ii) SUB 48086 del 26 de febrero de 2018,
ambas emitidas por COLPENSIONES. La primera de ellas, era susceptible del
RECURSO DE APELACIÓN, según se vislumbra en su ARTÍCULO TERCERO
[…]. La interposición del recurso de apelación es obligatoria, al tenor del artículo
76 inciso final del CPACA, y es inexorable su acreditación al acudir a la
jurisdicción al tenor del artículo 161 numeral 2 del CPACA. En consecuencia, la
parte actora deberá acreditar (i) la interposición del recurso de apelación contra
la Resolución SUB 22101 del 25 de enero de 2018 y (ii) deberá dirigir la
demanda contra el acto que haya resuelto dicho recurso (art. 163 CPACA).
3. Deberá realizar la estimación razonada de la cuantía, tal y como lo exigen el
numeral 6 del artículo 162 y el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011.
4. Deberá acreditar el envío por medio electrónico o físico de copia de la
demanda, sus anexos y la corrección de la demanda a la parte demandada, tal
y como lo exige el numeral 8 del artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, adicionado
por el artículo 35 de la Ley 2080 de 2021”.
2.4. El apoderado de la parte actora allegó escrito de subsanación y adujo que,
respecto al numeral 1° —poder—, la señora Eusebia Góngora le confirió mandato
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Demandante: Eusebia Góngora
para que la representara en el asunto de conformidad con lo establecido en la Ley
2213 de 2022 y los artículos 74 y 77 del CGP, esto es, a través de mensaje de datos,
sin firma manuscrita o digital, con la sola antefirma, documento que se presume
auténtico y no requiere presentación personal.
En cuanto al numeral 2° —interposición del recurso de apelación— sostuvo que, si
bien el juez exigió que contra la Resolución No. SUB 22101 del 25 de enero de 2018
se hubiera formulado el recurso de apelación, dicha decisión contemplaba la
posibilidad de interponer recurso de reposición o de apelación y se optó por la
reposición.
Señaló que, una vez la entidad resolvió el recurso de reposición, en el numeral
segundo del acto se indicó que con esa decisión quedaba agotada la vía
gubernativa, razón por la cual no interpuso la apelación. Con fundamento en lo
anterior, solicitó la aplicación de lo dispuesto en el “artículo 161 del CCA” (sic), que
establece que, si las autoridades no han dado la oportunidad de interponer los
recursos, no resulta exigible el requisito de interponerlos”. En su criterio, esta
circunstancia le permitía demandar directamente.
En relación con el numeral 3° mencionó que la cuantía se establecía en
$727.582.973, “sustentado en la liquidación o cálculo actuarial ejecutado por un
profesional para esta clase de procesos” (Allegó el correspondiente soporte de la
liquidación). Por último, en lo referido en el numeral 4°, sostuvo que envía copia de
la demanda, anexos y corrección a Colpensiones y al Juzgado.
2.5. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot, mediante auto del
5 de noviembre de 2025, rechazó la demanda en la medida en que no se
encontraban satisfechos los requisitos de procedibilidad.
Hizo un recuento del trámite procesal, resaltando los aspectos que ordenó ajustar a
través del auto inadmisorio de la demanda y manifestó que “si bien la parte actora,
encontrándose dentro del término, allegó escrito de subsanación de la demanda,
NO ACATÓ EN DEBIDA FORMA LAS ÓRDENES DE CORRECCIÓN EMITIDAS,
pues lo cierto es que era imperativo haber ejercido y decidido los recursos que de
acuerdo con la ley son obligatorios, esto es, el recurso de apelación. Lo anterior, al
tenor de los artículos 76 inciso final y 161 numeral 2 del CPACA, respectivamente
(sic)”2.
2.6. Inconforme con la anterior decisión, la parte actora presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por la Subsección F de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de auto del 28 de enero de 2025,
que confirmó la providencia recurrida.
2 Archivo electrónico identificado con certificado 30007A4FC70B9FB7 D5096001CD207EBC
67C2814B937AE155 4A06536D4E3A368A, ubicado en el índice 9 del Samai.
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Demandante: Eusebia Góngora
El Tribunal puso de presente que, conforme a la situación fáctica, la interposición
del recurso de apelación no es facultativa, sino obligatoria contra aquellas
decisiones en las cuales este resulta procedente. Agregó que en la Resolución No.
SUB22101 del 25 de enero de 2018, Colpensiones le concedió a la señora Eusebia
Góngora la oportunidad de presentar los recursos de reposición y/o en subsidio de
apelación dentro de los 10 días posteriores a su notificación, sin que resultara
procedente interponer primero el recurso de reposición y después el de apelación,
toda vez que el término concedido para uno y otro era el mismo.
En consecuencia, consideró que no era viable impartir el trámite a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, comoquiera que la demandante no agotó el
procedimiento administrativo establecido en el numeral 2 del artículo 161 de la Ley
1437 de 2011, como requisito previo para acceder a la jurisdicción en procura de la
nulidad de un acto administrativo unilateral y definitivo de carácter particular.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la defensa,
a la igualdad y a la seguridad social. En consecuencia, pidió al juez constitucional
dejar sin efecto los autos del 5 de noviembre de 2024 y del 28 de enero de 2025 y
ordenar al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot que continúe
con el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
En sustento de sus pretensiones, la parte tutelante afirmó que en la Resolución SUB
48086 del 26 de febrero de 2018, no se señaló la procedencia de ningún recurso,
motivo por el cual, era evidente que se cumplió con el agotamiento de la vía
gubernativa, pues de conformidad con el artículo 135 del CCA, al no dar la
administración la oportunidad de interponer los recursos procedentes se podía
demandar directamente.
La accionante afirmó que era una adulta mayor, enferma, que vivía de la caridad y
que por estas condiciones estaba protegida por el artículo 13 de la CP.
Por otra parte, indicó como fundamentos de orden jurisprudencial las “Sentencias
de Unificación como la SU-062 de 2010 o Sentencias de Constitucionalidad C- 789
de 2002 y C-1024 de 2004, sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso -
Administrativo Sección Segunda, Subsección A Radicación: 66001 23 33 000 2019
00173 01 (2539-2021), de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022),
Sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
Segunda, Subsección B Radicación: 17001 23 33 000 2019 00456 01 (5351-2022)
de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2023)”3
Finalmente, transcribió apartes de la sentencia 20 de enero de 2022, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente
66001-23-33-000-2019-00173-01 (2539-2021), sin especificar regla o subregla
alguna.
4. Trámite de tutela e intervenciones
El Despacho de la magistrada ponente, con auto del 28 de febrero de 20254, admitió
la acción, vinculó como terceros con interés a la Administradora Colombiana de
Pensiones —Colpensiones—, y a quienes hubieran participado en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número de radicado
25307-33-33-002-2024-00225-00/01; además, ordenó la notificación a las partes y
suspendió los términos.
Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron las siguientes respuestas:
4.1. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Girardot contestó la
demanda y realizó un recuento de todas las actuaciones surtidas dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Expuso que, si el juez constitucional
consideraba inaplicar las disposiciones de rango legal de los artículos 76 y 161 del
CPACA, en procura de la protección de los derechos de la accionante, estaba presto
a atender y a cumplir íntegramente la orden que se imparta.
4.2. Colpensiones solicitó su desvinculación de la acción constitucional, en la
medida en que no tiene responsabilidad en la transgresión de los derechos alegados
por la demandante, pues no tiene alguna petición o tramite pendiente por resolver.
4.3. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rindió informe. Para el efecto realizó un recuento de las actuaciones
surtidas en el expediente con radicado 25307-33-33 002-2024-00225-00/01.
Afirmó que el argumento de la demandante, tanto en sede ordinaria como en la
acción constitucional, se basa en que la entidad no cumplió lo establecido en el
artículo 47 del CPACA, esto es, indicarle los recursos que resultaban procedentes
contra aquella decisión. Sin embargo, adujo que luego de revisada la Resolución
No. SUB 22101 del 25 de enero de 2018, encontró que en el numeral 3° la entidad
le hizo saber que “en caso de inconformidad contra la presente resolución, puede
interponer por escrito los recursos de Reposición y/o en subsidio de Apelación”.
3 Índice 00002 aplicativo SAMAI, certificado D5C8FF15BA2BEE31 D83CC6B25E2D9261
8F4DFBBC04CA862C 447941C6C269AADC
4 Índice 00005 aplicativo SAMAI, certificado E7DABE1F6E072CE7 9AF98FB796841A72
21616346E9937D94 C07F0A584B57C7FC.
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Demandante: Eusebia Góngora
Sostuvo que, pese a lo anterior, la señora Eusebia Góngora no presentó el recurso
de apelación, siendo este obligatorio para demandar ante esta jurisdicción, lo que
conllevó al rechazo de la demanda. Por ende, explicó que la accionante omite el
hecho de que la entidad le dio la oportunidad de presentar el de apelación como
subsidiario del de reposición, pero ella no lo hizo. En ese sentido, únicamente le
resolvió la reposición para agotar el trámite administrativo y así quedó consignado
en el numeral segundo de la Resolución No. SUB 48086 del 26 de febrero de 2018,
por medio de la cual atendió la reposición.
En conclusión, indicó que no se vulneraron los derechos de la señora Eusebia
Góngora, pues resulta claro que lo que pretende es que a través del presente
mecanismo constitucional se estudie nuevamente una situación jurídica que ya fue
resuelta por el juez natural, es decir, convertir la acción de tutela en una tercera
instancia, lo cual no es procedente.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad
con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 37
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque
Eusebia Góngora es la titular de las garantías constitucionales que afirma son
vulneradas, en su condición de accionante dentro del medio de control de
reparación directa con radicado 25307-33-33 002-2024-00225-00/01.
2.2. También está probada la legitimación en la causa por pasiva porque la
Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
fue la autoridad que profirió el auto del 28 de enero de 2025, que rechazó la
demanda y, por lo tanto, puso fin al medio del control de reparación directa radicado
con número 05001-33-33-012-2023-00088-00/01 y que, según la tutelante, vulneró
sus derechos fundamentales.
2.3. Antes de continuar con el análisis de la solicitud de amparo, la Sala pone de
presente que, aunque la parte actora cuestionó las decisiones proferidas tanto en
primera, como en segunda instancia, circunscribirá su análisis únicamente a la
providencia del 28 de enero de 2025 dictada por la Subsección F de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por cuanto esta resolvió los
argumentos elevados por la parte actora en su recurso de apelación y fue la
providencia que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
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Demandante: Eusebia Góngora
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar
un examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de
fondo sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los
defectos que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas
de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la
Corte Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20055 indicó que estas
proceden si se cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de
carácter general, que habilitan la interposición de la tutela6 y otros de carácter
específico, que tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 7.
5 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
6 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta
al cumplimiento de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a
estudio del juez de tutela tenga relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal,
esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos
fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de
los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
7 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se
concretan en los defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si
en una decisión judicial se presenta alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente
para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto orgánico, que se presenta cuando el juez carece
de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la autoridad judicial actuó al margen
del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en cuenta el material
de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales,
en contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo
lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que
implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad
de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte
Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los
jueces desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el
artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
7 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Eusebia Góngora
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela
no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se
cuestiona pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de
justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”8.
4.1 Relevancia constitucional
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que
el asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga
una clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el
juez constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la
vez que garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”9.
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o
económicos; y, iii) que el reparo formule argumentos suficientes dirigidos a
demostrar la configuración de un defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte,
el estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales,
el análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental; ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas;
iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
8 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
9 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
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Demandante: Eusebia Góngora
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez
constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte
de manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención
del juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o
repercusión en la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el
interés público, ya que el asunto debe trascender el interés particular de las partes
y generar un efecto más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad
y fundamentación de la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que
ha hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la
causa ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los
defectos definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto10.
5. Caso concreto
La Sala anuncia que la presente acción constitucional no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. En el presente asunto la parte actora adujo que la autoridad judicial cuestionada
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la defensa, a la igualdad y a la
seguridad social.
5.2. En sustento de sus pretensiones, la parte tutelante afirmó que en la Resolución
SUB 48086 del 26 de febrero de 2018 no se señaló la procedencia de ningún
recurso, motivo por el cual, era evidente que se cumplió con el agotamiento de la
vía gubernativa, pues de conformidad con el artículo 135 del CCA, al no dar la
administración la oportunidad de interponer los recursos procedentes se podía
demandar directamente.
La accionante afirmó que era una adulta mayor, enferma, que vivía de la caridad y
que por estas condiciones estaba protegida por el artículo 13 de la CP.
10 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
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Demandante: Eusebia Góngora
Por otra parte, indicó como fundamentos de orden jurisprudencial las “Sentencias
de Unificación como la SU-062 de 2010 o Sentencias de Constitucionalidad C- 789
de 2002 y C-1024 de 2004, sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso -
Administrativo Sección Segunda, Subsección A Radicación: 66001 23 33 000 2019
00173 01 (2539-2021), de fecha veinte (20) de enero de dos mil veintidós (2022),
Sentencia Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección
Segunda, Subsección B Radicación: 17001 23 33 000 2019 00456 01 (5351-2022)
de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil veintidós (2023)”11
Finalmente, transcribió apartes de la sentencia 20 de enero de 2022, proferida por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente
66001-23-33-000-2019-00173-01 (2539-2021), sin especificar regla o subregla
alguna.
5.3. De lo expuesto, aunque los cuestionamientos de la accionante podrían
encuadrarse dentro de la configuración de un defecto sustantivo, la Sala advierte
que el presente asunto carece de una exposición clara y fundamentada de los
hechos en los que se sustenta el amparo solicitado. En su escrito, la accionante se
limitó a plantear argumentos de mera legalidad, sin controvertir de manera concreta
los razonamientos expuestos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en
relación con la configuración de algún defecto. Además, se limitó a transcribir
fragmentos de una sentencia emitida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, sin precisar de manera concreta las razones por las cuales
dicha decisión resultaría aplicable a su caso.
5.4. En este punto, huelga precisar que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, una providencia judicial incurre en defecto sustantivo cuando la
autoridad jurisdiccional “(i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por
cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad;
(ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el
supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los
presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la
Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación
contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o
desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin
justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que
su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”12.
5.5. De conformidad con lo dispuesto por el alto tribunal constitucional, no cualquier
interpretación o aplicación puede considerarse un defecto sustantivo. Esto es así,
porque tal yerro debe ser ostentoso, arbitrario y caprichoso, en desconocimiento de
11 Índice 00003 del aplicativo SAMAI, certificado D5C8FF15BA2BEE31 D83CC6B25E2D9261
8F4DFBBC04CA862C 447941C6C269AADC.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-830 de 2012.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
lineamientos constitucionales y legales pertinentes. Lo anterior debido a que el juez
constitucional no debe ni puede definir la forma en que el juez ordinario tiene que
decidir, “pues pueden existir vías jurídicas distintas para resolver un caso concreto
que [también] son admisibles [y] compatibles con las garantías y derechos
fundamentales de los sujetos procesales”13.
Al respecto, la Sala advierte que la parte accionante no se pronunció en los términos
previamente señalados. Aunque manifestó que ciertas decisiones podrían ser
aplicables a su caso, i) no explicó ni delimitó concretamente en qué consistió el error
en el que, a su juicio, incurrió la autoridad judicial, y ii) tampoco presentó argumentos
que permitieran inferir que el análisis efectuado por dicha autoridad fue arbitrario o
caprichoso. Esto resulta aún más relevante si se considera que su inconformidad se
basa en su propia interpretación, en lugar de refutar la argumentación expuesta por
la entidad demandada.
5.6. Así, resulta evidente que el solicitante de amparo no fundamentó su petición
conforme a los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional. Como se expuso anteriormente, no es suficiente señalar que la
autoridad judicial aplicó incorrectamente una norma; es indispensable demostrar la
desproporción de dicha aplicación, sin delegar en el juez de tutela la tarea de
interpretar y subsanar la deficiencia argumentativa. En consecuencia, el juez
constitucional debe respetar la autonomía de la autoridad judicial, aún más cuando
la parte accionante no estructuró argumentos sólidos para respaldar su pretensión
y se limitó a exponer su propia interpretación sobre la solución del caso.
En tales circunstancias, esta Subsección denota que de los argumentos esbozados
por la parte actora lo que pretenden es imponer su punto de vista en relación con el
sentido como se debió resolver la controversia, pues considera que no se aplicó de
manera correcta la normar relativa a la aplicación del principio de favorabilidad, pero
sin exponer razones que validen este argumento y de las cuales inferir la afectación
de los derechos fundamentales cuyo amparo pretende. Tal situación hace imposible
el estudio del cargo y por lo tanto releva a la Sala de un análisis de fondo, de donde
se colige que el defecto carece de relevancia constitucional.
Aunado a lo anterior, es importante referir que, tal y como la Corte Constitucional lo
ha consignado en distintos pronunciamientos, el juicio que realiza el juez de tutela
cuando revisa una providencia judicial, es de validez y no de corrección 14 de la
misma, lo que se opone a que se use indebidamente como una instancia para la
discusión de los asuntos de índole probatoria o de interpretación normativa, de
manera tal que prime la interpretación que el accionante le da a su derecho y
obtenga una mejor solución a su caso, desconociendo la estructura de la
administración de justicia y los principios de independencia y autonomía judicial.
13 Corte Constitucional, SU-050 de 2017.
14 T-689 de 2013
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-01040-00
Demandante: Eusebia Góngora
En consecuencia, la solicitud se torna improcedente en la medida en que los reparos
planteados por la parte accionante no cumplen los requisitos de explicación
suficiente de los hechos y argumentos que sustentan la supuesta vulneración de
sus garantías fundamentales y de relevancia constitucional en tanto, solo están
encaminados a reabrir el debate ya resuelto por el juez natural de la causa, con el
fin de obtener una decisión favorable, desconociendo así, incluso, el carácter
subsidiario de la acción de tutela, la estructura de la administración de justicia y los
principios de independencia y autonomía judicial.
III.DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por la
señora Eusebia Góngora, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE, CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SABF
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